La enseñanza de la filosofía: más allá del currículo, más cerca del aula

Por: José de la Cruz Garrido

En el reciente debate que ha suscitado la aparente “exclusión” de la filosofía de la educación media hay que precisar algunos puntos. Primero que nada, cabe destacar que el CNED realizó observaciones, las cuales buscan la “clarificación de la orientación [de la asignatura] desde un punto de vista disciplinar y la incorporación de habilidades de lecturas y análisis crítico de textos”. En resumen, exigen situar la asignatura dentro de un campo y ampliar las temáticas tratadas, incluyendo la ética y la metafísica.

Como precisa Carlos Ruz en su blog, “el CNED no tiene atribución alguna para eliminar asignaturas del currículo nacional, sino que están focalizadas en los siguientes puntos, consagrados en la Ley Nº 20.370 conocida como “Ley General de Educación” (LGE), y que vino a reemplazar la Ley Nº 18.962 llamada “Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza”. La polémica por tanto se centraría en la siguiente observación: el considerando Nº6 inciso a), se dice que “Si bien existe consenso en que las asignaturas de Filosofía y Ciencias Naturales son necesarias y aportan significativamente al desarrollo del pensamiento crítico, lógico y científico de los estudiantes, no existe acuerdo entre los consejeros acerca de la pertinencia de que formen parte de la Formación General Común para todos los estudiantes de III y IV medio”. Es importante aclarar que por formación General Común se comprende al núcleo de asignaturas que son obligatorias para todos estudiantes. A estas asignaturas se sumarían, en III y IV medio, las asignaturas de Formación General Complementaria (con obligación de la escuela de impartir, pero alguna flexibilidad para el estudiante para elegir) y las asignaturas electivas.

En mi opinión, el centro de la cuestión sin embargo no está en observaciones más, observaciones menos sobre la obligatoriedad o no de un curso, el detalle de su contenido y otras minucias. En rigor, la filosofía hace años que no se enseña en Chile como asignatura obligatoria (ni sus contenidos responden a sus preguntas fundamentales). Un esbozo de historia y algo de psicología es lo que ofrecen sus programas. Los temas de fondo son dos: ¿Es este paradigma de obligatoriedad curricular la idónea para responder la pregunta qué y cómo enseña filosofía en un proyecto educativo público? ¿No se pone, por lo mismo, a la filosofía, una disciplina esencialmente metodológica, de razonamiento y reflexión, en un orden que le es ajeno, esto es, como una parcela más entre otras de asignaturas?

Los temas de fondo son dos: ¿Es este paradigma de obligatoriedad curricular la idónea para responder la pregunta qué y cómo enseña filosofía en un proyecto educativo público? ¿No se pone, por lo mismo, a la filosofía, una disciplina esencialmente metodológica, de razonamiento y reflexión, en un orden que le es ajeno, esto es, como una parcela más entre otras de asignaturas?

El enfoque de derechos que se le ha querido dar en la esfera de la defensa pública de la enseñanza de la filosofía tampoco da respuesta a cómo enseñamos filosofía y cuál es su rol dentro de lo que se ha llamado la formación general. En definitiva, cuál es el rol del filósofo en el contexto de la educación escolar. Parece más bien una defensa corporativa con buenas intenciones, la que no comparto en el fondo, no obstante soy parte del “gremio”. Y es que, a mi juicio, lo anterior se debe principalmente a que el paradigma curricular impide abrirnos a comprender los cambios que se están produciendo en la oferta de plataformas para visualizar actividades y contenidos escolares. Videojuegos, animación, cine documental, plataformas web, repositorios en línea ya ofrecen contenidos de manera más económica y de mejor calidad que la grosera oferta de textos escolares, comprados o no por el Ministerio de Educación. La pregunta seguirá siendo cómo enseñamos y cómo logramos generar habilidades asociadas a los “contenidos” de la filosofía, que además son transversales y se entrecruzan con todas las disciplinas impartidas en la escuela. Dudo que detrás de Coursera (https://www.coursera.org/), Kahn Academy (https://www.khanacademy.org/), The Purdue Online Writing Lab (https://owl.english.purdue.edu/), MIT OpenCourseWare (https://ocw.mit.edu/index.htm), etc., estén expertos curriculares del tipo de los que están construyendo las bases observadas. La oferta educacional de estas plataformas surge de ejercicios flexibles y bottom up, y no de planificaciones rigidizantes top down del tipo que proponen el Mineduc y que se discuten el CNED. Y en eso radica su rotundo éxito.

Debemos reconocer que las  bases curriculares y los programas son instrumentos, y no fines, y cabe enfocarnos mejor en lo que más importa: la pregunta de cómo enseñamos dentro del aula (con todas las contingencias prácticas que enfrenta un docente en el siglo XXI), y así daremos luz a un debate más fructífero, que clarifique cuál es la contribución que puede dar la filosofía al desarrollo del pensamiento crítico del estudiante, y explicite cómo lograr su enseñanza de manera exitosa, en su relación con otras “materias”. Esto, más allá de la discusión circular sobre la obligatoriedad o no de una asignatura estanca, concebida en un contexto institucional rigidizante que debe ser cuestionado desde sus origenes. En efecto, a mi juicio parte importante de la discusión curricular hoy día debiera enfocarse en problematizar la idoneidad de la existencia de un currículum centralizado basado en la coacción. Y, de paso, hacer justicia con la idea platónica del carácter voluntario de abrirse a la formación y diálogo filosófico, no obstante está implícito en todo proceso educativo.

*Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/03/06/la-ensenanza-de-la-filosofia-mas-alla-del-curriculo-mas-cerca-del-aula/

Comparte este contenido:

La ilusión de la gratuidad y el fin de la autonomía universitaria

Por José de la Cruz Garrido

Al igual que en la magia, los distractores buscan ilusionar al público. Con la gratuidad, gran distractor que se ha puesto con éxito en el centro de la discusión, se esconde al público el fin a la autonomía económica y administrativa de las universidades a través del control de precios.

El proyecto de Ley de Educación Superior recientemente ingresado al Congreso tiene como objetivo acabar con la autonomía de las universidades públicas con financiamiento estatal y privado. Para ello, el gobierno ha diseñado una estrategia que se incubó en el denominado movimiento estudiantil (Confech), el que ha contado con la guía e instrucción del Partido Comunista y asesoría de Revolución Democrática, y que utiliza como distractor –al igual que la magia- la gratuidad. Poner el financiamiento gratuito en el centro del debate es un buen truco para construir una enorme burocracia de planificación estatal, sin que nadie lo note.

Ya el primero de los filósofos abocados a la educación, Platón, nos enseña el valor de la retórica para persuadirnos lo aparente como verdadero. En su diálogo Fedro, el personaje homónimo lee a Sócrates un extenso discurso de Lisias sobre el amor -probablemente el mayor representante de la escuela retórica ateniense de su tiempo-. En la respuesta de Sócrates, Platón nos muestra una ironía que es crítica a una conocida estrategia oratoria: si quieres engañar a tu audiencia, abulta información en largos discursos y revístelos de un tenor religioso. Rescatando esa vieja estrategia, la nueva ley de educación es un texto sin precedentes de más de 170 páginas. Y recién en el Artículo 198º se logra evidenciar la verdadera finalidad del cuerpo legal: derogar la autonomía universitaria, en sus dimensiones académica, económica y administrativa. En efecto, dicho artículo deroga el DFL1 de 1980, que define estos conceptos, y no los reemplaza por nada comparable. Cabe recordar que fue en la Constitución Política de 1925 -que el decreto mencionado recupera literalmente- donde la autonomía universitaria pasó a tener rango constitucional. En dicho cuerpo normativo, el artículo 10º Nº 7 referido al desarrollo de la libertad de enseñanza, suscribía la siguiente definición: “Las Universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica”. En este contexto, la autonomía académica está definida en el DFL1 como “la potestad de la universidad para decidir por sí misma la forma como se cumplan sus funciones de docencia, investigación y extensión y la fijación de sus planes y programas de estudio”; lo que desaparece en el proyecto.

Al igual que en la magia, los distractores buscan ilusionar al público. Con la gratuidad, gran distractor que se ha puesto con éxito en el centro de la discusión, se esconde al público el fin a la autonomía económica y administrativa de las universidades a través del control de precios. No obstante los requisitos para la gratuidad transforman su implementación en algo ilusorio, el distractor sigue funcionando, y el público obnubilado espera que un bien, que es costoso de producir económicamente, sea libre de pago para sus beneficiarios. Lo que esconde el artilugio es un intrincado aparato estatal de control y planificación académica. En efecto, el Art. 3º del proyecto de ley condiciona cualquier autonomía al “marco que establece la ley”.

Así, sólo como ejemplo, el Art 9º del proyecto de ley establece que la nueva “Subsecretaria de Educación” tendrá 18 objetivos de control burocrático, que quedará a merced –como todo el aparato estatal- del cuoteo político. Sumado a ello, la Superintendencia –cuyo director será también nombrado por el Presidente- será la maquinaria fiscalizadora: auditorias, inspecciones e informes, todos ajenos a la institución académica. Así, supervigilará la “viabilidad financiera” de las universidades, al mismo tiempo que a éstas se las condiciona en sus ingresos, según lo que un panel de expertos (de perfil bastante ambiguo) considera razonable pagar.

Asimismo, la nueva ley señala la creación de un Consejo para la Calidad de la Educación afecto al Sistema de Alta Dirección Pública (Art 29º), que todos sabemos hoy es letra muerta. Este Consejo compuesto por un “panel de expertos” sustituirá los grupos colegiados autónomos, y estaría, supuestamente, en condiciones de tomar decisiones relacionadas con el diseño académico, por sobre las unidades académicas. ¿Ve usted algún espacio para la autonomía académica por aquí? En efecto, la última palabra sobre qué se enseña, cómo y a quiénes residirá finalmente en una burocracia elegida por el Presidente de la República –y su juicio partidista-.

Hoy, la amenaza a la autonomía universitaria es un hecho. Y esta amenaza ha contado con la complicidad de varios “expertos en educación”, algunos de los cuales al parecer han recapacitado frente al absurdo. Lo que está amenazado, bajo la retórica de una dialéctica del financiamiento público y privado, no es sino la esencia de la universidad: su capacidad de generar conocimiento fruto de la libertad académica y de cátedra. La nueva ley descansará en una serie de premisas sin precedentes en la historia de la economía política educacional, pero consecuente con una ideología que busca homogeneizar la educación y limitar la libertad de los académicos y las universidades.

José de la Cruz Garrido, Centro de Políticas Publicas UDD.
 FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO
Comparte este contenido: