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La impunidad se ha convertido en la única respuesta de las autoridades costarricenses frente a la ola de asesinatos y hostigamientos contra líderes indígenas y defensores de los derechos humanos.

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Ante este contexto de violencia que atenta contra los derechos, 46 organizaciones suscribieron un comunicado, publicado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), donde expresaron su preocupación por la impunidad estructural hacia los defensores de los pueblos indígenas.

En el comunicado alertaron que en Costa Rica rige la impunidad. Por eso, exigieron que se realice investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad. También solicitaron sanciones de todos los actos de violencia contra los líderes indígenas.

Piden al Estado desarrollar nuevas medidas que aseguren el bienestar y la vida de los activistas indígenas costarricenses.

País marcado por la impunidad

El pronunciamiento de las organizaciones surge porque desde el 2012 han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán, ubicados en Salitre y Térraba respectivamente.

Según el informe, los pueblos indígenas denunciaron reiteradas veces la ola de violencia que vivían. Por eso, la Comisión Internacional de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares internacionales (MC-312-12); sin embargo, estas no se han cumplido ni respetado.

En su pronunciamiento, las organizaciones recordaron los casos de los activistas indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera, quienes eran beneficiaros de medidas cautelares, pero fueron asesinados cuando defendían sus pueblos.

Con relación al caso de Rojas, el pasado 24 de setiembre la Fiscalía notificó a la familia su decisión de archivar la investigación. Mientras que la familia de Rivero, principal testigo del asesinato, sufre constantes amenazas.

Las organizaciones advierten que, desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas han experimentado un aumento de agresiones. Además, informaron que las investigaciones referentes a estos casos son inadecuadas y que no se otorga protección a víctimas ni testigos.

Hasta el momento, las autoridades costarricenses no han impuesto medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, tampoco han condenado a ningún responsable.

El activista indígena Sergio Rojas, de 59 años, fue asesinado a balazos en su habitación. Foto: Laura Rodríguez

Basta de impunidad

Las organizaciones también denunciaron las amenazas e intentos de homicidio que sufren Pablo Sibar y Minor Ortiz, ambos líderes indígenas que son beneficiarios de medidas cautelares.

Alertan que desde la llegada de la pandemia se han incrementado los ataques físicos contra los activistas indígenas, porque ellos han redoblado los esfuerzos para salvaguardar sus territorios.

El informe revela que el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad de los defensores de los derechos.

“La impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores”, señaló el pronunciamiento.

Ante este escenario, las organizaciones llaman al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas. Instan a que se reabra el caso del activista Sergio Rojas.

Foto: Costa Rica Ilustra

Costa Rica: Organizaciones internacionales hacen un llamado para que cese la violencia e impunidad en casos de personas defensoras de los pueblos indígenas

• En marzo del año pasado, el líder indígena Sergio Rojas, fue asesinado en su hogar tras recibir el impacto de 15 balas.  El ataque brutal captó la atención internacional. La semana pasada, el Estado de Costa Rica, típicamente considerado como un líder en el hemisferio en materia de derechos humanos, sorprendió con la notificación del archivo fiscal del caso sin identificar ni sancionar a los responsables, argumentando que no había sido posible individualizar al imputado.
• Ante un contexto de violencia e impunidad que enfrentan las y los defensores indígenas en Costa Rica, organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado al gobierno de Costa Rica para que lleve a cabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la violencia.

San José, 05 de octubre de 2020.- Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente en Costa Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país.  Esta impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.

Desde el 2012, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán ubicados en Salitre y Térraba respectivamente, territorios al sur de Costa Rica. En este contexto de creciente violencia contra los pueblos Bribri y Brörán y sus continuos esfuerzos denunciando violaciones ante instancias nacionales e internacionales, las comunidades han sido otorgadas medidas cautelares internacionales (MC-312-12) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no se han respetado ni cumplido. Desde el 2019, dos integrantes de la comunidad han sido asesinados y decenas más heridos de gravedad, desalojados por la fuerza y amenazados de muerte.

En marzo de 2019 fue asesinado el beneficiario de medidas cautelares y líder indígena, Bribri, Sergio Rojas, quien defendía los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. Tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a los responsables, el pasado 24 de septiembre la Fiscalía notificó a la familia de Sergio, su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad de los responsables e infringiendo el deber estatal de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen y efectivamente, asegurando más violencia.

Desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas en los Territorios Indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá, Maleku y otros han experimentado un aumento de los ataques. Sin embargo, persisten los obstáculos para denunciar, las investigaciones son inadecuadas, no se otorga protección a víctimas ni testigos, no se imponen medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, y ningún responsable ha sido condenado. Así, la impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores. Impunidad que contrasta con los procesos judiciales contra personas indígenas recuperadoras, que les imposibilitan habitar y trabajar sus tierras, y sin que exista una adecuada rendición de cuenta por parte del Estado de los procesos judiciales que involucran a personas indígenas.

En febrero de 2020, un segundo beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y líder indígena Brörán, Jehry Rivera, fue asesinado mientras defendía pacíficamente sus tierras ancestrales. Murió en presencia de la policía, la cual dejó su cuerpo en la calle mientras los agresores continuaban agrediéndolo con profunda brutalidad, actos que fueron frenados gracias a la valiente acción de sus hermanos y hermanas indígenas. Continuando la impunidad y clima de vulnerabilidad, los perpetradores confesos fueron puestos en libertad. Tras su impune asesinato, su familia y la principal testigo del asesinato han sufrido diversas amenazas y agresiones, sin que se realicen las correspondientes investigaciones de oficio ni se les hayan garantizado medidas de protección adecuadas.

Pablo Sibar, también beneficiario de medidas de la CIDH, líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran, ha sufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, incluso incendiarios, los cuales han incrementado desde marzo de 2020 como consecuencia de su labor en la misma región, impulsando iniciativas de resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes no-indígenas. Estos ataques todavía no han sido investigados ni los responsables sancionados.

Minor Ortíz, defensor indígena Bribri, ha sufrido constantes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo 6 intentos de homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada pierna y una marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidio en marzo de 2020 y recibir un balazo en la pierna, el perpetrador, fue liberado y únicamente recibió medidas de restricción que no ha sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales ante las autoridades y los reportes de amenazas de muerte contra Minor y su familia, el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.

De igual forma, se han realizado diversas denuncias en el ámbito nacional e internacional por las agresiones sufridas por mujeres defensoras de los derechos de su territorio, Bribri y Brörán. El 12 de julio de 2019 el rostro de una lideresa indígena fue rociado con químicos y al menos dos defensoras denunciaron haber sido amenazadas con armas dentro de su territorio.

Manifestamos nuestra profunda preocupación en relación con que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y los Bribri y Brörán.

Hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas.

Instamos al Estado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su deber y obligación de sancionar a sus agresores.

Llamamos a que el Estado lleve a cabo investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad y persecución y la sanción proporcional de todos los actos de violencia y amenazas contra defensores de derechos de acuerdo con los estándares internacionales.

Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un faro para los derechos humanos en el hemisferio, con este honor viene la obligación de demostrar que las personas defensoras están a salvo dentro de sus fronteras. ¡Esta impunidad no puede tolerarse!

Lista de organizaciones que apoyan la declaración

1. Agora Association, Turkey
2. AIDA Americas
3. Arraigo ONG, Costa Rica
4. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
5. Asociación Paz y Esperanza, Perú
6. Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú
7. Center for International Environmental Law (CIEL)
8. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
9. Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Chile
10. Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL)
11. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Perú
12. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia
13. Continental Network of Indigenous Women of the Americas (ECMIA)
14. Corporación La Caleta, Chile
15. Culture Hack Labs
16. Emmaus Aurinkotehdas ry, Finland
17. Environmental Defender Law Center (EDLC)
18. Environmental Justice Foundation (EJF)
19. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
20. Forest Peoples Programme (FPP)
21. Front Line Defenders (FLD)
22. Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
23. groundWork, Friends of the Earth, South Africa
24. Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL)
25. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
26. Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH)
27. International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination & Liberation (IPMSDL)
28. Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)
29. Lawyers’ Committee for Human Rights, YUCOM, Serbia
30. Legal Resources Centre
31. Londres 38, Chile
32. National Alliance of People’s Movements of India
33. New Wind Association, Finland
34. Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT)
35. Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, Honduras
36. Oyu Tolgoi Watch and Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia
37. Open Briefing
38. Porgera Red Wara (River) Women’s Association Incorporated (PRWWA INC.), Papua New Guinea
39. Project HEARD
40. Protection International Mesoamérica
41. Public Association “Dignity”
42. Rainforest Fund
43. Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
44. RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
45. Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF), Yemen
46. Success Capital

     * Dr. Marco Guevara Berger, catedrático de la Universidad de Costa Rica
* Prafulla Samantara (Goldman Environmental Prize Recipient 2017 for Asia)
* Pofesora Xinia Zuñiga Muñoz, Investigadora Cicde- Uned y Ucrea, Universidad de Costa Rica

Fuente e imagen: https://www.servindi.org/actualidad