El Senado paraguayo aprobó este jueves la moción de censura al ministro de Educación, Eduardo Petta, de criticada gestión por sindicatos de docentes y estudiantes, y la remitió a la Cámara Baja para su ratificación.
En Paraguay, la moción de censura no es vinculante para el Gobierno y está prevista en la Carta Magna para recomendar la destitución del interpelado, para la que se requiere una mayoría calificada.
En el Senado fue alcanzado este requisito luego de que 31 miembros votasen a favor, 11 en contra, dos abstenciones y un ausente, según el recuento de su presidente, Blas Llano, durante la sesión por videoconferencia ante la pandemia de coronavirus, que provocó la suspensión de las clases.
La votación se produjo tras la interpelación del pasado día 13, en la que Petta respondió durante once horas a las criticas de bases sindicales y colectivo de estudiantes que le achacan de negarse al al diálogo.
El senador Sixto Pereira, del izquierdista Frente Guasu, tercera fuerza política del país, dijo en su intervención que el ministro «no tiene condiciones ni capacidad» para ejercer el cargo y aseguró que sus explicaciones de la pasada semana satisficieron «en absoluto».
La moción de censura en la Cámara Alta fue acompañada casi por la totalidad de la oposición y parte de los propios miembros del sector del gobernante Partido Colorado.
Petta es uno de los ministros más cuestionados del Gobierno desde que asumió la cartera, en agosto de 2018, tanto por el tono de sus declaraciones o por su reticencia a asumir errores, como la publicación de unos libros de texto con erratas.
La mayor parte de su prolongada interpelación, el ministro se refirió a las clases virtuales que ha improvisado durante la pandemia por el COVID-19 pese al rechazo de sectores estudiantiles y sindicales.
Esta estrategia es una de las más cuestionadas en un país con una conexión a internet lenta, baja penetración tecnológica y con dificultades de acceso para buena parte de la población.
Además de estar suponiendo un reto para profesores, padres y alumnos.
Sin embargo, Petta manifestó que el aula virtual ha llegado a 918.000 escolares de un total de 1,5 millones de los estudiantes de la educación pública del país y anunció el apoyo de empresas del sector para capacitar a los maestros.
Henry Giroux, referente mundial de la pedagogía crítica, considera que la pandemia de la COVID-19 es más una crisis política que sanitaria o económica. En su opinión, la ineficacia de los Estados ante el virus responde a cuarenta años de políticas mercantilistas y privatizadoras.
Contactamos con Henry Giroux mientras se encuentra confinado en su casa de Hamilton (Ontario) corrigiendo exámenes de sus alumnos de la Universidad de McMaster. El coronavirus llegó a Canadá a finales de enero, casi un mes antes que a España, pero la situación parece más tranquila, con una cifra de contagiados y muertos mucho más baja en términos absolutos y relativos.
Para este intelectual, referente mundial de la pedagogía crítica, la COVID-19 en realidad está poniendo en evidencia la destrucción del neoliberalismo desde la época de Reagan y Thatcher, y por eso, sostiene, cuando todo esto acabe habrá que plantear una auténtica reestructuración, que no reforma, del sistema capitalista.
¿Cómo está llevando esta situación?
Al igual que muchas personas, estoy intentando cumplir las reglas que evitan la propagación del virus y al mismo tiempo tratando de comprender el contexto político más amplio en el que se desencadenó la pandemia.
¿Qué lecciones deberíamos extraer como sociedad de esta crisis?
La primera lección es que un sistema político social construido sobre la codicia, el beneficio, la mercantilización y la privatización de todo no puede abordar una crisis de esta magnitud. Además, durante los últimos cuarenta años, el neoliberalismo global ha minado y debilitado estas instituciones, como la sanidad pública, que son fundamentales para afrontar una crisis de este calibre. Es importante entender que no sólo estamos lidiando con una crisis sanitaria, sino también con una crisis política e ideológica. El virus del neoliberalismo, con su racismo, sus noticias falsas, sus políticas de austeridad y su desigualdad masiva en riqueza y poder, junto con la destrucción del estado de bienestar, es una fuerza letal muy poderosa que ataca la sociedad.
Algunas personas ven esta crisis una cura de humildad de la que debe surgir una sociedad más solidaria y con un mayor espíritu comunitario. Pero otras voces intuyen que quien saldrá reforzado será el autoritarismo, ya que, por ejemplo, por razones sanitarias aceptaremos estar geolocalizados. ¿Cómo lo ve usted?
Ciertamente, una crisis de esta magnitud arroja luz sobre estas fuerzas ocultas que la propia crisis ha intensificado, como la expansión de los poderes policiales, el hecho de culpar del virus a los migrantes, el cierre de fronteras y, como hemos visto en Hungría, las amplias restricciones de las libertades democráticas. Todas estas fuerzas nos transmiten la posibilidad de que, cuando la crisis retroceda, habrá una avalancha de gobiernos autoritarios que asumirán más poder, al convertirse en permanentes muchas de las actuales restricciones.
En otras palabras, el estado de alarma ya no será, en palabras de Giorgio Agamben, un estado de excepción. En algunos casos, se intensificará lo que se ha llamado fascismo neoliberal, una combinación de crueldad basada en el mercado y las formas explosivas de racismo y limpieza racial. Pero, por otro lado, una crisis también puede servir para airear la corrupción y los poderes fácticos opresores, y para abrir la posibilidad de apostar por cambios radicales como una renta básica universal, la creación de un sistema de atención médica gratuita de calidad, una guerra contra los movimientos acientíficos, y una renovada preocupación por la justicia ambiental.
Con suerte, se evidenciará la barbarie y las patologías que hoy en día definen muchas sociedades y se impondrá un nuevo lenguaje y un sentido de responsabilidad y solidaridad colectiva. Me temo que, cuando la pandemia retroceda, la elección que tendremos que tomar en muchos países será entre el totalitarismo, en sus formas suaves y fuertes, o el empoderamiento ciudadano y una llamada radical a la solidaridad global.
Un sistema político social construido sobre la codicia, el beneficio, la mercantilización y la privatización de todo no puede abordar una crisis de esta magnitud
¿Se fortalecerán aún más los pilares básicos del Estado de Bienestar, como los sistemas de salud y educación pública?
Será muy difícil volver a estas políticas de austeridad que debilitaron los pilares del Estado de Bienestar, como la salud pública, aunque creo que otros bienes públicos como la educación, si no hay una transformación radical alejada del capitalismo, seguirán como están o incluso involucionar hacia una mayor represión. Algunas reformas esenciales no suponen un peligro para la derecha, porque no socavan el Estado neoliberal. Otros no serán toleradas.
A ver si lo entiendo, ¿fortalecer la sanidad pública no es una amenaza para el Estado neoliberal pero fortalecer la educación pública sí lo es? Me cuesta mucho imaginar una política presupuestaria expansiva en sanidad y regresiva en educación.
Lo que digo es que el hechizo de la era Reagan-Thatcher se ha roto. Este sistema aísla las personas, desprecia cualquier forma viable de solidaridad, promueve un individualismo rabioso y una forma de competencia similar a una jaula y, al hacerlo, produce grandes niveles de pobreza, destrucción ambiental, inseguridad, sufrimiento y precariedad. El Estado deberá reinventarse al servicio de la atención, la justicia y la compasión, y esto sólo sucederá si las personas pueden imaginar una forma de vida diferente, una forma diferente de organizar la sociedad. Pero recordemos que esta lucha por una sociedad más justa surgirá de una catástrofe y de sus inimaginables consecuencias.
No hay garantías sobre lo que surgirá. Se ampliarán algunas instituciones, como la salud pública, se debatirán algunas políticas, como el salario universal, y se repensará la educación en función de su propósito y de cómo se organizará. Y, desde mi punto de vista, de todas las políticas que serán objeto de debate, la educación será la más volátil, porque no trata únicamente de proporcionar beneficios importantes, de preparar a los jóvenes para el trabajo, sino también de la formación de valores, deseos, voluntades e identidades.
La educación se volverá más virtual y se moverá en gran manera en línea. Este será un territorio inexplorado y corre el riesgo de desautorizar aún más a los claustros, debilitar sus filas y convertir la educación simplemente en un sistema de entrega definido en términos completamente técnicos e instrumentales. El legado de la reforma educativa bajo el neoliberalismo ha sido terrible, nos ha dejado la estandarización, las pruebas y otras formas represivas de pedagogía. Por lo tanto, este legado volverá para vengarse, por lo que habrá que luchar para repensar el significado y el propósito de la educación en términos críticos, cívicos y emancipatorios.
Los niños y adolescentes pasarán meses sin abandonar sus hogares o ver a sus compañeros; pero hay personas que advierten que, si bien esta situación es soportable para los niños de las clases altas y medias, debe ser muy insoportable para aquellos que viven en condiciones más precarias. ¿Cómo tendremos que enfrentar el retorno a la ‘normalidad’ en estos casos? ¿Están teniendo ese mismo debate en Estados Unidos?
Este debate es importante, porque el virus afecta más agresivamente a aquellas poblaciones consideradas prescindibles, que eran invisibles en el pasado. Y esto ya no es cierto, porque su presencia está relacionada con la posible propagación del virus, que puede infectar a cualquier persona, y por tanto no pueden ser ignoradas. Lo que hay que recordar es que la cuestión sobre quién muere y quién vive es un tema político nuclear que nos define como sociedad. Esto es particularmente así para los niños y los ancianos.
Y lo que está claro es que la mayoría de las sociedades capitalistas ni están proporcionando un futuro a sus jóvenes ni están protegiendo a sus mayores, o a sus personas con discapacidad, especialmente aquellas que viven en residencias o que son pobres. El coronavirus no afecta a todas las personas indiscriminadamente. En realidad, los pobres, los viejos y las personas racializadas soportan la carga de los efectos de este virus como ningún otro grupo, especialmente en Estados Unidos. Este es un tema político. Estos niños que pertenecen a las llamadas poblaciones excedentarias deben ser amparados por los poderes públicos; de lo contrario, existe la posibilidad de infecciones masivas y también de protestas masivas contra la crueldad y exclusiones del sistema.
La mayoría de las sociedades capitalistas ni están proporcionando un futuro a sus jóvenes ni están protegiendo a sus mayores, o las personas con discapacidad, especialmente aquellas que viven en residencias o que son pobres
Pero estamos viendo cómo caen enfermas personas ricas y famosas. Por ejemplo, Boris Johnson, que tuvo que pasar por la UCI de un hospital público. Esto debería ayudar a valorar la sanidad pública…
El hecho de que los ricos y famosos contraigan el virus no significa que el virus no afecte a diferentes poblaciones de maneras muy desiguales. En Estados Unidos, el número de negros pobres que contraen y mueren a causa del virus es muy desproporcionado respecto a su peso relativo en la población. Muchas personas no pueden autoaislarse porque son pobres, sin hogar y viven en condiciones miserables y abarrotadas. El virus se está propagando rápidamente entre los internos de las cárceles, que en su mayoría son personas pobres de piel oscura. En la ciudad de Nueva York, los pobres contraen el virus y mueren en tasas desproporcionadas.
Estas poblaciones no cuentan con una atención médica adecuada y sufren incidencias desproporcionadas de presión arterial alta, diabetes, estrés, aislamiento y falta de acceso a una educación de calidad. Es importante tener en cuenta que muchas comunidades negras y latinas viven en áreas desatendidas y contaminadas, y son mucho más vulnerables ante el virus. Este es un tema político y económico vinculado a políticas de racismo, pobreza y desigualdades masivas en riqueza y poder.
El virus puede infectar a cualquier persona, pero algunas están más protegidas que otras y tienen acceso a redes de seguridad social, atención médica de calidad, medicamentos y otras salvaguardas, y esto no es simplemente un problema médico sino un problema político e ideológico.
Como John Gray ha señalado, el virus ha expuesto algunas de las debilidades fatales del capitalismo al tiempo que deja en evidencia la situación de quiebra en la que se encuentra el proyecto intelectual e ideológico del neoliberalismo, pero una cosa es arrancar la ropa del emperador y otra reestructurar el sistema, en vez de simplemente reformarlo. Piense en la respuesta de Trump a la pandemia, que equivale a un rescate empresarial y políticas que sugieren que está más interesado en la economía que en la vida humana.
La sensación de ansiedad y fragilidad que experimenta la gente no ofrece garantías políticas, pero abre nuevas posibilidades para una visión y un mundo alternativos. El Estado deberá ser repensado, deberá renacer en cuanto a sus funciones protectoras y en el centro de este reto está la creación de un sistema educativo que pueda educar a una generación de jóvenes para asumir este desafío. Esta será la gran lucha del siglo XXI.
¿Le preocupan las consecuencias económicas de esta crisis? En España, el primer impacto, en cuanto a personas que han perdido sus empleos, es peor que en 2008.
La gran cantidad de personas que cada vez más pierden sus trabajos o trabajan en condiciones extremadamente peligrosas pone de manifiesto la naturaleza tóxica de la relación capital-trabajo. En primer lugar, en Estados Unidos el consumismo impulsa el 70% de la economía. Termine con él y la economía entrará en colapso. En segundo lugar, este tipo de desempleo crea una crisis ideológica y política que revela cómo en el seno del capitalismo neoliberal coexisten una crisis de legitimación y una crisis de conciencia. Esta situación es explosiva, las personas no morirán de hambre si pueden luchar y combatir un sistema que no ha conseguido satisfacer sus necesidades humanas básicas.
El desempleo crea una crisis ideológica y política que revela cómo en el seno del capitalismo neoliberal coexisten una crisis de legitimación y una crisis de conciencia
Se ha referido varias veces a la renta básica universal. Entiendo que una medida de este estilo la consideraría en la dirección correcta …
Absolutamente, es esencial. Pero es sólo un paso en la reestructuración de sociedades que se preocupan poco por las necesidades humanas y priorizan la acumulación de capital por encima de todo lo demás. La clave para entender esta crisis es que debemos repensar el hecho de que el capitalismo y la democracia no son lo mismo, y que ya es hora de que un nuevo lenguaje, visión y movimiento de masas den sentido a un futuro en el que la justicia, la igualdad y la libertad se unan en la forma de una sociedad socialista democrática, una que vaya más allá de las fronteras para abrazar un nuevo reinado de democracia global.
Más de 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados ya este año en Colombia. ¿Quiénes, cómo, dónde y por qué matan, desaparecen, agreden o amenazan a los activistas colombianos?
#PazAlLiderazgoSocial, pide el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras actualiza permanentemente una lista delíderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en 2020. Estamos a mediados de mayo y esa lista registra ya 101 nombres, 26 tras el inicio de la cuarentena por la actual pandemia de coronavirus.
Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC (noviembre de 2016) hasta hoy, la cifra total de asesinados asciende a 902, precisa a DW Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz.
¿Quiénes son los asesinados?
En su mayoría, se trata de activistas de base campesina (39 en 2020); muchos, con liderazgo comunal (33). Hay, además, numerosos líderes indígenas (30), cívicos (13), afrodescendientes (7), que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (5), sindicales (4), mineros (2), ambientalistas (1).
«Son agentes que trabajan por el cambio, por la paz entendida como la reducción de la violencia, la garantía de los derechos humanos o la protección de los recursos naturales en sus territorios”, comenta a DW Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo y del programa de estudios de paz y conflicto de la Universidad de Marburgo.
A ellos se suman familiares o personas cercanas (8), así como firmantes del Acuerdo de Paz o excombatientes de las FARC (25). Y el registro incluye mujeres (11), aunque la violencia armada suele tener un impacto desproporcionado en los hombres, señala esta politóloga colombiana.
Amenazas, atentados y desapariciones
Junto a los asesinatos, los activistas están expuestos a otras formas de violencia. A mediados de 2019, las principales organizaciones sociales del país denunciaban más de 460 amenazas individuales o colectivas, 46 atentados con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos, y 5 casos de desaparición forzada.
En lo que va de 2020, se han publicado ya 79 panfletos de amenazas a organizaciones y comunidades, confirma González Perafán, a cargo del registro de víctimas en Indepaz. Y, por si fuese poco, en las amenazas más recientes, se ha declarado como objetivo militar a quienes violen la cuarentena. El objetivo es minar la autoridad de las organizaciones sociales en sus territorios, especialmente de las indígenas, explica el experto.
Territorios, narcotráfico, minería y agroindustria
La cifra más alta de asesinatos se recoge, este año, en el departamento del Cauca (30), «epicentro de muchos conflictos en Colombia, por un tema geopolítico”: por su geografía, con salida a la costa pacífica y cercana a la frontera sur (con Ecuador); por sus conexiones con el resto del país y las rutas de la droga, enumera la politóloga del GIGA.
Antioquia, que secunda al Cauca en récord de asesinados en 2020 (con 17), es también «corredor estratégico para la minería ilegal, para el producto del cultivo de coca que va hacia México”, agrega el abogado González Perafán, desde Indepaz.
El Cauca, además, es un territorio con antecedentes de violencia contra población indígena y comunidades afrodescendientes, con historia de presencia paramilitar, muy rico en minerales y fertilidad del suelo: «donde se ha usado la violencia para avanzar en proyectos de extractivismo y de agroindustria”, precisa asimismo la también exinvestigadora del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz y del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, de la Universidad Nacional de Colombia, García Pinzón.
Factores históricos y estructurales convergen allí con recientes luchas por el territorio entre diversos sectores y actores armados, a raíz de la desmovilización de las FARC. Y la presencia del Estado es «principalmente militar, enfocada en la seguridad nacional, en desmedro de la garantía y protección de los derechos”, subraya la politóloga.
Maritza Quiroz, líder social reclamante de tierras en la Costa Atlántica, asesinada en 2019.
Crimen organizado con raíces paramilitares y guerrilleras
¿Qué revelan las estadísticas sobre los autores directos e indirectos de los asesinatos y sus motivos? «No hay claridad”, lamenta García Pinzón, porque el Estado colombiano no garantiza ni la seguridad de los líderes sociales, ni la justicia frente a sus asesinatos: no es eficiente en la investigación y el castigo a los autores.
Hasta ahora, el Estado ha negado o solo reconocido muy vagamente la sistematicidad del fenómeno, denuncian estudiosos y activistas. Ha llegado a reducirlo a incidentes de criminalidad común: a supuestos atracos o riñas personales, que activistas y organizaciones sociales desmienten, aludiendo al modus operandi y el tipo de armas empleadas.
Así, el esclarecimiento queda en manos de la sociedad civil, que apunta, sobre todo en el Cauca, a grupos del crimen organizado con raíces paramilitares como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas.
Históricamente, «las peores masacres en esta región no fueron perpetradas por la guerrilla sino por grupos paramilitares, con vínculos con actores legales de las élites políticas y económicas de la región”, recuerda la politóloga colombiana, mientras resalta la porosidad de las fronteras entre lo criminal y lo legal en el conflicto armado en su país.
Aunque el Estado insiste en atribuirle todo a disputas territoriales entre las múltiples disidencias de las FARC y el ELN, «todos los grupos armados presentes en esos territorios están usando las armas contra los líderes sociales”, asegura el coordinador de Indepaz. Y el panorama lo completan las disidencias del desmovilizado EPL, tercera guerrilla izquierdista de Colombia, conocida ahora como el grupo armado «Los Pelusos”, dedicado al narcotráfico. O las llamadas Águilas Negras, un presunto grupo de origen paramilitar, cuya naturaleza, estructura y hasta existencia real no parecen claras.
¿Qué (más) puede y debe hacer el Estado?
En Colombia, se negoció el Acuerdo de Paz con uno -el mayor y más antiguo- de muchos otros grupos armados. Pero ahora, el resto pugna por el control de territorios, poblaciones y mercados antes en manos de las FARC.
«Se abrieron vías para que muchas comunidades comenzaran procesos locales de construcción de paz”, afirma García Pinzón. Pero el Estado apenas «simula la implementación de los acuerdos”, sin cumplirlos, especialmente en el tema agrario, denuncia González Perafán. Y, en medio de todo, ha llegado una pandemia, que agrava la situación de vulnerabilidad socioeconómica y física de los activistas, hoy confinados en sus casas y fácilmente localizables por sus asesinos.
En 2016 y ahora, el Estado colombiano debió «estar preparado para copar esos territorios; no solamente con el Ejército sino con instituciones de salud, educación y justicia. Esa es la tarea pendiente”, por razones de voluntad política y, quizás, hasta de recursos, sugiere la politóloga García Pinzón.
Desde Indepaz, también González Perafán reclama inversión social: cumplir los planes de desarrollo territorial contemplados en los acuerdos con las comunidades. De lo contrario, Colombia seguirá «en transición”, coinciden ambos expertos, pero más hacia «una mutación de la violencia” que hacia la paz.
El cierre de los centros no perjudica igual a todas las clases sociales. Mientras que las altas apenas notan el efecto, las bajas tienen dificultades que arrastrarán en el largo plazo.
Todo apunta a que el comienzo del próximo curso será muy diferente a lo que conocimos, con un formato de semipresencialidad en el que, como ha planteado el Ministerio de Educación, los grupos se reduzcan a la mitad para garantizar el distanciamiento físico. Mientras tanto, los alumnos terminarán previsiblemente el curso de manera telemática, lo que ha reducido el papel del colegio como lugar físico, y por lo tanto, como lugar de intercambio social.
No se trata de una mera cuestión de brecha digital como suele aducirse, sino de la importancia que tiene la escuela como atenuadora de las diferencias sociales. Desde la crisis, la movilidad entre clases en España gracias a la educación comenzó a frenarse. Ahora puede detenerse totalmente o, incluso, hacer descender a grandes capas de la sociedad. Si en circunstancias normales la escuela es «gente, gente que trabaja, que estudia, que conoce, que se estima», como la definió Paulo Freire, esa escuela improvisada en los hogares está determinada por el capital social, económico y cultural de las familias. Es decir, ‘homeschooling’ de primera para unos, clases entrecortadas, pixeladas y llenas de interrupciones para otros.
«Sin escuela pública, la educación privada genera desigualdades. Si ya no tienes la pública para atenuarlo, esa desigualdad aumenta»
El informe de la OCDE ‘A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility’ ya describía a España como un país pegajoso. Nuestra particularidad, explicaba, es que no solo hay un «suelo pegajoso» que impide ascender a las clases sociales más bajas, sino también un «techo pegajoso» que hace mucho más difícil el desclasamiento de las más altas.
En esa brecha es clave la educación, y en concreto, el contexto escolar. La mayoría de los hijos de los padres que tienen una peor formación (un 56%) terminan con un nivel igual de bajo, un porcentaje muy superior a la media de la OCDE (un 42%). La razón es que España, a pesar de los tímidos avances recientes, sigue siendo uno de los países con un nivel más alto de abandono escolar (un 19,9%), algo que podría agudizarse en el presente contexto. La mayoría de los hijos de las familias con padres más educados (un 69%) terminan cursando un máster o un doctorado, pero menos de uno de cada cuatro de las familias con menos educación lo hacen.
«El problema con el que nos encontramos los investigadores es que hay pocos datos y fuentes que permitan analizar la movilidad, pero nosotros hemos observado la ralentización de estos indicadores desde hace unos años», explica Olga Cantó Sánchez, profesora de Economía de la Universidad de Alcalá, que ha trabajado durante los últimos meses en el tema. «A partir del curso 2011/2012 se empieza a percibir que entre los jóvenes tienen más dificultades para acceder a un mayor nivel educativo que sus padres, cuando en las anteriores el ascenso era muy claro». Es un proceso lento, añade, pero que ha invertido la tendencia que fue habitual durante décadas.
El problema, añade la economista, radica en que el contexto presente va totalmente en contra de la reducción de la brecha, porque «es en la escuela donde se pueden cerrar esas desigualdades». Otro ejemplo: según sus datos, el gasto en educación se ha multiplicado de forma mucho más alta entre las rentas más altas que entre las bajas, generalmente en complementos como escuelas privadas, clases de apoyo o idiomas. Los factores que ahora marcan la diferencia. Como recuerda Cantó, «sin escuela pública, la educación privada genera desigualdades. Si ya no tienes la pública para atenuar sobre los más vulnerables, esa desigualdad aumenta».
La importancia de un colegio
No se trata únicamente de la facilidad del aprendizaje en un entorno físico, sino de otros intangibles que conforman el conocido como Efecto Escuela, es decir, la capacidad de los centros para influir en el rendimiento de los alumnos frente al capital social y económico de la familia. Un efecto que en este contexto se reduce, y que hace que, por ejemplo, se pierda el efecto compañero, que provoca que los alumnos más aventajados ayuden a los más rezagados. También otros factores esenciales como la relación entre alumnos de distintos entornos sociales o la capacidad de detectar problemas por parte de los profesores.
«Los sistemas educativos que se han ido a pique son los que han expulsado a las clases medias del sistema educativo público»
«Nos encontramos en una segregación absoluta porque cada alumno está en su casa, no hay mezcla que pueda ayudar a los alumnos más desaventajados, que a través de los compañeros pueden aprender mucho más que lo que podrían hacerlo gracias a su propio entorno», añade Cantó, que recuerda que «los sistemas educativos que se han ido a pique son los que han expulsado a las clases medias del sistema educativo público, lo que genera mucha más desigualdad social, porque las familias más vulnerables se quedan segregadas en unos colegios y las ricas en otros».
«Hemos visto en nuestras encuestas cómo se activan los recursos familiares y la actividad de educación informal en elementos como el tiempo dedicado a la lectura, si esta es acompañada o la práctica de música o idiomas, que se diferencian en función del capital cultural de las familias», explica Xavier Bonal, catedrático de Sociológica de la Universitat Autònoma de Barcelona. «Son diferencias que existen y que ahora se amplían. La escuela es una condición no suficiente, pero sí necesaria, especialmente para determinados colectivos que pueden encontrar en ella un carácter compensatorio».
Un aula en Francia
Como explicaba el sociólogo en una tribuna publicada en ‘El Periódico’, «mientras la clase media está haciendo una especie de curso acelerado de ‘homeschooling’, otros grupos sociales o bien no están en casa porque están trabajando o no disponen de los medios, recursos o capacidades para convertirse en maestros de escuela en una semana». «Una situación de segregación alta como la que tenemos en España ahora se extrema», añade a este periódico. «No es solo que las familias tengan menos recursos culturales, porque puede ser que estén realizando servicios esenciales y en ese caso quién sustituye a la escuela». Como recuerda, «el teletrabajo también está repartido de forma inequitativa».
La paradoja es que, como lleva ocurriendo desde hace décadas y como el propio Bonal lo ha podido comprobar a partir de las encuestas que ha puesto en marcha estas semanas, si bien el efecto escuela es más decisivo para las clases bajas, suelen ser las altas las que suelen darle más importancia y ser más exigentes y críticas. Algo que también ha ocurrido estas semanas. «Ocurre lo mismo con la elección de escuela o con garantizar un itinerario lo más completo posible, aunque sean grupos sociales que en teoría no lo necesitan», explica. «Su percepción es que estamos en una sociedad de riesgo, y que cuanto más puedas asegurar a través del capital cultural y el conocimiento, mejor, así que invierten en educación».
«Si esto se alarga mucho, tendremos un problema, porque los parones producen retrocesos que se distribuyen de forma desigual»
El informe ‘Covid-19: cerrar la brecha’ publicado por Save the Children este martes mostraba cómo la situación actual ha amplificado y profundizado la brecha educativa, algo que puede disparar el fracaso, la desvinculación escolar y un aumento del abandono educativo temprano. «El cierre de los centros escolares ha producido menos aprendizajes efectivos», explica Andrés Conde, su director general. «Esto no ocurre en igualdad entre las clases medias o las bajas. Por ejemplo, el ‘olvido veraniego’. Cuando las medias vuelven tras el verano no tienen retrasos en sus aprendizajes, algo que sí se produce en los niños de familias más desfavorecidas».
España era ya antes de todo esto uno de los países con una mayor segregación educativa de Europa, como pusieron de manifiesto F. Javier Murillo y Cynthia Martínez Garrido en 2018. «PISA ya reveló que los centros que concentran a los niños más desfavorecidos tienen peores dotaciones y medios, y ahora están teniendo más dificultades para llevar a cabo un acompañamiento educativo por parte de los profesores», añade Conde. «En las clases medias los padres tienen más facilidades y competencias para apoyar un aprendizaje más autónomo».
Soluciones… y un matiz
Francia inició esta semana un retorno a las aulas con «alumnos prioritarios» según la profesión de los padres y la situación familiar. Una posibilidad que Bonal valora positivamente: «Hay alumnos que tienen que volver antes que otros». El tiempo corre en contra. «Si esto se alarga mucho, tendremos un problema, porque ya sabemos por estudios internacionales que los parones producen retrocesos que se distribuyen de forma desigual«, añade. «Sorprende que después de dos meses no haya un plan de desescalada escolar que debería organizarse no solo por criterios de densidad poblacional o sanitarios, sino también educativos».
Ni en el colegio ni en casa: millones de niños y familias españolas, en un callejón sin salida
A los dos meses de teletrabajo y el anuncio de que se trabaja para que las aulas estén a la mitad el próximo curso, la pregunta es obvia: ¿qué hacemos con los niños?
«Cuando abran los centros educativos, lo que vemos completamente crítico es priorizar en su acceso a los niños y las niñas que han estado más desvinculados durante el confinamiento, que provienen de entornos más vulnerables. Son los que no han tenido apoyo educativo en sus hogares, no han tenido acceso a dispositivos digitales, los que están más desvinculados y los que corren un mayor riesgo de fracaso escolar», coincide el director de Save the Children. «La conexión con el colegio, aunque sea en días alternos es mucho mejor», añade Cantó. «Es mejor tener a un profesor tres días que no tenerlo nunca».
No obstante, caben otras interpretaciones. En una reciente entrevista, el británico John Goldthorpe, uno de los académicos más prestigiosos en el campo de la movilidad social y profesor emérito de la Universidad de Oxford, matizaba la importancia de la educación como motor de la movilidad social. Se trata del origen familiar, representado por ejemplo en la atención que los padres pueden prestar a sus hijos, lo que marca la diferencia. Un torpedo en la línea de flotación de la teoría liberal.
«Ya hay generaciones nacidas en los 80 que tienen mejor educación que sus padres pero que no mejoran su posición respecto a la de estos»
Una lectura que, no obstante, puede servir para argumentar lo contrario: debido a que el nivel socioeconómico de las familias es más decisivo que la escuela, razón de más para no cercenar aún más su carácter compensatorio. «Los estudios de movilidad social ya nos están avisando que entre los nacidos en los 80 hay mucho más desclasamiento educativo, generaciones que tienen mejor educación que sus padres pero que no mejoran su posición respecto a la de estos», concluye Bonal. «Esto puede ser una estocada para toda una generación si se alarga el acceso a posiciones que corresponden a su nivel». El gran problema de España no es solo la educación, sino también la ausencia de puestos vacantes en empleos de mayor nivel como si ocurría hace décadas, y que «los va a cubrir quien tenga mejores oportunidades».
En primaria y secundaria habrá «evaluaciones formativas».
El Consejo Federal de Educación decidió por unanimidad que no haya calificaciones numéricas en el país por la situación de excepcionalidad que generó el coronavirus, en un contexto de clases presenciales suspendidas desde marzo. El encuentro entre los ministros provinciales de Educación y el titular de la cartera educativa a nivel nacional, Nicolás Trotta, se dio en el marco de una asamblea virtual.
De este modo, habrá evaluación de carácter formativo con el objeto de retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas al estudiantado y a sus familias. Además, se acordó realizar una encuesta nacional a directivos, docentes y familias para evaluar la respuesta del sistema educativo en el marco de la continuidad pedagógica. La encuesta, señalaron, será útil para tomar decisiones respecto de los procesos de enseñanza y el regreso a las aulas cuando se pueda hacerlo.
Silvina Gvirtz, actual secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza, y exministra de Educación bonaerense, defendió la medida por la eclosión de la pandemia. «No tiene sentido calificar con número en este momento, el docente no puede distinguir por qué un trabajo merece un 7 o un 8», afirmó a este diario. En su opinión, los chicos trabajan en el aula de modo sincrónico, por la simultaneidad, y lo pueden hacer fuera de la escuela, con herramientas como Zoom, pero hay también una comunicación ascincrónica, que se da básicamente con la tarea en el hogar. El coronavirus alteró todo.
«Hay familias angustiadas, y los padres, en gran medida, no son maestros», estimó Givrtz. «Por eso lo ideal no es hacer una calificación, sino una valoración», en un contexto en el que los docentes no pueden seguir el proceso como en el aula. «Lo que se puede hacer en este momento es reforzar los aprendizajes», añade.»Y estar pendiente de los recursos de los hogares», subrayó, «en la selección de contenidos que se pueden enseñar». En ese sentido, la cuarentena es una etapa que juzgó propicia «para comprensión de textos complejos de estudiar, o incluso de producción de textos, así como matemática».
Por su parte, Adrián Cannellotto, rector de la Universidad Pedagógica, coincidió con la funcionaria en lo positivo de la medida y resaltó un punto también señalado por Gvirtz: «Se trabaja con herramientas digitales desde el hogar, y no en todas las casas hay acceso a Internet», dijo a Página/12. Para el rector de la UniPe, «la pandemia puso a prueba a muchas cosas, y en el plano escolar no es lo mismo el acceso para un pobre que para un rico, las familias cuentan con pocas herramientas y no todos los padres pueden acompañar del mismo modo».
Cannelloto estimó que «si no hay nota, no hay evaluación» y que «la formación implica un seguimiento» que se dificulta con los alumnos desde el hogar. «La nota aparecerá cuando se retomen las clases presenciales», dijo, y manifestó que «el sistema no es resultadista ni facilista, solamente se posterga la nota y se reabre el ámbito de la evaluación». La calificación, adujo, se «recuperará en el próximo cuatrimestre si se reabren las aulas. Y ponderó que «los 24 ministros y la Nación acordaron poner el foco en la evaluación como proceso».
Respecto de la vuelta a clases, ambos especialistas coincidieron en que deberá ser gradual. No hay un modelo único en el mundo y es factible un regreso que alterne días en el aula y en casa, con grupos chicos, si bien la realidad de cada distrito es distinta. «No es lo mismo la provincia de Buenos Aires que Misiones», ejemplifica Cannellotto, ya que «hay que ver la capacidad de infraestructura».
Gvirtz recalcó que «no es lo mismo la clase en la escuela que on line, entre otros motivos por el nivel de dispersión. El chico en su casa tiende a concentrarse menos» y resaltó que «la escuela no puede replicar por Zoom». En su opinón, «se deben seleccionar bien los contenidos» e incluso «repensar la secundaria, no se trabaja sobre alfabetización digital», al tiempo que deslizó que la situación sería más llevadera si se hubiera mantenido el reparto de computadoras de Conectar Igualdad con el ritmo que tuvo hasta 2015. Mientras «la brecha educativa se amplió» por esta situación y hoy la mitad del alumnado tiene acceso a Internet de alta velocidad, en un contexto en el que «los padres quieren que los chicos vuelvan al aula y se destaca el valor de la presencialidad».
Para Cannellotto, «hubo etapas» a lo largo de estas semanas. «Primero se habló de dos semanas de encierro, las escuelas buscaban contener, luego se desplegaron otras herramientas, aulas virtuales, Zoom. Ya se piensa en encarar la transición, y pasar de la virtualidad a la realidad no es tan fácil. Hay un proceso de enseñanza interrumpido, falta trabajo en el aula». Y eso fundamenta que en vez de la calificación numérica haya una orientación en cada alumno respecto de lo que puede corregir y mejorar.
En opinión de Gvirtz, «no volveremos a las clases tal y como teníamos antes de la pandemia. Hay varias posibilidades, un sistema mixto, que permita a su vez que los chicos que puedan seguir desde casa continúen así, pero los que vuelvan deberán hacerlo con distanciamiento dentro de las escuelas, y esto es para verlo localidad por localidad, escuela por escuela».
Los dos especialistas coinciden en que desde que se tomó la decisión de cerrar las escuelas por la covid-19 «se hizo mucho» y que «se pusieron muchos recursos desde el Estado», en un contexto en el que se proveyó de libros y cuadernillos y, en muchos casos, bolsones de comida. La situación, por cierto, es de alcance global. La Unesco calcula que el cese de clases por la pandemia afectó a unos 1200 millones de estudiantes en 160 países.
La Cátedra Alfonso Reyes del Tecológico de Monterrey te invita a la conversación con el filósofo, sociólogo y antropólogo francés BRUNO LATOUR. Imaginar el mundo después de Covid-19.
Modera Philippe Ollé-Laprune.
Conversación grabada del 08 de mayo del 2020 con audio original en francés y subtítulos en español.
Jueves 21 de mayo, 12:00 horas.
Facebook Live: https://www.facebook.com/CatedraAR/posts/1398924693632639
Rosario Gómez, socia fundadora de la Casa de Refugio Matilde en Quito, Ecuador, explica que aunque se podría pensar que el primer paso para disminuir la violencia de pareja es denunciar al agresor, éste no es el caso. En realidad, más del 80% de las mujeres que viven violencia en Ecuador no la denuncian, y se requiere de un acompañamiento previo a cualquier medida legal:
En nuestros 30 años de trabajo hemos luchado por las leyes apropiadas, pero la primera entrada no debe ser jurídica. Se puede llegar a la denuncia, pero solo cuando la mujer esté más fuerte emocionalmente, haya logrado una separación afectiva del agresor, y cuente con apoyo.
Daniela Pullas, abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, en Rumiñahui, Ecuador, añade que este acompañamiento es fundamental porque el proceso puede durar meses y ser desgastante para el núcleo familiar. Por eso, CEPAM ofrece soporte psicológico para la mujer y sus hijos, si los tiene, en conjunto con asistencialegal gratuita.
Gómez añade que la Casa de Refugio Matilde acoge a mujeres en alto riesgo de femicidio, pero no todas las personas que están viviendo violencia se encuentran en el mismo nivel de peligro. Por eso, se precisa detectar el nivel de riesgo de cada caso y fomentar la colaboración entre distintos sectores para generar mecanismos complementarios que aborden diversas necesidades. Por ejemplo, existen centros de atención ambulatoria que ofrecen consultas externas para casos menos críticos.
Además, los medios y la sociedad civil pueden jugar un rol importante durante el confinamiento. Según Gómez, se podría crear programas radiales para guiar a personas que estén viviendo violencia, o activar redes entre vecinos para que estén pendientes de lo que pasa en el barrio. Para ello, es urgente romper con la indiferencia y la cultura de silencio.
Familiares y amigos también pueden ser proveedores esenciales de recursos de apoyo, sobre todo durante la cuarentena cuando se dificulta el acceso a otros servicios. Sin embargo, Esteban Laso, psicoterapeuta y psicólogo social, explica que este acompañamiento debe ser libre de juicio, y debe respetar las decisiones de cada mujer:
Hay que comprender que la terminación de una relación de pareja violenta no ocurre de la noche a la mañana. Es fundamental no cortar el vínculo con la persona durante el proceso, no culparla si regresa con su agresor, y no demonizar a la pareja. Ayudan más las preguntas que facilitan la reflexión que los consejos, pero esto puede ser difícil y requiere un entrenamiento, por eso es importante complementar este apoyo con el trabajo de un profesional especializado.
Aparte de soporte emocional, amigos y familiares pueden brindar asistencia práctica, como un lugar para llegar, aporte económico, o ayuda con el cuidado de los hijos.
Ana (nombre protegido), una mujer ecuatoriana de 31 años que ama leer y hacer deporte y que vivió violencia por parte de su expareja, cuenta a Global Voices que el respaldo de su hermana fue decisivo:
Después de una de las veces que mi exmarido me pegó, mi hermana llegó con algunas personas y entre todos me ayudaron a salir de la casa. Sin ella, yo no me habría animado porque estaba asustada y no tenía la independencia económica para mantener a mis dos hijas sola.
Gómez explica que eliminar las situaciones de inequidad como la dependencia económica que describe Ana es indispensable para reducir la violencia. Opina que la sociedad civil ha logrado algunos avances importantes, como visibilizar la precarización del empleo y posicionar a la violencia como un problema público. Sin embargo, considera que para lograr un cambio profundo es imprescindible que las estructuras sociales que mantienen la desigualdad se desestabilicen.
Según Pullas, para alcanzar este objetivo es fundamental que el Estado también priorice la prevención de la violencia y destine los recursos suficientes para hacerlo. La necesidad de abogar por esto es incluso más inminente durante la pandemia cuando el presupuesto se recorta.
Además, Pullas dice que se requiere mayor cumplimiento de leyes y mecanismos existentes, y que se precisa cambiar las ideas que perpetúan la violencia. Para Ana, estas normas culturales pesaron mucho, pero ahora que logró vencerlas, como profesora inculca nuevos valores desde la educación:
Te meten en la cabeza que si tienes hijos nadie te va a querer, y hay un miedo gigante a quedarte sola. Además, muchas veces permaneces en el ciclo de la violencia por miedo a que te juzguen, y eso la naturaliza. Esas son las ideas que yo intento cambiar todos los días en mis alumnos.
Por último, Laso recalca que la erradicación de la violencia debe ser un esfuerzo en conjunto, y que, si bien la prevención es fundamental, este trabajo no puede recaer únicamente en las mujeres:
La concientización debe dirigirse hacia los testigos y perpetradores, y no solo a las potenciales víctimas. Los hombres tenemos que recuperar nuestra capacidad de querer y ser queridos. Este es un proceso largo y profundo de transformar nuestra forma de entender lo que es ser hombre y ser humano. Solo así lograremos el cambio auténtico y duradero que tanto necesitamos.
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