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Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presenta informe sobre supuestas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el paro en Ecuador

Según el informe, el 75 % de los incidentes de violación de derechos humanos ocurridos durante el paro en 2025 se dieron en Imbabura y Pichincha.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos entregó, la mañana de este miércoles, 12 de noviembre, su primer informe sobre lo sucedido en términos de derechos humanos en los 31 días que duró el paro que vivió Ecuador y que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), luego de que el presidente de la República, Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel.

Según Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza, el equipo que trabajó en los días de protesta registró graves violaciones de derechos humanos y el uso abusivo de la violencia estatal contra personas manifestantes, comunidades, dirigentes sociales y población urbana en varias ciudades del país.

El informe de verificación señala que de los más de 700 reportes de violaciones de derechos humanos recibidos por integrantes de la Alianza, solo 391 fueron verificados y validados por el equipo de análisis como casos en los que se configurarían violaciones de derechos.

De esos reportes, explicó Hidrobo, se habría podido identificar 206 personas detenidas, 473 personas heridas, al menos 25 graves, 16 desapariciones de corta duración y 2 personas fallecidas por uso de la violencia pública.

“Las cifras con corte a 23 de octubre (2025). Las verdaderas cifras irán saliendo poco a poco, pero sobre todo esas cifras serán dadas por las propias organizaciones indígenas que después de finalizar el paro han seguido levantando información. (…) Señalamos que estas cifras son un subregistro, porque inclusive en esas condiciones no tenemos toda la capacidad de identificar todo lo que está ocurriendo. Un subregistro porque el dolor a veces sale varias semanas después, años después se saben las historias, pero sobre todo, un subregistro porque el Estado, que debía darnos todos los días cifras de personas heridas, detenidas y fallecidas, omitió su deber de transparentar las cifras. Tampoco la Defensoría del Pueblo cumplió en este paro nacional con su rol”, sostuvo la coordinadora de la Alianza.

Otro dato que es parte del informe señala que el 75 % de los incidentes de violación de derechos humanos ocurridos durante el mes del paro en 2025, los cuales fueron conocidos por el equipo de análisis, ocurrieron en las provincias de Imbabura y Pichincha. El otro 25 % respondería a casos ocurrido en otras provincias del país. “Fue un paro nacional con mayor represión en Pichincha e Imbabura”, anotó.

Para la defensora de derechos humanos María Espinos, este paro no surgió de la nada, ni fue una manifestación espontánea que no tiene raíces o que no tiene causas. Según la integrante de la Alianza, las causas del paro de septiembre y octubre de 2025 tienen que ver con un debilitamiento muy claro de los espacios cívicos y democráticos en el país, con una concentración del autoritarismo estatal en manos del Ejecutivo, con la cooptación de la institucionalidad, en una narrativa polarizada y la cimentación en un discurso de odio, racista, un discurso que busca posicionar el terrorismo y el crimen organizado.

“Insistimos en que la respuesta estatal desde el día uno fue la respuesta violenta y de ataque sobre un derecho. Para nosotros también es importante el uso abusivo y desproporcionado del derecho penal. Finalmente, las consecuencias del paro son consecuencias que siguen más allá de que los actos de las movilizaciones hayan sido ya suspendidos. Hay un alto número, no solo de manifestantes, de dirigentes y de defensores de derechos humanos que hoy tienen causas penales en su contra por delitos como terrorismo, paralización de servicios públicos, incitación, financiamiento del terrorismo, que por supuesto son tipos penales desproporcionados respecto de las actividades que esas personas se encontraban ejerciendo, mucho más si se entiende que protestar es derecho y no delito”, refirió Espinosa. (I)

El Universo

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Marchas, asambleas comunitarias y consignas: así avanza la campaña por el “No” este 12 de noviembre

En Quito, la principal concentración se realizó frente a la Caja del Seguro. Decenas de personas portaron pancartas y corearon consignas en defensa de los derechos laborales y sociales.

A tres días del referéndum y la consulta popular, varias organizaciones sindicales y sociales marcharon este 12 de noviembre de 2025 en distintas ciudades del país para rechazar las preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) encabezaron las movilizaciones bajo el lema “Unidos y en la calle, defendamos nuestros derechos. Por el “No”, por el futuro del pueblo ecuatoriano”.

¿Dónde se realizó la concentración?

En Quito, la principal concentración se realizó frente a la Caja del Seguro. Decenas de personas portaron pancartas y corearon consignas en defensa de los derechos laborales y sociales. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó cierres viales progresivos en la Av. 10 de Agosto y en calles del Centro Histórico desde las 17:00.

La UNE organizó plantones simultáneos en al menos 13 provincias, entre ellas Azuay, Carchi, Guayas, Loja, Sucumbíos y Tungurahua. En un comunicado conjunto, los gremios afirmaron que su postura busca “defender las conquistas históricas del pueblo ecuatoriano” y evitar reformas que “atentan contra los derechos laborales y sociales”.

“Nos movilizamos junto a estudiantes, maestros, trabajadores y la comunidad universitaria para decirle No a Noboa en la consulta popular, por la educación, la salud y la seguridad”, señalaron las organizaciones.

¿Qué dicen los líderes de las organizaciones?

El presidente del FUT, Edwin Bedoya, insistió en el llamado a votar “No” en las cuatro preguntas de la consulta popular y el referéndum, sobre todo en la que plantea la conformación de una Asamblea Constituyente.

“El presidente Noboa no explicó al país cuál es el modelo de Estado que busca establecer con una nueva Constitución. Vemos a un mandatario titubeante, que ni siquiera conoce el sistema de seguridad social”, dijo Bedoya.

El dirigente añadió que la consulta “es un distractor frente a intereses económicos ya definidos” y denunció una “persecución judicial y política” contra los líderes sindicales.

Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, aseguró que la consulta abriría paso a la privatización del IESS, la educación y la salud. “Votar sí es entregar un cheque en blanco al poder. Después de la consulta vendrán alzas en los pasajes, el gas y las tarifas eléctricas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional”, afirmó Quishpe.

¿Qué realiza la Conaie y otros actores políticos?

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) realizó dos conversatorios con representantes políticos y sociales para analizar las posibles consecuencias de convocar a una asamblea constituyente. En paralelo, su presidente, Marlon Vargas, difundió un video en redes sociales en el que cuestionó el proceso electoral y afirmó que “estos comicios no resolverán nada”.

“La gente está cansada de vivir con miedo, de promesas incumplidas, de esperar un cambio que nunca llega. Y ahora quieren hacernos creer que esta consulta va a cambiar algo. No lo hará. No trae empleo, salud, educación ni seguridad; no enfrenta los verdaderos problemas del país. El Gobierno busca modificar la Constitución para concentrar más poder”, sostuvo Vargas.

Por su parte, el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Rafael Negrete, y el expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, realizaron asambleas comunitarias para promover el voto por el “No” en las cuatro preguntas del referéndum.

Mientras tanto, la Revolución Ciudadana (RC) centró su estrategia en redes sociales. Su presidenta, Luisa González, expuso la posición del movimiento en varias entrevistas. En el caso del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), su dirigente, Gustavo Vallejo, movilizó a su militancia en calles y plazas para expresar su rechazo a la consulta.

Para el 13 de noviembre, los sindicatos tienen previsto realizar una nueva movilización en Quito. Esta partirá desde el sur hacia el centro y norte de la ciudad, junto a la Conaie, como cierre de su campaña por el “No”.

Radio Pichincha