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España/Marzo de 2017/Autora: Marina Alías/Fuente: Voz Populi

La reaparición del ex ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Congreso de los Diputados este martes para ofrecer un diagnóstico del sistema educativo español que ayude a confeccionar un pacto nacional en materia de enseñanza no ha servido para contener las ganas de boicotear la Lomce que persisten en numerosos agentes de la comunidad educativa. Desde la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, conocida popularmente como Marea Verde, ya están calentando motores para frenar la celebración de las pruebas externas enmarcadas en la controvertida ley aprobada por el actual embajador de España en la OCDE que, pese a no tener efectos académicos, continuarán desarrollándose con fines «muestrales». En la Comunidad de Madrid, las evaluaciones de 6º de Primaria tendrán lugar el miércoles 31 de mayo y el jueves 1 de junio, mientras que las de 3º se desarrollarán durante los días 10 y 11 de junio y, finalmente, el 19 de mayo serán los alumnos de 4º de ESO los que se enfrenten a las llamadas «reválidas».

Para realizar las pruebas, el gobierno regional pagará hasta 645.955 euros a una empresa privada que se encargará del apoyo didáctico y técnico para la realización, tabulación, documentación y análisis de los resultados, una cifra que supone un incremento en torno a los 316.000 euros en comparación con el curso pasado, algo que ha empujado al profesorado de la Marea Verde a pensar en volver a movilizarse después del «éxito» que, a su juicio, tuvo la huelga general del pasado 9 de marzo.

«Nos parece fatal que se desvíen fondos públicos a una empresa privada para realizar unas pruebas externas que no evalúan de una forma global todo el proceso de enseñanza aprendizaje, cuando además nos tememos que se terminarán usando para hacer ránkings sobre los centros, ahondando en las desigualdades», denuncia Sandra Villa, profesora de tecnología y miembro de la Marea Verde en defensa de la educación pública en España.

2.400 centros madrileños

Por ello, la organización propondrá a los sindicatos del país en los próximos días ejecutar un boicot a estas evaluaciones a través de campañas en Twitter, paros parciales e, incluso, salidas a la calle con el fin de que se dé cobertura a los profesores que no quieran realizar las reválidas de la Lomce, a las que comparan con la Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI). «La filosofía es la misma. Las antiguas CDI y las pruebas externas de la Lomce no han sido consultadas ni consensuadas con la comunidad educativa; no cumplen los principios de ser una verdadera evaluación, ya que no se parte de los conocimientos iniciales; no son formativas y no evalúan el proceso de enseñanza aprendizaje, además de que no conllevan una evaluación final», añade Villa.

Según la representante de Marea Verde, las pruebas CDI «tampoco iban a publicarse ni iban a servir para hacer ránkings, pero terminaron sirviendo para eso», un fin que tuvo como consecuencias que «aquellos centros que tenían peores resultados empezaron a ser rechazados por las familias, así que cada vez había menos alumnado y la Comunidad de Madrid dejó de invertir en ellos». Para la organización, estas clasificaciones no tenían en cuenta las condiciones socio-económicas de cada centro, una realidad que hubiese servido para ofrecer un diagnóstico de éstos y determinar si necesitaban más «atención o apoyo económico»: «El resultado fue el contrario, al final se convirtieron en centros sin recursos, a los que cada año les iban cerrando un aula, llegando al extremo de ser fusionados con otros centros».

Especialización técnica

Desde la Consejería de Educación de la comunidad gobernada por Cristina Cifuentes explican que las pruebas de 3º y 6º de Primaria y 4º de la ESO son muy complejas a nivel logístico e intervienen multitud de agentes como la administración educativa, los centros, los directores de los centros, los profesores aplicadores y los correctores. «Se van a realizar a unos 60.000 alumnos por curso, lo que supone un total de 180.000 alumnos», señalan. El total de evaluaciones, añaden, se desarrollará en una suma de 2.400 centros madrileños.

«La realización de las pruebas exige numerosas actuaciones que deben ser coordinadas debido al gran número de centros y alumnos implicados como la clasificación de todos los materiales didácticos, la distribución a todos los centros educativos, la recogida de los materiales una vez terminadas las pruebas, la corrección de las pruebas, la recogida de los cuestionarios de contexto a través de una plataforma informática, el tratamiento y análisis estadístico de los datos, el envío de los resultados de las pruebas a los alumnos, la elaboración de un informe individualizado para cada uno de los centros o la puesta en marcha de una plataforma informática que permita el desarrollo de las anteriores actividades», enumeran desde la Consejería.

Otros países de la OCDE

La «externalización» de estos servicios para el desarrollo de las evaluaciones externas, continúan, se hace debido «a la especialización técnica y logística que requiere». «Está extendida en la administración educativa en España y en la mayoría de los países de nuestro entorno. Es el mismo sistema que se utiliza para desarrollar PISA en todos los países de la OCDE y resto de comunidades autónomas, así como en otras evaluaciones internacionales como TIMSS o PIRLS«, defienden.

«También estamos en contra de las pruebas PISA porque para participar en ellas, España tiene que pagar y éstas tienen un sesgo en el tipo de conocimiento. Estamos de acuerdo con que todo se debe evaluar, pero no con el modo de hacerlo ni con sus fines. Además, dicen que no hay dinero para cubrir las bajas de los profesores con sustituciones, cuando hay alumnos que han llegado a estar 15 días sin un docente, pero luego sí pagan 645.955 euros a una empresa privada para realizar esas pruebas externas. No hay dinero para lo que no les interesa», opina Villa.

Fuente: http://www.vozpopuli.com/educacion/Marea-Verde-boicotear-revalidas-Wert_0_1012399829.html