Cerca de dos millones de niños y jóvenes están fuera de las aulas en Honduras, donde la pobreza y los problemas de acceso a la tecnología han causado un atraso en su aprendizaje y una exclusión escolar, dijo este lunes a Efe el experto en Educación Mario Alas.
«Antes de la pandemia ya había más de 900.000 menores fuera del sistema educativo y, si consideramos que 500.000 se retiraron por completo (de las aulas) y otros 500.000 se conectaban de vez en cuando, tenemos casi dos millones de desconectados», señaló Alas.
Sin embargo, el experto señaló que las cifras reales se conocerán hasta que la Secretaría de Educación comience el proceso de matrícula para estudiantes del sistema público para el año escolar 2022.
EXCLUSIÓN ESCOLAR
La falta de internet y el poco acceso a la tecnología han generado exclusión escolar en miles de niños en Honduras desde marzo de 2020, cuando comenzó a expandirse la pandemia en el país.
Solo el 16,5 % de los hogares hondureños tiene una computadora y el 39,4 % posee acceso a internet en su casa, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), citadas en una «Propuesta de fortalecimiento educativo por Honduras» elaborada por universidades del país y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El 37,8 % de los estudiantes ha estado en comunicación con sus profesores a través de la tecnología, por lo que el 62,8 % ha estado excluido, añade el documento.
Estas cifras se han visto «agravadas» por la pandemia en el país centroamericano, de 9,5 millones de habitantes, donde la alta tasa de pobreza, que al cierre de 2021 podría superar el 70 %, es la principal causa de la exclusión escolar, señala la propuesta presentada recientemente a las autoridades educativas del país.
En medio de la emergencia sanitaria por la covid-19, las autoridades hondureñas han intentado superar la brecha tecnológica con medios como WhatsApp, radio y televisión, pero los resultados no han sido los esperados debido a que los niños más vulnerables no tienen señal de cable o no disponen de un televisor o un radio en casa.
LLAMADO DE ATENCIÓN
Alas indicó que esta situación debe llamar la atención de todos los sectores del país para «priorizar» el sector educativo y establecer las condiciones que permitan el regreso gradual a clases presenciales, la incorporación de los niños y jóvenes excluidos y la transformación del sistema.
En su opinión, las autoridades educativas deben trabajar en un «proceso de nivelación» para tratar de recuperar el nivel educativo perdido.
«Los niños van a necesitar un proceso de readaptación social, nivelación académica y atención emocional. Es importante que el reinicio (de clases) no sea solo abrir las aulas», subrayó Alas.
El también coordinador del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán afirmó que «de nada sirve» abrir las aulas para retomar las clases de forma semipresencial, si los niños no cuentan con cuadernos de trabajo.
«Si lo único que van hacer es abrir las aulas para que los niños vayan a copiar lo que el maestro escriba en el pizarrón, no vamos avanzar mucho, será un proceso de reactivar el sistema, pero con aprendizaje mínimo», enfatizó.
ATRASO EDUCATIVO
La exclusión del sistema educativo y las limitaciones en la enseñanza suponen «circunstancias difíciles para recuperar los aprendizajes y mejorar los rendimientos», lo que representa «décadas de atraso escolar si no se realizan los correctivos que amerita el sistema para remediar, nivelar y avanzar de mejor manera en los procesos educativos», señala la propuesta de las universidades.
«En todo el mundo ha habido retrocesos en indicadores claves: matricula y aprendizaje, pero en el caso de Honduras es grave, porque nos autoengañamos con una educación virtual dos años cuando sabemos que menos del 40 % de las familias tiene acceso a internet», destacó Alas.
Garantizar el retorno de los niños y jóvenes a las aulas es el principal desafío en materia educativa que tendrá el nuevo Gobierno, que encabezará Xiomara Castro, y para ello tendrá que invertir en cuadernos de trabajo y merienda, acotó Alas.
Pep Ruf es probablemente la persona que más conocimiento tiene sobre lo que hay que hacer para promover los proyectos de vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. Y, por tanto, para respetar aquello que les reconoce el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas: el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Ruf es pedagogo y profesor de educación social en la UB y la UOC, y desde hace veinte años coordina el área de apoyo a la persona (que incluye vida independiente, inclusión laboral y ocio) de la Fundación Catalana Síndrome de Down, que ha acompañado a unos 250 proyectos de vida independiente y que en estos momentos presta servicio a 90 personas, la mayor parte con síndrome de Down.
Anteriormente, Ruf había trabajado en servicios residenciales y antes en el ámbito de los CRAE. Coincidimos con él en Sevilla, en el encuentro de familias con hijos con síndrome de Down que organiza cada año Down España, donde Pep Ruf ha impartido dos charlas, una para padres y madres, y otra para los propios jóvenes, sobre el reto de la emancipación de las personas con discapacidad intelectual.
¿Qué condiciones deben darse para poder realizar un proyecto de vida independiente?
La respuesta está muy condicionada por los recursos que destina la administración. En Cataluña hay unas 1.600 personas con discapacidad intelectual que están disfrutando de una vida independiente porque cuentan con un programa de apoyo. Respecto a España no tenemos datos fiables, se habla de 8.600 personas con discapacidad beneficiarias de asistencia personal, pero no sabemos cuántas de ellas tienen discapacidad intelectual, y además este dato no incluye otros servicios como pisos compartidos.
En Cataluña, este servicio fue regulado por la Generalitat con una prestación que se traducía en 10 horas semanales de media de apoyo a la persona, que comienza con todos los preparativos a realizar hasta que la persona puede trasladarse a su casa. Claro, diez horas por semana están dando respuesta a perfiles de autonomía medio-altos, es decir, a personas mayores de 18 y menores de 68 que pueden realizar una vida autónoma con apoyos intermitentes, y que tienen unos mínimos recursos (o bien por salario o bien por prestaciones sociales) que les permiten asumir el coste de una vida independiente, como la propia tenencia del hogar, los suministros, los gastos, etc. Y, además de autonomía, también es necesario que estas personas no tengan problemas de salud física y mental muy relevantes o que pongan en riesgo su seguridad. Es decir, lo que queda claro es que, al menos en Cataluña, esta prestación no está dando respuesta a todo el abanico de perfiles de personas con discapacidad.
Pero esto supongo que no será sólo por las prestaciones, imagino que la voluntad de la persona también va a influir.
Primero, en ningún sitio está escrito que el derecho a la vida independiente sea exclusivo de unos perfiles o de unas circunstancias concretas; por tanto, debe ser para todas las personas con discapacidad. Aquí ya tenemos una primera vulneración del derecho hasta que esto no se haga realidad, en Cataluña y en toda España. Segundo, estamos hablando de perfiles de personas que necesitan mayores intensidades de apoyo, y estas 1.600 personas que hay en Cataluña con un proyecto de vida independiente tienen una media de edad de unos treinta y bastantes años, lo que significa que hay una franja de personas que pronto empezará a envejecer, lo que forzosamente irá acompañado de la necesidad de ir aumentando progresivamente los apoyos que reciben si quieren seguir haciendo la vida que han tenido hasta ahora. Por tanto, sí o sí deben desplegar servicios que puedan dar respuesta a todos los perfiles, independientemente del tipo de discapacidad y de la cantidad de apoyo que necesite la persona.
En ningún sitio está escrito que el derecho a la vida independiente sea exclusivo de unos perfiles o de unas circunstancias concretas
¿Qué beneficio ha visto que tiene el optar por el modelo de vida independiente en relación con la opción de quedarse en casa con los padres?
Durante los 18 años que trabajé en servicios residenciales no conocí a nadie que hubiera decidido esa opción. O sea que la primera diferencia tiene que ver con la dignidad y la libertad, el poder decidir cómo, dónde y con quién quieres vivir. Segundo, ante los grandes temores y dudas que se planteaban, hemos confirmado que una persona con discapacidad es capaz de hacer vida independiente con apoyos, esto ya no es ninguna fantasía ni ninguna utopía, y por tanto aquí ocurre como con la educación inclusiva: ya no hay debate técnico sobre si es posible, en todo caso hay un debate político, sobre qué oportunidades queremos para estas personas, sobre si se deben crear opciones de vida alternativas a las que hemos conocido hasta ahora. Se habla de la institucionalización cuando estas personas pierden a su familia y deben ingresar forzosamente en servicios residenciales; pero también hay quien va a vivir con parientes, que no deja de ser otra forma de institucionalización porque muy a menudo no lo han elegido. Nadie forzosamente prolonga la convivencia con la familia de origen como única opción de vida conocida.
Yo le preguntaba por los beneficios…
Lo más claro es que el bienestar de la persona con discapacidad aumenta porque toma el control de su vida. Ver que es capaz, con los apoyos y acompañamientos necesarios, tiene un gran impacto en la persona y en su entorno. Pero también aporta tranquilidad. En estos veinte años hemos conocido a muchas familias que se han alegrado de haber tomado esa decisión, porque ven que cuando ellos falten su hijo o hija tiene un plan de vida. Nos falta resolver el tema del envejecimiento, que es la realidad con la que ahora nos estamos encontrando, pero al menos a las familias les da mucha tranquilidad ver que su hijo tiene un proyecto y un sistema de soportes montado, controlado y acorde con sus expectativas.
¿Cómo detecta un padre que su hijo le está pidiendo un proyecto de vida independiente?
Es que la respuesta está en la misma pregunta. Yo siempre digo que la vida autónoma la aprendí con el día a día y que me la permitieron en mi casa. Quisiera creer que una persona con discapacidad debe seguir el mismo itinerario. Porque las entidades ya van llenas de cursos y actividades e itinerarios formativos, y estas personas acumulan muchos créditos –por decirlo de algún modo– en sus currículos de autonomía personal. Por tanto, esta autonomía se empieza a ejercer y se empieza a fomentar en el ámbito familiar, desde pequeños, pero cuando se llega a cierta edad esta preocupación familiar por el día de mañana debería estar sincronizada con el interés personal de lo que quiero ser y lo que quiero vivir de mayor, por qué puedo y por qué no puedo, qué impedimentos tengo o no, qué soluciones hay o no, y esto hay que poderlo hablar. Hay hijos o hijas con los que este diálogo es muy fácil, y algunos con los que no, porque tienen dificultades comunicativas o porque no están interesados en el tema. Hay familias que te explican que ellos tienen la preocupación y que su hijo no quiere ni oír hablar de alternativa alguna que no sea vivir con la familia. Y esto debe respetarse también. Lo que ocurre es que, a determinadas edades, esto implica una angustia para la familia muy importante. En estos casos lo que seguramente debe hacerse es dejar el día de mañana lo más planificado posible con el hijo o hija. Explicarle que nadie te obligará a cambiar tu situación, pero debemos hablar de qué futuro podemos prever, y que tú seas conocedor y valides que éste es el plan de vida que quieres.
A las familias les da mucha tranquilidad ver que su hijo tiene un proyecto y un sistema de soportes montado, controlado y acorde con sus expectativas
¿En la Fundación dan servicio a personas solas o siempre viven en grupo?
De estas 1.600 personas hay quienes viven solas o con aquellos que han escogido, y algunos viven en pisos compartidos promovidos por entidades. La Fundación siempre ha sido contraria a este modelo, porque partimos de la idea de que en el momento en que una entidad ostenta la tenencia de un piso y administra plazas o habitaciones, quién entra y quién no entra, y con qué requisitos, la entidad comienza a establecer normas de convivencia, criterios de funcionamiento… y aquí termina la vida independiente. Pero esto es un posicionamiento de la Fundación y hay otras entidades que, también muy legítimamente, han apostado por promover pisos compartidos porque hay gente que no puede permitirse comprar un piso o que no tiene los ingresos para alquilar. Nosotros también tenemos gente que comparte piso, por razones económicas, pero se han puesto de acuerdo ellos, yo nunca he decidido que tú vives con éste porque como no te puedes pagar un piso, y por eso yo os junto y os pasáis la vida juntos.
¿El apoyo de las 10 horas en que consiste?
Yo siempre explico que el apoyo a una persona con discapacidad física pasa mucho por la ayuda física, es decir, por hacer cosas por aquella persona, mientras que en el caso de la persona con discapacidad intelectual el apoyo pasa mucho por acompañar, intermediar, asesorar, orientar, hacer seguimiento, ayudar a aprender… Pero la función más genérica que veo es la de acompañar. Porque la vida independiente son imprevistos, cambios, y cuando ya tienes unos objetivos alcanzados de autonomía surge un imprevisto, empezando por el momento en que tu supermercado decide cambiar los productos de pasillo. Y este acompañamiento debe ir reduciéndose y debe ser muy intermitente y muy poco invasivo. En la Fundación tratamos de limitar los apoyos no por escatimar recursos sino porque es muy fácil invadir la autonomía y la intimidad, y si caes en esto te acercas mucho al modelo residencial. Siempre he dicho que el mejor apoyo a la autonomía es el más invisible, obviamente atendiendo a las necesidades de la persona.
¿Pero estas 10 horas se traducen en visitar la casa dos mañanas por semana?
Cada persona se las administra como quiere, en función de sus horarios laborales, de las actividades que tenga, y a veces también debemos ajustarnos a la disponibilidad de la persona de apoyo. Cada usuario tiene un educador de referencia que va a su casa, y un educador social, que es el técnico que realiza el seguimiento y la valoración desde el primer día. Por tanto, tienes dos referentes del servicio, y estas 10 horas se pueden distribuir como sea necesario, pensando en el día que toca hacer la compra, o la limpieza, o la planificación de la agenda… Pero hay que tener en cuenta que cuantos más días vamos menos rato podemos estar, y aquí entra también el tiempo de desplazamiento y el hecho de que no se puede entrar dando órdenes, sino que hay que conversar un rato, preguntar cómo va todo, etc. Hay unos rituales cuando entras en un domicilio que deben respetarse.
Ruf, en el taller impartido a jóvenes en el encuentro de Down España | Foto: VS
En su charla ha dicho que también ha visto muchas experiencias que no han tenido éxito; ¿qué factores hacen que una experiencia no acabe de funcionar?
Lo que decía es que hemos conocido casos de personas a las que no hemos podido ayudar, y que esto es la evidencia de que el derecho a la vida independiente no está garantizado a cualquier persona con discapacidad. Básicamente, cuando el proyecto no sigue adelante es porque no se da alguno de los factores de viabilidad: problemas de capacidad económica (por eso hablamos de garantizar unos ingresos mínimos para estas personas, que alteren salario y prestaciones sociales); acceso a la vivienda (las personas con discapacidad forman parte de los colectivos de exclusión residencial porque no se pueden comprar una vivienda y en muchos casos ni alquilarla, y esto debe verse como tal y se tienen que tomar medidas); la falta de apoyo de los referentes naturales (cuando digo que el derecho a la vida independiente no está reconocido por todos hablo también de familiares y gente del entorno de la persona); y por último, y muy especialmente, personas con nivel de autonomía más bajos que necesitan más apoyos de los que habitualmente están regulados en las prestaciones que existen en los distintos territorios. Estas personas por ahora no acceden a opciones de vida independiente: o se quedan con sus familias o acuden a servicios residenciales. No olvidemos que en Cataluña una plaza residencial cuesta, de media, unos 3.000 euros al mes. Ese mismo dinero convertido en asistencia personal daría salida a otras opciones. Esto implica reconvertir la cartera de servicios y trasladar recursos de un tipo de servicio a otro.
¿Y esto no se está haciendo?
Actualmente no vemos señales de una apuesta clara por parte de ninguna administración. En el caso de Cataluña, no olvidemos que el programa de apoyo al propio hogar, que nace en el año 2002, es la primera prestación antes de la Convención que se crea en toda España. Es la primera administración que regula en su cartera de servicios una prestación, que no da respuesta a todos, pero que ya abre esta vía, y lo hace dos años después de que la Fundación comenzara esta experiencia pionera. Pero veinte años más tarde todavía no se ha desplegado para todas las discapacidades ni para todas las personas con discapacidad intelectual, y por tanto aquí tenemos una asignatura pendiente importante.
Actualmente no vemos señales de una apuesta clara de promover la asistencia personal por parte de ninguna administración
Pensaba que antes me diría que hay casos que fracasan por la inmadurez de la persona, es decir, que ellas mismas o sus familiares les empujan a intentarlo cuando todavía no están preparadas.
Ha habido algún caso en el que quizás por parte de la persona no existía la demanda, o que la familia tenía la preocupación y la persona no lo ha aceptado. Pero algunos de estos casos son los de personas que necesitan más apoyos de los que ahora podemos proveerles. Cuando la asistencia personal esté desplegada por cualquier tipo de discapacidad y tengamos modelos más amplios de los que tenemos hoy teóricamente, no podremos decir que no a nadie. Otra cosa es que cada entidad gestione un tipo de servicio u otro, o trabaje con unos perfiles u otros, pero teóricamente por ahora una persona con discapacidad intelectual con un grado de dependencia 2 o 3 o vive en familia o va a un establecimiento residencial… perdón, va a una lista de espera de no sé cuántas miles de personas que están pendientes de tener una plaza residencial porque es lo único que hay, porque la asistencia personal todavía no se ha desarrollado por personas con discapacidad en Cataluña ni España.
¿Qué países deberíamos tomar como modelo?
La respuesta fácil es mirar al norte. Los países nórdicos –que tienen el nivel de bienestar social que tienen– son los que han desplegado más recursos de asistencia personal, y allí puedes encontrar a personas con pluridiscapacidades severas con servicios de asistencia personal. Pero no sólo podemos reflejarnos con el norte, también en el mundo anglosajón existen diferentes experiencias muy interesantes y, de hecho, el modelo de aquí fue importado de EE.UU, y era un modelo para cualquier tipo de discapacidad con cualquier intensidad de soporte. Lo que ocurre es que en nuestro país, por falta de recursos y por exceso de tecnocracia, tendemos a constreñir demasiado las prestaciones sociales con unos sistemas muy poco flexibles. Y las entidades que dependemos de fondos públicos acabamos, queriendo o sin querer, encorsetando los programas porque tienes una administración, que es quien te regula y te financia, que te dice hasta aquí y de este modo y de ningún otro. Y esto es un problema. La reconversión de esos 3.000 euros de los que te hablaba es una cuestión de voluntad política de reconvertir la cartera de servicios sociales, y hace falta un empujón para hacerlo.
Una de cada cuatro niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe contrajo matrimonio o formalizó una unión antes de cumplir los 18 años, según un informe que advierte de que, si no se toman medidas, la región será la segunda con peores datos de todo el mundo en el año 2030, sólo por detrás del África subsahariana.
La prevalencia del matrimonio infantil en América Latina apenas ha variado en el último cuarto de siglo, si bien la ausencia de datos completos hace temer que la realidad pueda ser peor, según un grupo conformado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres.
La información básica sobre matrimonios y uniones tempranas no está disponible en varios países, especialmente en el Caribe, y la que se conoce refleja una disparidad estadística, ya que mientras que la proporción de niñas y adolescentes casadas es inferior al 10 por ciento en Jamaica, en otros lugares como República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Belice el dato supera el 30 por ciento.
El Grupo de trabajo del Programa Conjunto Interinstitucional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe señala en su informe que estas bodas prematuras «son una realidad» en la región, «a pesar de su falta de visibilidad» y recuerda que eliminar esta práctica nociva es clave para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Hay que reeducar ante la infame prioridad del dinero, las artimañas del poder y ante la destrucción degradante a causa del cambio climático. Desde Centroamérica, este país con renta baja y pocos recursos sigue impartiendo enseñanzas de vida, humana y natural.
El 1 de diciembre de 1948, poco antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Costa Rica sorprendió al mundo al abolir su ejército y extirpar de un solo tajo cualquier tendencia militarista en la política. Así, sin movilizar ni un tanque de guerra, a lo largo de siete décadas ha sido protagonista de una reafirmación democrática peculiar, a la vez que revolucionaria, en el desarrollo progresivo de sus conquistas sociales y ahora ambientales.
Este acto, genuinamente disruptivo, abrió la senda para reconstruir la ética social y refundar los principios identitarios del pensamiento, la convicción de libertad y la actuación democrática del ser costarricense. Sin duda, esta ha sido la médula que aún sustenta las decisiones transformadoras en paz con la naturaleza, madre y maestra de la convivencia humana.
Al observar lo que sucede en el mundo en términos medioambientales (la insólita devastación de los bosques y las selvas, la contaminación de los océanos, la polución que envenena las sociedades, el deshielo de los glaciares y su influencia en la ralentización de las corrientes oceánicas, la escasez del agua y el riesgo de la reducción en la producción de alimentos, entre otras manifestaciones de terror), se logra inferir que otra guerra no armamentista, aunque igual de devastadora, amenaza a la humanidad.
Desde 1990, el país logró pasar del 47% al 60% de la cobertura boscosa por medio del pago por servicios ambientales. Y es ahora, efectivamente, un territorio más verde con la mayor guarda forestal en Centroamérica. Lo ha hecho sin ejército y con más educación entre el campesinado, a través de excepcionales modificaciones curriculares en el sistema educativo para asegurar una sólida conciencia ambiental entre las actuales y futuras generaciones. Así como a partir de 1950 se canjearon las armas por violines y cuarteles por escuelas, Costa Rica transformó el espacio verde al otorgarle progresión social e imponer gravámenes a los combustibles fósiles en la debida preservación de la masa forestal.
La educación en el país promueve hábitos de consumo diferenciados, fomenta la sensibilidad ecológica y lo hace por medio de prácticas inscritas en los currículos, con adecuada información científica desde la primera edad escolar
En esta obligación erga omnes (contra todos), Costa Rica vuelve a sorprender, porque en medio de la demoledora pandemia no ha dejado atrás los derechos emergentes ambientales, como lo es principalmente el del agua para la vida digna. Hasta 1990 algunos de los países vecinos les calificaron de comunistas por sus avances sociales, y ahora, con severos ajustes fiscales y en medio de la enorme crisis de salud, se empeña progresivamente en proteger más del 25% del territorio en parques nacionales y forestales, meta revolucionaria que emprendió en 1975. Tanto es así que China recién ha puesto atención a la construcción de sistemas de áreas protegidas en referencia a la experiencia costarricense.
En ese sentido, la cultura por la biodiversidad llena de vigor a la escuela. Y aquí cabe destacar el derecho a la educación como eje de sostenibilidad en la preservación de los bienes naturales, antes, durante y después de la pandemia.
Para afrontar esta crisis, Costa Rica una vez más ha puesto en perspectiva su principal bastión revolucionario: la educación como eje democrático, participativo, social, productivo y sostenible. Se han impuesto cambios en la formación integral ambientalista con equidad y en derechos, acciones que acompañamos decididamente la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Una muestra es el proyecto de cambio curricular y participativo orientado a la educación rural y ambiental que se realiza en la periferia del emblemático Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco —15 mil hectáreas bautizadas como la “montaña sagrada del agua”, única en Centroamérica—, justo cuando en este 2022 conmemoraremos el Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas. El proyecto contribuye efectivamente al empoderamiento del aprendizaje sobre derechos humanos y el entorno sostenible de la mano de los gobiernos locales y supervisiones educativas de 45 centros escolares aledaños.
Así, cabe destacar que la educación en el país promueve hábitos de consumo diferenciados, fomenta la sensibilidad ecológica y lo hace por medio de prácticas inscritas en los currículos, con adecuada información científica desde la primera edad escolar. Y es que la misma Constitución Política señala el derrotero social, político y económico de una “Costa Rica natural”, al definir con precisión que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Esta meta humanista muy apremiante y tan propia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (en especial de los Objetivos 4º y 13º), y de la transformación educativa que proponemos, solo se logrará incluyendo en el centro del currículo una crítica a los mitos de la modernidad: el consumismo y el dinero. Asimismo, replanteando los esquemas pedagógicos sobre la base de una ética ecológica, de manera que la infancia y juventud escolar crezcan en la solidaridad, la responsabilidad y en la necesaria preservación del planeta Tierra. Hay que reeducar ante la infame prioridad del dinero, las artimañas del poder y ante la destrucción degradante a causa del cambio climático. Desde Centroamérica, la pequeña Costa Rica, con renta baja y pocos recursos, sigue impartiendo enseñanzas de vida —humana y natural— que recordaremos siempre, porque cada lección es liberadora, como aquella magistral que dictó la caducidad del ejército en diciembre de 1948.
El jefe de Estado peruano, Pedro Castillo, nombró el 28 de diciembre a Rosendo Serna Román como ministro de Educación. Luego de que Carlos Gallardo, exministro, fuera censurado hace 8 días por el Pleno de la República.
El presidente se reunió hoy, además, con Guido Bellido, de Perú Libre, Verónika Mendoza, de Nuevo Perú y Mery Infantes, de Fuerza Popular en Palacio de Gobierno. Esta información proviene de la agenda del presidente de la República.
En cuanto al contexto histórico, Castillo Terrones asumió su cargo el pasado 28 de julio de 2021. El pasado 8 de diciembre con 76 votos en contra, el Congreso rechazó el pedido que buscaba declarar “permanente incapacidad moral” al mandatario, la iniciativa fue promovida por la congresista Patricia Chirinos. No obstante, se reveló que el presidente mantuvo reuniones con la empresaria Karelim López, a quien se le acusa por el presunto delito de tráfico de influencias, en una vivienda de Breña.
Trayectoria profesional de Rosendo Serna Román
Serna trabajó como docente en la Dirección Regional de Educación y Cultura de Huánuco cinco años, entre 1986 a 1991. Tomó el cargo de Especialista en Educación en el mismo sector de 1994 a 2001, otros siete años más. Luego, volvió a ser docente hasta 2003.
Asumió la dirección regional del sector huanuqueño cuatro años, de 2003 a 2007. Pasó a la dirección entre 2008 y 2014. Cambió de institución como Especialista de Educación, cargo que tuvo en el Ministerio de Educación cinco años, hasta 2019. Hasta antes del nombramiento como integrante del Consejo de Ministros, volvió a la Dirección Regional de Educación y Cultura, en donde había estado a inicios de los 2000.
Serna Román renunciará a Juntos por el Perú
A pesar de precisar en la declaración jurada de intereses que el nuevo ministro de Educación no ha participado en organizaciones políticas, Serna Román está afiliado a la organización política Juntos por el Perú desde el 2020. Tras haber jurado en el cargo, el nuevo titular del Minedu precisó para la prensa que el próximo miércoles 29 de diciembre presentará su renuncia al partido político.
Declaración jurada del nuevo ministro de Educación
Serna Román es docente como Pedro Castillo. Declara no ser partícipe de ninguna empresa, sociedad u entidad ni administrar consejos directivos o cualquier cuerpo colegiado afín. Asimismo, ha servido a empleos, asesorías y consultorías del sector público y privado, aunque su trayectoria, es cierto, está próxima al sector estatal.
Foto: Presidencia.
Pedro Castillo expresa su apoyo al ministro Rosendo Serna Román
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Pedro Castillo mostró su respaldo al nuevo ministro de Educación Rosendo Serna Román.
«Reitero mi saludo a la actual designación de Rosendo Serna Román como nuevo titular del Minedu. Desde el Gobierno del pueblo renovamos nuestro compromiso con el desarrollo del sector educativo del Perú en beneficio de nuestros niños, niñas, adolescentes y maestros», escribió el mandatario.
‘Mujer y liderazgo en ámbitos STEM’ fue la segunda mesa redonda de la programación
Pilar Mateo y Ana Lluch fueron las protagonistas indiscutibles de la segunda mesa redonda del encuentro, «Mujer y liderazgo en ámbitos STEM», moderada por Elena Pinilla, investigadora distinguida en el Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV y vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física.
Sus perfiles profesionales —científica y presidenta de Inesfly Corp y catedrática emérita de la Universitat de València, así como coordinadora del Grupo de Investigación de Biología en Cáncer de Mama Incliva, respectivamente— las convierte no solo en referentes, sino en eminencias.
Ana Lluch, coordinadora del Grupo de Investigación Incliva. ED
«Ser mujer nos hace tener una sensibilidad especial para entender problemas pero, por ser mujer, nos ha hecho falta mucha ilusión, tesón y trabajo, pues nos hemos enfrentado a muchas trabas», admitió Ana Lluch al ser preguntada por su profesión, autodefinida como «medicina humanizada».
«La mirada holística de las mujeres debe servir para reivindicar el valor social de la ciencia», destacó Pilar Mateo, presidenta de Inesfly Corp
En esta línea, Pilar Mateo quiso puntualizar que la «mirada holística» de las mujeres mencionada por su compañera de debate debe servir para reivindicar el valor social de la ciencia. «Asumir el riesgo es algo que en el mundo del género femenino cuesta», admitió en relación a su propia experiencia personal.
Pilar Mateo, presidenta de Inesfly Corp. ED
Emprender en su carrera no solo la condujo a Bolivia, sino que la acercó a una realidad marcada por la soledad y el silencio. «Las mujeres nos enfrentamos al mito de Sísifo —metáfora de un esfuerzo incesante y, con frecuencia, inútil—».
«Cuesta mucho, pero las mujeres estamos capacitadas para hacer mucho más de lo que hacemos».
El equipo será montado en la base Belgrano II, la más austral de los emplazamientos argentinos en el continente, para detectar exoplanetas y otros cuerpos menos accesibles desde otras latitudes.
Un telescopio automatizado, que podrá operar remotamente desde Buenos Aires, será montado en la base antártica Belgrano II, la más austral de los emplazamientos argentinos en el continente, desde donde tendrá la posibilidad de detectar exoplanetas y otros cuerpos celestes que son de difícil acceso desde otras latitudes.
El montaje del «Observatorio Robótico Antártico Argentino» -tal su nombre- es parte de una cooperación entre el Instituto Antártico Argentino (IAA), el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) y la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur). Estará orientado a realizar observaciones científicas de tipo fotométrico sobre diversos objetos del cielo nocturno.
El observatorio tendrá un telescopio con instrumentos necesarios para producir imágenes astronómicas de alta calidad y una infraestructura adecuada para albergarlos frente a las condiciones climáticas extremas.
Para albergarlo se construyó una cúpula que contará con sistema de motorización y automatización realizado en la Unahur; el observatorio estará apoyado sobre una base de hierro galvanizado, que ya está instalada en el suelo antártico.
El doctor en física e investigador del IAFE, Mario Melita, afirmó en diálogo con Télam que «las ubicaciones polares tienen ventajas importantes para la astronomía. En la Antártida hay regiones donde el régimen climático es de los más estables en el planeta, con muy poco viento, las bajas temperaturas disminuyen el ‘ruido’ en los detectores y de acuerdo a la latitud en la que nos paremos podemos disponer de seis meses de día y seis meses de noche».
Melita consideró «muy valiosas» todas esas condiciones para «estudiar un fenómeno astronómico como estrellas binarias o exoplanetas porque se pueden conseguir datos constantes durante un largo período de tiempo y no observaciones de ocho horas al día como se puede hacer desde posiciones más al norte».
Y sostuvo: «Este proyecto aprovecha la disponibilidad logística de Argentina para operar desde la base antártica Belgrano II que está ubicada a apenas 17 grados del Polo Sur, desde donde se puede monitorear la región del espacio visible desde allí con mucha regularidad, algo que para los observatorios ubicados más al norte es más complejo porque sus latitudes le dan menos tiempo de acceso».
El físico señaló que «esta iniciativa no busca solo avanzar en la observación astronómica, sino que también busca desarrollar la ingeniería necesaria para poder montar un observatorio que pueda operar en regiones más aisladas de la Antártida en las que no tenga personal para darle soporte técnico como sucede en Belgrano II».
«El observatorio que se va a montar en Belgrano II también es un modelo de pruebas para ver cómo tolera esta tecnología las condiciones climáticas de ese ambiente hostil, y en esta ubicación en particular su cercanía con la costa», resaltó.
En ese sentido, indicó que «en la campaña de verano de 2019-2020 fue montada allí la estructura metálica que servirá de base, este verano se va a trasladar a Belgrano II el edificio en forma de cúpula que protegerá al telescopio y el próximo verano llevaremos el telescopio y el resto de los sensores».
Las instalaciones estarán orientadas a realizar observaciones científicas de tipo fotométrico en el cielo nocturno.
«La dotación de Belgrano II va a ser la responsable del mantenimiento del edificio y revisar si efectivamente es lo suficientemente estanco y robusto, si los motores que deben mover la cúpula funcionan y si los burletes mantienen su estanqueidad bajo esas condiciones climáticas», detalló.
Melita contó que «el telescopio en sí es un equipo que nos lo dona el Instituto de Ciencias Astronómicas, de la Tierra y del Espacio (ICATE), un instituto del Conicet que hace astronomía en San Juan, y durante este año vamos a trabajar para adecuar los componentes electrónicos al frío antártico y en los sistemas necesarios para que en principio el observatorio pueda ser operado de manera remota desde Buenos Aires, pero con el objetivo de que en el mediano plazo pueda funcionar de manera robótica, eligiendo qué sectores observar o cuándo hacerlo en base a los parámetros que se le programen para cada investigación».
«Con la experiencia que nos de la operación de este observatorio en las condiciones climáticas de Belgrano II también esperamos sumar los conocimientos necesarios para un futuro observatorio que planeamos totalmente autónomo, para el cual todavía el principal desafío sigue siendo la provisión de energía; en un continente donde la gran mayoría de la energía se genera con combustibles fósiles entendemos para operar en un lugar remoto o aislado en el que además puede haber varios meses de noche, tenemos que pensar en desarrollos vinculados a la energía eólica», estimó
El investigador subrayó que «hasta donde tenemos conocimiento esta sería la tercera experiencia a nivel mundial de estas características, China ya tiene un observatorio que les permitió avanzar en varias investigaciones y ahora planea instalar en el corto plazo otros tres o cuatro similares, mientras que también hay un telescopio en la base Concordia que operan de manera conjunta Francia e Italia y también ha demostrado ser muy útil».
«Este observatorio nos va a dar más oportunidades de observar estrellas peculiares y sistemas exoplanetarios tomando como referencia lo que ya conocemos y los datos que aportan las misiones satelitales, por ejemplo la misión TESS. Esta ubicación nos permitirá producir datos con una base de tiempo similar a la que producen los satélites pero con un costo comparativo muchísimo menor», completó Melita.
La Base Belgrano II está ubicada en el Nunatak Bertrab, en bahía de Vahsel sobre la costa Confín en la Tierra de Cotas a unos 1.300 kilómetros del Polo Sur y a cerca de 5.000 de la Ciudad de Buenos Aires y a nivel internacional es la más austral asentada sobre tierra firme.
La región se caracteriza por tener cuatro meses de noche polar y cuatro meses de día, en la que las temperaturas pueden alcanzar decenas de grados bajo cero con vientos de hasta 200 kilómetros por hora.
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