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El juez de la Cámara de Casación Penal Juan Carlos Gemignani recusó a la fiscala Paloma Ochoa por participar en la protesta de #NiUnaMenos en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género el 19 de octubre último. Según el juez es un factor que le resta objetividad en su trabajo. Ochoa es quien pidió su indagatoria por la privación ilegal de la libertad agravada de la prosecretaria de Casación Amelia Expucci, a quien Gemignani tuvo casi dos horas detenida por no cumplir una orden. Para cuestionar a Ochoa, el camarista hizo una interpretación peculiar de la manifestación que hubo en el edificio de Comodoro Py como parte del llamado “miércoles negro” que se extendió por todo el país: para él era un escrache dirigido contra su propia persona. Al responderle, la fiscala recuerda que la movilización tuvo respaldo de la Corte Suprema, del Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa. Muestra que lo que intenta el camarista es dilatar su indagatoria y separarla a ella, única mujer a cargo de una fiscalía federal en el fuero, de la causa en contra. Y deja en evidencia que la teoría del escrache sólo “vuelve más verosímil” la acusación “por la que está siendo investigado”, como producto de un abuso de poder basado en el desequilibro entre varones y mujeres.

El miércoles 19 de octubre buena parte de las mujeres que trabajan en el edificio de los tribunales federales de Retiro fueron vestidas de negro, como forma de participar de la protesta contra la violencia machista y tras el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. “En Argentina, y a raíz de la cantidad de femicidios ocurridos en el mes de octubre de 2016, puede decirse que una mujer muere víctima de violencia de género cada 26 horas y no ya cada 30 horas; de hecho, durante los primeros 19 días de octubre de este año murieron 17 mujeres víctimas de violencia. Estas circunstancias por sí solas nos obligan a movilizarnos no sólo por ser mujeres, sino todavía con mayor énfasis para quienes somos fiscalas o ingresamos en la genérica categoría de funcionarias públicas o agentes del Estado. Si esto no nos da derecho ni siquiera a gritar, tenemos todavía más problemas de lo que pensamos”, dice un tramo del escrito de contestación a la recusación presentado por Ochoa. Ahora tendrá que analizarlo el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien está a cargo de la causa contra Gemignani por privación de la libertad y violencia de género.

La fiscala –la forma en que ella hace referencia a su cargo– relata que “prácticamente no conocía a las mujeres con las que ese día recorrimos el edificio (…) recorrimos una y otra vez todos los pisos de los tribunales de Comodoro Py bajo la consigna ‘NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS’. No comprendo cómo esta consigna salvo para quien pretenda nuestra muerte, o cuanto menos sojuzgarnos, pueda ser considerada un escrache a su persona. Nadie en todo el edificio de tribunales entendió que nuestro recorrido que entre aplausos clamaba por poder vivir, por ser libres e iguales, por tener derecho, fuera ofensivo o violento. Algunas magistradas y magistrados nos aplaudieron con gran emoción al vernos pasar por las puertas de sus despachos, e incluso, algunas magistradas nos acompañaron subiendo y bajando por el edificio”.

Historia de película

Gemignani, radical de origen, fue nombrado como juez de la Cámara Federal de Casación –máxima instancia penal antes de la Corte– en 2011. Suele tener enfrentamientos feroces con algunos de sus colegas y, en particular, con la jueza Ana María Figueroa. Pero lo que sucedió con Expucci fue un hecho sin precedentes. En el último día de la feria judicial, cuando había poco personal, la mandó a hacer un inventario de un material que estaba en una sala de audiencias, que había sido enviado por el Ministerio de Planificación, en un acuerdo previo al cambio de Gobierno. La intención del juez habría sido generar algún escandalete porque quien habría aceptado el equipamiento informático que estaba allí era Figueroa. Expucci le dijo que inventariar el material escapaba a sus funciones durante la feria y que en todo caso le pidiera permiso a su jefe directo. Gemignani montó en cólera y ante la resistencia de la joven la hizo detener por los policías que estaban de custodia allí. Estuvo cerca de dos horas encerrada e incomunicada. El camarista la denunció, pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó liberarla y cerró la causa. Ella también lo denunció a él, y ésta es la investigación que quedó a cargo de Paloma Ochoa, quien le pidió al juez Canicoba Corral que cite al casador a indagatoria. También tiene un pedido de juicio político.

La recusación contra la fiscala pretende, como apuesta de máxima, sacarla del caso. De mínima, dilatar el proceso en su contra. El texto es una increíble revelación, casi una confesión, sobre cómo el camarista configura su razonamiento al decir que se siente escrachado por una manifestación en contra la violencia de género que es de alcance nacional. Dice que le pegaron un panfleto en la puerta de su despacho y que Ochoa lideraba la protesta. Los volantes estaban en todo el lugar, en todos los pisos, en casi todos los despachos y proclamaban la consigna “Ni una menos”, algunos reivindicaban la adhesión de una u otra dependencia al paro de mujeres d ese día, que duró una hora al mediodía. Pero ninguno aludía a él. La fiscala dice que no pegó carteles en el segundo piso, donde está el despacho del camarista: “sí pegué personalmente en el quinto piso del edificio de Comodoro Py donde trabajo cotidianamente, carteles que decían Ni una Menos y ninguno de los fiscales, todos ellos varones, entendió que tener ese cartel pegado en la mesa de entradas (…) podía ser interpretado como un escrache a su titular”.

¿Qué alega Gemignani? Su punto de partida es un recuadrito publicado por el diario Clarín que contaba como había sido la protesta y en una línea decía: “un grupo reducido de manifestantes pegó carteles contra la violencia machista en la puerta del despacho de Gemignani”. Entre las mujeres, mencionaba a Ochoa. Uno de los argumentos centrales del juez es que Ochoa violó “el estándar de imparcialidad y también la objetividad con que debió haber obrado en relación a mi persona cercenando así los derechos de debido proceso y defensa en juicio”; “participó y condujo un escrache por ‘violencia de género’ contra mi persona materializado en la puerta de mi oficina (…) adjudicándome ser un violento de género (…) aniquiló mi inocencia, la dignidad humana y el debido proceso”.

Ochoa le retruca que él no distingue entre la función de jueces/as y fiscales/as. Le recuerda, citando una decena de prestigiosos autores argentinos y extranjeros, desde Julio Maier, Gustavo Bruzzone, Esteban Righi, María Angélica Gelli hasta Claus Roxin, y precedentes de la propia Casación, que el Ministerio Público es autónomo, independiente, que no puede ser equiparado al Poder Judicial y que no tienen deber de imparcialidad sino de objetividad. Es “garante de la legalidad del proceso” y representa “los intereses generales de la sociedad”.

Gemignani la acusa de perder la objetividad porque cada decisión que toma ella como parte del juicio fue difundida en la página institucional fiscales.gob.ar. Ella le dice que está habilitada a difundir lo que quiera, y que siempre lo hizo con posterioridad a sus presentaciones o medidas. Lo toma como un acto para “transparentar su labor”, como lo hacen otros fiscales. También defiende la perspectiva de género que aplica en esta y otras causas: “Mi posicionamiento y, en particular, la mirada sensible al género que observé en este caso, como en todos los que intervengo, es claro que no puede llamarse nunca tendenciosidad, toda vez que la tendenciosidad no podría jamás estar basada en el cumplimiento de obligaciones legales, tanto a nivel nacional como internacional”. En el caso de Expucci analizó que además estaba frente a una situación de abuso de poder producto del desequilibrio de géneros. “Esta fue una de las razones que me llevó a no volver a citar a la denunciante cuando ya había ratificado su denuncia ante el juez, a efectos de evitar toda posible revictimización”, explicó.

Nada nuevo bajo el sol

Otro fundamento de Gemignani es que están cuestionados los concursos para fiscales/as en un amparo del Colegio de abogados de la calle Montevideo (el que avaló los golpes de Estado) por el modo de armar los jurados. Ochoa le dice que ni él ni ella son parte en ese amparo, y que de todos modos ella rindió examen, fue ternada, no tuvo ninguna impugnación y le prestó acuerdo el Senado. Luego insiste el juez que lo hechos de ese amparo “acreditan una clara subordinación de la nombrada Ochoa con la señora Procuradora General de la Nación, conspicua integrante de la agrupación Justicia Legítima, en la que también abreva el doctor Alejandro Slokar (presidente de la Casación), y de pública y notoria militancia kirchnerista” (sic). Ochoa le contesta que la Procuración es un organismo jerárquico, el procurador o la procuradora tienen carácter de jefes/as y dan instrucciones generales.

En ninguno de estos puntos el camarista explica qué relación tiene su planteo con la causa en la que tiene una grave imputación. Ochoa dice que, ya sea que se trate de un artilugio para dilatar la causa en su contra o que realmente responda a las “creencias del imputado” (“que manifestarse por el edificio bajo la consigna NI UNA MENOS, pueda ser entendido como un escrache a su persona”), nada de esto puede ser avalado por el juez Canicoba Corral “sin que ello implique violentar los derechos de las mujeres y, en particular, los derechos y autonomía que como mujer y fiscala, poseo”. “Hacer lugar al planteo de recusación implicaría por un lado enviar como mensaje a la sociedad, que las mujeres no sólo no podemos estar en lugares de decisión como lo es el lugar de fiscala, porque nuestra condición de mujeres altera nuestra objetividad, sino que además no tenemos derecho a movilizarnos en la reivindicación de nuestros derechos. Pero además, este razonamiento habilitaría el absurdo de que los varones recusaran a las fiscalas que tienen a su cargo la investigación de casos de violencia de género por la sola circunstancia de haber participado de movilizaciones en defensa de nuestros derechos”, advierte. A la vez pone en evidencia que en su papel de fiscal en la causa iniciada por Expucci, el planteo de Gemignani refuerza y hace verosímil su acusación: no se trató de un mero abuso de un jefe, sino de un jefe contra una secretaria por su condición de mujer.

Es un escenario, advierte Ochoa, de “una gravedad insospechada” y avalarlo sería admitir “que se ejerza violencia institucional sobre mi persona, en razón de que la recusación tendría por fin desplazar del caso, a la única fiscala en el fuero federal, para esta etapa del proceso, por la sola circunstancia de ser mujer y de movilizarse y trabajar en defensa de los derechos de las mujeres victimizadas por la violencia del patriarcado. Este apartamiento significaría, a su vez, violentar el ordenamiento nacional y los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado argentino, en tanto éste debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, a más de garantizar una vida libre de violencia”.

Foto: Gemignani tiene una causa penal por privación ilegal de la libertad agravada de la prosecretaria Amelia Expucci.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313572-2016-11-06.html