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Times Higher, junio 2025

NOTA DE OVE: Hemos decidido reproducir esta nota de Times Higher Education, una de las organizaciones promotoras de Rankings académicos (THE), cuyo contenido pareciera alinearse con los principios anti woke y neoconservadores que circulan en las universidades bajo el formato de libertad académica. El objetivo de la nueva guía de libertad académica de Inglaterra pareciera impactar avances de justicia social colocado en contra temas como libertad académica.

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Fuente: iStock  Fonte: iStock

Es alentador que, por una vez, un ejercicio de consulta en la educación superior del Reino Unido parezca haber realmente marcado una diferencia tangible en las propuestas en cuestión.

La versión final de la guía de la Oficina de Estudiantes sobre cómo las universidades deben interpretar la Ley de Educación Superior (Libertad de Expresión) de Inglaterra de 2023 es considerablemente más sólida y extensa que la versión preliminar  publicada en marzo de 2024.

La ley se reintrodujo de forma algo atenuada en enero , tras haber sido suspendida por el gobierno laborista entrante en julio pasado, poco antes de su entrada en vigor prevista. Durante este periodo, diversas organizaciones de libertad académica presionaron a favor de la implementación de la ley y participaron ampliamente en la consulta sobre el borrador de las directrices. Entre estas organizaciones se incluyen dos con las que ambos colaboramos activamente: el Consejo de las Universidades de Londres para la Libertad Académica (LUCAF) y Académicos por la Libertad Académica .

El año pasado, en esta revista se debatió un aspecto del borrador de las directrices para 2024 , cuando ambos respondimos a un artículo de la académica Naomi Waltham-Smith y el abogado James Murray . El debate se centró en el artículo 10(2) del Convenio Europeo de Derechos Humanos , que reconoce que el ejercicio de la libertad, «al conllevar deberes y responsabilidades, podrá estar sujeto a las formalidades, condiciones, restricciones o sanciones prescritas por la ley y necesarias en una sociedad democrática» por diversas razones.

Waltham-Smith y Murray argumentaron que esto no se había considerado adecuadamente en el borrador, lo que condujo a una sobreprotección de la libertad de expresión. En nuestra respuesta, argumentamos que el Artículo establece un límite mínimo, y no máximo, para nuestro derecho a la libertad de expresión.

En su respuesta formal a la consulta de la OfS , Waltham-Smith y Murray, junto con Julius Grower, ampliaron su argumento, afirmando que si una institución puede “interferir permisiblemente con la libertad de expresión [en virtud del] Artículo 10(2)”, entonces puede prohibir la libertad de expresión legal sin necesidad de consultar la Ley. La respuesta de LUCAF a la consulta cuestionó directamente esta opinión, argumentando que las universidades pueden prohibir la libertad de expresión legal en virtud del Artículo 10(2) solo cuando no sea razonablemente factible garantizar dicha libertad. De lo contrario, se abriría una “enorme y peligrosa laguna legal” en la legislación, una que las universidades podrían explotar, especialmente en respuesta a la presión de los activistas, para denegar protección precisamente a quienes más necesitan las salvaguardas de la ley.

La OfS se ha alineado firmemente con la interpretación de LUCAF. Afirma que, si la libertad de expresión es legal según la legislación inglesa, las universidades deben tomar todas las medidas razonablemente posibles para garantizarla.

Además de aclarar principios jurídicos clave, la versión final de la guía fortalece y amplía significativamente las protecciones a la libertad de expresión y la libertad académica establecidas en el borrador, dejando muy en claro que el personal y los estudiantes no deben enfrentar medidas disciplinarias por expresar opiniones legales.

Una de las principales causas del malestar actual es el auge de los nombramientos politizados en las universidades, donde las descripciones de puestos, los títulos y los criterios de preselección sirven como filtros ideológicos, a menudo en detrimento del mérito académico. Resulta alentador que la guía afirme que no se debe exigir a ningún solicitante de empleo ni miembro del personal que afirme un punto de vista particular, aunque sí se puede exigir, con razón, la competencia en la materia. También deja claro que las universidades deben eliminar cualquier requisito de demostrar compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión en los procesos de ascenso, y no deben obligar contractualmente al personal a adherirse a los imperativos de la «justicia social».

Se deben mantener registros completos para garantizar que ningún candidato se vea perjudicado debido a su punto de vista, y todos los miembros del panel deben recibir capacitación sobre libertad de expresión y libertad académica.

De hecho, la gama de actividades para las que la guía exige dicha capacitación es extensa e incluirá a la mayoría del personal, tanto profesional como académico. Esto constituirá un auténtico cambio cultural y podría generar cierto resentimiento y resistencia. Además, las instituciones deben crear un código de prácticas sobre libertad de expresión y alertar a los estudiantes al respecto al menos una vez al año.

Los ejemplos que se dan en la guía son pertinentes: un gobierno extranjero que impone pruebas ideológicas; académicos que acusan a Shakespeare de racismo o expresan opiniones provida en un foro externo; o que comparten otras opiniones legítimas en un blog. Igualmente importante es el ejemplo del profesor de matemáticas que descuida el material fundamental y, en cambio, enseña de forma incoherente; esto no está protegido porque, de lo contrario, socavaría la función docente fundamental de una universidad.

La guía también deja inequívocamente claro que la OfS no protegerá la negación del Holocausto, una afirmación frecuente entre los críticos. Además, ha incorporado los puntos planteados en las consultas sobre la importancia de la neutralidad institucional y de evitar presionar al profesorado para que se ajuste a una determinada línea, incluso en el contexto de la acreditación profesional, lo que podría requerir una renegociación de esta última.

Las preocupaciones sobre la reputación de la institución se consideran irrelevantes para determinar si se debe proteger la libertad de expresión, y se dan ejemplos contundentes del derecho del mundo académico a criticar las religiones, independientemente de las quejas de los estudiantes o de las declaraciones de misión institucionales sobre el entendimiento interreligioso; aunque aún está por verse cómo esto podría contrarrestar posibles nuevas iniciativas gubernamentales contra la islamofobia . En términos más generales, el mundo académico debería poder mantener la opinión que desee sobre diversos grupos humanos, siempre que no los discrimine.

Esta guía tiene el potencial de moderar la implementación dogmática del movimiento de «descolonización del currículo» y la creciente influencia de ideologías antirracionales y posverdad, como la Justicia Social Crítica y la Teoría Crítica de la Raza. Podría poner fin a una década de posturas controvertidas en el mundo académico británico sobre temas transgénero, promulgadas por organizaciones como Athena SWAN y Stonewall. De este modo, podría desempeñar un papel crucial en la restauración de la confianza pública en nuestras instituciones académicas.

La seca crítica del Sindicato Nacional de Estudiantes del Reino Unido , de que se trata de “otro disparate que contribuye a las llamadas guerras culturales”, es simplemente una respuesta defensiva a las verdaderas guerras culturales en las que ellos y otros han sido actores principales.

Ian Pace es profesor de Música, Cultura y Sociedad en City St George’s, Universidad de Londres . Abhishek Saha es profesor de Matemáticas en Queen Mary, Universidad de Londres. Ambos son miembros fundadores del Consejo para la Libertad Académica de las Universidades de Londres y coorganizadores de las secciones de Académicos para la Libertad Académica. Puede leer una versión más extensa de este artículo, con referencias a los párrafos pertinentes de la guía, aquí .  

Der Spigel / OVE / 20 de junio de 2025

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Pekín- El Gobierno chino mostró este jueves su rechazo a lo que describió como «politización de la cooperación educativa», después de que Washington anunciase que exigirá a los solicitantes de visados de estudiante que configuren la privacidad de sus perfiles en redes sociales como «públicos» para poder revisar su contenido.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó en una rueda de prensa que su país «espera que se implementen las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que dio la bienvenida a los estudiantes chinos».El pacto con el que culminó la última ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, celebrada en Londres este mes, incluyó, según Trump, la aprobación de visados a estudiantes chinos en el país norteamericano, tras unas semanas en las que su Administración amenazó con revocar visados de estudiantes chinos, alegando motivos de seguridad nacional y vínculos con el Partido Comunista.

Guo instó hoy a Washington a «proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los estudiantes y académicos chinos en Estados Unidos».

Estas declaraciones tuvieron lugar después de que el Gobierno de EE. UU. comunicara este miércoles que los solicitantes de visas de estudiante o intercambio deberán establecer sus perfiles de redes sociales como «públicos» para permitir la revisión de su contenido.

Las autoridades consulares están instruidas para analizar las redes sociales de quienes soliciten visas F, M y J, buscando cualquier señal de actitudes hostiles hacia los ciudadanos, la cultura, el gobierno, las instituciones o los valores fundamentales de Estados Unidos.

Mantener los perfiles en modo «privado» podría ser considerado por el Departamento de Estado como un intento de ocultar o eludir dicha información.

Como parte de la restrictiva política migratoria de la Administración de Trump, el Departamento de Estado ha cancelado miles de visados, incluidos los de centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva israelí en Gaza.

Asimismo, el Gobierno ha puesto en el punto de mira a varias universidades, a las que acusa de ser progresistas o incluso antisemitas, en especial a Harvard, a la que pretende retirar todos los fondos federales y ha prohibido aceptar estudiantes extranjeros. EFE

Página 12 / OVE / 20 de julio de 2025

Las protestas en contra de una reforma a la Seguridad Social de Panamá continuaron este miércoles en la caribeña provincia de Bocas del Toro con algunos enfrentamientos entre la Policía y manifestantes, que rechazan la opción de un posible diálogo y aseguran estar dispuestos a «dar sangre» por tumbar esa ley ya en vigor.

«No vamos a salir hasta que no se derogue esa ley (que reforma la Seguridad Social). No queremos ningún diálogo. Si tenemos que dar sangre para que se derogue, lo tendremos que hacer», dijo un manifestante encapuchado, que decidió quedar en anonimato, desde la zona de Almirante, Bocas del Toro.

Junto a él, otros manifestantes tampoco mostraban su rostro y algunos cargaban sacos de piedras y palos: «Esta es el arma del pobre, machete (cuchillo largo), piedra y palo», decía uno de ellos.Las autoridades de seguridad encargadas de restablecer el orden público en esta región del Caribe panameño con la denominada ‘Operación Omega’, dijeron este miércoles que al quinto día de iniciada esta acción policial se han aprehendido a 52 personas, 38 de ellos a través del Ministerio Público y 14 por los Jueces de Paz, según lo detalló en rueda de prensa el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, quien preciso que entre los arrestados hay cuatro menores de edad.

Además de los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Bocas del Toro, también se registraron otros en la localidad de Arimae, Darién -frontera con Colombia- cuando un grupo de indígenas bloqueó la carretera principal, así como en la capital con un grupo de docentes.

Bocas del Toro, la región más crítica

Cada vez son más sectores en Panamá que piden un diálogo para el cese de los enfrentamientos y hallar una salida a la crisis den Bocas del Toro, semiparalizada y golpeada fuertemente después de que la bananera Chiquita Panamá cerrara operaciones y despidiera a todos sus trabajadores por esas protestas.

La provincia es limítrofe con Costa Rica, mayormente insular y dependiente económicamente tanto de la industria bananera como del turismo. Por lo que las autoridades han creado puentes aéreos ante la escasez de insumos básicos debido a esas protestas que cierran las carreteras que la conectan con el resto del país.

Las manifestaciones en todo el país empezaron en abril bajo el liderazgo de sindicatos docentes y de la construcción. A ellos se sumaron en un paro los trabajadores bananeros de Bocas del Toro que argumentaban que dicha modificación a la Seguridad Social afectaba a la ley de 2017 que ya regía sus beneficios laborales.

Tras varios diálogos entre el Gobierno y el sector bananero de esa región, el pasado lunes entró en vigor una nueva ley especial con mayores beneficios y protecciones laborales a los trabajadores de las bananeras en Panamá.

La aprobación en el Parlamento de esa nueva ley se hizo a cambio de que los sindicalistas bananeros levantaran los bloqueos viales. Pese a que desbloquearon las carreteras el mismo día del compromiso, otros sectores de la sociedad civil y profesores desconocieron dicho acuerdo por lo que continúan las manifestaciones.

Persecusión a sindicalistas

Los principales líderes sindicales que empujaron las protestas contra la reforma de la Seguridad Social están detenidos mientras que el dirigente del sindicato más poderoso del país está refugiado en la embajada de Bolivia ya que en medio de esas manifestaciones estalló contra ellos un caso de estafa agravada.

Además, el líder del sindicato bananero Sitraibana de Bocas del Toro, Francisco Smith, quien encabezó las negociaciones para la ley especial de los trabajadores del banano y firmó el compromiso del levantamiento de los bloqueos en esa provincia, fue detenido por una denuncia en su contra por supuestamente en empujar el paro bananero.

Un tribunal legalizó este martes la detención provisional por 6 meses mientras duren las investigaciones a Smith, quien enfrenta cargos por delitos contra la Administración Pública, contra el transporte público y asociación ilícita para delinquir.

BigBang / OVE / 20 de junio de 2025

La Junta de Andalucía se remite a una ley de 1993 para fijar en 90 minutos semanales el horario de Religión en la etapa de 3 a 6 años, obligando a elevar la carga lectiva en los colegios que impartían 60 o 45 minutos a la semana. Colectivos laicistas denuncian que la medida carece de base normativa actual y “atenta contra la autonomía pedagógica de los centros”

El Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) ha ordenado a todos los centros públicos andaluces que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años) aumentar el horario de Religión a 90 minutos semanales a partir del curso 2025/26.

Hasta ahora, los centros podían decidir el tiempo que dedicaban a esta asignatura –de carácter optativo y no evaluable– en virtud de su autonomía pedagógica. El mínimo era de 45 minutos, ampliable a 90, sin que existiera una carga horaria fija establecida desde la administración autonómica.

La decisión de imponer 30 o hasta 45 minutos más de enseñanza religiosa se ha comunicado a las direcciones de los colegios por una vía poco común: no se han dictado unas instrucciones (una circular de servicio que emite la Consejería de Desarrollo Educativo, con rango inferior a una orden). El anuncio se ha trasladado a través de una nota interna difundida en plataforma digital Séneca, la intranet de la Consejería.

“La novedad en este curso es que NO se podrán seleccionar los minutos de la sesión para la enseñanza de segundo ciclo de Infantil, manteniéndose fijo los 90 minutos”, señala textualmente el anuncio, firmado por el Servicio de Planificación y Escolarización. La nota, a la que ha tenido acceso este periódico, carece de argumentación normativa y se limita a comunicar el cambio a los directores de los centros, en el marco del proceso de certificación de horarios que se llevó a cabo los días 11 y 12 de junio.

Fuentes de la Consejería consultadas por este periódico justifican que se ha establecido “el marco común” entre Infantil y Primaria “que fija la normativa”, remitiéndose a una ley ministerial de hace más de 30 años: la Orden de 3 de noviembre de 1993 “por la que se establece el currículo del área de Religión Católica en Educación Infantil”.

Esa norma determina que la duración de la asignatura debe ser “proporcional” al horario asignado en Primaria, donde el alumnado andaluz que elige dar religión recibe actualmente 90 minutos semanales. Tres décadas después, la Consejería hace extensiva esa norma –centrada en la Religión católica– a la enseñanza de las cuatro confesiones religiosas con las que el Estado tiene acuerdos. En Andalucía, el 70% de los centros de Infantil ya imparten esos 90 minutos de Religión, por lo que la medida afectará en la práctica al otro 30% restante que, en virtud de su autonomía pedagógica, ofrecía el mínimo exigible por ley.

La asignatura de religión en datos

La medida responde a una vieja demanda de la Conferencia Episcopal Española, que selecciona al profesorado de esta asignatura en virtud de los acuerdos del Gobierno de España con la Santa Sede de 1979. Sin embargo, el Ejecutivo de Moreno ha decidido aumentar la carga lectiva de religión católica en las aulas públicas, después de varios años registrándose un descenso en el número de matriculaciones en Infantil, Primaria y Secundaria.

En el curso 2024/2025, un 68,4 % del alumnado matriculado en el segundo ciclo de infantil (103.939 de 151.892 alumnos) cursa en la pública alguna de las opciones de enseñanza religiosa reconocidas por el Estado. La gran mayoría — el 96,4 % del total de quienes la cursan— opta por religión católica. Le siguen la islámica (1.998 alumnos, 1,9 %), evangélica (1.729, 1,6 %) y judía (2 alumnos).

En cuanto a la distribución horaria actual en los centros, el 68 % ya imparte 90 minutos semanales de religión en Infantil, mientras que un 26 % programa solo 60 minutos y el 6 % restante, 45 minutos. La Consejería defiende que la medida impuesta busca homogeneizar esta situación, elevando a todos los centros al máximo actual de carga lectiva. Con todo, desde el Gobierno andaluz se recuerda que se trata asignatura de carácter voluntario y no evaluable. El alumnado cuyas familias no la eligen reciben atención educativa alternativa.

“Atentado contra la autonomía pedagógica”

Esta medida ha provocado el rechazo de partidos políticos como Adelante Andalucía, sindicatos como CGT y colectivos laicistas, que han criticado tanto el fondo como la forma escogida por la administración andaluza para comunicar el cambio. Andalucía Laica, organización integrante de Europa Laica, ha denunciado públicamente esta directriz por considerarla “una imposición injustificada, enviada de forma opaca y sin ningún tipo de respaldo normativo actual”, que “vulnera la autonomía pedagógica” de los centros.

A ojos de Jaime Pérez-Aranda, coordinador del Área de Educación de Europa Laica, se trata de “un ejemplo de falta de transparencia total porque lo han comunicado a través de una nota breve en Séneca”. “Ni siquiera han publicado unas instrucciones por escrito donde se explique por qué, ni lo han consultado con los equipos directivos”, afea el responsable de Educación de Europa Laica en conversación con este periódico.

Para esta entidad, la nueva medida supone “un retroceso en el principio de laicidad en la escuela pública” y un “atentado contra la libertad de conciencia de las familias”. El responsable educativo de Europa Laica alerta también de las consecuencias organizativas y sociales que acarrea el cambio en la carga horaria: “La segregación por creencias que provoca esta medida rompe la convivencia escolar e introduce un elemento de división absolutamente innecesario en edades tan tempranas”.