8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Por: Nelva Reyes

“[…] en Panamá, hoy, hay empresas que están solicitando pruebas de embarazo para que una mujer pueda entrar a laborar; pero más grave aún, están solicitando certificaciones del salpin o que estén operadas para no tener más hijas e hijos!”

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ha sido escrito con sangre y dolor por mujeres que desde 1857, han venido demandando mejores condiciones de trabajo, reconocimiento de los sindicatos, rebaja de las horas de trabajo, igual trabajo, igual salario que los hombres, la lucha por estas demandas llevó a que los dueños de las fábricas textiles en New York le pusieran candados a las puertas de las mismas y 146 de ellas murieran carbonizadas.

A lo largo de más de 166 años las mujeres han logrado conquistas importantes, que van desde el derecho a ejercer el voto, a la educación, salud, trabajo, al estudio de la Ciencia, a la igualdad de género, a la no violencia contra las mujeres, al derecho a la participación política y sindical y a la tenencia de la tierra, entre muchas otras conquistas producto de la lucha demandada por las propias mujeres.

Hoy, amparados o teniendo como excusa la pandemia de COVID-19, el sector empresarial se ha aprovechado de las circunstancias que hemos tenido que vivir haciendo recaer el peso de la pandemia en las y los trabajadores, recargando en las compañeras el trabajo que hacían cinco, dejando sólo a dos que lo realicen, manteniendo contratos suspendidos por más del tiempo estipulado por los decretos establecidos por el Ministerio de Trabajo, se dejó un vacío en lo concerniente a la licencia de maternidad, que aún a la fecha hay compañeras que no han podido cobrar la misma. A las mujeres se les hizo recaer el cuidado de los familiares, adultos mayores, los niños, al no poder asistir a la escuela de manera presencial, recayó en la madre fundamentalmente el cuidado y la atención escolar de ellos, en la casa, además del teletrabajo que realizaban y los quehaceres domésticos.

Las compañeras trabajadoras del hogar fueron las primeras a quienes se les envió para sus casas muchas veces sin pagarle sus prestaciones, dado que con quienes trabajaban fueron despedidas o suspendidas de sus trabajos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) Panorama Laboral 2022, América Lanita y el Caribe indica que en el tercer trimestre de 2022 la tasa de participación laboral femenina regional fue de 51.8 %, siendo inferior en casi 23 puntos porcentuales a la de los hombres (70,3).

La OIT indica que resulta imperioso adoptar políticas públicas con perspectiva de género que permitan eliminar las barreras a la entrada al mercado del trabajo y que amplíen el abanico de oportunidades laborales para las mujer en general y con particular atención en aquellas de menor calificaciones.

Han transcurrido 166 años desde que mujeres dieron sus vidas por el derecho al trabajo, por una jornada laboral cónsona y justa, que les permitiera trabajar. Si embargo, en Panamá, hoy, hay empresas que están solicitando pruebas de embarazo para que una mujer pueda entrar a laborar; pero más grave aún, están solicitando certificaciones del salpin o que estén operadas para no tener más hijas e hijos. Esto es una flagrante discriminación a las mujeres y lo peor que se está solicitando tanto en la empresa privada como en instituciones del Estado.

Ante la cantidad de compañeras y compañeros desempleados, la Central General Autónoma de Trabajadores (CGTP) está demandando una Ley que contemple un Plan de Urgencia Nacional que le garantice a esos miles de trabajadoras jefas de familia un trabajo digno con un salario justo. No podemos permitir que las y los hijos de estas compañeras mueran de hambre, que no tengan para asistir a la escuela.

Así como hay dinero para pagar altos salarios, que van desde cinco mil a veintiséis mil balboas, que se le permite a cientos de empresas evadir impuestos, que se exija el pago de esos impuestos y se le garantice a las trabajadoras desempleadas un trabajo, como lo ha manifestado la OIT, un trabajo decente.

Que este 8 de marzo sea un día de demandar justicia para la mujer trabajadora que hoy llenan las calles y aceras de la ciudad y de todo el país tratando de vender algo para subsistir, ese trabajo informal con más de 16 horas laborando, sin prestaciones sociales, sin poder participar en reuniones de la comunidad para exigir agua en sus viviendas nos retrotrae a las razones por las cuales compañeras de 1857- 1905 salieron a las calles a luchar y a impulsar y promover huelgas y, dados los hechos tan violentos realizado por los empleadores, la socialista alemana Clara Zetkin, en 1910, planteó, en la Segunda Conferencia Internacional de la mujer, que el 8 de marzo de cada año se estableciera como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, luego, en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Saludos en el Día Internacional de la Mujer.

https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/230307/8-marzo-dia-internacional-mujer

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La necesidad de las bibliotecas

Por: Nelva Reyes B.

“Diversos sectores de la sociedad tableña están preocupados por la suerte que corra la Biblioteca Carlos L. López, la necesidad que se tiene hoy es velar porque se construya una biblioteca moderna […]”

El padre de la educación panameña, don Manuel José Hurtado, quien, a finales de las décadas de 1870 y 1880, era considerado un sembrador de escuelas en comunidades en condiciones muy precarias, pese a las limitaciones, impulsaba, de igual manera, la creación de bibliotecas, como complemento para el proceso educativo. Igualmente, el Dr. José Daniel Crespo, en su libro Fundamentos de la Nueva Educación, indicaba que, para llevar a cabo su función social de formar las nuevas generaciones, la escuela debe contar con el auxilio eficaz de ciertos factores que facilitan su labor, entre los elementos indispensables, señalaba el Dr. Crespo, están las bibliotecas, afirmando que los beneficios que tales auxiliares pueden prestarles son incalculables. Ambos valoraban la necesidad e importancia de las bibliotecas en el proceso educativo.

La Biblioteca Pública Carlos L. López, de la ciudad de Las Tablas, es una institución que ha dependido del Ministerio de Educación desde sus inicios y está adscrita a la Biblioteca Nacional. El Decreto Ejecutivo N° 650 del 19 de agosto de 1943, que lleva la firma del presidente Ricardo Adolfo de La Guardia y del ministro de Educación, Víctor Florencio Goytía, estableció que esta institución, que actualmente lleva el nombre del historiador Ernesto J Castillero Reyes, sería el “órgano regular de comunicación entre las bibliotecas públicas establecidas o que se establezcan y el Ministerio de Educación”. Además, que desempeñaría “Las funciones de un Departamento de Bibliotecas y canjes”, al cual le correspondería “ser centro de toda actividad relacionada con la organización, funcionamiento y progresos de las demás bibliotecas del país”. Muy pronto, en enero de 2022, las bibliotecas públicas pasarán a estar bajo el mandato del Ministerio de Cultura, creado por la Ley N° 90 del 15 de agosto de 2019.

Desde enero de 2019, la Biblioteca Pública Carlos L. López dejó de atender a las y los usuarios por las malas condiciones físicas del edificio. Frente a ello, se han realizado diferentes manifestaciones que buscan una salida a la situación de la biblioteca, que se garanticen los libros y materiales que hoy se mantienen en cajas desde enero de 2019 y que arriesgan deteriorarse por la humedad. Además, se han emitido diversas notas a las autoridades del distrito de Las Tablas. Específicamente a su Consejo Municipal sin tener respuesta a las mismas.

También, se han presentado distintas propuestas para garantizar la biblioteca; sin embargo, no ha habido respuesta de quienes tienen el deber de garantizar la existencia de la biblioteca. El profesor Velarde lo dice en su folleto: “Durante casi un siglo, la biblioteca Carlos L. López brindó una callada, pero muy importante labor a los niños y jóvenes estudiantes de escasos recursos económicos que llegaban a ella a realizar sus investigaciones escolares”.

Pese a todos los avances tecnológicos, las bibliotecas son y seguirán siendo un sitio a donde la población -desde niñas, niños, jóvenes, hasta personas adultas mayores- acude y acudirá a nutrir su cerebro de la Historia, de la Ciencia, de las Matemáticas.

Cantadores de décimas, acuden a la biblioteca para estudiar y luego componer las mismas, de igual manera los compositores de piezas musicales, las y los santeños que han participado y ganado el Premio Ricardo Miró han tenido que leer de las disciplinas diversas. Muchos de ellos se han nutrido en la Biblioteca de Las Tablas.

Mahatma Gandhi indicaba que ninguna cultura podrá vivir si intenta ser exclusiva, el estímulo que nos lleva a compartir y reutilizar la información y los conocimientos adopta muchas formas. Cabe decir que el más arraigado de los instintos del ser humano es el deseo de preservar nuestra cultura para las generaciones futuras. Esta es precisamente una de las funciones más importantes que cumplen las bibliotecas. (Ben White).

Diversos sectores de la sociedad tableña están preocupados por la suerte que corra la Biblioteca Carlos L. López, la necesidad que se tiene hoy es velar porque se construya una biblioteca moderna que brinde a la juventud los servicios acordes con la actualidad. Que la biblioteca siga siendo el faro que ilumine el camino a las presentes y futuras generaciones.

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El color de la piel nos marca y nadie nos mira

Por: Nelva Reyes B.

“Es muy deplorable que Panamá haya vivido y viva situaciones que han venido a fortalecer y a sostener hasta la actualidad actos y posiciones discriminatorias, […]”

El 25 de octubre, en la biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, se presentó el libro Mujeres urbanas: afrodescendientes entre la desigualdad y la discriminación. La presentación estuvo a cargo del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, con la doctora Aracelly De León, directora de este. Se hicieron presentes el doctor Jaime Gutiérrez, vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá y el profesor de Sociología Fernando Murray.

La investigación fue llevada a cabo por las profesoras Xiomara Rodríguez, Juana Camargo y Eusebia Solís, además de mujeres de los cinco corregimientos, que participaron en el estudio aportando su experiencia y conocimientos.

La investigación se desarrolla con siete ejes fundamentales que parten de: Una Introducción; Una mirada conceptual a la discriminación; una mirada afrodescendiente a la realidad nacional; acercamiento socioeconómico a los corregimientos del estudio; voces de mujeres urbanas afrodescendientes del centro de la ciudad de Panamá: propuesta para el empoderamiento y la inclusión de mujeres urbanas afrodescendientes; conclusiones, bibliografías y anexos.

En el estudio se define a las y los afrodescendientes como “personas de origen africano que viven en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

Se señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en 2011 que “en América Latina viven unos 150 millones de afrodescendientes, representando el 30 % de la población de una parte del continente americano”. Además, la investigación nos indica que, en el mundo laboral, la realidad para las personas afrodescendientes no es esperanzadora, puesto que dicha población ocupa la parte más baja de la escala salarial, y es la población que realiza más tareas en la informalidad de baja calificación, menor incluso, si se compara con una persona no afrodescendiente. Las tasas de desempleo de este colectivo son mayores que las de la población total, según el informe del BID, que plantea: “en general, los afrodescendientes tienen niveles más altos de desempleo en todos los países y entre quienes tienen empleo, una proporción mayor labora en ocupaciones poco calificadas”.

El libro hace una breve reseña de la fundación de cada uno de los corregimientos investigados, como lo son Calidonia, Curundú, El Chorrillo, San Felipe y Santa Ana. Cuatro de los cinco corregimientos fueron fundados el 29 de abril de 1915 y el corregimiento de Curundú se funda el 17 de noviembre de 1971. La investigación contribuye a visibilizar que el racismo y la discriminación, como dimensiones de la opresión racial, son una realidad en Panamá. Las voces de las mujeres de estos corregimientos, establecidos en el corazón de la ciudad de Panamá, nos brindan una serie de información que corrobora las condiciones y situación en las cuales viven las familias afrodescendientes, y hace muy evidente la triple discriminación de la cual son víctimas las mujeres afrodescendientes, discriminadas por ser mujeres, negras y pobres. Pero, además nos indica, según la encuesta de hogares de 2017, que “la presencia de la población afrodescendiente se puede encontrar en todo el territorio nacional; sin embargo, las cinco provincias con mayor presencia afropanameña son Colón (41,8 %), Darién (24,3 %), Coclé (20 %), Panamá (18,6 %) Bocas del Toro (15,3 %), provincias donde vive la mayor cantidad de personas que se autocalifican como afrodescendientes…”. En estas provincias está Colón que en “2016, aportó el 26 % del producto interno bruto del país, 13 605, millones de balboas”, pero es víctima de políticas públicas racializadas.

Es muy deplorable que Panamá haya vivido y viva situaciones que han venido a fortalecer y a sostener hasta la actualidad actos y posiciones discriminatorias, ya sea por etnia, condición económica o cualquier otra razón. Así se dio la ciudad amurallada, luego el “Silver Roll” y “Gold Roll” y en 1941, en la Constitución de la República de Panamá, se establecía: “Son de inmigración prohibida: la raza negra cuyo idioma originario no sea el Castellano, la raza Amarilla y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el Norte de África”. Son vergonzosas las experiencias que hemos vivido y vivimos, máxime que, según el censo de 2010, aproximadamente el 9 % de la población de Panamá se autoidentificó como afrodescendiente lo que coloca a Panamá como el tercer país de América Latina con mayor porcentaje de población afrodescendiente.

Es importante tener políticas públicas que lleven el objetivo de erradicar la discriminación en nuestro país por cualquier condición u origen.

Agradecemos el aporte de las investigadoras, el auspicio del Espacio de Encuentro de Mujeres y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, debemos seguir profundizando en estas realidades.

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A un año de gobierno, promesas incumplidas

Por: Nelva Reyes. 

 

Tenemos retos monumentales, grandes tareas nacionales, el combate contra la pobreza y la desigualdad, acabar con la corrupción y cerrar la brecha social. La corrupción nos roba a todas y todos y amenaza nuestro futuro. No habrá intocables ni, aunque sean ministros, diputados grandes empresarios, empezando por el propio presidente…”.

Las palabras pronunciadas por el presidente Nito Cortizo han quedado en el discurso político. Si bien en un año no pueden lograrse tales objetivos, sí se pueden sentar las bases, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario.

Fuera del plan “Colmena”, no hemos visto otro programa que busque no un asistencialismo, sino garantizar la participación de las comunidades a quienes se apoye en la producción, se les garantice fuentes de trabajo en la propia comunidad que dignifique a la persona y cerrar la brecha social.

Durante este año se han dado escenarios como la compra de ventiladores con altos sobrecostos en medio de la pandemia de la COVID-19. Sentimos vergüenza cuando escuchamos los medios internacionales referirse a este hecho como inaudito, a nadie se le ocurre hacer negocio en medio de una crisis como la que vivimos. Las redes sociales y los medios de comunicación han señalado la supuesta participación de ministros de Estado. De igual manera, se ha dado información confusa y contradictoria del hospital modular.

La COVID-19 nos ha permitido corroborar la situación en la que se encuentran los centros educativos del país. Situación que los gremios docentes tenemos años demandando el 6 % del producto interno bruto, para educación, tal como lo establece el Artículo 266 de la Ley47 Orgánica de Educación de 1946. Solo el 20 % de las escuelas primarias del país tiene acceso a internet, y el 33 % de las escuelas no tiene luz eléctrica, limitaciones objetivas para garantizar las herramientas tecnológicas. Esta situación incrementará la brecha educativa en el sector oficial. Desde luego que se dificultará que la educación sea la Estrella del Gobierno.

“Las palabras pronunciadas por el presidente Nito Cortizo han quedado en el discurso político. Si bien en un año no pueden lograrse tales objetivos, sí se pueden sentar las bases […]”

Las ministras de Desarrollo Social, Vivienda y Salud fueron desplazadas de sus posiciones. El presidente en su campaña prometió la equidad de género y la creación del Ministerio de la Mujer, el cual se concretaría el 8 de marzo de 2020, lo que tampoco se hizo. El trabajo realizado por las ministras Markova Concepción y Rosario Turner desde el día uno demostraron capacidad, compromiso y responsabilidad por el país. Lo que no fue “aparentemente” del agrado de algún sector del Gobierno que considera que las mujeres solo servimos para acatar órdenes en silencio y estar en las cuatro paredes de la cocina. Mi respeto, gratitud y solidaridad con ellas.

El Gobierno del presidente Cortizo ha mantenido una política a favor del sector empresarial y la continuidad de las políticas neoliberales, sin contemplar a la clase trabajadora del país que es la mayoría. Han aprobado leyes como la de la Asociaciones Públicas-Privadas, donde fondos del sector público contribuirán con las inversiones del sector privado. Además, se han emitido decretos para favorecer a empresas, bancos y sectores de alto riesgo. Está el Decreto Ejecutivo N° 251 de 2020, se le hace una deducción del 30 % del ISR para 2020. El Decreto 298 de 2020, donde se extiende el plazo para el pago de impuestos de inmuebles. La Resolución N° 283 de 2020, permite que la Caja de Seguro Social suspendiera las multas y recargos y/o pago tardío de los pagos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 y así los medios informaron, el 7 de mayo, que el Gobierno trabajó un paquete de incentivos a las empresas, comprendido en 23 Leyes que serán remitidas a la Asamblea.

El Gobierno le ha garantizado a la banca, para su estabilización, millones de balboas, sin embargo, a las y los trabajadores les ha impuesto una serie de decretos que van desde la suspensión de contratos hasta la rebaja de la jornada laboral. Los trabajadores y trabajadoras hemos puesto nuestra cuota de sacrificio, comprensión y solidaridad ante la crisis producto de la pandemia sin una correspondencia, como sí la ha habido con el sector privado.

En el Diálogo Tripartido por la Economía y el Desarrollo Laboral, las y los trabajadores hemos demandado un decreto que le garantice a las y los trabajadores un subsidio de 500 balboas mensuales hasta diciembre, lo que contribuiría a que las personas no tuvieran que salir de sus casas y garantizar lo que dice el artículo 64 de la Constitución Política de la República de Panamá: “… asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa”. Esperemos que las demandas del sector trabajador y la disposición constitucional no sigan cayendo en oídos sordos.

Fuente del artículo: https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/200630/ano-gobierno-promesas-incumplidas

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El coronavirus profundiza las desigualdades

Por: Nelva Reyes B.

El pasado 7 de abril en este espacio un grupo de trabajadores, sociólogos, economistas, educadores, organizaciones de mujeres, sacerdotes jesuitas, médicos de salud pública, politólogos, ciudadanos y ciudadanas, emitieron una Carta Abierta titulada “Una salida a la crisis del COVID-19, enfocada en el bienestar colectivo”.

El pasado 7 de abril en este espacio un grupo de trabajadores, sociólogos, economistas, educadores, organizaciones de mujeres, sacerdotes jesuitas, médicos de salud pública, politólogos, ciudadanos y ciudadanas, emitieron una Carta Abierta titulada “Una salida a la crisis del COVID-19, enfocada en el bienestar colectivo”. La carta plantea que “hay que enfrentar la situación de la pandemia por medio de políticas públicas basadas en el bien común, el cual, sobre todo en las actuales circunstancias, solo se puede lograr con la práctica de la solidaridad efectiva”.

Panamá es el tercer país más desigual de América Latina, y la pandemia así lo corrobora, cantidades de familias que viven sin agua potable, en cuartos muy pequeños, donde se alojan más de cinco personas, en condiciones de hacinamiento, en muchas familias incluso se vive violencia doméstica, más de 679 mil personas trabajan en la informalidad, (carentes de prestaciones sociales), hay compañeras y compañeros a los que les fueron suspendidos sus contratos de trabajo, en algunos casos desde hace un mes, en otros tienen ya más de una quincena que no se cobra, trabajadoras del hogar que no les pagaron ni la quincena que ya habían trabajado, compañeros recicladores que cerraron sin tener en cuenta a quienes día a día han venido reciclando y contribuyendo con la salud de este pueblo. El Ministerio de Trabajo señala que más de 3204 empresas han suspendido labores, y con ello más de 63 144 trabajadores tuvieron que ser enviados a sus casas. Las escuelas cerradas, con aproximadamente 46 mil educadores en sus hogares. Pero de igual se encuentran artistas, conductores de taxis, vendedores de billetes de lotería, el que trabaja la tierra para la subsistencia, y profesionales independientes, en sí, toda la sociedad.

Si bien nadie estaba preparado para una situación social y económica, como la que nos ha tocado vivir, el Gobierno nacional tiene el deber de escuchar a todos los sectores y no hacer recaer la crisis y la deuda solo en las y los trabajadores y en los más pobres del país, quienes hoy sufrimos los embates del COVID-19. En la carta arriba indicada planteamos que se negociara con los organismos de Crédito Internacional la moratoria del servicio de la deuda externa incluida en el presupuesto de 2020, la cual significa el 30 % del mismo. El Gobierno optó por las directrices del ministro de Economía y Finanzas, de quien el presidente hizo referencia de tener mucha experiencia, le diría “señor presidente, tiene mucha experiencia en servirle a las Instituciones Financieras Internacionales, endeudando a nuestro país, y hoy encima de otras salidas favorables al país, han optado de manera desmedida contraer una deuda que ni nuestros tataranietos terminarán de pagar. El papa Francisco, en su mensaje al mundo el domingo 12 de abril, dijo: “las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres”.

La crisis de salud no puede llevarnos a eliminar conquistas logradas por el sector trabajador de Panamá, como lo es el derecho humano al trabajo. Asimismo, no es posible, que bajo la excusa del COVID-19, se busque despedir trabajadoras y trabajadores; eliminar sindicatos, y flexibilizar de forma permanente las condiciones de trabajo y modificar el Código de Trabajo.

En cuanto a la Educación, hemos leído en las redes y escuchado en la radio y televisión una vez más expresiones muy denigrantes a los profesionales de la Educación. Los educadores tenemos más de 10 años de demandar el 6 % del producto interno bruto para Educación, pero para ninguno de los Gobiernos la Educación ha transcendido del discurso.

Así tenemos que, según el informe “Panamá, el estado de las políticas públicas docentes 2018 del BID”, el 70 % de las escuelas primarias del país son multigrados; el 40.8 % de las escuelas primarias no tiene agua potable, y solo el 20.2 % tiene acceso a internet” Aunado a ello, según la Encuesta de Educación del Cieps, se señala que el 77.3 % de los encuestados propugna por garantizar que todas las personas reciban la misma calidad en educación, en el contexto del COVID19, esta opinión debe prevalecer.

Ante la crisis se requiere apoyo en las comunidades más vulnerables que hoy carecen de lo básico para poder subsistir, así como a los 63 144 trabajadores a los que se les ha suspendido su contrato de trabajo, sin tanta dilatación. Es necesario que se le brinde, por lo menos, el importe de un salario mínimo a cada uno de los trabajadores que fueron suspendidos y que a la fecha no han recibido nada, así como que exista un sustento legal que respalde la moratoria de los servicios que la población tiene que pagar. Esto es urgente.

Fuente del artículo: https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/200421/coronavirus-profundiza-desigualdades

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