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Black Mirror en el aula

Por: Ricardo Braginski.

Por momentos uno piensa que vamos a morir todos sepultados por los datos. Una enorme bola de ceros y unos que nos van a hundir definitivamente, sin que nadie pueda siquiera defenderse.  La reflexión viene a cuenta de una foto que se viralizó hace poco, que muestra un grupo de alumnos de China, todos quietos, mirando hacia el frente y con un dispositivo en sus cabezas que mide el nivel de atención sobre la clase.

Lo que impacta de la imagen es la pasividad de esos chicos, brazos cruzados, mientras los adultos controlan sus cerebros en una escena más cercana a las distopias de la serie Black Mirror que a una situación de clase habitual en una escuela primaria.

El dispositivo que usan se llama FocusEdu y es de la empresa estadounidense BrainCo que nació en los laboratorios de la Universidad de Harvard y que ahora se dedica al desarrollo de productos que incluyen una interfaz cerebro-máquina.

Los vendedores de FocusEdu, que intentan ubicarlo en aulas de todo el mundo, describen sus bondades. Por ejemplo, que en una pantalla y con un software muy amigable, el docente ve, en tiempo real, cuál es el nivel de atención de cada alumno. Así -al mejor estilo “minuto a minuto” de la tele- puede ir modificando sus clases a medida que cae la atención.

Para ponerle un poquito de pimienta al asunto, el software cuenta con una función que muestra, al finalizar la clase, quiénes fueron los tres alumnos que más atención prestaron. Y así -de paso- estimulan la competencia entre los chicos para ver quién atiende mejor.

Las escuelas contarán, además, con los datos de lo que sucede en cada aula. Entonces, con técnicas de Big Data e inteligencia artificial, podrá determinar cuáles son las “mejores prácticas pedagógicas”. Esto llevará, dicen, a una educación más personalizada y efectiva.

De la infancia, de los vínculos, de las risas, de la vida, que se ocupen otros.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/black-mirror-aula_0_FI7qNmrMk.html

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Transparencia o equidad

Por: Ricardo Braginski.

La polémica vuelve una y otra vez: ¿Debe el Estado difundir los resultados de cada escuela en las pruebas Aprender? El tema merece más que posicionamientos ideológicos y políticos.

Una y otra vez vuelve el mismo debate. ¿Debe el Estado difundir los resultados de cada escuela en las pruebas Aprender? Por un lado están quienes dicen que sí, que eso garantizaría la “transparencia”. Que así los padres podrían decidir con mejor información a qué escuela mandar a sus hijos, y presionar en caso que los resultados no sean los deseados. La libertad individual, antes que nada. La competencia, como política pública.

Quienes están en contra, en cambio, afirman que en los países en los que se aplicó esta política no mejoró la calidad educativa y, peor aún, se consolidó o profundizó la segregación escolar. Como generalmente las escuelas que tienen peores resultados son las que atienden a los sectores socioeconómicos más bajos, se corre el riesgo de que se asocie la calidad de una escuela al nivel socioeconómico de las familias. Y así se termine agrandando la brecha: chicos ricos se agrupan con chicos ricos y los más pobres con los pobres.

El último episodio de esta saga lo estamos viviendo en estos días. A raíz de un pedido de un dirigente político cercano a Darío Lopérfido, la Agencia de Acceso a la Información Pública -que está dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete- intimó el 24 de mayo al Ministerio de Educación a que en 10 días hábiles publique esos datos.

En la extensa resolución se dan unos cuantos argumentos sobre la transparencia y el acceso a la información, todos muy atendibles. No se tuvo en cuenta la visión de los especialistas en la materia.

El Ministerio de Educación hoy no publica estos datos porque la ley de Educación -que surgió de un consenso mayoritario- no se lo permite. Esa norma establece que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.

Para el Ministerio, e incluso para el presidente Macri, es necesario modificar la ley para poder publicar los resultados por escuelas.

Mientras tanto, el diálogo de sordos continúa. Quizás la calidad y la equidad educativa sean asuntos que merezcan algo más que posicionamientos ideológicos y políticos.

Esperando en el área chica

Para los periodistas sería un golazo. Si efectivamente se dieran a conocer los resultados de las pruebas Aprender por escuelas, inmediatamente estaríamos armando rankings, comparando “la posición” de un colegio de un barrio con el de otro; cuál está “para el campeonato” y cuál “para el descenso”. Tendríamos títulos para varios días.

Ya pasó y pasa en Brasil -donde sí se permite difundir resultados por escuelas- cada vez que se conocen los índices educativos.

Nadie puede asegurar que esto esté mejorando la educación de ese país.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/transparencia-equidad_0_2uirNQEeR.html

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Crece el número de graduados en las universidades públicas y baja en las privadas

Por Ricardo Braginksi.

Hubo 4,2% más egresados en las estatales y 7% menos en las pagas durante el último año relevado. Lo atribuyen al factor económico y a medidas que se realizaron para mejorar la graduación.  

El sistema universitario argentino tiene unas cuantas características que lo hacen único. Entre ellas, el ingreso irrestricto y la gratuidad, que permiten que muchos alumnos, que de otro modo no podrían iniciar una carrera, lo hagan. Pero esto tiene su contracara, sobre todo con la crisis de la secundaria. También son muchos los estudiantes que empiezan pero no terminan. A diferencia de otros países en donde la selección se hace antes de la carrera, aquí eso sucede una vez iniciados los estudios.

Hace años se viene hablando de la baja tasa de graduación universitaria de la Argentina, comparado con otros países. De hecho, aquí se recibe un 30% de los alumnos que ingresan, mientras que en Brasil y Chile más de la mitad y en Colombia ó México más del 80%. Y hasta ahora había un claro predominio de las universidades privadas Pero los últimos datos traen una sorpresa. En el último año relevado por las estadísticas oficiales (2017), las universidades públicas crecieron en cantidad de graduados mientras que las pagas bajaron.

Los datos corresponden al último Anuario de Estadísticas Universitarias del Ministerio de Educación, de 2017, al que accedió Clarín. Allí se observa que ese año las universidades públicas crecieron un 4,2% en el número de graduados con respecto a 2016 (pasaron de 82.731 a 86.174) mientras que las privadas bajaron 7% (de 41.943 a 39.154).

Para los expertos, si bien la baja de las universidades privadas aún no es una tendencia estadística, sí es un dato para tener en cuenta. En cambio, el crecimiento en las estatales ya es una tendencia, porque se sucedieron por más de seis años seguidos.

Otra forma de mirar el fenómeno es través de “cohortes” teóricas, considerando el porcentaje de graduados en un año con respecto a los alumnos que ingresaron 5 años antes. En este caso, lo que se ve es que las universidades públicas se mantienen estable en los últimos años, con una tasa de graduación que ronda el 27%, mientras que las privadas eran estables en torno al 40% hasta el último año que bajaron al 36%.

En el último año, las universidades públicas subieron la tasa de graduación de 26,69% en la cohorte 2011-2016 a 27,34% en la de 2012-2017. Mientras que en las privadas pasaron de 39,93% a 36% en las mismas cohortes. Es decir, las estatales subieron 0,65 puntos porcentajes mientras que las privadas bajaron 3,93.

Algunos expertos consultados por Clarín atribuyen estas cifras al factor económico. Otros, al efecto de diversas estrategias que se hicieron en las universidades públicas para sostener y mejorar en el número de graduados, o a que en las públicas se fueron acumulando alumnos que retrasaron su graduación.

Para Danya Tavela, vicerrectora de Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba), la graduación en las públicas viene creciendo por distintas políticas y estrategias, que se iniciaron en el gobierno anterior y siguieron con el actual, y que trabajan sobre la permanencia y la graduación de los alumnos. “Entre otras medidas, se reforzaron los cursos de nivelación en los primeros años y se trabajó para retener a los alumnos de los últimos años, que son absorbidos por el mercado laboral antes que terminen”, dice Tavela, que además integra la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Marcos Duarte, de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, también habla de más políticas públicas coordinadas con las universidades nacionales. “La beca Progresar incorporó el rendimiento académico. También hay programas de expansión en convenio con municipalidades para llegar con la oferta académica que necesitan las localidades. Y un nuevo sistema para que los alumnos que empezaron una carrera en una universidad puedan seguir en otra sin perder materias. Todo esto impacta en la graduación”, le dice a Clarín.

Mónica Marquina, del directorio de CONEAU e investigadora del Conicet, cree que el aumento de graduados en el sector público se puede deber a que se fueron acumulando alumnos que no terminaron en el tiempo previsto de 5 años. “Si fuera así no sería una mala señal. Mostraría que quizás demoran un poco más porque trabajan o pertenecen a sectores que les cuesta un poco más por el capital cultural de la secundaria y la familia. Hay que revisar planes de estudios y hacerlos más flexibles y más dinámicos para que se puedan cumplir en el tiempo teórico”.

Entre quienes encuentran razones económicas está el rector de la Universidad de La Matanza, Daniel Martínez. Consultado por Clarín, afirma que esto es lo que sucede en su universidad. “Estamos viendo alumnos que, en los últimos dos años, dejan las privadas y se pasan a las públicas. También pasa que muchas empresas prefieren a los egresados de las universidades públicas y eso los estudiantes lo advierten”.

Martínez agrega que en los últimos años son más los alumnos que piden beca. Esa universidad ofrece ayuda con fondos propios. Mientras que en el año 2017 otorgaron las 250 becas que les pidieron,en 2018 dieron 500 y 250 alumnos quedaron afuera. Aún no hay datos de 2019, informan

Pablo Rodríguez, decano de la facultad de Odontología de la UBA, también cree que puede haber una explicación económica.Además, cree que puede incidir la tradición que tienen las universidades nacionales en el país. “Una familia, por lo general, no tiene dudas en elegir una universidad pública. Saben que además de gratuita es de calidad”, dice a Clarín.

Edgardo De Vincenzi es rector emérito de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) del grupo Vaneduc. Coincide en que hay un tema económico, pero con otro enfoque. “El problema es que se están usando mal los recursos para la educación. Hay que entender que la educación de gestión pública no es gratuita, la pagan todos con sus impuestos, incluso los jubilados o los de más bajos recursos. Entonces, es una barbaridad que se le pague a una persona que veranea en Miami. Deben ser gratuitas sólo para los estudiantes que realmente lo necesitan. Para solucionar estos temas se necesita una mejor planificación”, afirma.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/sociedad/crece-numero-graduados-universidades-publicas-baja-privadas_0_EzJCaHiAK.html

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El Gobierno porteño pedirá que se cambie una ley para que las prácticas laborales educativas sean obligatorias

Por: Ricardo Braginkski.

 

Aunque ya funciona en 44 escuelas de la Ciudad, la “Secundaria del Futuro” sigue generando polémica. Y promete abrir más discusiones próximamente. Despejados los principales cuestionamientos al proyecto -que llevó a una sucesión de tomas en las escuelas a mediados de 2017-, el principal tema de debate pasa ahora por el carácter que tendrán las prácticas educativas laborales que los alumnos tendrán que hacer en el último año de la secundaria. ¿Deben ser obligatorias o voluntarias?

El debate vuelve porque este miércoles, un fallo judicial le ordenó al Gobierno que se “abstenga de implementar prácticas educativas de carácter obligatorio”, con el argumento de queestaría violando la ley 3541 (de la Ciudad) que en uno de sus artículos dice que esas actividades formativas deben ser voluntarias.

La sentencia fue firmada por la jueza porteña Cecilia Lourido, que hizo lugar a un amparo que plantearon los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno, en representación de estudiantes; más algunos padres y docentes. Las prácticas educativas arrancarán en 2022, cuando los más de 2.700 alumnos que el año pasado comenzaron con la nueva modalidad educativa lleguen a su quinto año de estudio.

Según pudo saber Clarín, desde el Gobierno apelarán la sentencia de la jueza Lourido, pero además pedirán a la Legislatura que modifique la ley 3541, de modo de garantizar que las prácticas sean obligatorias, y así permitir que se lleve adelante el proyecto de Secundaria del Futuro tal cual fue diseñado por el oficialismo.

Para el Ministerio de Educación porteño este debate “es central” porque -entienden- “la educación debe estar vinculada al mundo del trabajo”. “Queremos dar este debate, queremos que todos los alumnos tengan la posibilidad de pasar por estas prácticas que, desde hace años, ya tienen los estudiantes que van a las escuelas técnicas y que son muy útiles”, dijeron fuentes oficiales a Clarín.

Con respecto a la sentencia, afirman que “no nos puede ordenar a que nos abstengamos de implementar algo que aún no está sucediendo. Faltan tres años para empiecen las prácticas laborales. Lo que surge del fallo es que hay que modificar la ley 3541, y eso es lo vamos a pedir”, dicen desde el oficialismo. Y agregan que “nuestro Norte es ir a prácticas obligatorias, es una discusión que hay que dar, que merecemos darnos”.

La llamada “Secundaria del Futuro” no implica un cambio de contenidos sino, principalmente, en la forma en que se organizan las clases. Es, en rigor, una profundización de la Nueva Escuela Secundaria (NES), en la línea de modificaciones que estableció el Consejo Federal de Educación, con la llamada “Secundaria 2030”. Cada jurisdicción debe darse su propio formato, y éste es el que eligió la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los documentos oficiales, el último año de estudios en la secundaria porteña (que puede ser quinto o sexto, según la modalidad) “los estudiantes deben cursar todos los espacios curriculares indicados en el Diseño Curricular”, teniendo en cuenta que el objetivo de la secundaria es preparar a los jóvenes para la continuidad de los estudios (en la universidad o terciarios) y también prepararlos para el mundo del trabajo.

Por eso, se les hará a los estudiantes –dicen- un “acercamiento al mundo del trabajo mediante prácticas educativas que cada escuela desarrollará, de acuerdo con su Proyecto Escuela”, en empresas y organizaciones académicas, científicas, tecnológicas, humanitarias, artísticas, entre otras.

Las prácticas educativas deben estar no solo integradas a la propuesta curricular, sino también deben tener como objetivo que los estudiantes consoliden, integren y amplíen conocimientos y habilidades relacionados con el perfil profesional en el que se están formando. Y deben tener como lógica que los alumnos “aprendan en la práctica”, dentro de las organizaciones laborales.

Grupos de padres, estudiantes y sectores políticos critican duramente este enfoque, bajo el argumento de que podría tratarse de un “fraude laboral” o una forma que tengan a disposición las empresas para obtener mano de obra “sin los costos e implicancias de un contrato de trabajo”.

La sentencia de la jueza Lourido también establece que la “Secundaria del Futuro” debió ser aprobada por un acto administrativo, cosa que el Gobierno no hizo. Y que, si sigue con este proyecto, deberán hacerlo antes del 1 de julio de 2019.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/sociedad/gobierno-porteno-pedira-modifique-ley-practicas-laborales-educativas-obligatorias_0_qG93lIANk.html

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FUBA: la izquierda se alió a los K y votaron nueva conducción, pero fue impugnada

Por: Ricardo Braginski.

Las divisiones internas dentro de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) parecen no tener fin. En junio, y después de 17 años de predominio de la izquierda, el arco “reformista” (que agrupa a radicales, peronistas y socialistas, pero que está conducido por Franja Morada) logró imponerse en un congreso y retomar la presidencia de la organización. Y si bien la anterior conducción de izquierda denunció “fraude”, la nueva FUBA terminó siendo ratificada por la Inspección General de Justicia (IGJ) y las autoridades de la UBA.

Las buenas noticias les duraron poco a los reformistas, porque en las elecciones de centros de estudiantes de este conflictivo 2018 la izquierda (aliada con el kirchnerismo) dio vuelta el marcador, y ahora esas agrupaciones unidas son mayoría.Aprovechando la nueva situación, se apuraron y convocaron para este lunes a un nuevo congreso, con el objetivo de elegir a las nuevas autoridades.

Alegría. Militantes del Partido Obrero festejan, antes del nuevo congreso de la FUBA. Junto al kirchnerismo, volvieron a ser mayoría. SILVANA BOEMO

Alegría. Militantes del Partido Obrero festejan, antes del nuevo congreso de la FUBA. Junto al kirchnerismo, volvieron a ser mayoría. SILVANA BOEMO

Erigieron como co-presidentes a Fernando Ramal (del Partido Obrero) y Eva Dimopulos (de La Mella, cercana al kirchnerismo). Mientras que Lucía Cámpora -de La Cámpora- y Sacha Unamuno -de Nuevo Encuentro, el espacio de Martín Sabbatella-, serán los vicepresidentes.

Pero ahora los que impugnan el congreso son los reformistas. Afirman que no se está cumpliendo con el mandato de un año que fija el estatuto (la actual conducción debería seguir hasta junio de 2019, dicen) y, además, que no puede haber dos presidentes y dos vices, porque la reglamentación de la FUBA no lo permite.

Congreso de la fuba . Silvana Boemo

Congreso de la fuba . Silvana Boemo

“La actual conducción tiene que terminar su mandato. El estatuto dice que se debe convocar al nuevo congreso con 10 días de anticipación de concluido el ciclo y, además, que se debe hacer un congreso por año: en 2018 ya se hizo. Para nosotros, esto equivale a un intento de destitución. Tampoco puede haber dos presidencias o dos vicepresidencias: están violando el estatuto. Por eso impugnamos el congreso del lunes ante la IGJ y no descartamos hacer alguna acción ante el rectorado o el Consejo Superior de la UBA”, le dijo a Clarín Felipe Vega Terra, consejero superior estudiantil y dirigente del reformismo.

Eva Dimopulos (elegida nueva copresidenta por La Mella) defendió ante este diario la posición de la izquierda. “Nosotros desconocemos el congreso fraudulento que hicieron ellos en junio, porque trucharon dos delegados y en ese momento lo certificamos ante un escribano. Con lo cual, no estamos acortando ningún mandato. En cuanto a la cantidad de presidentes, acá sucede como en los gremios o incluso la CGT, donde la forma de gobierno va variando con el tiempo. En la CGT, por ejemplo, hubo un solo conductor, pero luego triunviratos. Acá es lo mismo”, dice.

Alegría. Militantes del Partido Obrero festejan, antes del nuevo congreso de la FUBA. Junto al kirchnerismo, volvieron a ser mayoría. SILVANA BOEMO

Y afirma que pretenden cambiar el estatuto, para ajustarlo a las dos presidencias, pero que para eso necesitan un congreso extraordinario con dos tercios de los delegados y –dice- el reformismo “nunca quiere dar ese debate”.

Vega Terra reafirma que el congreso de junio “no fue trucho” y que cumplieron con todas las normativas. “La elección no recibió ninguna impugnación, ni del Poder Judicial, ni del rectorado ni de la Inspección General de Justicia. En el congreso que hicieron el lunes, en cambio, no estuvo la IGJ, por ejemplo”, afirmó.

El esquema del “cogobierno” entre el Partido Obrero y La Mella (conocido como el “doble comando”) fue el esquema que estas organizaciones impusieron en los últimos años para garantizarse un acuerdo entre esas dos fuerzas más importantes de la izquierda en el mundo universitario de la UBA. Si hay dos presidentes, no hay ninguno que tenga más poder que el otro, y así se garantiza la unidad, por más que el esquema no esté establecido en el estatuto de la Federación. Ahora que sumaron a sectores kirchneristas, como La Cámpora o Nuevo Encuentro, también habrá dos vicepresidencias.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/sociedad/fuba-izquierda-alio-votaron-nueva-conduccion-impugnada_0_Hc0FhJvjJ.html

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Para combatir la deserción: Habrá una cédula escolar que registrará la historia de cada alumno en todo el país

Por: Ricardo Braginski

Fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados. Una base de datos permitirá saber si están yendo a la escuela. Y si no van, el Estado saldrá a buscarlos. 

La educación argentina tiene unos cuantos desafíos. Pero sin dudas, uno de los más urgentes es resolver la alta tasa de deserción: aquellos chicos que, en algún momento y por diversos motivos, abandonan las aulas.

Las cifras lastiman: apenas el 45% de los chicos termina la secundaria en tiempo y en forma. Son mil adolescentes por día los que dejan la escuela media en el país. Y si bien el abandono en la secundaria es crítico, no es el único problema. En 2010, año del último censo, eran cerca de 80 mil los chicos de entre 5 y 17 años que nunca habían ido a una escuela.

El problema no es nuevo, y por eso tampoco son nuevas las soluciones. Hasta ahora, se habían implementado diversos programas –nacionales y distritales- con el objetivo de identificar a los chicos que no van o nunca fueron a la escuela, para así contactar a las familias y revertir la situación. Algunos avanzaron más que otros. La mayoría se enfocaron en la escuela secundaria.

Pero ahora, con la ley de “cédula nacional escolar” que avanza en el Congreso, todos los esfuerzos deberán coordinarse a través de un único registro nacional, que identificará y registrará la historia de cada chico del país, desde que deben ir a la sala de 4 hasta el último año de la secundaria.

El proyecto venía con media sanción y se aprobó este jueves con amplio consenso en Diputados: 193 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Como hubo dos modificaciones, vuelve al Senado, que lo convertirá en ley, probablemente en la próxima sesión, dentro de este período extraordinario.

El principal objetivo es identificar a los que están fuera del sistema educativo, generar un alerta temprana y, a través de la intervención de un equipo interdisciplinario, lograr que vuelvan a la escuela. También se registrará si han completado el plan de vacunación obligatorio.

La ley establece la creación del “Programa Cédula Escolar Nacional” que estará en el ámbito del Consejo Federal de Educación. Este programa deberá crear el “Libro Blanco de la Cédula Escolar”, una base de datos en la que se irá actualizando, año tras año, los datos estadísticos de cada chico y adolescente.

El Ministerio de Educación deberá presentar anualmente en el Congreso los resultados del programa, que estará a disposición del público a través de una página web.

Entre las iniciativas similares que ya existen a nivel nacional, la más relevante es el Sistema Integral de Información Digital Educativa (Sinide) que, por reglamentación oficial, debiera estar funcionando desde 2014, pero por ahora solo tres provincias lo implementaron: Buenos Aires, Santiago del Estero y Jujuy. Este sistema tiene por objetivo seguir la trayectoria “nominalizada” de los alumnos,esto es, la trayectoria de cada uno de los chicos por nombre y apellido. Ahora debe hacerse esto por ley.

También existen, a nivel nacional y distrital, iniciativas que salen en la búsqueda de los chicos que abandonaron la escuela. El más ambicioso es el programa Asistiré, del gobierno nacional, que implementó un software específico para esta tarea, con la utilización de tablets por parte de docentes y preceptores. En Santa Fe está el plan “Vuelvo a Estudiar” y también hay un plan similar en el municipio de San Martín.

“Incorporamos en el proyecto al Sinide y le daremos así rango de ley, lo que va a permitir que se acelere. La Cédula Escolar también dialoga con Asistiré. Permitirá que escale a nivel nacional”, le dijo a Clarín Brenda Austin, diputada del radicalismo y principal impulsora de la ley en Diputados.

El proyecto original había sido presentado hace dos años por el senador Julio Cobos y tuvo cambios. Si no se aprobaba este jueves, corría riesgo de perder estado parlamentario.

La ley fue acompañada por todos los bloques, excepto la izquierda. El Frente para la Victoria pidió dos modificaciones, que fueron aceptadas: que el programa esté bajo al órbita del Consejo Federal de Educación en lugar del Ministerio de Educación; y que quede expresado, de modo taxativo y claro, que se respetará la privacidad de los datos de los chicos.

La voz de los especialistas

Clarín consultó con especialistas en educación que, en líneas generales, destacan la importancia de esta nueva herramienta.

“Es una iniciativa importante y necesaria para concientizar sobre la problemática del abandono escolar, y para tener más información personalizada sobre la trayectoria educativa de los alumnos, que puede ser de utilidad para las políticas y para las escuelas. Para que tengan no solo la imagen general de las estadísticas sino el nombre y apellido, y las historias personales de los sujetos que es lo que realmente permite entender por qué dejan la escuela y en qué condiciones”, dijo a Clarín Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés.

Agregó que “la visión de la escuela como un derecho para todos los jóvenes es integral. Hay que repensar la escuela secundaria a fondo y contar con el financiamiento y los recursos adecuados para acompañar esos procesos de transformación que en estos momentos es muy difícil de garantizar y está en riesgo, por la disminución del presupuesto educativo de este año y del año que viene, que pone en riesgo las políticas de inclusión educativa”.

Belén Sánchez, coordinadora del programa de Educación de CIPPEC, afirma que “para asegurar una implementación exitosa de la cédula escolar es central que desde el nivel nacional se avance en la implementación del Sinide. La Argentina contará así con un sistema de estadísticas educativas basado en el registro nominal de alumnos, algo que facilita el seguimiento de las trayectorias escolares y que muchos otros países de América Latina ya tienen en funcionamiento hace varios años”.

“Además, en un escenario en el que coexisten políticas educativas nacionales y provinciales abordando problemáticas comunes, es crucial prever mecanismos de articulación que eviten la duplicación de esfuerzos y la sobrecarga de trabajo administrativo en las escuelas”, agregó Sánchez.

«Contar con un sistema que a nivel nacional permita el seguimiento personalizado de la trayectoria de los estudiantes es una cuenta pendiente. En el 2012 el Ministerio de Educación Nacional dispuso la creación del Sinide. La cédula nacional escolar debería enmarcarse en este esfuerzo. En todo caso, sería bueno que a fines de 2019 el sistema nominal nacional sea una realidad», dijo a Clarín Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación.

Desde el Ministerio de Educación nacional, el jefe de Gabinete Manuel Vidal dijo que esa cartera está “trabajando en equipo con las provincias porque queremos fortalecer las iniciativas de cada gobierno provincial e impulsar aquellas que no poseen ningún desarrollo propio. A su vez, ya estamos activos en la detección de los alumnos y las alumnas que tienen riesgo de abandonar la escuela en el marco del programa Asistiré. Consideramos que es fundamental contar con información confiable del sistema educativo para poder mejorar la calidad de las políticas educativas”.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/sociedad/crearan-cedula-escolar-registrara-historia-chico-pais_0_DjprE0kB7.html

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El foro en Buenos Aires Cumbre del G20: por primera vez, los líderes del mundo debatirán sobre educación

Por: Ricardo Braginski.

Por iniciativa de la Argentina, este año se incorporó el tema a la agenda como un asunto “prioritario”. Los ministros de todos los países acordaron un documento que llevarán a la cumbre este fin de semana. Qué contiene.

Los jefes de Estado ya están llegando. Pronto comenzarán las bilaterales, la cumbre y luego la foto final. Todo será como cualquier otra reunión del G20, pero esta vez con una diferencia. Por primera vez, este año los mandatarios firmarán un documento en el que el tema educación está entre los prioritarios. Es más, por primera vez se armó un “grupo de trabajo de Educación” que, durante todo este año e incluso con una reunión de todos los ministros de educación de los países del G20 en Mendoza, elaboró el documento final que será puesto a consideración de los presidentes en la cumbre de este fin de semana.

El documento es bien extenso y recorre diversos aspectos de las políticas educativas que, desde este foro, se recomienda para los países. Habla del derecho de los chicos a tener una educación de calidad, de cómo desarrollar las habilidades que se requerirán para los próximos años, la necesidad de financiamiento con control de los resultados en términos de aprendizajes, y el compromiso a una mayor cooperación internacional en esta materia.

Todos juntos. Compromiso firmado en septiembre por los ministros de educación del G20. EFE

Todos juntos. Compromiso firmado en septiembre por los ministros de educación del G20. EFE

Y avanza incluso sobre aspectos más puntuales como tomar en cuenta a la inteligencia artificial, el Big Data e Internet de las cosascomo cuestiones centrales a considerar en los nuevos contenidos escolares, tener un foco las áreas STEAM -ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas-, y la necesidad que los docentes manejen lenguajes digitales y tengan iniciativas innovadoras.

¿Cómo se llega a que un foro especializado en finanzas y economía se preocupe por estos temas? Dicen que el G20 dio un vuelco importante en el 2008, tras la gran crisis internacional. Allí, los responsables del organismo advirtieron que el crecimiento económico de las naciones -el objetivo de este foro- no iba a lograrse sólo con medidas económicas, y que para desarrollarse los países también necesitan ampliar los temas de debate. Así se fueron incorporando los diversos “grupos de trabajo”, como los de empleo, “mujeres líderes en negocio” o desarrollo. Y este año, por iniciativa de la Argentina en la presidencia del G20, también el grupo de educación.

“Entendemos que para que nuestros países crezcan y se desarrollen en todas las dimensiones, incluidas las personales, la herramienta fundamental es la educación. Es esencial toda aquella política orientada a desarrollar las habilidades del siglo XXI así como la cooperación para que se articulen estas políticas entre los países”, le dijo a Clarín Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación nacional, al explicar por qué la Argentina pidió que se incorpore la educación a la agenda del foro.

Para llegar al documento final sobre educación que será tratado por los presidentes en la cumbre, hubo distintas instancias y encuentros. En abril se reunieron los equipos técnicos de los distintos países en Buenos Aires (en el CCK) y en septiembre los ministros de educación de los países del G20 en Mendoza. Ahí firmaron el texto que se llevará al foro de presidentes ahora.

Si bien ese documento está plagado de enunciados políticamente correctos y de buenas intenciones, siempre sobreviene la incógnita con respecto a cuánto de todo esto llegará finalmente a las aulas, al aprendizaje diario y concreto de los chicos en cada rincón del país.

Finocchiaro reconoce que en los encuentros de organismos internacionales suele perderse el tiempo en aspectos irrelevantes, pero asegura que el G20 es distinto, especialmente por “el modelo de cooperación” que -dice- se establece. Y da un ejemplo: el nuevo modelo de enseñanza de la matemática que el Gobierno comenzará a implementar el año que viene en el país.

“El modelo Aprender Matemática toma las experiencias de casos de éxito como los de Singapur y Francia y esto surge a partir de la cooperación en el marco del G20. Logramos que vengan a la Argentina pedagogos de esos dos países (que volverán en enero) que, sumados a los pedagogos argentinos, están trabajando en la implementación del nuevo modelo. Es un ejemplo concreto de un sistema de cooperación que toma buenas prácticas de otros países y se busca adaptar a nuestra realidad. Todo esto se hizo en el marco del G20 y fue totalmente gratis para el país: no tuvimos que invertir un solo peso”, dice Finocchiaro.

Este miércoles, además, la Argentina firmó un acuerdo para reforzar la cooperación en educación con los Estados Unidos. Contempla la creación de un grupo de trabajo que deberá diseñar un programa de actividades basado en intereses comunes en el área de la educación, desarrollar y promocionar becas y otras herramientas que fomenten el aumento de la movilidad estudiantil y el intercambio académico. Además, deberá facilitar la cooperación entre gobiernos regionales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y otras instituciones educacionales a todo nivel, de acuerdo a un comunicado de la embajada de los Estados Unidos en la Argentina.

Acuerdo de cooperación en educación con los Estados Unidos entre el embajador Edward C. Prado y el ministro Alejandro Finocchiaro.

El acuerdo fue firmado por el embajador de Estados Unidos en Argentina Edward C. Prado y el ministro de Educación nacional Alejandro Finocchiaro.

Tras la experiencia de Buenos Aires, la duda ahora está planteada en si Japón, el próximo presidente del foro durante el año que viene, va a seguir considerando a la educación como tema prioritario. “Eso dependerá de ellos, pero esperemos que la experiencia nuestra sirva para que continúen”, dicen desde el Gobierno argentino.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/politica/cumbre-g20-primera-vez-lideres-mundo-debatiran-educacion_0_1mjC72s2s.html

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