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No se puede luchar contra la guerra y el genocidio si no politizamos su tecnología

ENRIQUE DÍEZ-GUTIÉRREZ | MAURO JARQUÍN RAMÍREZ

No se puede luchar contra la guerra y el genocidio si no politizamos su tecnología

La Inteligencia Artificial (IA) ha desembarcado en las universidades públicas. Departamentos y Facultades de todo el mundo han asumido y normalizado la incorporación y el uso de la IA de origen y control privado, respondiendo de forma casi automática a las campañas de marketing de grandes empresas y start-ups con el fin de “no quedarse atrás”.

 

Aprender a utilizar esta tecnología dentro de los marcos establecidos por los proveedores privados, así como su incorporación a la docencia, se ha convertido en un imperativo para enfrentar los “retos del siglo XXI”, que prioritariamente están determinados, cada vez más, por las necesidades y demandas de los mercados.

 

Esta narrativa dominante, “eficientista” y economicista, es extensiva a las distintas formas de tecnología digital en la educación superior y ha generado tal consenso y tal urgencia que, pese a enclaves críticos relevantes al interior de las universidades, de forma general se han dejado de lado consideraciones sobre las condiciones sociales e ideológicas de la producción de dicha tecnología (ONU, 2024).

 

No se ha cuestionado que la producción de IA está enmarcada en una cosmovisión del mundo específica, ni que está condicionada por un conjunto de prioridades económicas, políticas, ideológicas y sociales que la definen y la orientan. No se ha considerado el proceso social mediante el cual el “conocimiento producido socialmente” es extraído con el fin de ampliar las bases de datos que dan vida a dicha tecnología. Con ello, tampoco se han discutido las consecuencias del enriquecimiento corporativo a costa de la expropiación de la información colectiva.

 

En el ámbito universitario, el análisis de la IA se ha sustraído de su historia y contexto. Presentada como una herramienta lista para ser utilizada, sin considerar su condición de articulación técnica condicionada históricamente y fundada en el trabajo humano. Una tecnología que generalmente la comprendemos poco y aún menos la podemos controlar (Innerarity, 2019).

 

Plantear esto resulta clave porque, pese a que la discusión en torno a la IA ocupa paulatinamente un mayor espacio en la academia, esto no ha sido suficiente para lograr una pausa, un respiro, a nivel comunitario e institucional, que permita plantear una serie de preguntas y discusiones previas a su adopción. Esto incluso en un contexto global en el cual se ha demostrado el uso de la IA en procesos tales como el engaño de masas (Piacente, 2024), la desinformación (Perotti, 2024) e incluso el genocidio (Raiss, 2024), en los cuales el interés por la acumulación ha condicionado no solo el uso de la tecnología, sino también su diseño.

 

La pausa propuesta podría ser útil para superar los marcos interpretativos que se nos han impuesto en torno al desarrollo y el uso de tecnología digital en educación, los cuales aluden a los lugares comunes -aunque no por ello irrelevantes- respecto a los potenciales sesgos (sexo-genéricos, étnicos, de clase, etc.) en los resultados de la IA generativa, así como un potencial uso no ético de la misma, expresado, por ejemplo, en el fraude académico. Las condiciones sociales de la producción y distribución de dicha tecnología, donde confluye la explotación laboral, el impacto ambiental, la “caja negra” de sus algoritmos y el control de un reducido conjunto de megaempresas corporativas sobre sus condiciones de producción y uso, deben ser discutidas, porque la IA está afectando procesos fundamentales de la vida en común, tanto al interior de las Universidades, como fuera de ellas.

 

En este momento, resulta importante cuestionarnos la posibilidad de que, tal vez, la IA sea “una forma sofisticada de controlar las actividades y modificar las subjetividades de las personas a fin de incrementar las ganancias económicas” (Reyes, 2023) y de consolidar formas de opresión, y no únicamente una herramienta que el mundo de la ciencia ha desarrollado para “hacer nuestra vida más fácil” por medio de encargarse de tareas repetitivas y que consumen demasiado tiempo.

 

Genocidio en Palestina asistido por IA

 

Un ejemplo del nivel de impunidad epistémica que ha logrado la IA, así como de sus mecanismos de funcionamiento y del poder de las compañías proveedoras, es la invisibilidad de la cual ha gozado su uso respecto al genocidio palestino.

 

Como ha sido documentado, la IA ha tenido un papel relevante en el apartheid y el genocidio contra el pueblo palestino (Mhajne, 2023; Abraham, 2024; Gould et al., 2024). En mayo de 2021, el periódico The Jerusalem Post publicaba que la escalada de las fuerzas militares israelíes contra Hamás, denominada “Operation Guardian of the Walls”, era la primera guerra guiada por IA (Ahronheim, 2021). Los militares israelíes habían establecido una IA que centralizaba todos los datos sobre los grupos armados en Gaza, en un sistema que establecía los ataques a efectuar.

 

En 2023 Amnistía Internacional publicó el informe “Apartheid automatizado: cómo se fragmenta, segrega y controla a la población palestina mediante el reconocimiento facial”. En este, explicaba que tales instrumentos tecnológicos han sido usados para violar los derechos humanos y potenciar la guerra. Así, el apartheid de Palestina y la represión en Gaza se habían convertido en un «laboratorio» en el que experimentar con este tipo de prácticas (Amnistía Internacional, 2023; López, 2024).

 

Posteriormente, en abril de 2024, las revistas israelíes +972 Magazine y Local Call publicaron un reportaje sobre Lavender, una IA que opera a través de un avanzado sistema estadístico, el cual ha “asistido” los bombardeos israelíes en Gaza, con poca supervisión humana y un alto nivel de permisividad de personas asesinadas (Abraham, 2024) con lo cual ha mostrado una “tasa de error” muy alta que ha terminado con la vida de miles de personas y destruido infraestructura básica. Dicho programa se ha articulado con otras formas de IA para impulsar el actual genocidio del ejército israelí en la Franja de Gaza.

 

Resulta problemático que, pese al conocimiento público del uso bélico de la IA cada vez más extendido, así como a un generalizado rechazo de la campaña bélica israelí en medios universitarios del mundo, la discusión política global sobre la importancia de la tecnología y su rol se encuentre evidentemente desatendida. Esto contrasta con episodios históricos previos, donde una parte relevante del movimiento estudiantil desarrolló una crítica no únicamente a la violencia sobre los pueblos, el neocolonialismo y la guerra, sino también a las condiciones tecnológicas de su realización. En cierta medida, esto puede responder al nivel de integración que la tecnología digital ha logrado en nuestra vida cotidiana, con lo cual se ha despojado de todo vestigio de política, lucha o proceso social subyacente a su producción.

 

Protesta social y universidades. De Vietnam a Palestina

 

La brutalidad del ataque israelí sobre la población palestina, la sistemática violación de derechos humanos y los niveles de masacre continuada de población indefensa, generaron que la indignación mostrada a nivel global mediante movilizaciones masivas se expresara también en los campus universitarios.

 

El asesinato de más de 36.000 palestinos hasta el mes de abril de 2024, entre ellos más de 14.500 niños y niñas, así como la destrucción de cientos de escuelas y todas las universidades (Red Universitaria por Palestina, 2024), la devastación de viviendas, infraestructuras sanitarias, mezquitas y lugares patrimoniales palestinos, provocó el estallido de una “revuelta universitaria”. Manifestaciones, movilizaciones, tomas de campus, denuncias públicas, exigencias de suspensión de acuerdos y colaboración en investigaciones con el régimen israelí a los rectorados y autoridades académicas, jornadas de discusión y debate público en la calle y en las aulas, etc., fueron parte del abanico de estrategias y planes de acción definidos para intervenir políticamente en el debate sobre la situación palestina, y buscar así frenar la avanzada bélica de muerte y sufrimiento.

 

La irrupción del activismo universitario se extendió paulatinamente en distintas partes del mundo, con una participación importante también en Estados Unidos, donde a comienzos de mayo casi 3.000 estudiantes y personal académico de 61 campus habían sido detenidos (Rubin et al., 2024). En España, la policía irrumpió violentamente en los campus para desalojar acampadas universitarias, pese a que distintas universidades respaldaban institucionalmente las propuestas estudiantiles. En México, también colectivos estudiantiles, con su epicentro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), decidieron organizar acampadas por Palestina, además de foros informativos y de discusión con la participación de la academia, estudiantes y otros integrantes de las comunidades universitarias.

 

A la luz de la revuelta universitaria estadounidense, que tomaba lugar también en otras partes del mundo, un periodista del New York Times apuntó que tal situación podía “evocar los fantasmas de 1968” (Blow, 2024) refiriéndose a la protesta estudiantil contra la guerra de Vietnam. Una lectura que fue compartida en otros medios y espacios de debate, identificando paralelismos entre el activismo universitario contra la masacre del pueblo palestino y el movimiento estudiantil contra la intervención estadounidense en Vietnam (Helmore, 2024; Rees, 2024).

 

No obstante, entre otros elementos contextuales, es posible identificar una diferencia fundamental entre ambas experiencias: el lugar que ocupa en la crítica a la campaña bélica la problematización de sus condiciones tecnológicas de desarrollo. En este ámbito, ha sido posible ver cómo, pese al uso sistemático de tecnología de punta por parte del ejército israelí, persiste una clara ausencia de discusión en torno al papel que ha jugado, en este caso, la IA. Un caso significativo si consideramos que al menos una parte de las protestas estudiantiles respecto a Vietnam se centraron en la tecnología usada para su desarrollo.

 

Si la campaña bélica de Israel es la primera guerra asistida por IA, la guerra de Vietnam fue la primera guerra en la historia asistida por eletronic data. Tal como explica Fisher (1988) hacia 1968, Estados Unidos había instalado computadoras en Saigón, con data procedente de Vietnam del Sur, el cual iba a ser utilizado para analizar cada faceta de la guerra mediante la cuantificación de procesos diversos, con lo cual se podían hacer análisis y recomendaciones bélicas. Esta inclusión de computadoras también en el ámbito bélico se llevaba a cabo en un contexto en el cual la burocratización de la sociedad estadounidense iba de la mano con la incorporación de tecnologías para la gestión y el control, una tendencia que paulatinamente se consolidaba también en la universidad.

 

Los efectos de la guerra contribuyeron a agudizar el malestar causado por la tecnificación y burocratización de la sociedad y las universidades, un proceso al cual los estudiantes críticamente se referían como La Máquina. La problematización de dicha metáfora de funcionamiento de la sociedad condujo a que en las universidades los estudiantes se rebelaran contra las técnicas que alcanzaban cada vez mayor presencia. Así, los estudiantes optaron por quemar las tarjetas perforadas -un instrumento muy utilizado en el momento para organizar procesos administrativos- tanto de matrícula como de reclutamiento, en protestas contra la guerra en Vietnam (Lubar, 1992). Grupos de estudiantes organizados gritaban “¡Paremos la máquina de guerra!”. Otros, de los cuales algunos derivaron en la consolidación del movimiento hippie, simplemente no querían formar parte de dicha máquina, y optaban por renunciar a la vida en la sociedad moderna. Otros más denunciaban: “¡Nuestras vidas están manipuladas por máquinas IBM” (Lubar, 1992, p. 54).

 

La tecnología se comprendía poco a poco en tanto una expresión del control que sometía tanto a la universidad como a los pueblos y estaba vigente en el proceso colonial. Mueller (2021) recuerda cómo, mientras la rebelión estudiantil contra la guerra en Vietnam crecía, también lo hacían las acciones contra las computadoras ubicadas en los campus, tanto a nivel discursivo como en términos de acción directa. Explica que Old Mole, una publicación estudiantil de Cambridge, Massachusetts, escribió en un artículo de 1969, titulado Let’s smash MIT: “El MIT no es un centro de investigación científica y social al servicio de la humanidad. Es parte de la maquinaria de guerra de EE.UU.”. Lo anterior estaba acompañado de actos como ocupaciones y tomas de centros, incendios o ataques físicos a centros de computación, tal como sucedió en Syracuse University, University of Wisconsin, NYU o Stanford.

 

Sectores importantes del movimiento estudiantil contra la guerra de Vietnam, consideraron importante el análisis y la acción frente a una técnica y tecnología que posibilitaba la opresión y habilitaba procesos como el colonialismo y el militarismo. Plantearon en llevar la discusión más allá de los resultados de la guerra, y desarrollaron una crítica práctica en torno a los medios tecnológicos de despliegue bélico, la cual al día de hoy resulta tanto pertinente como necesaria.

 

Politizar la tecnología en las universidades

 

Luchar contra la guerra y el genocidio desde las universidades requiere discutir profundamente no solo sus resultados sino también su aristas tecnológicas. Más aún, responder a las necesidades vitales del siglo XXI, conlleva que el sistema educativo sea un espacio de reflexión crítica y conocimiento sobre la tecnología en nuestra vida cotidiana, y no únicamente un espacio adaptativo respecto a los intereses de quienes la controlan.

 

Por su lado, la universidad pública no puede ser un espacio pasivo de conquista para una novedad tecnológica y sus compañías desarrolladoras. Es preciso superar el fetichismo tecnológico de ver en la IA esencialmente una herramienta disponible para utilizarla a placer, y con ello avanzar hacia consideraciones relevantes sobre los efectos de su producción, su distribución y su consumo en nuestra vida cotidiana y en el trabajo que realizamos día con día en las universidades.

 

La tecnología digital -y paulatinamente la IA- ha logrado un status de naturalidad, normalidad y habitualidad y se ha consolidado como una parte inherente e indispensable del entorno y la acción humana a tal punto que es difícil marcar límites respecto al acto de usarla, o terminar siendo usados por quienes la controlan. Se ha convertido en un enclave a menudo invisible de generación de ganancias, reproducción ideológica y creación de condiciones de ordenamiento social.

 

De forma acrítica, cursos, cátedras y capacitaciones en IA, así como en competencias digitales se ofrecen y se establecen continuamente. La academia, profesoras y profesores nos afanamos por incorporar la última novedad en su campo de investigación y docente, adoptando un discurso de modernización revestido de innovación para “adaptar la universidad al siglo XXI”. Las instituciones de educación superior invitan a docentes y estudiantes a formarse y profesionalizarse en el uso de herramientas de IA, sin un cuestionamiento ni un debate sistemático sobre el sentido y la finalidad de dicha tecnología. Cada vez se ofertan más cursos de actualización tecnológica en mercancías educativas (software o hardware) cuya utilidad educativa aún no resulta clara, pero que son impulsadas por campañas publicitarias fundadas en un discurso que ha logrado llegar al sentido común en el sector educativo.

 

Consideramos que, frente a una coyuntura de expansión corporativa en la política y educación globales, resulta un imperativo la politización de la tecnología en nuestras universidades, así como la creación de un debate amplio en torno a su finalidad y su sentido, lo cual debe conducirnos a plantear, entre otras cosas, también el control democrático y transparente y su regulación pública y abierta. No se trata de maquillar ese control con organismos o regulaciones paliativas como la reciente Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), cuya misión de vigilar la aplicación de esta tecnología y sus efectos en empresas e instituciones públicas, como se puede hacer con los alimentos o los medicamentos, supuestamente serviría para “avanzar hacia una IA confiable y ética”. Tenemos que caminar hacia una discusión plural que nos conduzca, en un primer momento, a una mayor transparencia en la implantación de la IA y hacia su auditoría (Castillo, 2024).

 

Politizar la tecnología implica, también, discutir las condiciones sociales y los actores implicados en su producción. Esto nos remite a pugnar por cambios en los mecanismos de toma de decisiones y formas de gobernanza que alteren la tradicional distribución de poderes en esa toma de decisiones (Subirats, 2016). Politizar la tecnología es tener acceso público y democrático para auditar sus algoritmos y tener capacidad de impedir que se sigan utilizando si reproducen discriminaciones, vulneran los derechos humanos o se utilizan para fines bélicos o genocidios como el de Gaza. Politizar la tecnología es decidir para qué la queremos, cómo utilizarla, y al servicio de qué fines sociales y políticos. En definitiva, esto se vincula a la apuesta por un control social y democrático, orientado al bien común, de una tecnología que actualmente está condicionando nuestra forma de pensar, relacionarnos, actuar, estudiar y construir el mundo que habitamos.

 

Mauro Rafael Jarquín Ramírez es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y Enrique Javier Díez Gutiérrez de la Universidad de León (España).

 

Referencias:

 

Abraham, Y. (2024, abril 5). Lavender & Where’s Daddy: How Israel Used AI to Form Kill Lists & Bomb Palestinians in Their Homes. Democracy Now. https://bit.ly/3Rl9O8l

 

Amnistía Internacional (2023, mayo 2). Apartheid automatizado: Cómo se fragmenta, segrega y controla a la población palestina en los TPO mediante el reconocimiento facial. Amnistía Internacional. https://bit.ly/3RrqqLB

 

Blow, Ch. M. (2024, abril 24). The Ghost of the 1968 Antiwar Movement Has Returned. The New York Times. https://bit.ly/45kccC4

 

Castillo, C. del (2024, junio 19). La Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial echa a andar entre quejas por dar de lado a la sociedad civil. El Diario.es https://acortar.link/pg2kQn

 

Fisher, D. (1988). Computers, electronic data and the Vietnam War, Archivaria, 26, 18-32.

 

Gould, L., Arentze, L. & Holjtink, M. (2024, mayo 2). Gaza war: artificial intelligence is changing the speed of targeting and scale of civilian harm in unprecedented ways, The Conversation, https://acortar.link/g3gUxX

 

Helmore, E. (2024, abril 29). Echoes of Vietnam era as pro-Palestinian student protests roil US campuses. The Guardian. https://bit.ly/3VBXseA

 

Innerarity, D. (2019, marzo 11). Lo digital es lo político. La Vanguardia. https://bit.ly/3VoM4RQ

 

López, V. (2024). Israel usa la inteligencia artificial como arma para afianzar el «apartheid» en Gaza. Público. https://acortar.link/Jbq0GW

 

Lubar, S. (1992). Do not fold, spindle or mutilate: A cultural history of the Punch Card, Journal of American Culture, 15(4), 43-55.

 

Mhajne, A. (2023, noviembre 2). Israel’s AI revolution: From innovation to occupation, Carnegie Endowment for International Peace, https://acortar.link/hgYPgn

 

Mueller (2021). Breaking Things at Work: The Luddites Are Right About Why You Hate Your Job. Verso.

 

ONU (2024). La militarización de la inteligencia artificial y el género. ONU. https://acortar.link/pGrrBc

 

Piacente, P. J. (2024, mayo 13). La IA ya es una maestra de la mentira y el engaño. Levante. https://bit.ly/3x4jRb3

 

Perotti, E. (2024, febrero 27). Desinformación e inteligencia artificial: ¿la revolución industrial? World Association of New Publishers. https://bit.ly/3xghli0

 

Raiss, A. (2024, junio 6). ‘Digital kill chains’: The dark side of tech in warfare. The Cradle. https://bit.ly/3yXQPdP

 

Red Universitaria por Palestina. (2024). Universidad, Gaza y genocidio: una ecología de guerra. Red Universitaria por Palestina. https://acortar.link/cgmWk2

 

Rees, J. (2024, mayo 18). The crucial difference between the Gaza and Vietnam student protests. Middle East Eye. https://bit.ly/4aYMdBk

 

Reyes, C. (2023). La inteligencia artificial no es neutral, El Viejo Topo, Julio-Agosto, Núm. 426/427

 

Rubin, A., Beheraj, K., Lysik, T., & Chase, W. (2024, mayo 10). Mapped: Where pro-Palestinian student protesters have been arrested. Axios. https://bit.ly/45hZBPT

 

Subirats, J. (2016). Internet y democracia. Politizar la transformación tecnológica. Gaceta Sindical, 27, 61-72.

https://vientosur.info/inteligencia-artificial-y-universidades-no-se-puede-luchar-contra-la-guerra-y-el-genocidio-si-no-politizamos-su-tecnologia/

 

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Otros mapas de conflictos sindicales: luchas feministas en los márgenes del trabajo

Los conflictos y las luchas que en los últimos años han protagonizado mujeres sometidas a formas extremas de discriminación y explotación laboral sitúan en las condiciones materiales para la vida un eje clave de su acción política. Los procesos que han puesto en pie para confrontar esa explotación forman parte del entramado de luchas que los feminismos han desplegado en este ciclo. Las aportaciones de estas mujeres en lucha desafían los enfoques feministas que no incorporan la interseccionalidad en sus análisis y muestran la existencia de otros sindicalismos posibles: aquellos que organizan a sectores laborales y productivos tradicionalmente excluidos, incorporando sus necesidades y demandas al análisis del mercado de trabajo y del modelo económico.

Lo que desde diferentes sectores del feminismo estamos denominando sindicalismo feminista-feminismo sindicalista (con este doble recorrido) no es una práctica puntual. Es la forma en la que muchas mujeres, en torno a la precariedad de sus vidas, se autoorganizan para garantizar sus condiciones materiales de existencia y las de sus familias. Muchas experiencias y conflictos colectivos protagonizados por mujeres organizadas amplían lo que entendemos por sindicalismo y cómo se practica. Ejemplos de ello son las trabajadoras agrupadas en la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha, las kellys, las trabajadoras sexuales, las riders, las trabajadoras domésticas o las trabajadoras a domicilio. Como señalan desde la asociación Territorio Doméstico: “Tal y como lo vamos construyendo entre nosotras (…) [este nuevo sindicalismo] aúna formas de organización colectiva del llamado sindicalismo social y del origen político del sindicalismo obrero”.

Por un trabajo con derechos, por vidas dignas más allá del trabajo
Todas las experiencias que podemos englobar bajo el paraguas del feminismo sindicalista tienen claro que la exigencia del reconocimiento pleno de derechos laborales, frente a la explotación a las que nos somete el capital, debe ir claramente ligada a la batalla por disociar la condición de ciudadanía (y las condiciones materiales que la posibilitan) de la tenencia o no de un empleo. A partir de este enfoque, se organizan e impulsan alianzas por la defensa de los servicios públicos, los sistemas de rentas garantizadas, el derecho a una vivienda, el fortalecimiento del tejido comunitario, las luchas contra las violencias o por el derecho al aborto. Si, como defienden los feminismos, hablamos de construir vidas dignas y sin precariedad, estas reivindicaciones están ligadas y son inseparables de la lucha por sus derechos laborales.

Esta forma de plantear los conflictos sindicales más allá de lo laboral y desde una perspectiva interseccional se enmarca en un amplio y sólido enfoque teórico y crítico, generado desde las propias luchas y prácticas. Además, la economía feminista ha profundizado mucho sobre estas cuestiones a través de experiencias de investigación-acción militante como Precarias a la Deriva, La Laboratoria y el trabajo de otras muchas compañeras como Cristina CarrascoAmaia Pérez OrozcoSilvia FedericiSigrid Bazán o Luci Cavalleropor nombrar solo algunas.

Los análisis críticos desde el feminismo incorporan la dimensión de la reproducción social a los análisis sobre el neoliberalismo, llaman la atención sobre la necesidad de articular todo lo relativo a las condiciones para una vida digna, no solo el empleo. Conectan la precariedad laboral con cuestiones como la flexibilización de los tiempos y espacios del trabajo; el recorte de los salarios o la ausencia del mismo; la pérdida de derechos y la ausencia de regulación en algunos sectores (de la que se desprende, por ejemplo, la ambigüedad del vínculo entre quienes emplean y quienes son empleadas) o la racialización del trabajo, entendida como la relación de las condiciones laborales con la situación administrativa de la persona trabajadora, como sucede en el caso de las trabajadoras de hogar y de las jornaleras contratadas en Marruecos que trabajan en los campos de Huelva.

El desarrollo del neoliberalismo y el proceso de acumulación de riqueza necesario para ello han convertido en un elemento estructural la precarización del empleo, particularmente de las mujeres, jóvenes y personas migrantes, reduciendo muchos trabajos esenciales para la reproducción de la vida a nichos de trabajos sin derechos. Cuando un trabajo se feminiza y se racializa, se normaliza la degradación de sus condiciones laborales, su reconocimiento social y la devaluación de sus salarios. Este proceso se origina en la división sexual del trabajo y en las lógicas coloniales y extractivistas, tan imbricadas en los mecanismos de explotación capitalista. Se asienta sobre los roles y estereotipos de género que históricamente se asocian a las mujeres, como cuidar, sanar, alimentar, limpiar o ejercer tareas de sostén emocional y relacional. De esta manera, la economía se construye sobre la explotación y, a la vez, sobre la negación de la relevancia económica y social del trabajo de las mujeres y de todas las tareas asociadas a lo femenino, utilizando como patrón de normalidad económica lo masculino, blanco y eurocéntrico. A estos elementos podemos sumar los procesos de privatización de los servicios públicos y la pérdida de derechos sociales.

Cuando el trabajo no se considera trabajo
En general, el trabajo que no parece trabajo es aquel que llevan a cabo las mujeres, mujeres racializadas y disidencias. Las formas de explotación en tiempos de neoliberalismo nos muestran un nuevo mapa de los conflictos abiertos y nos plantean algunas preguntas para las que aún no tenemos respuestas completas. ¿Qué pasa cuando el jefe no es visible o es una aplicación, como en el caso de las riders? ¿Cómo organizarse cuando no hay centro de trabajo? ¿O cuando tu puesto de trabajo es un domicilio particular, como les sucede a las trabajadoras del hogar? ¿Cómo defender derechos cuando ni siquiera se nos reconoce como trabajadoras, como reclaman las trabajadoras sexuales y las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular?

Las trabajadoras del hogar ponen voz a un aspecto común: la falta de reconocimiento social de su trabajo y la ausencia de derechos que eso implica. Las cadenas globales de cuidados, apuntaladas por la ley de extranjería, que lleva a que la mayoría de las trabajadoras del hogar sean mujeres migrantes sin derechos, son un elemento estructural para entender el engranaje del trabajo de hogar y de cuidados. Amaia Pérez Orozco las define como “cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida y en las que en los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder” 1/. Este sector de trabajadoras está sujeto a un régimen especial dentro del régimen general de la Seguridad Social y vienen protagonizando una lucha tenaz para lograr los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras. Junto con las kellys, las trabajadoras de residencias o el Servicio de Ayuda a Domicilio pelean por el reconocimiento de la dignidad de su trabajo.

Las y los riders extienden su lucha más allá de lo sectorial planteando la necesidad de un cambio de modelo económico 

Otro grupo de trabajadoras sin plenos derechos y la correspondiente ausencia de reconocimiento son las trabajadoras sexuales. De hecho, a las mujeres que ejercen la prostitución se les ha privado, en plena pandemia, de la posibilidad de acogerse al Ingreso Mínimo Vital. Más allá de lo que esto supone en la lucha por la supervivencia, es un ejemplo más de la imposibilidad de acceder a derechos de ciudadanía si no hay un reconocimiento de su condición de trabajadoras.

La Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha (2022), ejemplo de lucha y de puesta en práctica de otras formas de sindicalismo feminista, antirracista y ecologista, plantea lo siguiente: 

Los tiempos han cambiado y en los sectores más empobrecidos, cada día más precarizados, en los que tenemos compañerxs que ni siquiera son reconocidxs como ciudadanxs, resulta imposible organizarse a través de afiliaciones (cuotas de las propias personas trabajadoras), por lo que reinventar el sindicalismo se hace prioritario. Reinventarlo de arriba abajo o, mejor dicho, desde abajo hacia arriba.

Podemos extraer muchos aprendizajes y claves de estas luchas. Una muy relevante surge de la denuncia que las riders hacen del proceso de uberización de la fuerza de trabajo en el marco de la economía de plataforma, maquillado a través de un lenguaje neoliberal que encubre la verdadera relación laboral con discursos de libertad, flexibilidad y sé tu propio jefe. La inexistencia de centros de trabajo (llamados centroides en esta neolengua), que al despido se le llame desconexión o la organización de los tiempos de trabajo a través de algoritmos que, al mismo tiempo, no se registran e impiden garantizar el cumplimiento del convenio, son elementos que complejizan la organización de las trabajadoras. Las y los riders extienden su lucha más allá de lo sectorial planteando la necesidad de un cambio de modelo económico que garantice derechos a todas las personas.

Juntas y diversas: el enfoque y la práctica feminista para cambiarlo todo
Sabemos que nuestras vidas y problemáticas son diversas. Las violencias se superponen y, por lo tanto, es absolutamente imprescindible una mirada interseccional para generar transformaciones reales y hacer propuestas útiles para la vida de las mujeres y del conjunto de la población. La interseccionalidad de opresiones, como herramienta de análisis que desarrolla el feminismo, permite ampliar y complejizar la realidad concreta de las mujeres, generar transformaciones reales y hacer propuestas útiles para el conjunto de la población. El género, pero también el color de nuestra piel, nuestra situación administrativa, el número de ceros en nuestra nómina (si es que tenemos), nuestra orientación sexual o identidad, si tenemos una vivienda o no, determinan las condiciones del acceso al empleo y a derechos y, por lo tanto, jerarquizan unas vidas sobre otras. Por eso, estamos fuertemente convencidas de que las prácticas feministas y sindicalistas deben adaptarse al contexto, apostar por la construcción de alianzas y entender que los sujetos que protagonizan las luchas no se delimitan en un congreso o un paper académico. Se construyen en los procesos que ponemos en pie a través de la práctica, con diálogo y debate. Estando juntas y siendo cada vez más.

Sin las violencias que genera la ley de extranjería, no se puede entender hoy una gran parte de las dinámicas de exclusión y explotación provocadas por sectores económicos que asientan sus beneficios en las condiciones de semiesclavitud que, fruto de las políticas de fronteras, deben aceptar las personas que migran. Entender cómo el racismo institucional atraviesa la vida y las condiciones de empleo de muchas trabajadoras y cómo distribuye el mercado laboral es fundamental para construir feminismos y sindicalismos que pretendan ser verdaderamente transformadores y emancipadores. Como señala Pastora Filigrana: “Mientras haya bolsa de personas en pobreza sin papeles ninguna lucha sindical va a llegar a buen puerto porque siempre tendrán una mano de obra barata y con miedo y explotable con la que intercambiarnos si protestamos”.

Las denuncias de abusos sexuales en Huelva en 2018, interpuestas por un grupo de jornaleras del campo, marroquíes en su gran mayoría, son otro ejemplo de lucha interseccional. Interpelaron directamente a la Administración y a los sindicatos ante el abandono e invisibilización de su proceso, así como al movimiento feminista que había clamado en las calles contra la justicia patriarcal frente a la sentencia del juicio de la manada. Nuevamente recurrimos a la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha para entender cómo actúa la dimensión de clase, de género y de raza en la violencia que se ejerce contra ellas. Ana Pinto, trabajadora del campo y activista de esta asociación, señala: “En Huelva se da toda la explotación posible: racismo (con la explotación de personas migrantes), machismo y destrucción del medio ambiente”. “Todas las vertientes del sistema neoliberal en una comarca”, dice la abogada Pastora Filigrana.

La condición de trabajos esenciales (aquellos sin los cuales es imposible el funcionamiento de la sociedad y la vida de las personas) ha sido un tema recurrente al calor de la crisis generada por la covid-19. Aunque las trabajadoras del sector del hogar y los cuidados llevan años “politizando las ollas, las calles y los delantales”, como señalan nuestras compañeras de Territorio Doméstico (Pimentel et al., 2021), y poniendo encima de la mesa la necesidad de reconocimiento y de derechos laborales, la escasa cobertura social durante la crisis de la pandemia en muchos sectores laborales feminizados demostró los límites de muchas de las llamadas políticas públicas de igualdad. Muchas mujeres, como las trabajadoras domésticas o las trabajadoras sexuales, quedaron fuera de los sistemas de protección que se desplegaron.

Como apuntó Kathi Weeks (2022), así como el marxismo concibió al proletariado industrial como clase revolucionaria capaz de crear un mundo nuevo, los feminismos entienden que, en las formas feminizadas de trabajo (y racializadas, añadimos nosotras), marginadas a la vez que fundamentales para los procesos de valorización capitalista, hay muchas claves para generar experiencias de organización que construyan una colectividad política feminista y anticapitalista, cuyo fin último sea la transformación radical, entre otras, de las instituciones del trabajo y de la familia, como elementos que estructuran el actual orden económico y social.

Si nosotras paramos, se para el mundo. Lo que las huelgas feministas nos enseñaron
Las huelgas feministas internacionales de 2018 y 2019, articuladas en torno a cuatro dimensiones de la actividad y la vida de las mujeres –laboral, estudiantil, cuidados y consumo– son un hito importantísimo para entender el desarrollo de estas formas de hacer y de luchar por los derechos a las que nos venimos refiriendo. En el proceso se elaboró un potente argumentario que ha construido la base de todo el histórico ciclo de movilizaciones feministas de los últimos años. Se asentaron marcos políticos y discursivos que venían de lejos y que impulsaron, en el plano estratégico y organizativo, los movimientos feministas.

Los procesos colectivos de las huelgas fueron un catalizador del hartazgo de muchas mujeres y una propuesta renovadora sobre dos conceptos claves del sindicalismo: trabajo y huelga. El feminismo siempre ha denunciado las limitaciones de la idea tradicional de trabajo porque deja fuera muchas actividades centrales para la economía y la vida que realizan mayoritariamente las mujeres. Las huelgas visibilizaron la necesidad de dinamitar la distinción, en cuanto a reconocimiento y derechos, entre lo que se ha considerado la esfera pública, la de la producción, y la privada, de la reproducción. Si se diferencia trabajo de empleo, el trabajo deja de ser algo específico del ámbito de la producción y se amplía al ámbito de la reproducción social (que incluye los trabajos de cuidados). Estos procesos de movilizaciones feministas pusieron sobre el tapete la realidad de las condiciones laborales y vitales de muchas mujeres, construyendo un mapa propio de conflictos y luchas. La ampliación del concepto de huelga contribuyó a visibilizar algunas de las cuestiones que se venían señalando desde hacía tiempo, recalcando la centralidad de los cuidados y la dimensión económica y social de los mismos.

La ampliación del concepto de huelga contribuyó a visibilizar la centralidad de los cuidados y la dimensión económica y social de los mismos

Las huelgas feministas, que tuvieron un rico recorrido, un contenido trabajado y que dibujaron el horizonte transformador más potente de los últimos años, también nos señalaron algunas paradojas que han abierto importantes y fructíferos debates. Un ejemplo muy evidente fue la dificultad de muchas mujeres que, sintiéndose interpeladas y habiendo participado del proceso, no pudieron secundar la huelga. Cuando cada vez necesitamos hacer más cosas para cobrar lo mismo, cuando de tu puesto de trabajo depende que una persona mayor o una menor sea atendida, cuando no tienes papeles y trabajas sin contrato, el derecho a la huelga, una histórica conquista que le debemos al movimiento obrero, se convierte en un imposible.

Las huelgas fueron sin embargo una experiencia de todas, de las que pararon todo el día o de las que se sumaron desde sus puestos a la manifestación, de las que estaban internas y de las que salían a aplaudir el paso de las compañeras desde sus puestos precarios. Fueron muchas luchas que se articularon bajo una idea potente: si las mujeres paramos, se para el mundo. Con esta idea, las feministas visibilizamos que hay trabajos que no se pueden detener incluso cuando todo lo demás para. Así se ha evidenciado durante la pandemia. La mayoría de estos trabajos y los más precarios los realizan mujeres, especialmente aquellas con menos derechos reconocidos, como son las migrantes y racializadas. Son las últimas de una cadena en la que todas las demás estamos insertas.

El feminismo sindicalista como lugar de resistencia y transformación
Las experiencias del sindicalismo feminista de los últimos años han tenido y tienen un papel inspirador y central en las luchas que los feminismos autónomos y populares han desplegado en este ciclo histórico de movilizaciones feministas. Componen nuevas formas de organización sindical y feminista, cuyas expresiones van mucho más allá de las que hemos podido referenciar en este artículo. No son solo prácticas puntuales, sino también propuestas de autoorganización, de un sindicalismo de base con tramas de apoyo mutuo.

Estas experiencias de feminismo sindicalista están impregnadas de los lenguajes y los modos de hacer de los feminismos de base y de otros movimientos populares (el asamblearismo, la construcción de consensos, el apoyo mutuo). Se nutren también de herramientas tradicionalmente asociadas al sindicalismo, como las huelgas o las cajas de resistencia. Haciendo honor a la mejor tradición disidente de la que forma parte el feminismo autónomo, las hacen suyas, las modifican, las amplían, las reinventan. Articulan un espacio de lucha y de pensamiento que pone el foco en las costuras del sistema económico y productivo, encarnadas en los cuerpos y las vidas de las mujeres, especialmente de las migrantes y racializadas.

Las resistencias primero, y las reticencias después, de los sindicatos mayoritarios frente a la propuesta de huelga feminista evidenciaron en gran medida su incomprensión del alcance de la propuesta feminista y las dificultades que arrastran para incorporar a diversos sectores laborales feminizados y precarios. Esto se debe, por una parte, al concepto de trabajo en el contexto histórico actual: las relaciones productivas, quién o quiénes componen el sujeto de la clase obrera, cómo se construye este y qué validez se da a ciertos conflictos. Pero, por otra parte, se debe a su incapacidad o falta de voluntad para atender las exigencias que expresan algunos colectivos de trabajadoras y para abrir la participación en estructuras que están fuertemente jerarquizadas. Esto ha hecho que tanto las jornaleras como las trabajadoras de hogar hayan expuesto la urgencia por establecer nuevas formas de participación y diálogo en los procesos de negociación de convenios, ya que por ley son los sindicatos los que se sientan en las mesas de negociación. En ocasiones, la confrontación con algunos sindicatos ha sido manifiesta, como lo ha sido también el apoyo de organizaciones sindicales de base con protagonismo femenino y feminista que llevan esto a la práctica. Como dice Ana Pinto, de la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha:

Hemos tenido que aprender sindicalismo sobre la marcha y crear muchas redes para lograr condiciones de vida y trabajo dignas para la clase jornalera (…). Luchamos por cambiar las condiciones de trabajo y de vida de todas las temporeras, para conseguir derechos para todas porque es de justicia y para enfrentar la estrategia patronal del divide y vencerás.

Como se señala desde el colectivo La Laboratoria, que organizó las jornadas “El feminismo sindicalista que viene” (2022): 

Las mujeres, las lesbianas, las trans y todas las que desacatan los ordenamientos patriarcales del género sabemos bien que violencia, extractivismo y explotación no pueden leerse por separado, se anudan siempre de modos complejos, colocándonos una y otra vez al límite, usurpando nuestras energías vitales. Un sindicalismo de nuevo tipo, con claro protagonismo femenino, está emergiendo en estos anudamientos, mezclándolo todo e inventando nuevos modos de plantear el conflicto, pero también nuevas estrategias de autoprotección entre nosotras.

Los feminismos sindicalistas son lugares de resistencia y contestación. Espacios desde los que se van construyendo alternativas a través de sujetos políticos que no siempre han sido reconocidos y nuevas formas de organización sindical. Abren también nuevas preguntas y provocan una rica deliberación sobre las posibilidades y límites de la actual organización y ética del trabajo. 

Vivimos un momento de fragmentación y creciente desánimo, pero creemos que el feminismo, en alianza con otras luchas y movimientos, sigue siendo nuestra mejor herramienta para cambiarlo todo. Como señala Ángela Davis 2/: “El feminismo no es solo una estrategia para superar la opresión basada en el género, sino también contra el racismo, el fascismo, el materialismo o la opresión económica”.

Julia Tabernero Sierra es socióloga y forma parte, entre otros espacios, del movimiento de vivienda y del colectivo Feministas en Acción.
Justa Montero Corominas pertenece a la Asamblea Feminista, Feministas en Acción y La Laboratoria, forma parte del Consejo Asesor de viento surEva Muñoz Moreno es activista feminista y participa en varios colectivos como Feministas en Acción, la Asamblea feminista por un Empleo de Hogar con Derechos y la Comisión 8 de Marzo de Madrid

Notas:

1/https://trainingcenter.unwomen.org/instraw-library/2009-R-MIG-GLO-GLO-SP.pdf

2/ Davis, Angela (2018). Intervención en las jornadas “Mujeres contra la impunidad”, Asociación de Mujeres de Guatemala, 10/2018 (accesible en https://www.publico.es/sociedad/angela-davis-feminismo-arma-potente-luchar-racismo-fascismo.html )

Referencias

Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha (2022) “Informe Jurídico Brigada de Observación” (accesible en -https://jornalerasenlucha.org/wp-content/uploads/2021/02/InformeJuridicoBrigadaDeObservacion-JornalerasDeHuelvaEnLucha.pdf).

La Laboratoria (2022) “El feminismo sindicalista que viene” (accesible en https://m.facebook.com/La-Laboratoria-103301798092312/videos/nuria-soto-el-feminismosindicalista-que-viene/411876339918767/?__so__=permalink&__rv__=related_videos&locale=ne_NP ).

Pimentel Lara, Rafaela; Cisneros Sánchez, Constanza; Caballero Richard, Amelia; Rojo Delgado, Ana (2021) Biosindicalismo desde los territorios domésticos. Nuestros reclamos y nuestra manera de hacer (accesible en Laboratoria.red/publicación/biosindicalismo-desde-los-territorios-domésticos ).

Weeks, Kathi (2020) El problema del trabajo. Madrid: Traficantes de Sueños.

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La educación pública en peligro (2012)

Desde que se inició la crisis, pese a que esta no tiene ningún origen en el gasto público, educativo o sanitario, se ha procedido a aplicar un sinfín de recortes en el gasto social con la excusa de que son medidas “necesarias para salir de la crisis”. Estos recortes han ido acompañados de un deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que hacen posible la prestación de los servicios públicos. Las consecuencias de estas políticas están siendo terribles para las familias trabajadoras, principales víctimas de este proceso generalizado de deterioro de los servicios públicos y sociales.

Agresiones contra la Educación Pública

Mientras la banca no cesa de recibir todo tipo de ayudas por parte del Estado, la Educación Pública se está enfrentando a una agresión inédita y continuada, tanto por parte de los gobiernos centrales como autonómicos. Recortes que recaen contra una Educación Pública que ya arrastraba muchas carencias del periodo de boom económico. De hecho, el Estado español nunca se ha caracterizado por tener un gasto educativo “excesivo”, más bien todo lo contrario. Datos de la OCDE referentes al año 2008 indican que el gasto educativo en España se situaba en el 4.6% del PIB, frente al 5.4% de media entre todos los países miembros de la OCDE. Ahora las cosas van a peor: el Plan de Estabilidad del gobierno enviado a Bruselas prevé que la inversión educativa caiga hasta el 3.9% del PIB en 2015.

Estamos asistiendo a un proceso de desmantelamiento de la Educación Pública. Todas las medidas gubernamentales de los últimos años están teniendo un impacto muy negativo: subida de tasas universitarias, reducción de becas, recortes presupuestarios, decenas de miles de no admitidos en FP, disminución del número de profesores, recortes salariales y laborales a las y los docentes, etc. Medidas que se vienen aplicando en todas las administraciones como lo muestra que en 2011 todas las Comunidades Autónomas recortaronsus presupuestos educativos.

En un contexto de recortes y de aumento del número de alumnos, los gobiernos autonómicos han procedido a reducir drásticamente el número de profesores. La destrucción de empleo se ha cebado en el profesorado. Los despidos de interinos y la falta de contrataciones se han generalizado. Según datos del Ministerio de Educación sobre el curso 2010-2011, los colegios e institutos públicos de Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Ceuta, han tenido 2.861 profesores menos para atender a 46.000 estudiantes más /1. A su vez, el profesorado ha visto mermados sus salarios no solo con la reducción salarial del 5% hace más de dos años, sino con las congelaciones posteriores.

Por otra parte, los docentes están asistiendo a una precarización de sus condiciones laborales y salariales. En septiembre del año pasado había cientos de funcionarios que no sabían que centro tenían asignado o las materias que iban a impartir. El aumento de horas lectivas para los profesores ha sido generalizado, lo que significa tener menos tiempo para la preparación de la asignatura. Según un informe de la OCDE, los docentes españoles imparten más horas de clase que la media de profesores de la OCDE. A su vez la masificación en las aulas va a ir en aumento dado que se ha incrementado el ratio máximo de alumnos por aula en primaria (de 25 a 30), secundaria (de 30 a 36) y bachillerato (de 35 a 42). También se reduce el número de centros de formación y asesoramiento para el profesorado, y el número de profesores de apoyo en los colegios e institutos.

Los recortes están haciendo retroceder décadas a la escuela pública. Este verano, en Galicia, la Xunta anunció que a partir del próximo curso se van agrupar a niños y niñas de 6 a 12 años en el mismo aula. En institutos madrileños se están eliminando clases por la supresión de alguna modalidad de bachillerato, en especial el de Ciencia y Tecnología. En la Comunidad de Madrid también han eliminado becas para libros, que han sido sustituidas por préstamos.

Por otra parte se está operando para segregar al alumnado según su “rendimiento” y fomentar una educación elitista. Mientras se han eliminado programas de compensatoria para alumnos con dificultades, Esperanza Aguirre, en el marco de una ofensiva neoliberal que no pretende mejorar la educación pública o la calidad del sistema educativo sino crear un sistema organizado de manera elitista donde se margine a buena parte de los estudiantes, ha promovido el llamado “Bachillerato de Excelencia”. Y para convencer a la gente de que es necesario imponer un nuevo modelo educativo se han esforzado es sembrar la desconfianza contra todo lo público. Los medios de comunicación han actuado como cajas de resonancia de esta política, exagerando fenómenos como la violencia en las aulas, sin informar de la existencia del entorno problemático, etc.

Educación infantil

Los recortes también se han cebado contra los centros de enseñanza de 0 y 3 años, donde la escasez de plazas es histórica y donde, además, nos encontramos con que la mitad de los centros son privados. El coste de las plazas públicas se ha encarecido de forma generalizada. En Murcia, País Valencia o Catalunya se han reducido las ayudas a las familias para la educación infantil; en Galicia el programa Preescolar na casa, destinado a otorgar ayudas educativas a niños de pequeños pueblos o procedentes de familias con problemas, ha sufrido un recorte de medio millón de euros y corre el riesgo de desaparecer. Por último, en enero de 2012, la Xunta anunció el incremento de las tarifas de las guarderías en un 19.2% para el curso 2012-2013.

Las familias se están enfrentando a escuelas infantiles públicas más caras, junto con un deterioro de su calidad. Un Informe del departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma de Madrid alerta del mal estado en el que se encuentran las escuelas infantiles madrileñas.

El concepto gubernamental de escuela infantil se basa en una mentalidad empresarial y reaccionaria: convertirlos en centros de guarda mientras duran las jornadas laborales de los padres, apostando por un modelo en el que cada padre y madre se las arreglen para pagar cada mes un servicio que debería ser público y gratuito.

Recortes contra la Universidad Pública

Los planes de ajuste y recortes están teniendo efectos dramáticos en la enseñanza superior. La política de reducir becas y subir tasas, pretende dificultar el acceso a la educación universitaria a los hijos de la clase trabajadora.

La universidad nunca se ha caracterizado por tener unas tasas y matriculas asequibles; un informe de la OCDE referente al año 2009 indica que España era el sexto país de la UE con las matriculas más caras. Nunca hemos podido disfrutar de matriculas gratuitas como sucede en países como Dinamarca, Finlandia o la Republica Checa.

La reducción de las partidas presupuestarias universitarias es generalizada. El año pasado, en Catalunya, la Universidad vio reducido su presupuesto en 400 millones de euros (un recorte del 16%); la Generalitat valenciana lo redujo en 132 millones, mientras al mismo tiempo que proyecta ceder suelo público para que se construyan centros concertados y religiosos. Además, la obsesión por el déficit ha llevado a crear un código penal económico, de forma que las universidades pueden ser sancionadas por incumplir su presupuesto. Estos recortes están asfixiando a la Universidad. La Complutense ha dejado de pagar un complemento adicional de los nominas de profesores que asciende a 300 euros, y se están planteando vender patrimonio de la propia Universidad.

Los recortes están siendo acompañaos de una brutal subida de las tasas, que ha encarecido profundamente las carreras universitarias. La Comunidad de Madrid está a la vanguardia en las subidas. El informe de Datos y cifras del sistema universitario español 2011-2012, señala que Madrid fue la segunda comunidad que más cobraba por cada crédito. Para el curso 2012-2013 van a cobrar aun más. Sin ir más lejos, en verano de 2012 el gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó una espectacular subida de los créditos de másteres y posgrados públicos, algunos de los cuales pasaron de 1.500 a 4.200 euros. Estas políticas están equiparando o incluso superando el coste económico de la universidad pública respecto a la privada. La Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (Cruma) se ha mostrado contraria a la subida de tasas, y ha criticado que no haya ido acompañada de un aumento de becas. El Rector de la Complutense ha manifestado que no recuerda una subida de tasas tan alta y que estas medidas pueden tener efectos negativos relacionados con la exclusión social.

Por otra parte, la destrucción de empleo entre el profesorado no se limita a la educación infantil, primaria o secundaria, sino que afecta a todos los niveles. También estamos asistiendo a una reducción en el número de docentes universitarios por distintas vías. El gobierno paraliza las oposiciones en la universidad pública a profesores catedráticos y titulares. Pero no solo se reducen o desaparecen el número de plazas, dado que también se ha recurrido al despido. En el verano de 2012, profesores laborales fijos de la Universidad Rey Juan Carlos se enteraron que habían sido despedidos al observar sus movimientos bancarios en el cajero.

Desde el gobierno, unas veces niegan los recortes en Educación y otras veces lo justifican alegando el fracaso escolar. Frente a este “argumento” hemos de decir que no existe ninguna evidencia empírica que demuestre el hecho de que recortando el gasto público en Educación se reduzcan los niveles de fracaso escolar, aumente el rendimiento o se mejoren las notas en los expedientes académicos. De ser así la excelencia académica seria la regla en África. Por tanto, cuando se habla de fracaso escolar universitario se deben analizar muchos factores, como que haya estudiantes que estudian carreras solo por el mero hecho de que “tienen salida”, frente a otras que son de su agrado y atención, pero que son descartadas debido a que el paro es su principal salida. Por tanto, los caprichos del mercado laboral están instigando que muchos estudiantes no elijan la carrera que les gustaría. Además, no hay que olvidar que es muy común que los universitarios tengan que trabajar para poderse pagar la carrera, lo que te obliga a disponer de menos tiempo para dedicarte a los estudios.

En definitiva, el modelo económico actual incentiva las bajas cualificaciones y el fracaso escolar. La Universidad no trabaja para formar a personas con la perspectiva de satisfacer necesidades sociales, sino todo lo contrario. La educación superior se ha convertido en lo que siempre ha querido la patronal, dado que se está trabajando para formar a personas, básicamente para lo que requiera las necesidades del mercado laboral del momento. Esta situación está provocando una creciente precarización entre personas muy cualificadas, que han cumplido todos los requisitos que ha exigido el sistema, los cuales en tiempos pasados eran suficientes para poder emanciparse y comenzar una vida más digna.

Educación para el adoctrinamiento

Los recortes en Educación están siendo acompañados de contrarreformas educativas reaccionarias. El gobierno está dando pasos que, en algunos aspectos, nos retraen a la educación franquista, una prueba la encontramos en la vuelta a las revalidas y en el planteamiento de suprimir el Bachillerato de Artes Escénicas.

El poder siempre se ha esforzado en impedir que se desarrolle un pensamiento crítico en la sociedad. Aun así, las intenciones del gran capital resultan muy preocupantes. El Banco de España y la CNMV han pedido que se imparta educación financiera en colegios e institutos. La CEOE, en boca de Juan Rosell, ha planteado que, desde la guardería a la universidad, se incluya una asignatura orientada a crear futuros empresarios/2.

Se pretende instalar una educación basada en la prioridad de satisfacer el mercado laboral y que el estudiante pase cuanto antes a estar explotado en una empresa como sus padres, de forma que el alumno haya sido previamente desconectado del verdadero conocimiento cultural. Quieren educar bajo un enfoque acrítico, individualista, sumiso, competitivo, y poco reflexivo para inculcar la pasividad política y el sometimiento a la dictadura de los mercados. Tener un sistema educativo que camine hacia este objetivo es una herramienta central para poder mantener y naturalizar las injusticias y desigualdades sociales. Así, se consigue que desaparezcan aspectos de la personalidad de los individuos, mientras se interiorizan las normas sociales establecidas y el llamado pensamiento único. En definitiva se ponen obstáculos para poder desarrollar un autentico conocimiento extenso, global y crítico del mundo en que vivimos, que pueda poner en entredicho el actual sistema económico imperante. El sistema se esfuerza para que desconozcamos realmente la crudeza del mundo en que vivimos, y para que no exijamos o luchemos por cambios profundos. Pero la norma social imperante es que lo importante es que en las notas del alumno no ponga suspenso.

Además, la religión continúa sin abandonar las aulas. El ministro Wert no oculta su apoyo a las subvenciones a centros que segregan las clases por cuestión de sexo. El ministro Gallardón dijo hace unos meses que “El crucifijo en un centro público es un símbolo de paz”(3). Estas declaraciones se hacen en un contexto de escándalos que salpican de lleno a la Iglesia católica por múltiples casos de pederastia y robo de bebes. En definitiva hay buenas noticias para el Opus Dei.

Apoyo gubernamental a la Educación privada

Este es un ejemplo de que la calidad y la inversión educativa aumenta, pero de la privada a costa de los recortes. La Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada ha señalado que los beneficios del sector educativo privado en 2010 alcanzaban los 674 millones de euros, y que el 58.8% de los ingresos procedían de subvenciones de las arcas públicas. Además indica un aumento de las subvenciones públicas en un 30% desde el curso 2004-2005 hasta el de 2009-2010. Mientras se han destinado mas fondos para la privada, el Ministerio de Educación ha reducido en un 90% las ayudas a AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos). Por otra parte ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) que aglutina a centros de enseñanza privada ha conseguido que en años de crisis, desde las administraciones se impulsen desgravaciones fiscales por la escolarización en estos centros e incluso se aumente el límite de renta para acceder a estas subvenciones.

Esto es posible gracias al apoyo generalizado de los gobiernos central y autonómico al sector privado. La misma Generalitat valenciana que recorta en la escuela pública, ha impulsado ceder suelo público al sector privado para que construyan centros educativos y los gestionen en régimen de concierto durante un tiempo determinado. Esperanza Aguirre ofreció el año pasado a una universidad privada, New York University, un palacio de Carabanchel del siglo XIX durante 40 años.

En la Comunidad de Madrid se han recortado las partidas en Educación, mientras existen ayudas fiscales para familias que lleven a sus hijos a la Educación privada en concepto de escolarización, clases extraescolares o uniformes. La plataforma Escuela pública de todos para todos, denuncia como en esta Comunidad entre 2006 y 2010 el presupuesto dedicado a la educación pública ha caído en un 42%, mientras que el de la privada ha aumentado un 11%. No es de extrañar que Madrid sea la segunda comunidad que más alumnos estudian en la educación privada o concertada (45.8%).

Con estos datos encima de la mesa, Esperanza Aguirre ha sugerido en más de una ocasión limitar o eliminar la gratuidad de la Enseñanza Pública. Aunque no hay que caer en el error de pensar que la enseñanza pública es completamente gratuita. La Federación Usuarios-Consumidores Independientes (Fuci) ha señalado que el curso pasado la media de gasto por alumno que tuvo que asumir cada familia, fue de 796 euros. Por su parte, la Generalitat de Catalunya anunció anunció la creación de una tasa anual para los ciclos formativos de Grado Superior. En definitiva, esto supone un ejemplo de que el repago no supone la reducción del gasto educativo, sino trasladar uno de sus porcentajes para que sea asumido directamente por los estudiantes y sus familias.

Por tanto, mientras se trabaja en favorecer a la Educación privada y concertada; se pretende impulsar educación pública masificada, de escasa calidad y cara, para hacer más atractivo el sistema educativo privado.

Criminalización de las protestas

Estos ataques contra la Educación Pública están teniendo una respuesta social muy importante. En el otoño de 2011 hubo un rosario de huelgas de profesores y estudiantes en lugares como Madrid, Galicia o Castilla La Mancha. Las movilizaciones de estudiantes contra las subidas de las tasas han marcado las protestas universitarias. Se han producido numerosos encierros de padres, estudiantes y profesores. La Huelga General en el sector del pasado 22 de mayo tuvo un seguimiento masivo. El pasado mes de octubre se produjo por primera vez una convocatoria por parte de asociaciones de padres a una huelga a la que se sumaron los estudiantes.

Estas protestas están intentando ser criminalizadas por el gobierno y la derecha. El capital a través de sus medios de comunicación no ha dudado en desprestigiar todas las luchas en defensa de la escuela pública. Dirigentes del PP como Cospedal o Esperanza Aguirre se han negado a negociar y han cargado contra la comunidad educativa. Se ha llegado a amenazar a quien vendiera camisetas verdes y se han denunciado a personas por usar estas camisetas en las últimas elecciones generales. En Madrid se han abierto expedientes sancionadores contra personas que participan en las protestas. Por ejemplo, la Conserjería de Educación de la Comunidad de Madrid suspendió diez días de empleo y sueldo a un director por informar a padres y alumnos de los recortes educativos y por permitir en el centro las actos reivindicativos de otros profesores. Tres profesores que denunciaron en El País que fueron obligados a impartir materias ajenas a su especialidad han sido trasladados forzosamente de centro por la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, una junta de personal denunció que un jefe de servicio de inspección se coló en una asamblea de profesores de un instituto de Guadalajara. El PP no ha dudado en cargar contra la marea verde.

Por otra parte, Esperanza Aguirre envió en 2011 una carta a miles de profesores explicándoles los recortes con faltas de ortografía. La ex presidenta ha repetido en más de una ocasión que no se han producido recortes educativos. Son famosas sus declaraciones a mediados de septiembre de 2011, cuando dijo que: “Por parte de los socialistas, IU, los sindicalistas, los indignados y los de la ceja se pretende decir que se han hecho recortes en educción y eso es total y absolutamente falso”. También dijo que los profesores trabajaban solo 20 horas a la semana, para tener que rectificar poco después. Es curioso que loscmismos que exigen reafirmar la autoridad del profesor rememorando tiempos franquistas, no dudan en atacar sus condiciones laborales.

La consejera de la Educación de la Comunidad de Madrid, Lucia Figar, llego a decir que los que acuden a las asambleas “son las mismas que en agosto insultaban y agredían a los peregrinos”(4). La actitud de esta consejera ha provocado un amplio rechazo entre la comunidad educativa. De hecho, la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria de la Comunidad de Madrid, que agrupa a 200 de los 342 centros públicos de Madrid exigió el cese de Figar.

La represión policial también se ha hecho notar, y se ha intentado convertir las protestas en un problema de orden público, introduciendo el castigo penal en un conflicto social. En diciembre 2011 protestas contra el encarecimientos de las matriculas en Cataluña, se saldaron con heridos y tres detenidos. Su máxima expresión la encontramos en Valencia en febrero de 2012, con unas cargas policiales contra estudiantes adolescentes y menores de edad que protestaban por el pésimo estado de sus centros de estudio. La policía agredió a jóvenes que se quejaban de la falta de calefacción. El propio jefe de la policía valenciana se refiero a estos compañeros como “enemigos” en una rueda de prensa, mientras daba golpes con su mano a la mesa. Con esta actitud no es de extrañar que hubiera periodistas agredidos, una diputada golpeada y alumnos menores de edad detenidos. Estas jornadas de represión provocaron movilizaciones por todo el Estado en solidaridad con los estudiantes valencianos apaleados y detenidos al grito de “Yo también soy el enemigo”.

La prensa también está siendo una gran aliada para justificar los recortes y la represión. Aun no hemos visto alguna editorial crítica con los recortes, sino todo lo contrario. El ejemplo más cínico lo encontramos en La Razón, que ha llegado a utilizar su portada para intentar deslegitimar a activistas estudiantiles mediante mentiras. También se han esforzado en minimizar el impacto de las protestas, y no ha sido raro escuchar que en las protestas de profesores solo acudían liberados.

En defensa de la Educación Pública, gratuita y de calidad

La Educación no debe ser considerada como un gasto ni como una inversión, sino como un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos. Pero los problemas de recortes y falta de derechos en materia educativa se reproducen a escala mundial, mientras la mercantilización de todo lo público aumenta. Un informe de la Asociación de Universidades Europea ha señalado que en 2009 el presupuesto universitario en Lituania se recortó un -48% en 2009 y en un -18% en 2010. En Grecia la Troika tiene por costumbre exigir el cierre de centros educativos como condición de que lleguen los tramos de rescate. Por otra parte, un informe de Educación Para Todos de la UNESCO, presentado en septiembre de 2011 alertaba de que existían 67 millones de niños en todo el mundo que no podían acceder a la escuela, y se prevén 72 millones en 2015. Por tanto, el hecho de que peligre el acceso a la Educación es un fenómeno mundial.

Las respuestas sociales se están haciendo notar a nivel internacional. Las movilizaciones en Canadá contra la brutal subida de tasas universitarias han sido masivas, y fueron reprimidas con cientos de detenidos. También se han producido masivas protestas estudiantiles en Chile y Reino Unido. En Italia las reformas de la ministra Maria Gelmini han supuesto un drástico recorte del presupuesto educativo, la reducción de becas y la destrucción de empleo en el sector.

En Europa la austeridad está castigando a la Educación Pública, mientras se dispara el gasto en intereses de deuda pública. El capital ha conseguido crear un código penal económico de extrema derecha que se ha instalado en algunas constituciones, como en la nuestra. La reforma constitucional de verano de 2011 aprobada por el PP y PSOE sin consultar con nadie, deja claro que la prioridad de gasto de cualquier administración siempre debe ser el pago de la deuda, frente a cualquier otra partida presupuestaria. Esta óptica neoliberal se está aplicando en los presupuestos de forma escandalosa. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012, mientras el gasto en el pago de intereses aumentaba un 5.3%, la partida social en Educación caía un -21.9%. Para los presupuestos de 2013 se ha fijado un aumento del gasto en intereses de deuda de un 34%, hasta llegar a los 38.950 millones de euros. Pero mientras tanto el presupuesto educativo se recorta en un -12.3%, sumando un -82% desde el año 2008. Y en los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2013 ocurre prácticamente lo mismo, dado que mientras el gasto en deuda aumenta un 35.8%, se aplica un recorte del -9.3% en Educación, Juventud y Deporte. Esto significa que los poderes públicos están defendiendo y protegiendo los intereses del capital financiero, a costa de exprimir el gasto social.

Llegado a este punto es imprescindible enfocar y vincular la lucha contra los recortes al objetivo de no pagar la deuda. Esta debe ser una reivindicación central en las protestas, porque los recortes son un instrumento para pagar la deuda y porque el pago de la deuda está implicando una catástrofe social que es necesaria detener. Es importante que desde una óptica anticapitalista no olvidemos el deseo de cambio y que cuestionemos la causa y el objetivo de los recortes, que no es otro que pagar una deuda a un sistema financiero corrupto, podrido y endeudado. Si los acreedores presionan para que se tomen las medidas que garanticen el pago de la deuda, los que somos recortados debemos presionar para que no se pague esta deuda ilegitima y desestabilizadora. Los planes de de ajuste están condicionados y respaldados por una ideología dominante que solo deberían compartir los que aplican estas políticas y se benefician de ella.

En realidad no solo es necesario otro modelo educativo, sino un modelo de producción radicalmente distinto al actual, que no se base en el consumismo y en la búsqueda inmediata del máximo beneficio de una minoría a costa de la explotación de los demás. Por tanto, la lucha contra los recortes y por un cambio radical en el actual modelo educativo, no debe desligarse de la repulsa a un futuro que no queremos y a la firme defensa y perspectiva de la transformación social para garantizar la derrota del capital.

Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article7452

Imagen: https://sombrasenlaciudad.files.wordpress.com/2011/09/educaci25c325b3n2bp25c325bablica2ben2bpeligro.jpg?w=428&h=401

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