Author: Raúl Figueroa Salas

Chile: Mejoras y problemas persistentes en educación superior

Raúl Figueroa Salas

Por: Raúl Figueroa Salas.

La fórmula del gobierno implica que el Congreso actual estará tomando decisiones sobre recursos cuyo origen se desconoce y que no están disponibles, para ser gastados en un futuro incierto. En rigor, corresponde que otro gobierno y otro Congreso legislen sobre la materia, una vez que los recursos estén y se genere el debate respecto de en qué conviene gastarlos.

Luego de un trabajo intenso, la Comisión de Educación del Senado aprobó la semana pasada el proyecto de ley sobre educación superior. Aunque persisten deficiencias asociadas fundamentalmente al financiamiento de la gratuidad y su diseño, el paso por el Senado permitió enmendar una serie de aspectos del proyecto original, reenfocando el nuevo marco normativo a una lógica de respeto a la diversidad de proyectos y la autonomía de las instituciones de educación superior para llevarlos a cabo. La puesta en marcha de la nueva subsecretaría y superintendencia de educación superior, así como los cambios a la Comisión Nacional de Acreditación, serán tareas complejas que el próximo gobierno deberá asumir con la responsabilidad de llevarlas a cabo sin perder el foco en la promoción de la calidad, la diversidad y la calidad del sistema.

En lo que a financiamiento se refiere, la fijación de aranceles y vacantes sigue siendo una de las cuestiones más polémicas. Desde todos los sectores políticos y técnicos existen dudas respecto de qué tan posible es para el Estado determinar adecuadamente el monto de los aranceles de las instituciones de educación superior, así como del riesgo de que dicho cálculo termine afectando la calidad de proyectos que, tal como ya está ocurriendo con la gratuidad, sufren déficits como consecuencia de una fijación de precios inadecuada. A esto se agrega la alta dependencia estatal que el nuevo mecanismo de financiamiento implica, vinculando directamente el desarrollo de las instituciones de educación superior a la disponibilidad de recursos del fisco.

Otra cuestión compleja dice relación con la cobertura de la gratuidad y la fórmula que el gobierno escogió para ir aumentándola en el tiempo. Así como no hay duda de que los jóvenes pertenecientes a familias del 60% de menores ingresos tendrán gratuidad, está también claro que el país no tiene los recursos para ampliar esa política a los de mayores recursos. Con el afán de mantener, al menos en el papel, su promesa de gratuidad universal, el gobierno propuso una fórmula en virtud de la cual los jóvenes de mayores ingresos tendrán acceso a la gratuidad en la medida que se cumplan ciertas condiciones que pasan por la constatación de un aumento de los ingresos fiscales en relación al producto interno bruto. Esta innovación implica un reconocimiento al hecho de que la gratuidad universal no está hoy financiada, lo que hace dudar de la constitucionalidad del mecanismo. De hecho, El ejecutivo explicó que para que se cumplan las condiciones fijadas serán necesarias nuevas reformas tributarias y que lo que se recaude por esa vía se destinará al menos en parte a la gratuidad, confirmando que se trataría de una afectación tributaria a una finalidad específica, vulnerando las normas constitucionales sobre la materia.

La fórmula del gobierno implica que el Congreso actual estará tomando decisiones sobre recursos cuyo origen se desconoce y que no están disponibles, para ser gastados en un futuro incierto. En rigor, corresponde que otro gobierno y otro Congreso legislen sobre la materia, una vez que los recursos estén y se genere el debate respecto de en qué conviene gastarlos.

La postura de los senadores de oposición, que no fue considerada por el Ejecutivo, se hacía cargo de este asunto, agregando a las condiciones para el avance de la gratuidad la necesidad de enviar, en su momento, un proyecto de ley que haga referencia a recursos existentes y permita debatir seriamente sobre su destino.

Por último, con este proyecto no queda duda de que la realidad financiera del país sólo permite financiar la gratuidad para los jóvenes del 60 % de menos recursos, lo que obliga a contar con un sistema de créditos que complemente las políticas de acceso a la educación superior.

Fuente: http://ellibero.cl/opinion/mejoras-y-problemas-persistentes-en-educacion-superior/

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Comprendiendo el valor de los aranceles de educación superior en Chile

Raúl Figueroa Salas

Por: Raul Figueroa Salas

El nivel de aranceles es sólo una consecuencia del tipo de financiamiento elegido por cada país, y por tanto no es posible, a partir de ellos, sacar conclusiones respecto del costo de la educación superior ni del pago real desembolsado por los estudiantes y sus familias.

La semana pasada se dio a conocer el informe que elabora anualmente la OCDE, “Education at a glance”, el cual mostró, entre muchas otras cosas, que Chile tiene los aranceles más caros en carreras universitarias de pregrado, lo que ha generado diversas reacciones al respecto, muchas de las cuales están basadas en conclusiones equívocas. Para tener mayor claridad del panorama, es importante contextualizar los datos y analizar con más detalle la información presentada en el informe.

En primer lugar, es especialmente relevante tener en cuenta que, en términos de costos, proveer educación superior es relativamente similar en todos los países. Las diferencias están en cómo ese costo se financia y si el financiamiento fiscal que predomina es a la oferta (instituciones) o a la demanda (estudiantes). Cuando un país financia principalmente a la oferta, es probable que no existan aranceles, o bien que sean comparativamente bajos, debido a que los recursos son transferidos directamente a las instituciones de educación superior. Por el contrario, cuando el financiamiento fiscal va dirigido a la demanda, como es el caso de Chile, las instituciones fijan aranceles, pero al estar los recursos fiscales dirigidos a ayudar a los estudiantes a cubrir al menos una parte de este costo, el arancel que realmente pagan es normalmente significativamente menor al que se publica.

Así, por ejemplo, dos países (A y B) podrían presentar el mismo costo para impartir una carrera; el país A otorga financiamiento a la oferta, por ende, sus aranceles son muy bajos, así como el pago que realizan efectivamente sus estudiantes. Por otro lado, el país B otorga financiamiento a la demanda, por ende, tiene aranceles altos, pero con la entrega de ayudas estudiantiles, sus estudiantes pagan un valor muy inferior, similar a los que pagan aquellos pertenecientes al país A. Este caso deja en evidencia que el nivel de aranceles es sólo una consecuencia del tipo de financiamiento elegido por cada país, y por tanto no es posible, a partir de ellos, sacar conclusiones respecto del costo de la educación superior ni del pago real desembolsado por los estudiantes y sus familias.

En un sistema donde predomina el financiamiento a la demanda, como en Chile, los estudiantes de pregrado reciben subsidios fiscales, es decir, becas y créditos. De esta forma, el valor que deben pagar puede llegar a estar muy por debajo del arancel que es cobrado por las instituciones. En lo concreto, en Chile, el arancel completo sólo es pagado por aquellos pertenecientes a los tres deciles de mayores ingresos. Lo anterior, constata que uno de los principales beneficios de un sistema de financiamiento a la demanda, es que permite focalizar el gasto en los estudiantes más vulnerables. Siempre que se matriculen en instituciones acreditadas, el arancel que finalmente pagan los estudiantes en Chile depende de su desempeño académico y/o de su situación socioeconómica.

Un sistema de financiamiento que tiene Chile reconoce el valor de la diversidad y promueve la capacidad de elección de los estudiantes. Por lo tanto, el esfuerzo de la política pública debe estar en cómo mejorar el sistema en ese contexto. La gratuidad universal que se pretende instalar exige necesariamente la fijación de aranceles por el Estado, lo que incorpora distorsiones en el sistema que limitan la calidad de la educación superior, altera la autonomía de las instituciones y tiende a homogeneizar los proyectos educativos.

Por otro lado, para el presente análisis, es importante tener en cuenta que Chile presenta el premio salarial más elevado de los países de la OCDE, con un valor de 237%. Es decir, quienes cursan una carrera de pregrado, recibirán un sueldo 2,37 veces superior a quienes solo egresan de cuarto medio. Si bien se trata de un promedio, y hay variabilidad a nivel de programas, este dato es importante a la hora de analizar los costos que los estudiantes deben incurrir para ingresar a la educación superior, pues entrega una señal importante de que cuando los egresados ingresen al mundo laboral estarán, por ejemplo, en condiciones de retribuir un crédito contingente a su ingreso.

La discusión debiese apuntar hacia equiparar los beneficios de los estudiantes de un mismo nivel de vulnerabilidad, pues aquellos que se matriculan en instituciones universitarias y pertenecientes al CRUCH acceden a becas y créditos muy superiores al resto de los estudiantes. Corregir esas discriminaciones arbitrarias debería ser el foco de un sistema de subsidio a la demanda como el chileno.

Fuente:http://ellibero.cl/opinion/comprendiendo-el-valor-de-los-aranceles-de-educacion-superior-en-chile/

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Chile: Educación superior; Cinco puntos críticos para el Senado

Raúl Figueroa Salas

Por: Raúl Figueroa Salas

El Senado tendrá la responsabilidad de enmendar en su esencia el proyecto de ley, lo que requiere tiempo, capacidad de escuchar y, sobre todo, una mirada de largo plazo que ponga el bien del país por sobre el cálculo político mezquino.

Luego de un año de discusión y ante el inminente despacho del proyecto de reforma a la educación superior desde la Cámara de Diputados al Senado, las críticas a su diseño se mantienen. La urgencia que plasmó el Gobierno en su discusión, que tuvo como símbolo una trasnochada sesión de la Comisión de Educación y un fugaz paso por la de Hacienda, no ayudó a despejar las dudas respecto de su alcance, tanto en lo que a responsabilidad fiscal se refiere como respecto del freno que puede significar para el desarrollo futuro del sistema de educación superior.

El Senado tendrá la responsabilidad de enmendar en su esencia el proyecto de ley, lo que requiere tiempo, capacidad de escuchar y, sobre todo, una mirada de largo plazo que ponga el bien del país por sobre el cálculo político mezquino.En un esfuerzo por sintetizar los aspectos más sensibles en los que debiese estar el foco del debate, a continuación se esbozan cinco puntos críticos que requieren ser abordados.

Lo primero es el déficit que la gratuidad, eje principal del proyecto, genera en las universidades. Durante el 2016 esta política, cuya implementación se inició mediante la Ley de Presupuesto, significó para 15 universidades un déficit de 20 mil millones de pesos, que sólo aumenta en la medida que la política se amplíe a jóvenes de familias con más ingresos. De hecho, de acuerdo a una estimación de Acción Educar ese déficit se incrementa en $4.000 millones si la gratuidad se amplía al sexto decil socioeconómico. El impacto en calidad de la pérdida que se genera es evidente y, aunque el Gobierno anunció recientemente cambios en la forma de calcular las transferencias de recursos a las universidades, nada permite señalar que el proyecto asegure una medida concreta para resolver esta situación adecuadamente.

Un segundo aspecto crítico dice relación con el excesivo costo fiscal que la gratuidad universal implica y el carácter regresivo de la política que se propone. De acuerdo a las estimaciones del Gobierno, esta política tiene en régimen un costo de US$ 3.600 millones al año, correspondiente a un 1,2% del PIB, lo que podría aumentar considerando que, como se dijo, genera por diseño un déficit en las instituciones de educación superior y, consecuencia de ello, una presión constante porque el Fisco se haga cargo de suplir con recursos esa falencia. Pero no sólo es una política cara, sino que además es injusta en cuanto a la distribución del gasto público; cuando la gratuidad universal esté en régimen, el Estado estará destinando prácticamente el doble de recursos en los estudiantes provenientes del 20% más rico de la población en comparación al 20% de menos recursos.

En tercer lugar, el proyecto que está por aprobarse en la Cámara de Diputados implica un control estatal excesivo que se contrapone a la necesaria autonomía que se le ha reconocido históricamente a las universidades. Este control se manifiesta en la atribución que se entrega al aparato estatal para fijar los precios y las vacantes del sistema que, paradójicamente, se traduce en restricción de cupos para los más vulnerables y, por ende, en estancar las mejoras en equidad en el acceso a la educación (materia en la que Chile tiene el mejor lugar de Latinoamérica). En la misma línea, la fijación de precios restringe la capacidad de las instituciones de desarrollar iniciativas complementarias y pone un límite a la calidad de sus proyectos.

Un cuarto punto dice relación con la homogenización del sistema y la pérdida de diversidad que ello implica. El nuevo sistema de aseguramiento de la calidad que se propone conlleva el riesgo de alterar la esencia de determinados proyectos educativos, forzando a todas las instituciones hacia un modelo de universidad compleja difícil de alcanzar. El desafío que tenemos es contar con proyectos de calidad, pero reconociendo la diversidad que facilita que cada joven, con inquietudes y capacidades distintas, encuentre un espacio de desarrollo. La tantas veces nombrada fijación de precios también influye en la inconveniente homogenización de los proyectos, ya que obliga a las instituciones a adecuarse a un modelo teórico de universidad que el Estado utiliza para asignar los escasos recursos disponibles.

Por último, el proyecto en comento tiene diversas disposiciones que entran en conflicto con la Constitución y que, de no resolverse, deberán zanjarse en el Tribunal Constitucional, tal como ya ocurrió con la glosa presupuestaria mediante la cual el Gobierno está impulsando la gratuidad. En términos generales, los aspectos del proyecto que chocan con la Constitución son los que limitan la autonomía de las instituciones de educación superior, tanto en la forma en que se pueden organizar como respecto de las operaciones que pueden llevar a cabo. Además, se aprecia un excesivo control estatal sobre ellas y una mirada restrictiva de la diversidad de los proyectos educativos, que no es compatible con el tratamiento que la Constitución le da a la libertad de enseñanza.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar

Fuente: http://ellibero.cl/opinion/educacion-superior-cinco-puntos-criticos-para-el-senado/

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Educación superior: ¿Es lo estatal sinónimo de calidad?

Raúl Figueroa Salas

Por: Raúl Figueroa Salas

La incorporación automática a la gratuidad de unas universidades estatales y la exclusión de otras privadas que tienen igual acreditación es una señal evidente de que la calidad no es el elemento central al momento de diseñar políticas públicas. De hecho, se instala una noción de calidad que carece de todo fundamento: esto es, que las instituciones del Estado, por el solo hecho de existir, cumplen con estándares de calidad que el resto debe demostrar.

Definir la calidad de las instituciones de educación superior es complejo y siempre polémico. Los factores que la determinan son diversos y, por lo mismo, no es razonable atribuirle a una característica específica la posibilidad de distinguir inequívocamente entre un proyecto bueno y uno malo, sobre todo considerando que la subjetividad juega un rol importante que no puede desconocerse. En ese sentido, los sistemas modernos de aseguramiento de la calidad apuntan a reconocer que la coexistencia de proyectos distintos no es un obstáculo para que cada uno de ellos, con sus propias particularidades, sea considerado de calidad. Nuestro sistema de acreditación reconoce esta dificultad y contempla un mecanismo de certificación voluntario que se basa en identificar si una institución de educación superior tiene una misión clara y cuenta con los medios adecuados para llevarla a cabo, sin que el carácter estatal o privado de la institución sea relevante.

Uno de los elementos que varían entre las instituciones dice relación, precisamente, con la forma en que las universidades e instituciones técnicas están organizadas. Más específicamente, si se trata de iniciativas privadas o estatales. En Chile existen 62 universidades, de las cuales 18 son del Estado. De las privadas, en la actualidad existen ocho universidades que carecen de acreditación habiéndose presentado al proceso. De las estatales, la Universidad de Aysén y la de O’Higgins fueron creadas por ley el año pasado y aún no cuentan con acreditación. Tampoco pasaron estas últimas por el proceso de licenciamiento, al que debe someterse cualquier universidad privada que pretenda crearse y que comprende la aprobación del proyecto institucional por parte del Consejo Nacional de Educación, así como  la evaluación del avance y concreción del proyecto educativo de la nueva entidad.

Como se mencionó, la acreditación en Chile es voluntaria, pero tiene importantes efectos en lo que a financiamiento estudiantil se refiere. De acuerdo al proyecto de ley de presupuestos para el próximo año, uno de los requisitos para que las instituciones adhieran a la política de gratuidad en la educación superior es contar con una acreditación de al menos cuatro años. Sin perjuicio de las críticas que uno pueda hacerle a la citada gratuidad, parece razonable que su implementación esté relacionada con algún criterio de calidad para las instituciones que pretendan incorporarse, pero lo curioso es que ese estándar no se aplica por igual a todas las instituciones. En efecto, borrando con el codo lo que con la mano se escribió, todas las universidades del Estado quedan eximidas de esa exigencia y pasan a ser automáticamente parte de una política de gratuidad que, al menos en el papel, estaba reservada a las instituciones que cumplieran ciertos criterios mínimos.

A las dos universidades ya mencionadas que no están acreditadas, hay que agregar otras tres que no cumplen con el período de acreditación exigido, a saber: la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), la Universidad Arturo Prat de Iquique y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). La incorporación automática a la gratuidad de unas universidades estatales y la exclusión de otras privadas que tienen igual acreditación es una señal evidente de que la calidad no es el elemento central al momento de diseñar políticas públicas. Se trata de una discriminación arbitraria que perjudica a los jóvenes e interfiere en su elección, forzándolos a optar por un determinado proyecto ya no por sus características pedagógicas, sino por los beneficios económicos que ofrece. Asimismo, se instala una noción de calidad que carece de todo fundamento: esto es, que las instituciones del Estado, por el solo hecho de existir, cumplen con estándares de calidad que el resto debe demostrar.

En momentos en que se discute el futuro de la educación superior en Chile sería conveniente transparentar el debate, de forma tal que quienes buscan imponer la primacía del Estado en el sistema educacional lo digan derechamente.

 Fuente: http://ellibero.cl/opinion/educacion-superior-es-lo-estatal-sinonimo-de-calidad/

 

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