Paraguay/ 12 de Julio de 2016/ Fuente: el pais
“Trabajo desde que tengo memoria”. Las palabras de Daniel Cardoso suenan añejas, como si hubiesen pasado décadas desde el primer día en que puso un pie en el mercado central de abasto de Asunción, la capital paraguaya. Allí vende zumos y tereré (bebida típica hecha con yerba mate, agua y hielo).
Con 12 años, este niño ha trabajado la mitad de su vida y lo único que tiene claro es que el dinero siempre ha sido bienvenido en casa. Su abuela materna y una tía lo han criado casi desde que nació. Daniel dedica entre tres y cuatro horas del día a lo que llama él “su negocio”. Gana entre 2.000 y 2.500 guaraníes diarios (menos 50 céntimos de euro al día) y se siente orgulloso de contribuir a los ingresos en su hogar. “Me gusta trabajar porque puedo ayudar a mi familia”, explica.
Por la mañana, Daniel va a la escuela y por la tarde se instala en el mercado. Desde hace tres años se incorporó a la Coordinación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de Paraguay (Connats). Ahora es delegado de esta asociación y se reúne con otros como él para hablar sobre su condición y defender los derechos que tienen como empleados. La organización guaraní, nacida en 1999, agrupa a 600 menores de todo el país, en donde la tasa de trabajo infantil llega al 22,4%, según cifras de 2011.
Uno de los primeros sindicatos de niños trabajadores germinó en Perú durante los años 70 con la fundación del Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores, Hijos de Obreros Cristianos (Manthoc). En las últimas dos décadas, esta corriente ha llegado a Bolivia, Colombia, Argentina, Chile, México, Guatemala, Ecuador y Venezuela. Los diversos grupos de la región han confluido en el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (Molacnats), una asociación laica que cuenta con 8.000 miembros, según Gladys González, secretaria ejecutiva de la agrupación.
Una gota en el mar
“Los llamados sindicatos de niños buscan ser escuchados. Ven en el trabajo una manera de salir adelante y no una forma de explotación. Defienden el derecho al trabajo y a la educación y militan por el ejercicio de una actividad digna”, comenta Robin Cavagnoud, especialista en el tema de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los integrantes de este grupo, sin embargo, apenas representan una pizca de los 12,5 millones de menores que trabajan en Latinoamérica (9,5 millones lo hacen en poniendo en peligro su integridad), según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicadas en 2013. Además, no son reconocidos institucionalmente, pues violan la Convención 138 de la Conferencia Internacional del Trabajo, que estipula entre los 14 y 16 años la edad mínima de admisión al empleo.
“Los sindicatos de niños están en un limbo”, reconoce David del Campo, director de cooperación internacional de Save the Children. Por un lado, explica, las asociaciones están obligadas a cumplir las convenciones internacionales, pues los países en donde se han establecido han ratificado los convenios 138 (edad mínima de trabajo) y 182 (que habla sobre las peores formas de empleo). Y por otra parte, agrega, los movimientos estipulan que la labor que realizan es innegable a su situación económica, en una región donde la pobreza llegó en 2015 a más de 175 millones de personas, de acuerdo con la Cepal. “El mandato de la OIT es necesario y hay que cumplirlo, pero los menores trabajadores no tienen derechos ni normas que rijan su actividad y no se les puede ignorar, porque hacerlo generaría un caldo de cultivo para la explotación”, espeta Del Campo.
A pesar de esta falta de reconocimiento, estos movimiento se han dejado sentir con fuerza la zona andina, donde existen los mayores índices de trabajo infantil. A finales de 2013, el sindicato Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo) mostró su músculo, pues se opuso a que el Gobierno de Evo Morales adoptará la legislación internacional que prohíbe el trabajo a los menores de 14 años. Durante un mes se manifestaron intermitentemente a lo largo del país bloqueando incluso los accesos a la capital. Y lo consiguieron. En julio de 2014, el Congreso boliviano rebajó la edad mínima de empleo en 10 años.
Lo que se logró fue una regulación, dice Cavagnoud, pues oficialmente se mantiene el límite en 14 años. Para que un niño pueda trabajar a los 10 años de manera “independiente” (como vendedor en la vía pública, por ejemplo) o a partir los 12 como empleado “dependiente” en un negocio, la familia y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberán de dar su aprobación y tienen como condición seguir con sus estudios. Según las cifras oficiales bolivianas, el país tiene uno de los índices más altos de trabajo infantil: un 28% (la media en la región es de un 8,8%), y en donde el 61% de los más de 800.000 menores que está en esta condición no llega a los 14 años.
Las consecuencias de un niño trabajador son “desastrosas” para la economía de un país, dice José Manuel Salazar-Xirinachs, director regional para América Latina y Caribe de la OIT. “Si un menor trabaja en vez de ir a la escuela afecta su formación y oportunidades en el mundo laboral… el capital humano de un país se ve afectado y se perpetua el circulo de pobreza”, explica.
UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN
En la última década, América Latina vio reducido el número de niños trabajando. Más de 7,5 millones salieron de esta condición, según la Organización Mundial del Trabajo (OIT). La bonanza económica fue uno de los grandes dinamizadores para subyugar al fenómeno, comenta José Manuel Salazar-Xirinachs, director regional para América Latina y Caribe de la OIT. En el mundo existen más de 168 millones de menores en esta condición. África subsahariana presenta el mayor índice de niños (entre 5 y 17 años) en situación de trabajo con un 21,4%, seguido de Asia Pacífico (9,3%), América Latina (8,8%) y Oriente Medio y África del Norte (8,4%), según los datos de la OIT.
Para que América Latina continúe con la erradicación del trabajo infantil, el organismo internacional ha propuesto un sistema de transferencias de dinero condicionadas. La idea, según reza un análisis de la institución, es que más de 11 millones de menores en condición de trabajo en América Latina reciban 27 euros mensuales, lo que implicaría un gasto aproximado de 3.600 millones de euros para 17 Gobiernos de la zona. En caso de que se lograra implementar este plan, para 2025 el empleo infantil estaría casi extinto, indica Salazar-Xirinachs.
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