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La historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar: El avance de la brecha de infraestructura educativa en el Perú

  • La brecha de infraestructura sigue avanzando. Se duplicó en los últimos 10 años y de seguir a este ritmo será imposible de cerrar.
  • 28.736 (52%) de 55.358 colegios que necesitan ser demolidos y edificados de nuevo.
  • Destinar el 6% del PBI para Educación es la única solución. ¡Lo demás es puro cuento!

La brecha de infraestructura educativa en el Perú sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentan nuestras escuelas. Muchas promesas y pocos esfuerzos se han hecho y la situación lejos de mejorar empeora, afectando a millones de estudiantes. Este artículo analiza la magnitud de esta brecha, los recursos asignados y las soluciones necesarias para cerrarla de una vez por todas.

Recientemente el Congreso de la República declaro la infraestructura escolar nacional en emergencia, pero le delegó la tarea de hacer un plan de reforma del sector educativo a la PCM y al Ministerio de Economía, quienes han demostrado que la educación de los hijos del pueblo no les interesa. Lo que tienen que hacer los congresistas es exigir que se cumpla la Ley. Ya está escrito en el artículo 16 de la Constitución que se tiene que destinar anualmente, no menos del 6% del PBI para Educación. Esa es la única solución viable.

¿A cuánto asciende la brecha de infraestructura educativa?

Según información recogida por el diario La República, la brecha de infraestructura educativa en el Perú asciende a más de 170 mil millones de soles. Esta cifra refleja la necesidad urgente de mejorar y reconstruir gran parte de nuestras escuelas para garantizar un ambiente seguro y adecuado para el aprendizaje de nuestros niños y niñas.

Presupuesto asignado para cerrar la brecha

El presupuesto destinado anualmente para cerrar esta brecha es, en promedio, entre 2,000 y 3,000 millones de soles. Sin embargo, esta cantidad sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.

El SUTEP conquistó el 6% del PBI para Educación luego de 18 años de lucha. ¡Ahora, exigimos que se cumpla la Ley!

¿Por qué se ha duplicado en 10 años?

La brecha de infraestructura se ha duplicado en los últimos 10 años debido a varios factores:

  • Crecimiento de la población estudiantil: Aumento en la demanda de espacios educativos.
  • Descuido y falta de mantenimiento: Muchas infraestructuras escolares no reciben el mantenimiento adecuado.
  • Eventos naturales: Fenómenos como lluvias intensas y movimientos sísmicos que deterioran las estructuras existentes.

Las regiones con mayor necesidad de inversión en construcciones escolares son Lima Metropolitana, Cajamarca y Loreto. Se trata de 28.736 (52%) de 55.358 colegios que necesitan ser demolidos y edificados de nuevo.

El Acuerdo Nacional de 2002, que establecía destinar al menos el 6% del PBI a la educación peruana, sigue siendo una promesa incumplida. A pesar de que se debía aumentar el presupuesto en 0.25% del PBI cada año hasta alcanzar el 6% en 2014, el presupuesto real solo ha oscilado entre el 3.8% y el 4.3% del PBI desde 2020, lejos del objetivo. En 2020, se asignaron 31,426 millones de soles (3.8% del PBI), y aunque en 2024 se incrementó a 40,248 millones (4.3% del PBI), seguimos muy por debajo de lo prometido. Mientras tanto, nos preguntamos: ¿Dónde se ha desviado el dinero que debería haberse destinado al futuro de nuestros niños? Seguramente, a los bolsillos de políticos y empresarios corruptos.

El magisterio organizado en torno al SUTEP lucha por que se cumpla este derecho para nuestros estudiantes.

Tiempo necesario para cerrar la brecha

A este ritmo de inversión (2,500 millones anuales en promedio), tomaría aproximadamente 68 años cerrar la brecha existente. Sin embargo, dado que la brecha sigue creciendo, este tiempo se extendería aún más.

Con la inversión actual, en lugar de reducirse, la brecha crecerá a 315,000 millones en 10 años. De continuar así, esta nunca se cerrará.

Tabla comparativa de la inversión en educación (2016-2024)

Fuente: MEF, MINEDU, INEI

Destinar el 6% del PBI: La única solución

Si destinamos el 6% del PBI a la educación, podríamos asignar aproximadamente 54,000 millones de soles anualmente (suponiendo un PBI de 900,000 millones de soles). Si destinamos toda esta inversión, se podría cerrar la brecha de infraestructura en aproximadamente 3 años. Esto no solo resolvería los problemas de infraestructura, sino que también mejoraría la calidad educativa y el rendimiento escolar. Sin embargo, el sector tiene otras necesidades, por lo que si invertimos la tercera parte, lograríamos tener colegios en buen estado en aproximadamente 10 años.

Recordemos que este es un derecho consagrado en el artículo 16 de la Constitución y que fue conquistado el año 2020 por el SUTEP.

Artículo 16.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.

El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos.

Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.

Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.

La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6 % del PBI.

Es evidente que la única solución viable para cerrar la brecha de infraestructura educativa es aumentar significativamente la inversión en educación. Destinar el 6% del PBI, como manda la Constitución, a este sector es una medida urgente y necesaria. No podemos seguir condenando a nuestros niños y niñas a estudiar en condiciones deplorables. Es hora de actuar y garantizar un futuro digno para todos.

¡Solo exigimos que se cumpla la Ley!

¡6% del PBI para Educación, ahora! ¡El resto es puro cuento!

La historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar: El avance de la brecha de infraestructura educativa en el Perú

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Perú: De la exclusión a la expulsión

De la exclusión a la expulsión

Alberto Vergara

El último reporte del INEI no solo señala el incremento de la pobreza sino que muestra un deterioro económico general de la sociedad peruana. Vergara propone una interpretación sobre lo que significa pasar de la exclusión social a la expulsión social.

En un texto de 1987, Hugo Neira proponía que era muy difícil para las ciencias sociales estudiar la acelerada decadencia peruana de aquella época. En la medida que sus premisas y vocabulario se asientan en la idea del progreso estaban muy mal equipadas para observar un país marcado por el deterioro que imponían la violencia senderista y la anomia que la subyacía (que era el tema de aquel artículo).

37 años después nos ocurre algo semejante. La nueva normalidad es el retroceso. Nos cuesta asomarnos a ese proceso, no sabemos cómo nombrarlo, queremos considerarlo un accidente y no una tendencia. El Perú posterior a los años ochenta se asentó de manera decisiva sobre la idea del progreso, del desarrollo, de la mejora, de dejar en el espejo retrovisor aquellos años sombríos que desalentaban al sociólogo Neira y al país entero. Pero no solo se trató de una “narrativa” o embeleco ideológico; el Perú, efectivamente, prosperó, se hizo menos pobre; el desgobierno económico y la violencia fueron superadas. Desde luego, esta nueva prosperidad fue desigual, imperfecta, insuficiente, y contenía los elementos que eventualmente podían servir a su propia destrucción.

Con todo, el Perú de las últimas tres décadas anduvo con las muletas del progreso; progreso tanto en su dimensión de creencia colectiva, como de experiencia a nivel individual. Para decirlo de otra manera, durante las últimas décadas fuimos una sociedad donde habitaba la creencia según la cual, de una manera u otra, progresábamos.

Pero ahora estamos subdesarrollándonos. Rápido. Y no estamos preparados para observar el declive y, mucho menos, terminar de aceptarlo. Brillamos en el oficio de dorar la píldora: encontramos consuelo en las bases macroeconómicas aún estables, nos repetimos que la capacidad de endeudamiento del Estado todavía es importante; nos confortamos resaltando que nuestra tasa nacional de homicidios es aún menor que la de otros países; el cobre, Chancay y el litio devienen amuletos mitológicos de la resurrección; y nunca falta quien convierte a Basadre en gurú de autoayuda para reiterarnos que, además de problema, somos posibilidad. Como no hemos experimentado un crack definitivo, negamos que esté preparándose. Para que sea imposible, lo hemos convertido en impensable. El Perú de estos años es como ese personaje que caía desde un piso cincuenta y al pasar por el 25 reflexionaba: hasta aquí, todo bien.

Los resultados del informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), publicado hace un par de semanas, son un pedacito de esta historia. Como sabemos, la señora que funge de presidenta quiso ocultar el reporte. Cuando finalmente se hizo público, el dato del aumento de la pobreza atrajo todas las miradas: de 2022 a 2023 se agregaron algo más de medio millón de peruanos en condición de pobreza. Hoy una de cada tres personas es pobre. Más de tres millones de pobres adicionales en relación con el 2019. (Nuestros niveles de pobreza han regresado a los de 2010). Por mucho, la peor performance de la región.

Y aquí es importante subrayar que el umbral metodológico que divide a la pobreza de la no-pobreza es bajísimo. A veces en la discusión pública –y lo noto con mis estudiantes– se desconoce el monto de esa línea divisoria y se piensa que únicamente esos 10 millones de pobres pasan penurias. La gente a penas si cree cuando nota que alguien que gana 500 soles al mes ya no califica como “pobre”. Para decirlo con el lenguaje oficial y tecnocrático, tenemos diez millones “vulnerables” (además de los diez millones de “pobres”). O sea, otro grupo marcado por la carestía. De hecho, somos un país tan misio que los estudios de mercado consideran sector socioeconómico A –que agrupa al exclusivo 1% de las familias peruanas– a hogares con ingresos que apenas si arañarían la clase media en países desarrollados. Pero esto no suele aparecer en la conversación nacional. Aunque sabemos que somos un país pobre, en los sectores con más influencia en la vida nacional no se aquilata cuán pobres somos. Muchos años con el cuento de la nueva clase media.

Ahora bien, menos discutido que el incremento de la pobreza ha sido otro resultado del mismo informe que resulta espeluznante: a todo el mundo le va peor en el Perú de estos días. Como es evidente, esto no equivale a decir que las consecuencias de esto sean homogéneas o análogas. En los sectores más bajos se traduce en decisiones de corto plazo que a la larga reproducen la pobreza. Por ejemplo, se retira a la hija del colegio para que trabaje o, directamente, se recorta el consumo de comida –y, sobre todo, de aquella con mayor valor alimenticio– pues se debe mantener el dinero para ir a trabajar, costear vivienda, etc…

Sin embargo, la disminución transversal del ingreso tiene consecuencias importantes en todos los estratos. Según el reporte, todos los deciles económicos del país –todos– gastan hoy aproximadamente 10% menos que en 2019. Esto es una paliza para la sociedad.

Pero no solo se trata de una paliza para la situación material de las personas. Este retroceso generalizado frustra las expectativas de las familias, trunca los proyectos personales y destila una amargura nociva. A la crisis económica sigue la crisis de nervios.

En otras palabras, una sociedad que estaba acostumbrada a incrementar sus ingresos –aun si de manera modesta y desigual– y a planificar el futuro desde esa premisa, ahora debe reajustar a la baja cada una de sus expectativas, decisiones y proyectos. Si antes te iba mal, al menos veías que alrededor tuyo había otros mejorando. No más. Ahora, lo que me pasa a mí le está ocurriendo a todos. Es una situación nueva. Ya no podemos pensarnos desde el progreso, sino desde el retroceso. Y no estamos acostumbrados.

Estamos poniendo pie en terra incognita. Es decir, en el Perú siempre existió y existe exclusión. Pero ahora llega otra cosa: la expulsión. Carlos Pagni lo ha señalado sobre el conurbano de Buenos Aires. Quedar fuera de lo que habías planeado y deseado. A todos los sectores sociales –probablemente con la excepción de los descomunalmente ricos, unos cuantos miles– los define más la expulsión que la exclusión. Una sociedad gradualmente expulsada de ciertas promesas o esperanzas y empujada a administrar el declive. Personas y familias expulsadas de sus anhelos y obligadas a lidiar con la frustración. Como señala un libro excelente sobre la pobreza en Argentina, a la carestía material se suma la consciencia del deterioro; una ciudadanía que sufre la escasez, pero también la amargura de recordar cuando podía comer milanesas y que considera tener derecho a ellas. (Cómo hacen los pobres para sobrevivir, Javier Auyero y Sofía Servián, Siglo Veintiuno, 2023).

Es importante notar que el retroceso mayor está ocurriendo en el Perú urbano y no en el rural. Obviamente, la pobreza es una calamidad en cualquier lugar, pero experimentar el retroceso en las ciudades necesariamente afecta un cúmulo más complejo de expectativas, en especial de los jóvenes.

Y todo esto sucede, hay que recordarlo, en medio de dos procesos. De un lado, el oro y el cobre alcanzan precios excepcionalmente altos. Hay que esforzarse para empobrecer a un país e instaurar la expulsión social cuando las condiciones internacionales son así de favorables. Dina, sus sobones del Ejecutivo y sus waykis del Legislativo –y sus valedores en distintos ámbitos– están logrando que al desmantelamiento del Estado siga la destrucción de la sociedad. Y les da igual.

De otro lado, este nuevo fenómeno de expulsión social ocurre cuando las economías ilegales se expanden a toda velocidad. 44% del oro ilegal producido en Sudamérica es exportado desde el Perú. En una encuesta 87% de peruanos asegura que algún negocio ilegal dinamiza la economía de su región. Se trata de una ecuación para el susto: el Estado es cómplice de la expansión del crimen, al tiempo que pauperiza a una sociedad que se vuelca a las economías criminales. Un atado de cables pelados.

Si todo esto no se altera pronto, el declive proseguirá. No solamente el incremento de la pobreza, sino la frustración y angustia que impone una normalidad marcada por la zozobra. Un deterioro que hay que enfatizarlo no es solo monetario, sino uno que alcanza múltiples ámbitos de la vida nacional. Nos queda aún por descubrir las consecuencias de esta nueva época marcada por el declive y la expulsión.

Fuente de la Información: https://larepublica.pe/opinion/2024/06/02/de-la-exclusion-a-la-expulsion-por-alberto-vergara-16538

 

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Perú: Los pobres no son cifras en las encuestas

Los pobres no son cifras en las encuestas

Hugo Otero

«La vieja receta de que con la inversión privada se supera la pobreza no es creíble».

La mayoría de la población experimenta rabia, dolor y ansiedad, sentimientos que no captura el INEI.  Su última encuesta revela que la pobreza ha aumentado al 29%, pero esta cifra no transmite el sufrimiento que acompaña a esta catástrofe.

Además, algunos economistas señalan que el 31,4% de la población; es decir, 10,6 millones de personas, son “no pobres vulnerables” —no son pobres actualmente, pero podrían volver a serlo en un futuro cercano. Sumando esto, la cifra total asciende al 60,4% de los peruanos.

La pobreza también contribuye al aumento de la inseguridad, desconfianza, confusión y caos, y alimenta el rechazo masivo hacia la presidenta Boluarte, el Congreso y las élites que dirigen el país.

Para los voceros de la derecha neoliberal, los índices alarmantes de pobreza se solucionan solo con inversión privada que, según afirman, sustenta el crecimiento que crea mayores empleos. Pretenden imponer ese argumento falaz con arrogancia y como verdad absoluta. Ignoran que la justicia social es la integradora del trabajo y del esfuerzo de todos los que producen riqueza. Que deriva en crecimiento con igualdad y empleo formal bien remunerado, en una sociedad democrática que defiende la vida como valor fundamental.

La vieja receta de que con la inversión privada se supera la pobreza no es creíble. Sin embargo, el dolor, la rabia y la ansiedad de millones generan una fuerza que enciende la esperanza a pesar de la precariedad en la que existen y de la traición a sus sueños por parte de sucesivos políticos mentirosos.

Es una corriente avasalladora por el cambio para salir de la jaula de la pobreza y alcanzar la libertad y dignidad como seres humanos. El aumento de la pobreza anuncia el fin del modelo social que impuso hace 31 años Alberto Fujimori. Ahora, su hija Keiko repite el golpe y se ha apoderado del Estado desde el Congreso, con la complicidad de corruptos y mafiosos que arguyen sostener una estabilidad política que no existe.

Las próximas elecciones presidenciales serán un hito más, independiente de cual sea el resultado. La lucha de fondo es por la unidad de la nación y la formación de un Estado democrático que saque al Perú de la pobreza, la corrupción y la violencia.

Fuente de la Información: https://larepublica.pe/opinion/2024/05/20/los-pobres-no-son-cifras-en-las-encuestas-por-hugo-otero-1298020

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Perú regula la educación inclusiva en sus centros

Perú regula la educación inclusiva en sus centros

 Éxito Educativo

El Ministerio peruano de Educación (Minedu) publicó la Resolución Viceministerial N.o 041- 2024- MINEDU que aprueba la norma técnica denominada “Disposiciones para la creación e implementación de los Servicios de Apoyo Educativo en la Educación Básica Regular”. Este servicio busca generar condiciones para mejorar los aprendizajes en un entorno inclusivo y equitativo, a fin de promover una educación que reconozca y valore la diversidad en el aula y permita que cada estudiante pueda desarrollar sus potencialidades.

El documento normativo señala que las unidades de gestión educativa local (UGEL) y las instituciones educativas (II. EE.) deberán conformar equipos de Servicio de Apoyo Educativo (SAE) externo e interno para garantizar una visión integral de la educación inclusiva, que sensibilice a la comunidad educativa, capacite, acompañe y asesore a los actores educativos, oriente a las familias para apoyar los procesos de aprendizajes de sus hijos e hijas, entre otras acciones.

Para ello, uno de los primeros pasos será identificar las barreras educativas que se encuentran en su contexto y que impiden que sus estudiantes puedan aprender en igualdad de condiciones. La identificación de las barreras educativas, entre otras acciones, contribuirán a reducir las situaciones de discriminación, exclusión o falta de valoración de la diversidad, según las autoridades educativas competentes.

Como parte de este trabajo, las UGEL y las II. EE. de Educación Básica Regular deben realizar un trabajo articulado para que los estudiantes reciban los apoyos educativos que requieran.

En ese sentido, el Minedu invita a la comunidad educativa a trabajar, de manera articulada, para que todos puedan ser agentes de cambio “en favor de una educación inclusiva de calidad para los estudiantes en su totalidad”.

Fuente de la Información: https://exitoeducativo.net/peru-regula-la-educacion-inclusiva-en-sus-centros/

 

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Nombramiento docente: ¿meritocracia o justicia?

La Ley N.º 31996, que promueve el acceso a la carrera pública docente a los profesores interinos que fueron retirados el 31 de mayo de 2015, fue publicada este 9 de abril. Algunos expertos argumentan que esta ley es un golpe contra la calidad educativa y ciertos congresistas señalan que se trata de un acto de justicia.

Para entender esta situación retrocedamos en el tiempo. En noviembre del año 2012, durante el gobierno de Humala se publicó la Ley de Reforma Magisterial, N.º 29944, que regula la carrera docente y reemplaza a la Ley del profesorado N.º 24029. Esta nueva ley tiene como espíritu a la meritocracia centrada en la aprobación de varios exámenes, para conformar parte de la Carrera Pública Magisterial.

Sin embargo, en aquel momento había aproximadamente 200.000 docentes nombrados y otros 14.000 docentes nombrados como interinos. Todos estaban sujetos a la normativa anterior al año 2012. Durante la implementación de la Ley 29944, todos los docentes nombrados fueron incorporados automáticamente a la Carrera Magisterial, lo que contradijo el carácter meritocrático de la ley. Por otra parte, debido a diversos motivos, los 14.000 docentes nombrados interinos, fueron retirados mediante la Resolución de Secretaría General 2078-2014-MINEDU, lo cual evidencia una clara injusticia e inequidad.

En principio, la ley debe ser igual para todos. Esto quiere decir que, ningún docente nombrado debió ser incorporado de forma automática a la carrera magisterial, sino solo después de haber aprobado un exhaustivo examen, como lo están haciendo miles de profesores después de que esta ley entrara en marcha.

De igual manera, para lograr la meritocracia que impulsa esta ley, no es suficiente nombrar a un profesor porque aprobó un examen ejecutado por un Ministerio de Educación (MINEDU), que, según el experto León Trahtemberg, desconoce al docente. Para una evaluación exitosa, se requiere otorgar una mayor autonomía a los Centros educativos, con la finalidad de que estos puedan contratar al docente más idóneo y evaluarlo a lo largo de un año, y luego de tres años, puede nombrarse, concluye el experto. Esta innovadora idea de evaluar a la comunidad docente, debe aplicarse, si realmente existe un interés real por mejorar la educación en el Perú.

Ramiro Rojas Gutiérrez, líder de los maestros retirados, me dijo que, para evitar esta engorrosa situación, en el año 2014 el Minedu debió solicitar una actualización escalafonaria a los docentes interinos y aquellos quienes tenían sus títulos pedagógicos debieron ser incorporados automáticamente al igual que los demás docentes nombrados.

A pesar de que siento una desazón por esta Ley N.º 31996, como columnista independiente, creo que esta cuestión debió solucionarse con una resolución Ministerial hace tanto tiempo. Según los reportes, beneficiará a unos 2. 500 docentes retirados. Al respecto, muchos ciudadanos, la prensa y algunos expertos se rasgan la vestidura al sostener que serán incorporados automáticamente, pero la norma dice que habrá un examen especial que implementará el Minedu de acuerdo a la ley vigente.

Este hecho debe fortalecer más al sistema educativo en la mejora continua, centrado en los estudiantes. Como la de capacitar y evaluar con mayor rigor a la comunidad docente: el conocimiento de su materia, sus competencias didácticas y sus habilidades blandas, pero con leyes aplicadas de manera equitativa para todos.

© David Auris Villegas. Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario y creador del ABDIVCP.

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

Fotografía: IA

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Perú: Año escolar 2024: ¿huelga de maestros del Sutep podría afectar el inicio de clases? Esto dice Minedu

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) realizaría una huelga de docentes a nivel nacional. Conoce en esta nota si las clases se verían afectadas.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) indicó que evalúa realizar una huelga nacional de docentes entre los meses de abril y mayo debido a que el Gobierno incumplió acuerdos, tales como el pago del bono de escolaridad o el incremento del salario de los maestros.

«Hay un acuerdo que hemos adoptado en la última asamblea nacional de delegados en el sentido de que, ante la desatención de parte del Gobierno y el incumplimiento del convenio colectivo, se acate una huelga nacional. Todo depende de la voluntad y atención que el Gobierno ponga, si tiene una voluntad de conversar y encaminar esos temas», declaró el secretario del Sutep, Lucio Castro, a Exitosa.

«Me refiero, por ejemplo, a aquellos maestros que trabajan en el Vraem o zonas rurales y no están considerados. Docentes nombrados, más de 75.000, no hay la escolaridad, que es un derecho de los trabajadores en general, e igualmente no se ha considerado el incremento de remuneraciones que se ha venido dando todos los años y como parte de una política nacional», sostuvo.

Ante dichas declaraciones, varios padres de familia desean reconfirmar la fecha de inicio de clases y si dicha manifestación podría afectar el desarrollo de etas.

¿La huelga de maestros podría afectar el inicio de clases?

La huelga de docentes anunciada por el Sutep podrían afectar las clases; sin embargo, la ministra de Educación, Miriam Ponce, pidió a los maestros ser responsables y comprometidos con su labor.

«Estamos abiertos a conversar, pero no estamos de acuerdo con que se afecte a terceros, como son los niños y adolescentes. El tema de anunciar (la huelga) cuando ni siquiera hemos empezado las clases es una falta de respeto, inclusive, a nuestras niñas, niños y adolescentes, y a las familias», señaló.

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre la huelga de docentes?

La presidenta de la República, Dina Boluarte, indicó que los profesores no pueden «amenazar» con realizar huelgas y que el Poder Ejecutivo está dispuesto a dialogar con los maestros para conocer demandas.

«No podemos amenazar, como cierto sector va diciendo, que en abril va a empezar con las huelgas (de docentes). Este Gobierno tiene las puertas abiertas para poder conversar las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 30 o 31 días del mes. Creo que nuestra niñez, nuestros alumnos ya perdieron mucho tiempo durante la pandemia», indicó la jefa de Estado, Boluarte Zegarra.

«No sería justo que por no conversar en paz ellos tengan que seguir perjudicándose. En las regiones también la situación es más crítica que acá. No por ello tenemos que buscar justificaciones para no hacer las cosas», agregó.

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2024/02/29/ano-escolar-2024-huelga-de-maestros-del-sutep-podria-afectar-el-inicio-de-clases-esto-dice-minedu-828994

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Educación y justicia social

 

Sin equidad en la educación, no existe justicia social. No se trata de ideologías políticas. Se trata de desarrollar el capital humano, con el propósito de establecer una sociedad más sostenida que el mundo de hoy exige. La lucha por la justicia social desde la educación requiere un compromiso colectivo, con el fin de garantizar un acceso equitativo a todos los estudiantes.

A pocos días de empezar el año escolar 2024, el panorama educativo está lejos de encontrar la justicia social para los menos favorecidos. El Dr. Guillermo Molinari, exviceministro del Ministerio de Educación, dice que, 63 mil estudiantes han desertado durante el año 2023, existe desnutrición, dificultades de aprendizaje, poca condición de educabilidad y limitados recursos educativos. Asimismo, de las 55436 instituciones educativas públicas del Perú, 30294 de ellas requieren ser demolidas y, solo 16187 disponen de agua, luz y alcantarillado, señala Paola del Carpio, economista de “REDES”.

Esta situación es el triunfo de una larga política educativa vegetativa, impulsadas por gobernantes corruptos y sin perspectivas de desarrollo. Priorizaron sus intereses políticos en lugar de mejorar a la educación y algunos expresidentes siempre culparon de nuestro infortunio a los países desarrollados o a los organismos mundiales. Un Ministerio de Educación, colmado de funcionarios expertos, pero incapaces de liderar políticas educativas de equidad, aunque no de calidad. Además, la sociedad en su conjunto no juega un papel crucial, pues carecen de conciencia educativa para el progreso colectivo.

Con el objetivo de construir una sociedad equitativa, el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, promovida por Naciones Unidas, ONU, con su lema del 2023, “Superar barreras y desbloquear oportunidades para la justicia social”. La justicia social, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (Unicef), se basa en la igualdad de oportunidades como un derecho humano a la equidad para desarrollar su potencial mental. Esto significa que la educación, contribuye a eliminar las disparidades, así como lo está consiguiendo China, un país en desarrollo gracias a un manejo adecuado de sus recursos.

En este siglo más interconectado de toda la historia de la humanidad, gracias a la internet, la justicia social es nuestro desafío y posibilidad, ya que todos los individuos tienen derecho a realizarse como persona. Según Audrey Azoulay, directora de la Unesco, la educación es un bien público, delicada, frágil y la mejor inversión que podemos hacer. En esencia, se trata de la búsqueda de un equilibrio social que promueva la equidad, la inclusión y el respeto a la dignidad humana.

Para el experto, Javier Murillo, a fin de alcanzar la equidad y la inclusión en la educación, indica que las escuelas para que contribuyan a la justicia social deben tener tres elementos fundamentales: escuelas de carácter equitativo, crítico y democrático.   Estos principios básicos pueden incorporarse en todo el currículo nacional y así garantizar el acceso igualitario a la educación, especialmente en comunidades marginadas, mediante la inversión en infraestructuras que brinden todos los servicios básicos y programas de apoyo didáctico.

Asimismo, es hora de innovar la administración del 4% del PBI destinado a educación, con el fin de incrementar la productividad en beneficios de todos. De lo contrario, así el Estado, asigne el 10% del PBI a este sector, y de continuar administrándose como en la actualidad, perpetuaremos esta crisis que, entre otras cosas, es el resultado de un irresponsable manejo de recursos con sobrecostos y despilfarros por parte de quienes tienen la capacidad de gasto.

El hecho de que todas las instituciones educativas tengan servicios básicos, recursos pedagógicos y profesores medianamente capacitados, es un gran paso hacia la justicia social que todos aspiramos.

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

© David Auris Villegas. Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario y creador del ABDIVCP.

Fotografía: Padres corefonet

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