ÚLTIMA PRUEBA PISA REVELA PROFUNDAS DESIGUALDADES EDUCATIVAS EN EL PERÚ: Los resultados de la prueba PISA 2022 en Perú han puesto al descubierto las desigualdades educativas existentes, y además, indican que estas disparidades se han acentuado, contribuyendo a un mayor distanciamiento en el sistema educativo peruano, también indica que las diferencias ya existentes se han vuelto más pronunciadas.
De acuerdo a un informe publicado por ojo-publico.com, los resultados de la última prueba PISA, una de las evaluaciones educativas más relevantes a nivel mundial, han dejado en evidencia no solo el descenso en las calificaciones de Matemáticas en el Perú, sino también una realidad persistente: la desigualdad socioeconómica sigue siendo un factor determinante en el rendimiento de los estudiantes.
BRECHAS SOCIOECONÓMICAS ACENTÚAN DESEMPEÑO EDUCATIVO
En la evaluación PISA 2022, los estudiantes peruanos provenientes de zonas urbanas, escuelas privadas y estratos socioeconómicos más altos mostraron un rendimiento superior en comparación con sus pares en situación de pobreza, áreas rurales y colegios públicos. Estas disparidades evidencian un desafío importante en la lucha por una educación equitativa.
La inequidad se manifiesta en diferentes dimensiones, desde el acceso a recursos educativos hasta la calidad de la enseñanza. Los desafíos se presentan de manera más acentuada en las áreas rurales, donde la falta de acceso a internet, laboratorios y otros recursos impacta directamente en el desempeño de los estudiantes.
DESIGUALDADES PERSISTENTES: UN RETO PARA EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO
ojo-publico.com, destaca en su informe que, aunque el Perú ha experimentado un crecimiento constante en los resultados de aprendizaje en las últimas dos décadas, la brecha social sigue siendo significativa. Andreas Schleicher, director de educación y capacidades de la OCDE, señaló que, a pesar de los éxitos, las disparidades socioeconómicas persisten como un desafío fundamental en América Latina.
A pesar de este panorama, las autoridades aún no han detallado medidas concretas para abordar estas desigualdades, generando incertidumbre sobre las acciones futuras en el sistema educativo peruano.
El Perú vive una nueva crisis político-social, exactamente a un año de la anterior crisis en la que el ex presidente Pedro Castillo Terrones es apresado (por anunciar un golpe de Estado) y asumió el mando del país Dina Boluarte Zegarra. Este 7 de diciembre, a un año de la crisis, el balance es negativo, pero se ahondó aún más con la liberación del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori.
Si bien, un grupo minoritario de peruanos ha celebrado la salida de Fujimori, con el despliegue al unísono de los medios de comunicación masivos y los grupos de poder afines al fujimorismo; miles de nacionales vienen manifestándose en contra de esta medida en todo el territorio patrio. Los medios callan mientras que las redes estallan. Así, se evidencian marchas en los departamentos de Arequipa, Puno, Abancay, Chiclayo, Tacna, Lima y otras ciudades, con demandas diversas como al libre tránsito, la libre expresión, derechos humanos, etc. Se vive una tensa calma, ya que los manifestantes se desplazan en medio de tanques militares y cientos de policías que buscan impedir la manifestación de la población… y su indignación.
De otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó ayer la decisión del Estado peruano, desconociendo la jurisdicción contenciosa de la CIDH y destacó su alcance: «La Comisión reitera que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad».
Asimismo, Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de La Cantuta se mostró en contra de la liberación de Fujimori, en una entrevista del medio periodístico La Mula, señalando que no han perdido la humanidad, solo que se debe respetar el debido proceso. A continuación, videos e imágenes de la nueva crisis que enfrenta el país, gracias a la labor en conjunto de la prensa alternativa nacional:
Algo compungido y pesimista, escribo este artículo, a pesar de mi fe en la humanidad. Es común que las instituciones educativas eduquen al ser humano, sin embargo, la educación más poderosa proviene de los malos funcionarios y políticos de cualquier país. Con sus perversas acciones y torpes ejemplos que son transmitidos en tiempo real y replicados a escala global por los medios de comunicación, dan lugar a la visión de la ciudadanía como si eso es lo correcto para ser imitado.
Estas poderosas actitudes son practicadas desde hace tiempo, y lamentablemente, una parte de la población lo ha asumido como una forma de vida en el Perú. Durante el año 2022, según la defensoría del pueblo, el 81% de los gobernadores elegidos se encontraban involucrados en casos de corrupción en proceso y otros delitos. Lo más triste, el candidato con arresto domiciliario de Tacna fue elegido gobernador por una ciudadanía que deja mucho que pensar. Esto es un escándalo social, digno de estudios de tesis doctorales.
La extraña novela no termina aquí. El Poder Legislativo, quienes deben elaborar leyes que impulsen el desarrollo del país, están delinquiendo en masa. De acuerdo con el informe de la Procuraduría General del Estado (PGE), de los 130 congresistas de la República, en la actualidad, 47 de ellos están siendo investigados por Fiscalía de la Nación. Lo peor de todo, en vez de legislar, estos majaderos se pasan el tiempo defendiéndose y por supuesto, tienen sobradas razones para mantenerse en el poder hasta 2026.
Por otra parte, respecto al Poder Judicial, entidad encargada de impartir la justicia salomónica para el buen vivir, en julio del 2020 esto publicaba la Procuraduría Anticorrupción, “334 magistrados, entre jueces (151) y fiscales (183), se encuentran involucrados en presuntos actos de corrupción a nivel nacional, entre los que se registran 42 sentenciados por delitos…”. Estimados lectores, la lista es interminable y ni que escribir del Poder Ejecutivo, basta con observar a casi todos los expresidentes vivos investigados por casos de corrupción y tres de ellos están presos.
Con esta casta de funcionarios y políticos, como diría Javier Milei, el virtual presidente argentino: ¿es posible soñar con un Perú desarrollado?, ¿existe justicia equitativa?, ¿habrá agua y alcantarillado para todos?, ¿habrá una educación de calidad?, ¿hay gobernanza con oportunidades para todos? Sin pecar de pesimista, eso es imposible por ahora. Es como si en la prisión hayamos asignado como guardián de los presos al jefe de la banda.
A finales del siglo pasado, Manuel Gonzales Prada afirmó que el Perú era un organismo enfermo donde se pone el dedo, salta el pus. A esto se añaden las palabras de Jorge Basadre, quien señalaba, que nuestro país padecía un abismo social y de malos funcionarios. En la actualidad, estas afirmaciones son reales y vemos asombrados, de cómo esta pandilla de bellacos nos conduce a la bancarrota, mientras junto a su entono se enriquecen, como se evidenció en el caso del Fondo Mivivienda en el gobierno de Castillo.
Este cáncer social tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, lo que a su vez echa por tierra el esfuerzo pedagógico de los educadores. Para colmo, estos mafiosos gozan de un sinnúmero de entrevistas en los medios de comunicación y desde esa plataforma, con descaro descomunal, refuerzan sus defensas apelando a argumentos basados en leguleyadas y oscuras componendas.
La lucha y extirpación de la corrupción en el Perú es un desafío colectivo e histórico a cargo de la ciudadanía con aspiraciones de un país próspero. No podemos perderlo, de lo contrario estaremos condenados al eterno subdesarrollo, bajo el liderazgo de rufianes políticos y funcionarios corruptos.
El gremio magisterial ha convocado a una movilización de 24 horas para exigir mejoras para alumnos, docentes y personal de todo el sector educación.
El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) convocó a un paro nacional de 24 horas este jueves 23 de noviembre para exigir un aumento de presupuesto en el sector respectivo. Para esta movilización, el gremio magisterial citó a sus diversas bases en todo el Perú.
El anuncio del Sutep se realizó a través de sus plataformas digitales oficiales, en las que también se menciona que la medida responde a «una constante indiferencia» de las autoridades para atender los reclamos de padres de familia y maestros en beneficio de los estudiantes del país.
Paro nacional del Sutep: ¿cuáles son los pedidos de la movilización de este jueves 23 de noviembre?
Dentro del pliego de reclamos del Sutep al Gobierno se encuentran los incrementos de bonificación por trabajar en zona rural 2 y 3, Vraem y zonas de frontera; pago de escolaridad a docentes nombrados desde el 1 de marzo del 2024; así como presupuesto para el pago del 100 % de la CTS para docentes y auxiliares de educación que cesarán en diciembre en el marco de las leyes n° 31451 y n° 31552.
Otros pedidos gremiales son la asignación por cargo y por trabajo adicional de profesores que asumen encargaturas; aumento de sueldos para docentes y auxiliares de educación el próximo año; nombramiento transparente en el 100% de plazas vacantes; pago inmediato del bono extraordinario y pensiones dignas para cesantes y jubilados (conforme a la aprobación del proyecto de ley nº 4786).
Aumento de PBI destinado a educación y liberación de AFP
El Sutep ha solicitado que el PBI asignado a educación se determine en 6% para disminuir las brechas de infraestructura y mejor alimentación para los alumnos a nivel nacional.
Respecto a los fondos de las AFP, el gremio magisterial exhorta a las autoridades correspondientes para que permitan la libre desafiliación.
El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) llevó a cabo una movilización a nivel nacional el 20 de octubre, exigiendo que se destine el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación pública. En la ciudad de Tacna, los maestros se congregaron en la Plaza Zela y marcharon hacia la sede del Gobierno Regional de Tacna con el propósito de solicitar una reunión con el gobernador, Luis Torres.
Durante el trayecto, la secretaria regional del SUTEP Tacna, Rosana Reynoso, manifestó la preocupación de los educadores ante lo que consideran una falta de respuesta adecuada por parte del gobierno. Reynoso declaró que, en caso de que sus demandas no sean escuchadas, están dispuestos a tomar nuevas medidas de lucha en defensa de la educación pública.
“Ante la indolencia del gobierno, hemos decidido darle una alerta. Si para noviembre no se modifica el presupuesto del 2024 para destinar el 6% del PBI a la educación, nos veremos obligados a iniciar una paralización”, anunció la dirigente del SUTEP.
La movilización del SUTEP en Tacna es un reflejo de las crecientes preocupaciones de los maestros y sindicatos en todo el país con respecto a la inversión en la educación pública. El 6% del PBI es una de las demandas centrales del sindicato, con el fin de mejorar las condiciones de enseñanza y garantizar una educación de calidad para todos los peruanos.
José Béjar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), en diálogo con RPP Noticias, anunció que interpuso una denuncia ante la Oficina de Control Interno (OCI) de la universidad contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, luego de que, en una investigación preliminar, detectara hasta 4 irregularidades académicas y administrativas en sus estudios de posgrado.
Al respecto, José Béjar indicó que inició una investigación a nivel de decanato sobre estos hechos y que encontró no solo que la tesis de Alejandro Soto tendría 66% de contenido «no original», sino otras irregularidades de carácter administrativo que se habrían dado para favorecerlo.
¿Cuáles son las 4 presuntas irregularidades detectadas?
El decano de Derecho de la UNSAAC dijo haber detectado que Soto Reyes «usó indebidamente» la convalidación de sus estudios académicos para iniciar el posgrado en su casa de estudios.
«El señor ha hecho indebidamente el uso de convalidación homologación y ha estudiado fuera de la UNSAAC. La modalidad en la que ha ingresado ha sido de traslado internacional (cuando) no hay esa modalidad, no está reconocida esa modalidad por la Ley Universitaria ni tampoco por la normativa interna de la universidad», indicó.
En ese sentido, la denuncia presentada por Béjar ante la OCI de la UNSAAC señala que el titular del Legislativo habría convalidado irregularmente 13 cursos aprobados en la Universidad de País Vasco de España, cuando dicho procedimiento «no está permitido por la Ley Universitaria (ni) por el Reglamento Académico de la UNSAAC».
Además, siempre según la denuncia, Soto efectuó el «Traslado Internacional», «procedimiento que tampoco está regulado por la normatividad universitaria vigente».
La segunda irregularidad tiene que ver con la duración de los estudios de doctorado de Alejandro Soto.
«El señor ha hecho un estudio del ciclo doctoral solamente de un año, cuando la actual Ley Universitaria exige tres años de estudio, 6 semestres académicos, lo que ha incumplido», señaló.
«El señor se ha graduado con la misma tesis para maestría y para doctorado en Derecho. Esto es una gravísima irregularidad. Yo he acompañado a la OCI toda la documentación correspondiente como tal y también las dos tesis», aseveró.
Justamente, respecto a la tesis de Soto, el decano señaló que «lo más grave» es que se ha detectado que, efectivamente, ese trabajo académico tiene hasta 66% de plagio.
«Lo que es más grave y que linda con carácter penal es el plagio. Yo he hecho someter (la tesis) al sistema antiplagio que existe en la universidad y arroja que el 66% de la tesis no es original. Por eso, yo he puesto en conocimiento de la oficina de OCI para que haga la investigación objetiva correspondiente», precisó.
A su vez, consultado sobre las responsabilidades ante estas presuntas irregularidades, José Béjar resaltó que la principal responsabilidad recae sobre Alejandro Soto y no descartó que este hubiera contado con el apoyo de personal de la UNSAAC.
«(Responsable) es el propio interesado, como también seguramente ha contado con el apoyo de otras personas. Cusco no es una ciudad tan grande. En el canal de televisión donde trabajaba el señor Soto también hay gente de ese canal que trabaja en la universidad«, indicó.
Respecto a ello, señaló que dichas personas laborarían en el área de relaciones públicas de la universidad cusqueña.
«Me imagino que han utilizado mecanismos de ese tipo para presionar a ciertas autoridades para cometer estos actos irregulares», añadió.
No obstante, el decano de la Facultad de Derecho indicó que no se inició ninguna investigación ni existe una comisión investigadora.
«No hay ninguna investigación (…) Yo tengo conocimiento de que no hay ninguna comisión ni ninguna investigación. Caso contrario, el señor rector ha manifestado en el Consejo Universitario que él es muy humano y que, por tanto, (en) este asunto él no ha nombrado ninguna comisión, no hay nada concreto. Solo es una mera declaración del señor rector», sostuvo Béjar Quispe.
«De acuerdo a las normas internas, cualquier miembro de la universidad está en la obligación de hacer conocer alguna irregularidad que conoce en el ejercicio de sus funciones. Por ese motivo, yo he hecho esa denuncia. No hay otra denuncia por parte del rectorado o de otro órgano superior de la universidad», agregó.
En ese sentido, indicó que la suya es la «primera denuncia material» para que los hechos se investiguen «de manera objetiva y que la OCI se pronuncie sobre el particular».
«Cualquier grado o título académico se debe obtener cumpliendo las normas legales correspondientes. Si hay casos, tenemos al OCI para hacer las investigaciones. Nosotros tenemos la obligación de renunciar como lo estoy haciendo», resaltó.
Además, consideró «preocupante» que «hasta el momento no exista ninguna comisión (investigadora) por parte del Consejo Universitario» y que, ante esa falta, quien debería responder es el rector de la UNSAAC.
Fuente de la Información: https://rpp.pe/politica/congreso/decano-de-la-unsaac-alerta-sobre-represalias-de-alejandro-soto-tras-investigar-estudios-de-posgrado-del-congresista-noticia-1507160
Entre las plazas Dos de Mayo y San Martín de Lima se produjeron, el pasado 30 de agosto, movilizaciones contra el ejecutivo de Dina Boluarte, informó el corresponsal de teleSur Ramiro Angulo.
Boluarte accedió a la Presidencia de la República de Perú en diciembre de 2022, como consecuencia del golpe derechista perpetrado contra Pedro Castillo (maestro rural de izquierdas que venció en los comicios presidenciales de junio de 2021).
Los manifestantes pidieron la dimisión de Boluarte Zegarra, una constitución nueva (la actual fue aprobada en 1993) y justicia para las personas represaliadas (las protestas comenzaron a finales de 2022 y se han prolongado durante 2023).
Además, en la marcha de Lima, “se están condenando los abusos policiales y militares que se han cometido en las últimas manifestaciones”, destacó el reportero de teleSur.
El medio comunitario peruano Wayka presentó el 15 de agosto el informe Vivir con más de 80 perdigones: el proyectil prohibido usado en las protestas; el audiovisual de 15 minutos muestra ejemplos de su utilización –por ejemplo el 19 de julio-, pese a que las autoridades negaran este extremo; “el uso de perdigones injustificado e indiscriminado (por parte de la policía) ha causado muertes y heridos de civiles (…)”, explica el vídeo.
Uno de los casos detallados es el de estudiante de 22 años Rosalino Flórez Valverde, de Cusco, quien falleció en marzo de 2023 tras el disparo de 36 perdigones de plomo por la espalda; o el del puneño de 35 años Gabriel López, conductor de carga pesada y otros oficios, asesinado en enero con proyectiles de plomo (en su cuerpo se hallaron 72 orificios); también el de Armando Quispe, de 34 años, trabajador de la minería artesanal, quien sobrevive con 80 perdigones en su cuerpo.
El régimen de Boluarte reconoció, a finales de julio de 2023, el fallecimiento de al menos 63 personas durante las protestas (otras fuentes elevan la cifra de víctimas mortales –entre diciembre de 2022 y marzo de 2023- a 77); el periódico La República apuntó que Rosalino Florez era la víctima mortal número 61.
En un reportaje publicado en La República por Gloria Purizaca, se detalla que de las 61 personas muertas, “la represión policial les arrebató la vida a 49 de ellos a punta de proyectiles e impactos de bombas lacrimógenas” (No son sólo una cifra. Las vidas de los 49 civiles asesinados en las protestas contra Dina Boluarte, actualizado marzo 2023).
Además este año se cumple el 20 aniversario del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú (CVR), de 2003, sobre el conflicto armado interno durante el periodo 1980-2000; fue, según el documento de conclusiones, “el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República” (69.280 víctimas mortales).
Una de las notas relevantes es la relación entre pobreza, exclusión social y la posibilidad del impacto por la violencia; así, según la CVR, en el departamento de Ayacucho (región andina), se produjo más del 40% de las desapariciones y muertes.
En otros términos, el 79% de las víctimas computadas residía en el ámbito rural y más de la mitad –el 56%- tenía un empleo en el sector agrícola y ganadero; asimismo la población indígena resultó afectada especialmente por la violencia: el 75% de las personas fallecidas tenían como lengua materna el quechua u otras lenguas originarias.
Al cumplirse dos décadas del Informe, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú –de la que forman parte organizaciones de la sociedad civil- hizo público un pronunciamiento titulado Continuidades que matan (28 de agosto 2023); las ONG condenaban, entre otros puntos, “el autoritarismo y la violencia que estamos viviendo, con 49 ejecuciones extrajudiciales y masacres que enlutan a nuestro país”.
En cuanto a las situaciones de impunidad, añade el pronunciamiento, “demoras, complicidades y pactos de silencio caracterizan la justicia; si bien en un centenar de casos se ha dictado sentencia, son hechos que ocurrieron hace 30 ó 40 años, como la violencia sexual contra las mujeres (de los distritos) de Manta y Vilca (…)” perpetrados por el ejército peruano entre 1984 y 1998.
Ejemplo de esta tendencia a largo plazo es el Informe de la ONG Global Witness El ambiente mortal de Perú (2014), que recoge el asesinato de al menos 57 defensores ambientales y de la tierra en el periodo 2002-2014; el reporte calificaba entonces a Perú como “el país más peligroso del mundo” para los defensores; la mayor parte de las muertes tenía relación con los conflictos por la tierra, la tala o la minería.
En las últimas fechas se han producido novedades, asimismo, respecto a las denuncias por esterilizaciones forzadas en Perú; así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el 18 de agosto sobre la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Celia Edith Ramos Durand; murió como consecuencia de una esterilización “sin consentimiento”, en el contexto del denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF).
Los hechos se retrotraen al verano de 1997, durante la dictadura fujimorista; la Comisión detalla que la mujer fallecida –quien vivía en el Caserío La Legua, en el departamento de Piura-, fue “sometida a esta intervención y experimentó complicaciones médicas” que derivaron en la muerte; el mismo 3 de julio, el Ministerio de Salud esterilizó a 15 mujeres en el citado caserío, en la ciudad de Catacaos.
Una sentencia relevante tuvo lugar el pasado 12 de agosto; la Corte Superior Nacional condenó a dos oficiales y 16 soldados por el asesinato de 39 campesinos, en la conocida como masacre de la comunidad de Cayara (departamento de Ayacucho), sucedida el 14 de mayo de 1988 durante la presidencia de Alan García Pérez.
Las penas a los autores del delito de homicidio oscilaron –según los casos- entre los ocho y los 15 años de cárcel; los militares formaban parte de dos patrullas cuyos efectivos desplegaron el llamado plan Persecución, diseñado por el Estado Mayor de la Segunda División del Ejército con sede en la provincia de Huamanga (Ayacucho), informó Resumen Latinoamericano citando a La República.
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