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Escaso acceso a métodos anticonceptivos en Venezuela vulnera los derechos sexuales

Promover una educación sexual, más allá de conocer el aparato reproductor femenino y masculino, es parte de la deuda del Estado. La escasez y altos precios de métodos anticonceptivos inciden en el alto índice de embarazos adolescentes, así como infecciones de transmisión sexual.

Un estudio de la Asociación Civil Convite, en alianza con otras ONG, indica que en Venezuela existe 52 % de escasez de métodos anticonceptivos orales, con mayor afectación en Puerto Ordaz, San Carlos y el Área Metropolitana de Caracas. En cuanto al preservativo masculino, la escasez es de 22 %.

La abogada y defensora de derechos humanos, Eumelis Moya, destacó que la educación sexual va mucho más allá de conocer sobre el aparato reproductivo femenino y masculino. Y los derechos sexuales implican políticas públicas por parte del Estado, que garanticen el acceso a métodos de anticoncepción y educación sobre infecciones de transmisión sexual.

El problema de los métodos anticonceptivos no es solo de escasez. Un blíster de pastillas anticonceptivas cuesta entre 10 y 20 dólares, precios que no pueden cubrir mujeres de bajos o medianos recursos.

El estudio de Convite señaló que los casos más alarmantes de escasez se registraron en disponibilidad de: parches (90 %), aros vaginales (92 %), dispositivos intrauterinos (91 %) y anticonceptivos inyectables (90 %).

30 % de las mujeres consultadas hasta noviembre de 2020 manifestaron que no usan ningún método anticonceptivo. 21 % usa preservativos, 15,21 % opta por las pastillas, y 25 % de las que usa algún método dijo estar esterilizada.

Por otra parte, 23,47 % de las encuestadas dijo no tener ningún tipo de información sobre infecciones de transmisión sexual y cómo protegerse. 16,53 % tiene información, pero no se protege.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Venezuela tiene la tasa más alta de embarazos en adolescentes en toda la región de América. Uno de cada cuatro bebés nace de madres adolescentes. De hecho, hasta 2018 cuando se obtuvo información oficial, el municipio Caroní en el estado Bolívar lideró el índice de embarazo precoz en el país.

Escaso acceso a métodos anticonceptivos en Venezuela vulnera los derechos sexuales
Puerto Ordaz es una de las ciudades afectadas por la escasez de métodos anticonceptivos. Fuente: Convite
Corresponsabilidad social

Para Moya, «el problema con los derechos sexuales de las personas es mucho más complejo e implica un tema de responsabilidad, tanto de las personas como del Estado. Hay un tema de corresponsabilidad social que empieza y parte de la educación. La única manera de que los derechos sexuales puedan ser exigidos es que las personas conozcan que hay derechos sexuales y cuáles son».

Aclaró que los derechos sexuales van mucho más allá del tema de las relaciones.

Ciertamente, el Estado ha gestado algunas políticas, como las jornadas de esterilización, colocación del dispositivo intrauterino o inyección. Sin embargo, me detendría a preguntar si la persona conoce cuáles son las diferencias, los beneficios y las consecuencias de utilizar un método y otro. Eso es educación en materia sexual, y es derecho sexual», puntualizó.

Escaso acceso a métodos anticonceptivos en Venezuela vulnera los derechos sexuales
Venezuela tienen uno de los mayores índices de embarazos precoz. Fuente: Convite
Prevención de enfermedades

Moya considera también que el tema de la educación sexual debe ir más allá de los dogmas, porque cada corriente tendrá una visión distinta según sus creencias. Asimismo, uno de los escollos a superar es que repose en la mujer la responsabilidad de prevenir un embarazo.

«Cuando tú reposas en ella esa responsabilidad, lo circunscribes a eso y nos obviamos la parte de que el condón no es solamente para prevenir embarazos, es para prevenir enfermedades. Puedo estar tomando pastillas anticonceptivas y no salgo embarazada, pero me puedo contagiar de VIH, de papiloma. Y es que la gente no sabe, hay una distorsión, y los hombres se ofenden cuando la mujer adquiere el VPH porque es clínica manifiesta en las mujeres mas no en el hombre, pero el portador es el hombre».

Hay tanto hombres como mujeres que desconocen que los síntomas de infecciones como el virus de papiloma humano pueden ser una manifestación final. En cambio, estando asintomática puede contagiar a otra persona. Lo mismo ocurre con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el sida.

«Los derechos sexuales de las personas no deberían verse como una cosa de métodos y prevención. El Estado tiene que gestar desde las escuelas, las familias, un tema de formación en educación sexual. No es solo el aparato reproductor, es generar material informativo, entendible y comprensible para todos los niveles, desde el que más ha estudiado como el que menos ha estudiado», reiteró Moya.

A su vez, considera importante gestar un tema cultural y endosar al hombre un poco más de responsabilidad en la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual.

Ausencia de jornadas anticonceptivas

La legalización del aborto en Argentina encendió aún más el debate de quienes están a favor y en contra de la interrupción de un embarazo. Sin embargo, las discusiones poco se centran en exigir al Estado garantías de acceso a los métodos anticonceptivos, así como una educación sexual de calidad.

En Ciudad Guayana, por ejemplo, la última vez que se promovieron jornadas de métodos anticonceptivos de esterilización fue en 2019. Ese año se hicieron dos fases, una en julio y otra en septiembre.

Se basó en la aplicación de anticonceptivos inyectables, para mujeres que presentaran prueba de embarazo negativa o estuvieran en su período de menstruación. Este método solo brinda protección de uno a tres meses, según la marca del inyectable.

Sobre un plan de esterilización, el último en Ciudad Guayana fue en agosto de 2018, como parte del programa Mujer, Vida y Futuro.

Fuente: https://cronica.uno/escaso-acceso-a-metodos-anticonceptivos-en-venezuela-vulnera-los-derechos-sexuales/

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Bolivia: Magisterio Rural: “No garantizamos el inicio de clases, no hay condiciones”

A tres días del inicio de actividades educativa en todo el territorio nacional, el ejecutivo de la Confederación del Magisterio Rural, Víctor Mamani, dijo que su sector no garantiza el inicio de las clases debido a que los municipios no cumplieron con otorgar los implementos de limpieza para evitar los contagios. Además, el Ministerio de Salud no presentó el informe epidemiológico nacional para determinar la modalidad que se aplicará en cada región.

“Nosotros como dirigentes nacionales no garantizamos el inicio de clases; no por los maestros, sino que no hay condiciones lamentablemente”, dijo Mamani.

Agregó que el Ministerio de Educación tampoco cumplió con la entrega de las cartillas a los estudiantes y maestros.

“Algunos municipios están empeorando, otros todavía se mantienen en rebrote; pero de todas formas no se puede asegurar nada y, hasta este momento, lo más lamentable es que los gobiernos municipales tampoco han implementado equipos de bioseguridad a las unidades educativas”, dijo el dirigente del Magisterio Rural. Para esta jornada se tiene previsto otro encuentro con el Ministro de Educación.

Fuente: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210128/magisterio-rural-no-garantizamos-inicio-clases-no-hay-condiciones

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Siria: Casi 10 años después, una de cada tres escuelas ya no es utilizable

Declaración conjunta de Muhammad Hadi, Coordinador Regional Humanitario para la Crisis de Siria, y Ted Chaiban, Director Regional de UNICEF para Oriente Medio y el Norte de África, en la que aseguran que casi 10 años después del inicio del conflicto en Siria más de la mitad de los niños carecen de educación.

«Los niños en Siria siguen pagando el precio más alto en una crisis que está a punto de alcanzar el macabro hito de su décimo año el próximo mes de marzo. El sistema educativo de Siria está sobrecargado, sin fondos suficientes, fragmentado y no está preparado para ofrecer servicios seguros, equitativos y continuos a millones de niños.

En Siria hay más de 2,4 millones de niños sin escolarizar, de los cuales cerca del 40% son niñas. Es probable que esta cifra haya aumentado en 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19 que afecta a la interrupción de la educación en el país. Una de cada tres escuelas en Siria ya no puede utilizarse porque ha sido destruida, dañada o utilizada con fines militares. Los niños que pueden ir a la escuela a menudo asisten a clases en aulas superpobladas y en edificios con sistemas inadecuados de agua y saneamiento, electricidad, calefacción y ventilación.

Las Naciones Unidas pueden confirmar unos 700 ataques contra escuelas y personal escolar en Siria desde que comenzó la verificación de los actos de graves violaciones de los derechos de los niños. El año pasado se confirmaron 52 ataques.

Incluso mientras la guerra continúa, la educación sigue siendo un faro para millones de niños. Es un derecho que debe ser protegido y preservado. Pedimos a todas las partes implicadas en los combates que pongan fin a los ataques contra las instalaciones y el personal escolar en Siria.

Seguimos apoyando la educación en Siria a través de muchos socios, pero los fondos se están agotando. El sector de la educación está crónicamente infrafinanciado. El año pasado, nuestro llamamiento conjunto en materia de educación sólo recibió un tercio de los fondos solicitados inicialmente. Una financiación continua y a largo plazo ayudará a cerrar la brecha y a que los niños vuelvan a la escuela, dándoles las habilidades que necesitan para reconstruir su país cuando vuelva la paz».

Fuente: https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2021-01/siria-casi-10-anos-despues-una-de-cada-3-escuelas-ya-no-es-util.html

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2021: Urgencias y prioridades en la agenda de Primera Infancia mexicana

Ante la crisis sin precedentes urge la reactivación de manera inmediata de servicios esenciales centrados en la niñez como son la aplicación del esquema de vacunación, los servicios básicos de salud, los programas de nutrición, el registro de nacimientos, los programas de cuidado y de educación inicial.

Existen escasos antecedentes en la historia contemporánea de la humanidad de fenómenos que hayan moldeado de manera tan dramática la vida en sociedad como lo es la irrupción en 2020 de la pandemia causada por el coronavirus. Los impactos negativos de la emergencia global en la salud pública, la economía, la política, la educación, la convivencia, la seguridad, en síntesis, en el bienestar social son todavía insospechados y en consecuencia el futuro es presa creciente de la incertidumbre, miedo y desconfianza.

Bastan dos hechos para ilustrar la magnitud de la tragedia que ha representado la pandemia en nuestro país. El primero, de acuerdo a las cifras oficiales más recientes y en contraste con el escenario catastrófico previsto, desafortunadamente han fallecido más de 150 mil personas por COVID-19, lo que la convierte ya en la primera causa de mortalidad, superando las defunciones por enfermedades del corazón.1 El segundo es la crisis económica más severa en las últimas décadas, pues también de acuerdo a la información oficial, en 2020 la economía mexicana registró una caída del 8% en el Producto Interno Bruto.2

Ante este nefasto escenario, las afectaciones directas e indirectas de la pandemia al desarrollo adecuado de la infancia, en muchos sentidos se encuentran invisibilizadas, pese a que es la población que mayores estragos experimenta en el corto y largo plazo por sus consecuencias y la coloca en mayor desventaja en el disfrute efectivo de sus derechos, explicado en parte, por la idea errónea de que el virus no afecta o lo hace en menor medida que en otros grupos poblacionales.

Sin embargo, las amenazas que enfrenta la infancia además de las infecciones por COVID-19, son la interrupción de servicios públicos esenciales como son las intervenciones en materia de educación, atención básica a la salud, inmunización, nutrición y protección; además del incremento en la pobreza y la desigualdad por la recesión económica que ha afectado a millones de familias por la pérdida de empleos e ingresos.

De acuerdo a un estudio reciente de UNICEF las consecuencias sociales, económicas y de salud por el COVID son devastadoras en las niñas y niños, las cuales se han traducido ya en una crisis de escala mundial que amenaza la viabilidad de toda una generación: una tercera parte de los 140 países analizados registraron una reducción de al menos un 10% en la cobertura de una serie de servicios de salud como las vacunaciones, la atención ambulatoria de las enfermedades infecciosas infantiles y la salud materna; la cobertura de los servicios de nutrición para mujeres y niños ha registrado una disminución del 40% en 135 países.

Además, cerca del 30% de los estudiantes de todo el mundo no disponen de la tecnología necesaria para acceder a la educación a distancia desde su hogar, siendo los más afectados los niños en edad preescolar: 2 de cada 3 no pueden acceder a esta opción educativa. La pandemia de COVID-19 también está desencadenando una grave crisis en el aprendizaje y la atención de los niños en primera infancia, al menos 40 millones de niños de todo el mundo han dejado de recibir atención y educación por el cierre de los centros de educación temprana y las guarderías infantiles.

Finalmente, se estima que, a nivel mundial, el número de niños que viven en una situación de pobreza multidimensional –sin acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o el agua– se ha disparado en un 15%, es decir ha sumado a 150 millones de niños.3

Ante esta crisis sin precedentes y que implica riesgos de vulneración sistemática de derechos de la niñez, la urgencia de la agenda de primera infancia que deben abordarse para el 2021 en nuestro país es la reactivación de manera inmediata de servicios esenciales centrados en la niñez como son la aplicación del esquema de vacunación, los servicios básicos de salud, los programas de nutrición, el registro de nacimientos, los programas de cuidado y de educación inicial, por mencionar algunos.

Postergar la reactivación de estos servicios significa arribar a un escenario sin precedentes para la primera infancia: el resurgimiento de enfermedades previamente controladas por la aplicación de vacunas y el incremento de la mortalidad infantil; un deterioro severo en la salud de la niñez ante la limitada detección y tratamiento de afecciones; un retroceso en la prevalencia de desnutrición crónica infantil; mantener invisibilizados y excluidos a cientos de miles de niñas y niños al limitarse su derecho de identidad; así como la pérdida de oportunidades irrepetibles de aprendizaje para alcanzar su pleno potencial.

En este sentido, la reactivación necesariamente debe considerar la atención extraordinaria de los cientos de miles de niñas y niños que no pudieron acceder a dichos servicios durante el 2020 y que suman al rezago histórico previo a la emergencia del mundo COVID, además de los correspondientes a la operación ordinaria de los mismos. De no hacerse, los costos de toda índole para la sociedad en su conjunto serán altísimos y la aspiración de un país más próspero, sano, justo y seguro quedará sepultada por décadas.

Lo anterior, sin duda entraña un reto de primer orden, ante la esperanza que implica que nuestro país haya iniciado la implementación de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, y haciendo votos para que sea un éxito en términos de cobertura universal, de logística y blindada de apetitos electorales, se prevé de acuerdo a lo anunciado por la autoridad sanitaria, que en este 2021 los esfuerzos gubernamentales estarán monopolizados por la aplicación paulatina de vacunas, lo que conllevaría el riesgo en postergar aún más la atención de los problemas asociados a la primera infancia.

Por ello, es imprescindible que el gobierno, alinee la prioridad de la vacunación contra el COVID y el interés superior de la niñez, pues de ninguna manera son excluyentes; de no hacerlo el riesgo de perder el potencial de una generación es demasiado alto. Una vía que se advierte para que ello ocurra es avanzar en la implementación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, la cual señala el rumbo y los mecanismos para la promoción, protección y garantía integral de los derechos de la primera infancia. Es tiempo de actuar y dejar atrás la simulación, las excusas y la tibieza: el presente y futuro de la primera infancia lo exige.

Fuente: https://www.animalpolitico.com/pacto-por-la-primera-infancia/2021-urgencias-y-prioridades-en-la-agenda-de-primera-infancia/

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Entra en vigor el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares

Desde el 22 de enero el mundo será un poco más seguro: entra en vigor el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, tres meses después de la ratificación del mismo por 50 países.

Este tratado intenta paliar el fracaso del anterior Tratado de No Proliferación Nuclear, que se ha mostrado incapaz de frenar el desarrollo armamentístico nuclear.

El uso de armas nucleares quedará prohibido, como lo está el uso de armas biológicas (1975), químicas (1997), las minas antipersonas (1999) o las bombas de racimo (2010).

Hiroshima y Nagasaki mostraron al mundo hace más de 75 años la catástrofe que supone el uso de las armas nucleares. Una amenaza impulsada durante la guerra fría posterior, en la que varios países impulsaron la fabricación de ojivas nucleares (Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China), mientras otros como el Estado español estaban intentándolo. Ante esta realidad, el 1 de julio de 1968 se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear con la intención de lograr lo antes posible el fin de la carrera armamentística nuclear y emprender medidas eficaces encaminadas al desarme nuclear. Dicho tratado ha sido ratificado por 191 países, entre ellos España, que lo hizo el 5 noviembre 1987.

Este tratado frenó en gran medida el aumento del peligro de guerra nuclear, pero no ha logrado en los 50 años desde su entrada en vigor en 1970 cumplir su compromiso explícito de lograr el desarme nuclear total, ni frenar el aumento del número de países con armas nucleares.

Por ello, en 2017 Naciones Unidas inició la negociación de un nuevo tratado: el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), con el objetivo de llegar a la eliminación total de las mismas. Un acuerdo aprobado por 122 naciones en la Asamblea General en 2017, que entraría en vigor tres meses después de que lo ratificaran 50 estados parte, lo que sucedió el 22 de octubre de 2020, cuando lo ratificó Honduras.

El tratado representa el primer instrumento multilateral jurídicamente vinculante para el desarme nuclear, donde cada Estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir de cualquier otro modo, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares. Tampoco permite el emplazamiento, la instalación o el despliegue de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, entre otras disposiciones.

La iniciativa surge en 2007, con la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), una coalición de organizaciones civiles de más de 100 países. En 2017, ICAN recibió el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su trabajo “para llamar la atención sobre las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier uso de armas nucleares” y por sus “esfuerzos pioneros para lograr una prohibición basada en tratados de tales armas”.

Ecologistas en Acción señala la gravedad y su preocupación porque que las potencias nucleares no sean parte del tratado, ni los países de la OTAN, la organización señala que son precisamente estos países los que deberían estar obligados al cumplimiento del acuerdo, así como, señalar la obligación de la comunidad internacional de establecer los mecanismos necesarios para que se produzca la desnuclearización mundial. Señala además que de no ser la actitud contraria de los países a la desnuclearización es una amenaza a la seguridad mundial y a los Derechos Humanos.

En cuanto al Estado español, al igual que el resto de participantes en la OTAN, no lo ha firmado. De hecho, de Europa sólo han ratificado Austria, Irlanda, Malta, San Marino y la Santa Sede, que no pertenecen a la OTAN. El Gobierno español persiste así en su actitud de no participar en la negociación inicial del Tratado por las Naciones Unidas en 2017, siguiendo la directriz que había marcado EE UU. Para Ecologistas en Acción está en una actitud  muy decepcionante en un país donde la mayoría de la población se declara antinuclear.

Las ciudades y los pueblos pueden ayudar a generar apoyo para el tratado al respaldar el llamamiento de ICAN, registrando mociones en los ayuntamientos. El llamamiento se ha aprobado en: Alcoi, Alzira, Barcelona, Binissalem, Cádiz, Canovelles, A Coruña, Castelldefels, Ferrol, Granollers, La Garriga, Guadalajara, Masllorenç, Vallromane y Zaragoza.

La firma del tratado es uno de los temas de los que se ha hablado y negociado mucho, y debatido varias veces en el Parlamento estatal, pero en ninguna ocasión, siguiendo las directrices de la OTAN, los grandes partidos han dejado llegar a un acuerdo y hacer la firma efectiva, la última de ellas en diciembre de 2020. Incluso desatendiendo la carta abierta que Ana Palacio, Javier Solana y Carlos Westendor, extitulares de la cartera de Exteriores, firmaron junto a numerosos exdirigentes de aliados de EE UU en septiembre de 2020 pidiendo a los líderes actuales que “demuestren coraje y audacia, y se unan al tratado”.

Es muy decepcionante que en este momento, donde además el tratado ya va a empezar su andadura y con tantos apoyos sociales y políticos, el propio PSOE no vote a favor de  la iniciativa presentada esta vez por ERC, teniendo la posibilidad de desmarcarse de la OTAN y ser el primer país de la organización en firmar el acuerdo, como ya valoró ICAN animándonos a ello. Hasta que finalmente se haga efectiva la adopción por el estado, seguiremos insistiendo para sumar al estado  en la lucha contra las armas nucleares.

Ecologistas en Acción celebra la entrada en vigor del TPAN. Desde este momento las armas nucleares son ilegales según el derecho internacional, una victoria para todo el movimiento antinuclear mundial.

Fuente: https://rebelion.org/entra-en-vigor-el-tratado-de-prohibicion-de-armas-nucleares/

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En Zimbabue hay libertad de expresión, pero no libertad después de usarla

Trabajar como periodista en Zimbabue sigue siendo particularmente peligroso para los periodistas de investigación en un país que aparece regularmente en los primeros puestos mundiales de corrupción.

Un chiste muy repetido desde hace muchos años en Zimbabue asegura que en el país hay libertad de expresión, pero no libertad después de expresarse.

Pero para los periodistas y activistas que se han visto obligados a soportar noches en las celdas de detención abarrotadas y sucias del país, esto no es motivo de risa, más ahora que los reclusos no tienen equipo de protección personal contra la covid.

Por ello, cuando el portavoz del gobierno, Nick Mangwana, advirtió el año pasado que nadie está por encima de la ley en este país del sureste de África, para muchos solo ratificó una amenaza permanente: que el gobierno y su partido, Zanu PF, no dudará en instrumentalizar la ley para silenciar a los críticos.

Los comentarios de Mangwana se produjeron después del arresto del periodista Hopewell Chin’ono, acusado de utilizar las redes sociales para fomentar la violencia pública. Chin’ono volvió a estar tras las rejas el 8 de enero, bajo la acusación esta vez de publicar noticias falsas en Twitter.

Poco después del arresto de Chi’ono, también fueron detenidos por difundir la misma información la portavoz del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC-A), Fadzayi Mahere, y Job Sikhala, un legislador y vicepresidente de la misma organización.

Los tres se hicieron eco de una historia muy viral en las redes sociales, en que se aseguraba que un oficial de policía que intentaba hacer cumplir las restricciones de distancia social por la covid había apuntado con su bastón a una mujer que llevaba un niño de nueve meses en brazos, y que aparentemente por error habría golpeado fatalmente al niño.

Según informaciones difundidas en medios digitales y en las redes, el bebe habría muerto en el acto.

Sin embargo, la policía negó el incidente, aseguró que el niño estaba vivo, y lo calificó de una noticia falsa y tendenciosa, en contraste con las imágenes en un video grabado por testigos en que la madre lamentaba en la misma escena de que el oficial había matado a su hijo.

Las detenciones fueron condenadas de inmediato por defensores de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, que exigieron su liberación.

Las nuevas detenciones son parte de una creciente represión contra líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y otras voces críticas, dijo Muleya Mwananyanda, subdirectora de Amnistía Internacional para África Meridional, en un comunicado el 13 de enero.

Las autoridades de Zimbabwe, el nombre en inglés por el que también se conoce al país, deben poner en libertad de forma inmediata e incondicional y retirar los cargos maliciosos en su contra, dijo Mwananyanda.

Se trata del tercer arresto de Chin’ono en seis meses, un hecho que ha vuelto a poner el foco en la frágil libertad de expresión y prensa de Zimbabue, donde los críticos resaltan que el periodismo ha sido durante años una ocupación de alto riesgo para un país que no se encuentra en una zona de guerra.

Ha sido particularmente peligroso para los periodistas de investigación en un país que aparece con regularidad en los rankings más importantes del mundo en materia de corrupción.

“Fui encarcelado después de exponer la corrupción”, escribió Chin’ono el año pasado tras su primer arresto.

La detención ocurrió después que las autoridades criticaran informaciones que consideraron falsas sobre el involucramiento de la familia del presidente, Emmerson Mnangagwa, en oscuros acuerdos sobre la adquisición de equipos para atender la covid, que habrían ocasionado millonarias pérdidas para el país.

Las denuncias de Chin’ono estuvieron detrás de la destitución posterior del ministro de Salud de entonces, mientras que para el periodista de investigación supuso el comienzo de una lupa especial sobre su trabajo por autoridades gubernamentales y policiales, ante sus investigaciones sobre la corrupción en las altas esferas del poder.

«La arremetida contra los periodistas de investigación es parte de la campaña hostil del gobierno contra los defensores de derechos humanos», dijo a IPS la también periodista de investigación Tawanda Majoni, coordinadora nacional de Información para un Desarrollo Confiable, una alianza de medios locales.

A su juicio, «los activistas por la libertad de los medios han hecho un trabajo enérgico, pero lo que puedan lograr siempre estará severamente limitado en un régimen represivo».

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019, Zimbabue ocupó el puesto 158 de 180 países, lo que lo convierte en uno de los más corruptos del mundo.

«En el sur de África, los periodistas y otras personas que trabajan para exponer la corrupción enfrentan un nivel de riesgo inaceptable», dijo Transparencia Internacional en un comunicado el año pasado.

Por su parte, Reporteros sin Fronteras, la organización internacional que promueve y monitorea la libertad en el ejercicio del periodismo, clasificó a Zimbabue en el puesto 126 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2020, lo que convierte al país en uno de los peores lugares para trabajar como periodista.

«Los graves abusos de Zimbabue a la libertad de prensa, la libertad de expresión y los derechos de los críticos del gobierno están empeorando a medida que comienza el año», dijo Dewa Mavhinga, directora de Human Rights Watch para África meridional.

«Parece que hay algunos dentro del gobierno que desean socavar los esfuerzos de restablecimiento de la participación de Zimbabue mediante sus imprudentes abusos que afianzan la imagen de que este es un Estado paria», dijo Dewa a IPS.

La delegación de la Unión Europea en Zimbabue también se sumó a la condena del arresto de Chin’ono, Sikhala y Mahere, en un tuit el 13 de enero.

En su comunicación en Twitter aseguró que «las actuales detenciones previas a un juicio, las demoras en el procedimiento sin cargos graves son cuestionables”.

Además, la embajada de Holanda en Harare recordó al ministro de Relaciones Exteriores, Sibusiso Moyo, los compromisos que el país asumió el 9 de diciembre en la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa, destinada a aumentar la seguridad de los periodistas.

La represión contra los periodistas continúa casi seis años después de la desaparición del periodista y activista Itai Dzamara, cuyo paradero se desconoce y que se teme que haya muerto.

«Tenemos un gobierno dominado por la paranoia y que no quiere rendir cuentas», dijo a IPS el especialista Nqaba Matshazi, del capítulo en Zimbabue del Instituto de Medios para África Meridional (Misa, en inglés).

La policía asegura que Chin’ono se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, pero sus abogados cuestionan la constitucionalidad de los cargos y el periodista insiste en que seguirá su labor investigativa,  en un país donde los activistas en el sector mediático dicen que los periodistas evitan dedicarse a la investigación por temor a ser arrestados.

«La habitual persecución de los periodistas de investigación y otros periodistas tiene varios efectos regresivos, entre ellos el miedo, la autocensura y el apresamiento”, dijo Majoni.

A juicio de la periodista, “cuando un profesional de la comunicación ve que un periodista es llevado a la corte con grilletes por publicar un tuit,  naturalmente se pregunta si vale la pena sufrir esa suerte por su próxima información”.

Los abogados de derechos humanos aseguran que es particularmente frustrante defender a los periodistas.

«Los periodistas están siendo arrestados por hacer su trabajo y nuestro mayor desafío es que los arrestos muestran un aumento en el monitoreo de la actividad de los periodistas en las redes sociales», dijo a IPS la abogada Roselyn Hanzi, directora ejecutiva de Abogados por los Derechos Humanos de Zibabue.

Hanzi, que representa a Chin’ono y otros periodistas y ciudadanos detenidos por cargos cuestionables, aseguró que «lo que se requiere son reformas en la Administración que eliminen las manzanas podridas del sistema y también capacitación en derechos humanos para instituciones que se han vuelto muy partidistas».

Entre los activistas de derechos humanos y los gremios periodísticos hay preocupación porque no haya voces críticas en los organismos del continente africano a las actuaciones represivas del gobierno de Harare, lo que lo alentaría a seguir violando los derechos humanos.

«El silencio y la indiferencia de los vecinos de Zimbabue, como Sudáfrica, la Comunidad para el Desarrollo de África Austral y la Unión Africana han envalentonado a los elementos del régimen zimbabuense”, dijo Mavhinga, de Human Rights Watch.

«Pero la tiranía tiene testigos y un día habrá justicia y rendición de cuentas por todos los abusos», aseguró.

Fuente: https://rebelion.org/en-zimbabue-hay-libertad-de-expresion-pero-no-libertad-despues-de-usarla/

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