La ministra de Educación, Marilú Martens, visitó la región Puno para supervisar la ejecución del Plan de Contingencia ante Heladas y Friaje en las instituciones educativas, así como el Plan de Mejora de los Aprendizajes para la Evaluación Censal de Estudiantes a realizarse este año.
La ministra se reunió en primer término con el gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani ; y el director regional de Educación, Albino Challo Merma , y con funcionarios de esa dependencia.
Posteriormente, la ministra de Educación se dirigió al distrito de Kelluyo , provincia de Chucuito , donde visitó las instalaciones de la Institución Educativa Secundaria Pedro Vilca Apaza , infraestructura que cuenta con un sistema de confort térmico para proteger la salud de los estudiantes y profesores frente a las bajas temperaturas que se registran en la sierra sur del país, y lograr que no pierdan clases debido a las heladas.»Me emociona ver esta infraestructura adecuada y me motiva a trabajar para que más alumnos tengan más colegios así?, expresó la ministra Marilú Martens ante la comunidad educativa puneña. Al conversar con los estudiantes, la ministra les recomendó visitar el Observatorio de Educación y Empleo»Ponte en Carrera? , donde pueden conocer las diferentes carreras profesionales que se ofrecen en el país, así como las demandas del mercado laboral, lo cual contribuirá a escoger mejor la profesión a seguir.
Martens Cortés visitó luego las instalaciones de la Institución Educativa Inicial 689 – José Carlos Mariátegui, en la ciudad de Juli , capital de la provincia de Chucuito , donde constató la instalación de aulas prefabricadas con sistema de confort térmico. Finalmente, la ministra de Educación se reunió con el director y funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Chucuito para conocer cómo implementan el Plan de Contingencia antes las Heladas .
Un amigo mío usa una frase para analizar cualquier asunto: “Hay amores que causan penas”. Otros dos amigos, unos 20 años menores que yo, en una charla reciente estaban entre orgullosos y preocupados: sus hijos, por fin, habían concluido la licenciatura, pero no sabían qué hacer, no hay empleo disponible y no les gustaría laborar en alguna otra cosa que no fuera su profesión, menos aceptar un trabajo que no esté a la altura de sus expectativas. A sus 25 y 26 años de edad, esos hombres siguen siendo hijos de familia; de vez en cuando consiguen trabajos eventuales e ingresos, pero viven en los hogares paternos.
Desde hace unos 40 años comenzó en México la fiebre por incrementar las inscripciones (y después el número de graduados) de las universidades y de otras instituciones de educación superior. Académicos y funcionarios públicos convirtieron el crecimiento de la matrícula en su amor. Con el enamoramiento no se le veían defectos a tan noble novia; no se vislumbraba (tal vez no se podía) que podría traer penas consigo; una de las primeras fue lo que se denominó la masificación de la educación superior. Algunos, los más fríos y tal vez ya no aptos para el enamoramiento, se negaban a aceptar las bondades de ese crecimiento; señalaban que la universidad era para las élites, para pocos, que estaba reservada a la aristocracia del conocimiento y que las masas deberían estudiar otra cosa (recuerdo los artículos de Marcos Moshinski en el Excélsior de mediados de los años 70).
El aumento de la matrícula era democrático y ampliaba las oportunidades de educación a segmentos sociales antes desfavorecidos; incluso, decían, a mayor escolaridad promedio de la población, mayor solidez del tejido social. Atributos que hacían más atractiva a la novia y hasta la vestían de galas democráticas. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a notársele defectos que engendraron penas. Pero el enamoramiento siguió porque el amor es ciego. No importaba mucho que los escépticos señalaran que la inscripción no era todo; mencionaban a una rival, llamada eficiencia terminal, que se encargaba de echarle malas vibras a la cobertura. Los incrédulos decían que los enamorados no miraban los defectos más o menos visibles de la deserción, la reprobación y, lo más grave, que la inscripción era testaruda.
La matrícula siguió concentrada en las profesiones prestigiosas del pasado (hay más de mil 300 escuelas de derecho), otras de empleo más o menos seguro, aunque no necesariamente bien remunerado (contaduría pública y administración en sus diversas variantes) y en unas cuantas más de relumbrón; se negaba a las demás. Las ciencias naturales, por ejemplo, no rebasan tres por ciento de las inscripciones totales en licenciatura; en las humanidades las universidades expulsan temprano a la mayoría de los que llegan a las aulas y es veleidosa con las nuevas profesiones.
A pesar de los defectos todavía hay algunos enamorados de la expansión casi sin límites, exigen la apertura de más espacios en las carreras tradicionales. A los adeptos a la matrícula en incremento constante el afecto les impide ver los problemas o, si ya se les acabó el amor, predican por conveniencia que siga habiendo escuelas tradicionales, no les importa mucho: las penas de su cariño se las causan a otros, son ajenas.
En los debates sobre educación superior no he encontrado posiciones acerca de la relevancia de muchas profesiones; se habla de saturación y hay cierta preocupación por la devaluación de algunas carreras, pero no hay propuestas serias para cerrar o limitar el ingreso a algunas de ellas.
Mis dos amigos eran de aquellos enamorados; la pena para uno de ellos es mayor, ya que sus dos hijas estudian para ser abogadas.
Pais Vasco/05 junio 2017/Fuente: religionenlibertad
Los Obispos del País Vasco y Navarra han hecho público hoy una carta pastoral conjunta sobre los “Desafíos contemporáneos de la Educación”. Un texto en el que destacan que la tarea educativa implica a la familia, las administraciones, las instituciones de iniciativa social y la propia Iglesia: “La educación es de importancia capital para la felicidad de las personas y para el desarrollo y futuro de nuestra sociedad”, por lo que “no puede dejarse al albur de modas, de vaivenes políticos ni de intereses ideológicos. Lo que nos jugamos es demasiado grande”.
Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela; Mario Iceta, obispo de Bilbao; José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián; Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria y Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, son los firmantes de la Carta.
Monseñor Francisco Pérez, Arzobispo de Pamplona,
y su auxiliar, monseñor Juan Antonio Aznárez
La educación es “una cuestión social nuclear”, afirman, tanto para el “pleno desarrollo” de la personalidad del ser humano como para la construcción “de una sociedad humana, justa y fraterna”. En este escenario, la Iglesia está presente y desea abordar la cuestión “al encontrarnos en un tiempo de encrucijada en lo que se refiere a la transmisión de valores, cultura y tradición”. Se trata de una contribución “significativa y respetuosa al ámbito de la educación” con propuestas concretas en “diálogo con todas las familias, los educadores, la comunidad educativa, con las instituciones concernidas y con toda la sociedad”.
Los obispos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián: Mons. Iceta, Mons. Elizande y Mons. Munilla
La Carta presenta un profundo análisis de la situación actual de la Educación. No se les escapan desde el primer momento la realidad social que vive nuestra sociedad, en la que se percibe “una emergencia educativa confirmada por los fracasos en los que en determinados casos acaban nuestros esfuerzos por formar personas y transmitir a las nuevas generaciones nuestros valores culturales”.
El desarrollo de los obispos propone a Jesús el Maestro como Paradigma de la Educación quien enseñaba a todos, para todos, implicando a todos, desde el ejemplo, desde el respeto… Pero también repasan la Educación en el Magisterio reciente de la Iglesia, desgranan la relación entre Persona y la Educación, y profundizan en la Familia, Sujeto originario de la Educación, y en el papel del Educador y la Comunidad Educativa.
Dentro del exhaustivo análisis episcopal se repasan los Principios y Contenidos fundamentales de la Educación, y la importancia de la Escuela y Universidad Católica, de la que por cierto afirman que los centros católicos “no deben relegar ni delegar en agentes que no comparten ni testimonian vitalmente el ideario del centro aspectos fundamentales de la educación, como son la dimensión espiritual, la igual dignidad del hombre y la mujer, el valor y dignidad de la vida en todo su recorrido, la dimensión afectivo-sexual, la dimensión de servicio a los pobres, excluidos, inmigrantes, el fomento de la justicia y la misericordia, el perdón y la paz…”.
De especial relevancia es el último capítulo dedicado a las Dimensiones Sociales y Políticas de la Educación, en el que reivindican el derecho y el deber de la Educación, la necesidad de un Pacto educativo que ofrezca estabilidad y blinde a la sociedad ante los partidismos, se permita y fomente el asociacionismo escolar, haya una sólida presencia de la educación religiosa en la escuela y se reconozca a los profesores de religión, entre otros temas.
Los prelados concluyen su carta con un resumen en el que afirmar que “Hemos visto cómo la tarea educativa implica a todos los elementos que configuran la vida social”, siendo la familia la que “constituye la fuente originaria de la misma”, y en donde “las diversas administraciones, las instituciones de iniciativa social y la Iglesia están llamadas a colaborar en esta apasionante tarea”. Y explican que “no hay tarea más hermosa ni, al mismo tiempo, más delicada y exigente” que la educación, y que por tanto no “puede dejarse al albur de modas, de vaivenes políticos ni de intereses ideológicos. Lo que nos jugamos es demasiado grande”.
Todos los menores de edad tienen derecho a una educación. Incluso, negar o disuadir de estudiar a estudiantes indocumentados o hijos de padres indocumentados es ilegal. Tanto padres, educadores y estudiantes deben tener sus derechos y responsabilidades claras. Entérate de cuáles son.
Los niños van a la escuela a aprender, los maestros, a enseñar. Parece sencillo, pero esto a veces se pierde en medio del clima político actual, cargado de retórica antiinmigrante. Es importante que tanto padres, estudiantes y educadores tengan claro cuáles son los derechos de los estudiantes en las escuelas, sean estos inmigrantes o no.
Lo más importante es que todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, tienen los mismos derechos cuando se trata de su educación y de las escuelas. Esto proviene de una decisión de la Corte Suprema de 1982, Plyler v. Doe, que dictaminó que los niños indocumentados o de padres indocumentados tienen el mismo derecho de asistir a las escuelas públicas que tienen los niños que son ciudadanos estadounidenses.
Todo esto además está respaldado por la clausula de Protección Equitativa ( Equal Protection clause, en inglés), parte de la 14va Enmienda de la Constitución, que dice que ningún estado puede negarle a una persona «la protección equitativa de la ley».
Ahora, en Estados Unidos, los jóvenes no solo están obligados a asistir a la escuela hasta los 18 años. Además, las escuelas públicas no pueden:
Negarle la matrícula a un estudiante basándose en su situación legal y/o migratoria, ya sea a principios del curso o durante el año escolar.
Tratar a un estudiante en forma desigual al verificar la situación de migratoria solo de ciertos estudiantes.
Promover prácticas cuyo resultado es negar el derecho de acceso a los servicios escolares.
Requerir que un estudiante o sus padres revelen o documenten su situación migratoria.
Interrogar a estudiantes o padres con la intención de obligarlos a exponer y revelar su situación de indocumentados.
Exigir que los padres produzcan licencias de conducir u otros documentos de identificación.
Exigir que un estudiante obtenga un número de Seguro Social (SS) como requisito de admisión a la escuela.
Si un estudiante no tiene un número de SS, la escuela debe asignarle un número de identificación, según la Asociación de Investigación de Desarollo Intercultural, o IDRA, por sus siglas en inglés. Los adultos sin números de SS que necesitan almuerzo o desayuno gratis solo tienen que indicar que no tienen Seguro Social. Allí debe terminar la conversación.
Sin embargo, escuelas alrededor del país están publicando avisos en sus páginas web y otros sitios web escolares indicando que es necesario tener una tarjeta de SS o un certificado de nacimiento para registrar a los niños en la escuela. Aunque las escuelas pueden solicitar un certificado de nacimiento, no pueden prohibir que los estudiantes se matriculen si no tienen este documento. Esto sería una violación directa de Plyler v. Doe.
Los padres además deben saber que tanto ellos como sus hijos tienen derecho a la privacidad, es decir, el derecho a que no se comparta información de sus hijos, ya se migratoria o de otros temas. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar le restringe a las escuelas compartir información con ICE, o la agencia de Inmigración y Control de Aduanas.
A los estudiantes indocumentados no se debe desalientar asistir. iStock
¿Por qué EEUU tiene estas políticas de educación hacia los inmigrantes?
Lo que Plyler v. Doe dictaminó fue radical en su momento. La corte dictó que el estatuto de Texas contra el que se entabló la demanda «le impone una vida entera de dificultad y sufrimiento a una clase específica de niños que no son responsables por su estatus discapacitante. Estos niños no pueden ni afectar la conducta de sus padres ni su propio estatus indocumentado».
Además, continúa el texto de la decisión, «la educación pública tiene un rol crucial en mantener el tejido de la sociedad y en mantener nuestra herencia política y cultural. Privar de educación deja una marca negativa inestimable en el bienestar social, económico, intelectual y psicológico del individuo, e impone un obstaculo para la realización personal».
El personal de las escuelas – en especial el director y los que admiten a los estudiantes – deben ser conscientes de que no tienen la obligación legal de hacer que se cumplan las leyes de inmigración del país. Su labor es educar y apoyar a sus estudiantes para ayudarlos a aprender y triunfar como individuos y como miembros de la sociedad.
En todos los conflictos niños y niñas son principales afectados, y la guerra civil de la República Islamica de Somalia no es una excepción. A pesar de enormes esfuerzos realizados por la comunidad internacional a corto plazo, el conflicto no parece llegar a su fin.Cada vez más las consecuencias se hacen evidentes: violaciones de Derechos Humanos, hambrunas, falta de educación y de sanidad, etcétera. Pero instituciones públicas como UNESCO y otras privadas no renuncian a acciones alfabetizadoras.
Fardowsa es una de las jóvenes que se beneficiaron de un proyecto de alfabetización y de competencias a lo largo de toda la vida financiado por la Fundación Qatari Al Maktoum e implementado por la UNESCO en Somalia. Perdió a sus dos padres muy joven y vive actualmente con personas allegadas de su familia.
Debido a los disturbios civiles y a las rivalidades enconadas entre diferentes clanes del país, Fardowsa no tuvo oportunidad de aprender y de acceder a la enseñanza durante su infancia. Sólo tenían acceso a la enseñanza básica algunas personas que disponían de los medios necesarios, ya que la mayor parte de las instituciones educativas eran privadas.
«A pesar de los múltiples ataques y atentados que han ocurrido cerca de nuestro centro educativo comunitario seguiré cumpliendo mi sueño de completar mi educación y de obtener mis propios medios de subsistencia”, dice a UNESCO.
La guerra civil empezó cuando el presidente pro norteamericano Mohamed Siad Barre fuera derrocado en 1991, una vez que se habían concedido derechos de exploración petrolera sobre dos tercios del territorio a las compañías Conoco, Amoco, Chevron y Phillips.
La inexistencia aún hoy de un gobierno estable en el sur y en el centro de Somalia hacía imposible la prestación de servicios educativos para niños como Fardowsa. Gracias a amigos cercanos ella pudo enterarse de la posibilidad de realizar estudios en un centro educativo comunitario de Mogadiscio, con el respaldo de la Fundación Al Maktoum, de la UNESCO y del Ministerio de Educación. “Un día, mientras me dirigía hacia el mercado, un amigo me habló de esta oportunidad que ofrecía el Centro Nacional de Capacitación Comunitaria de Mujeres de Somalia. Me inscribí enseguida en los cursos de lectoescritura, cálculo e iniciativa empresarial de dicho centro”.
Fardowsa no da por sentado lo adquirido. Contempla el futuro con optimismo y quiere profundizar en sus estudios para mejorar su calidad de vida.
El nivel de alfabetización en Somalia
Somalia posee una de las tasas de escolarización de niños más bajas del mundo. Sus 4,4 millones de niños sin escolarizar constituyen a proximadamente la mitad de la población de un país que cuenta con 9,2 millones de personas. Sólo cuatro de cada diez niños están escolarizados. El país está lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con miras a garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa como única vía para fomentar una educación normalizada de calidad en aras de la alfabetización y adquisición de las competencias necesarias a lo largo de toda la vida, lo que contribuye a mejorar el acceso a la educación y a la equidad en el ámbito de la alfabetización de dichos niños.
La cuestión de la seguridad en la capital, Mogadiscio, y en el resto del país, sigue siendo inestable y peligrosa. Los ataques terroristas, a menudo perpetradosmediante ataques suicidas, son frecuentes en toda Somalia. Por ello, para jóvenes como Fardowsa resulta difícil acceder a un centro educativo comunitario y asistir a los cursos.
Fardowsa afirmó: “Estoy muy agradecida a la Fundación Al Maktoum, al Ministerio de Educación, a la UNESCO y al Centro Nacional de Mujeres de Somalia por haberme brindado esta segunda oportunidad”.
Panamá/Junio de 2017/Autor: John Alonso/Fuente: HispanTv
La educación puede servir para generar cambios trascendentes en los pueblos de América Latina, que se plantean la urgencia de una reforma en sus métodos.
Uno de los retos más importantes que enfrenta la región latinoamericana en cuanto al tema educativo, sigue siendo el derecho a la educación y el fomento de pilares determinantes como su gratuidad, calidad y equidad; en una América Latina que hoy día, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sigue siendo la región más desigual del planeta.
Tras el crecimiento económico registrado en los últimos años, la desigualdad en América Latina continúa siendo un factor determinante en el desarrollo de sus pueblos, cuya salida, según indican especialistas, será proporcional a las reformas educativas que modernicen el sistema en la región.
Esta semana convergieron en la Ciudad de Panamá (capital) distintos especialistas que abordaron el tema de la calidad en la educación, coincidiendo en que esta es el arma primordial para el fortalecimiento de la identidad de los pueblos; más allá de las diferencias estadísticas, sociopolíticas, históricas o culturales de cada uno de sus países.
Si bien es cierto que la inversión pública en la educación de América Latina ha crecido en los últimos años en términos absolutos, el desafío principal es acotar las desigualdades sociales, pues los pueblos indígenas, afrodescendientes y rurales siguen presentando profundas carencias en la instrucción académica que reciben.
Los niños van a la escuela a aprender, los maestros, a enseñar. Parece sencillo, pero esto a veces se pierde en medio del clima político actual, cargado de retórica antiinmigrante. Es importante que tanto padres, estudiantes y educadores tengan claro cuáles son los derechos de los estudiantes en las escuelas, sean estos inmigrantes o no.
Lo más importante es que todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, tienen los mismos derechos cuando se trata de su educación y de las escuelas. Esto proviene de una decisión de la Corte Suprema de 1982, Plyler v. Doe, que dictaminó que los niños indocumentados o de padres indocumentados tienen el mismo derecho de asistir a las escuelas públicas que tienen los niños que son ciudadanos estadounidenses.
Todo esto además está respaldado por la clausula de Protección Equitativa ( Equal Protection clause, en inglés), parte de la 14va Enmienda de la Constitución, que dice que ningún estado puede negarle a una persona «la protección equitativa de la ley».
Ahora, en Estados Unidos, los jóvenes no solo están obligados a asistir a la escuela hasta los 18 años. Además, las escuelas públicas no pueden:
Negarle la matrícula a un estudiante basándose en su situación legal y/o migratoria, ya sea a principios del curso o durante el año escolar.
Tratar a un estudiante en forma desigual al verificar la situación de migratoria solo de ciertos estudiantes.
Promover prácticas cuyo resultado es negar el derecho de acceso a los servicios escolares.
Requerir que un estudiante o sus padres revelen o documenten su situación migratoria.
Interrogar a estudiantes o padres con la intención de obligarlos a exponer y revelar su situación de indocumentados.
Exigir que los padres produzcan licencias de conducir u otros documentos de identificación.
Exigir que un estudiante obtenga un número de Seguro Social (SS) como requisito de admisión a la escuela.
Si un estudiante no tiene un número de SS, la escuela debe asignarle un número de identificación, según la Asociación de Investigación de Desarollo Intercultural, o IDRA, por sus siglas en inglés. Los adultos sin números de SS que necesitan almuerzo o desayuno gratis solo tienen que indicar que no tienen Seguro Social. Allí debe terminar la conversación.
Sin embargo, escuelas alrededor del país están publicando avisos en sus páginas web y otros sitios web escolares indicando que es necesario tener una tarjeta de SS o un certificado de nacimiento para registrar a los niños en la escuela. Aunque las escuelas pueden solicitar un certificado de nacimiento, no pueden prohibir que los estudiantes se matriculen si no tienen este documento. Esto sería una violación directa de Plyler v. Doe.
Los padres además deben saber que tanto ellos como sus hijos tienen derecho a la privacidad, es decir, el derecho a que no se comparta información de sus hijos, ya se migratoria o de otros temas. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar le restringe a las escuelas compartir información con ICE, o la agencia de Inmigración y Control de Aduanas.
A los estudiantes indocumentados no se debe desalientar asistir. iStock
¿Por qué EEUU tiene estas políticas de educación hacia los inmigrantes?
Lo que Plyler v. Doe dictaminó fue radical en su momento. La corte dictó que el estatuto de Texas contra el que se entabló la demanda «le impone una vida entera de dificultad y sufrimiento a una clase específica de niños que no son responsables por su estatus discapacitante. Estos niños no pueden ni afectar la conducta de sus padres ni su propio estatus indocumentado».
Además, continúa el texto de la decisión, «la educación pública tiene un rol crucial en mantener el tejido de la sociedad y en mantener nuestra herencia política y cultural. Privar de educación deja una marca negativa inestimable en el bienestar social, económico, intelectual y psicológico del individuo, e impone un obstaculo para la realización personal».
El personal de las escuelas – en especial el director y los que admiten a los estudiantes – deben ser conscientes de que no tienen la obligación legal de hacer que se cumplan las leyes de inmigración del país. Su labor es educar y apoyar a sus estudiantes para ayudarlos a aprender y triunfar como individuos y como miembros de la sociedad.
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