Acuerdos y Sindicatos

España/Julio de 2017/Fuente: El Mundo

La Conselleria de Educación ha cambiado los criterios de selección de profesorado de Religión Católica y va a exigirles a partir del próximo curso haber cursado el máster de Secundaria (el antiguo CAP), un título que hasta ahora no se les había pedido y que, según denuncia el colectivo, no tiene amparo legal.

El responsable diocesano de Educación en Ibiza, Pascual Lázaro, critica «lo absurdo» de la nueva medida del Govern y la confusión que está creando entre el profesorado, ya que no existe ningún máster de Profesores de Enseñanza Secundaria con la especialidad de enseñanza de Religión Católica.

«La Conselleria da por válido cualquier máster para ser profesor de Religión en un instituto, es decir, que para aprender a impartir esta asignatura tenemos que aprender a dar la clase de Química, Física o biología, y eso se supone que nos habilita para ser profesores de Religión. ¿Ésta es una buena preparación pedagógica y didáctica de cara a la asignatura de mi especialidad?», cuestiona Lázaro.

Los profesores de Religión sostienen que ya están capacitados para dar clases con la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), que incluye créditos de capacitación pedagógica y que exige a su vez la Conferencia Episcopal Española para dar clase de Religión. Además, muchos de ellos llevan más de 15 años impartiendo la asignatura y creen que ya han probado sobradamente su «solvencia pedagógica». Además, aseguran que la Administración no puede actuar de forma retrospectiva «y pedir ahora lo que en el momento de obtener la titulación no existía».

Pero la Conselleria entiende que es justo y conforme a la ley equiparar a los profesores de Religión con los interinos, y pedirles los mismos requisitos para trabajar en los centros educativos. No obstante, Educación garantiza que «todos los profesores de Religión tendrán plaza» -no echará a nadie, de momento- y les ha dado un margen de plazo de siete años para sacarse este título, informan desde el departamento de Martí March.

Eso sí, desde este curso, aquellos docentes que no acrediten la formación pedagógica tendrán menos puntos en la baremación y bajarán en la lista, ya que pasarán delante quienes cumplan todos los requisitos, entre los cuales también está la exigencia del nivel C de catalán y una titulación equivalente al nivel educativo. Se da la circunstancia de que hay profesores de Religión, aunque una minoría, que no tienen estudios superiores y que tendrán que cursarlos si quieren conservar su puesto de trabajo.

Otra novedad del nuevo curso 2017-18 para el colectivo es que, aunque seguirá siendo elegido por el Obispado, por primera vez los propios docentes de Religión elegirán destino en base a los méritos que acrediten. Hasta ahora, era la autoridad religiosa quien proponía el centro concreto donde tenía que ir destinado cada uno de los profesores propuestos.

La Conselleria considera que «en un contexto en que se ha reducido, desde el curso 2016-2017, la jornada de parte de los profesores de Religión, el acceso a un destino resulta ahora relevante, y la situación exige que se apliquen criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad similares a los que rigen el acceso a los destino del resto de empleados públicos». Así consta en la resolución de 8 de mayo de 2017 que ha dado luz verde a este nuevo procedimiento para el acceso a un destino para los docentes de Religión Católica.

De los 173 profesores de Religión que hay de Baleares, 17 no tienen el máster, según los datos del sindicato USO, quien cree que esta nueva exigencia es el «mal menor de todos los males», ya que la prioridad a la hora de negociar este asunto ha sido conservar todos los puestos de trabajo y que nadie se vaya a la calle. «Si impugnábamos la resolución, perdíamos la seguridad jurídica. Por eso no lo hemos hecho», argumenta el sindicato mayoritario de la concertada.

USO recuerda que el 75% de los profesores de Religión votó, en una encuesta sindical, que quería una «baremación objetiva sin depender del Obispado» y, en consecuencia, «hemos hecho lo que pidieron».

Por otra parte, el sindicato no oculta sus dudas de que la Administración pueda pedir una nueva titulación, una vez han transcurrido cuatro años desde que el docente fue contratado. Hay docentes que ya preparan demandas individuales.

«Ha sido una negociación dura porque había 173 realidades distintas pero el colectivo está por encima de las individualidades», defiende el secretario de Enseñanza de USO, Ismael Alonso. «Ahora lo que es realmente importante es luchar para que las 80 medias jornadas que redujo el Govern el año pasado pasen a ser jornadas completas». Un tema que sigue pendiente de resolución en los juzgados.

Fuente: http://www.elmundo.es/baleares/2017/07/20/597060d046163f355b8b4572.html