América del Sur/Argentina/02-07-2021/Autor(a) y Fuente: www.pagina12.com.ar
Los alumnos podrán inscribirse en una asignatura presencial en la primera inscripción y, en la segunda, podrían inscribirse en más de una materia presencial si hay cupos disponibles.
El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires aprobó un proyecto de cursada presencial opcional, complementario a la modalidad virtual que continuará durante el segundo cuatrimestre de 2021.
La resolución establece un encuentro semanal de tres horas de duración, con bandas horarias específicas para cada piso, escalonando los ingresos y egresos para evitar los cruces.
En este sentido, contempla pautas a seguir para promover el cuidado de la comunidad académica y su entorno, como el distanciamiento social, las medidas de seguridad y un número de estudiantes permitido ajustado al aforo recomendado por el Protocolo Covid-19 que elaboró la Facultad el año pasado.
De acuerdo al proyecto aprobado el 15 de junio, el estudiantado sólo podrá inscribirse en una asignatura presencial en la primera inscripción. En la segunda, de quedar cupos disponibles, podrán inscribirse en más de una materia presencial, para lo que se tendrán en cuenta las situaciones especiales fundamentadas para asistir de forma presencial.
Cómo es el Protocolo Covid-19 de la Facultad de Derecho
Entre los puntos que abarca el protocolo de la Facultad, se contemplan circulaciones diagramadas, entradas y salidas exclusivas, escaleras delimitadas para el ascenso y descenso, uso de ascensores exclusivamente habilitados para el uso de personas con capacidades reducidas y el aforo para cada aula de acuerdo a la cantidad de metros cuadros, a la vez que se prevén medidas de fiscalización y comunicación ante eventuales contagios de estudiantes.
La Dirección Académica Estudiantil será la encargada de controlar cada burbuja y mantener comunicación con las y los estudiantes en cada caso ante eventuales síntomas o contagios.
La resolución se apoya tanto en el Protocolo Covid-19 de la facultad como en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria para el retorno de las Actividades Académicas Prácticas de la Universidad de Buenos Aires Pandemia del COVID-19, y es el primer paso para el regreso de la actividad presencial en esa facultad.
Fuente e Imagen: https://www.pagina12.com.ar/351151-la-facultad-de-derecho-de-la-uba-habilita-la-presencialidad-
América del Sur/Argentina/25-06-2021/Autora: Fabiana Juarez/Fuente: www.diariodecuyo.com.ar
El año pasado no pudieron desarrollar a pleno la modalidad que eligieron, debido a la pandemia. Por eso este año, con el regreso a clases presenciales, se propusieron hacerlo de manera productiva. Son los alumnos de 6to año de la Escuela Secundaria Faustina Sarmiento de Belín, con orientación en Turismo, que aportaron ideas para mejorar esta actividad en la provincia.
Crearon diferentes proyectos que van desde el alquiler de casas rodantes hasta la realización de un bicitur en bicicletas adaptadas para personas con discapacidad. Si bien estas propuestas forman parte de sus estudios, tienen la esperanza de que las autoridades las conozcan y las pongan en práctica.
A Mateo Arroyo le encanta el trap y con sus amigos se dedica a hacer este estilo de música. Por eso su proyecto, llamado «Tour Trap», combina esta pasión con el turismo. Se trata de un bus turístico que traslade a adolescentes y jóvenes a diferentes lugares de interés histórico y cultural, pero con varias particularidades. Propone que esté ambientado como boliche y que en su interior, y durante el circuito, se desarrollen competencias de trap de artistas sanjuaninos para, al mismo tiempo, difundir el arte local. «La propuesta desde la materia Proyecto Turístico es generar proyectos propios, innovadores y que tengan la impronta de cada alumno, y hacer que cada uno conozca de planificación, relevamiento, organización y ordenamiento de un proyecto que tenga impacto en su comunidad y pueda de alguna forma generar un ingreso propio. Y los chicos se entusiasmaron mucho con esta posibilidad», dijo Pablo Sosa, licenciado en Turismo y profesor de estos estudiantes.
Ante la compleja realidad socioeconómica, financiera y de salud en el marco de la pandemia por covid-19, y a los efectos negativos que generaron sobre el turismo, estos alumnos consideraron necesario idear propuestas para revertir la situación. Consideraron que la originalidad y la calidad de servicios son dos factores fundamentales para lograrlo y los tomaron como base para organizar sus proyectos.
En la provincia hay diferentes empresas que ofrecen bicitur por diferentes lugares, pero sin tener en cuenta la inclusión. Por eso, Marcela Pizarro ideó el emprendimiento «Bicis adaptables y para todos», que consiste en el alquiler de bicicletas adaptadas para que los adultos mayores y personas con discapacidad física también puedan participar de los paseos en estos vehículos, priorizando el turismo accesible. A esta iniciativa se sumó la de la alumna Valentina Molina quien propuso también alquiler de bicicletas, pero ecológicas y construidas con partes recicladas para fomentar el ecoturismo y el turismo sustentable. Además propuso que estos vehículos sean construidos por alumnos de las escuelas técnicas (EPET) para involucrarlos en la actividad.
Por su parte, Celina González también hizo una propuesta de alquiler, pero en este caso de casas rodantes para visitantes que quieren recorrer diferentes lugares con comodidad e independencia. El fundamento de su proyecto se basó, según dijo, en que no hay una empresa de alquiler de estos vehículos en San Juan. «Para crear sus proyectos, los alumnos tuvieron en cuenta los gustos y necesidades de los turistas que visitan la provincia. De esta manera se convirtieron en actores principales y activos a través de propuestas innovadoras y fáciles de concretar. Estarían muy orgullosos de que alguna autoridad tuviera en cuenta estos proyectos y los ayudara a ponerlos en práctica», dijo el profesor.
Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Ideas-de-estudiantes-para-mejorar-el-turismo-20210620-0048.html
Desde Argentina, la coordinadora de bachilleratos populares se solidarizan con el grito de lucha del pueblo colombiano. “Porque los pueblos tenemos derecho a vivir en paz. Arriba la lucha popular colombiana. A parar para avanzar. Viva el paro nacional. El pueblo no se rinde carajo”
América del Sur/Argentina/20-06-2021/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar
Así lo reconoció la Secretaria de Educación, Rosana Inés Vicentela.
La pandemia no da tregua y continúa haciendo estragos en el mundo entero. Los largos parates y cuarentenas hicieron que el sector comercial y la educación se vieran afectados de manera preocupante.
En Argentina, las clases presenciales fueron prácticamente nulas en 2020 y en este momento la asistencia a las aulas es optativa. En diálogo con el programa ‘Demasiada Información’ (@demasiadainfoSJ) de Radio Sarmiento, la Secretaria de Educación de la provincia indicó que hay 6 mil alumnos que no van a los establecimientos y se desconoce si acceden o no a la educación virtual.
«No tenemos el dato preciso de cuántos alumnos abandonaron la escuela durante la pandemia, porque no hemos tenido un corte. Es decir, son dos años de calendario en un año pedagógico. Ese dato recién vamos a saberlo en diciembre de 2021. Pero sí hay 6.000 chicos que faltaron a expresar que optaron por una modalidad diferente a la presencialidad cuidada«, aseguró Rosana Inés Vicentela.
La funcionaria comentó que el sistema educativo de la provincia está integrado por 240 mil estudiantes, por lo que «seis mil es un número a tener en cuenta». «Estamos tratando de hacer una revinculación acercándonos a las escuelas. El número solo, sin contextualización, sin datos cualitativos de la realidad, no es lo mejor», concluyó.
Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Hay-6-mil-alumnos-que-no-asisten-a-clases-y-se-desconoce-si-acceden-a-la-educacion-virtual-20210617-0054.html
América del Sur/Argentina/18-06-2021/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar
Así lo indicó el Secretario Académico de la casa UNSJ. Están relevando docentes y alumnos que optarían por el método presencial desde el próximo lunes.
En diálogo con el programa “Demasiada Información” de Radio Sarmiento, Daniel Bustos, Secretario Académico de la Universidad Nacional de San Juan indicó que la semana que viene será clave para determinar si habrá aumento en la presencialidad de los tres colegios preuniversitarios.
“En este momento principalmente las clases son virtuales por lo que se decidió en la última reunión de paritaria, hay un poco de mayor presencialidad en la Industrial por una cuestión lógica de los talleres y laboratorios”, comentó Bustos. Y continuó: “Ahora se está realizando un relevamiento entre los docentes que elegirían la presencialidad y los alumnos que también optarían por esta opción para determinar en qué medida puede aumentar esta forma de cursar y rendir para la próxima semana”.
Luego de que el Secretario Académico de la UNSJ afirmara que el aumento de la presencialidad de la semana que viene dependerá de la decisión de los docentes y la familia de los alumnos, confirmó que hasta el momento las vacaciones de invierno de los tres colegios iniciarán el 12 de julio.
“El receso invernal no se ha modificado hasta el momento y seguimos con las mismas fechas previstas”, concluyó Bustos.
Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/La-semana-que-viene-sera-clave-para-saber-si-aumenta-la-presencialidad-en-colegios-preuniversitarios-20210616-0052.html
BUENOS AIRES – Desde el nivel preescolar hasta la universidad, todos los estudiantes de Argentina deberán acceder a educación ambiental. Lo establece una ley sancionada en mayo por el Congreso Nacional y celebrada por organizaciones de la sociedad civil como lo que es: la concreción de un logro largamente anhelado.
“Hubo muchísimos proyectos sobre educación ambiental a lo largo de los últimos 20 años. Incluso hubo un par que tuvieron media sanción de una de las Cámaras pero no completaron el recorrido por falta de consenso político”, dijo Juan Cruz Zorzoli, director de Amartya, una organización que promueve la educación ambiental.
“La sanción de la ley es un síntoma de un cambio de época, debido fundamentalmente al activismo ambiental y la visibilidad de los jóvenes, que cuestionan el modelo de desarrollo y la relación de la sociedad con la naturaleza y toman como ejemplo a (la activista ambiental sueca) Greta Thurnberg”, agregó en diálogo con IPS.
Con su Ley de Educación Ambiental Integral, Argentina se convierte en el segundo país de América Latina en contar con una norma específica sobre la materia, por detrás de Brasil, aunque en su caso se limita a establecer y reglamentar un Programa Nacional de Educación Ambiental. Otros países latinoamericanos han incluido el tema dentro de sus últimas leyes de educación.
La ley , también conocida por su número, 27.621, fue impulsada por los ministerios de Educación y Ambiente y promulgada este jueves 3 de junio por el presidente Alberto Fernández. Y si bien contó con el apoyo de todos los espacios políticos en el parlamento, no faltaron puntos de controversia relacionados con la tensión entre el desarrollo económico y la conservación ambiental.
El senador Alfredo de Angeli se quejó durante el debate de que el proyecto se haya sido discutido en las comisiones de Educación, de Ambiente y de Presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados, pero no en las de Agricultura.
“Tenemos mucho para aportar”, dijo De Angeli, productor agropecuario de la provincia de Entre Ríos que saltó a la política en 2008, cuando se hizo conocido como uno de los líderes de una larga protesta del empresariado rural contra un aumento de los impuestos a las exportaciones de soja.
El extendido cultivo de soja, que ocupa más de la mitad del área sembrada desde que a fines de los años 90 se aprobó la primera variedad transgénica, es cuestionado por organizaciones ambientales, por su impacto en el uso de agroquímicos y en la deforestación.
En tono de reproche, De Angeli recordó que tampoco pasó por las comisiones parlamentarias de Agricultura la llamada ley de manejo del fuego, aprobada el año pasado, que prohíbe por hasta 60 años la venta de tierras donde se hayan registrado incendios forestales, para evitar conductas especulativas que destruyan los bosques. Esa norma fue rechazada por todas las entidades agropecuarias.
Además, en la discusión de la ley de educación ambiental no faltaron legisladores que cuestionaran la ausencia del sector empresarial en el Consejo Consultivo que asesorará a las autoridades en el diseño de los contenidos educativos, integrado por organizaciones indígenas, estudiantiles, gremiales docentes, científicas, de guardaparques, de recicladores y de la sociedad civil.
“Lo más importante de esta ley es que obliga a trazar una estrategia de educación ambiental para los ámbitos formales de educación y también para los no formales, que alcance a todos las edades” (Laura Castillo Díaz)
La ley define a la educación ambiental como “un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural”.
Una de las cuestiones que establece la norma para su implementación es que se deberá realizar un estudio de percepción ambiental, explicó Cristina Ruiz del Ferrier, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Una movilización de jóvenes en Buenos Aires, en reclamo de mejores políticas ambientales, con el fondo del Congreso Nacional, que en mayo sancionó la ley que incorpora la educación ambiental en todos los niveles de la educación argentina. Foto: Eco House Global
“Así podremos tener información que nos permita orientar los planes, programas, proyectos y mensajes de acuerdo a los diferentes destinatarias y destinatarios de manera efectiva”, destacó a IPS la funcionaria y especialista en políticas públicas.
Ruiz del Ferrier comentó que el proyecto recogió las demandas de las 23 provincias, que buscaban así fortalecer e institucionalizar la labor de esas regiones federales, porque de hecho ya vienen trabajando en educación ambiental, en varios casos con el respaldo de leyes locales en la materia.
“Se necesitaba que el tema tuviera un poco de visibilización y empuje para que lo aprobara el Congreso, después de tantos años de estar en la agenda parlamentaria, y eso fue lo que aportamos desde la sociedad civil”, dijo María Aguilar, coordinadora de los Departamentos de Educación Socioambiental y de Investigación y Política Socioambiental de Eco House Global, una organización que trabaja en temas de sostenibilidad a través del voluntariado.
“También realizamos un trabajo de incidencia con el que servimos de puente para que los distintos sectores políticos limaran sus diferencias y tuviéramos ley”, contó Aguilar a IPS.
“De modo tal que el rol y participación de las y los jóvenes en la educación ambiental y en esta ley en particular es de suma importancia”, añadió.
Laura Castillo Díaz, coordinadora en el área de Política Ambiental en la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destacó a IPS que la ley viene a pagar una deuda que estaba pendiente desde hacía décadas.
Apuntó, en ese sentido, a la Conferencia de Estocolmo de 1972, la primera gran cumbre mundial sobre temas ambientales convocada por Naciones Unidas, que en su Declaración Final señaló la importancia de la educación ambiental.
También señaló a la Constitución Nacional argentina, que desde su última reforma, en 1994, reconoce el derecho de los habitantes del país a vivir en un ambiente sano y fija la obligación de las autoridades de proveer educación e información ambientales.
“Lo más importante de esta ley es que obliga a trazar una estrategia de educación ambiental para los ámbitos formales de educación y también para los no formales, que alcance a todos las edades”, explicó Castillo Díaz.
Una concentración de jóvenes que buscan concientizar del impacto del cambio climático en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo y frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina. Foto: Eco House Global
“En el caso de las universidades públicas y privadas se prevé que además tendrán que diseñar y poner en práctica un programa de gestión ambiental, que se aplique al manejo de sus propias problemáticas, como el manejo de los residuos o el consumo de energía”, añadió.
En las universidades argentinas las cuestiones ambientales están atrayendo cada vez más interés no sólo en carreras vinculadas a las ciencias duras, sino también en el terreno humanístico.
En la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), estudiantes impulsaron la creación de un seminario de socioambientalismo, con clases durante todo el año que incluyen tema como cambio climático, eco-feminismo y el modelo de desarrollo que pone a los países latinoamericanos en el rol de proveedor de materias primas para el mercado internacional.
“En nuestra carrera no existía la perspectiva ambiental y entonces organizamos el seminario con algunos compañeros. Abrimos la inscripción y pensamos que podíamos tener 30 inscriptos, pero en una semana teníamos más de 300”, dijo Federico Pellegrino, estudiante de Ciencia Política de 21 años.
De alguna manera, reconoció a IPS, “Greta nos puso el tema en agenda. Hoy veo claramente un vínculo entre lo ambiental y lo social. Ocuparse de lo ambiental significa ocuparse de cómo mejorarle la vida a la gente”.
Según se estableció en la ley, los ministerios y representantes de las provincias deberán diseñar una Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (Eneai), que a su vez dará lugar a estrategias jurisdiccionales, que deberán ajustarse “a la realidad de los territorios”.
Eso entusiasma a Pellegrino, que imagina contenidos vinculados a las distintas problemáticas que enfrenta un país tan diverso como Argentina, cuyo extenso territorio tiene desde la gran llanura agrícola en el centro del país hasta los bosques chaqueños y las mesetas de altura de la Puna en el norte, pasando por la estepa patagónica en el sur, la Cordillera de los Andes en el oeste y la selva paranaense en el noreste.
“Queremos que en el Chaco se hable de la deforestación, en la Patagonia se hable del impacto de las represas y en la Puna se hable de por qué Argentina, Bolivia y Chile tienen que pagar el costo de proveer el litio para los autos eléctricos de Europa y Estados Unidos”, explicó este universitario, que comenzó como activista ambiental y hoy trabaja en la organización Eco House.
[Imagen: Una imagen de la que se caracterizó como la primera escuela sostenible de Argentina, en la localidad de Mar Chiquita, una localidad de la oriental provincia de Buenos Aires. Trabajó en ella la asociación Amartya, que promueve la educación ambiental. El edificio toma la energía del sol y aprovecha todos los residuos. Foto: Amartya]
El investigador propone “una ley equivalente a la Ley Micaela” para establecer la capacitación obligatoria en prevención y erradicación del racismo para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación
El doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet Daniel Mato afirmó que “la sociedad argentina es tan racista que ni siquiera se da cuenta de su racismo”.
En diálogo con Télam, Mato, quien también es titular de la cátedra Unesco Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), sostuvo que para enfrentar el racismo “es necesario articular” esfuerzos en lo jurídico-político, lo comunicacional y lo educativo.
El racismo, describió, “impregna las subjetividades y maneras de ver el mundo de la población. Se asemeja al machismo y a la homofobia. El detalle es que estos dos últimos vienen siendo sistemáticamente combatidos por personas y organizaciones sociales que inciden en la formación de opinión pública, en los medios de comunicación, en el sistema educativo y en instancias del Estado. Con el racismo esto aún no ocurrió”.
– ¿La sociedad argentina es racista?
– La sociedad argentina es tan racista que ni siquiera se da cuenta de su racismo. Lo tiene “naturalizado”, lo que indica cuán racista es. Las personas creen que no hay racismo porque no hay leyes segregacionistas como hubo en Sudáfrica o Estados Unidos, pero acá afecta a personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas según estudios académicos e informes de misiones de Naciones Unidas. La Constitución tiene vigente el artículo 25 que dice que “el Gobierno federal fomentará la inmigración europea” y esto es grave. También es muy grave que hasta la fecha ningún actor político capaz de promover una enmienda constitucional haya movido un dedo ¿Qué pasaría si ese artículo dijera que el Gobierno federal fomentará la inmigración de varones, o de personas sin discapacidad, o de personas heterosexuales? Seguro que algún actor político hubiera hecho algo.
– ¿Las leyes están disociadas de sus sociedades?
– Es que hasta hace apenas 26 años, aún regía el inciso 15 del artículo 67 de la Constitución de 1853 que mandaba “conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”. Tras 141 años de vigencia de esa concepción de la relación Estado-Pueblos Indígenas, sería ingenuo pensar que la reforma constitucional acabó con el racismo. Además, pese a que se hablan al menos 15 lenguas indígenas, la única oficial es el castellano/español. La provincia de Chaco reconoce tres lenguas indígenas y la de Corrientes una. ¿Por qué no ocurre eso en otras provincias o a escala nacional? Este desconocimiento tiene consecuencias en las subjetividades de personas de esos pueblos y del resto de la población y también tiene efectos prácticos y muy graves en el acceso a la justicia, salud y educación.
– ¿Qué es y cómo se manifiesta el racismo?
– El racismo es una ideología que clasifica a los seres humanos en razas superiores e inferiores. La discriminación es lo más visible, pero otras acciones condenan a ciertos pobladores a condiciones desventajosas, inequitativas, que fueron y son naturalizadas por otros sectores sociales. La ideología racista es la que sustenta al colonialismo.
– ¿Cómo opera el colonialismo en la construcción de ideología en la Argentina?
– Los estados republicanos se constituyeron a partir de ella y la reprodujeron a través de sus instituciones y políticas orientadas a la construcción de imaginarios nacionales mono-culturales. Ejemplo, para acabar con la supuesta “barbarie” y asegurar el avance de “la civilización”, ocuparon militarmente territorios indígenas y distribuyeron sus tierras entre los grupos de poder político y económico que integraban. El Estado argentino realizó campañas militares que dejaron honda huella: la “Conquista del Desierto” y la “Campaña del Chaco”. A los sobrevivientes de esos pueblos se les prohibió hablar sus lenguas, practicar su espiritualidad y sostener sus sistemas de conocimiento, alimentación y salud. Otro tanto ocurrió con los afrodescendientes que pese a lograr su “emancipación” también vieron proscritas sus historias, lenguas y modos de vida. Quedaron “libres”, pero sin capital ni herramientas.
– Entonces ¿esas decisiones políticas explican el actual racismo?
– Este es el origen histórico del proceso de “vulnerabilización” de estos dos grupos. La naturalización del racismo hace que estas historias no se tengan en cuenta y que no se asocie con que aún hoy indígenas y afrodescendientes no tienen acceso equitativo a la salud. Explica que la población no se indigne ante la muerte de niños y adultos por estas causas. O que, ante el desplazamiento de sus territorios ancestrales por negocios de corporaciones agrícolas y mineras, o de empresas de desarrollos turísticos y “barrios cerrados” la población no sólo no se indigna sino que incluso lo considera necesario para el “bien común”.
– ¿Qué se puede hacer?
– Es imprescindible contar con observatorios y órganos autónomos de la sociedad civil, reconocidos y financiados por el Estado, que velen por el contenido y orientación editorial de todos los medios de comunicación respecto de temas como el racismo y los derechos humanos de todos los sectores de la población. También es imprescindible que universidades e instituciones de formación de periodistas y comunicadoras/es sociales se esfuercen en asegurar su formación antiracista. No es suficiente con que sea “no racista”, debe ser anti-racista, como enfatizó la intelectual afroestadounidense Angela Davis. Desde hace varios años, desde nuestra Cátedra Unesco, insistimos en la necesidad de una educación superior intercultural contra el racismo y para que sea erradicado.
El rol de la educación superior
La eliminación del racismo en la Argentina “no se logrará de un día para el otro”, aunque “la educación superior puede desempeñar un papel clave” en esa transformación, según Mato.
Para el académico e investigador del Conicet, es posible evolucionar a una sociedad no racista, pero al ser “constitutivo del Estado argentino y de nuestra sociedad con al menos dos siglos `con nosotros´, no vamos a resolverlo en pocos días”.
“Pero lo mismo puede decirse del machismo, del patriarcado, de la homofobia y de otras `lacras´ que nos acompañan desde hace siglos y resulta evidente que hemos venido avanzando y que -incluso así sea con tropiezos- continuamos avanzando”, destacó.
El especialista agregó que hay políticas como la creación en el 2020 de la Dirección Nacional de Equidad Étnico Racial, Migrantes y Refugiados en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En ese marco, añadió que “proponemos que se creen instancias equivalentes en todas las provincias y que sean apropiadamente dotadas de personal y de presupuesto”.
Asimismo, pidió la aprobación de “una ley equivalente a la Ley Micaela” para establecer la capacitación obligatoria en prevención y erradicación del racismo para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
“Esta ley debe también ser adoptada por todas las provincias, porque tienen la mayor proporción de población indígena en las que se registran mayores problemas de racismo y de discriminación racial”, indicó.
También dijo que debe eliminarse “de inmediato” el fragmento del artículo 25 de la Constitución Nacional que refiere al fomento de inmigración europea.
En cuanto a la Educación Superior, Mato reclamó la actualización de la norma para que aseguren los derechos establecidos en la Constitución Nacional.
“Las universidades y los institutos de educación superior juegan papeles clave en la reproducción y naturalización del racismo en todos los ámbitos sociales y en particular en el resto del sistema educativo”, dijo y puso como ejemplo de discriminación racista la “escasa participación” de indígenas y afrodescendientes entre cuadros docentes, de gestión y estudiantes.
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