Por: Gloria Muñoz Ramírez
Los y las futuras maestras rurales no están en libertad. Lo estarán no sólo cuando los absuelvan de todos los cargos, sino cuando, por fin, logren que el Estado deje de atacarlos y renuncie a tratarlos como delincuentes. Las jornadas de protesta que se iniciaron el 18 de mayo pasado para exigir exámenes presenciales para el alumnado mayoritariamente indígena y rural, no han terminado. No los conoce quien piense que con la represión va a callarlos. Tampoco quien imagine que se van a quedar solos, pues aunque grandes sectores de la sociedad los ignore, se tienen a ellos mismos y, por principios fundamentales, no se abandonan.
Así sucedió en la Normal Rural Carmen Serdán, en Teteles, Puebla, donde el fatídico 43 volvió a imponerse. Fueron 43 estudiantes detenidas en una movilización en la que exigían el esclarecimiento de la muerte de dos compañeras. Fueron liberadas, pero sus familiares desconocen los términos y condiciones de su excarcelamiento.
Las estudiantes de Teteles desmintieron al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, quien las acusó de iniciar las agresiones contra los policías
, cuando en realidad hubo excesiva fuerza pública y violentaron sus derechos.
Las normales atacadas insisten en mesas de diálogo. No viene de ellas la violencia, aunque sí la protesta y la exigencia de que se resuelvan sus demandas educativas, tales como que no se reduzca la matrícula de ingreso, porciones alimentarias justas y arreglos a la infraestructura escolar.
Resisten 17 escuelas normales rurales en el país y en todas se siembra el pensamiento crítico, por eso las quieren desaparecer los gobiernos en turno.
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