Decenas de mujeres dominicanas mueren cada año por intentos fallidos de terminar embarazos no deseados. Se estima que los abortos incompletos y los abortos espontáneos provocan el 8% de las muertes maternas del país cada año, de acuerdo con The Guardian.
“La decisión de legalizar el aborto en Argentina es un triunfo para todas las mujeres”, dijo al medio británico Ysabel Paulino, feminista dominicana y educadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Decenas de mujeres dominicanas mueren cada año por intentos fallidos de terminar embarazos no deseados. Se estima que los abortos incompletos y los abortos espontáneos provocan el 8% de las muertes maternas del país cada año, de acuerdo con The Guardian.
“La decisión de legalizar el aborto en Argentina es un triunfo para todas las mujeres”, dijo al medio británico Ysabel Paulino, feminista dominicana y educadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
“Es una lucha que hemos estado librando en la República Dominicana, para defender el destino de nuestros cuerpos, lo que hacemos con nuestros cuerpos y nuestro derecho a la vida”.
A pesar de la prohibición actual, las mujeres dominicanas hacen todo lo posible por interrumpir los embarazos, a menudo en secreto y sin una orientación médica clara. Estas mujeres corren el riesgo de pasar hasta dos años en la cárcel, mientras que los profesionales médicos se enfrentan a hasta 20 años de prisión y a la pérdida de su licencia por ayudar en una terminación.
En agosto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, provocó un gran revuelo nacional al presentar una versión revisada del código penal del país que mantenía la prohibición del aborto. En medio de amplias críticas, Pacheco anunció poco después una nueva ley que permite el aborto en tres casos: cuando la vida de una persona está en peligro, cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto, y cuando el feto es incompatible con la vida.
Las organizaciones feministas condenaron el fallo por considerarlo insuficiente, alegando que la ley resultaría inútil frente a un código penal que penaliza el aborto. No está claro cuándo entrará en vigor la nueva ley. Mientras tanto, se espera que la cámara de diputados apruebe el código penal en algún momento de este año. Entonces tendrá que ser aprobado por el senado antes de que el presidente Luis Abinader decida finalmente si se convierte en ley.
Importante destacar que a pesar de la prohibición, la Secretaría de Estado de Salud dominicana ya permite algunas excepciones bajo su supervisión, según el Dr. José De Lancer Despradel, ex director general de salud materna, infantil y adolescente. Por otra parte, existen clínicas clandestinas en todo el país, pero cobran hasta USD $500, algo que está fuera del alcance de las mujeres rurales pobres en un país con un salario mínimo de USD $250. Los investigadores consideran que las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana son el grupo más vulnerable a la prohibición.
Pioneras en la lucha para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo cuentan los obstáculos sorteados en más de tres décadas
El 8 de marzo de 1984, la feminista María Elena Oddone se manifestó con una enorme pancarta en la que podía leerse: “No a la maternidad, sí al placer”. Era la primera marcha por el Día internacional de la mujer tras el regreso de Argentina la democracia y en las calles comenzaba a reclamarse la despenalización del aborto. Ya entonces Oddone sostenía que “nadie tiene que explicarnos los tres pilares sobre los que se asienta la opresión femenina: maternidad, sexualidad y trabajo doméstico”. Pasaron más de tres décadas hasta que, el pasado 30 de diciembre, las mujeres conquistaron el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Interrumpir un embarazo de forma segura ya no será más un privilegio para quienes puedan pagarlo sino que estará al alcance de todas las que lo necesiten.
“Parecía que estábamos cabeza a cabeza y cada vez nos querían imponer más cosas, tenía mucho temor de que no saliera. Suplicábamos que saliese ni que fuese por un voto y al final yo gritaba ‘Nos sobran votos, nos sobran votos”, recuerda por teléfono la abogada y militante histórica Nina Brugo sobre la decisión del Senado argentino, que aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Dos años antes, la misma cámara lo había rechazado por una diferencia de siete votos.
Argentina, pionera en el continente en leyes como el matrimonio igualitario —aprobado en 2010— y la identidad de género —2012— mantuvo en cambio durante 99 años la prohibición de abortar excepto en casos de violación y riesgo para la salud de la madre. ¿Por qué ese retraso? “El aborto legal mejora la vida de las mujeres y si a algo le tiene miedo el patriarcado es a fortalecer a las mujeres. Es luchar por nuestra autonomía y nuestra libertad sexual”, responde Brugo. Sostiene que el matrimonio igualitario no es disruptivo, incluye a las personas dentro de una institución y del orden social. En cambio, legalizar el aborto supone separar el placer del fin reproductivo, terminar con la idea de la mujer como incubadora.
Brugo comenzó a militar a favor del aborto legal hace 30 años y reivindica el trabajo realizado en los Encuentros nacionales de mujeres —celebrados de forma anual desde 1986, cada vez en alguna ciudad distinta— para concienciar sobre el problema de los abortos inseguros realizados en la clandestinidad. Más de 3.000 mujeres han fallecido en el país en los últimos 37 años por interrumpir sus embarazos en condiciones inseguras, con métodos como sondas, perchas o perejil, entre otros. Decenas de miles han tenido que ser hospitalizadas por complicaciones.
El símbolo del pañuelo verde
Fue en el Encuentro de mujeres de 2005 cuando se fundó la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que aglutina a más de 500 agrupaciones en toda Argentina. De esa unión salió el pañuelo verde, convertido en el símbolo de la lucha a favor de la legalización, primero en Argentina y después también en toda la región. En la campaña se fraguaron los proyectos legislativos que presentaron hasta ocho veces frente al Congreso y en el que se inspiró el Ejecutivo de Alberto Fernández para el borrador del texto que finalmente fue convertido en ley.
Su predecesora fue la Comisión por el Derecho al Aborto (CDA), fundada por la médica Dora Coledesky a finales de los ochenta, tras su regreso del exilio en Francia. El contacto con movimientos feministas en el extranjero y las vivencias fuera del país fueron claves para impulsar la lucha en Argentina, cuenta la socióloga y asesora de Fernández, Dora Barrancos. “Aborté dos veces en mi vida y en una de ellas casi morí. Fue en Brasil, durante el exilio, en condiciones espantosas, porque era un médico espantoso. Era mucho más ominosa la clandestinidad del aborto en Brasil que acá”, recuerda Barrancos, quien se declara “muy contenta” por la sanción de la ley. “Argentina es hoy un país un poco más justo, más igualitario y más digno. Queda atrás la página de la clandestinidad, de la estigmatización, la vergüenza y la muerte. En el momento en que se consagró la sanción de la ley estábamos todas en un derrame de emoción total y como ráfagas se venían a mis impresiones las miles de muertes evitables que hubo en este país”, cuenta.
Uno de los momentos más duros en la lucha por el aborto legal fueron los años noventa, bajo la presidencia de Carlos Menem, cuando a la oposición religiosa se le unió la gubernamental. El mandatario intentó limitar aún más este derecho al promover sin éxito su prohibición total en el país en la reforma de la Constitución. Pese a la derrota, en 1998 instauró el 25 de marzo como Día del niño nonato, una celebración encabezada por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, hoy Francisco. Ahora Menem, con 90 años, es el senador más veterano, pero no pudo votar en contra de la ley por estar internado en grave estado.
La ofensiva conservadora de los noventa no frenó la militancia feminista en manifestaciones, encuentros e incluso desde ámbitos como el musical: en 1997 los grupos punk Fun People y She devils lanzaron el disco ‘El aborto ilegal asesina mi libertad’. En su interior incluía un póster para ser fotocopiado y pegado en las calles del país. La presentación en la mítica sala Cemento se convirtió en un escándalo.
El quiebre de Ni Una Menos
La lucha por la legalización fue intensa, pero marginal durante décadas. El gran salto ocurrió en 2015, tras la irrupción del movimiento Ni Una Menos contra la violencia machista, que logró movilizar a cientos de miles de personas e imponer los derechos de las mujeres en la agenda política. “El activismo feminista existía, pero estaba muy disgregado. Con Ni Una Menos logramos unirnos en red las que veníamos de distintos lugares, nos dimos cuenta de que no estábamos solas y de todo lo que podríamos lograr si nos manteníamos unidas”, señala la comunicadora Ana Correa, una de las fundadoras. Desde entonces, la movilización en las calles ha sido masiva y constante. Las más jóvenes tomaron como bandera el aborto legal en una marea verde que logró su tratamiento legislativo por primera vez en 2018. Aunque fracasó su repercusión fue enorme: el aborto dejó de ser un tabú. Programas televisivos de mucha audiencia hablaron por primera vez del uso de pastillas para interrumpir un embarazo y de las redes de acompañamiento existentes para intentar minimizar los riesgos de quienes abortaban en la clandestinidad.
“En estos años los feminismos dejaron de ser conceptuales y se convirtieron en populares, hubo un derrame total. Ocurrió en Argentina, que es un ejemplo paradigmático, pero también en Chile, en México, en Uruguay y en otros países latinoamericanos. Y los feminismos acogieron también a las diversidades sexuales, se unieron para ganar derechos”, destaca Barrancos.
El avance feminista y la despenalización social provocó a su vez el endurecimiento del discurso religioso en contra. “El aborto era la última cantera de resistencia de la Iglesia y había hecho un abroquelamiento completo”, dice Barrancos. De las provincias del norte del país, las más religiosas, salieron gran parte de los votos negativos en el Senado.
“Tenemos la ley, pero no se acaba el trabajo porque hay que conseguir que se cumpla. Durante décadas la legislación de 1921 no se cumplió, hicieron todo lo posible para obstaculizarla”, advierte Brugo. Niñas de entre 10 y 12 años violadas que exigían abortar vieron cómo sus casos eran judicializados y pasaban las semanas sin que se cumpliese su voluntad. Ni siquiera ante el peligro de la vida de la madre estuvo siempre garantizado el derecho: en 2006, Ana María Acevedo, de 19 años, falleció después de que los médicos se negasen a aplicarle radioterapia contra el cáncer porque estaba embarazada. Su petición de interrumpir el embarazo para poderse curar también fue ignorada, pero sentó un precedente judicial: por primera vez la Corte Suprema condenó a los médicos por lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público al negarse a practicar un aborto legal.
La lucha por la implementación irá acompañada de esfuerzos por extender este derecho al resto del continente. “Hay una preocupación de los sectores más conservadores, por eso Bolsonaro salió enseguida con un tuit en contra. Pero estamos convencidas de que el efecto contagio será inevitable”, augura Correa. Brugo coincide: “Estamos conectadas al mundo. El aborto legal en Argentina vuelve más fácil la lucha de las compañeras en el resto de América Latina”.
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