Consejeria educativa

Se abre un frente contra el acoso a los colegios religiosos por la defensa del derecho a elegir.

Por: Jose Cejudo.

El sesgo ideológico que la Junta de Andalucía imprime a la enseñanza en la comunidad, dando prioridad a los centros públicos laicos en detrimento de los concertados, la mayoría de ellos pertenecientes a congregaciones de la religión católica, ha levantado una polvareda de inquietud coincidiendo con el proceso de renovación de los conciertos, donde la Junta esgrime el argumento del descenso de la natalidad para llevar a cabo un supuesto cierre de aulas concertadas para propiciar el traspaso de su alumnado a las de titularidad pública. Sostiene el departamento que dirige Adelaida de la Calle que ningún nuevo colegio será objeto de convenio, y en las localidades donde convivan las dos enseñanzas no se autorizarán unidades concertadas que no sean necesarias para asegurar la escolarización, lo que conllevará al cierre de esas aulas.

En la práctica, si en una localidad donde conviven los dos modelos de centro, la bajada de natalidad reduce la ratio por unidades, el sacrificado será el centro concertado, vulnerándose el principio de libre elección de centro que ampara la Constitución.

Se prevé que en la próxima convocatoria, en lo que resta del mes de enero y los primeros días de febrero, sostiene la Consejería, «se resuelvan favorablemente los conciertos sólo para aquellos centros docentes ya concertados anteriormente con la Junta, por lo que ningún nuevo colegio será sujeto del convenio».

En este sentido añade Educación que «solo habrá concierto para las unidades estrictamente necesarias para asegurar la escolarización del alumnado en cada ámbito territorial».

La Consejería de Educación, insiste en que «está analizando con rigor y objetividad la demanda»

La Consejería de Educación, insiste, «está analizando con rigor y objetividad la demanda prevista en los 124 municipios en los que existe enseñanza concertada y optimizará los recursos públicos para asegurar la escolarización de todo el alumnado». Como se sabe, la convocatoria general de conciertos educativos está sujeta a las condiciones impuestas por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que, según la Junta «introduce un giro hacia la privatización de la Educación que la Consejería pretende contrarrestar».

Asociaciones de padres de centros concertados consultadas por este periódico han mostrado su inquietud por los planes de la Consejería de Educación, si bien se encuentran a la espera de que culmine el proceso de renovación de los convenios con los diferentes colegios para dar una opinión oficial. En cualquier caso, se muestran a favor de cuantas medidas de presión se pueden ejercer para que la Junta de Andalucía dé un giro de ciento ochenta grados y atienda las posiciones de las familias que optan por que sus hijos se eduquen en centros privados o concertados.

Cambio de criterio

Subraya la Consejería que la Lomce amplía el periodo de concierto, que deberá tener una duración mínima de seis años para Primaria y de cuatro para el resto de los casos. «Esta ley –sostiene Educación– modifica el criterio de planificación, que ya no se basa en las necesidades educativas de la población sino en la demanda social, lo que podría otorgar prioridad a las entidades privadas frente a los centros públicos».

Recuerda la Junta que mantiene desde hace más de 30 años un modelo de convivencia educación pública-concertada estable en torno al 81-19%. «Las cifras –concluye– avalan la apuesta por la educación pública en esta comunidad, que cuenta con 40.936 unidades en centros docentes públicos frente a 9.597 en centros concertados».

Contra la vulneración de un derecho constitucional