“Este pacto -detalla Enrique Díez, coordinador del área federal de IU- da alas a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que no sólo no se derogaría ni paralizaría de salir adelante el acuerdo, sino que facilitará que se apliquen incluso las polémicas reválidas”.
En el mencionado pacto se explicita que “se congelará el calendario de implementación en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor”. Es decir, mantendrá el 100% de la LOMCE, porque todo su contenido ha entrado ya en vigor. El decreto que regula las reválidas está vigente desde el 31 de julio, aunque éstas se celebren a final de curso. Además, ampliar la LOMCE a 2º y 4º de la ESO y a 2º de Bachillerato se aplicará ya en una semana, cuando comience el curso.
No han escuchado a la comunidad educativa. Tanto la comunidad educativa, como las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de padres y madres que apoyan el Documento de Bases para una Nueva Ley Educativa, impulsaron un acuerdo sobre medidas urgentes frente a la LOMCE. Tanto Izquierda Unida como el PSOE ya han plasmado su contenido en sendas proposiciones no de ley en el Congreso. Díez apunta que “ninguna de las medidas que emanaron de la comunidad educativa y social para evitar el aumento del fracaso escolar y restituir la democracia y la equidad en el sistema educativo se han tenido en cuenta en este pacto de intereses ocultos”.
El PP refuerza la privatización educativa con el apoyo de Ciudadanos. El acuerdo a que estas dos formaciones han llegado en materia de educación impulsa la financiación con dinero público de opciones educativas privadas, mediante conciertos y cheques escolares, algo en lo que se pueden convertir lo que denominan “ayudas dirigidas a las familias”.
La ideología neoliberal de ambos no concibe la educación como un derecho social universal, sino como un bien particular y una inversión personal de futuro. “De ahí que apuesten -explica el dirigente federal de IU- por potenciar la preferencia de selección de centro, algo que llaman eufemísticamente “libertad de elección de centro”. Esto conduce a la selección por segmentos sociales y a la segregación, además de consolidar la financiación pública de las opciones educativas privadas, de las congregaciones religiosas católicas y las corporaciones empresariales que han visto la educación como un nicho de mercado con el que hacer negocio”.
IU sostiene que “de esta forma, PP y Ciudadanos se desentienden de la educación pública y trasladan recursos desde las escuelas públicas ya empobrecidas por los constantes recortes económicos hacia las escuelas privadas. Convierten la educación en un negocio”.
Pretender fomentar el pago por resultados en colegios y universidades. Con esta práctica, importada del modelo de gestión empresarial neoliberal, la financiación ya no dependerá de las necesidades de los centros, sino de los resultados que consigan o del puesto en el ranking donde se sitúen.
El acuerdo especifica, por ejemplo, que “la financiación [de los programas de refuerzo educativo] se mantendrá si el centro muestra mejoras en sus niveles de desempeño educativo y si reduce sus tasas de repetición y abandono escolar” y que “las universidades recibirán financiación adicional basada en criterios como la empleabilidad lograda, la consecución exitosa de programas de investigación o el impacto internacional de su producción científica”.
El coordinador del Área de Educación de IU denuncia que “entienden que formar personas es equivalente a producir tornillos, como si se pudieran ‘medir’ sus resultados de una forma contable administrativamente, sin tener en cuenta los numerosos factores que les afectan y las visiones tan diferentes sobre lo que se consideran ‘resultados adecuados’ en el proceso de formación educativa en infantil, educación obligatoria, postobligatoria o universitaria”.
Plantean un ‘Estatuto del Personal Docente’, basado en el ‘Libro Blanco de la Función Docente’. Es decir, basan su propuesta en un libro blanco elaborado e impuesto por el PP, sin contar con la participación de los propios interesados, el profesorado y sus representantes sindicales, y a favor de los corporativos colegios profesionales. Además, lejos de regular las normas correspondientes a su trabajo, con una imprescindible reducción de las actuales ratios, grupos y horas de clase, para conseguir una docencia de calidad, lo que proponen es un modelo de desarrollo profesional vertical y una dirección técnica en la que ligan el sueldo a los resultados de los centros y al desempeño del alumnado.
Del contenido de este “pacto contra la comunidad educativa” se pueden criticar también cuestiones como que el “aumento del número de plazas en escuelas infantiles” no sea en la escuela pública, o que se siga “impulsando la FP Dual”, que no ha dado resultado en nuestro país con el actual tejido empresarial y que en Alemania está en franca retirada.
Pero igual de importante es lo que se plasma en el acuerdo como lo que no se dice. Enrique Díez enumera que:
Nada dice de eliminar el modelo antidemocrático de designación de directores y directoras, ni de restituir las competencias de los consejos escolares. Nada dice de suprimir las subidas de las tasas universitarias, ni de paralizar el 3+2 en las universidades. Nada dice de impedir más recortes en la escuela y la universidad pública o de revertir los que se han hecho. Nada dice de una educación laica y científica, donde la religión confesional quede fuera de la escuela. Nada dice de eliminar las evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings de colegios. Nada dice de eliminar el doble itinerario en cuarto de la ESO, que impide a mucho alumnado la posibilidad de cursar bachillerato.
“Pero -concluye el dirigente de Izquierda Unida-, sobre todo, nada dice este pacto de comprometerse a elevar el presupuesto de educación que el PP ha dejado en un 4%, hasta alcanzar la media europea de un 6,2% del PIB y tender hacia el 7,5% de los países del norte de Europa, que muestran con hechos que realmente se creen sus declaraciones de que la educación y la universidad es el futuro de un país”.
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