América del Sur/Perú/ 25.11.2017 / Fuente: larepublica.pe/politica.
Beneficios. Recibirán incrementos los auxiliares, docentes de institutos pedagógicos y promotoras del Pronoei.
Los auxiliares de Educación, promotoras del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) y docentes de institutos pedagógicos obtendrán aumentos en sus remuneraciones el próximo año, anunció el ministro del sector, Idel Vexler.
El funcionario explicó que dichos incrementos se harán posibles en virtud de los cambios realizados por su despacho en el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2018, que se encuentra en debate y cuyo plazo de aprobación vence a fines de este mes.
«Ahora, además de las mejoras para maestros y directores que ya hemos anunciado, el próximo año también habrá incrementos salariales para los auxiliares, las promotoras de inicial y los docentes de institutos pedagógicos», sostuvo.
El titular de Educación explicó que no hubo necesidad de modificar la partida inicialmente asignada al Ministerio de Educacion(Minedu), gracias a la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Comisión de Presupuesto, a los que agradeció por su disposición de atender las demandas del sector Educación.
«Los auxiliares, las promotoras del Pronoei y los docentes de institutos pedagógicos son actores importantes en la formación de nuestros estudiantes y también debemos hacer un esfuerzo para incorporarlos en las mejoras a las que ya nos hemos comprometido con los docentes de educación básica», agregó.
A nivel nacional son más de 21 mil los auxiliares de educación que prestan sus servicios en los niveles de primaria y secundaria.
Tutoría
El ministro Idel Vexler resaltó, además, que los recursos reasignados a su sector servirán para volver a implementar la Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa, a través de la cual se promoverá una formación preventiva para evitar el embarazo precoz, la violencia escolar y el bullying.
Fuente de la noticia:http://larepublica.pe/politica/1148889-vexler-anuncia-aumento-de-sueldo-en-sector-educacion-para-el-2018
La entidad que agrupa a empleados del sector público y privado marchará a partir de las 10:00 a.m. de este miércoles desde el Hiram Bithorn hasta la Milla de Oro en Hato Rey.
La Coordinadora Sindical, entidad que agrupa a empleados del sector público y privado, marchará a partir de las 10:00 a.m. de este miércoles desde el Hiram Bithorn hasta la Milla de Oro en Hato Rey, en reclamo de que no se recorte el salario a los empleados públicos.
Luis Pedraza Leduc, miembro de la Coordinadora Sindical, hizo un llamado a los empleados del gobierno y la empresa privada, los retirados y las personas que laboran en sus hogares a movilizarse y participar en la marcha y concentración.
Pedraza Leduc explicó que no hay paro de los empleados públicos, con excepción de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), que decretó detener las labores por 24 horas para denunciar la privatización de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), además de estar en contra de las medidas de austeridad que propone la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El llamado de la Coordinadora Sindical es a marchar hasta la intersección de las avenidas Roosevelt y Muñoz Rivera en Hato Rey, a pasos de las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en las inmediaciones del edificio Seaborne en Hato Rey.
En ese lugar habrá una tarima desde donde a partir del mediodía se darán mensajes en rechazo a “las medidas de austeridad y control fiscal” que impulsa la JCF, y que según Pedraza Leduc, reducirán el sueldo de los empleados públicos en “unos $600 millones”.
“La reducción de sueldo va a llevar a los empleados del gobierno a bajar sus gastos, lo que a su vez es un golpe a las empresas que les dan servicio, como el negocio donde compran sus almuerzos, la recreación, viajes y hasta el pago del agua y la electricidad, que dejarán de pagar”, dijo Pedraza Leduc.
“Esto es una medida más en contra de la clase trabajadora. Se están dando simultáneamente varias cosas. Por un lado se amenaza a los empleados públicos con una reducción en el salario”, y por otra parte las pensiones se convertirán en “cuentas privadas de retiro”.
El líder sindical dijo que hay unos 170 mil trabajadores del gobierno aportando a los sistemas de retiro, y una cifra similar pensionada. “En el 2018 no se sabe dónde estarán las pensiones”, dijo Pedraza Leduc.
La marcha fue convocada por la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, el Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública, la Unión General de Trabajadores, el Sindicato General de Trabajadores, la Central Puertorriqueña de Trabajadores y la Coordinadora Sindical, organismos que agrupan prácticamente la totalidad de los sindicatos del sector público y privado.
Marcharán los maestros
La marcha de los maestros saldrá a las 12:00 p.m. desde las oficinas del Sistema de Retiro de Maestros en Hato Rey hasta las oficinas de la JSF.
“El mensaje de este miércoles (de) los maestrosva a en dos direcciones: defender nuestro sistema de retiro de maestros ante las intenciones del gobierno y de la Junta de Control Fiscal de privatizarlo, al igual que quieren imponer la reducción la jornada laboral”, dijo a endi.com Emilio Nieves, presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), uno de los grupos que integra el Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública.
Se supone que este 1 de septiembre comience la reducción de jornada laboral para los empleados públicos, exceptuando a los policías, en la que no trabajarían dos días al mes, o sea que tendrán una baja en su horario de trabajo en un 10%.
Nieves sostuvo que el 4 de agosto, la Junta también estableció el asunto de privatizar los sistemas de retiro para que las aportaciones que hagan los maestros pasen al sistema privado, convirtiendo el Sistema de Retiro de Maestros en cuentas de aportación definida tipo 401k. Esta movida les eliminaría el derecho de tener una pensión vitalicia.
“La preocupación es que para este año fiscal no se estaría garantizado que el maestro se retire con el 75% de su pensión. No hay garantías”, expuso Nieves.
“Lo que yo aporté en mis 28 años se transferirá al nuevo sistema de retiro, pero ¿y lo que aportó el gobierno, el patrono, está garantizado? Eso no está claro y ha generado mucha incertidumbre. No queremos que destruyan nuestro sistema de retiro”, recalcó Nieves.
Mientras, Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, expuso que lejos de «garantizar» los pagos a los maestros, el gobierno colocó a los empleados retirados a expensas de lo que se determine cada año en el presupuesto.
De hecho, sostuvo que la Junta “empuja con fuerza una reducción en las pensiones que puede alcanzar entre un 10% y un 25%”.
“Junto a esto, hemos sido despojados de importantes derechos laborales mientras la educación pública se encuentra bajo fuego”, señaló.
Como parte del evento masivo, las organizaciones levantarán otros reclamos y denuncias, tales como la reducción en la cantidad de beneficiarios del plan de salud del gobierno, los propuestos aumentos en los costos de estudio de la Universidad de Puerto Rico y el depósito de cenizas y productos de la combustión del carbón en Peñuelas.
La flexibilización y ajuste laboral no reducen el desempleo, no incrementan la productividad, no promueven el crecimiento económico, aumentan la desigualdad de género y la precarización e informalización del empleo. ¿Por qué entonces más de 130 gobiernos, y también instituciones multilaterales de crédito, impulsan reformas que implican la erosión de derechos laborales sin beneficio alguno?
Más de 130 países (de los cuales 96 son países en desarrollo) se han embarcado en los últimos años o planean hacerlo en reformas de políticas y normas laborales pro austeridad con el fin de superar contextos económicos recesivos o prevenir crisis financieras.
Esas reformas usualmente consisten en la congelación o reducción de los salarios, la ampliación de la jornada laboral, la imposición de contratos precarios, la limitación de seguros por accidentes o enfermedades laborales, la facilitación de los despidos y la reducción de la plantilla de empleados públicos. También se incluyen las reformas que han afectado a los sistemas de negociación colectiva, por ejemplo, restringiendo el alcance de los acuerdos sectoriales y rebajando el nivel de la negociación al lugar de trabajo, o permitiendo la negociación con representantes ajenos a los sindicatos.
¿Hay alguna evidencia empírica de que la situación de los trabajadores, de los desempleados, o de la economía en general mejore gracias al debilitamiento de los derechos laborales colectivos e individuales?
Son muchos los casos en que tales reformas han contribuido a un aumento de la desigualdad y la precarización e informalización del empleo, fomentado la discriminación en el mercado de trabajo contra mujeres, jóvenes, mayores y otras personas pertenecientes a grupos sociales marginados, y ocasionado la reducción de la protección social de los trabajadores. Por ejemplo, durante la aplicación del programa de ajuste estructural en México, se observó que el salario medio de las mujeres disminuyó en mayor medida que el de los hombres. Y los despidos en el sector público y la privatización de empresas de propiedad estatal suele afectar al empleo de las mujeres en forma desproporcionada, tal como sucedió en India y en muchos otros países.
La idea de que, en términos generales, los derechos laborales se ejercen en detrimento del desarrollo económico ha sido cuestionada por expertos en los planos teórico y empírico, y se ha demostrado de forma más concreta que las reformas laborales promovidas por las políticas de austeridad habitualmente no contribuyen a la recuperación económica. Esas reformas no mejoran los resultados económicos; por el contrario, causan grandes perjuicios a los trabajadores, que seguirán sintiendo sus efectos durante muchos años. En Grecia y Portugal, la aplicación de las reformas de la legislación laboral coincidió con un drástico aumento del desempleo y un incremento considerable del número de contratos laborales precarios. En Costa de Marfil, se ha observado que las reducciones a los salarios de los profesores, según lo recomendado por el FMI y el Banco Mundial, han afectado negativamente a la calidad de la educación, debido a la consiguiente fuga de cerebros al extranjero.
La desregulación del mercado de trabajo no favorece el crecimiento y el empleo. Por el contrario, en un número cada vez mayor de estudios se viene señalando que las normas del trabajo tienen efectos económicos positivos, entre otras cosas, en la productividad y la innovación. Los especialistas han puesto de manifiesto una serie de funciones de la legislación laboral que favorecen la eficiencia de la economía en vez de perjudicarla. Entre otras cosas, la legislación laboral favorece la coordinación económica, tanto en la empresa como en el mercado.
Otros estudios han determinado que las normas del trabajo tienen efectos positivos en la productividad y el empleo. Existe una correlación positiva a largo plazo entre la legislación laboral, incluida la reglamentación que protege a los trabajadores contra los despidos, y la productividad. Además, los datos apuntan a que una jornada de trabajo más corta lleva aparejada una productividad horaria más alta.
Por otra parte, las leyes relativas al salario mínimo o a la protección contra el despido suelen incentivar a los empleadores a utilizar su mano de obra de forma eficiente, invertir en tecnología y esforzarse por mejorar su organización. Las normas del trabajo contribuyen además a la estabilización de la demanda en épocas de recesión. Se reconoce con frecuencia que la legislación laboral contribuye a corregir los fallos del mercado y asumir una función contracíclica.
Los efectos económicos de una normativa laboral robusta tienen un efecto positivo en la distribución de los ingresos.
Por ejemplo, en un análisis de los datos de 20 países de la OCDE, no se encontró ninguna relación entre el debilitamiento de las instituciones del mercado de trabajo y una disminución del desempleo, mientras que se determinó que había correlación entre la negociación colectiva coordinada y un desempleo más bajo. A tal punto que el Comité Europeo de Derechos Sociales llegó en 2014 a la conclusión de que el hecho de que el gobierno de España permitiera que los empleadores dejaran de aplicar, unilateralmente, las condiciones estipuladas en los convenios colectivos, contravenía el artículo 6, párrafo 2, de la Carta Social Europea.
Se ha llegado a conclusiones similares con respecto a las repercusiones de ciertas normas laborales en la innovación. Según un análisis de cuatro países de la OCDE entre 1970 y 2002, un elevado grado de protección contra el despido arbitrario fomentaba la innovación entre los empleados.
En lo que respecta a los países en desarrollo, los elementos que apuntan a una incidencia negativa de la protección laboral en los resultados económicos de un país parecen poco contundentes. Los informes sobre Argentina, por ejemplo, indican que la desregulación del mercado de trabajo parece haber reducido las elasticidades del empleo en vez de aumentarlas. Un estudio sobre los BRICS —Brasil, Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica— indicó que las leyes sobre huelgas no tenían efectos notables en el desempleo, mientras que un alto grado de protección en las leyes de representación de los trabajadores guardaba una correlación parcial con el desempleo, a veces incluso negativa.
En un plano macroeconómico, parece claro que la presión a favor de la flexibilización de los mercados de trabajo a fin de fomentar el crecimiento impulsado por las exportaciones, lleva a la reducción del consumo, las exportaciones netas y el empleo. La reducción de los ingresos de grandes sectores de la población resultante de las reformas de flexibilización de la legislación laboral causa una contracción de la demanda, lo cual termina agravando la crisis.
Las crisis económicas y financieras no son el resultado de una regulación excesiva del trabajo, por lo que la desregulación laboral no ayuda a superarlas.
De hecho, las reformas laborales adoptadas en los últimos años en el marco de políticas de austeridad no parecen haber ayudado a los países (ver por ejemplo los europeos) a recuperarse ni han permitido reinstaurar un acceso al empleoequivalente al previo a la crisis. En lugar de ello, han socavado los derechos laborales y otros derechos sociales consagrados en el derecho internacional y doméstico. Lo que de hecho se necesita para fomentar el crecimiento inclusivo son medidas de reforma guiadas por el contenido normativo de los derechos laborales consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos que fomenten la igualdad de género, favorezcan el empleo y proporcionen mayores posibilidades de ejercer esos derechos a los grupos y las personas marginadas.
Si el menoscabo de los derechos laborales no reporta beneficios justificables, ni siquiera para titulares de derechos que están fuera del mercado de trabajo, y si la reducción de los derechos laborales no permite un mayor disfrute de los derechos económicos y sociales de toda/os ni tracciona una recuperación o crecimiento económico, esas medidas regresivas no pueden considerarse respuestas admisibles frente a las crisis económicas y financieras.
Esto pone además de relieve la posible importancia de otros factores que están detrás de las reformas de desregulación y socavan la normativa laboral, como el sesgo ideológico y las intenciones no declaradas de adoptar medidas regresivas en materia de distribución.
Este ensayo sintetiza el informe que el autor, como Experto Independiente sobre Deuda Externa y Derechos Humanos de la ONU, presentó en marzo de este año al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra.
Perú/Julio de 2017/Autora: María José Gallo Gold/Fuente: El Comercio
Dos sectores claves del aparato público se encuentran inmersos en masivas huelgas que demandan, principalmente, incrementos salariales. Si bien es innegable que los profesores y médicos deberían estar mejor remunerados, ¿puede el gobierno, en este momento, permitirse mayores sueldos? Dada la frágil situación fiscal en la que se encuentra el país, esto no sería viable, lo que podría explicar que las negociaciones en ambos sectores se encuentren hasta la fecha en un punto muerto.
EL SECTOR EDUCACIÓN
La huelga de docentes en Cusco ya suma hoy 23 días y, el viernes, el Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú (Sutep) anunció que el 13 de julio suspenderán las clases por 24 horas. Los docentes exigen al Gobierno elevar el piso salarial a S/4.050, lo que representa más del triple del sueldo mínimo en la escala de remuneraciones actual (S/1.200). Esto a pesar de que el Ministerio de Educación ya tenía programado que en agosto el piso salarial suba a S/1.781 y a S/2.000 en enero del próximo año, como prometió el presidente Pedro Pablo Kuczynski durante la campaña.
Actualmente, el sueldo promedio de los 300 mil profesores del sector público se encuentra en alrededor de S/1.800. Comparado con los sueldos –en general– en el Perú, este monto se ubica en el cuadrante inferior (percentil 25). De llegarse a la meta –que se fijó en la gestión del entonces ministro Jaime Saavedra– de un sueldo promedio de S/3.600 en el 2021, la remuneración de los docentes se acercaría a la mediana (en la escala de los sueldos en el país), lo usual de acuerdo a la experiencia internacional.
Para llegar a este objetivo, sería necesario sumar al presupuesto estatal entre 1 y 2 puntos porcentuales del PBI adicionales al 3,8% que se destina actualmente al sector educación, señala Hugo Ñopo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). “Entonces, ¿a qué sector le quitarían recursos en el presupuesto para cumplir con las demandas actuales?”, reflexiona el especialista.
Ñopo subraya que los incrementos de sueldo a los profesores deben, necesariamente, estar asociados a resultados de evaluación para resguardar la meritocracia en la carrera docente.
EL SECTOR SALUD La magnitud de los problemas del sector salud es conocida y una constante preocupación para quienes lo intentan reformar desde el sector público. Y, ahora, 24 mil médicos en todo el Perú se encuentran en una huelga indefinida desde el martes, lo que afecta la atención en 8.500 establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa).
Entre las demandas de la Federación Médica del Perú (FMP), que ha convocado la huelga, se encuentran: la renuncia de la ministra de Salud, Patricia García, por no haber demostrado que es capaz de resolver los problemas del sector en su primer año de gestión, el cumplimiento de la promesa de campaña del presidente para el presupuesto del sector este año – que se aumente S/330 millones a los S/3.500 millones actuales– y que se homologue el sueldo de los médicos del Minsa con los de Essalud (que ganan casi el doble), como lo prometió el gobierno anterior en el 2014.
El pedido de mayor presupuesto resulta contradictorio si se observa que el nivel de ejecución de los últimos 10 años del sector ha sido, en promedio, 68%. De hecho, el ex ministro de Economía Alonso Segura cuenta que era usual cada fin de año transferir recursos que no se habían gastado –y no se iban a poder gastar– a otros sectores con mayor capacidad de ejecución. Esto para evitar grandes sumas de “continuidad” en el presupuesto del siguiente año.
El mayor problema en la capacidad de gasto del sector se encontraría en que los médicos no solo ocupan cargos como profesionales de la salud, sino que también ocupan la mayor parte de los cargos administrativos del sector, afirma Carlos Oliva, director de la maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y ex viceministro de Hacienda entre el 2011 y el 2015.
ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
Los pedidos de ambos sectores no son menores, sobre todo frente a la débil situación fiscal actual en la que se encuentra el país. Y es que no solo se ha desacelerado la economía (que de acuerdo al consenso crecería entre 2% y 2,5% este año), sino que esto ha venido acompañado por una fuerte caída en los ingresos del Estado medidos como porcentaje del PBI.
Esta tendencia se debe a la desaceleración de la economía en el PBI no primario, el menor precio de los commodities que exportamos y el costo fiscal permanente de la reforma tributaria que ha puesto en marcha el gobierno, detalla el economista y ex jefe de la Sunat Luis Alberto Arias.
El especialista sostiene que, para revertir la menor presión fiscal, sería necesario lograr un consenso político para revisar las exoneraciones de impuestos y eliminar el nuevo régimen mype tributario. “Pero hay que tomar en cuenta que la caída de los ingresos es mucho más rápida que su recuperación”, enfatiza Arias.
En este contexto, el escenario para un incremento en el gasto corriente (remuneraciones y gastos administrativos) del sector público resulta aun más sombrío cuando se toman en cuenta las reglas de gasto que propuso el MEF el año pasado, en las que se prevé que el gasto corriente crezca menos y se reduzca como porcentaje del PBI y, por el contrario, que el gasto de capital (inversión pública) crezca. También, es importante destacar que solo la ley que iguala las pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú con personal en actividad (aprobada por el Congreso y observada por el Ejecutivo) representa 15% de lo que podría crecer el gasto corriente según la regla.
Pero el incremento de remuneraciones también pondría en jaque la situación fiscal dado que incrementa la rigidez del presupuesto público, advierte Carlos Montoro, director de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal. Según el último reporte de dicha institución, el aumento de gasto menos flexible en el presupuesto, que en el último quinquenio ha representado casi tres cuartos de todo el gasto corriente, podría poner en riesgo las metas de déficit trazadas por el MEF.
El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, en la que alcanzaron acuerdos sobre los derechos laborales de los docentes de la Sección 59 y el impulso a la calidad educativa en la entidad.
En el encuentro, en el que también participó la secretaria general de la Sección, Victoria Cruz Villar, se analizó ampliamente la situación que atraviesan los trabajadores de la educación y la necesidad de elevar los estándares de calidad en las escuelas públicas de la entidad.
Díaz de la Torre resaltó el compromiso y vocación que, a pesar de las adversidades, han mantenido los maestros de la Sección 59 de Oaxaca para no dejar sin clases, ni un solo día, a sus alumnos y agradeció la sensibilidad del mandatario para atender sus demandas.
A su vez, Murat Hinojosa reconoció el trabajo de los maestros del SNTE y se comprometió a mantener la garantía de sus derechos laborales, así como a desarrollar las condiciones necesarias para mejorar la calidad educativa.
Por: Meritxell Freixas Martorell/El diario de la educacion/16/6/2017
Los profesores han salido a la calle para exigir mejoras salariales y derechos laborales, y cambiar un modelo que asfixia el sistema de enseñanza desde los tiempos de la dictadura de Rafael Videla.
El curso escolar argentino avanza sin que se muevan las fichas del conflicto que marcó el inicio del año lectivo en este país. El pasado mes de marzo, decenas de miles de docentes se movilizaron durante 40 días para exigir al gobierno liberal de Mauricio Macri mejoras laborales, en un intento por terminar con los severos efectos que la descentralización educativa ha dejado en el país desde que se instauró durante la dictadura.
Las y los maestros exigen al Ministerio de Educación que convoque a paritarias nacionales, un mecanismo que reúne en una mesa de negociación al Ejecutivo, las provincias y los principales sindicatos de la enseñanza, para regular el aumento salarial mínimo a partir del cual las distintas regiones establecen su propia proporción, mayor o igual a la cifra nacional según cada jurisdicción.
“El conflicto sigue abierto a pesar de que hoy no se estén desarrollando medidas de fuerza contundentes”, explica Mariano Garrido, secretario de asuntos pedagógicos de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), el segundo sindicato más grande de la capital federal. Según el representante, la discusión, en términos formales, no ha concluido, “aunque la pretensión del gobierno es darla por cerrada”.
Macri decidió unilateralmente, a principios de este año, no abrir el debate porque considera que la paritaria de 2016 ya estableció una actualización automática de los sueldos de los maestros en función del salario mínimo. Pero el gremio critica que el Ejecutivo no tomó en cuenta el coste que representa hoy día la inflación del país suramericano, que se ha disparado exponencialmente en los últimos dos años.
En 2016, el salario mínimo aumento solo un 18%, para una inflación del 40%. “Si este porcentaje se mantiene en 2017, con una estimación de la inflación cercana al 28%, el salario de los profesores perdería parte de su valor, de nuevo”, expone Garrido.
Los sindicatos docentes, liderados por las organizaciones de Buenos Aires, donde se concentran casi la mitad de las matrículas del país, rechazaron de inmediato la oferta del Ejecutivo y aseguran que no aceptarán otra cifra que quede por debajo del 35%. Además, según dicen, este piso ni siquiera es el ideal ya que afirman que para no tener pérdidas el aumento tendría que ser del 50%.
Más allá del ajuste salarial, los maestros acusan las duras condiciones laborales que los llevan a trabajar dobles turnos y que fomentan la sobreexplotación porque “con un solo salario no se vive”, dice el secretario sindical, quien además de trabajar en un colegio de primaria, da varias clases a la semana de Lengua y Literatura española en un instituto de secundaria. “Además de todo lo que implica prepararse las clases, corregir, asistir a capacitaciones, etc., hay que trabajar más horas y esto implica el deterioro inevitable de las condiciones de enseñanza y aprendizaje”, sostiene.
Fotografía cedida por Ademys
Una herencia de la dictadura
El trasfondo del conflicto entre el Gobierno y los trabajadores de la educación se remonta a los tiempos de la dictadura. En 1978 Rafael Videla impuso por decreto la descentralización de los servicios educativos primarios, que fueron transferidos a las provincias. El proceso se agudizó durante el gobierno liberal de Carlos Menem de principios de los 90 que, siguiendo los preceptos del Fondo Monetario Internacional, transfirió a las regiones la totalidad de las escuelas secundarias, los institutos técnicos y las escuelas privadas, y recortó los fondos estatales a la escuela pública. Fue el mismo período en el que se privatizaron empresas estatales, llegó la flexibilización laboral y la desinversión en políticas sociales.
Con la llegada de los gobiernos ‘kirchneristas’, los sindicatos docentes se hicieron un lugar en el diseño de las políticas educativas. Un logro que, a pesar de que no conllevó cambios estructurales en el modelo, culminó en 2006 con la promulgación de la Ley de Financiamiento Educativo, que significó una cierta recuperación de la inversión educativa. Se creó un Fondo Nacional de compensación de desigualdades salariales y se habilitó la paritaria para promover la negociación colectiva del salario mínimo anual.
“Con la descentralización se crearon escuelas de primera, segunda y tercera categoría porque había provincias que podían garantizar los servicios educativos, pero muchas otras no”, señala Gabriel Castillo, miembro del comité del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de la provincia bonaerense, que es el mayoritario de la región con más de 6.000 afiliados.
De hecho, las diferencias entre los salarios de los profesores de una parte u otra del país pueden llegar a ser del doble. Es el caso de la remuneración bruta de un maestro con 10 años de antigüedad de algunas provincias patagónicas, como Tierra del Fuego o Santa Cruz, que es el doble de lo que ganan en las zonas del noreste del país, como Chacao o Formosa.
Castillo, que ejerce como profesor de Historia, afirma que las reformas de los 90 “ampliaron más la brecha que existía en cuanto a presupuesto, salarios, alimentación escolar, infraestructura y calidad de los servicios, entre las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires”.
Además de las desigualdades en las condiciones de trabajo, la ausencia del Estado en el financiamiento educativo tiene efectos que se reflejan en las diferencias de los currículos escolares, las asignaturas o los años de escolaridad porque el sistema de educación en la provincia de Buenos Aires no coincide con el de las otras regiones.
“Hasta el final”
Los docentes argentinos se unen hoy para revindicar viejos “pendientes” que nunca terminaron de concretarse. Como en marzo de 1988, cuando durante 43 días protagonizaron la Marcha Blanca que se convirtió en una fecha histórica para la lucha en defensa de la escuela pública. Los profesores reclaman que se convoque la paritaria nacional en el marco del aumento del presupuesto educativo: “Estamos dispuestos a llegar hasta el final”, exclama con convencimiento Gabriel Castillo.
El fin de semestre se viene intenso. Ante la pasividad del Gobierno, los sindicatos están discutiendo si convocan nuevas medidas de fuerza antes de las vacaciones de invierno que en poco más de un mes llegan al hemisferio sur. “Todo dependerá, en gran medida, de si se puede llegar a un grado de articulación porque el nivel de fragmentación hace que las provincias muchas veces peleen por separado, y no siempre acompañadas de la CETERA, el mayor sindicato a nivel nacional”, asegura Mariano Garrido.
Y es que lo que sí ha conseguido Mauricio Macri en estos meses es algo que hasta ahora parecía imposible: unir al movimiento sindical argentino, incluso a los trabajadores de escuelas privadas. Más allá de las tradicionales disputas por los lineamientos políticos de cada organización, los docentes quieren mantenerse cohesionados y unir a su demanda a otros colectivos. El desafío no es fácil: sólo en la jurisdicción de Buenos Aires existen 17 sindicatos de trabajadores de la educación.
El llamado, en esta ocasión, se hace extensivo también a padres, madres, estudiantes e incluso a los que no están afiliados. Los maestros no quieren dar la pelea solos y sienten que la movilización es responsabilidad de toda la comunidad educativa. “Esto va más allá de los salario, es una lucha por recuperar nuestra educación pública”, concluye Castillo.
Fotografía cedida por Ademys* Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/06/14/la-lucha-de-los-docentes-argentinos-por-el-suspenso-de-macri-en-educacion/
La renovada Comisión Ejecutiva General de la FECCOO aborda los próximos cuatro años, tras concluir su último congreso celebrado la semana pasada en Madrid bajo el lema “Educar para Transformar”.
El poder de transformación de la educación y la necesidad de que los docentes participen en la definición de la política educativa en España figuraron en el centro de las discusiones, los debates y las plenarias durante el 12º Congreso de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO (FECCOO), afiliada a la Internacional de la Educación (IE).
Los delegados y delegadas reeligieron para el cargo de como secretario general a Francisco García Suárez, quien afirmó que “las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza son clave para convertir la educación en una herramienta de transformación social”. Presentó el plan de acción del sindicato para los próximos cuatro años, fijándose el objetivo de recuperar los derechos laborales hurtados a los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza en España, tras casi una década de recortes en el sector. El sindicato seguirá además luchando por la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), rechazada por los docentes por llevar implícitas medidas de austeridad y por su apertura hacia la privatización.
El Congreso incluyó un seminario internacional con la presencia de líderes sindicales procedentes de más de una veintena de países, incluyendo a David Edwards de la Internacional de la Educación (IE) y Lily Eskelsen García, presidenta de la National Education Association (NEA), que presentó su libro Agitadores: Luchadores Valientes por la Justicia. Eskelsen estuvo acompañada por destacadas figuras en la defensa de los derechos humanos en España, como el juez Baltasar Garzón y la abogada Cristina Almeida.
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