El Desempleo en junio fue 7,5% en hombres y 9,0% en mujeres y 26,9% entre personas de 14 a 24 años
Publicado el 7 de agosto
Empleo y producción
2 minutos de lectura
La tasa de desempleo es mayor entre personas con ciclo básico o educación media superior completa que entre personas con ciclo básico incompleto o menos.
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó este miércoles las cifras de actividad, empleo y desempleo de junio por sexo, ascendencia étnico-racial, grupos de edades y nivel educativo. Vale recordar que ese mes la tasa de actividad se situó en 63,8%, la tasa de empleo en 58,6% y la tasa de desempleo en 8,1%.
En junio, por sexo, la tasa de desempleo fue de 7,5% en hombres y 9,0% en mujeres, la actividad fue de 72,9% en hombres y 55,5% en mujeres, mientras que la tasa de empleo se ubicó en 67,4% en hombres y 50,5% en mujeres.
Por su parte, también por sexo, la tasa de no registro fue de 22,0% en hombres y 21,3% en mujeres, mientras que la tasa de subempleo fue de 7,1% en hombres y 11,3% en mujeres.
En la apertura por ascendencia, el informe del INE dice que el desempleo es mayor entre las personas de ascendencia “afro/negra” (12,3%) que entre personas de ascendencia “blanca” (7,6%) y “otra” ascendencia (9,1%).
Teniendo en cuenta también la ascendencia, la tasa de no registro se ubicó en 30,9% entre personas de ascendencia “afro/negra”, en 20,6% entre personas de ascendencia “blanca” y en 22,3% entre personas de “otra” ascendencia. A su vez, la tasa de subempleo fue de 14,1% en personas afro, 8,4% en personas blancas, y 9,1% en personas con otra ascendencia.
En la apertura por edades, el desempleo en junio ascendió a 26,9% entre personas de 14 a 24 años, 10,4% entre personas de 25 a 29 años, 7,6% entre personas de 30 a 34 años, 4,7% entre personas de 35 a 44 años, 3,8% entre personas de 45 a 54 años, 3,0% entre personas de 55 a 64 años y 3,7% entre personas de 65 años y más.
Finalmente, por edades, el informe del INE dice que la tasa de desempleo en junio fue mayor entre personas con ciclo básico o educación media superior completa (10,1%) que entre personas con ciclo básico incompleto o menos (9,5%). En tanto, fue de 8,2% en personas con educación secundaria completa o terciaria incompleta y de 2,4% entre personas con educación terciaria completa o posgrado.
En cuanto a las tasas de actividad y empleo por nivel educativo, la primera fue de 49,0% en personas con ciclo básico incompleto o menos, 66,3% entre personas con ciclo básico completo o educación media superior incompleta, 71,8% entre personas con educación secundaria completa o terciaria incompleta, y de 81,7% entre personas con educación terciaria completa o con posgrado; mientras que el empleo fue de 44,3% en personas con ciclo básico incompleto o menos, 59,6% en personas con ciclo básico completo o educación media superior incompleta, 65,8% en personas con educación secundaria completa o terciaria incompleta, y 79,7% en personas con educación terciaria completa o con posgrado.
La Oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat), informó que en abril de este año 76 mil 695 solicitantes de asilo por primera vez (ciudadanos no pertenecientes a la UE) solicitaron protección internacional en países de la UE, un aumento del 12% en comparación con abril de 2023 (68 mil 535).
En abril de 2024, los sirios seguían siendo el grupo más numeroso de personas que solicitaban asilo (12 mil 75 solicitantes por primera vez). Les seguían los venezolanos (6 mil 125) y los afganos (5 mil 610), indica Eurostat en una nota publicada en su portal web.
Además, hubo 7 mil 260 solicitantes posteriores, lo que representa un aumento del 26% en comparación con abril de 2023 (5 mil 750).
Alemania (18 mil 585), España (15 mil 430), Italia (13 mil 485) y Francia (10 mil 505) siguieron recibiendo el mayor número de solicitantes de asilo por primera vez, representando el 76% de todos los solicitantes por primera vez en la UE.
En abril de 2024, el total de solicitantes de asilo por primera vez en la Unión Europea fue de 17,1 por cada 100 mil personas.
En comparación con la población de cada país de la UE (el 1 de enero de 2024), las tasas más altas de solicitantes por primera vez se registraron en Chipre (163,6), seguido de Irlanda (37,9), Grecia (36) y España (31,7).
También 2 mil 790 menores no acompañados solicitaron asilo por primera vez en la UE, la mayoría de ellos procedentes de Siria (935) y Afganistán (405).
Esta información procede de los datos mensuales sobre asilo publicados el 19 de julio por Eurostat. El artículo presenta algunos hallazgos que se pueden abordar con más detalle en Statistics Explained.
Ante las manifestaciones contra el proyecto insignia de Milei en Argentina, el Gobierno argentino desplegó un operativo desmedido que terminó con decenas de heridos y al menos tres detenidos.
Patricia Bullrich lo hizo de nuevo, aunque esta vez fue aún más lejos. En las inmediaciones del Congreso volvieron a verse militares golpeando a jubilados, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) disparando con balas de goma sobre manifestantes y agresiones físicas sobre periodistas y fotógrafos y hasta contra algunos de los diputados que bajaron desde el recinto a la calle para intentar frenar el circo represivo.
El gas pimienta disparado a los ojos de protestantes fue el protagonista de la jornada, junto a la motorizada de la PFA (el Grupo GOM), la elegida esta vez para ir al ataque.
La cacería se extendió hasta entrada la noche contra cualquiera que se moviera en las inmediaciones de la Plaza Congreso, y dejó como consecuencia unos 60 heridos –uno de ellos, abogado relacionado con los organismos de Derechos Humanos, podría perder un ojo– y al menos tres detenidos. La violencia se desató incluso sobre personas que estaban ya en la calle cuando las organizaciones estaban en plena retirada. Todo mientras, en la Cámara de Diputados, el oficialismo avanzaba hacia la aprobación en general del proyecto de Ley Ómnibus –o de lo que queda de él–.
La ministra de Seguridad podría decir que pudo aplicar el protocolo de calles liberadas, la clave de su gestión, pero paradójicamente fueron las propias fuerzas las que mantuvieron cortada al tránsito varias horas las avenidas Entre Ríos y Rivadavia. Tras la represión, los únicos que quedaron en pie fueron las camionetas de Gendarmería, los colectivos blindados (autobuses) de Infantería y los camiones de agua.
Manifestantes protestan contra el proyecto de ‘ley ómnibus’ en las inmediaciones del Congreso Nacional hoy, en Buenos Aires (Argentina). — Luciano González / EFE
La represión se desató sobre un grupo de organizaciones de izquierda que mantenían cortada Rivadavia a la altura del Cine Gaumont. El impacto de las primeras balas de goma, que lanzó el Grupo GOM, fue señal suficiente para la separación.
Con las calles liberadas, la cacería siguió durante varias horas, e incluyó palazos y gases incluso sobre las calles y la Plaza, cuando la mayoría de los militantes intentaban escapar. Varios de ellos fueron alcanzados por los balines, que no discriminaron a periodistas y fotógrafos. A Matías Aufieri, abogado del CeProDH/PTS, uno de los impactos le causó una herida grave en el ojo, y al cierre de esta edición permanecía en el hospital Santa Lucía con pronóstico privado.
Ante las manifestaciones contra el proyecto insignia de Milei en Argentina, el Gobierno argentino desplegó un operativo desmedido que terminó con decenas de heridos y al menos tres detenidos.
Parar la represión
Varios legisladores de Unión por la Patria y el FIT decidieron reaccionar ante la represión y mandaron órdenes para suspender la sesión y pasar a un plan intermedio, pero ambos fueron rechazados. «No se puede sesionar así. Hay que seguir debatiendo pero en un marco de paz y tranquilidad, no con este operativo desmedido que pone en riesgo la vida de la gente. Le pido a Milei que levante la sesión», dijo desde la calle Cecilia Moreau.
El recuerdo de la represión de diciembre de 2017 contra la movilización que fue a rechazar la reforma previsional de Mauricio Macri flotaba en el aire. «A (Emilio) Monzó ya le pasó en 2017, que no pudo seguir sesionando por la represión. Nada bueno puede pasar cuando en la calle hay este nivel de deshumanización», apuntó Moreau. Aquella vez, hubo un enfrentamiento entre las organizaciones y la policía; este jueves, no hubo nada parecido: la cacería y la persecución –sumado a lo desmesurado del operativo–fueron la consecuencia de una orden política que estaba clara desde el inicio.
Los diputados opositores se retiraron más tarde de la sesión y dejaron dentro del recinto a los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el espacio que lidera Miguel Ángel Pichetto. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue captado por la cámara de un teléfono celular mientras seguía en su portátil la represión policial en la plaza a la par que rechazaba en el recinto hacer un intento para frenar la violencia.
Manifestantes protestan contra el proyecto de ‘ley ómnibus’ en las inmediaciones del Congreso Nacional, hoy, en Buenos Aires (Argentina). — Luciano González / EFE
Pasadas las ocho de la tarde se sumaron a las protestas en las inmediaciones del Congreso los diputados de UxP Santiago Cafiero, Julia Strada, Máximo Kirchner, Aldo Leiva, Leandro Santoro y Sergio Palazzo, entre otros. Algunos de ellos reclamaron dialogar con funcionarios de la cartera de Bullrich o con los efectivos a cargo del operativo. Al igual que durante la represión del miércoles, no estaban: las fuerzas avanzaron sobre los manifestantes sin cuestionar una orden de retirada previa o entablar alguna conversación con los referentes de las organizaciones para llegar a un acuerdo. La idea siempre fue reducir a cualquiera que se haya movilizado contra el proyecto insignia del Gobierno, fuese de la forma que fuese.
La diputada del FIT, Myriam Bregman, expuso el circo. «Bullrich juega otra vez a la represión. La manifestación era pacífica, frente al Congreso, un lugar histórico donde siempre se protestó en democracia. Y la ministra reprime a mansalva y termina cortando ella misma la calle», denunció. «No se puede naturalizar que se detenga gente en la calle, vamos a entrar y pedir una reunión con los presidentes de bloque para suspender la sesión hasta que levanten el operativo», agregó Bregman.
Palos desatados
La movilización había sido convocada por el Polo Obrero, el MST, Barrios de Pie y distintas agrupaciones del FIT, además del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, trabajadores de Madygraf y la agrupación Unidxs por la Cultura. También el espacio Patria Grande, de Juan Grabois, convocó a manifestarse, en respuesta a la represión del día anterior, que había dejado otros seis detenidos. A la manifestación también se sumaron algunas asambleas de barrio que se oponen al proyecto de ley ómnibus y otras organizaciones como la UTEP.
El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, había advertido antes que podría repetirse la represión. «Convocamos a una movilización, si alcanza, en la calle del Congreso, y si se desborda. Bullrich no puede prohibir una manifestación», dijo.
Dicho y hecho, eso fue lo que terminó sucediendo: los efectivos motorizados de la PFA, escoltados por la policía, avanzaron sobre las filas de las organizaciones que estaban sobre Rivadavia. Lo hicieron mediante palazos, balas de goma, gases lacrimógenos, gas pimienta y el agua de los camiones, todo sobre los cuerpos de los manifestantes, que huyeron hacia el interior de la Plaza.
Manifestantes protestan contra el proyecto de ‘ley ómnibus’ en las inmediaciones del Congreso Nacional hoy, en Buenos Aires (Argentina). — Luciano González / EFE
No conformes con eso, los efectivos continuaron la faena sobre la Plaza misma, desatando una cacería sobre todo lo que se movía. Fotógrafos, periodistas y manifestantes sufrieron heridas de balas de goma. Pese a haber despejado el centro, la mayoría de los militantes y personas que en distintos momentos del día llegaron hasta el Congreso regresaron al punto de inicio de la movilización, lo que provocó más tarde nuevas embestidas de la policía. «Yo sabia/ yo sabía/ que a la casta/ la cuida la policía», fue el lema de la jornada, que se cantó a la par de «la Patria no se vende».
La represión de Bullrich dejó un total de tres detenidos, según CORREPI:Matías Ábalos, Facundo Nicolás Camaño y Aníbal Maidana, todos militantes sociales.
Giuseppe Loprete, jefe de la Misión en Panamá de la OIM, apunta a que la situación en la región podría agravarse, impulsando aún más la migración.
A pesar de las recientes regulaciones implementadas por Estados Unidos y los crecientes riesgos que implica, la migración a través de la selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, no da señales de detenerse. Expertos señalan que diversos factores impulsan este flujo migratorio constante que desafía todas las adversidades.
«Nadie sabe cómo va a ser el próximo año, pero en los próximos meses tenemos que prepararnos para lo peor», declaró el jefe de la Misión en Panamá de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Giuseppe Loprete. Esto apunta a una realidad en la que la situación en la región podría agravarse, impulsando aún más la migraión.
Récord de migrantes pasan por selva del Darién con destino a EEUU
La frontera natural del Darién, conocida por su extensión de 266 km de largo y 575,000 hectáreas de superficie, se ha convertido en un desafiante corredor para los migrantes sudamericanos que buscan alcanzar el sueño americano a través de América Central y México.
Las cifras proporcionadas por el departamento de Migración de Panamá son sorprendentes: desde principios de año hasta agosto, más de 267,000 personas han cruzado el Darién. Esto ocurre a pesar de la advertencia de Estados Unidos de no aceptar migrantes que hayan ingresado irregularmente a través de Panamá.
El gobierno panameño estima que para fines de año, alrededor de 400,000 migrantes habrán cruzado el Darién si el ritmo actual continúa. Esta proyección apunta a una migración persistente que desafía las adversidades.
Migrantes haitianos vadean un río en la selva del Darién el 15 de octubre de 2022, en un recorrido de Colombia a Panamá, con la esperanza de seguir luego su viaje hacia Estados Unidos.
AP/ARCHIVO
La migración sigue en parte debido a la difícil situación en los países de origen. La violencia, la inseguridad, la pobreza y las crisis políticas continúan impulsando a las personas a buscar mejores oportunidades en otros lugares. Además, el impacto del cambio climático en estas naciones también ha empezado a desempeñar un papel importante en el desplazamiento de poblaciones.
Los migrantes también enfrentan peligros en el camino, como animales salvajes, ríos peligrosos y bandas criminales que roban y extorsionan a los viajeros. A pesar de estos desafíos, el flujo migratorio no se detiene, ya que muchos migrantes ven esta ruta como su única opción viable para alcanzar un futuro mejor.
«Suena lógico deducir que la cantidad de fallecidos irá en aumento» por el incremento del flujo migratorio, advirtió el director del Instituto de Medicina Legal de Panamá, José Vicente Pachar.
La falta de alternativas seguras y la esperanza de un futuro más próspero siguen impulsando a las personas a arriesgar sus vidas en esta peligrosa travesía. La persistencia de este flujo migratorio subraya la necesidad de abordar las causas fundamentales de la migración y de promover soluciones globales y cooperación entre los países para afrontar este desafío multifacético.
En un ambiente de precarización creciente, los jóvenes encuentran pocas oportunidades para acceder a un empleo formal, y muy al contrario de lo que podría creerse, estas oportunidades se reducen entre más alto sea el nivel educativo que tengan.
En mayo del presente año, de acuerdo a las cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzaba al 6.5% de ellos, siendo superior a la media nacional del 3.4%, y más del doble que la tasa entre las personas de más de 25 años, que se ubicaba en un 2.8%.
De entre los jóvenes sin empleo, 14.4% de ellos no cuentan con estudios completos de secundaria, mientras que un 85.5% tienen mayor nivel educativo. De acuerdo con Man Power se enfrentan trabajos sin ningún tipo de prestación.
Ante este problema, el gobierno de la 4T asegura que estas alarmantes cifras son el resultado de los gobiernos neoliberales, y se lamenta del abandono a la juventud, que propone revertir con sus programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, las Becas Benito Juárez y las Universidades del Bienestar.
Según la Jornada, Guillermo Santiago Rodríguez, director del Injuve, afirmó que se destinan más de 485 mil millones de pesos para la atención directa de más de 11.5 millones de jóvenes, y según Rodrigo Ramírez Quintana, titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, de la Secretaría del trabajo, la inversión en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es de más de 45 mil millones, para un total de beneficiarios que ya rebasa los 2.3 millones.
Estás medidas, lamentablemente, no ayudan a resolver el problema, y los beneficiarios están lejos de ser las personas más pauperizadas. En primer lugar, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro entrega apenas 5,258 pesos mensuales a los beneficiarios, quienes entran a trabajar sin ser nunca reconocidos como trabajadores, y sin representar ni un sólo gasto para las empresas que participan del programa. En pocas palabras, se trata más de un subsidio a las empresas que de un servicio a los jóvenes, de los cuales solo un 0.8% fueron contratados al finalizarlo.
Por otro lado, y al contrario de lo que sugiere la propaganda del gobierno, este programa no ha alcanzado a las regiones con mayor desempleo ni con más criminalidad. Respecto al primer aspecto, a finales del año pasado, eran 23 municipios los que concentraban, cada uno, más de 6 mil becarios, y de entre estos, siete estaban en Tabasco, siendo que en dicho estado el Inegi registraba tan solo 2 mil 284 jóvenes sin acceso al trabajo ni a la educación. Mientras tanto en Cochoapa el Grande, Guerrero la tasa de desempleo era del 40% y únicamente había 22 becarios. Respecto al segundo punto, muy en contra del eslogan “becarios, no sicarios”, en 9 de los 20 municipios con más homicidios dolosos no había ni un solo becario.
En lo que respecta a las becas Benito Juárez, resulta irrisorio pensar que $840 al mes para alumnos de educación básica y media superior, y $2,450 al mes para alumnos de educación superior son suficientes para costear los estudios de los más necesitados. En los hechos, el apoyo a la juventud es insuficiente y descaradamente favorable para los empresarios.
¿Será que no se necesitan profesionistas en México y por eso no consiguen trabajo los egresados de las universidades, o los que han continuado su bachillerato con alguna carrera técnica, y menos aún los que han hecho algún posgrado? Evidentemente, no. Pero esta situación se combina con una realidad donde la jornada de 8 horas cada vez más se convierte en una mera ilusión junto a una gran cantidad de derechos laborales. Una de las grandes razones por las que no hay empleo es porque a los capitalistas les conviene más pagar a un solo empleado que cubra dos o tres turnos que a dos o tres empleados, y la escasa regulación estatal no hace más que garantizarles ese paraíso.
Para dar una verdadera solución al desempleo que afecta a la juventud hace falta crear empleo de verdad, y una manera sencilla de crearlo —lejos del dogma de la derecha de que se necesita desregular aún más el mercado laboral, incrementando la precariedad y la miseria de los trabajadores— es repartiendo las horas de trabajo sin afectar los salarios (más aún, elevándolos al menos al nivel de la canasta básica), reduciendo la ya ilusoria jornada de 8 horas a 6, y cuidando su cumplimiento más estricto con la ayuda e intervención directa de los trabajadores.
Así mismo, hace falta aumentar la inversión del estado en educación para garantizar ese derecho a la juventud y cualquiera que lo necesite. Basta ya de una educación elitista reservada para los sectores acomodados, que obliga a los jóvenes, desde los 15 años o antes, a abandonar la escuela para trabajar en los sectores más precarizados y desregulados. Hacen falta, becas, sí, pero no unas tan pequeñas como las que presume el gobierno de la 4T, sino becas que cubran también, de menos, una canasta básica.
Urge también que el gobierno y las universidades e instituciones educativas garanticen transporte, comida, guarderías, dormitorios y cualquier otro servicio que garantice que la juventud pueda estudiar sin importar sus condiciones socioeconómicas, todo esto de manera gratuita y con la construcción de mayor infraestructura que cubra el 100% de la demanda, por lo que es urgente un aumento al presupuesto educativo.
América del Sur/Colombia/01-07-2022/Autora: María Angélica García/Fuente: www.publimetro.co
Hablamos con Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio LGBT+ para conocer por qué las empresas aún no los contratan masivamente.
Este 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTI+ en el mundo. Una fecha que visibiliza las luchas que aún continúan por sus derechos, pero también para darle espacio a hablar sobre las barreras de acceso en la sociedad, que enfrentan día a día para tener una vida digna.
Dentro de estos obstáculos se encuentra el panorama de la empleabilidad. Así lo muestran las estadísticas presentadas por el DANE, realizadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
Según la entidad, entre mayo del 2021 y abril del 2022, el 72,9 % de la comunidad estaban dispuestos a trabajar. Sin embargo, las tasas de desempleo alcanzan el 17 %. Cuatro puntos porcentuales más, frente a quienes no pertenecen a este grupo.
Y si lo evaluamos desde un tema educativo, esto no parece ser un problema. Pues la encuesta Pulso Social, evidenció que entre enero y mayo de 2022, de las personas encuestadas, el 24,4 % son profesionales o tienen un posgrado y pertenecen a la comunidad LGBTI+. Mientras que quienes no hacen parte de este grupo solo alrededor del 22 % cuentan con este nivel de estudio.
Para entender más este panorama y conocer cuáles son esos impedimentos para que ellos puedan acceder a un empleo formal sin razón de su orientación sexual o género, PUBLIMETRO habló con Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio LGBT+ Colombia.
Esta institución privada nació en el 2012 como una iniciativa dirigida a fortalecer y empoderar económica y socialmente a la comunidad LGBTI+ del país. Además, realizan un acompañamiento a 160 empresas afiliadas para que consoliden sus estrategias de diversidad e inclusión. De estas, la mitad cuenta con el sello ‘Friendly biz’, que las acredita como espacios libres de discriminación.
Publimetro: ¿Cómo está el panorama laboral para las personas LGBTI+ en el país?
Felipe Cárdenas: Los datos que fueron entregados recientemente por el DANE, evidencian la necesidad de seguir trabajando en programas de empleo incluyente o de entornos laborales libres de discriminación.
Frente a esto, se sigue afirmando un indicador complejo que hay respecto a la empleabilidad trans. Donde aproximadamente solo cuatro de cada 100 personas trans tienen un contrato laboral formal. Esta estadística es bastante importante por que lo que quiere decir es que si bien en el país hay mucha informalidad laboral, en audiencias micro segmentadas como las personas trans, esto es muchísimo más alto.
Es decir, no hay oportunidades de empleo concretas que garanticen sus derechos en materia de seguridad social. O de contribución a sus prestaciones sociales, entre ellas la cotización a pensión, que puede ser la única forma de garantía y estabilidad a largo plazo.
¿Y este panorama de no vincularlos formalmente en los espacios laborales por qué se está dando?
Hay dos causas principales para entender por qué la estadística de empleo formal en personas trans es tan baja. La primera es porque muchos han tenido que interrumpir su ciclo de educación desde tempranas edades, por manifestar que tienen una identidad de género diversa. Por ende el desarrollo de competencias y habilidades laborales se ve truncado.
Entonces sistemáticamente la forma de exclusión social que viven las personas trans revictimiza su condición no solamente de persona diversa, sino de talento con habilidades y competencias para acceder a un puesto de trabajo.
Y a eso le sumas una segunda causa, y es que existe todavía, en muchas Mipymes, una desinformación sistemática que llena de prejuicios, juicios de valor y sesgos inconscientes, a la hora de atraer y reclutar talento diverso en las organizaciones.
Entonces podríamos concluir que las personas trans, ¿son la población más vulnerable dentro de la comunidad LGBTI+, al momento de conseguir empleo?
Definitivamente. Dentro de toda la diversidad sexual, los hombres y mujeres trans son quienes presentan mayor vulnerabilidad para el acceso y la retención del empleo formal a lo largo de sus vidas.
¿Cuáles son las barreras con las que se encuentran las personas de la comunidad al momento de pedir empleo?
Hay tres principalmente que hemos identificado como bloqueo al acceso formal.
Si la diversidad sexual de la persona es muy evidente, bien sea por su foto o porque hay un estudio de sus redes sociales (una práctica muy común en los procesos de selección), en el proceso de recepción de hojas de vida, inmediatamente son excluidas.
Específicamente a hombres gays y mujeres trans, se les está exigiendo libreta militar para aplicar a los procesos de selección y posterior contratación laboral. Sin embargo, esto ha venido cambiando sistemáticamente, desde que la Corte Constitucional aprobó vía sentencia (T-099/15), un mecanismo que exime del requerimiento de libreta militar para mujeres trans.
Cuando la diversidad sexual de la persona no es del todo manifiesta, pero hay dudas, en el paquete de exámenes médicos les mandan a realizar específicamente pruebas de VIH. El cual, no se le está exigiendo a otras personas que no hacen parte de la comunidad.
Y peor aún si el examen serológico resulta positivo, inmediatamente es filtrada en el proceso de selección. Aunque la ley cobija esta situación, es absolutamente común que en muchos lugares sigan practicando este tipo de acciones, aún estando por fuera de la normativa.
Si tenemos tasas de desempleo altas y no están vinculadas formalmente, ¿en que se están desempeñando las personas LGBTI+?
No hay una estadística demográfica en cuanto a cantidad poblacional. Lo que sí tenemos muy identificado es que una de las principales actividades económicas informales, sobre todo posteriormente a la pandemia, es en la industria de la gastronomía; de la belleza y la estética, y los conexos servicios alrededor de ella. E incluso al servicio doméstico.
Estas tres fuentes de ingreso, coinciden con las altas tasas de informalidad. Es decir, en el caso de servicios generales, no todas las personas llegan a compañías para desde allí prestar esta labor. Entonces la relación empleador-jefe se hace netamente verbal.
Y quienes sí cuentan con un contrato formal, ¿en qué sector están más presentes?
En servicios asistenciales o de limpieza, los cuales para acceder a ellos acuden a empresas temporales de empleo. Y el sector líder, en volumen de formalidad, los call center.
Allí están reclutando mucho talento diverso que está pudiendo acceder a un empleo formal, en entornos que también ya empiezan a ser libres de discriminación. Sin embargo, una barrera para nuestra población es el bilingüismo. Una limitante de ya carácter de competencias y no de acceso.
Cuándo ocurre alguna situación de discriminación en el espacio laboral, ¿han evidenciado o no una ruta segura para denunciar?
Muchos de los casos de discriminación en los entornos laborales para procesos de selección o dentro de la empresa, no llegan porque los canales de denuncia internos y externos no estaban formalizados.
Desde 2016 hasta mayo de 2022, hemos podido tramitar un poco más de 200 denuncias de malas prácticas en diferentes empresas, (inclusive que son afiliadas a la Cámara) bien sea en su proceso de reclutamiento, de promoción a vacantes de mayor rango, o de despidos injustificados en casos de diversidad sexual.
El mensaje es claro: hasta que no elevemos la visibilidad de estos canales a lo largo y ancho del territorio nacional, y la gente no se sienta más cómoda en denunciar, no vamos a poder erradicar la discriminación laboral.
De esta manera, ¿qué falta para que las personas LGBTI+ pueda acceder a más empleos formales?
Hay dos grandes desafíos para los próximos diez años, mismo tiempo que lleva la Cámara de Comercio LGBT+.
El primero es lograr una masiva difusión de la visibilidad de empresas que están avanzando en ser entornos laborales incluyentes. Hay mucha gente que no sabe que esto ya existe.
Y el segundo desafío es lograr una desbogotanización de estas iniciativas. Porque estas ya funcionan muy bien en la gran empresa extranjera y colombiana, donde el 95 % de estas se encuentran centralizadas con sus oficinas corporativas en la capital y en Medellín.
Sin embargo, el reto es poder llevarle esto a la Colombia de ciudades intermedias y rurales. Es decir, cómo vamos a lograr que esas Mipymes, que son más del 90 % del aparato productivo del país y de las vacantes laborales de los empleos formales, puedan tener esos espacios libres de discriminación.
Si llegamos a zonas más pequeñas del país, vamos a poder tener una economía con un entorno laboral mucho más incluyente con la diferencia.
Quienes deseen denunciar casos de discriminación laboral, pueden escribir anónimamente al correo talentodiverso@cclgbt.co. O a la línea en Bogotá 060-1-9260404.
Fuente e Imagen: https://www.publimetro.co/noticias/2022/06/28/la-comunidad-lgbti-es-la-mas-preparada-a-nivel-educativo-pero-con-mayor-desempleo-en-colombia/
Doris Martínez fue cocinera en un restaurante de Venezuela que cerró sus puertas; migró a Colombia, enfermó de tanto trabajar de pie ante un fogón, y regresó a su país donde, junto a su esposo e hijos, administra un concurrido quiosco de comida rápida en una carretera de los Valles del Tuy, aledaños a esta capital.
El peruano Johnny Paredes fue vigilante y empleado de un restaurante en Lima hasta que decidió trabajar por cuenta propia como vendedor ambulante de prendas de fantasía, en las mañanas, y comidas y bebidas en las tardes, en el emblemático barrio de Miraflores.
El técnico de computadoras mexicano Jorge de la Teja labora en la capital de su país muchas más horas que en su antiguo trabajo en una empresa de servicios, pero, con el viento a favor del teletrabajo forzado por la covid-19, sus clientes e ingresos han aumentado en los dos años que lleva la pandemia.
En América Latina y el Caribe 140 millones de trabajadores (51 % del total de personas ocupadas) laboran en el sector informal y han sido fuertemente impactados por la covid. Pero, a menudo desde las calles, toman el pulso de la crisis y asumen nuevas tareas o emprendimientos para hacerse con el sustento diario de sus familias.
Desatada la pandemia en marzo de 2020, se perdieron en la región 49,6 millones de puestos de trabajo, tanto formales como informales, y de ellos 23,6 millones ocupados por mujeres, según datos del último panorama laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en febrero.
La informalidad “continúa siendo una de las características más importantes de los mercados de trabajo de la región”, señaló a IPS desde la sede regional de la OIT en Lima la argentina Roxana Maurizio, especialista en economía laboral del organismo.
Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han mostrado que, de ese 51 % de trabajadores en la informalidad, hasta 37 % se ocupan en el sector informal de la economía, más de 10 % en el sector formal y 4 % dentro de los hogares.
En la práctica, «una de cada dos personas ocupadas en la región está en condiciones de informalidad», según la OIT y un tercio labora por cuenta propia, de acuerdo a la Cepal.
La OIT considera empleo informal todo trabajo remunerado (tanto el autoempleo como el empleo asalariado) que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos. Para los trabajadores que lo realizan, añade, la remuneración depende directamente de los beneficios derivados de los bienes o servicios producidos.
La venta ambulante es una de las expresiones de la informalidad laboral que domina numerosas calles de las grandes ciudades de la región, como en este mercado al aire libre en Lima. Foto: Cortesía de Johnny Paredes
Los rostros de las cifras
Paredes, de 46 años, dijo a IPS desde Lima que “en casos como el mío resulta mejor, por la independencia de tener mi propio horario y encogerlo o alargarlo según como resulte la jornada, y porque en la calle gano al día entre 25 y 35 dólares, el doble de lo que me pagaban en los anteriores empleos”.
De la Teja, de 37 años, coincide y explica que en Ciudad de México mantiene a su familia “con holgura, en alimentos y demás gastos del día a día, me ingresan más de 2000 dólares al mes. Pero se hacen difíciles las cargas extras como seguros, o al pensar en viajar de vacaciones”.
Martínez, a sus 50 años, madre de dos varones y tres hembras y ya con tres nietos, aún hace trabajos en el servicio doméstico y de cuidados en las mañanas y al mediodía, y luego va a “Doris Burger”, el quiosco familiar, al que atiende junto a su esposo y dos hijos.
Allí puede ganarse “unos 30 o 35 dólares de lunes a viernes, y hasta 50 el fin de semana. Mucho más que en los trabajos que he tenido ante un fogón desde jovencita, y mejor también porque ingresa algo de plata para varios miembros de la familia”.
Distinta es la situación de Wilmer Rosales, de 39 años, un “todero” (sabe de varios oficios) en Barquisimeto, ciudad a 350 kilómetros al oeste de Caracas, para quien “aquí en el interior (del país) no se consigue casi nada qué hacer y cuando hay, la paga es muy poca, dos, tres, o cinco dólares por una jornada de trabajo, cuando mucho”.
El reparto de comida y otros productos a domicilio se ha instalado como una fuente de trabajo informal en las ciudades latinoamericanas, en un sector impulsado por la pandemia de covid, que llegó para quedarse. Foto: OIT
Recuperación con menos empleo
La OIT mostró en su informe de febrero que el crecimiento económico registrado en la región en 2021, de 6,2 %, ha sido insuficiente para recuperar el mercado laboral, y la tasa regional de desocupación se ubica en 9,6 %.
De los 49 millones de puestos de trabajo que se perdieron en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, aún faltan por recuperar 4,5 millones, en su inmensa mayoría correspondientes a mujeres. Y en total hay unos 28 millones de personas buscando trabajo.
Tras el inicio de la pandemia, la crisis se manifestó de manera atípica y en vez de afectar más a las ocupaciones formales hubo una pérdida mayor de empleos informales, lo que dejó a millones de personas sin ingresos.
En Argentina, México y Paraguay, por ejemplo, la reducción de los puestos informales dio cuenta de más de 75 % de la caída del empleo total durante la primera mitad de 2020. En Costa Rica y Perú este valor fue algo menor, 70 %, mientras que en Brasil y Chile fue de alrededor de 50 %.
La situación se ha revertido, y los países con datos disponibles indican que entre 60 y 80 % de los empleos recuperados hasta el tercer trimestre de 2021 lo fueron en condiciones de informalidad.
Entre los factores que favorecen la recuperación informal está la destrucción de empleos por la pandemia, la mayor facilidad para interrumpir una relación asalariada informal, su mayor incidencia en emprendimientos y empresas pequeñas, como el caso de Martínez, y la imposibilidad de muchos informales para hacer teletrabajo.
Para las mujeres hay importantes rezagos en esta recuperación, por su mayor presencia en sectores fuertemente afectados por la crisis y lentamente reanimados, como hotelería y restaurantes. En sectores altamente feminizados, como el trabajo en el servicio doméstico, la tasa de informalidad supera 80 %.
La informalidad tampoco es benigna con los jóvenes, que enfrentan una mayor intermitencia laboral, explicada en parte por las intensas entradas y salidas de la fuerza de trabajo; y la mayor inestabilidad laboral se asocia a su prevalencia en actividades informales, precarias, de baja calificación.
El teletrabajo es una opción de trabajo informal que prosperó durante la pandemia covid-19 en América Latina y un refugio laboral para las mujeres, especialmente perjudicadas por la abrupta caída del empleo durante el confinamiento y el cierre de actividades no esenciales a comienzos de la crisis sanitaria. Foto: OIT
No dejar a nadie atrás, especialmente a ellas
Con ese panorama, la informalidad representa un desafío a la necesidad y propuestas en la región para producir, al paso de la pandemia y como modo de superarla, una recuperación sostenible e inclusiva, “sin dejar a nadie atrás”, como reza el mantra ya incrustado en el discurso de diversos organismos internacionales.
Maurizio apuesta claramente por la formalización del empleo. “Hoy más que nunca se requiere que la recuperación esté centrada en las personas; en particular, en la creación de más y mejores empleos, empleos formales”, expuso.
La informalidad “continúa siendo una de las características más importantes de los mercados de trabajo de la región. La recuperación económica y social no será posible si no se avanza de manera significativa en la reducción de su incidencia”, destacó la especialista de la OIT.
Una condición necesaria es “avanzar en un proceso de crecimiento económico con estabilidad, reconstrucción del aparato productivo y mejoras persistentes en la productividad”.
Debe haber, según la experta, “un foco particular en la transición digital y los jóvenes; fortalecimiento de las instituciones de trabajo como, por ejemplo, el salario mínimo; políticas de cuidado que permitan a las mujeres retornar y permanecer en el mercado de trabajo; y apoyo a las pequeñas y medianas empresas”.
Asimismo, abogó por que se amplíen los seguros por desempleo, y políticas de protección social y “garantías de ingresos para la población que continúa siendo fuertemente afectada por la crisis”.
La perspectiva de género adquiere “una relevancia central en la recuperación, teniendo en cuenta que de los 4,5 millones de puestos de trabajo que faltan por recuperar, 4,2 millones corresponden a ocupaciones femeninas”.
Se requiere, entre otras medidas, “facilitar el regreso de las mujeres al mercado de trabajo de la mano de una política de inversión en servicios de cuidados integral y de mayor cobertura, que a la vez sea una fuente de empleo formal. Asimismo, apuntalar la recuperación de los sectores económicos con alta presencia femenina”.
La precariedad en las condiciones de trabajo ha sido una característica de la informalidad asociada a la pobreza en América Latina: Foto Marcello Casal /Agencia Brasil
Sindicatos para nueva clase trabajadora
Desde el mundo sindical, el brasileño Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), agregó el reto de “tener un sindicato para la actual clase trabajadora, que en buena parte es precarizada, tercerizada, trabajando desde aplicaciones”.
Esa fuerza de trabajo, “sin contrato laboral y que cada vez más hace parte del sector informal, lo es en grandes proporciones, por ejemplo 70 % en Honduras y 80 % en Guatemala”, dijo el líder del conglomerado sindical con 55 millones de afiliados desde su sede en Montevideo.
La informalidad, estructural en el panorama social y laboral latinoamericano, es una pesada losa para el despegue económico y la justicia social en la región, y mientras los gobiernos formulan estrategias, definen políticas y toman medias, millones de ocupados informales abren el paraguas de la resiliencia para “resolver” su pan de cada día.
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