Educación

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Entrevista OVE: Congreso Nacional Universitario en la Universidad Pedagógica Nacional, México.

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Por: Selene Kareli Zepeda Pioquinto/Investigadora de CII-OVE

En México, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) es una institución pública de educación superior, establecida como organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), creada por decreto presidencial el 29 de agosto de 1978. Tiene la finalidad de formar profesionales de la educación en licenciatura y posgrado para atender las necesidades del Sistema Educativo Nacional y de la sociedad mexicana en general. Asimismo, la UPN está conformada por 70 Unidades, 208 subsedes y tres universidades pedagógicas descentralizadas, siendo estas entidades UPN espacios plurales para el desarrollo de la docencia, la investigación y la difusión. Cada una de ellas está ubicada en distintas regiones de todo el territorio nacional.

Sin embargo, a poco más de cuarenta años de su fundación, aumenta la necesidad por impulsar reformas profundas. Uno de los momentos cruciales que vivó la UPN fue en 1992, cuando por instrucciones del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), publicado el 19 de mayo de ese año en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las Unidades UPN que se encuentran fuera de la Ciudad de México pasaron a depender financiera y administrativamente de los gobiernos de los estados respectivos.

Sin embargo, es desde la Rectoría y el Consejo Académico, órganos de gobierno establecidos en la Unidad Ajusco, Ciudad de México, quienes rigen sobre oferta, actualización, innovación, creación y diseño de los programas académicos, de investigación y de difusión, unificando los planes y programas de estudio de las Unidades UPN en todo el país, algo que genera múltiples controversias.

Es así como, a partir del 2019 se comienza a impulsar el CNU-UPN con mayor fuerza, y se estable que los principales objetivos de este serán:

  • Realizar un diagnóstico institucional de las condiciones actuales y los principales retos que enfrenta la UPN como punto de partida para la transformación a la Universidad.
  • Construir un Proyecto Académico que incluya un modelo educativo a la luz del nuevo contexto del país y del mundo, con un nuevo estatuto jurídico que acompañe el proceso de transformación de la Educación en México.
  • Diseñar una estructura académica y administrativa universitaria pertinente, basada en órganos colegiados y representativos elegidos democráticamente.
  • Definir políticas institucionales de reforzamiento de sus funciones sustantivas: docencia; intercambios académicos y de investigación a nivel nacional e internacional; impulsar la difusión, extensión e intervención para fortalecer a la UPN a nivel local, regional, nacional e internacional.

Por lo antes mencionado, hemos realizado una entrevista a la Dra. María del Pilar Míguez Fernández, quien es miembro del Consejo académico de la UPN como Consejera Titular Representante del Personal Académico de la UPN y de las Unidades UPN de la Ciudad de México. Asimismo, se desempeña como docente en la UPN, Ajusco en la Licenciatura en Educación Indígena, en la Especialización de Género en Educación, así como en la Maestría en Desarrollo Educativo. Ella, como miembro activo de este proceso de transformación, nos comparte parte de los avances y retos del CNU-UPN.

Buenas tardes, doctora, me gustaría iniciar con esta pregunta, a raíz de su experiencia como académica de la UPN, ¿cuál es el papel que tiene la UPN frente al Sistema Educativo Nacional en la actualidad?

La UPN tiene un papel muy importante en el sistema educativo porque se centra en la formación de profesionales de la educación en diferentes áreas que forman este gran campo, y también en la profesionalización del personal docente. Desde la fundación de la Universidad hasta la actualidad se ha trabajado en la educación en el marco de diferentes políticas, que ha sido pactado, por un lado, por ciertos lineamientos internacionales a los cuales se apega nuestro país, y por otro, los distintos gobiernos, en los que se podría mirar cada uno de los distintos proyectos educativos. Entonces, en la actualidad estamos en una coyuntura muy particular que se abre a partir del gobierno de la cuarta transformación, que busca una educación que pueda fortalecer la posibilidad de acceso a un gran número de jóvenes para acceder a la educación superior, a partir de esto se busca contribuir no sólo a la formación de profesionistas en el campo de la educación sino también en la formación de docentes en distintos campos. Por otra parte, la UPN también realiza investigación educativa y es pionera en algunos temas como es el caso de la educación indígena en México, con la licenciatura en educación indígena, y posteriormente con la formación en género y educación. La universidad ha trabajado sobre diferentes temas que hoy en día son temas reconocidos, son temas de primer orden como este asunto del reconocimiento de la diversidad sociocultural, lingüística y de diferentes grupos sociales, y que la UPN viene trabajando con una perspectiva de vanguardia en la educación. Y dentro de esta actual política también está el generar el fortalecimiento de la educación pública que había sido mermada desde el presupuesto y desde políticas que iban haciendo cada vez más difícil la posibilidad de lograr estudios de parte de la población en general.

En este contexto que nos ha dado del papel que juega la UPN frente al Sistema Educativo Nacional surge la pregunta, ¿por resulta necesario y urgente desarrollar el Congreso Nacional Universitario?, ¿cuáles son las necesidades latentes que dan vida a esta propuesta de impulsar el CNU?

Ha habido una gran necesidad por transformar nuestra universidad, esto no es nuevo. Ha habido diferentes intentos, ha habido congresos anteriormente donde han participado colegas con mucho entusiasmo, con mucha fuerza; sin embargo, vuelvo nuevamente, porque es muy importante este marco político que estamos atravesando, es fundamental. Estos diferentes congresos no han tenido la posibilidad de arribar a un cambio de fondo en nuestra universidad, a un cambio de fondo, ¿por qué?, porque ha habido obstáculos, ha habido la negativa de parte de autoridades de la Secretaría de Educación Pública en esos momentos, y se puede decir que, del gobierno federal de alguna manera, si lo observamos jerárquicamente. Entonces, esta necesidad de transformación se ha visto obstaculizada, y hoy tenemos la posibilidad de que los resultados de nuestro congreso sean analizados, sean tomados en cuenta y muy posiblemente sean asumidos por parte de las cámaras, de la cámara baja de diputados y la cámara alta de senadores, y finalmente el ejecutivo. Hoy en día tenemos un proyecto de ley (se refiere a la Ley General de Educación Superior) que está planteando en uno de sus artículos transitorios, que el Consejo Universitario, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad, organice una consulta respecto a la organización de esta. Por ejemplo, la UPN tiene 74 unidades en todo el país, es la universidad más extendida en todo el territorio, es la que tiene mayor influencia en ese sentido, se encuentra en todas las regiones y estados de la República Mexicana, y desde su origen ha estado sumamente apegada a lo que señalen las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Esto significa que cualquier decisión que tome incluso el Consejo Académico, máximo órgano de la UPN, aún si está avalado por la comunidad universitaria, si no está de acuerdo el secretario o secretaria de educación no se puede avanzar, se puede vetar.

Esa es una de las cuestiones que son como una camisa de fuerza para la universidad para que pueda realizar los proyectos, para que pueda plantear las necesidades presupuestarias más acuciantes, y bueno, está en ese marco. Sin embargo, hoy en día tenemos la posibilidad de plantear una nueva figura jurídica que pase de lo que somos hoy, que la UPN es un organismo desconcentrado de la SEP, a otro orden jurídico, donde ahí vamos a ver una gama de posibilidades. Algunas especialistas señalan que podemos hablar de descentralización con sus diferentes grados de descentralización, con sus respectivas características, y también se tocan aspectos de autonomía. No quiere decir que la UPN a partir del congreso pase a ser necesariamente una universidad autónoma, pero existe esa posibilidad, entre varias otras, en función de los acuerdos que se puedan tener en el congreso. Ya he mencionado varios aspectos de porqué es importante en CNU, pero quiero agregar algo fundamental, y es que hay diferentes necesidades educativas en el país. Hay necesidades que podemos decir que son nacionales, pero hay circunstancias, hay necesidades que son particulares en función de los contextos sociales, económicos, culturales, y que, muchas veces en las distintas unidades del país se requiere tener esa posibilidad de proponer de plantear, de que sus proyectos puedan salir adelante, y no que se vean sometidos a propuestas que no responden a sus necesidades particulares.  En este sentido, a partir de la reforma educativa que se promulgó en 1992, el ANMEB, señala que los planes y programas de estudio de cada unidad UPN, tendrían que revisarse, aprobarse o propiciar su mejora a partir de la rectoría académica, que se encuentra en la unidad Ajusco, en la Ciudad de México. Finalmente, el Consejo Académico tiene que revisar y avalar que se pueda impulsar o no un nuevo programa de estudios en estas unidades. Entonces está esta situación, y no es fácil para las unidades esa falta de armonía, donde por un lado puede haber exigencias de parte de los gobiernos estatales o maneras de administrar y organiza, y por otro lado la universidad.

Entrando más de lleno al CNU, ¿cuáles me diría que son las principales características de este?

Bueno, en primer lugar, el congreso está planteado como un congreso horizontal, un congreso de democracia directa. Los congresos de los que se tiene experiencia, porque varios tienen experiencia, son congresos por delegado. Se elige a alguien que va en representación y se reúnen en un lugar y ahí se da el congreso. Con esta parte de la comunidad donde se supone que llevarían la voz. Lo cual es bastante difícil, porque a veces hay temas polémicos y al final sobre esos temas acaban decidiendo quienes van como delegados. No es ese tipo de congreso. Este es un congreso que plantea una nueva forma, donde la democracia directa, la democracia participativa, horizontal, se haga posible. Se plantea como un congreso en red. Esa conexión en red no sólo en participar en reuniones estatales o interestatales, sino conocer lo que se va trabajando. El documento de análisis respecto a los foros que se van organizando se sube a la plataforma del CNU y puede ser consultado por quien lo requiera o desee, conocer lo que se va trabajando.  Tal vez alguien trabajo algo en una región que no es la mía y me interesa y puedo ir y mirar sus propuestas, qué están planeando en su diagnóstico, en su proyecto. Esa sería la característica de un congreso en red.

Luego, la otra cuestión, es que se puedan asentar los acuerdos a los que se va llegando en los distintos niveles de participación, de los diversos sectores que conforman la universidad: docentes, no docentes y estudiantes; ya sean acuerdos disensos, de manera que todas las voces puedan ser escuchadas, y se refleje ahí qué es lo que se piensa, en qué hay diferencias. ¿Para qué? Para cuando se llegue al nivel de participación nacional, ciertas diferencias que puedan existir, ya el Consejo académico pueda plantear cómo enfocarnos, en qué puntos, para poder profundizar más la discusión. Es una articulación a través de Comisiones Organizadoras, que van en un primer momento desde cada sede, subsede y unidad, posteriormente a lo estatal, lo regional y lo nacional. Teniendo presente que cada Comisión Organizadora está formada por docentes, estudiantes y personal no docente (administrativo). Se apuesta mucho a un trabajo colegiado, comunitario.

Por otra parte, ¿cuáles son las etapas del CNU-UPN?

El congreso universitario se realiza en dos fases que a su vez se estructura en cuatro momentos con sus particularidades. Los ejes temáticos de cada fase se han venido ajustando en función de los resultados obtenidos en la construcción de consensos.

Fase 1: Abordaje de las definiciones fundamentales del modelo educativo (filosofía institucional) de la Universidad: Misión y Visión, y la nueva “Figura Jurídica” de la institución que se exprese en una propuesta de Ley Orgánica, Nuevo Decreto de Creación o normatividad similar para nuestra institución.

Fase 2: Diseño y desarrollo del nuevo proyecto académico de la Universidad Pedagógica Nacional, derivado de las definiciones construidas en la primera fase del CNU, incluyendo estructura, organización y legislación secundaria, como Reglamentos Interiores de trabajo, órganos de gobierno, cuerpos de investigación, movilidad académica estudiantil y docente, entre otros elementos.

En este momento nos encontramos en el desarrollo de los foros diagnósticos que conforman la fase uno. Es muy importante esta determinación de haber dividido en congreso en sus dos fases, ¿por qué? Porque en la primera etapa contaremos con un proyecto de la comunidad universitaria con su propuesta de figura jurídica, basado en un diagnóstico, y esto se podrá entregar a las cámaras de diputados. Es importante resaltar que la propia pandemia nos vino a modificar los tiempos de trabajo. Se tuvieron que hacer ajustes y se alentó un poco el proceso. Ha sido un trabajo que comenzó en 2019 y es probable que podamos tener mayor análisis de todo el trabajo realizado a principios del 2022. Queremos que sea un congreso participativo e informado. Está siendo un gran reto democratizar a nuestra universidad.

Para cerrar, una vez concluido en CNU ¿qué es lo que se espera?, ¿cuáles son los pasos por seguir?

Bueno, le corresponde al Consejo Académico presentar el documento final de análisis a donde corresponda, a la SEP y en su momento a ambas cámaras. A partir de ahí ver qué transformaciones son las que proceden, pero primero es la gestión y organización de estos foros que se encuentran en marcha para diagnosticar. Vamos avanzando bien, con grandes retos. Tratando de involucrar a la mayor comunidad posible en sus diferentes sectores a nivel nacional.  La participación es elemental, por ahora han sido los estudiantes quienes mayor involucramiento han tenido. Iremos viendo cómo se avanza en los siguientes momentos del CNU.

A través de lo que la Dra. Pilar Míguez nos comparte, podemos identificar lo complejo que ha sido el desarrollo del CNU-UPN, donde una de las principales apuestas es propiciar la democracia participativa, el trabajo colegiado y transformar prácticas que pueden limitar el quehacer de las distintas UPN, para así dar un nuevo rumbo a la universidad, donde la pluralidad que configura y enriquece a la UPN sea más palpable al momento de la toma de decisiones, siendo este congreso un momento inédito para la historia de la universidad.

Fuente/imagen: UPN virtual

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El futuro de la Educación: por una evaluación continua y una escuela segura

Noticias

Por:  magister.com

La Educación es la puerta que abre infinidad de posibilidades para avanzar, aprender de nuestros errores y mejorar la sociedad futura. Con la crisis de la pandemia de la Covid-19, vimos cómo los centros educativos tuvieron que cerrar temporalmente sus puertas y se vieron obligados a mantener la continuidad de la enseñanza a través de las herramientas digitales. Los colegios no estaban preparados para este cambio repentino y se vio que no era posible evaluar a los alumnos en esas circunstancias, dada la evidente brecha digital. A raíz de ello, nos encontramos ante una necesidad urgente de acelerar la digitalización de los centros así como la de replantearnos el actual sistema de evaluación.

En nuestro país, el sistema de evaluación por el que se determinan las competencias de los alumnos es una herencia de la época de la revolución industrial y está enfocado principalmente en obtener una calificación. La nota o resultado final es lo importante y no el proceso del aprendizaje, perdiéndose así muchos matices que se quedan sin valorar. En pleno siglo XXI quizás sería conveniente replantearse si un número garantiza la progresión, el entendimiento y el avance de los estudiantes.

Esta presión por obtener una buena calificación suele desembocar más en la frustración del estudiante que en la motivación por su aprendizaje. Así lo hemos descubierto tras realizar un estudio cualitativo interno en colegios de todo el país para conocer qué técnicas de evaluación y enseñanza promueven más la evolución del alumnado, así como para saber si se ha producido algún cambio en la percepción de las asignaturas troncales tradicionales, tanto por parte de los propios docentes como de las familias. En base a los resultados de esta investigación pudimos comprobar que el inglés se ha convertido en uno de los ejes principales, por encima incluso de las matemáticas o de la lengua propia. Asimismo, pudimos observar en este estudio que, de cara a potenciar el aprendizaje del idioma, los docentes consideran esencial integrar su enseñanza en el día a día del aula, esto es, en una evaluación continua.

La evaluación continua y actualizada, adaptada al nivel específico de cada alumno, permite que pueda desarrollar diversos conocimientos relacionados con la lengua extranjera. De este modo, en lugar de estudiar para obtener una calificación, se pueden centrar en integrar los conocimientos, mejorar en base a sus capacidades e ir avanzando de acuerdo a su nivel actual. Se trata de un sistema de evaluación que desde Macmillan estamos promoviendo de la mano de Capman Testing Solutions, con la implementación de TOEFL Young Students, un programa de evaluación continua, con el fin último de que los alumnos sean capaces de mejorar día a día a lo largo de toda su etapa educativa.

La evaluación continua y actualizada, adaptada al nivel específico de cada alumno, permite que pueda desarrollar diversos conocimientos relacionados con la lengua extranjera

Comentaba al inicio que la Educación nos abre infinidad de posibilidades, pero para que esas posibilidades se nos presenten, debemos fomentar la implantación de un sistema de evaluación que motive a los estudiantes a querer seguir aprendiendo, en lugar de conformarse una vez obtenida la calificación. Este cambio de perspectiva que planteamos en el aprendizaje de idiomas, en un futuro se puede replicar en otras áreas para que el sistema de evaluación no sea un obstáculo para el estudiante, sino un trampolín hacia su futuro.

Por otro lado, debemos tener muy presente que la motivación y el deseo de prosperar de los alumnos necesita de una escuela en la que se sientan integrados y seguros. En este sentido, es fundamental trabajar desde la prevención para evitar situaciones de acoso escolar y de ciberacoso. Es necesario, en primer lugar, formar a los docentes con estrategias eficaces para prevenir, intervenir y hacer seguimiento de los casos de acoso. En segundo lugar, ayudar a los niños a desarrollar su inteligencia emocional y a reconocer sus propios sentimientos y los de sus compañeros, reforzando su sistema de valores para afrontar el acoso. Por último, ofrecer a los padres información sobre el acoso escolar dándoles pautas para que puedan identificarlo y tener un papel clave en la comunicación escuela-casa. Sobre estos tres pilares esenciales actúa KiVa, un programa de prevención del acoso escolar desarrollado por la Universidad de Turku, Finlandia, y exportado a otros países como el nuestro para reducir los casos de acoso en las escuelas y fomentar la creación de espacios seguros para todos.

No cabe duda de que para que un cambio se asiente hay que ir sembrando poco a poco las semillas para que germinen. La Educación no puede ser un sistema estanco, debe evolucionar, adaptarse a las necesidades presentes de docentes, estudiantes y familias; debe anticiparse para que ningún alumno se sienta excluido y, lo que es más importante, para que todas esas posibilidades que nos brinda la Educación se abran para las generaciones venideras de una manera más sólida.

Augusto Di Marco es director General de Macmillan Education Iberia.

El futuro de la Educación: por una evaluación continua y una escuela segura

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Argentina: Segunda ola. Suteba La Matanza; docentes votan paro y adhieren al Encuentro de Coordinación de Madygraf

Noticias

Por: Izquierda Diario 

La reunión de delegados del Suteba La Matanza contó con la participación de más de 170 delegados y se hizo bajo la mención honorífica de los docentes fallecidos por covid-19. En medio de la segunda ola de covid-19 y del aumento en forma exponencial de casos, los anuncios del presidente hacia la comunidad educativa son los de «quédate en casa «y «en la escuela que no hay contagios”. La situación está desbordada: no alcanzan los recursos, y las escuelas son un foco de infección donde la circulación del virus es cada día más alarmante. La exigencia a la suspensión de clases es parte de un plan de conjunto que incluye plan de vacunación, conectividad, IFE y becas para las familias. Las vacunas están, en la planta mAbxience del grupo Sigman en Garín se produce una cantidad que podría rápidamente inocular al conjunto de la población argentina y abastecer a los países de la región.

En la asamblea se escuchó un descontento generalizado con el gobierno nacional y provincial. También con la burocracia de Baradel, que esta tarde, sin tener en cuenta las demandas de los docentes, se reunió con el gobierno bonaerense para discutir la continuidad de las clases presenciales. Pero también hay intenciones en la comunidad educativa de organizarse y coordinar con otros sectores en lucha. Los delegados con mandatos de sus escuelas votaron medidas para esta semana que incluyen un paro de 48 horas. También participar del Encuentro de Coordinación de las Luchas del AMBA en Madygraf, para coordinar con todos los trabajadores que están peleando en común, los docentes precarizados, los trabajadores del puerto, los de salud y otros, que se realizará este sábado 17 de abril de manera presencial y virtual para fortalecer todas las luchas.

Los docentes hablaron de la preocupación por ellos y las familias que son los que usan el transporte público, un foco de infección. Las familias de los estudiantes, las que pelean por una vivienda, el personal de salud, los trabajadores de las fábricas, son todos los que están padeciendo que el gobierno priorice pagarle al FMI, antes que las vidas de los trabajadores. El estado debe hacerse responsable. Este tipo de comentarios se escucharon en toda la asamblea. Por eso, entre otras cosas, exigieron que se restituya la AUH que se le quitó a los trabajadores de los programas educativos precarizados.

Participó también de la asamblea María Méndez del Hospital Germani, quien se desempeña desde 1997 en la parte de pediatría, denunció que los trabajadores de la salud están sufriendo la desidia por parte del gobierno de Espinoza, ya que no cuentan con recursos de ningún tipo, ni en cuanto a insumos ni de personal. También contó la pelea que vienen dando, el paro y movilización que realizaron junto a otros trabajadores de la salud en La Matanza. Para concretar la unidad y el apoyo con ellos, los docentes iniciarán el caravanazo del jueves en los hospitales municipales en lucha culminando con la denuncia y reclamo de suspensión de la presencialidad en la Plaza de San Justo.

http://www.laizquierdadiario.com/Suteba-La-Matanza-docentes-votan-paro-y-adhieren-al-Encuentro-de-Coordinacion-de-Madygraf
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Panamá: Retorno a clases semipresencial será a partir del segundo trimestre

Noticias
Por: Sandry Crespo/elsiglo.com

El presidente Lauretino Cortizo anunció que el retorno a clases semipresencial será a partir del segundo trimestre

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que el Ministerio de Educación (Meduca) iniciará el retorno a clases semipresenciales a partir del segundo trimestre, con un plan piloto en 100 planteles del país.

«La meta es de 500 escuelas desde el segundo trimestre, pero con un plan piloto de 100, obviamente quisiéramos que fueran más», explico Cortizo.

El mandatario agregó que para este retorno gradual, se publicarán las condiciones para la apertura de los colegios en Gaceta Oficial, posiblemente este martes 13 de abril.

En el articulo 2 de dicho decreto destaca a la vacunación de los docentes y administrativos como una de las principales condiciones para el regreso a los colegios.

Las escuelas multigrados son las primeras que comenzarían con el retorno de estudiantes a las aulas. ‘Todas aquellas escuelas que cumplan con el decreto y después que tengan la aprobación de Salud. van a poder dar sus clases semipresenciales».

http://elsiglo.com.pa/panama/retorno-clases-semipresencial-sera-partir-segundo-trimestre/24176136

 

 

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Los objetivos del desarrollo insostenible, una cuestión de género

Eduardo Camín
Por: Eduardo Camín 

La crisis del Covid-19 ha tenido un impacto desproporcionado fundamentalmente en las mujeres, lo que está exacerbando las desigualdades de género existentes. Y, para reconstruir mejor y de forma más justa las políticas de ocupación deben situar la igualdad de genero en el centro de los esfuerzos de recuperación, al tiempo que se debe reforzar las medidas y los datos de género para cuantificar adecuadamente los retos a los que se enfrenta el mundo.

Desde hace más de un siglo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ocupa de cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo. Por ello, ha sido elegida organismo custodio de 14 indicadores relacionados con el trabajo decente en el marco de 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.  Y hoy se ocupa de esta situación.

La OIT mantiene activamente una serie de modelos econométricos que se utilizan para producir estimaciones de los indicadores del mercado laboral en los países. Sin embargo, la conmoción sin precedentes del mercado de trabajo creada por la pandemia del COVID-19 hace difícil de evaluar con los datos históricos.

Por ello, la mayoría de las series del conjunto de datos de las estimaciones y proyecciones modelizadas de OIT terminan ahora en 2019 (el último año para el que se disponía de datos de la encuesta anual de población activa en el momento de elaborar las estimaciones).

En el caso de algunos indicadores, se utiliza un modelo de previsión actual para proporcionar las estimaciones de 2020 y un nuevo modelo de proyección para prever las estimaciones de 2021. Dada la situación excepcional, incluida la escasez de datos pertinentes, las estimaciones para 2020-21 están sujetas a una gran incertidumbre.

Un reciente informe dos expertas de la OIT -Vipasana Karkee (estadística y Marie-Claire Sodergren ,economista, ambas de la Unidad de Producción y Análisis de Datos del Departamento de Estadística), sostiene que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas establecen una visión compartida para acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático para 2030.

No obstante, se interpelan a la vez, si las consecuencias de la pandemia invertirá los avances en la promoción del trabajo decente para todos, tal y como establece el Objetivo 8. Parece probable, al menos para las mujeres.  Incluso antes del inicio de la pandemia, la igualdad de genero en el lugar del trabajo seguía siendo difícil de alcanzar.

Ahora las mujeres están en primera línea de la crisis del Covid-19, ya que constituyen el grueso de los trabajadores esenciales, incluido el 70% del personal sanitario. Sin embargo, en todo el mundo y en todas las regiones y grupos de ingresos, la pandemia ha afectado más a las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral.

 Es probable que esto revierta algunos de los progresos realizados en el marco del Objetivo 8, que pretende «promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, la plena y productiva ocupación y el trabajo decente para todos».

La perturbación del mercado laboral en 2020 supero con creces el impacto de la crisis financiera mundial de 2009. Las pérdidas no sólo no tuvieron precedentes, sino que fueron más pronunciadas para las mujeres (5,0%) que para los hombres (3,9%). Además, dado que el cierre de las escuelas debido a los cierres requiere una mayor supervisión de los niños en el hogar, las mujeres son mucho mas propensas a abandonar la fuerza de trabajo que los hombres para poder prestar esa atención.

 Esto está aumentando aún más las antiguas brechas de género en las tasas de participación en la fuerza laboral. En 2019, antes de que comenzara la pandemia, la participación en la fuerza de trabajo de los hombres en edad avanzada era del 93,5%, en comparación con sólo el 62,1% de las mujeres en edad avanzada. La tasa era aún mas baja para las mujeres en pareja con hijos pequeños.

La infrarrepresentación femenina en puestos directivos puede empeorar

La proporción de mujeres en puestos directivos en todo el mundo ha mostrado un lento progreso en las dos últimas décadas. Aumentó menos de tres puntos porcentuales desde el año 2000. En 2019, aunque las mujeres representaban casi el 39% de la población activa mundial, solo ocupaban el 28% de los puestos directivos.

 Esto sugiere que el techo de cristal sigue muy presente, ya que los hombres siguen dominando los puestos de toma de decisiones, como los de director general, altos funcionarios y legisladores, ocupando casi tres cuartas partes de estas ocupaciones.

Mientras tanto, el impacto desproporcionado de la pandemia en las mujeres amenaza con hacer retroceder los escasos avances logrados estas últimas décadas. La proporción de mujeres en puestos directivos disminuyó, a veces significativamente, del cuarto trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2020 en más de la mitad de los 47 países con datos disponibles.

Las cifras trimestrales estaban disponibles sobre todo para los países de ingresos altos. No obstante, es probable que este patrón se mantenga en los países de ingresos más bajos, donde a menudo más de la mitad de las mujeres directivas trabajan por cuenta propia.

Las medidas de distanciamiento social, los cierres y la distorsión de las cadenas de suministro y los mercados han exacerbado las desigualdades estructurales y los retos que suelen impedir el rendimiento y el crecimiento de las empresas propiedad de mujeres, y han provocado el cierre de muchas de ellas.

Gran porcentaje de mujeres jóvenes no recibe educación ni formación

En todo el mundo, la proporción de jóvenes que no cursan estudios, ocupación ni reciben formación (NEET, por sus siglas en inglés) no ha mostrado signos significativos de mejora en más de una década, mientras éstas siguieron viéndose afectadas de forma desproporcionada en comparación con sus homólogos masculinos. En 2019, las mujeres jóvenes tenían más del doble de probabilidades que los hombres jóvenes de estar desempleadas y sin educación ni formación.

Aunque todavía no se dispone de cifras globales para el conjunto de 2020, las cifras trimestrales muestran que la tasa de Ni-nis fue mayor en el segundo trimestre de 2020 que el año anterior en 45 de los 50 países con datos disponibles. Esto no es sorprendente, ya que las medidas de cierre por la pandemia de Covid-19 causaron pérdidas sin precedentes en ocupación en 2020, con mayores pérdidas para los  jóvenes (8,7%) que para los mayores (3,7%).

Mientras tanto, tanto la educación técnica y profesional como la formación en el puesto de trabajo sufrieron una interrupción masiva, obligando a muchos a abandonar sus estudios. El empeoramiento de la situación de los jóvenes debido a la crisis Covid-19 es especialmente preocupante para las mujeres jóvenes. Casi un tercio de las mujeres jóvenes de todo el mundo ya no cursaban estudios, ocupación o formación en 2019.

Trabajadores de la economía informal y mujeres, en sectores de alto riesgo

Se calcula que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal -es decir, el 76% de los trabajadores informales de todo el mundo- se vieron muy afectados por las medidas de cierre y/o trabajaban en los sectores más afectados, como los servicios de alojamiento y alimentación.  Entre ellos, las mujeres estaban sobrerrepresentadas en los sectores de alto riesgo: El 42% de las mujeres trabajaban en esos sectores, frente al 32% de los hombres.
Mientras que el sector informal ocupación tiende a aumentar durante las crisis, actuando a menudo como una opción «por defecto» para sobrevivir o mantener los ingresos, las limitaciones a la circulación de personas y bienes durante la pandemia de COVID-19 han restringido este tipo de mecanismo de supervivencia.

Esto, a su vez, ha dejado a los trabajadores informales y a sus familias en una posición muy precaria, expuestos a pérdidas repentinas de ingresos y enfrentándose a mayores riesgos de caer en la pobreza.

La ausencia de un debate dialécticamente serio

Los datos que se desprenden del informe muestran que la división sexual del trabajo es una realidad. Esto no sólo supone la especialización de la mujer en ciertas tareas sociales (la mayoría de las veces más reproductivas), sino que demuestra que los efectos de la crisis y de la política económica se sufren de diferente modo.

De hecho, si tenemos en cuenta que el 88’5% de las mujeres ocupadas lo están en el sector servicios y que ocupan el 70% de empleo público podemos deducir cómo las políticas de recortes, las reformas laborales que facilitan el despido en los empleos con menos grado de protección y precariedad (como el sector servicios) y de privatización (con el empeoramiento de condiciones laborales) afectan de manera más severa a las mujeres.

Es decir, recortar y privatizar servicios públicos afecta más a las mujeres trabajadoras dado que son sectores feminizados.

El empeoramiento en las condiciones de vida, la precariedad laboral y todos los elementos que deterioran las condiciones del ideal de la familia burguesa hacen que sobre la mujer recaiga la mayor parte de responsabilidad doméstica. Las presiones y las frustraciones provocadas por la imposibilidad de mejorar y ascender en el sistema capitalista por parte de los trabajadores acaban siendo pagadas por las mujeres y las niñas(os).

La mujer, miembro familiar que cumple el papel de sustento doméstico y en muchos casos emocional, sufre de más violencia en períodos de crisis económica en la familia. Además, los recortes y la falta de fondos en ayudas a mujeres en situación de violencia machista suponen una desprotección total hacia las víctimas y la imposibilidad de una salida material por parte del Estado que permita la emancipación de estas mujeres.

Un simple vistazo al mercado laboral muestra cómo la mujer vuelve a estar discriminada en multitud de aspectos. A nivel salarial, las mujeres sufren discriminación “vertical” (acceden a muchos menos puestos de responsabilidad), “horizontal” (realizando el mismo trabajo obtienen una menor retribución y/o una menor categoría profesional) y por embarazo, siendo aún frecuente el despido o la no contratación de mujeres embarazadas. Todo ello se traduce en que el salario de las ocupadas es de media un 22% menor que el de los ocupados.

Las mujeres trabajadoras sufren la opresión patriarcal además de la material, por lo que resulta imposible encontrar la fórmula de acabar con el patriarcado de manera separada al método para acabar con el capitalismo y, por lo tanto, no marcar como básica la necesidad de analizar a la clase trabajadora también como sujeto de cambio para acabar con la opresión de género.

La opresión de género está profundamente  ligada con el sistema capitalista y, por tanto, la única posibilidad de acabar con esta opresión es construyendo una nueva sociedad donde estas bases materiales no existan, donde no sea posible que nadie se beneficie a costa de ningún tipo de desigualdad, y esto significa irremediablemente acabar con el sistema capitalista.

Día a día, en nuestras vidas cotidianas, en nuestros centros de trabajo y de estudio, en nuestras casas, en la calle, en la televisión, etc., las mujeres ven sus libertades coartadas, sus vidas ninguneadas y sus condiciones de vida cada día más precarias. Mientras, una sinfonía de informes oculta el verdadero debate.

Fuente: https://estrategia.la/2021/04/11/los-objetivos-del-desarrollo-insostenible-una-cuestion-de-genero-impacto-del-covid-19-discriminacion-de-la-mujer/

*Sobre el autor: Periodista uruguayo acreditado en ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Investigación y neoliberalismo progresista: sobre la modificación de la ley de ciencia

Noticias
Fuentes: El salto [Foto: Manifestación de la marea roja por la ciencia en Madrid en septiembre de 2016. ÁLVARO MINGUITO]

El 30 de marzo, el Consejo de Ministros dio luz verde al proceso de tramitación de la modificación de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

En rueda de prensa Pedro Duque, ministro de Ciencia, presentó las líneas básicas de la reforma. Con el objeto de disimular la falta de publicidad previa del anteproyecto (que tan solo había pasado por una consulta pública a finales del año pasado), el ministerio anunció la creación de una subcomisión en el Congreso de los Diputados, en la que se convocará a diversas asociaciones científicas, universitarias y del ámbito de la salud, así como a las Comunidades autónomas y los agentes sociales. Las modificaciones propuestas serán sometidas a audiencia pública antes de retornar al Consejo de Ministros para su aprobación.

En los días previos a la comparecencia ya se habían producido reacciones críticas, como las cartas enviadas desde los sindicatos CGT y CC.OO. al ministro. Además, saltó la noticia según la cual el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, había bloqueado el anteproyecto debido a la vulneración de derechos laborales y al posible carácter inconstitucional del texto. La rueda de prensa confirmó las informaciones que durante las últimas semanas habían circulado en torno al anteproyecto. Este profundiza la precarización de la carrera investigadora. El anteproyecto refuerza el marco de excepcionalidad laboral que acompaña a las figuras contractuales vigentes en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) e impulsa fórmulas que permiten incrementar el trasvase de fondos públicos para investigación a manos privadas. Por ese motivo, sindicatos y colectivos de investigadores se manifestaron el pasado miércoles a través de las redes sociales mediante una campaña de twitter.

El modo de actuar del ministerio redunda en la ausencia de transparencia que suele acompañar a las modificaciones y propuestas legales que afectan al mundo de la investigación. En realidad, aquí lo procedimental se entremezcla con la orientación ideológica de lo legislado. La opacidad en los modos de deliberación privatiza asuntos que deberían responder a la negociación colectiva, al tiempo que las propuestas, lejos de redefinir el sentido social de la investigación como un bien público, responden ante todo a la privatización más o menos encubierta del sistema científico. Esta tendencia se sitúa en la línea marcada por el Pacto por la ciencia, un documento que, pese a su sedicente carácter consensual, muestra una importante presencia de empresas privadas.

La ciencia española está aplicando la receta neoliberal de la “colaboración” público-privada, cuyo subtexto real es el drenaje de fondos públicos en favor de una producción científica supeditada a los mecanismos de mercado. Lo público se somete de ese modo a la lógica de acumulación de beneficios.

La ciencia española está aplicando la receta neoliberal de la “colaboración” público-privada, cuyo subtexto real es el drenaje de fondos públicos en favor de una producción científica supeditada a los mecanismos de mercado. Lo público se somete de ese modo a la lógica de acumulación de beneficios.

         El “progresismo” del anteproyecto defiende el modo en que la modificación de la ley facilitará la estabilización de los investigadores post-doctorales, como si se tratara de una alternativa real al encadenamiento de contratos temporales, precarios y tremendamente competitivos que caracteriza en la actualidad a la carrera investigadora. El anteproyecto, lejos de atajar esa dinámica, la consolida, al proponer como alternativa a las figuras funcionariales de estabilización del trabajo investigador (como la de Científico-Titular), una nueva modalidad de contrato, conocida como Tenure-Track. Este contrato, de cuatro años de duración, facilitaría sobre el papel la incorporación a los OPI del personal investigador posdoctoral, reduciendo el tiempo medio transcurrido desde la lectura de la tesis de trece a nueve años.

Pese a tratarse de un contrato indefinido con una apariencia cool (el ministro, de modo vergonzoso, afirmó lo atractivo de la denominación anglosajona del contrato), esta fórmula revalida la temporalidad en el sector científico y consolida el marco de inseguridad jurídica de los trabajadores, al situarse “fuera de convenio”. El Tenure Track que propone el ministerio estaría sujeto a evaluación por parte de agencias externas (cuyos baremos de puntuación habitualmente responden a criterios determinados por las empresas y las corporaciones de las publicaciones científicas) y la estabilización del personal investigador dependería en última instancia del OPI en que se radicara, que podría proceder a la resolución de la relación laboral de acuerdo a “causas objetivas”.

Pero incluso si los investigadores se convierten en personal laboral estable, las condiciones en que lo harían serían igualmente cuestionables. Además de ver perjudicados sus intereses, pues al convertirse en personal laboral no podrían obtener el reconocimiento de antigüedad (quinquenios y sexenios) de los funcionarios, esos trabajadores se encontrarían mucho más expuestos a un posible despido, o a sufrir en carne propia las consecuencias de los recortes estructurales futuros. Esto reduciría la autonomía de su trabajo de investigación debido a dos factores. En primer lugar, por su mayor sometimiento a las lógicas de la productividad dictadas por la captación empresarial de la ciencia. En segundo lugar, por su supeditación a la elite de los funcionarios de carrera (mucho más reducida al desaparecer la figura de los Científicos Titulares), cuyo poder de mando y capacidad de explotación del personal subalterno se verían reforzados.

En este sentido, el discurso de la excelencia y la calidad científica, que legitima ideológicamente el anteproyecto, corre el riesgo de convertirse en una forma de meritocracia invertida, al consolidar la posición de científicos que no siempre acreditan una carrera investigadora más sólida que la de los investigadores más jóvenes. Aquellos simplemente se estabilizaron antes, lo que les permite manejar los espacios de la ciencia a su antojo, con un grado de nepotismo y arbitrariedad normalizado internamente, pero que no por ello deja de representar una expresión de corrupción institucional. Frente a este modelo, sería conveniente apostar por una democratización del sistema científico que empodere al conjunto de los investigadores y equipare trabajos y salarios.

Todo ello resulta especialmente inquietante si tenemos en cuenta que la modificación de la ley no especifica con claridad ni los criterios de evaluación, ni las condiciones de contratación, ni las partidas presupuestarias que deberían acompañar la extensión de esta controvertida modalidad contractual. Se trata de una estrategia típica del marketing neoliberal, tendente a presentar una carcasa atractiva con un contenido que vacía los derechos de los trabajadores. Sería preferible que el ministerio pensara en algo más seductor que convertir la carrera investigadora en una start-up permanente.

Como sucede en otros ámbitos de las políticas públicas, el problema del sistema científico español no reside tanto en su diseño (que, por supuesto, es mejorable), como en su falta de financiación. El anteproyecto de ley, con su apuesta por la desfuncionarización de la carrera de la carrera investigadora, representa un paso más en el desmantelamiento del sistema público de ciencia y universidades. Al contrario de lo que nos quiere hacer creer el ministro, esta reforma no persigue asimilar el sistema científico español a los “punteros” estándares de la Unión Europea, sino consolidar el carácter periférico de la ciencia española en ese espacio geopolítico (no existe un modelo de carrera investigadora como el aquí descrito en otros países del entorno), así como su valor secundario dentro de un modelo productivo basado en los servicios y el turismo.

         Por otra parte, el anteproyecto relaja el régimen de incompatibilidades en la transferencia de los conocimientos financiados con fondos públicos al sector privado. Así, la Ley 53/ 1984 de incompatibilidades de los empleados públicos no sería aplicable “al personal investigador que preste sus servicios en las sociedades o empresas innovadoras de base tecnológica”. Una vez más el lenguaje de la innovación y la transferencia actúa como pantalla cosmética de la apropiación por parte del sector privado del trabajo y los conocimientos procedentes de la investigación pública, en la medida en que no se establecen limitaciones precisas entre los intereses, a menudo contrapuestos, de ambos sectores.

El borrador tampoco contempla planes específicos en relación al personal técnico y de gestión, cuyo trabajo es esencial para el desarrollo de los proyectos de investigación. Con frecuencia, las figuras contractuales técnicas enmascaran la precarización y la falta de reconocimiento de un trabajo de investigación que desborda ampliamente lo técnico. En cuanto al ámbito de la gestión, el colapso y la demora en la tramitación burocrática de muchos proyectos no se relaciona con la falta de cualificación de los empleados, sino con la inestabilidad y la escasa cantidad de personal contratado para realizar de forma digna esas tareas. Este es un aspecto especialmente crítico en un país como España, uno de los más ineficaces históricamente en la ejecución de los fondos procedentes de la Unión Europea, lo que supone un hándicap ante la necesidad de disponer de ese personal para canalizar las ayudas a la investigación en el contexto post-pandemia. Para concluir, el anteproyecto tampoco se hace eco de las demandas relativas a la necesidad de contemplar indemnizaciones por finalización de los contratos predoctorales de Formación del Profesorado Universitario y de otras convocatorias del ministerio.

         Dada la dinámica de recortes a los que ha estado sometido el trabajo investigador durante las últimas décadas, es obvio que esta propuesta profundizará la sensación de inestabilidad que ha afectado a los trabajadores del sector. Esa inestabilidad genera una fuerte supeditación laboral de los investigadores, cuyo grado de sindicalización es bajísimo y cuya capacidad de movilización se ve dificultada por las estructuras jerárquicas (en algunos casos, neo-feudales) que priman en los centros de investigación. Es necesario promover aquellas movilizaciones destinadas a contener la hipocresía de las políticas públicas en el campo de la investigación. Si bien desde los espacios mediáticos nuestros gobernantes recalcan una y otra vez la importancia de la ciencia como semilla de un nuevo modelo productivo, en la práctica sus decisiones intensifican la explotación de los investigadores, quienes a menudo experimentan las consecuencias físicas y mentales de esta situación con impotencia y en soledad.

La organización sindical de los investigadores, técnicos y personal de gestión es una urgencia ineludible no solo para resguardar sus legítimos intereses como trabajadores, sino para asegurar la producción de un conocimiento científico socialmente relevante.

La organización sindical de los investigadores, técnicos y personal de gestión es una urgencia ineludible no solo para resguardar sus legítimos intereses como trabajadores, sino para asegurar la producción de un conocimiento científico socialmente relevante.

Para hacer buena ciencia, en definitiva. El binomio ciencia-capital no es garantía ni de innovación ni de calidad, sino de cooptación del trabajo cooperativo por los intereses especulativos del sector privado. Si los trabajadores de la ciencia están mejor organizados, su intelecto general será más potente y repercutirá más adecuadamente en el bienestar común del conjunto de la sociedad. En este sentido, desde la CGT apostamos por una defensa de los derechos del personal investigador que no sea meramente corporativa, sino que refuerce la concepción del sistema científico como un bien público y que fomente la igualdad de acceso a los frutos de la producción de conocimiento.

Jaime Vindel. Militante de CGT.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/alkimia/investigacion-y-neoliberalismo-progresista-sobre-la-modificacion-de-la-ley-de-ciencia

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México: Podrían decidir en 15 días regreso a clases presenciales

Noticias

América del Norte/México/12-04-2021/Autor(a) y Fuente: aristeguinoticias.com

“Sí vamos a regresar a las escuelas cuanto antes, no vamos a esperar el siguiente ciclo escolar”, dijo Martha Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica, de la SEP, en un foro organizado por Unicef.

Mientras el promedio global de cierre de escuelas por la pandemia es de 95 días, en México se ha prolongado por 180, periodo que deberá llegar a su fin en el presente ciclo escolar.

En un foro organizado por la Unicef, Martha Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica, adelantó que la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) depende de si el sector salud, ante el riesgo de una tercera ola de contagios, determine si existen condiciones para iniciar el proceso de reapertura de los planteles, lo que podría decidir se en 15 días.

“Sí vamos a regresar a las escuelas cuanto antes, no vamos a esperar el siguiente ciclo escolar; esa no es la disposición de la presidencia de la República”, dijo.

La funcionaria destacó que, durante la pandemia, la educación ha caminado junto al sector salud, se ha generado estrategia y la prioridad ha sido salvaguardar la salud y la vida.

Afirmó que el proceso de regreso será democrático, con la participación de todos los actores y con el apoyo de las instancias de salud.

Con el Programa la Escuela es Nuestra, explicó, la SEP ya trabaja en delinear el regreso. Para esto, los maestros deben ser vacunados y debe tomarse en cuenta la necesidad de los estudiantes de apoyo académico y psicoemocional.

Agregó que sería de forma gradual y escalonada; además, también en un esquema voluntario, que los padres decidan también.

En el marco de la pandemia y convocado por la oficina en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ayer miércoles, se llevó a cabo el foro virtual Reimaginemos. Niñez y adolescencia en México. El impacto de Covid-19 en la educación, un balance a un año del cierre de las escuelas en México, con la presencia de Christian Skoog, representante Unicef en México; Sylvia Schmelkes, vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana; Sylvia Ortega, presidenta del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora; Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de México; Juan Carlos Benavides, presidente del Consejo Consultivo de Unicef México, y César Costa, embajador del organismo. Con Carmen Aristegui como moderadora.

Para Christian Skoog, este foro es una búsqueda de soluciones ante la situación educativa generada por la pandemia.

Señaló que el Covid-19 está mermando seriamente el derecho a la salud, la educación, la igualdad y la protección de niños, niñas y adolescentes en México.

En cuanto a los requerimientos de la educación a distancia, dijo, solo 2 de cada 5 reportan conexión fija a Internet.

Urge reiniciar la educación presencial, escalonada, y tomando todas las medidas necesarias, afirmó.

Destacó que el cierre prolongado está afectando a los estudiantes, no sólo en el aprendizaje, sino en su desarrollo cognitivo y en su salud, problemas que aumentan cada día que permanecen cerradas las escuelas.

Segun la Unicef, el cierre prolongado de las escuelas en México está afectando negativamente la educación de 25.4 millones de alumnos y alumnas de educación básica y 5.2 millones de estudiantes de educación media superior, lo que compromete su bienestar actual y sus oportunidades de desarrollo hacia el futuro.

Las escuelas en México cerraron desde el 23 de marzo de 2020 y no reabrirán hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde.

Fuente e Imagen: https://aristeguinoticias.com/0804/mexico/podrian-decidir-en-15-dias-regreso-a-clases-presenciales/

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