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Recrudece el trabajo infantil. La pandemia jaquea al empleo

Por: Sergio Ferrari

Las tibias señales de recuperación laboral de fines del año pasado en el continente chocan contra los impactos de las nuevas olas. Las proyecciones son inciertas y el futuro dependerá de cómo siga afectando la pandemia. Sin embargo, ya hay que programar la postpandemia.

La región deberá implementar políticas que estimulen la generación de empleos, particularmente entre los sectores más vulnerables: la juventud y las mujeres. Este es uno de los argumentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) quienes publicaron en junio su Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe(https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46955/1/S2100277_es.pdf ), donde analizan los efectos críticos del COVID-19 en el continente.

Según las dos organizaciones onusianas, la crisis económica del año pasado, la más significativa del último siglo, se expresó en una caída del Producto Interno Bruto de -7.1%, y en una tasa de desempleo media continental superior al 10%. La que tuvo una particular incidencia en los sectores hotelero (19.2%), de la construcción (11.7%), del comercio (10.8%) y del transporte (9.2%). Los cuatro, en conjunto, concentran cerca del 40% del empleo regional total. A la industria la afectó en un       8.6%, en tanto en la agricultura un 2.4%.

Los cálculos de los organismos internacionales señalan que, debido a la crisis sanitaria, el año pasado, se perdieron en el continente más de 26 millones de puestos de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo reveló que la tasa de ocupación promedio de la región se redujo del 57.4% al 51.7% entre 2019 y 2020. Otro estudio señala que una de cada seis personas de entre 18 y 29 años ha perdido su empleo en la región desde que se desató la pandemia.

De cara al futuro cercano, la CEPAL y la OIT sugieren la implementación de estrategias que permitan sentar las bases para un retorno, con mejores condiciones laborales, para todos los trabajadores. Entre ellas: apuntalar la recuperación del empleo en las categorías y sectores altamente afectados; mejorar aspectos institucionales referidos a la salud y seguridad en el trabajo; la formalización de la situación de los trabajadores; la promoción de la inclusión laboral de las mujeres, así como la regulación adecuada de nuevas modalidades de trabajo.

En su diagnóstico del mundo del trabajo dado a conocer el tercer lunes de junio, las dos organizaciones sostienen que los impactos más negativos se observaron en el segundo trimestre del año pasado, cuando se implementaron las medidas de confinamiento para intentar contener el pico pandémico. Lo que implicó la caída de la actividad económica, del empleo y de las horas trabajadas.

Especial incidencia negativa se registró en el sector informal y en los países en los cuales dicho sector es predominante. Un número significativo de trabajadoras y trabajadores no pudo continuar con sus labores, lo que les impidió generar ingresos para sus hogares y actuar de forma contra cíclica, a diferencia de lo sucedido con el sector informal en crisis anteriores. El cierre temporal de los servicios de cuidado y de las escuelas repercutió, además, en una sobrecarga del trabajo en los hogares. Fueron entonces las mujeres las que soportaron el peso principal de esta tendencia dado el rol decisivo que juegan en los quehaceres hogareños y en la gestión de la vida familiar.

Drama en la tragedia: la niñez trabajadora

Un efecto significativo colateral de la crisis pandémica regional fue el retroceso en los esfuerzos que América Latina y el Caribe venían realizando con la perspectiva de reducir o eliminar el trabajo infantil hasta el 2025. Entre 2016 y 2020 cerca de 2.300.000 infantes habían podido dejar de trabajar.

A partir del COVID-19, el prolongado cierre de escuelas y el aumento de la pobreza entre las familias más vulnerables arrastraron a más niñas y niños de la región a buscar formas de subsistencia. Según un nuevo estudio de la OIT y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) que fue divulgado en la segunda semana de junio, más de 8 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años se ven obligada-os, actualmente, a trabajar en el continente. Se trata mayoritariamente de adolescentes varones, aunque un 33% corresponde a niñas. (https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/ ).

El número de niños y niñas en hogares con pocos ingresos aumentó como consecuencia de la pérdida del empleo o la reducción salarial de muchas familias, que deben ahora recurrir al trabajo infantil como aporte complementario a la sobrevivencia.

El trabajo infantil está presente tanto en las zonas rurales como en las urbanas, y casi la mitad (el 48.7%) se practica en el sector agrícola. Más del 50% de la niñez trabajadora realiza tareas peligrosas, es decir, con riesgos o consecuencias negativas para su salud, educación o bienestar.

Ante esta compleja realidad continental, la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF recomiendan que se aumente el gasto en servicios públicos como la protección social; el acceso universal a una educación gratuita y de buena calidad y que se reabran las escuelas, pero de forma segura. También proponen el trabajo decente para la-os jóvenes en edad legal de trabajar; que se vuelva a prestar atención al trabajo infantil en la agricultura; que se promulguen leyes que protejan mejor a la niñez que promuevan sistemas integrales de protección de la infancia allí donde no existan.

Opciones de futuro

Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe analiza el impacto negativo de la pandemia –mayor que en todas las crisis anteriores– en los mercados laborales de América Latina y el Caribe. Y enumera sus expresiones más constantes: la destrucción y precarización del empleo; el aumento de la desocupación; la abrupta disminución de la participación laboral y los efectos en el empleo y en la participación de las mujeres, entre otros. Y sugiere anticipar los desafíos de corto y mediano plazo para una transición paulatina hacia la postpandemia.

Ésta dependerá tanto de la efectividad y la masificación de las medidas de control de la crisis sanitaria — en particular la vacunación–, como de la robustez de la recuperación de la actividad económica en un contexto de gran fragilidad.

Dada la profundidad del impacto de la crisis en 2020 y de las segundas y terceras olas que confrontan varios países, es muy probable que desde 2021 la región conviva con tasas de desocupación más altas respecto a los años precedentes.

Es posible, enfatizan la OIT y la CEPAL, que los empleos formales que se generen en el futuro, no recuperen en el corto plazo los niveles previos a la crisis sanitaria. Debido a los problemas que están experimentando muchas empresas, particularmente las micro, pequeñas y medianas, para sostener y recuperar su actividad.

En consecuencia, ciertos mecanismos como los seguros de desempleo, junto con las políticas de capacitación e intermediación laboral, son y serán muy importantes tanto para sostener los ingresos de los desocupados como para facilitar su retorno al mercado laboral.

Como opciones de salida de la crisis recomiendan la promoción de la inversión pública y privada con alta intensidad de mano de obra, especialmente en los sectores más afectados en cada país, “de manera que la reactivación del tejido productivo en esos sectores acelere la demanda del empleo a nivel sectorial”.

El sector informal, por otra parte, deberá estar también en el centro de la preocupación oficial. Será importante sostener políticas de ingreso para los trabajadores informales y sus familias durante las siguientes olas de la pandemia y en la postpandemia, enfatiza el estudio. Subraya también la atención particular, en esta etapa, a las opciones del trabajo femenino, particularmente afectado durante la crisis. “Para facilitar la reincorporación de las mujeres al mercado laboral — además de promover la recuperación del empleo–, se deberán priorizar las medidas que fortalezcan las políticas e instituciones de los sistemas de cuidado, tanto en términos de educación como de salud.

Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe subraya una realidad “novedosa” que explotó con fuerza en los últimos meses: los trabajadores intermediados por plataformas digitales. Constituyeron una fuente de empleo muy importante debido a la necesidad de reducir los contactos personales y de mantener el reparto de bienes esenciales. Sin embargo, la realidad muestra que existe una alta precarización de esta modalidad de trabajo caracterizada por la inestabilidad, largas jornadas, ausencia de protección socio-laboral y la falta de opciones de diálogo y representación. De ahí, la necesidad de bregar por condiciones realmente decentes en esta nueva modalidad laboral, insisten la OIT y la CEPAL.

Aunque no lo señalen explícitamente estos organismos, el futuro laboral-social en el continente – y a nivel mundial— va a generalizar el debate sobre quién pagará realmente los costos de la crisis. Una pugna esencial de sociedad, que, si bien ya se visualiza, sigue parcialmente velada por las restricciones pandémicas que limitan la movilización social. Todo anticipa que la recuperación del empleo y la vigencia de condiciones laborales decentes no solo dependerán de la buena voluntad de los gobiernos sino también de la presión social en las calles.

La pandemia jaquea al empleo

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Argentina: Diputados aprobó el proyecto de ley de cupo laboral trans

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por amplia mayoría y envió al Senado, el proyecto de ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

La iniciativa, aprobada a la 1.20 se debatió durante tres horas y sumó 207 votos a favor; 11 en contra y 7 abstenciones; éstas dos últimas expresiones correspondientes a diputados de Juntos por el Cambio, en su mayoría del PRO.

En el inicio del debate, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, destacó: “Hoy estamos poniendo en el centro de la conversación política que no somos varón o mujer, que no somos lo que nuestros genitales nos obligan, que no somos la cárcel de un cuerpo».

“Esta Ley ataca al patriarcado, ataca el biologicismo. Estamos poniendo en agenda los mandatos biológicos y desmontando el binarismo», agregó.

Su compañera de bloque, la cordobesa Gabriela Estévez, expresó: «Hoy seguimos transitando ese camino a la reparación que comenzó en el 2004, cuando Diana Sacayan decía, ‘hasta que no podamos ponernos en la piel del otro, no vamos a poder pensarnos como sujetos transformadores de la realidad’. Y éste proyecto se trata de eso. Es un paso más«.

En uno de los discursos más emotivos de la noche, enfatizó: “El propósito de esta Ley es que las travestis y mujeres trans puedan desarrollar sus proyectos de vida sin verse obligadas a migrar hacia las grandes ciudades para prostituirse, que los pibes trans no tengan que vivir sus identidades en la clandestinidad para acceder cuanto mucho a trabajos precarizados”.

En ese sentido, añadió: “Especialmente, que las infancias trans de todo el país, y sobre todo del interior profundo, puedan tener un presente y un futuro rodeadas de mucho amor y con pleno goce de su ciudadanía”.

La radical Brenda Austin dijo que “en los procesos de reparación, de transformación cultural, cada voto cuenta, y cada acción de acompañamiento es un esfuerzo más en acelerar esa transformación que es innegable”.

“Es claro que cuando hablamos del colectivo trans en Argentina y el mundo estamos hablando de un colectivo, que es quizás el que se encuentra en la mayor situación de vulneración de derechos”, agregó.

En tanto, Roxana Reyes dijo, en tanto, que “es un día histórico, de reconocimiento de derechos. Y siempre que se trata de reconocimiento de derechos acompañamos, y vamos a reivindicar tanto tiempo de silencio, de discrimación, olvido, abuso”.

Por la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro destacó la importancia de que se apruebe el proyecto al considerar que «es sólo una parte de lo que el Estado hace años le debe reconocer al colectivo».

«Debe reconocer reparando el pasado de ausencia de ese Estado, los distintos tipos de violencia emanadas desde ese Estado, la encarnizada discriminación y estigmatización a las que miles de personas de este colectivo fueron expuestas con exclusión, cárcel y muerte», agregó.

Mara Brawer, del Frente de Todos, expresó: «Este congreso tiene pendiente la Ley de Reparación Histórica para las personas trans de más de 40 años: es una manera de dar respuesta desde el Estado a quienes tienen su salud dañada, un pronóstico de vida corto y que ni con esta ley van a alcanzar un trabajo»

El proyecto también contempla que «a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.

Considera que se entiende por «personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer».

Otro de los puntos dice que «los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo».

Contempla además que las «contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente Ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales» y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.

Fuente: https://www.minutouno.com/politica/diversidad/diputados-aprobo-el-proyecto-ley-cupo-laboral-trans-n5200132

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Mundo: La pandemia aumenta los trabajadores pobres y pone en riesgo la igualdad de género en el mundo, según la OIT

La Organización Internacional del Trabajo advierte en su informe anual de que «hemos perdido cinco años de avances hacia la erradicación de la pobreza laboral», con tasas que han vuelto a los índices de 2015, y señala que las mujeres han sufrido muchas más pérdidas de empleo, mientras ha aumentado su tiempo de los trabajos no remunerados

2022 aún no será el año de la recuperación del empleo perdido por la pandemia en el mundo, advierte la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe anual. «Al menos hasta 2023 el crecimiento del empleo no logrará compensar las pérdidas sufridas», apunta el organismo. Este no es el único daño que deja el coronavirus en el mercado de trabajo. La COVID ha engordado la desigualdad, en muchos de sus ámbitos. Entre países ricos y pobres, entre trabajadores de un mismo entorno, cebándose con los más precarios y haciendo retroceder «cinco años» en los niveles de trabajadores pobres, y también entre mujeres y hombres, siendo ellas las más perjudicadas por esta crisis.

«La crisis del mercado de trabajo provocada por la pandemia de COVID-19 dista mucho de haber terminado». Con esta contundente frase presenta la OIT su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021, que se difunde este miércoles en todo el mundo y donde el organismo detecta varios retos del mercado laboral debido a la pandemia.

La OIT calcula que el próximo año seguiremos hablando de pérdidas de empleo globales. El organismo habla del «déficit de puestos de trabajo» inducido por la pandemia, que tiene en cuenta no solo los empleos destruidos tras la irrupción del coronavirus, sino también aquellos que no se han creado en este contexto de crisis por la pandemia y que estaba previsto que se generasen.

En 2020 la entidad calcula que hubo un déficit de 144 millones de puestos de trabajo, teniendo en cuenta la reducción de 114 millones de trabajadores respecto a 2019 y los «30 millones de nuevos puestos de trabajo» que se estimaba que se iban a crear el año pasado en todo el mundo. La pérdida de 2021 se sitúa todavía en 75 millones de trabajadores y en 2022 aún estima un déficit de puestos de trabajo de 23 millones. En este último año, ya sin pérdidas de trabajadores respecto el escenario prepandemia, pero con una creación de empleo aún lastrada por la pandemia, como se puede observar en el siguiente gráfico.

La pandemia aumenta los trabajadores pobres y pone en riesgo la igualdad de género en el mundo, según la OIT
Déficit mundial de puestos de trabajo inducido por la pandemia, comparado con 2019

Ya no solo hablando de puestos de trabajo, sino también de horas de trabajo, la OIT indica «las olas recurrentes de la pandemia en todo el mundo han provocado que los índices de pérdidas» se mantengan en cifras altas en 2021. «América Latina y el Caribe, y Europa y Asia Central son las dos regiones más afectadas, con pérdidas estimadas de horas de trabajo en cada caso superiores al 8% en el primer trimestre y al 6% en el segundo trimestre de 2021 (frente a las medias mundiales de -4,8% y -4,4%, respectivamente).

El organismo internacional calcula que en 2022 el número de personas desempleadas en el mundo se situará en 205 millones, todavía «muy por encima de los 187 millones de 2019».

Los trabajadores pobres, en niveles de 2015

Como advirtió en otro estudio Oxfam Intermón, la OIT también llama la atención sobre que la COVID-19 ha incrementado la desigualdad en el mundo. Por varios motivos, como una vacunación que está dejando atrás a los países pobres frente a los ricos, así como la mayor vulnerabilidad de los llamados «trabajadores informales» que no han tenido acceso en la mayoría de casos a protección social y unas medidas que han amortiguado la crisis –como el teletrabajo– más accesibles para trabajos cualificados y para hogares con mejores recursos (por ejemplo en lo referido en el acceso a internet).

Una maraña de factores que deja un mundo más desigual, entre los diferentes países y dentro de estos. Más desigual y con más trabajadores pobres. En comparación con 2019, a nivel mundial, la categoría de trabajadores pobres o sumamente pobres (es decir, que viven en hogares con una suma inferior a 3,20 dólares de los Estados Unidos por persona al día) ha aumentado, en lugar de retroceder. «Ha engrosado en 108 millones de personas», indica la OIT hasta un total de unos 700 millones de personas trabajadoras en pobreza extrema o moderada. La pobreza extrema, en concreto, ha sumado 34 millones de trabajadores.

Las medidas para compensar la caída de los ingresos laborales han sido más frecuentes en los países de ingresos más altos y, en cualquier caso, estas «en su mayor parte, se aplican a los «trabajadores formales», recuerda la OIT, lo que ha dejado a personas en situación irregular o con trabajos vulnerables sin protección. «Hemos perdido cinco años de avances hacia la erradicación de la pobreza laboral, ya que esta ha alcanzado tasas equivalentes a las de 2015», resalta el organismo. Esto empaña el horizonte de erradicar la pobreza en 2030, comprometido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Riesgo para la igualdad de género

La agencia de las Naciones Unidas para el mundo del trabajo subraya el riesgo que supone la pandemia para otra desigualdad: la de género. «Las mujeres se han visto excesivamente afectadas por la crisis» laboral de la COVID-19, advierte la OIT. En primer lugar, con una mayor pérdida de empleo: en 2020, la contracción del empleo femenino fue del 5% frente al 3,9% del empleo masculino. También es más elevada la cantidad de mujeres que dejaron el mercado laboral y pasaron a la inactividad, indica el estudio.

Pero además, como ha apuntado ya alguna investigación nacional, la pandemia que supuesto que las mujeres volvieran a asumir más los cuidados y el trabajo no remunerado en el hogar. «El aumento de las responsabilidades domésticas derivadas del confinamiento por la crisis ha planteado el riesgo de un ‘retorno a lo convencional’ con respecto a los roles de género», llama la atención la OIT.

Las mujeres ya soportan una carga desproporcionada del trabajo no remunerado en circunstancias normales y la crisis del coronavirus la ha incrementado. Entre otros motivos figuran el cierre de colegios y escuelas infantiles durante la pandemia, pero también por la mayor presencia de los trabajadores en casa por el teletrabajo. «En Canadá, por ejemplo, se ha descubierto que las madres solteras de niños menores de 6 años han sufrido una disminución del 28% de las horas de trabajo como consecuencia de la crisis», menciona el informe de la OIT.

Estas desigualdades de género durante la pandemia ya son preocupantes, pero lo serán más aún si no revierten con la recuperación y se confirma ese riesgo de volver al pasado en los avances entre mujeres y hombres. «Los retrocesos en la igualdad de género son especialmente preocupantes en aquellas regiones donde las brechas de género ya eran muy acusadas antes de la crisis», apunta el organismo.

Para contrarrestar este camino hacia la desigualdad en sus diferentes facetas, la OIT apuesta por una recuperación estructurada en torno a cuatro principios: promover el crecimiento económico de base amplia y crear empleo productivo; apoyar los ingresos de los hogares y la transición en el mercado de trabajo; apostar por un crecimiento y un desarrollo económicos inclusivos, sostenibles y resilientes; y utilizar el diálogo social para formular estrategias de recuperación centradas en las personas.

Fuente: https://rebelion.org/la-pandemia-aumenta-los-trabajadores-pobres-y-pone-en-riesgo-la-igualdad-de-genero-en-el-mundo-segun-la-oit/

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La Coalición Mundial para la Educación examina el momento crucial del aprendizaje digital en África

El 25 de mayo de 2021, con motivo del Día de África, la UNESCO congregó a los ministros del continente africano, a los agentes educativos y a los representantes del sector privado durante el foro en línea de la Coalición Mundial para la Educación (CME), titulado “El momento crucial del aprendizaje digital en línea: qué papel desempeñan los ecosistemas locales”.

“Celebramos esta jornada tras la mayor perturbación de la educación en la historia reciente. Esta perturbación ha exacerbado las desigualdades y amenaza seriamente los logros alcanzados durante décadas en materia de desarrollo en el continente y en todo el mundo”, declaró la Sra. Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO, durante la inauguración del foro ante más de 200 participantes. “Pero también ha permitido innovaciones que garantizan que todos los niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad y a un aprendizaje diferente y de mejor calidad”.

Al igual que otras regiones del mundo, el cierre de las escuelas debido a la COVID-19 en África tuvo una repercusión en la educación de millones de alumnos, incrementando las desigualdades existentes y afectando más a las poblaciones más vulnerables, en particular a las niñas, a los niños discapacitados y a los educandos que viven en las regiones rurales. Según un documento publicado por la UNESCO con motivo del Día de África, el cierre de las escuelas en todo el continente duró entre 11 y más de 40 semanas.

Como respuesta a la pandemia, numerosos gobiernos africanos lanzaron inmediatamente emisiones educativas a través de la televisión, la radio o en línea. Aunque se trataba de iniciativas positivas, solo el 34% de los hogares tienen acceso a Internet y aproximadamente el 89% de los educandos no tienen acceso a una computadora en sus casas, algo que hace de la brecha digital el mayor obstáculo para la continuidad pedagógica.

Creada al comienzo de la pandemia de COVID-19 para apoyar la continuidad pedagógica, la Coalición Mundial para la Educación de la UNESCO dio prioridad a África en sus operaciones. Hoy en día, la Coalición trabaja en 66 proyectos en 39 países de África y se están debatiendo otros 38 proyectos.

El Sr. Firmin Matoko, Subdirector General de la Prioridad África y de Relaciones Exteriores de la UNESCO, advirtió que la pandemia llevó a 34 millones de africanos a la pobreza extrema y destacó lo urgente de aumentar la eficacia del aprendizaje a distancia, apoyar a los docentes y construir conjuntamente con los jóvenes el futuro. “Se debe seguir sacando provecho del espíritu de celebración e innovación que existe hoy a través de toda África para apoyar la continuidad pedagógica mediante las inversiones en nuestros jóvenes, nuestras tecnologías y nuestros agentes educativos con miras a construir un futuro mejor para el continente”, declaró.

El interés cada vez mayor en sacar provecho de las tecnologías con miras al reforzamiento de los sistemas educativos permite reinventar, a través de diversas alianzas intersectoriales, un nuevo futuro para la educación en el continente africano apoyándose en los objetivos de la Agenda 2063, la Estrategia Continental de Educación para África (CESA) y el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre la educación.

S. E. la profesora Sarah Anyang Agbor, comisaria de la Unión Africana para la Educación, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, hizo hincapié en el hecho de que “la pandemia había reforzado la importancia de transformar los sistemas educativos del continente mediante la educación digital”. Asimismo, explicó que es este el objetivo de la estrategia tecnológica digital de la Unión Africana que adopta un enfoque holístico que abarca el acceso, la calidad, los contenidos pedagógicos, las pedagogías, la conectividad y los dispositivos.

Durante la primera mesa redonda, los ministros africanos de la República de Côte d’Ivoire, Ghana, el Reino de Marruecos y Túnez, así como el representante de la República Democrática del Congo, intercambiaron las lecciones extraídas de la pandemia y los desafíos a escala nacional en materia de generalización del aprendizaje digital y de ecosistemas locales. Resaltaron los problemas de equidad, de formación de docentes, de conectividad, de mala calidad de las infraestructuras y de carencia de dispositivos. Y convinieron en que la pandemia había acelerado la transformación digital, indicado una dependencia cada vez mayor con respecto al aprendizaje híbrido y subrayando la necesidad urgente de movilizar las financiaciones y las alianzas y de reforzar el aprendizaje entre homólogos, el intercambio de conocimientos y la necesidad de compartir los recursos educativos con espíritu solidario.

La mesa redonda de los asociados de la CME que tuvo lugar a continuación permitió presentar ideas para desarrollar ecosistemas de aprendizaje digital prósperos en África, que incluyen la participación de las partes interesadas clave, la movilización de financiaciones y la instauración de amplias estrategias. Finalmente, una sesión dedicada al mercado presentó soluciones locales y globales prometedoras y oportunidades de reforzar los ecosistemas locales para el aprendizaje digital, concebidos por los participantes de la CME, empresas y redes tales como Technovation, Pix, LabXchange, Curious Learning, Teach for All, Blackboard, Orange, Vodacom, Weidong Cloud Education y la Universidad del Pueblo.

Instantánea de los desafíos educativos y de las posibilidades de recuperación en África

Basándose en datos a escala subregional, incluido el paso al aprendizaje a distancia, el documento de la UNESCO, Instantánea de los desafíos educativos y las posibilidades de recuperación en África, destaca los retos y las respuestas a la COVID-19.

Con respecto a la transición hacia la enseñanza a distancia y la brecha digital en África, el documento subraya que la crisis vinculada a la COVID-19 y el cierre repentino de las escuelas provocaron evoluciones rápidas a escala nacional para remplazar la enseñanza presencial por diferentes formas de enseñanza a distancia e híbrida basada en las TIC. Los datos del UIS, 2021, demuestran que el momento de mayor auge de la pandemia y en septiembre de 2020, se impartió el aprendizaje en línea como solución eficaz en el conjunto de los países del mundo (84-86%). No obstante, África subsahariana y, en menor medida, África del Norte, no disponían de suficientes dispositivos ni de una conexión a Internet adecuada para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en línea y a distancia para todos los alumnos. Un año después de que comenzara la pandemia, los países africanos deben crear y apoyar un entorno propicio para ampliar las infraestructuras de aprendizaje digital para que nadie quede rezagado.

El informe concluye que, durante los dos últimos decenios, África alcanzó importantes progresos en materia de desarrollo social, crecimiento económico y educación, que se han visto afectados por la pandemia. Si no se toman medidas audaces, sacando provecho del potencial de innovación y creatividad, como las iniciativas educativas concebidas y puestas en marcha durante la crisis, esta situación podría exacerbar la pobreza y las desigualdades en un futuro cercano.

Al ser la educación el mayor igualador de la sociedad y en la mejor posición para contribuir a reducir las desigualdades, se han identificado las siguientes acciones a corto y largo plazo para que la educación desempeñe un papel clave en la recuperación del continente:

Prioridades a corto y mediano plazo:

  • Volver a escolarizar a los educandos
  • Organizar programas de recuperación
  • Empoderar a los educandos (la tecnología digital debe integrarse a su formación, incluidas las pedagogías relativas al aprendizaje mixto)
  • Apoyar la demanda de educación, en particular por parte de las poblaciones desfavorecidas
  • Implementar programas de perfeccionamiento de recualificación para los trabajadores que corren mayor riesgo de perder su empleo
  • Proteger los gastos públicos dedicados a la educación

Prioridades a largo plazo:

  • Hacer frente a los desafíos estructurales de larga duración, fundamentalmente, el acceso, la equidad y la calidad de la educación
  • Movilizar más recursos a escala nacional para la educación
  • Invertir en las infraestructuras (incluido en los dispositivos digitales y en la conectividad)
  • Emprender una transformación digital de la educación y sacar provecho de las tecnologías para promover la calidad y la equidad de la educación y las posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos

Fuente: https://es.unesco.org/news/coalicion-mundial-educacion-examina-momento-crucial-del-aprendizaje-digital-africa

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Yolanda Díaz: “Me propongo abordar la asignatura pendiente de la democracia en España: el trabajo decente”

Por: Tercera Información

  • La próxima vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social ha señalado que, en un contexto de crispación política, el Diálogo Social ha sido “un valor de confianza”.

  • Díaz ha defendido que la modernidad significa avanzar en derechos. La digitalización y el entorno tecnológico no deben ser sinónimos de precariedad.

  • La reforma profunda de las Políticas Activas de Empleo implica que se conciban como un derecho de las personas trabajadoras y que se incorporen a la digitalización para hacerlas eficaces.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha comparecido en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados para explicar la respuesta de su departamento a la pandemia en materia laboral y la transformación de las políticas de empleo en las que trabaja el ministerio cuya acción se encamina hacia un objetivo: ”Me propongo abordar definitivamente la asignatura pendiente de la democracia en España : el trabajo decente” ha subrayado Díaz durante su exposición.

Durante la comparecencia, la titular de Trabajo y Economía Social ha destacado el valor del diálogo en tres vertientes: social, con las organizaciones sindicales y empresariales; en el ámbito territorial con las comunidades autónomas y en el ámbito político, con los grupos parlamentarios. Tal y como ha explicado la ministra, “en un momento de alta incertidumbre económica y alta crispación política, hemos sido un valor de confianza. Y la confianza es muy importante para la economía y para la gente”, ha recordado Yolanda Díaz que también ha recordado que los acuerdos han permitido proteger a millones de trabajadores y centenares de miles de empresas.

La ministra ha anunciado, además, que abordará, en los próximos meses, las reformas estructurales que necesita el mercado de trabajo en España, unas medidas que ya se han puesto en conocimiento de la Unión Europea y que ya se han puesto en marcha.

 

El PP acusa a la ministra de Trabajo de subir “en escalafón si se agarra bien fuerte a una coleta”

 

Políticas Activas de Empleo

La ministra de Trabajo y Economía Social también ha adelantado en la Cámara Baja que se dispone de una “base de acuerdo” con los agentes sociales en relación a la Estrategia de apoyo activo al Empleo y en el Programa de Garantía Juvenil Plus. “Estamos alcanzando un acuerdo para una nueva generación de políticas activas de empleo, incorporando estas políticas a la era digital para hacerlas eficaces”, ha recalcado Díaz.

La reforma profunda de estas políticas implica que se conciban como un derecho que conlleva la personalización de servicios, el diseño de itinerarios personalizados que permitan también el reciclaje profesional de los beneficiarios y la evaluación para cumplir con el mandato de la Organización Internacional del Trabajo y de la Unión Europea de promover un empleo estable, de calidad y con derechos.

Trabajo decente en el entorno tecnológico

El trayecto hacia la digitalización y la incorporación de las nuevas tecnologías en el entorno laboral supone un “viaje trascendental”, ha explicado Yolanda Díaz, “que nos dirá cómo articular una sociedad que haga compatibles el trabajo decente, la protección social y el progreso tecnológico”. En este proceso, el acuerdo sobre repartidores es un paso firme. Este viaje debe culminar en un estatuto del trabajo del siglo XXI.

Establecer un SMI que alcance el 60% del salario medio es un objetivo de esta legislatura, en la línea del mandato de las recomendaciones internacionales.

Labor de la Inspección de Trabajo

Yolanda Díaz también ha destacado el papel de la Inspección de Trabajo en la lucha contra la precariedad.

En apenas dos años de utilización masiva de la Herramienta de Lucha contra el Fraude, este organismo autónomo ha transformado más de 320.000 contratos temporales irregulares en indefinidos, una cifra histórica para la Inspección.

 

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/22/03/2021/yolanda-diaz-me-propongo-abordar-la-asignatura-pendiente-de-la-democracia-en-espana-el-trabajo-decente/
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Mundo: La respuesta al fuerte aumento de la inseguridad alimentaria en los países más pobres

Los impactos de la pandemia de COVID-19 han aumentado de manera dramática la inseguridad alimentaria (PDF, en inglés) en los países más pobres y vulnerables que reciben asistencia de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial. ¿Qué significa esto para el tipo de apoyo que necesitan estos países y qué está haciendo la AIF para abordar esta crisis emergente?

En primer lugar, es importante entender la escala de este aumento de la inseguridad alimentaria y lo que está en juego.

Según el Programa Mundial de Alimentos, otros 96 millones de personas cayeron en una situación de inseguridad alimentaria aguda en 2020 en 54 países de la AIF. Si se suman los 137 millones que ya sufrían inseguridad alimentaria aguda a fines de 2019 en esos países, el total llega a 233 millones de personas a finales de 2020. Las personas que viven en entornos frágiles y afectados por conflictos corren especial riesgo. Las proyecciones del Banco Mundial (basadas en la aplicación de los resultados de un modelo estocástico para predecir la inseguridad alimentaria [i]) indican que esta cifra podría aumentar aún más, hasta alcanzar unos 330 millones en 2021.

Es probable que el fuerte aumento de la inseguridad alimentaria aguda haga retroceder gran parte de los avances obtenidos en las últimas décadas en materia de nutrición materna e infantil.  El aumento del número de niños con retraso del crecimiento comprometerá su capital humano y productividad económica en el futuro.

En segundo lugar, es fundamental comprender las raíces de la crisis alimentaria provocada por la COVID-19.

A diferencia de la crisis alimentaria de 2008, impulsada por perturbaciones en los mercados mundiales, la actual crisis es fomentada por alteraciones en los mercados locales de trabajo y de productos. Las grandes pérdidas de ingresos y remesas han reducido la capacidad de los hogares urbanos y rurales de comprar alimentos.  Además, las interrupciones del suministro a los mercados locales han disminuido la disponibilidad de alimentos y han aumentado los precios de los alimentos locales.

Las economías que dependen de las importaciones enfrentan dificultades adicionales debido a que las depreciaciones monetarias han elevado el costo de los alimentos y otras importaciones esenciales.  Las alteraciones del suministro incluyen: las restricciones a la circulación que impiden el comercio de alimentos, el cierre de ‘mercados húmedos’, la menor disponibilidad de mano de obra, la falta de liquidez (especialmente para los grandes comerciantes de alimentos), el cierre de empresas informales así como de microempresas y pymes frágiles (que dominan las cadenas de valor agrícolas en la mayoría de los países de la AIF), y el acceso limitado a insumos agrícolas para la producción de la próxima temporada. Como resultado de estas interrupciones del suministro, la inflación de los precios de los alimentos en los países de la AIF aumentó significativamente y más rápido que la inflación general, afectando en particular el precio de los alimentos perecederos y de mayor valor nutritivo en comparación con los cereales.

Estos impactos se suman a las múltiples causas subyacentes de la tendencia al alza del hambre en el mundo desde 2014 (PDF) observada antes de la pandemia de COVID-19. Esta tendencia ha sido considerablemente más pronunciada y comenzó antes en los países de la AIF que en el resto del mundo.

Las causas de fondo del aumento a largo plazo del hambre incluyen el clima, los conflictos, las enfermedades zoonóticas y las plagas, así como las crisis económicas.

En África al sur del Sahara, por ejemplo, la frecuencia de las crisis climáticas en la producción de alimentos per cápita aumentó de 1 vez cada 12,5 años entre 1982 y 2006 a 1 vez cada 2,5 años entre 2007 y 2016. Mantener el crecimiento de la producción de alimentos per cápita a largo plazo es cada vez más difícil con estos contratiempos causados por condiciones meteorológicas más frecuentes.

Los conflictos violentos han aumentado desde 2010, siendo la inseguridad alimentaria tanto una consecuencia como una causa de los conflictos. La inseguridad física ha reducido los incentivos para las inversiones y la violencia ha alterado el transporte a los mercados y destruido la infraestructura esencial para aumentar los ingresos y la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, la inseguridad alimentaria, impulsada por las crisis climáticas, la volatilidad de los precios de los alimentos, la exclusión y la falta de oportunidades económicas, ha incrementado el riesgo de conflictos.

La frecuencia y el impacto de otros brotes de enfermedades zoonóticas −enfermedades infecciosas transmitidas de los animales a los seres humanos− más allá de la COVID-19, como la gripe aviar, el SRAG, el SROM y el ébola, han aumentado en las últimas dos décadas. Las plagas de los cultivos, como la reciente plaga de langostas, agravan los impactos. Las crisis macroeconómicas también han hecho subir los precios de los alimentos y la inflación general en varios países de la AIF.

Según el último consenso entre asociados del Mecanismo de Acción contra la Hambruna (i), los “puntos críticos” de inseguridad alimentaria aguda durante los próximos 12 meses se concentran en 12 países de la AIF: Afganistán, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Níger, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Yemen y Zimbabwe.

Es por esta razón que la respuesta de la AIF se ha centrado tanto en las necesidades alimentarias inmediatas como en las causas subyacentes a largo plazo de la inseguridad alimentaria.

La AIF comprometió USD 5300 millones en nuevo financiamiento para encarar la seguridad alimentaria durante seis meses hasta fines de septiembre de 2020. Aproximadamente la mitad de esta respuesta se dirigió a satisfacer las necesidades inmediatas de seguridad alimentaria y la otra mitad para abordar los factores a largo plazo que impulsan la inseguridad alimentaria.

Las respuestas para satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas han sido importantes: duplicar el monto total de financiamiento del Programa de Respuesta a la Crisis Mundial de los Alimentos entre 2008 y 2011. Este incluye fondos para ampliar los programas de redes de protección social, mantener la circulación de alimentos, distribuir y mejorar el acceso a los alimentos, proteger el empleo y los medios de subsistencia, apoyar a las agroindustrias y los pequeños emprendedores (y la producción de alimentos de la próxima temporada) y mitigar los impactos y la propagación de langostas para reducir los efectos acumulativos en los hogares.

Pero si no se presta atención a los factores de largo plazo, las crisis alimentarias se repetirán.  En Haití (i), por ejemplo, la AIF combina asistencia a corto y largo plazo: a fin de contrarrestar las pérdidas de ingresos, proporciona a los agricultores semillas y fertilizantes para salvaguardar las cosechas futuras, apoyando al mismo tiempo pequeñas obras de riego que aumentan la resiliencia a largo plazo frente al cambio climático.

Las respuestas para abordar los factores subyacentes de la inseguridad alimentaria se basan en el historial de la AIF durante la última década.

Desde 2008, la AIF ha triplicado su apoyo anual destinado a la agricultura y la protección social, centrándose al mismo tiempo cada vez más en mejorar la resiliencia al cambio climático, reducir el riesgo de conflictos, abordar el riesgo de enfermedades zoonóticas a través del enfoque Una salud (i) y ampliar las oportunidades económicas. Por ejemplo, una donación de USD 60 millones de la AIF (i) ayuda a los países africanos a fortalecer la resiliencia al cambio climático de sus sectores agrícolas incorporando estudios del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR) (i) en esta zona. La AIF también ha hecho hincapié en mejorar la nutrición para desarrollar capital humano.

En todos estos ámbitos, es importante alinear mejor las políticas y el gasto público para lograr mejores resultados en el área de la seguridad alimentaria. Esta alineación es fundamental para atraer mayor inversión privada y promover el cambio tecnológico. Una mejor logística y tecnologías digitales también pueden ayudar a aumentar la eficiencia, la resiliencia y la inclusión de los mercados y las cadenas de valor agrícolas.

Las respuestas en materia de seguridad alimentaria implementadas en situaciones frágiles y afectadas por conflictos deben abordar cada vez más las características convergentes que limitan el desarrollo en estos entornos. Esto incluye reducir los riesgos de conflicto, mejorar la cohesión social y la percepción ciudadana de la legitimidad del Estado, desarrollar el sector privado y crear empleo, y proporcionar medios de subsistencia a los desplazados y refugiados, todo lo cual puede ayudar a mejorar aún más la seguridad alimentaria.

El programa de seguridad alimentaria es amplio y urgente, y abarca a todos los sectores, regiones y segmentos de la sociedad.  La AIF enfrenta el desafío trabajando con una coalición de diversos asociados, que incluye organismos de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones humanitarias e instituciones de investigación, para enfrentar la inseguridad alimentaria en múltiples frentes, abordando los problemas en la agricultura, las redes de protección social, la salud, el agua y la estabilidad macroeconómica. Una respuesta oportuna al fuerte aumento de la inseguridad alimentaria en los países más pobres supone un futuro mejor para todos. 

Fuente: https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-respuesta-al-fuerte-aumento-de-la-inseguridad-alimentaria-en-los-paises-mas-pobres?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM94613

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Educación pública, muerte silenciosa y pandemia

Por; javier Suazo

La Covid-19 profundizó las brechas de desigualdad en la educación, ya que más de 1600 millones de estudiantes, a nivel mundial, abandonaron las aulas porque cerraron las escuelas.

Cada vez se hace más necesario contar con individuos críticos y creativos que comprendan su mundo, lo cuestionen y persigan lo perfectible”

Andrews Paiva

 

Las llamadas políticas públicas universales, hace mucho tiempo desaparecieron de Latinoamérica. Cada vez más el Estado ha ido trasladando parte de las competencias, funciones y recursos en este campo a actores privados, algunos disfrazados de ONGs y otros de iglesias evangélicas. Igual, la descentralización y sus modalidades “impuras” como la desconcentración y terciarización, han acelerado este proceso, ya que los gobiernos subnacionales y locales encuentran más fácil negociar con centros de enseñanza privada para que presten este tipo de servicios, que asumir la responsabilidad que implica la enseñanza pública, garantizando acceso permanente y educación de calidad a la población.

Los gobiernos asignan menos recursos a los presupuestos de educación, salud y protección social, por lo que, en el caso de la educación, las familias se ven orilladas a buscar conocimiento en escuelas y universidades privadas, o simplemente, por los altos costos y aumento del desempleo y pobreza, renunciar a dicho conocimiento. La alta deserción escolar tiene explicación en esta realidad, pero también en la ausencia de nuevos enfoques y metodologías de enseñanza que utilicen al máximo recursos locales que ligan la presencia en las aulas o talleres de clase, con el trabajo material que se realiza dentro y fuera del hogar.

Varios países latinoamericanos, entre lo que destaca Uruguay y Costa Rica, le apostaron a la educación con políticas de cobertura universal, incluso en el marco de la vigencia de programas de ajuste económico, donde la orden del día era recortes de gastos sin excepción; prácticamente, con el respaldo de la población, convencieron a los OFIs, de la importancia de mantener o aumentar en forma vegetativa el gasto en educación. Con todo lo que ha significado el bloqueo a Cuba, la educación es uno de los pilares donde ha descansado el desarrollo a escala humana, aunque recién, por el bloqueo histórico y la crisis financiera, en lo económico se flexibilice la ejecución de políticas económicos para permitir mayor participación de inversión externa.

Antes del Covid-19, era evidente que, en la mayoría de los países, se apostaba a una educación acrítica, donde los valores del mercado, tecnicismo y los idiomas, eran más importantes que el humanismo. Y es que no puedan coexistir, sino que su avance se ha hecho a costo del debilitamiento de la educación en valores universales, derechos y culturas propias. Hay escuelas privadas donde se enseñanza el idioma inglés como segunda lengua, pero los jóvenes asumen que debe acompañarse con estilos de vida como en el país del norte. Como escribieron algunos miembros de la escuela de Fráncfort, “el conocimiento se constituye en la realidad y no por producción de conceptos, no hay que separar sujeto y realidad, ya que todo conocimiento depende de la práctica, de la época y de la experiencia”.

Con el Covid-19, la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry, demanda que la población reciba una educación, pero una educación con pensamiento crítico. La Covid-19 profundizó las brechas de desigualdad en educación, ya que “más de mil seiscientos millones de estudiantes, de todos los sistemas juntos, a nivel mundial, abandonaron las aulas porque hubo que cerrar bastante rápido las escuelas”. El cierre se dio por decreto de las Secretarias de Educación, sin que se tuviera certeza de volver a la educación presencial, incluso después que entrara la vacuna en los países que hicieron contratos a tiempo, como Panamá, Costa Rica, Bolivia, Chile y México, no así países como Honduras que confiaron en la OPS-OMS y su mecanismo COVAX, que se retrasó y orilló a las autoridades a negociar directamente la compra de vacunas con empresas comerciales y países, incluyendo la vacuna Sputnik V, y a obtener unas 5,000 vacunas (dosis) donadas por Israel a cambio de apoyar sus propuestas de tipo político e ideológico.

En el caso de la educación, los países latinoamericanos debieron aprender de Uruguay, el primer país que retomó la presencialidad con mucho éxito, efectividad y responsabilidad. La valorización de sus autoridades educativas es que la educación es más que un aula de estudio, es vida, contario al encierro que es muerte. En el caso de Costa Rica, una de las justificaciones para abrir las escuelas y colegios, lo fue el ausentismo generado por la pandemia, donde muchos alumnos y alumnas se retiraban por no contar con los recursos para acompañar la educación en línea.

 

Debido a la ausencia de las comidas escolares, los niños están hambrientos y su nutrición está empeorando. A causa de la falta de interacciones diarias con sus compañeros y la reducción de la movilidad, están perdiendo su forma física y están mostrando síntomas de trastornos mentales. Asimismo, al no disponer de la red de seguridad que suele brindarles la escuela, los niños están más expuestos al abuso, el matrimonio infantil y el trabajo infantil”. (unicef.org. nicaragua/prensa 12-01-2021),

A ello se agrega, el problema del inmovilismo, especialmente en los colegios de secundaria y la universidad, donde las asociaciones de estudiantes y los grupos estudiantiles no han podido seguir con la lucha dentro de los centros de estudio para enfrentar las reformas educativas promovidas por los gobiernos y apoyadas por los Organismos Financieros Internacionales, caso particular del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas organizaciones de estudiantes siguen saliendo a las calles para protestas por la falta de educación presencial antes y durante el Covid-19, manteniéndose activas en las redes sociales; pero también lo harán una vez que se profundicen las reformas neoliberales por los gobiernos Post-Covid-19, en tanto los niveles de endeudamiento público serán inmanejables, sobre todo los pagos del servicio de la deuda externa.

Los procesos de innovación educativa también han sido afectados por el Covid-19, pero no aquel tipo de “innovación” que entrega 8,000 “tabletas” a niños y niñas para que puedan conectarse al internet y seguir las clases virtuales (que en mayoría son abandonadas), tal como sucede en Honduras; hablamos de aquella innovación que rescata las lenguas e idiomas ancestrales y valores comunitarios, donde se sigue con un tipo de enseñanza participativa liderada por maestros de las comunidades. En el caso de Nicaragua, la educación a distancia forma parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje.

Hay evidencia que los costos por pago de maestros, materiales y servicios públicos de los gobiernos, han bajado por la pandemia, ya que, en el caso particular de la educación secundaria y universitaria, el ausentismo escolar es alto. Se argumenta que, la reingineria tecnológica en las universidades para enfrentar la demanda de la educación en línea, implica un gasto adicional, pero ello es mucho menor que el gasto de la educación presencial. A ello se debe que varios gobiernos que enfrentan problemas financieros por la caída de los ingresos tributarios, no estén muy interesados en volver a la normalidad, y sigan trasladando los costos de la educación virtual a la población.

Finalmente, los grupos y partidos de oposición y gobiernos deben concretar una alianza para priorizar la educación como una de las principales políticas públicas de los Estados, conjuntamente con la salud, generación de empleo masivo y el ambiente. Ocupamos asignar los recursos necesarios cada año para que se garantice una educación universal y de calidad, sustentada en un pensamiento crítico que involucre a las organizaciones sociales y comunitarias. Esta (s) políticas públicas no deben ser negociadas con el FMI y Banco Mundial, ya que es un mandato de la voluntad popular hecho gobierno.

Tegucigalpa, DC, 24 de febrero de 2021

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/211115

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