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Yolanda Díaz: “Me propongo abordar la asignatura pendiente de la democracia en España: el trabajo decente”

Por: Tercera Información

  • La próxima vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social ha señalado que, en un contexto de crispación política, el Diálogo Social ha sido “un valor de confianza”.

  • Díaz ha defendido que la modernidad significa avanzar en derechos. La digitalización y el entorno tecnológico no deben ser sinónimos de precariedad.

  • La reforma profunda de las Políticas Activas de Empleo implica que se conciban como un derecho de las personas trabajadoras y que se incorporen a la digitalización para hacerlas eficaces.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha comparecido en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados para explicar la respuesta de su departamento a la pandemia en materia laboral y la transformación de las políticas de empleo en las que trabaja el ministerio cuya acción se encamina hacia un objetivo: ”Me propongo abordar definitivamente la asignatura pendiente de la democracia en España : el trabajo decente” ha subrayado Díaz durante su exposición.

Durante la comparecencia, la titular de Trabajo y Economía Social ha destacado el valor del diálogo en tres vertientes: social, con las organizaciones sindicales y empresariales; en el ámbito territorial con las comunidades autónomas y en el ámbito político, con los grupos parlamentarios. Tal y como ha explicado la ministra, “en un momento de alta incertidumbre económica y alta crispación política, hemos sido un valor de confianza. Y la confianza es muy importante para la economía y para la gente”, ha recordado Yolanda Díaz que también ha recordado que los acuerdos han permitido proteger a millones de trabajadores y centenares de miles de empresas.

La ministra ha anunciado, además, que abordará, en los próximos meses, las reformas estructurales que necesita el mercado de trabajo en España, unas medidas que ya se han puesto en conocimiento de la Unión Europea y que ya se han puesto en marcha.

 

El PP acusa a la ministra de Trabajo de subir “en escalafón si se agarra bien fuerte a una coleta”

 

Políticas Activas de Empleo

La ministra de Trabajo y Economía Social también ha adelantado en la Cámara Baja que se dispone de una “base de acuerdo” con los agentes sociales en relación a la Estrategia de apoyo activo al Empleo y en el Programa de Garantía Juvenil Plus. “Estamos alcanzando un acuerdo para una nueva generación de políticas activas de empleo, incorporando estas políticas a la era digital para hacerlas eficaces”, ha recalcado Díaz.

La reforma profunda de estas políticas implica que se conciban como un derecho que conlleva la personalización de servicios, el diseño de itinerarios personalizados que permitan también el reciclaje profesional de los beneficiarios y la evaluación para cumplir con el mandato de la Organización Internacional del Trabajo y de la Unión Europea de promover un empleo estable, de calidad y con derechos.

Trabajo decente en el entorno tecnológico

El trayecto hacia la digitalización y la incorporación de las nuevas tecnologías en el entorno laboral supone un “viaje trascendental”, ha explicado Yolanda Díaz, “que nos dirá cómo articular una sociedad que haga compatibles el trabajo decente, la protección social y el progreso tecnológico”. En este proceso, el acuerdo sobre repartidores es un paso firme. Este viaje debe culminar en un estatuto del trabajo del siglo XXI.

Establecer un SMI que alcance el 60% del salario medio es un objetivo de esta legislatura, en la línea del mandato de las recomendaciones internacionales.

Labor de la Inspección de Trabajo

Yolanda Díaz también ha destacado el papel de la Inspección de Trabajo en la lucha contra la precariedad.

En apenas dos años de utilización masiva de la Herramienta de Lucha contra el Fraude, este organismo autónomo ha transformado más de 320.000 contratos temporales irregulares en indefinidos, una cifra histórica para la Inspección.

 

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/22/03/2021/yolanda-diaz-me-propongo-abordar-la-asignatura-pendiente-de-la-democracia-en-espana-el-trabajo-decente/
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Mundo: La respuesta al fuerte aumento de la inseguridad alimentaria en los países más pobres

Los impactos de la pandemia de COVID-19 han aumentado de manera dramática la inseguridad alimentaria (PDF, en inglés) en los países más pobres y vulnerables que reciben asistencia de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial. ¿Qué significa esto para el tipo de apoyo que necesitan estos países y qué está haciendo la AIF para abordar esta crisis emergente?

En primer lugar, es importante entender la escala de este aumento de la inseguridad alimentaria y lo que está en juego.

Según el Programa Mundial de Alimentos, otros 96 millones de personas cayeron en una situación de inseguridad alimentaria aguda en 2020 en 54 países de la AIF. Si se suman los 137 millones que ya sufrían inseguridad alimentaria aguda a fines de 2019 en esos países, el total llega a 233 millones de personas a finales de 2020. Las personas que viven en entornos frágiles y afectados por conflictos corren especial riesgo. Las proyecciones del Banco Mundial (basadas en la aplicación de los resultados de un modelo estocástico para predecir la inseguridad alimentaria [i]) indican que esta cifra podría aumentar aún más, hasta alcanzar unos 330 millones en 2021.

Es probable que el fuerte aumento de la inseguridad alimentaria aguda haga retroceder gran parte de los avances obtenidos en las últimas décadas en materia de nutrición materna e infantil.  El aumento del número de niños con retraso del crecimiento comprometerá su capital humano y productividad económica en el futuro.

En segundo lugar, es fundamental comprender las raíces de la crisis alimentaria provocada por la COVID-19.

A diferencia de la crisis alimentaria de 2008, impulsada por perturbaciones en los mercados mundiales, la actual crisis es fomentada por alteraciones en los mercados locales de trabajo y de productos. Las grandes pérdidas de ingresos y remesas han reducido la capacidad de los hogares urbanos y rurales de comprar alimentos.  Además, las interrupciones del suministro a los mercados locales han disminuido la disponibilidad de alimentos y han aumentado los precios de los alimentos locales.

Las economías que dependen de las importaciones enfrentan dificultades adicionales debido a que las depreciaciones monetarias han elevado el costo de los alimentos y otras importaciones esenciales.  Las alteraciones del suministro incluyen: las restricciones a la circulación que impiden el comercio de alimentos, el cierre de ‘mercados húmedos’, la menor disponibilidad de mano de obra, la falta de liquidez (especialmente para los grandes comerciantes de alimentos), el cierre de empresas informales así como de microempresas y pymes frágiles (que dominan las cadenas de valor agrícolas en la mayoría de los países de la AIF), y el acceso limitado a insumos agrícolas para la producción de la próxima temporada. Como resultado de estas interrupciones del suministro, la inflación de los precios de los alimentos en los países de la AIF aumentó significativamente y más rápido que la inflación general, afectando en particular el precio de los alimentos perecederos y de mayor valor nutritivo en comparación con los cereales.

Estos impactos se suman a las múltiples causas subyacentes de la tendencia al alza del hambre en el mundo desde 2014 (PDF) observada antes de la pandemia de COVID-19. Esta tendencia ha sido considerablemente más pronunciada y comenzó antes en los países de la AIF que en el resto del mundo.

Las causas de fondo del aumento a largo plazo del hambre incluyen el clima, los conflictos, las enfermedades zoonóticas y las plagas, así como las crisis económicas.

En África al sur del Sahara, por ejemplo, la frecuencia de las crisis climáticas en la producción de alimentos per cápita aumentó de 1 vez cada 12,5 años entre 1982 y 2006 a 1 vez cada 2,5 años entre 2007 y 2016. Mantener el crecimiento de la producción de alimentos per cápita a largo plazo es cada vez más difícil con estos contratiempos causados por condiciones meteorológicas más frecuentes.

Los conflictos violentos han aumentado desde 2010, siendo la inseguridad alimentaria tanto una consecuencia como una causa de los conflictos. La inseguridad física ha reducido los incentivos para las inversiones y la violencia ha alterado el transporte a los mercados y destruido la infraestructura esencial para aumentar los ingresos y la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, la inseguridad alimentaria, impulsada por las crisis climáticas, la volatilidad de los precios de los alimentos, la exclusión y la falta de oportunidades económicas, ha incrementado el riesgo de conflictos.

La frecuencia y el impacto de otros brotes de enfermedades zoonóticas −enfermedades infecciosas transmitidas de los animales a los seres humanos− más allá de la COVID-19, como la gripe aviar, el SRAG, el SROM y el ébola, han aumentado en las últimas dos décadas. Las plagas de los cultivos, como la reciente plaga de langostas, agravan los impactos. Las crisis macroeconómicas también han hecho subir los precios de los alimentos y la inflación general en varios países de la AIF.

Según el último consenso entre asociados del Mecanismo de Acción contra la Hambruna (i), los “puntos críticos” de inseguridad alimentaria aguda durante los próximos 12 meses se concentran en 12 países de la AIF: Afganistán, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Níger, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Yemen y Zimbabwe.

Es por esta razón que la respuesta de la AIF se ha centrado tanto en las necesidades alimentarias inmediatas como en las causas subyacentes a largo plazo de la inseguridad alimentaria.

La AIF comprometió USD 5300 millones en nuevo financiamiento para encarar la seguridad alimentaria durante seis meses hasta fines de septiembre de 2020. Aproximadamente la mitad de esta respuesta se dirigió a satisfacer las necesidades inmediatas de seguridad alimentaria y la otra mitad para abordar los factores a largo plazo que impulsan la inseguridad alimentaria.

Las respuestas para satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas han sido importantes: duplicar el monto total de financiamiento del Programa de Respuesta a la Crisis Mundial de los Alimentos entre 2008 y 2011. Este incluye fondos para ampliar los programas de redes de protección social, mantener la circulación de alimentos, distribuir y mejorar el acceso a los alimentos, proteger el empleo y los medios de subsistencia, apoyar a las agroindustrias y los pequeños emprendedores (y la producción de alimentos de la próxima temporada) y mitigar los impactos y la propagación de langostas para reducir los efectos acumulativos en los hogares.

Pero si no se presta atención a los factores de largo plazo, las crisis alimentarias se repetirán.  En Haití (i), por ejemplo, la AIF combina asistencia a corto y largo plazo: a fin de contrarrestar las pérdidas de ingresos, proporciona a los agricultores semillas y fertilizantes para salvaguardar las cosechas futuras, apoyando al mismo tiempo pequeñas obras de riego que aumentan la resiliencia a largo plazo frente al cambio climático.

Las respuestas para abordar los factores subyacentes de la inseguridad alimentaria se basan en el historial de la AIF durante la última década.

Desde 2008, la AIF ha triplicado su apoyo anual destinado a la agricultura y la protección social, centrándose al mismo tiempo cada vez más en mejorar la resiliencia al cambio climático, reducir el riesgo de conflictos, abordar el riesgo de enfermedades zoonóticas a través del enfoque Una salud (i) y ampliar las oportunidades económicas. Por ejemplo, una donación de USD 60 millones de la AIF (i) ayuda a los países africanos a fortalecer la resiliencia al cambio climático de sus sectores agrícolas incorporando estudios del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR) (i) en esta zona. La AIF también ha hecho hincapié en mejorar la nutrición para desarrollar capital humano.

En todos estos ámbitos, es importante alinear mejor las políticas y el gasto público para lograr mejores resultados en el área de la seguridad alimentaria. Esta alineación es fundamental para atraer mayor inversión privada y promover el cambio tecnológico. Una mejor logística y tecnologías digitales también pueden ayudar a aumentar la eficiencia, la resiliencia y la inclusión de los mercados y las cadenas de valor agrícolas.

Las respuestas en materia de seguridad alimentaria implementadas en situaciones frágiles y afectadas por conflictos deben abordar cada vez más las características convergentes que limitan el desarrollo en estos entornos. Esto incluye reducir los riesgos de conflicto, mejorar la cohesión social y la percepción ciudadana de la legitimidad del Estado, desarrollar el sector privado y crear empleo, y proporcionar medios de subsistencia a los desplazados y refugiados, todo lo cual puede ayudar a mejorar aún más la seguridad alimentaria.

El programa de seguridad alimentaria es amplio y urgente, y abarca a todos los sectores, regiones y segmentos de la sociedad.  La AIF enfrenta el desafío trabajando con una coalición de diversos asociados, que incluye organismos de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones humanitarias e instituciones de investigación, para enfrentar la inseguridad alimentaria en múltiples frentes, abordando los problemas en la agricultura, las redes de protección social, la salud, el agua y la estabilidad macroeconómica. Una respuesta oportuna al fuerte aumento de la inseguridad alimentaria en los países más pobres supone un futuro mejor para todos. 

Fuente: https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-respuesta-al-fuerte-aumento-de-la-inseguridad-alimentaria-en-los-paises-mas-pobres?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM94613

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Educación pública, muerte silenciosa y pandemia

Por; javier Suazo

La Covid-19 profundizó las brechas de desigualdad en la educación, ya que más de 1600 millones de estudiantes, a nivel mundial, abandonaron las aulas porque cerraron las escuelas.

Cada vez se hace más necesario contar con individuos críticos y creativos que comprendan su mundo, lo cuestionen y persigan lo perfectible”

Andrews Paiva

 

Las llamadas políticas públicas universales, hace mucho tiempo desaparecieron de Latinoamérica. Cada vez más el Estado ha ido trasladando parte de las competencias, funciones y recursos en este campo a actores privados, algunos disfrazados de ONGs y otros de iglesias evangélicas. Igual, la descentralización y sus modalidades “impuras” como la desconcentración y terciarización, han acelerado este proceso, ya que los gobiernos subnacionales y locales encuentran más fácil negociar con centros de enseñanza privada para que presten este tipo de servicios, que asumir la responsabilidad que implica la enseñanza pública, garantizando acceso permanente y educación de calidad a la población.

Los gobiernos asignan menos recursos a los presupuestos de educación, salud y protección social, por lo que, en el caso de la educación, las familias se ven orilladas a buscar conocimiento en escuelas y universidades privadas, o simplemente, por los altos costos y aumento del desempleo y pobreza, renunciar a dicho conocimiento. La alta deserción escolar tiene explicación en esta realidad, pero también en la ausencia de nuevos enfoques y metodologías de enseñanza que utilicen al máximo recursos locales que ligan la presencia en las aulas o talleres de clase, con el trabajo material que se realiza dentro y fuera del hogar.

Varios países latinoamericanos, entre lo que destaca Uruguay y Costa Rica, le apostaron a la educación con políticas de cobertura universal, incluso en el marco de la vigencia de programas de ajuste económico, donde la orden del día era recortes de gastos sin excepción; prácticamente, con el respaldo de la población, convencieron a los OFIs, de la importancia de mantener o aumentar en forma vegetativa el gasto en educación. Con todo lo que ha significado el bloqueo a Cuba, la educación es uno de los pilares donde ha descansado el desarrollo a escala humana, aunque recién, por el bloqueo histórico y la crisis financiera, en lo económico se flexibilice la ejecución de políticas económicos para permitir mayor participación de inversión externa.

Antes del Covid-19, era evidente que, en la mayoría de los países, se apostaba a una educación acrítica, donde los valores del mercado, tecnicismo y los idiomas, eran más importantes que el humanismo. Y es que no puedan coexistir, sino que su avance se ha hecho a costo del debilitamiento de la educación en valores universales, derechos y culturas propias. Hay escuelas privadas donde se enseñanza el idioma inglés como segunda lengua, pero los jóvenes asumen que debe acompañarse con estilos de vida como en el país del norte. Como escribieron algunos miembros de la escuela de Fráncfort, “el conocimiento se constituye en la realidad y no por producción de conceptos, no hay que separar sujeto y realidad, ya que todo conocimiento depende de la práctica, de la época y de la experiencia”.

Con el Covid-19, la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry, demanda que la población reciba una educación, pero una educación con pensamiento crítico. La Covid-19 profundizó las brechas de desigualdad en educación, ya que “más de mil seiscientos millones de estudiantes, de todos los sistemas juntos, a nivel mundial, abandonaron las aulas porque hubo que cerrar bastante rápido las escuelas”. El cierre se dio por decreto de las Secretarias de Educación, sin que se tuviera certeza de volver a la educación presencial, incluso después que entrara la vacuna en los países que hicieron contratos a tiempo, como Panamá, Costa Rica, Bolivia, Chile y México, no así países como Honduras que confiaron en la OPS-OMS y su mecanismo COVAX, que se retrasó y orilló a las autoridades a negociar directamente la compra de vacunas con empresas comerciales y países, incluyendo la vacuna Sputnik V, y a obtener unas 5,000 vacunas (dosis) donadas por Israel a cambio de apoyar sus propuestas de tipo político e ideológico.

En el caso de la educación, los países latinoamericanos debieron aprender de Uruguay, el primer país que retomó la presencialidad con mucho éxito, efectividad y responsabilidad. La valorización de sus autoridades educativas es que la educación es más que un aula de estudio, es vida, contario al encierro que es muerte. En el caso de Costa Rica, una de las justificaciones para abrir las escuelas y colegios, lo fue el ausentismo generado por la pandemia, donde muchos alumnos y alumnas se retiraban por no contar con los recursos para acompañar la educación en línea.

 

Debido a la ausencia de las comidas escolares, los niños están hambrientos y su nutrición está empeorando. A causa de la falta de interacciones diarias con sus compañeros y la reducción de la movilidad, están perdiendo su forma física y están mostrando síntomas de trastornos mentales. Asimismo, al no disponer de la red de seguridad que suele brindarles la escuela, los niños están más expuestos al abuso, el matrimonio infantil y el trabajo infantil”. (unicef.org. nicaragua/prensa 12-01-2021),

A ello se agrega, el problema del inmovilismo, especialmente en los colegios de secundaria y la universidad, donde las asociaciones de estudiantes y los grupos estudiantiles no han podido seguir con la lucha dentro de los centros de estudio para enfrentar las reformas educativas promovidas por los gobiernos y apoyadas por los Organismos Financieros Internacionales, caso particular del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas organizaciones de estudiantes siguen saliendo a las calles para protestas por la falta de educación presencial antes y durante el Covid-19, manteniéndose activas en las redes sociales; pero también lo harán una vez que se profundicen las reformas neoliberales por los gobiernos Post-Covid-19, en tanto los niveles de endeudamiento público serán inmanejables, sobre todo los pagos del servicio de la deuda externa.

Los procesos de innovación educativa también han sido afectados por el Covid-19, pero no aquel tipo de “innovación” que entrega 8,000 “tabletas” a niños y niñas para que puedan conectarse al internet y seguir las clases virtuales (que en mayoría son abandonadas), tal como sucede en Honduras; hablamos de aquella innovación que rescata las lenguas e idiomas ancestrales y valores comunitarios, donde se sigue con un tipo de enseñanza participativa liderada por maestros de las comunidades. En el caso de Nicaragua, la educación a distancia forma parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje.

Hay evidencia que los costos por pago de maestros, materiales y servicios públicos de los gobiernos, han bajado por la pandemia, ya que, en el caso particular de la educación secundaria y universitaria, el ausentismo escolar es alto. Se argumenta que, la reingineria tecnológica en las universidades para enfrentar la demanda de la educación en línea, implica un gasto adicional, pero ello es mucho menor que el gasto de la educación presencial. A ello se debe que varios gobiernos que enfrentan problemas financieros por la caída de los ingresos tributarios, no estén muy interesados en volver a la normalidad, y sigan trasladando los costos de la educación virtual a la población.

Finalmente, los grupos y partidos de oposición y gobiernos deben concretar una alianza para priorizar la educación como una de las principales políticas públicas de los Estados, conjuntamente con la salud, generación de empleo masivo y el ambiente. Ocupamos asignar los recursos necesarios cada año para que se garantice una educación universal y de calidad, sustentada en un pensamiento crítico que involucre a las organizaciones sociales y comunitarias. Esta (s) políticas públicas no deben ser negociadas con el FMI y Banco Mundial, ya que es un mandato de la voluntad popular hecho gobierno.

Tegucigalpa, DC, 24 de febrero de 2021

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/211115

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Informe: Identificar sostenibilidad con medio ambiente deja fuera del discurso mediático los ODS más sociales

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas constituyen una estrategia global para garantizar la supervivencia del ser humano en el planeta desde un punto de vista medioambiental, social y económico. Sin embargo, al analizar el discurso vinculado a los ODS en los medios de comunicación se observa un protagonismo claro de todo lo relacionado con el medio ambiente y el cambio climático, mientras las cuestiones de carácter más social o de buen gobierno quedan en un segundo plano. Así se desprende del informe ‘Agenda 2030 en los medios de comunicación’, elaborado por CANVAS Estrategias Sostenibles en colaboración con la empresa de Data Science Graphext.

“La Agenda 2030 ofrece una visión integrada del desarrollo sostenible que va mucho más allá de la sostenibilidad entendida como la protección del medio ambiente. Para responder al contexto actual, es clave esa perspectiva global que ofrecen los ODS, y que nos permite dar respuesta a temas críticos como la salud, las desigualdades, una economía baja en carbono o la innovación”, sostiene Claudina Caramuti, directora de desarrollo de CANVAS Estrategias Sostenibles.

Este estudio parte de la base de que la presencia de la Agenda 2030 en el universo mediático es vital para situar estos temas en la agenda pública y tomar conciencia del impacto que tienen las decisiones políticas, sociales e individuales en la consecución de los grandes retos globales del desarrollo sostenible.

“Con el fin de conocer de qué manera están presentes los ODS en el discurso de los medios, utilizamos nuestros algoritmos de NLP y predicción automática de temáticas para analizar más de 11.000 publicaciones en Twitter de cerca de 300 medios durante los años 2019 y 2020”, explica Sergio García, consumer insight specialist de Graphext. Y esta información se ha interrelacionado con un análisis cualitativo elaborado por RADAR CANVAS a través de entrevistas a 31 expertos.

En total se han identificado más de 11.800 noticias que tratan aspectos de sostenibilidad, ODS y Agenda 2030, y se aprecian tres enfoques bien diferenciados: noticias de carácter político sobre actuaciones del Gobierno o las CC.AA. en torno al desarrollo sostenible; noticias de dimensión medioambiental que cubren eventos o iniciativas relacionadas con el cambio climático -a las que desde el inicio de la pandemia se suman también las del ámbito de la salud-; y noticias que dan difusión a las estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social del sector privado.

Presencia en medios vs. interés social

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cinco con mayor presencia en los medios en este periodo son, por este orden: ODS 13. Acción por el clima (41,5%), ODS 3. Salud y bienestar (26,7%), por influencia directa de la pandemia; ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles (24,2%), ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (22,8%) y ODS 7. Energía asequible y no contaminante (22%). Por el contrario, los ODS 1. Lucha contra la pobreza (11,8%), ODS 5. Igualdad de Género (11,7%), ODS 10. Reducción de las desigualdades (11,6%), ODS 4. Educación de calidad (11,5%), y ODS 2. Hambre cero (5,2%) presentan una cobertura muy inferior.

“En los últimos meses hemos percibido un aumento del activismo medioambiental. La celebración en Madrid de la Cumbre del Clima en diciembre de 2019, y la declaración del estado de emergencia climática por parte del Gobierno de España en enero de 2020, han generado una mayor sensibilización social en nuestro país al respecto de estos temas, y se ha visto reflejado en los medios de comunicación, que cada vez conceden más espacio a este tipo de contenidos”, sostiene Idoia Castillo, experta en sostenibilidad e innovación de CANVAS Estrategias Sostenibles.

Sin embargo, llama la atención que el ODS 5. Igualdad de Género, siendo uno de los aspectos en los que más se ha avanzado en los últimos tiempos en España, sea uno de los que menos presencia tienen en las noticias. Otro dato a destacar es que solo el 52% del total de noticias relacionadas con la Agenda 2030 difundidas a través de Twitter fueron retuiteadas por la ciudadanía, en especial las relacionadas con salud y bienestar (ODS 3) y con ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), lo que transmite cierta falta de interés de la población por los asuntos relacionados con la Agenda 2030.

Por su parte, los expertos consultados consideran que los ODS más presentes en los medios no son necesariamente los que más interesan a la sociedad en su día a día, sino los más relevantes para las empresas o tal vez los más sencillos de medir. Y afirman que los aspectos que más preocupan a la ciudadanía son la situación económica y las consecuencias sociales que se derivan de ella, destacando como temas prioritarios la salud y el empleo, la educación o las crecientes desigualdades.

Concienciación a partir del estímulo positivo

“Según el último barómetro del CIS, solo el 29,4% de la población española sabe lo que es la Agenda 2030, por lo que es fundamental el papel activo de los medios para ampliar el conocimiento y la concienciación sobre estos retos globales, así como la necesidad de transmitir que el desarrollo sostenible no es sinónimo de conciencia ambiental, sino que hay mucho más, y la implicación de cada persona y de cada entidad es clave”, concluye Claudina Caramuti.

En cuanto a cómo pueden mejorar los medios la transmisión de estos mensajes a la ciudadanía, el panel de expertos de RADAR CANVAS destaca que no se trata tanto de incrementar cuantitativamente la cobertura mediática como de acercarse más al detalle, a través de historias reales inspiradoras y ejemplos de empresas, ONG, organizaciones y personas que, a través de su trabajo, pueden demostrar el impacto positivo que están consiguiendo en el planeta.

Fuente: https://www.compromisorse.com/rse/2021/02/19/identificar-sostenibilidad-con-medio-ambiente-deja-fuera-del-discurso-mediatico-los-ods-mas-sociales/

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Cepal revela desigualdades en informe sobre la mujer

La Cepal llamó a movilizar recursos «‘para hacer frente a la Covid-19 desde una perspectiva de género”.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó este miércoles el informe ‘La autonomía económica de las mujeres en la recuperación, sostenible y con igualdad’, presentado por Alicia Bárcena, secretaria general del organismo regional.

El documento reveló que en 2020 la tasa de participación femenina en el mercado laboral en la región cayó un 6,0 porciento al pasar del 62,5 porciento al 57,2 porciento.  El informe arrojó que “la crisis generada por la pandemia del Covid-19 impactó negativamente en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe, generando un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral”.

El estudio indicó que un “56,9 porciento de las mujeres en América Latina y un 54,3 porciento en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos”.

Otro de los datos revelados por la Comisión apuntan que “la contracción del turismo perjudica significativamente a los países del Caribe, lo que afectará a 1 de cada 10 mujeres que se emplean en este sector”.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) valoró que el trabajo doméstico remunerado “es otro de los sectores fuertemente golpeados por la crisis, ya que, además de estar altamente precarizado, es un tipo de trabajo que no puede ser realizado de forma remota. Muchas mujeres empleadas en este sector experimentan incertidumbre acerca de su remuneración, sobre todo en el caso de aquellas que no cuentan con un contrato formal”.

Entre los desafíos, la Comisión señala que además de “transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo”.

“Es urgente movilizar recursos públicos suficientes a fin de implementar medidas para hacer frente a la Covid-19 desde una perspectiva de género”. Con respecto a las perspectivas de cuidados, la Cepal precisa que en el caso de las políticas de mitigación, se requiere amortiguar y compensar los efectos de la crisis en el empleo, los ingresos y la carga de trabajo de cuidados de las mujeres y en el deterioro de sus niveles de bienestar.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/cepal-revela-desigualdades–informe-mujer–20210210-0037.html

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Las crisis el capitalismo, la Covid y los ludópatas neoliberales de Wall Street

Por: Eduardo Camín

La pandemia del Covid está exacerbando las desigualdades ya existentes; desde enfermar del virus, hasta mantenerse vivo o padecer las dramáticas consecuencias económicas. La Covid-19 sin dudas, provoca una crisis sin precedentes, y las medidas de confinamiento han afectado a casi todos los trabajadores y las empresas.

Los tiempos en los que uno debía considerarse afortunado por el mero hecho de tener trabajo ya es cosa del pasado. Aunque, no hay que perder de vista que la pobreza ya no es sinónimo de desempleo, ay que también se da en muchos trabajadores con un empleo precario, que sufren una carencia material severa, como retraso en los pagos, no tener vacaciones o la baja intensidad en el empleo.

Por lo tanto, la temporalidad, los contratos de un día, por obra o servicio con los sueldos precarios se pueden dar en cualquier de estas situaciones. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo rector especialista en temas laborales, ha advertido a lo largo de los años la tendencia mundial hacia un aumento del empleo vulnerable.

Así la Covid 19, al igual que el colapso financiero global que desencadeno la recesión 2008- 2009, se convierten en el producto ideológico que oculta una causa endógena que explicaría la permanente recurrencia a la crisis: no es casualidad que la economía capitalista ya no avanzara a un ritmo acelerado antes de la pandemia.

Al comienzo de la actual pandemia, “los mercados bursátiles”, el faro que orienta al capitalismo cayeron hasta un 30% en el espacio de pocas semanas e hicieron saltar las alarmas mediáticas ante lo que se podría convertir, de nuevo, en una inminente crisis económica mundial.

En realidad son muchos los factores en juego que dictan el rumbo de la economía global, entre ellos las tensiones comerciales entre EEUU y China (¡antes del virus!).

La desaceleración de la economía del sector exportador, ocasionadas por el proteccionismo y las guerras comerciales ha causado un debilitamiento de las exportaciones que se trasladó a las inversiones empresariales, agravando a la vez las condiciones laborales y sociales, con el consiguiente aumento de desempleo y precarización

La situación económica

En abril 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la ratio promedio de endeudamiento público con respecto al PIB aumentaría del 69,4 al 85,3 por ciento durante el año, y que muchos países alcanzarían niveles considerablemente superiores, lo que llevo a su Directora, la búlgara Kristalina Georgieva,a abogar por políticas monetarias acomodaticias y políticas fiscales que protejan a la economía de un colapso que derivaría en una ola de insolvencias y un desempleo estructural.

Algunos estados han establecido planes de estimulo fiscal y monetario sin precedentes para contrarrestar las repercusiones sociales y económicas de la pandemia de la Covid 19, de miles de millones de euros, en consonancia con los compromisos de “hacer todo posible” para proteger a sus ciudadanos, mientras que el sector empresarial se encarga de fustigar por el aumento de la deuda publica.

El resultado último de esta crisis humana es que, según el Banco Mundial, entre 71 y 100 millones de personas se verán arrastradas a la pobreza extrema, revirtiendo así los avances en materia de desarrollo registrados en los últimos años. El costo económico y social de los esfuerzos que deben desplegarse para detener la pandemia es innegable.

Esto ha generado un debate -en ocasiones arduo- sobre la interacción de los objetivos de política sanitaria y de política laboral. No obstante, si no se actúa con determinación ahora contra la pandemia, inexorablemente el costo socioeconómico tendrá proporciones aún mayores en el futuro.

La solidaridad y cooperación “nacionalizadas”

Sin duda, los estímulos fiscales y monetarios, aunados a los esfuerzos para apoyar a las empresas y favorecer el mantenimiento de los puestos de trabajo y de los ingresos, requieren una importante inversión de recursos, incluso si, lógicamente, éstos no se consideran costos sino inversiones.

Pero este tipo de medidas no puede prolongarse indefinidamente, ni tampoco es ese su objetivo. Además, algunos países no tienen la capacidad para implementarlas, o por lo menos no durante el tiempo necesario, y si se retiran demasiado pronto podría producirse otra oleada de grandes dificultades.

La creciente diversidad de formas de trabajo que han ido apareciendo en los últimos años ha supuesto un obstáculo para prestar apoyo inmediato a aquellos que lo necesitan. A menudo, los trabajadores por cuenta propia, los subcontratados, o con contratos temporales, los de plataformas y otras categorías de trabajadores con una situación laboral incierta o prestaciones insuficientes, tienen todas dificultades del mundo para acceder a las ayudas.

A éstos se suman los muchos millones de trabajadores informales que se encuentran en una situación extremadamente precaria.

Para proteger la salud de los trabajadores se han observado tres posibles opciones: retirarlos de los lugares de trabajo y permitirles trabajar desde sus domicilios; pedirles que continúen trabajando en el lugar de trabajo habitual, pero con equipos y protocolos de protección adecuados, incluido el distanciamiento físico; o simplemente interrumpir su trabajo durante el período de emergencia.

Aquí también se han observado dificultades. La OIT ha estimado que sólo un 18 por ciento de los trabajadores desempeñan tareas y se encuentran en lugares que se prestan al teletrabajo. Esto dista mucho de ser una opción al alcance de todos.

Lamentablemente las personas que han seguido trabajando como antes -los del sector de la salud, los del cuidado, los del transporte y los trabajadores de la limpieza, que hoy se consideran personal esencial- no siempre han dispuesto de equipos y procedimientos de protección adecuados.

En ocasiones, las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos han supuesto fuertes restricciones a las libertades individuales. Por lo general, estas medidas han sido bien aceptadas por la población, que comprende que son adecuadas, proporcionales y limitadas en el tiempo, y, por consiguiente, resultan legítimas en la lucha contra la pandemia.

Lo que no es legítimo es que se apliquen esas restricciones a las condiciones de trabajo y que no se respeten plenamente las normas laborales, que a su vez constituyen herramientas importantes para superar la crisis.

Por último, se han observado dificultades en cuanto a la solidaridad y la cooperación internacionales en la respuesta a la crisis de la Covid-19. Si bien ha habido una movilización de recursos sin precedentes, su utilización se limitó abrumadoramente a la esfera nacional. En el sálvese quien pueda, aún no hemos presenciado una respuesta mundial a la altura del desafío al que se enfrenta el planeta.

Peor aún: el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Ghebreyesus, a propósito de las vacunas, advirtió que “el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico … y el precio de este fracaso se pagará con las vidas y el sustento de los paises más pobres”

El máximo responsable de la OMS consideró que no es justo que gente sana y joven de las naciones ricas acceda a la vacuna antes que los grupos vulnerables de los paises más pobres.

¿Qué pasará ahora en el gran casino de Wall Street?

Los países de todo el mundo y la comunidad internacional en su conjunto siguen enfrentando los desafíos sanitarios, humanitarios y socioeconómicos asociados a la crisis causada por la pandemia.

Mientras ésta siga, las respuestas adoptadas en materia de políticas deberán aplicarse de forma eficaz como preludio necesario al retorno gradual y seguro al trabajo.No obstante, ello no significa que se vuelva a trabajar como antes, al menos durante el período en que debamos seguir viviendo y trabajando con el virus, e independientemente de la vacuna .

Se está debatiendo mucho sobre cómo será el mundo del trabajo cuando superemos la pandemia, y la idea de una «nueva normalidad» en el trabajo está ganando terreno.Con demasiada frecuencia, se pasa por alto la distinción entre las nuevas prácticas que deberán adoptarse durante el período en que el virus siga planteando la amenaza que hoy supone y las perspectivas de futuro a más largo plazo que puedan imaginarse cuando ya no existan esas limitaciones.

El riesgo de ello es que podemos perder de vista que, a pesar de las limitaciones que hoy enfrentamos, el futuro del trabajo puede y debe ser lo que nosotros queramos que sea. En efecto, los planes de recuperación deben establecer, desde el principio, las bases de la «mejor normalidad» que queremos.

El punto de partida no será alentador. Independientemente de su evolución futura, la pandemia dejará un mundo del trabajo con más desempleo, más desigualdad, más pobreza, más deuda y, con toda probabilidad, más frustración e incertidumbre.

El coronavirus nos ha mostrado cuan frágil es la economía capitalista. Pero la crisis del capitalismo –con o sin coronavirus– seguirá golpeando la economía global.
En el gran casino de Wall Street sigue siendo el faro que guía a los ludópatas neoliberales, que continúan apostando en sus bolsas de valores, e incluso sus economías ‘reales’ seguirán produciendo para un mercado virtual.

La desatención selectiva pretende borrar de la experiencia aquellos elementos que pueden resultar inquietantes si se llegara a tomar conciencia de ellos. Esta desatención selectiva es una respuesta de uso múltiple frente a los problemas cotidianos que nos acucian: no veo lo que no me agrada, parece ser la consigna.

Mucho temo, que la clase trabajadora quedó atrapada, en la telaraña del virus del gran capital dando vueltas sin rumbo en la rueda de la fortuna del neoliberalismo.

 

*Periodista acreditado en la ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente e imagen:  http://estrategia.la/2021/01/22/las-crisis-el-capitalismo-la-covid-y-los-ludopatas-neoliberales-de-wall-street/

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Investigación: Las periodistas en Ecuador enfrentan precariedad y violencia de género

Una investigación de Chicas Poderosas Ecuador revela que 4 de cada 10 mujeres que trabajan en medios en Ecuador perciben menos de 500 dólares mensuales y trabajan más de 40 horas a la semana. Concluye, además, que el acoso está presente en diferentes momentos de la carrera de las periodistas.

“Un presentador reconocido me agarró la pierna en un camerino, mientras nos maquillaban: ‘con esas piernas usted no necesita nada más para triunfar’, me dijo”, es el testimonio de una periodista ecuatoriana, cuya experiencia se recoge —de manera anónima— en el estudio Así Hacemos Periodismo. Se trata de una investigación desarrollada por la organización Chicas Poderosas Ecuador que exploró las condiciones laborales de las mujeres en los medios de comunicación en el país.

La investigación se centró en cinco temas principales: Empleo, Diversidad, Crecimiento laboral, Maternidad, Espacios seguros.

En cuanto al empleo, uno de los principales hallazgos es que los y las periodistas trabajan más de 40 horas semanales, incluso quienes tienen contratos a medio tiempo. Las personas entre 26 y 45 años son las que más tiempo dedican al ejercicio profesional. 4 de cada 10 mujeres que trabajan este número de horas a la semana percibe menos de 500 dólares al mes.

Isabel González, embajadora de Chicas Poderosas Ecuador, asegura que el estudio permitió reconocer que existen muchas personas haciendo periodismo en condiciones de mucha precariedad en Ecuador.

Sobre la diversidad, en cambio, se concluye que la participación de personas de orientación sexual y origen étnico diverso es escasa tanto en los entornos laborales como en las coberturas periodísticas. “Incluso en los (medios) más nuevos y digitales, donde la presencia de personas indígenas o personas racializadas aún es casi nula”, afirma González.

Violencia sexual

El acoso y la violencia sexual que enfrentan las periodistas es una de las cosas que más llama la atención de esta investigación.  “Mi exjefe me citó fuera de horario laboral y me llevó a un hotel donde quiso abusar de mí a cambio de ayuda laboral y económica”, contó otra de las periodistas citadas en el documento.

Según los resultados, por lo menos 2 de cada 10 mujeres encuestadas han sido víctimas de contacto físico no deseado en sus lugares de trabajo. “El acoso comienza con bromas que son normalizadas, y que varían de acuerdo a la edad y la posición laboral de la periodista”, concluye el informe.

Otra de las participantes de los grupos focales contó que: “Había un productor que cada vez que pasaba al lado mío comenzaba a jadear como perro y nadie decía nada”.

Asimismo, el 13% de las periodistas ha recibido más de una vez ofertas laborales o promesas a partir de un acercamiento inapropiado, provocado por un colega hombre en una posición superior. Sin embargo, muy pocas veces estas situaciones son denunciadas, ya que no existen canales o políticas claras de denuncia en los medios de comunicación. Ante ello, el 62% de las mujeres encuestadas afirmó que los medios deben contar con protocolos de actuación y cambios en la cultura organizacional en torno a la violencia y el acoso.

Falta de datos

Isabel González, embajadora de Chicas Poderosas Ecuador, explica que la investigación partió con la idea de recolectar datos de situaciones que “sabíamos que existían, pero sobre las que no había datos concretos y por lo tanto evidencia para enfrentarlas”.

Obtener esta data, representa así, la “posibilidad de ejercer nuestro oficio en condiciones dignas económicamente y seguras para las mujeres y personas de las disidencias sexuales”, continúa González. Sin embargo, dice que el reto es continuar con la medición y seguir estableciendo contrastes entre los géneros. Esto, porque, aún no hay datos suficientes para hablar sobre las personas de las disidencias sexuales ejerciendo esta profesión.

La metodología

La investigación se realizó, en el inicio con una encuesta online, cuya recolección y difusión ocurrió entre el 4 de agosto al 7 de septiembre de 2020.

La encuesta fue anónima y estuvo dirigida a mujeres, personas de disidencias sexuales, y hombres mayores de 18 años, trabajadores en medios de comunicación en el país. Se obtuvo una muestra de 236 encuestas. “Sin embargo, no alcanzamos el equilibrio de participación entre géneros, por lo cual insistimos en la necesidad de continuar midiendo”, dice el sitio web de Así hacemos periodismo. Adicionalmente, se realizaron dos grupos focales y ocho entrevistas a profundidad.

Chicas Poderosas es una comunidad global que impulsa el cambio inspirando y desarrollando a las mujeres en los medios. La organización está presente en 17 países, y en Ecuador desde 2019.

Fuente: https://rebelion.org/las-periodistas-en-ecuador-enfrentan-precariedad-y-violencia-de-genero/

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