Saltar al contenido principal
Page 1 of 19
1 2 3 19

De nuevo en peligro la libertad de expresión

Por: Alberto García

La imposición de una sanción al letrado Aránguez por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada por criticar la actuación del juez Piñar daña la libertad de expresión de la abogacía. Ahora ese mismo perjuicio se extiende también a los periodistas cuando se les investiga en causa penal por informar a la ciudadanía de asuntos judiciales de interés público.

De entrada tengo que confesar que no soy un hombre con las ideas claras, ni el juicio firme. Cuando alguien me pregunta si me gusta la tortilla de patatas con o sin cebolla, dudo, no lo tengo claro, acabo balbuceando y es que me gustan las dos. Cosas del poco carácter, que también se manifiesta ante similar pregunta en relación a los ingredientes de la paella: vacilo, me avergüenzo un poco ante la posición tajante de quien me inquiere…y agachando la cabeza, respondo que me apetece de cualquiera de las maneras. Por poner sólo dos ejemplos.

Esta indecisión me aparece a la hora de analizar la actuación del juez Piñar, tildado por algunos de personaje agropecuario (no en su actuación judicial, por Dios, no se me acuse como antiguamente de desacato, sino en sus expresiones públicas), cuando decía entre otras frases felicísimas, aquello del «hijo de puta» refiriéndose al que calificaba—supongo que con conocimiento cabal—como novio de Marlaska, según indicaba el periódico Diario 16 o tachaba de basura al Tribunal Supremo, y sin embargo, en sus razonamientos en sede judicial parecía bordear la estética decadente más escabrosa, como si su sensibilidad estuviera próxima a la de Charles Baudelaire en «Las Flores del Mal«, cuando según el Diario.es, bajo la firma de Ruth Toledano, señalaba: «Los medios recordaron que hace unos años dictó una sentencia que rebajaba la indemnización que pedía una joven de Granada tras un accidente con argumentos tan perversos como que la cicatriz, en una chica tan atractiva, podía ser un aliciente sexual».  De la arruga es bella en el prêt-à-porter de Adolfo Domínguez a la libidinosa cicatriz en la piel.

¿Prevalece en nuestro personaje el perfil  bronco, pedestre, o por el contrario es próximo al esteticismo más decadente?…No lo tengo claro, ya les he advertido desde el principio que soy un tipo confuso.

El periódico «Granada Digital» nos comentaba el martes pasado que el Juzgado de Instrucción nº 5 de Granada tras admitir a trámite la querella presentada por Piñar contra el abogado de Juana Rivas, ha acordado mediante resolución judicial, «que la Policía Nacional investigue si Carlos Aránguez creó el 15 de marzo de 2019 un grupo en la red social WhatsApp denominado «Periodistas Aránguez Abog», donde tenía agregados a 103 profesionales de la información, cuya identidad y medio para el que prestaban servicios deberán especificarse en el referido informe», concretando que la  «identificación y medio para el que prestan servicios también deberán reflejarse en el informe en cada uno de los casos». Una investigación que a buen seguro causará preocupación, molestias, tal vez temor en aquellos periodistas que se habían limitado, en el legítimo deber de informar,  a recibir noticias  del abogado de un caso que ya venía arrastrando un gran protagonismo en los medios de comunicación, por lo que estaba sujeto a debate público.

De la misma manera que la imposición de una sanción al letrado Aránguez por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada por criticar la actuación del juez Piñar daña la libertad de expresión de la abogacía, ahora ese mismo perjuicio se extiende también a los periodistas cuando desde el Juzgado se les investiga en causa penal por informar a la ciudadanía de asuntos judiciales de interés público.

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión», artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Según el diario Granada Hoy, el juez instructor dice que su diligencia no tiene como objetivo «investigar la labor de los periodistas» que han informado sobre el caso de la madre de Maracena, cuando con anterioridad había ordenado indagarlos por formar junto con el Letrado Carlos Aránguez un grupo de whatsapp. Un chat que estamos seguros no tenía como objeto que sus participantes se divirtieran con los chistes narrados por este, que la verdad, además, no parece precisamente un tipo tan gracioso.

Ya ven, una confusión.

Sin duda la misma que me manifestaba un amigo al decirme que no encontraba lógico que instruyera este asunto un señor no solo de la misma profesión de Piñar, como ha de serlo forzosamente, sino incluso de posible proximidad personal al compartir ambos la justicia penal en una ciudad no demasiado extensa, donde ocurren sucesos tan extraordinarios.

Aquella  pregunta sobre quien juzga a quienes nos juzgan vuelve a aparecer, tal vez no demasiado bien resuelta en nuestra legislación.

Los comentarios del abogado de Juana Rivas habrían desencadenado la querella de Piñar y ahora admitida a trámite junto con la adopción de severas diligencias por parte del Juez instructor.

Qué respuesta tan  distinta, con qué diferente temple el Presidente de la Sala de lo Penal del Supremo Manuel Marchena, y el instructor de la causa contra Puigdemont, también magistrado del alto tribunal Pablo Llarena, han encajado las críticas más contundentes que les han dirigido con motivo de su actividad jurisdiccional, comprendiendo que es el tributo que se paga ante el bien superior de la libertad de expresión.

Puede que la querella y la instrucción que comentamos queden en nada, pero el daño moral y el temor de Aránguez y el de los periodistas investigados perdurarán. Si finalmente el asunto se archiva, por muy errónea que fuere su tramitación, no comportará, casi con toda probabilidad, la menor responsabilidad ni para el querellante, ni para el instructor, dadas las enormes dificultades existentes para exigir responsabilidad a los jueces en los supuestos de actuación profesional irregular o deficiente.

Uno de los ejemplos más extremos de esta ausencia de responsabilidad de estos funcionarios públicos que imparten justicia tuvimos ocasión de constatarlo en relación al juez Ruiz Hermida, del también juez Varón Cobos en el caso «Bardellino».

Resulta que el tal Ruiz Hermida, magistrado, a instancia de la conocida mujer de fortuna llamada La Pepa, percibiendo previamente la cantidad de diez millones de las antiguas pesetas, consiguió que el magistrado de la Audiencia Nacional Varón Cobos dejara en libertad al mafioso italiano Antonio Bardellino, en prisión en España y pendiente de extradición a su país para responder de la acusación de haber cometido la friolera de  más de 70 asesinatos, que tras ser excarcelado, puso pies en polvorosa.

El asunto se las traía, y provocó incluso un incidente diplomático con el gobierno italiano, que protestó enérgicamente. Pues bien, según informaba El País, «el Pleno del Tribunal Supremo acordó anoche readmitir en la carrera judicial  al magistrado Ricardo Varón Cobos… Estos dos jueces estuvieron implicados en la irregular puesta en libertad del jefe de la Camorra napolitana Antonio Bardellino en enero del 84, pero fueron absueltos por la Sala Segunda del TS  en el proceso que se siguió contra ellos. Fue el Consejo General del Poder Judicial el que en mayo del 86 acordó por unanimidad la expulsión de ambos de la carrera judicial… Ricardo Varón podrá por tanto reintegrarse a la carrera judicial… además le deberán ser abonados todos los haberes no percibidos desde que fue suspendido en el ejercicio de su cargo hasta la actualidad», y siguió poniendo tranquilamente sentencias hasta su jubilación.

Otro ejemplo que ilustra «la responsabilidad judicial» en nuestro país es el caso del juez José Antonio Martín, que asesoraba al abogado del narcotraficante Rafael Bornia ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, presidida por el mismo Martín, que fue declarado inocente por el Tribunal Supremo, según informaba Cristóbal García Vera el en el periódico  Rebelión, y el propio diario El País pese a que los hechos probados no dejaban lugar a dudas del auxilio prestado al delincuente.

Por eso queda uno tan confuso. No puedo tener ideas claras.

Máxime cuando se sabe, como todos los ligados al mundo del derecho que lean estas líneas, que no hay mejor test para conocer el tremendo grado de arbitrio judicial que existe en España, que cuando un abogado conversa con otro sobre algún asunto y sus perspectivas, no se preguntan tanto sobre cuáles sean los hechos o los fundamentos jurídicos que van a esgrimir, sino algo mucho más pedestre, a saber, ¿con qué juez te ha caído el juicio?, sabedores ambos que esta circunstancia es mucho más decisiva que la enjundia de los argumentos que se barajen. Como Piñar ponía de manifiesto por escrito, para dictar sentencias «primero resuelvo con sentido común, y luego busco adaptarlo a la Ley».

Claro que para seguir justificando mi confusión, el mismo ahora nos cuenta que alguien -¿tal vez un Bildu etarra?- usurpa en Internet su personalidad desde Irún.

Parece ser que esta forma de actuación basada en «el sentido común» puede ser más general de lo que parece en el ámbito judicial, de ahí que lo importante para el éxito o  no de un juicio, dependa más del juez con el que «te toque» que de la razón que te asista.

Frente a ello se arguye que esta es la esencia de la independencia judicial, que cada uno de ellos juzga «en conciencia», y por tanto, puede ser distinto de lo que juzgue otro. Lo que ocurre es que en nuestro país esto se produce con tanta frecuencia, que bien pudiera contraargumentarse que no es lógica tamaña disparidad, dada la regulación común existente tanto sobre la valoración de los medios de prueba, como de las normas jurídicas aplicables.

Podría alguien pensar, adaptando a nuestro caso aquella frase  ya célebre de  Rodrigo Rato,  «es la ideología amigo».

Es una pena que este asunto también se escapara a los autores de nuestra tan alabada Transición.

Menudo lío. Para que vean que no es posible tener las ideas claras.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tercerainformacion.es
Comparte este contenido:

«Hacer sindicalismo no es delito: Por la absolución inmediata de Las Seis de La Suiza»

Por: Tercera Información

  • La CNT convoca a nivel estatal una manifestación el 24 de septiembre en Madrid para denunciar una sentencia que criminaliza las herramientas sindicales para la defensa de las trabajadoras.

  • La sentencia a Las Seis de La Suiza de Xixón/Gijón condena a las sindicalistas a la entrada en prisión por el ejercicio de la acción sindical, la legítima protesta social y la libertad de expresión.

  • La CNT llama al conjunto de la ciudadanía y al tejido social, vecinal y sindical de todas las ciudades y pueblos del Estado a asumir como propia la defensa de Las Seis de La Suiza.

Comunicado Secretaría de Comunicación del Comité Confederal

La CNT ha convocado a nivel estatal para el próximo 24 de septiembre (12:30 h., frente al Ministerio de Justicia) la celebración de una gran manifestación que exigirá la absolución inmediata de las seis sindicalistas condenadas a penas de prisión por el ejercicio lícito de la acción sindical en el contexto del conflicto entre el sindicato y la empresa La Suiza de Gijón/Xixón.

La marcha se desarrollará bajo el lema “Hacer sindicalismo no es delito”, ante una condena que, de hecho, imposibilita el ejercicio de la acción sindical y cercena gravemente derechos civiles como la libertad de expresión y de manifestación. Desde CNT se confía en que la manifestación sea multitudinaria y aglutine a todas aquellas organizaciones, colectivos y personas que se sientan solidarias con las personas condenadas, y comprometidas ante el golpe represivo que supone su persecución y condena.

Un ataque directo a las herramientas de lucha sindical y de protesta social

Seis compañeras de CNT Asturias han sido condenadas a tres años y medio de prisión por “coacciones graves” y “obstrucción a la justicia”, así como al pago de una multa de 150.000 euros. La condena absolutamente disparatada supone un ataque directo a las herramientas sindicales que la propia ley recoge para la defensa de las trabajadoras. Un ataque que criminaliza las formas tradicionales de protesta social y sindical y que llega en un momento en el que se anuncia un ‘otoño caliente’ ante la crisis económica, la inflación y el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Desde CNT consideramos las sentencias judiciales vertidas contra nuestras compañeras como un ataque frontal a nuestro modo de entender la acción sindical, entendida como una defensa directa, no mediada, pública y firme de las trabajadoras ante los abusos de la patronal. Pero creemos que además, la gravedad de las condenas, que llevarían en caso de consumarse, a prisión a nuestros compañeras, es un ataque directo al sindicalismo de base y combativo en su conjunto y a cualquier forma de protesta social que siga apostando por la presencia en la calle como vía de defensa de los derechos.

Por todo ello, animamos y convocamos al conjunto de la clase trabajadora y a la ciudadanía en general a manifestarse en Madrid el próximo sábado 24 de septiembre a las 12:30 h. frente a la sede del Ministerio de Justicia (C/ San Bernardo, 45) para mostrar el rechazo a esta condena judicial y para mostrar el apoyo a las compañeras amenazadas con la entrada en prisión.

Sobre el caso La Suiza

Para buscar el origen del conflicto tenemos que remontarnos al año 2017, cuando una trabajadora de la pastelería La Suiza de Gijón/Xixón acudió a nuestro sindicato en busca de asesoría y apoyo en una situación de abuso patronal y acoso, con el impago de alrededor de 80 horas extraordinarias al mes, la imposibilidad de disfrutar de vacaciones y cargas excesivas de trabajo durante el embarazo de la trabajadora, lo que se tradujo en un riesgo de aborto que desembocó en la correspondiente baja médica. Junto a todos estos abusos, la compañera denunciaba un trato insoportable por parte del empleador, que incluía comentarios humillantes y opiniones sobre su cuerpo.

Ya con el apoyo de CNT Xixón, desde el sindicato se comenzó por tratar de mantener una reunión con el empresario de La Suiza para abordar la situación e intentar resolverla a través del diálogo, algo a lo que el empleador se negó.

Ante esta situación, CNT decidió hacer público el conflicto a través de la concentración del Primero de Mayo y a través de las redes sociales. Como consecuencia de esta campaña informativa, el empresario accedió a reunirse con el sindicato, pero se negó a llegar a ningún acuerdo.

Así las cosas, desde CNT Xixón se llevan a cabo una serie de concentraciones en el exterior de la pastelería y una campaña informativa sobre el conflicto abierto entre la empresa y la trabajadora. Es decir, se utilizan las herramientas sindicales a nuestro alcance para defender los derechos de la trabajadora afectada. Cabe señalar que todas estas acciones se desarrollan con firmeza en la defensa de nuestra compañera pero sin que se produzca intervención policial. Pese a la ‘normalidad’ de las acciones de protesta, comienzan a producirse identificaciones policiales de diferentes compañeras de CNT Xixón y, finalmente, se producen varias detenciones y se tramitan las denuncias correspondientes.

El proceso judicial consecuente se abre con el intento de imputación de una treintena de personas, militantes del sindicato, pero también de otras personas que habían ido a apoyar a la trabajadora de La Suiza. Finalmente resultaron imputadas ocho personas.

La trabajadora afectada en el conflicto original interpone asimismo una denuncia por acoso sexual, que es archivada ante la justificación judicial de no existir carga de prueba suficiente.

Finalmente, el Juzgado de lo Penal número 1 de Xixón/Gijón, en sentencia emitida en junio de 2021, condena a las ocho activistas procesadas a un total de 25,3 años de prisión: tres años y medio de prisión para 7 de ellas y 8 meses para otra, por los delitos de coacciones y obstrucción a la justicia. Además la sentencia establece una indemnización a la pastelería La Suiza de 150.428 euros, declarando al sindicato CNT como responsable civil subsidiario.

En esta pasada primavera, y tras recurso interpuesto por el equipo jurídico de CNT, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado la pena de prisión para seis de las ocho sindicalistas condenadas por el caso de ‘La Suiza’.

Comparte este contenido:

¿Qué es un movimiento político? – Social y de resistencia

Por: Tercera Información

Los movimientos políticos de resistencia son esfuerzos organizados para resistir a gobiernos o poderes de ocupación que se perciben como opresivos. Pueden adoptar muchas formas, como protestas, huelgas y desobediencia civil.  En algunos casos, también pueden recurrir a la violencia.

Los movimientos de resistencia política suelen surgir como respuesta a injusticias percibidas, como la represión política o la desigualdad económica. También pueden llevarse a cabo en un esfuerzo por promover una ideología o un programa social concreto. Diversos factores pueden contribuir al éxito o al fracaso de un movimiento de resistencia política, como el tamaño y los recursos del movimiento, el nivel de apoyo popular y la respuesta del gobierno.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/14/09/2022/175031/

Comparte este contenido:

España: el Gobierno aprueba terminar con la discriminación histórica de las condiciones laborales que sufren las empleadas de hogar

Podrán acceder a las prestaciones por desempleo en los niveles contributivo y asistencial. Se crea una bonificación del 80% para la nueva cotización por desempleo. Aumentan las bonificaciones por encima del 20% según la tipología de hogar, su nivel de renta y de patrimonio, lo que incrementará el número de beneficiario. Se pone fin al agravio de la figura de la extinción de la relación laboral por desistimiento. Estarán protegidas ante la insolvencia o el concurso de las personas empleadoras. El Gobierno pondrá en marcha políticas de formación y acreditación para las empleadas del hogar. Se crea una Comisión de Estudio para mejorar la protección frente a las enfermedades profesionales.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-Ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, una norma histórica que termina con la discriminación que sufren muchas mujeres.

El texto ha sido elaborado en contacto con las organizaciones sindicales y las plataformas de las empleadas de hogar que reivindican esta norma desde hace décadas.

La norma tiene como objetivo equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena para acabar con la discriminación histórica de este colectivo feminizado.

Este elemento de desvaloración del trabajo doméstico se ha mantenido en las normas y se corrige para terminar con la infravaloración histórica de un trabajo desempeñado mayoritariamente por mujeres, que ha contribuido a la perpetuación de estereotipos y al agravamiento de la brecha de género.

Se resuelve, por tanto, la equiparación con las personas trabajadoras por cuenta ajena tanto en el ámbito del sistema extintivo de la relación laboral como en el de la prestación por desempleo.

También se garantizará la protección de la seguridad y salud de las personas al servicio del hogar familiar equivalente a la de cualquier otra persona trabajadora, esencial no solo para asegurar la equiparación de condiciones que exige la normativa antidiscriminatoria de la Unión Europea y el Convenio 189 de la OIT, sino también para garantizar el derecho constitucional a la salud que corresponde a todas las personas.

También se proporciona cobertura en el ámbito de la garantía salarial a las personas trabajadoras del servicio doméstico en los casos de insolvencia o concurso de las empleadoras.

Protección por desempleo

Las empleadas del hogar dejan de ser el único colectivo laboral que carecía de protección en situación de desempleo pese a que la mayoría tienen relaciones laborales a tiempo parcial e intermitentes, que a menudo finalizan repentinamente por defunción de sus empleadores y con un régimen especial de despido que permitía los despidos arbitrarios e intempestivos sin ningún tipo de indemnización.

En este contexto de especial de vulnerabilidad, la prestación del desempleo constituye, desde la perspectiva de la justicia social, una necesidad ineludible.

Bonificaciones

Será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a partir del 1 de octubre. Para que estas cotizaciones no supongan un sobresfuerzo económico para los empleadores, estos tendrán derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al FOGASA en este Sistema Especial.

Se mantiene la reducción de un 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes correspondiente a este Sistema Especial. Además, se van a incrementar los tramos de bonificación superiores al 20%, en función de la composición del hogar y también de los niveles de renta y de patrimonio, lo que permitirá aumentar el número de beneficiarios. Los requisitos de estas bonificaciones se fijarán reglamentariamente.

Además, el Real Decreto-ley también establece que los empleadores asumirán las obligaciones en materia de cotización para los trabajadores que presten sus servicios durante menos de 60 horas/mes por empleador, eliminándose la posibilidad de que sean los trabajadores los que soliciten directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.

Fin del desistimiento

Se elimina la figura del desistimiento, que permitía el despido sin causa y, por tanto, sin las garantías del despido para tales situaciones al permitir prescindir de las trabajadoras del hogar sin justificar causa alguna.

 

A partir de ahora se deberán acreditar los motivos que puedan dar lugar a la finalización del contrato con las empleadas extendiendo, por tanto, la protección frente al despido

Acreditación de competencias

El Gobierno desarrollará políticas de formación y acreditación para las personas empleadas del hogar dedicadas al cuidado o la atención de las personas que formen parte del ámbito doméstico y familiar. Estas iniciativas tendrán en cuenta las particulares condiciones de trabajo en este sector y las personas trabajadoras que desarrollan su actividad en él.

Enfermedades profesionales

La norma establece también el compromiso de creación de una comisión de estudio cuyo objetivo es la inclusión de la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades para que se identifiquen y se corrijan las deficiencias que existen en el ámbito de la protección ante las enfermedades profesionales de los trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tercerainformacion.es

Comparte este contenido:

Lula se impone en el primer debate presidencial de Brasil apostando por la educación y la sanidad

Por: Tercera Información

  • Los candidatos que participaron fueron: Luiz Inácio Lula da Silva; Jair Bolsonaro; Simone Tebet; Soraya Thronike; Felipe D’avila; y Ciro Gomes.

Los candidatos presidenciales de Brasil se enfrentaron este domingo en su primer debate de cara a los comicios del próximo 2 de octubre, donde el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva lidera la intención de voto en todas las encuestas.

Los candidatos que participaron en el primer debate fueron: Luiz Inácio Lula da Silva; el ultraderechista Jair Bolsonaro; Simone Tebet; Soraya Thronicke; Felipe D’avila; y Ciro Gomes.

De acuerdo a la última encuesta realizada por Instituto Datafolha, Lula lidera la intención de voto con el 47 por ciento, seguido de Bolsonaro que llega a 32 puntos porcentuales.

El candidato más opcionado a ganar los comicios de octubre resaltó su inversión en salud y vivienda durante su Gobierno, «en nuestro Gobierno, Petrobras alcanzó una capitalización de 60.000 millones de reales (…) somos marcados por ser el que mayor invirtió en educación, trabajo, en la generación de la mediana y pequeña empresa», acotó Lula.

Al mismo tiempo, Lula destacó que al llegar al Gobierno habían 3.500.000 estudiantes y al terminar su mandato, la cifra llegó a los 8 millones, «también defendimos la Amazonía, nunca en la historia fuimos tan respetados en el mundo», agregó.

Por su parte, Ciro Gomes aseveró que será el presidente de la educación para poner a Brasil como un referente en el mundo, «señor Bolsonaro, usted no se da cuenta que hay gente comiendo de la basura (…) Es una aberración que haya un presidente que tenga números recientes, 33 millones de brasileños están pasando hambre. Una de cada cuatro personas comen tres veces al día», apunto.

Por su parte, Bolsonaro se defendió aludiendo que el país registra un número de inflación menor en comparación con varios países del mundo, «nosotros logramos un milagro durante la pandemia, atendemos a los más necesitados. Mi Gobierno y mis senadores logramos disminuir el precio de los combustibles», añadió.

«Tenemos que invertir y cambiar las sala de aulas, invertir en la profesionalización de los profesores, tenemos que mejorar el aprendizaje de los alumnos», indicó el candidato Felipe D’avila.

Tanto Thronicke como Tebet coincidieron en una reforma a la educación que priorice la inversión en infraestructura, así como la dignificación de los docentes en todos su niveles.

Economía, salud y religión

Aludiendo a los impactos de la pandemia de la Covid-19 en el país, Tebet lanzó una crítica a Bolsonaro por su ineficiencia en el combate del virus, «al presidente no le importó y le dio la espalda a las familias (…) nos atrasamos en la compra de vacunas», añadió.

«Lo que vi fue un escándalo de corrupción en la compra de vacunas (…) el 25 por ciento de los pobres se mueren en Brasil por no tener acceso al tratamiento contra el cáncer», puntualizó Tebet, comentario que se adhirió la candidata Thronicke quien enfatizó en la importancia del sector privado para financiar programas de atención en salud.

Asimismo, Gomes volvió a apuntar contra Bolsonaro por cifras sobre el desarrollo económico y sanitario, «en Brasil casi 50 millones de ciudadanos que envejecerán en 15 años, no van a tener pensión. Yo quiero reconciliar al país», expresó.

Por su parte, Lula reiteró que va a volver a ser Gobierno y su prioridad será la educación y salud, referentes en el mundo, «la mejor revolución educativa que se hizo en Brasil, la hicimos nosotros», recordó.

«Yo digo que la libertad religiosa para todos y no podemos permitir que se toque el tema de Dios en vano. Tenemos candidatos que pierden electores por la falta de respeto a la religión», indicó Thronicke, quien se solidarizó con Tebet en la aplicación de reformas que dignifiquen los derechos de las mujeres.

Al mismo tiempo, D’avila acotó que el desarrollo nacional pasa ineludiblemente por la agroindustria, aunque aclaró sobre la necesidad de emprender políticas de privatización, «necesitamos privatizar todo en Brasil (…) Es muy importante que nosotros usemos recursos privados», agregó.

«El crecimiento económico también depende de una política ambiental, dentro de mi plan de Gobierno está la eliminación del carbono (…) tenemos que plantar árboles en tierras degradadas y generar empleo verde», manifestó D’avila.

Sin embargo, Bolsonaro defendió su política señalando que se direcciona en la protección de la mujer, pese a sus constantes comentarios misóginos, «yo defiendo las armas para que las mujeres se defiendan, el 90 por ciento de títulos de propiedad fueron entregados a las mujeres», agregó.

Mientras tanto, los candidatos Tebet y Gomes coincidieron que Bolsonaro emite noticias falsas sobre economía, pobreza y seguridad, al mismo tiempo, denunciaron actos de corrupción suscitados en el actual Gobierno.

«El pueblo va a votar para volver a ser respetado, por tener empleos bien remunerados, necesitamos volver a la libertad», aseveró Lula, quien destacó políticas incluyentes ejecutadas durante los Gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT).

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/29/08/2022/lula-se-impone-en-el-primer-debate-presidencial-de-brasil-apostando-por-la-educacion-y-la-sanidad/

Comparte este contenido:

Por Andalucía rechaza la creación de la nueva Dirección General de Educación Concertada, que achaca a “las políticas de privatización educativa” de Moreno Bonilla

Por: Tercera Información

  • La formación respalda la movilización en defensa de la educación pública prevista el próximo 1 de septiembre.

La parlamentaria de Por Andalucía por la provincia de Granada, Alejandra Durán, ha mostrado esta mañana su rechazo a la creación de la nueva Dirección General de Educación Concertada, que ha achacado a “las políticas de privatización educativa” de Moreno Bonilla, y ha trasladado el respaldo de su grupo parlamentario a la movilización en defensa de la educación pública prevista el próximo 1 de septiembre frente al Parlamento de Andalucía.

Así, Durán ha afeado que el pasado jueves, el mismo día que se registraba la entrega de más de 52.000 firmas en Cámara autonómica en apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama una bajada de ratios en los centros escolares andaluces, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) diera a conocer que el Gobierno de Moreno Bonilla financiará con dinero público una nueva Dirección General de Enseñanza Concertada.

Reproductor de audio

“A tan solo un mes del inicio del curso escolar nos enteramos de que, lejos de atender las reivindicaciones que la comunidad educativa, la intención de Moreno Bonilla es dar continuidad a su plan de privatización de la educación pública financiando con dinero público y fondos europeos una Dirección General dedicada a impulsar y fortalecer los espacios de educación privada en Andalucía”, ha criticado la parlamentaria.

En este sentido, Durán ha señalado que “este tipo de acciones, unidas a que durante la última legislatura se cerraron en Andalucía más de 1100 aulas públicas mientras se favorecía a la concertada con importantes cantidades de dinero público, han provocado la “alarma” de la comunidad educativa y de su propia formación ante lo que consideran “el inicio de un cambio en el modelo educativo andaluz que pretende dejar escorados en segundo plano a los centros públicos”.

“El Partido Popular no puede usar la institución para crear un espacio de fortalecimiento de la educación privada cuando la escuela pública tiene carencias tan básicas como las elevadas ratios, la falta de personal educativo, PTIS y orientadores o la climatización de las aulas, que están mermando significativamente la calidad de la educación que reciben nuestros alumnos”, ha zanjado.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/18/08/2022/por-andalucia-rechaza-la-creacion-de-la-nueva-direccion-general-de-educacion-concertada-que-achaca-a-las-politicas-de-privatizacion-educativa-de-moreno-bonilla/

Comparte este contenido:

España: Educación aproveita o verán para pechar centros e recortar unidades e postos de traballo

A CIG-Ensino denuncia que se prevé o peche de 59 unidades en Infantil e Primaria.

A venres 12 de agosto, en pleno verán, recuperando os peores modos do goberno do Partido Popular, a consellaría de Educación volve recortar unidades e postos de traballo.

Logo dun estudo rápido realizado pola CIG-Ensino sobre a ORDE do 26 de xullo de 2022 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial, publicada hoxe, venres, 12 de agosto, atopámonos con que a Consellaría suprime:

  • 33 unidades en educación infantil e 26 en educación primaria, un total de 59 unidades.

Estas 59 unidades menos fan que nos atopemos con case 100 docentes menos no sistema educativo galego nos niveis de Infantil e Primaria.

A estas cifras engádense os recortes xa denunciados o 20 de xullo.

A consellaría segue adiante coa política de desmantelamento do ensino público, antepoñendo os criterios economicistas á calidade da educación. Un desmantelamento que incide especialmente na atención ás necesidade educativas específicas e que vai redundar na masificación das aulas debido ao incremento das rateos e a imposibilidade de realizar desdobres.

Volve perder a Consellaría unha grande oportunidade para comezar cunha baixada das ratios que permitiría ao profesorado aumentar a calidade do ensino. Desde a CIG-Ensino seguirán a reclamar da consellaría que aproveite a baixada da poboación en idade escolar para rebaixar as ratios e reducir o horario lectivo do profesorado a 18 horas en secundaria e 21 horas en primaria, e non como unha posibilidade de aforrar cartos.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tercerainformacion.es

Comparte este contenido:
Page 1 of 19
1 2 3 19