El sábado 18 de marzo de 2023, World Against Racism & Fascism , una red internacional de movimientos antirracistas, volverá a manifestarse en esta Jornada de la ONU contra la Discriminación Racial, para rechazar todas las formas racismo y fascismo con un día de acción global.
El año pasado, más de 60 ciudades participaron en la protesta internacional —desde Canadá hasta Corea del Sur— y este año los organizadores esperan una respuesta aún mayor.
Argumentan que «el racismo institucional sistemático está dando espacio a la derecha racista y fascista para crecer». Los organizadores señalan el reciente ataque a las instituciones estatales en Brasilia como un ejemplo de lo que realmente representa a la extrema derecha. Apuntan a las huelgas y otras movilizaciones de cada vez más países, que reúnen a personas de todos los orígenes en luchas conjuntas para defender sus condiciones de vida y de trabajo, y subrayan la capacidad de organizar aquí la unidad y la solidaridad antirracistas.
En su declaración concluyen: “Ante una crisis masiva e internacional del coste de la vida debemos oponernos al racismo, a la política de ‘divide y vencerás’ y al crecimiento de la derecha racista y fascista. Es hora de movilizar a la mayoría antirracista. Debemos luchar de forma unitaria contra el racismo y el fascismo.”
Hasta ahora, movimientos unidos de unos dieciséis países ya han apoyado la convocatoria, hay muchas acciones previstas para ese día, mientras se suman más movimientos.
Unidad Contra el Fascismo y el Racismo Cat, ha declarado: “Aquí podemos ver los peligros tanto del racismo de estado como de la extrema derecha. El pasado verano, más de 37 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas en la frontera de Melilla. También estamos viendo casos terribles de deportaciones racistas de activistas de la comunidad musulmana, incluido un destacado activista de UCFR. Todo esto, a su vez, alimenta el crecimiento de la extrema derecha, como VOX, que promueve formas aún más extremas de racismo, sexismo, transfobia, etc. Por eso, el 18 de marzo en Barcelona haremos la ‘Marcha de la Solidaridad: Bastante de racismo, detengamos la extrema derecha’.”
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/16/03/2023/dia-de-accion-global-contra-el-racismo-y-el-fascismo-18-de-marzo-de-2023/
El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 10 en 2023 y a 1.192 desde 2003. Asimismo, el número de menores huérfanos y huérfanas por violencia de género en España asciende a 14 en 2023 y a 391 desde 2013.
6 de marzo de 2023.- El Ministerio de Igualdad condena un nuevo asesinato por violencia de género en la provincia de Zaragoza. Se trata de una mujer de 39 años asesinada presuntamente por su expareja el pasado 3 de marzo. La víctima tenía un hijo menor de edad y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.
Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 10 en 2023 y a 1.192 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Igualmente, el número de menores huérfanos y huérfanas por violencia de género en España asciende a 14 en 2023 y a 391 desde 2013, año en el que se comenzaron a recopilar estas cifras.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quieren expresar de nuevo su más absoluta condena y rechazo a este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más asesinatos.
El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, quiere recordar que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es/, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.
Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/06/03/2023/el-ministerio-de-igualdad-condena-un-nuevo-asesinato-por-violencia-de-genero-en-la-provincia-de-zaragoza/
La Federación local de València de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado para el próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, huelga general feminista para la provincia de València.
CGT València ha realizado el preaviso de convocatoria de huelga general feminista para el próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, después que la plenaria de sindicatos de la federación local valenciana de la organización anarcosindicalista ratificara la decisión de la afiliación mostrada en las asambleas celebradas previamente.
La convocatoria tendrá carácter provincial y servirá según fuentes de CGT València para “hacer patente que continúa habiendo motivos suficientes para reclamar el fin de las desigualdades que tanto en el ámbito laboral como en el económico y en el social, siguen sufriendo las mujeres y que quedan reflejadas tanto en el acceso al empleo, en la promoción profesional, la brecha salarial y las pensiones”.
Además desde la organización anarcosindicalista señalan que “las actuales políticas siguen resultando insuficientes para acabar con las violencias machistas en todos los ámbitos de la vida, creemos que es nuestra obligación defender los intereses de la clase trabajadora ejerciendo el derecho fundamental de la huelga y haciendo un llamamiento a la movilización de toda la sociedad”.
El anuncio llega unos días después que la Asamblea feminista de València informara que en 2023 volvían a llamar a la huelga general feminista como ya hicieron en 2018 y 2019.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/28/02/2023/cgt-valencia-convoca-huelga-general-feminista-el-8m/
El movimiento feminista de Madrid confirma que el recorrido para la manifestación del 8 de marzo de 2023 en Madrid será de Atocha a Plaza de España, a partir de las 19h.
La Comisión 8M hace asimismo un llamamiento a sumarse a las movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública convocadas para el próximo domingo, 12 de febrero, para lo que ha organizado un bloque feminista que saldrá de Nuevos Ministerios a las 11.30.
A un mes del próximo 8 de marzo y tras meses de trabajo en asambleas en la Comisión 8 de Marzo, el movimiento feminista de Madrid encara la recta final con una apuesta por volver a llenar las calles.
Por un lado, este espacio de coordinación de las organizaciones y colectivos del movimiento feminista madrileño confirma el recorrido previsto para la manifestación del 8M de 2023. La convocatoria será a las 19h en Atocha, y recorrerá el centro de Madrid, pasando por Cibeles, Gran Vía y Callao hasta finalizar en Plaza de España. Se trata del mismo recorrido de las históricas huelgas feministas de 2018 y 2019, en una nueva llamada al desborde, tras los años marcados por la pandemia.
Por otro lado, la Comisión 8M anuncia que el movimiento feminista se unirá a la marcha en defensa de la sanidad pública y universal convocada por las profesionales de la salud y vecinas de Madrid para el próximo domingo 12 de febrero. Para ello, ha organizado un bloque feminista que parte desde la columna de Nuevos Ministerios a las 11:30de la mañana.
Las mujeres quieren visibilizar así su apoyo a las huelgas, a los encierros y a la lucha de toda la sanidad pública madrileña. Además de la paralización de las negociaciones con la Consejería de Sanidad, denuncian los recortes estructurales que afectan desde los hospitales hasta la Atención Primaria y señalan a la Comunidad de Madrid por ser “la única región que cerró los servicios de urgencia de atención primaria en pandemia y que permite mantener Centros de Salud sin médicas”.
Estas cuestiones coyunturales, se suman a las históricas reivindicaciones feministas en este ámbito: una sanidad que permita disponer a las mujeres de la información necesaria para tomar decisiones sobre sus cuerpos; impulsar la investigación médica desde un enfoque no androcéntrico, que ponga las necesidades de las mujeres entre sus objetivos; y que todas las mujeres puedan acceder a servicios de salud integral, de proximidad, independientemente de su situación administrativa, edad, sexualidad e identidad y/o expresión de género.
La Comisión 8M es el espacio unitario de organización, encuentro, debate y reunión del movimiento feminista autónomo de Madrid que aglutina a diferentes colectivos, activistas feministas y vecinas de los barrios y los pueblos de Madrid y que año tras año, desde hace tres décadas, ha preparado las movilizaciones del 8 de marzo.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/06/02/2023/la-comision-8m-encara-la-recta-%EF%AC%81nal-hacia-el-8-de-marzo-con-un-doble-llamamiento-a-la-movilizacion/
En vez de atender las justas reivindicaciones obreras, el gobierno de la derecha opta por incrementar la represión y la criminalización.
1 de Febrero de 2023
Gran Bretaña vive un periodo de potente resurgimiento del movimiento obrero y sindical, con la mayor ola de huelgas en décadas. Cada día más sectores de la clase trabajadora se movilizan (ferroviarios, transportistas, enfermería, personal de ambulancias, agentes de aduanas y autopistas, correos y educación, etc.), con huelgas y protestas convocados por los sindicatos, que están teniendo un seguimiento masivo, para reivindicar sus derechos, mejoras salariales, contra los despidos y el empeoramiento de sus condiciones laborales.
En plena crisis inflacionaria, de enorme aumento de los precios, aguda devaluación salarial y pauperización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, tras décadas de neoliberalismo salvaje (ahora agravados por la guerra y la carrera armamentística), el gobierno de la derecha dirigido por el Primer Ministro conservador Rishi Sunak, en vez de atender las justas reivindicaciones obreras, opta por incrementar la represión y la criminalización, declarando la guerra a los sindicatos y huelguistas, con las convocatorias de huelgas y manifestaciones, una nueva legislación para recortar drásticamente el derecho de huelga.
Como en la época de la ultraliberal y reaccionaria Margareth Thatcher, los Tories pretenden atacar de nuevo al movimiento obrero organizado imponiendo una ley antisindical, para poder imponer servicios mínimos abusivos, despedir impunemente a quienes no los cumplan, permitir a las empresas promover legalmente el esquirolaje y denunciar a los sindicatos. Una agresión frontal al derecho fundamental de huelga, que es la principal expresión y forma de lucha que tenemos las y los trabajadores para defender y reivindicar nuestros salarios, derechos y condiciones de vida.
El capitalismo mundial, y más, en las actuales condiciones de crisis, de declive occidental, confrontación geopolítica y de guerra, intentan seguir aplicando su brutal agenda neoliberal, autoritaria y militarista, por medio de la devaluación salarial, el recorte de los derechos laborales, sociales y democráticos, en una peligrosa deriva reaccionaria y represiva contra el conjunto del movimiento obrero, popular y de la izquierda.
Hay que recordar que la oligarquía y la derecha británicas están resaltando a nivel internacional por ser de las más extremistas en abanderar esta vía belicista, neoliberal y antidemocrática. Si no han podido imponer toda su agenda reaccionaria es gracias a la masiva ola de movilizaciones obreras y al renacer del movimiento sindical, que están reforzando la capacidad de lucha de la clase obrera y se están ganando la simpatía de la mayoría de la sociedad británica, agotada por las privaciones, la precariedad y el empobrecimiento masivo que les impone su clase dominante.
Denunciamos y rechazamos con toda contundencia este nuevo ataque antisindical del gobierno británico para recortar el derecho de huelga, así como expresamos toda nuestra solidaridad con la lucha de la clase obrera y del movimiento sindical de Gran Bretaña. También queremos animar a las y los trabajadores a continuar la lucha por unas condiciones de trabajo y de vida dignas.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/opinion/01/02/2023/no-al-recorte-del-derecho-de-huelga-en-gran-bretana/
La imposición de una sanción al letrado Aránguez por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada por criticar la actuación del juez Piñar daña la libertad de expresión de la abogacía. Ahora ese mismo perjuicio se extiende también a los periodistas cuando se les investiga en causa penal por informar a la ciudadanía de asuntos judiciales de interés público.
De entrada tengo que confesar que no soy un hombre con las ideas claras, ni el juicio firme. Cuando alguien me pregunta si me gusta la tortilla de patatas con o sin cebolla, dudo, no lo tengo claro, acabo balbuceando y es que me gustan las dos. Cosas del poco carácter, que también se manifiesta ante similar pregunta en relación a los ingredientes de la paella: vacilo, me avergüenzo un poco ante la posición tajante de quien me inquiere…y agachando la cabeza, respondo que me apetece de cualquiera de las maneras. Por poner sólo dos ejemplos.
Esta indecisión me aparece a la hora de analizar la actuación del juez Piñar, tildado por algunos de personaje agropecuario (no en su actuación judicial, por Dios, no se me acuse como antiguamente de desacato, sino en sus expresiones públicas), cuando decía entre otras frases felicísimas, aquello del «hijo de puta» refiriéndose al que calificaba—supongo que con conocimiento cabal—como novio de Marlaska, según indicaba el periódico Diario 16 o tachaba de basura al Tribunal Supremo, y sin embargo, en sus razonamientos en sede judicial parecía bordear la estética decadente más escabrosa, como si su sensibilidad estuviera próxima a la de Charles Baudelaire en «Las Flores del Mal«, cuando según el Diario.es, bajo la firma de Ruth Toledano, señalaba: «Los medios recordaron que hace unos años dictó una sentencia que rebajaba la indemnización que pedía una joven de Granada tras un accidente con argumentos tan perversos como que la cicatriz, en una chica tan atractiva, podía ser un aliciente sexual». De la arruga es bella en el prêt-à-porter de Adolfo Domínguez a la libidinosa cicatriz en la piel.
¿Prevalece en nuestro personaje el perfil bronco, pedestre, o por el contrario es próximo al esteticismo más decadente?…No lo tengo claro, ya les he advertido desde el principio que soy un tipo confuso.
El periódico «Granada Digital» nos comentaba el martes pasado que el Juzgado de Instrucción nº 5 de Granada tras admitir a trámite la querella presentada por Piñar contra el abogado de Juana Rivas, ha acordado mediante resolución judicial, «que la Policía Nacional investigue si Carlos Aránguez creó el 15 de marzo de 2019 un grupo en la red social WhatsApp denominado «Periodistas Aránguez Abog», donde tenía agregados a 103 profesionales de la información, cuya identidad y medio para el que prestaban servicios deberán especificarse en el referido informe», concretando que la «identificación y medio para el que prestan servicios también deberán reflejarse en el informe en cada uno de los casos». Una investigación que a buen seguro causará preocupación, molestias, tal vez temor en aquellos periodistas que se habían limitado, en el legítimo deber de informar, a recibir noticias del abogado de un caso que ya venía arrastrando un gran protagonismo en los medios de comunicación, por lo que estaba sujeto a debate público.
De la misma manera que la imposición de una sanción al letrado Aránguez por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada por criticar la actuación del juez Piñar daña la libertad de expresión de la abogacía, ahora ese mismo perjuicio se extiende también a los periodistas cuando desde el Juzgado se les investiga en causa penal por informar a la ciudadanía de asuntos judiciales de interés público.
«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión», artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Según el diario Granada Hoy, el juez instructor dice que su diligencia no tiene como objetivo «investigar la labor de los periodistas» que han informado sobre el caso de la madre de Maracena, cuando con anterioridad había ordenado indagarlos por formar junto con el Letrado Carlos Aránguez un grupo de whatsapp. Un chat que estamos seguros no tenía como objeto que sus participantes se divirtieran con los chistes narrados por este, que la verdad, además, no parece precisamente un tipo tan gracioso.
Ya ven, una confusión.
Sin duda la misma que me manifestaba un amigo al decirme que no encontraba lógico que instruyera este asunto un señor no solo de la misma profesión de Piñar, como ha de serlo forzosamente, sino incluso de posible proximidad personal al compartir ambos la justicia penal en una ciudad no demasiado extensa, donde ocurren sucesos tan extraordinarios.
Aquella pregunta sobre quien juzga a quienes nos juzgan vuelve a aparecer, tal vez no demasiado bien resuelta en nuestra legislación.
Los comentarios del abogado de Juana Rivas habrían desencadenado la querella de Piñar y ahora admitida a trámite junto con la adopción de severas diligencias por parte del Juez instructor.
Qué respuesta tan distinta, con qué diferente temple el Presidente de la Sala de lo Penal del Supremo Manuel Marchena, y el instructor de la causa contra Puigdemont, también magistrado del alto tribunal Pablo Llarena, han encajado las críticas más contundentes que les han dirigido con motivo de su actividad jurisdiccional, comprendiendo que es el tributo que se paga ante el bien superior de la libertad de expresión.
Puede que la querella y la instrucción que comentamos queden en nada, pero el daño moral y el temor de Aránguez y el de los periodistas investigados perdurarán. Si finalmente el asunto se archiva, por muy errónea que fuere su tramitación, no comportará, casi con toda probabilidad, la menor responsabilidad ni para el querellante, ni para el instructor, dadas las enormes dificultades existentes para exigir responsabilidad a los jueces en los supuestos de actuación profesional irregular o deficiente.
Uno de los ejemplos más extremos de esta ausencia de responsabilidad de estos funcionarios públicos que imparten justicia tuvimos ocasión de constatarlo en relación al juez Ruiz Hermida, del también juez Varón Cobos en el caso «Bardellino».
Resulta que el tal Ruiz Hermida, magistrado, a instancia de la conocida mujer de fortuna llamada La Pepa, percibiendo previamente la cantidad de diez millones de las antiguas pesetas, consiguió que el magistrado de la Audiencia Nacional Varón Cobos dejara en libertad al mafioso italiano Antonio Bardellino, en prisión en España y pendiente de extradición a su país para responder de la acusación de haber cometido la friolera de más de 70 asesinatos, que tras ser excarcelado, puso pies en polvorosa.
El asunto se las traía, y provocó incluso un incidente diplomático con el gobierno italiano, que protestó enérgicamente. Pues bien, según informaba El País, «el Pleno del Tribunal Supremo acordó anoche readmitir en la carrera judicial al magistrado Ricardo Varón Cobos… Estos dos jueces estuvieron implicados en la irregular puesta en libertad del jefe de la Camorra napolitana Antonio Bardellino en enero del 84, pero fueron absueltos por la Sala Segunda del TS en el proceso que se siguió contra ellos. Fue el Consejo General del Poder Judicial el que en mayo del 86 acordó por unanimidad la expulsión de ambos de la carrera judicial… Ricardo Varón podrá por tanto reintegrarse a la carrera judicial… además le deberán ser abonados todos los haberes no percibidos desde que fue suspendido en el ejercicio de su cargo hasta la actualidad», y siguió poniendo tranquilamente sentencias hasta su jubilación.
Otro ejemplo que ilustra «la responsabilidad judicial» en nuestro país es el caso del juez José Antonio Martín, que asesoraba al abogado del narcotraficante Rafael Bornia ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, presidida por el mismo Martín, que fue declarado inocente por el Tribunal Supremo, según informaba Cristóbal García Vera el en el periódico Rebelión, y el propio diario El País pese a que los hechos probados no dejaban lugar a dudas del auxilio prestado al delincuente.
Por eso queda uno tan confuso. No puedo tener ideas claras.
Máxime cuando se sabe, como todos los ligados al mundo del derecho que lean estas líneas, que no hay mejor test para conocer el tremendo grado de arbitrio judicial que existe en España, que cuando un abogado conversa con otro sobre algún asunto y sus perspectivas, no se preguntan tanto sobre cuáles sean los hechos o los fundamentos jurídicos que van a esgrimir, sino algo mucho más pedestre, a saber, ¿con qué juez te ha caído el juicio?, sabedores ambos que esta circunstancia es mucho más decisiva que la enjundia de los argumentos que se barajen. Como Piñar ponía de manifiesto por escrito, para dictar sentencias «primero resuelvo con sentido común, y luego busco adaptarlo a la Ley».
Claro que para seguir justificando mi confusión, el mismo ahora nos cuenta que alguien -¿tal vez un Bildu etarra?- usurpa en Internet su personalidad desde Irún.
Parece ser que esta forma de actuación basada en «el sentido común» puede ser más general de lo que parece en el ámbito judicial, de ahí que lo importante para el éxito o no de un juicio, dependa más del juez con el que «te toque» que de la razón que te asista.
Frente a ello se arguye que esta es la esencia de la independencia judicial, que cada uno de ellos juzga «en conciencia», y por tanto, puede ser distinto de lo que juzgue otro. Lo que ocurre es que en nuestro país esto se produce con tanta frecuencia, que bien pudiera contraargumentarse que no es lógica tamaña disparidad, dada la regulación común existente tanto sobre la valoración de los medios de prueba, como de las normas jurídicas aplicables.
Podría alguien pensar, adaptando a nuestro caso aquella frase ya célebre de Rodrigo Rato, «es la ideología amigo».
Es una pena que este asunto también se escapara a los autores de nuestra tan alabada Transición.
Menudo lío. Para que vean que no es posible tener las ideas claras.
La CNT convoca a nivel estatal una manifestación el 24 de septiembre en Madrid para denunciar una sentencia que criminaliza las herramientas sindicales para la defensa de las trabajadoras.
La sentencia a Las Seis de La Suiza de Xixón/Gijón condena a las sindicalistas a la entrada en prisión por el ejercicio de la acción sindical, la legítima protesta social y la libertad de expresión.
La CNT llama al conjunto de la ciudadanía y al tejido social, vecinal y sindical de todas las ciudades y pueblos del Estado a asumir como propia la defensa de Las Seis de La Suiza.
Comunicado Secretaría de Comunicación del Comité Confederal
La CNT ha convocado a nivel estatal para el próximo 24 de septiembre (12:30 h., frente al Ministerio de Justicia) la celebración de una gran manifestación que exigirá la absolución inmediata de las seis sindicalistas condenadas a penas de prisión por el ejercicio lícito de la acción sindical en el contexto del conflicto entre el sindicato y la empresa La Suiza de Gijón/Xixón.
La marcha se desarrollará bajo el lema “Hacer sindicalismo no es delito”, ante una condena que, de hecho, imposibilita el ejercicio de la acción sindical y cercena gravemente derechos civiles como la libertad de expresión y de manifestación. Desde CNT se confía en que la manifestación sea multitudinaria y aglutine a todas aquellas organizaciones, colectivos y personas que se sientan solidarias con las personas condenadas, y comprometidas ante el golpe represivo que supone su persecución y condena.
Un ataque directo a las herramientas de lucha sindical y de protesta social
Seis compañeras de CNT Asturias han sido condenadas a tres años y medio de prisión por “coacciones graves” y “obstrucción a la justicia”, así como al pago de una multa de 150.000 euros. La condena absolutamente disparatada supone un ataque directo a las herramientas sindicales que la propia ley recoge para la defensa de las trabajadoras. Un ataque que criminaliza las formas tradicionales de protesta social y sindical y que llega en un momento en el que se anuncia un ‘otoño caliente’ ante la crisis económica, la inflación y el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Desde CNT consideramos las sentencias judiciales vertidas contra nuestras compañeras como un ataque frontal a nuestro modo de entender la acción sindical, entendida como una defensa directa, no mediada, pública y firme de las trabajadoras ante los abusos de la patronal. Pero creemos que además, la gravedad de las condenas, que llevarían en caso de consumarse, a prisión a nuestros compañeras, es un ataque directo al sindicalismo de base y combativo en su conjunto y a cualquier forma de protesta social que siga apostando por la presencia en la calle como vía de defensa de los derechos.
Por todo ello, animamos y convocamos al conjunto de la clase trabajadora y a la ciudadanía en general a manifestarse en Madrid el próximo sábado 24 de septiembre a las 12:30 h. frente a la sede del Ministerio de Justicia (C/ San Bernardo, 45) para mostrar el rechazo a esta condena judicial y para mostrar el apoyo a las compañeras amenazadas con la entrada en prisión.
Sobre el caso La Suiza
Para buscar el origen del conflicto tenemos que remontarnos al año 2017, cuando una trabajadora de la pastelería La Suiza de Gijón/Xixón acudió a nuestro sindicato en busca de asesoría y apoyo en una situación de abuso patronal y acoso, con el impago de alrededor de 80 horas extraordinarias al mes, la imposibilidad de disfrutar de vacaciones y cargas excesivas de trabajo durante el embarazo de la trabajadora, lo que se tradujo en un riesgo de aborto que desembocó en la correspondiente baja médica. Junto a todos estos abusos, la compañera denunciaba un trato insoportable por parte del empleador, que incluía comentarios humillantes y opiniones sobre su cuerpo.
Ya con el apoyo de CNT Xixón, desde el sindicato se comenzó por tratar de mantener una reunión con el empresario de La Suiza para abordar la situación e intentar resolverla a través del diálogo, algo a lo que el empleador se negó.
Ante esta situación, CNT decidió hacer público el conflicto a través de la concentración del Primero de Mayo y a través de las redes sociales. Como consecuencia de esta campaña informativa, el empresario accedió a reunirse con el sindicato, pero se negó a llegar a ningún acuerdo.
Así las cosas, desde CNT Xixón se llevan a cabo una serie de concentraciones en el exterior de la pastelería y una campaña informativa sobre el conflicto abierto entre la empresa y la trabajadora. Es decir, se utilizan las herramientas sindicales a nuestro alcance para defender los derechos de la trabajadora afectada. Cabe señalar que todas estas acciones se desarrollan con firmeza en la defensa de nuestra compañera pero sin que se produzca intervención policial. Pese a la ‘normalidad’ de las acciones de protesta, comienzan a producirse identificaciones policiales de diferentes compañeras de CNT Xixón y, finalmente, se producen varias detenciones y se tramitan las denuncias correspondientes.
El proceso judicial consecuente se abre con el intento de imputación de una treintena de personas, militantes del sindicato, pero también de otras personas que habían ido a apoyar a la trabajadora de La Suiza. Finalmente resultaron imputadas ocho personas.
La trabajadora afectada en el conflicto original interpone asimismo una denuncia por acoso sexual, que es archivada ante la justificación judicial de no existir carga de prueba suficiente.
Finalmente, el Juzgado de lo Penal número 1 de Xixón/Gijón, en sentencia emitida en junio de 2021, condena a las ocho activistas procesadas a un total de 25,3 años de prisión: tres años y medio de prisión para 7 de ellas y 8 meses para otra, por los delitos de coacciones y obstrucción a la justicia. Además la sentencia establece una indemnización a la pastelería La Suiza de 150.428 euros, declarando al sindicato CNT como responsable civil subsidiario.
En esta pasada primavera, y tras recurso interpuesto por el equipo jurídico de CNT, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado la pena de prisión para seis de las ocho sindicalistas condenadas por el caso de ‘La Suiza’.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/21/09/2022/hacer-sindicalismo-no-es-delito-por-la-absolucion-inmediata-de-las-seis-de-la-suiza/
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!