Hay una brecha invisible, agravada por la rampante corrupción y el debate vacío de los alzamanos y ‘apunta dedos’ que ignoran los problemas reales que plagan el día a día del 50% de la población.
He aquí una de las más graves consecuencias del cortoplacismo con el que se trata a la cosa pública en el país, de leyes que apuntan a proteger a los sectores que más gastan en ‘lobby’, a la avaricia tributaria de un Estado que destina el grueso de sus ingresos a cumplir con acreedores extranjeros y al gasto corriente.
Los indicadores son tristes: hace 29 años que no se reduce la cifra de niños con desnutrición. El país, sus élites, los gremios, los políticos, los sabios, todos somos responsables y, de igual forma, cargamos con el peso de un país que no logra salir de la pobreza.
Cualquier programa de emprendimiento, inversiones millonarias en centros educativos, becas y tecnología es inútil si no se lo nutre de una masa laboral preparada para esta nueva era del conocimiento.
Si 25 de cada 100 niños en el país no tienen una alimentación nutritiva, implica no solo estancamiento en su crecimiento, sino además, un desarrollo limitado de su capacidad cognitiva. Además de la falta de acceso a la educación y al abandono escolar que dejará como consecuencia la pandemia del Covid-19, estos niños tendrán aún menos posibilidades de alcanzar una posición laboral en el futuro que les permita alimentar bien a sus hijos, perpetuando así el círculo vicioso.
Urge un consenso nacional que apunte a levantar a este sector marginado de la población, que sufre de hambre y desnutrición, y no solo comedores comunitarios o kits de alimentos.
El no recibir cuidados, el ser olvidado por todos, creo que es un hambre mucho más grande que el carecer de alimentos. Teresa de Calcuta (1910-1997) Monja católica, Nobel de la Paz; Albania.
La agrociencia tiene un enorme potencial para incrementar la producción de pequeños agricultores y sacarlos del hambre y la pobreza. Bill Gates (1955- ) Fundador de Microsoft, filántropo; EE.UU.
Un sistema educativo limitado ya condicionaba la formación de millones de menores de edad etíopes antes de la pandemia. Ahora, el cierre forzado de las escuelas ha privado a muchos de ellos de su derecho a la educación. Contar la historia de este niño es contar un país entero
El pasado 16 de marzo, cuando aumentaron a cinco los casos positivos de covid-19 en el país, el gobierno etíope suspendió las clases. Durante este tiempo el Ministerio de Educación ha lanzado iniciativas para que la formación de los niños no se detuviera durante el cierre de las escuelas, pero no ha conseguido llegar a todos los hogares y muchos alumnos han quedado desatendidos. La pandemia se ha convertido en un bache más en su formación, que ya estaba comprometida por un sistema educativo limitado.
Es probable que Jovani quiera seguir colaborando en la campaña contra la covid-19 en Dessie, su ciudad natal, que está en la región de Amhara, en el centro norte de Etiopía. Este niño de siete años y ojeras marcadas quiere ser doctor, aunque ahora quizá no acabe de entender por qué debe quedarse en casa, pues los mayores no han dejado de trabajar pese a la amenaza del virus. En cambio, millones de menores como él llevan semanas sin ir a la escuela y deben permanecer en sus casas para evitar contagios.
Pese a las limitaciones del sistema educativo, la madre de Jovani sabe que cualquier opción de futuro de sus hijos —tiene dos— pasa por que vayan a la escuela. Ella mantiene a su familia lavando ropa a mano y cocinando injera, una masa fina que es la base de la alimentación etíope. Desde que enviudó es la única persona que, de forma regular, lleva dinero a casa, una habitación única de paredes enyesadas y techo de hojalata en la que también viven los abuelos.
Para la Administración Pública, Jovani es un niño en situación de vulnerabilidad. Por eso le seleccionó para que se beneficiara del programa de apadrinamientos de la ONG IPI Cooperació, mediante el cual la familia recibe una ayuda mensual de 600 birr (17 euros) y se compromete a que el pequeño no deje de estudiar.
El sistema educativo etíope
306 chicas y chicos van a la escuela primaria Sefere Selam de Dessie. Su director, Tilehun Azahij —cabeza rapada, camisa por dentro del pantalón, afable—, apunta que uno de los déficits de la educación etíope es que “el proceso de aprendizaje no tiene parte práctica, solo es teórico”. A Azahij le gustaría que su colegio tuviera un aula de informática y un laboratorio para que el alumnado experimentara, pero debe resignarse a clases con paredes gastadas y pupitres astillados.
La escuela primaria Millenium se encuentra en Kobo, una población al norte de la región de Amhara donde los niños y niñas se han acostumbrado a la presencia de los militares que controlan las disputas territoriales de la zona. El director, Milla Jadea —bigote recortado, deportivas, reflexivo—, explica que otra de las carencias de la educación del país es que “los libros de texto no se adaptan a la edad de los alumnos”. Jadea cuenta que los profesores no tienen tiempo de impartir el temario y que el alumnado pasa de curso sin recibir todas las lecciones.
Etiopía es uno de los países africanos que más se ha implicado en la formación de sus menores desde el cambio de siglo. En 2015 el gobierno destinó un 4,7% del gasto público al ámbito educativo, una cifra que sitúa al país en el puesto número 78 del ranking mundial y en el 15 del de África subsahariana. Estos esfuerzos han contribuido a que prácticamente todos los niños y niñas vayan a la escuela hasta los 14 años, pero no han sido suficientes para asegurarles una formación de calidad. Un 48% de etíopes son analfabetos y la edad media de la población es de 20 años.
El alumnado de la escuela primaria Sefere Selam termina la jornada escolar tras cantar el himno nacional, en Dessie (región de Amhara).A.C.
La educación pública en el país del cuerno de África es gratuita. Los menores empiezan la primaria —obligatoria— a los siete años, por delante les esperan ocho cursos en los que aprenden amhárico —el idioma oficial del país—, la lengua de su respectiva región, inglés, matemáticas y ciencias naturales y sociales. La primera etapa de la secundaria ocupa dos años académicos, noveno y décimo, pero ya no es obligatoria, por eso muchas chicas y chicos dejan la escuela para contribuir a la economía familiar: solo siguen estudiando un 35%. Antes de acceder a la universidad o a otros estudios superiores, los alumnos supervivientes cursan undécimo y duodécimo, que equivalen al bachillerato. Solo el alumnado que ha seguido estudiando a partir de noveno aprende a utilizar ordenadores.
La determinación de Aweke
Cuando Aweke saluda a alguien le ofrece su muñeca porque sus dedos terminan en los nudillos. A los 10 años se contagió de lepra y tuvo que dejar la escuela. Desde entonces camina ayudado de un bastón de madera que maneja con gran agilidad. Cuando se sintió con fuerzas suficientes, volvió a las aulas y continuó su formación. Pese a las aparentes limitaciones, Aweke hace todo por sí mismo. Ahora tiene 24 años y cursa duodécimo en la escuela preparatoria de Weldiya. Quiere ser abogado.
Sin el apoyo de su hermano pequeño Kiros, Aweke no podría estudiar. Kiros, que tiene 22 años, empezó a trabajar para que él pudiese seguir en la escuela. Los hermanos perdieron a sus padres hace tiempo y si ambos estudiaban no podían mantenerse, pese a que Aweke también recibe la ayuda mensual de IPI Cooperació. De hecho, viven “con lo justo” en una pequeña casa de Weldiya, una población al norte de Dessie caracterizada por el tráfico de camiones que transportan mercancías cargadas en el puerto de Yibuti. En su autorickshaw —triciclo motorizado usado como taxi—, Kiros no puede mantener la distancia de seguridad con los clientes, pero estos meses no ha dejado de trabajar. No puede, aunque se exponga al virus.
La suspensión de las clases ha llegado en un momento importante para Aweke, el año en que debe hacer la selectividad, que se ha pospuesto sine die. Durante estas semanas no ha dejado de estudiar, por su cuenta, con una determinación que solo puede equipararse a su fuerza de voluntad. No sabe cuándo hará el examen de acceso a la universidad, pero sabe que necesita una nota alta para entrar en Derecho. Además, siente que se lo debe a Kiros. Por eso no ha escatimado esfuerzos: “He estado leyendo los libros de texto y fragmentos de la constitución”. También ha aprovechado los días de confinamiento para escribir un poema, pero prefiere no compartirlo.
La covid-19 agrava las desigualdades
El cierre forzado de escuelas ha comprometido la educación de millones de chicas y chicos durante las últimas semanas. Los mayores han podido estudiar por su cuenta, pero los pequeños, que necesitan la guía de un profesor, no han podido. Con el objetivo de que la formación de estos menores no se paralice por completo, el Ministerio de Educación etíope ha habilitado un canal de televisión y un dial de radio para impartir clase, una medida cuestionada por no poder calcular su alcance y, sobre todo, por aumentar las desigualdades entre los menores que tienen receptores en casa y los que no, que llevan semanas privados de su educación.
El sistema educativo etíope se caracteriza por no ofrecer a todo el alumnado las mismas prestaciones. El director de la escuela primaria Negus Michael de Dessie, Faten —barba descuidada, camisa tejana, cordial—, indica que “hay zonas del país muy pobres, donde ni siquiera hay comida, los niños que viven ahí no tienen las mismas oportunidades”. Más de un 80% de la población etíope vive en áreas rurales. La administración no llega a las más apartadas, que son las más empobrecidas del país. Faten explica que la única forma de mejorar su situación es aumentar el gasto público en educación.
Un aula de la escuela primaria Sefere Selam queda vacía tras una jornada escolar, en Dessie (región de Amhara). Todas las clases están así desde que la pandemia obligara a suspender la actividad académica el pasado 16 de marzo.ÁLVARO CARRETÓN
Yesuf Mohammed —barba recortada, americana, trato caluroso— dirige el centro de educación primaria Silk Amba de Dessie y, como su homólogo de la escuela Negus Michael, advierte de la existencia de desigualdades: “Se han construido muchos colegios en los últimos años, pero las instalaciones suelen ser precarias, sobre todo en las zonas rurales”. Mohammed también apunta a los profesores cuando habla de prestaciones dispares porque “no todos son profesionales”. Además, en algunas escuelas el profesorado debe encargarse de muchos alumnos. La media nacional en la educación primaria es de 43 escolares por profesor.
Un estuche de color naranja
En febrero, los voluntarios de IPI Cooperació se desplazaron a Etiopía para controlar el funcionamiento del programa de apadrinamientos y entrevistarse con los niños y niñas, a los que llevaron material escolar. Jovani recibió con alegría e ilusión su nuevo estuche de color naranja y lo abrió para ver los lápices y bolígrafos que al menos tenían que durarle un año. De camino a casa, dos niños mayores le pararon y le pidieron que les enseñara el estuche, que entonces se convirtió en el estuche robado de color naranja.
Etiopía tiene 109 millones de habitantes y es el segundo país más poblado de África, solo superado por Nigeria. Un 23% de etíopes vive por debajo del umbral de pobreza y, en la región de Amhara, tres de cada 10 personas son pobres. Ni los lápices ni los bolígrafos se tienen en cuenta en el cálculo que fija la línea de pobreza de una región.
Ellas y el sentido del deber
Las desigualdades no solo afectan a los menores que viven en áreas empobrecidas y rurales, también a las niñas. El sistema educativo promueve la igualdad en las aulas y no discrimina por género, pero la tradición patriarcal del país impide que tengan las mismas oportunidades que los niños. Por eso se está fomentando una educación equitativa que contribuya a superar los estigmas del patriarcado.
La clase política también se ha implicado en el impulso de una sociedad igualitaria: en 2018, Sahlework Zewde se convirtió en la primera presidenta etíope y, ese mismo año, Abiy Ahmed, primer ministro del país, garantizó la paridad en su gobierno al repartir el mismo número de carteras entre hombres y mujeres. Sin embargo, pese a los esfuerzos desde los ámbitos educativo y político, el mensaje feminista aún no ha calado en todas las capas de la sociedad.
Hasta los 14 años, chicas y chicos ocupan las aulas a partes iguales. La diferencia aparece en la secundaria, cuando ellas son las primeras en abandonar la escuela. “El número de niñas cae porque se casan o se van a trabajar a otras regiones para ganar dinero y enviarlo a sus familias”, explica Azahij, que apunta que las chicas tienen un sentido del deber más desarrollado que los chicos, que solo se preocupan de comer y jugar.
Tres alumnas de la escuela primaria Tigil Fire durante el recreo, en Dessie (región de Amhara).A. C.
Estas desigualdades se multiplican en los entornos vulnerables, como las zonas rurales, donde también hay casos de absentismo femenino en la primaria. Un 40% de las mujeres etíopes de entre 20 y 24 años se casa antes de los 18 y un 14% antes de los 15. Es en las áreas rurales donde estos casamientos tienen más incidencia y donde, además, hay más casos de mutilación genital femenina. Cuando las chicas se casan, dejan atrás su vida, incluida la escuela, para atender las necesidades de sus nuevas familias. Antes de la ceremonia nupcial, el novio paga una dote en cabezas de ganado —o su equivalente en dinero— a los padres de su prometida, que tendrán una boca menos que alimentar.
Rediet abre camino
El pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Universidad de Weldiya distinguió a Rediet por su excelencia académica. Esta joven de 20 años y pelo trenzado estudia Administración del Territorio e Inspección y es una de las pocas alumnas universitarias del país. Solo una de cada 20 mujeres va a la universidad o cursa otros estudios superiores en Etiopía. Aunque la matriculación masculina tampoco es destacable, representa el doble que la femenina.
Rediet se considera afortunada por haber tenido el apoyo de su familia, que pudo permitirse que estudiara, y lamenta que su padre muriera antes de verla en la universidad, ya que fue quien le instó a hacer Administración del Territorio e Inspección: “Creía que era lo mejor para mí”. Pese a tener casa en Weldiya, cuando empezó la carrera se instaló en el campus, quería exprimir la experiencia universitaria al máximo. “Comparto habitación con cuatro chicas más y mi taquilla es pequeña, pero me gusta estar aquí”, dice la joven de sonrisa amplia y mente inquieta.
La universidad hace un préstamo a los estudiantes, que mientras se forman no pagan ni por estudiar ni por alojarse en el campus, pero, cuando se gradúan, el centro académico les cobra por sus años de estudio en mensualidades adaptadas a sus salarios. Si no consiguen trabajo —el paro juvenil es del 25%— y no pagan, no obtienen el título. Algunos, los que quieren irse al extranjero o hacer una especialización, se ven obligados a abonar toda la cantidad de golpe, pues el certificado temporal que les dan para buscar empleo tiene una validez administrativa limitada.
A Rediet le preocupa no encontrar trabajo y no poder pagar los 22.000 birr (600 euros) que cuesta su carrera, aunque ahora está más agobiada por estar perdiendo un semestre de estudio. Desde hace semanas no tiene ninguna noticia de la universidad, que cerró pocos días después que las escuelas. Rediet añora las clases, pero también despertarse con las primeras luces del día y pasear por el campus mientras escucha el pipiar de los pájaros. Es su peregrinación personal, en la que busca el sentido a sus días y se convence de que Dios tiene un buen plan para ella. “Tengo que trabajar duro para descubrir lo que Él espera de mí”, se repite.
Futuro en juego
Según Unicef, muchos de los menores de la región de Amhara que van a la escuela no consiguen aprender a leer ni a escribir y un 14% suspende el examen final que hacen en octavo, al acabar la primaria. El entorno familiar de los niños y niñas tiene incidencia en esta cifra, pero la responsabilidad pesa sobre un sistema educativo que limita su formación y dificulta su progreso.
Ahora, la covid-19 también está coartando la educación de los más de 22 millones de menores etíopes matriculados en escuelas primarias y secundarias, sobre todo la de los niños y niñas que no pueden estudiar a distancia. En un comunicado de prensa, el director de Unicef en África Oriental, Mohamed Fall, advierte que “tras el cierre prolongado de escuelas, (…) se hace más complicado que los menores vulnerables vuelvan a las aulas”.
Un grupo de menores se protege de la lluvia bajo un toldo poco antes de empezar la jornada escolar, en una población situada entre Dessie y Weldiya (región de Amhara).A. C.
Las Naciones Unidas ponen la educación en el centro de toda transformación social y económica. En la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la organización intergubernamental señala que “además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo”.
Sueños encomendados
Probablemente, a Jovani todavía no se le habían secado las lágrimas cuando llegó a casa, desolado e impotente tras el robo. Nunca habría imaginado que su abuelo le esperase con otro estuche de color naranja. Desde la furgoneta de importación asiática en la que volvían al hotel, los voluntarios de IPI Cooperació habían visto cómo le robaban y habían parado en su casa para dejarle otro.
Horas antes, en la habitación única de paredes enyesadas y techo de hojalata donde ahora Jovani volvía a tener algo con lo que escribir, la abuela había convertido el sueño de ser doctor de su nieto en una cuestión de fe: “Cuando acabe la primaria solo Dios sabe qué pasará”.
TRES MESES DESPUÉS
A. C.
Las escuelas han seguido cerradas y los menores vulnerables privados de su educación desde entonces. Todos los alumnos, excepto los de octavo y duodécimo, pasarán de curso sin examinarse.
A finales de mayo, la universidad de Rediet habilitó un portal web para que el alumnado tuviera acceso a materiales de estudio como guías docentes. Paralelamente, el director de su facultad creó un grupo de Telegram para resolver las dudas de los estudiantes. Se espera que se examinen a finales de verano, justo antes de empezar el nuevo curso. Rediet reconoce que estudiar así, sin la explicación de un profesor, es complicado.
A principios de junio, los profesores de Aweke empezaron a enviarle trabajos a través de la aplicación de PDF. Se hizo un esfuerzo para que el alumnado que tiene que hacer la selectividad, que sigue sin fecha, tuviera más recursos para estudiar. Además, Aweke y sus compañeros de clase usan un grupo de Telegram en el que cooperan para llegar lo mejor preparados al examen.
Estas iniciativas educativas, como el resto de las que requieren acceso a la red, estuvieron paralizadas del 30 de junio al 23 de julio; el gobierno etíope cortó el acceso a internet en todo el país para apaciguar las protestas por el asesinato de Haachaaluu Hundeessaa, un músico y activista de etnia oromo. “Ahora cualquier estudiante está desesperado”, explica Aweke, que, como el resto de sus compañeros, dejó de recibir trabajos de sus profesores durante el apagado. Él, acostumbrado a salir adelante ante situaciones adversas, confiesa que, pese a todo, es optimista.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/08/06/planeta_futuro/1596711692_903575.html
Una línea telefónica ayuda a niños y niñas a escapar de un matrimonio temprano en Anantapur, explica Doreen Reddy, directora del Sector Mujeres de la Fundación Vicente Ferrer
Doreen Reddy (Madanapalle, India, 1950) recuerda muy bien cuando de pequeña su madre la vestía con ropa bonita, pero la obligaba a permanecer sentada en la puerta de casa. En ese momento, la actual directora del Sector Mujeres de la Fundación Vicente Ferrer no entendía por qué no podía salir sola, sin la protección de su hermano, ni para ir a comprar algo a la tienda de la esquina. Sin embargo, después de más de 40 años de trabajo al lado de “las más pobres entre las pobres”, Reddy admite que estas pequeñas limitaciones no son nada frente a los abusos que padecen día tras día la mayoría de las mujeres indias.
Falta de acceso a la educación, trabajo infantil, matrimonios tempranos, trata, malos tratos físicos y psicológicos… A Reddy le faltan dedos de la mano para enumerar las vulneraciones sistemáticas de los derechos de las mujeres y niñas en su país natal.
Cuando le ofrecieron la primera vez trabajar en la Fundación, Reddy contestó con un no rotundo. Nacida en una familia católica, estudió Secretariado y Gestión en Bangalore. Con poco más de 20 años, viajó a Anantapur, en el sur del país, sede de las actividades de la organización dirigida por Vicente Ferrer, para cuidar a su tía, que se había roto una pierna. Lo que tenía que haber sido una estancia de unos días acabó cambiando el rumbo de vida.
“Mis tíos vivían en la Fundación y sentían una profunda admiración hacia Ferrer. Me insistieron tanto que finalmente acepté”, explica entre risas desde la sede de la organización en Barcelona. “Si no hubiera dicho sí, mi vida habría sido muy distinta. Supongo que habría sido un ama de casa”.
Empezó en 1975 como secretaria de Vicente Ferrer y poco a poco se fue acercando a las cuestiones de género. Se implicó en las actividades del Sector Mujeres desde su creación en 1982 hasta convertirse en su directora durante los últimos 23 años. Un cargo que está a punto de dejar para dedicarse a otras tareas de asesoramiento y evaluación.
“La independencia económica de las mujeres y el acceso a la educación de las niñas son los pilares de nuestra acción”, señala. “Mi trabajo puede ser duro a veces, pero hace que me sienta muy satisfecha cuando puedo ayudar a los demás. Nunca pensé en dejarlo”.
“Cada tres minutos una mujer en India sufre algún tipo de acoso por parte de un hombre. Nosotras tenemos la responsabilidad de levantar la voz y denunciar los abusos”, dice con voz firme.
Criar a una niña es como regar el jardín del vecino, reza un proverbio hindú. Sucumben a la discriminación ya antes de nacer, víctimas de abortos selectivos. Las familias priorizan la nutrición y el cuidado de los niños varones. Ellas no heredan la tierra. Para casarlas, los padres tienen que pagar una dote que en muchos casos endeuda los hogares de por vida. La Fundación Vicente Ferrer ha puesto en marcha varios programas para ofrecer a las niñas, por ejemplo, becas, bicicletas —para desplazarse de manera más rápida hacia la escuela y evitar las agresiones—, apoyo escolar, centros educativos con programas específicos para alumnos con discapacidad, servicios nutricionales y de salud, sistemas de microcréditos para el emprendimiento y formación profesional.
“Siempre me pregunto por qué los hombres quieren tanto a su madre, pero luego no quieren tener hijas”, se pregunta Reddy. “Entiendo que en parte es por la pobreza. Las bodas son muy caras y la dote —que formalmente fue abolida en 1961— les puede arruinar”. Entre 2017 y 2018, más de 27.000 personas participaron en los talleres contra la discriminación y la violencia de género organizados por la Fundación.
15,5 millones de niñas esposas
Una de las principales iniciativas de la Fundación, explica Reddy, es un servicio telefónico de ayuda contra los matrimonios infantiles, una lacra que afecta a 15,5 millones de niñas indias obligadas a casarse antes de los 18 años, según Unicef. “Son los mismos niños y niñas que llaman a un número gratuito para evitarlo”, cuenta. “Desde que se puso en marcha el proyecto, en colaboración con el Gobierno y otras ONG, hemos logrado detener la celebración de 314 bodas en Anantapur”. Solo en el último año, los matrimonios evitados fueron más de 100.
A pesar de estar prohibido por ley, el matrimonio infantil aún es muy frecuente en India, sobre todo en las regiones centrales y occidentales del subcontinente, en particular en las zonas rurales (48%). Las chicas, sobre todo las más pobres, son las más afectadas. Aunque a escala nacional esta práctica se ha reducido del 54% en 1992 al 27% en 2016, el ritmo de cambio sigue siendo lento. Entre las causas, según Unicef, está pensar que las chicas valgan menos que los varones, además de un acceso limitado a la educación y la vulnerabilidad económica. Una chica que ha asistido a clase durante 10 años, sostiene el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, tiene una probabilidad seis veces más baja de casarse antes de los 18.
La Fundación también trabaja para rescatar a víctimas de trata, menores abandonados por sus familias o implicados en trabajo infantil. Se estima que en India hay 10 millones de niños que trabajan, el 0,7% de la infancia entre 5 y 14 años. Más de la mitad de ellos no recibe remuneración, según datos de la plataforma Understanding Children’s Work.
América del Sur/ Argentina / 05.03.2018 / Autora: Gisela Marziotta/Fuente: www.pagina12.com.ar.
La falta de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires y la ineficiente inscripción on line dejan sin acceso a la educación a miles de niños y niñas año tras año. El jueves pasado unos 15 mil chicos y chicas, un 41,7 por ciento más que el año pasado, se quedaron en sus casas porque están en lista de espera, lo que se traduce en un “no tenés vacante”. Unas 40 escuelas de nivel inicial y 33 en la zona sur y en Retiro resolverían el problema, sin embargo, la meta del gobierno porteño para este año es construir solo tres escuelas.
El año pasado el gobierno de la ciudad gastó cerca de 2 mil millones de pesos en publicidad, si se hubiera destinado un tercio de ese dinero a la construcción de escuelas el problema de las vacantes estaría resuelto, advierten diferentes organizaciones.
“Lo que nosotros venimos denunciando es que la totalidad del presupuesto necesario para hacer esas escuelas equivale a un tercio de lo que gastaron en 2017 para publicidad oficial. Gastaron dos mil millones de pesos para publicidad y nosotros necesitamos unos 850 millones para hacer las escuelas. No falta presupuesto, falta voluntad política de resolver la problemática”, enfatizó Patricia Pines, del colectivo Vacantes Para Todos en las Escuelas Públicas.
En el presupuesto 2018 figura la construcción de tres escuela: una de educación inicial en Andrés Ferreyra 3749; otra de nivel inicial y primaria en Santo Domingo 4050 y una secundaria sin dirección. El resto son reparaciones o ampliaciones.
“Entre los objetivos de 2018, la actual ministra de Educación, Soledad Acuña, olvidó poner el más elemental: garantizar el derecho a la educación de todos y todas”, subrayó la dirigente de Ademys Laura Marrone.
Según Marrone, se necesitan 40 escuelas más de nivel inicial para toda la ciudad. Además, 33 en zona sur y Retiro. “Pedimos escuelas chicas, como antes, no monstruos de cuatro secciones. A un promedio de 200 alumnos en inicial y 260 en primaria promedio, da esa cantidad estimativa”, precisó.
El año pasado se presentaron en la legislatura diez proyectos para construir nueve escuelas primarias, ocho de educación inicial y tres medias y en 2016 se había presentado un plan de construcción de 33 escuelas, pero el oficialismo se negó a tratarlos.
Desde la asociación de docente Ademys también reclaman un plan de construcción de escuelas acorde a la matrícula sin vacantes y coinciden en la cantidad de nuevos establecimientos que se necesitan para cubrir las vacantes.
Marrone contó a PáginaI12 que el gremio recibió denuncias y reclamos durante todo el verano, y debido a la falta de datos oficiales debieron hacer su propio relevamiento para poder estimar cuántos son los chicos que no tienen acceso a la educación.
Las cifras varían de acuerdo a la organización. Desde Ademys calculan que este año serán cerca de 13 mil, mientras que Pines, de Vacantes Para Todos en las Escuelas Públicas, estima que serán más de 15 mil.
A la falta de vacantes se le suma la ausencia de datos proporcionados por el gobierno porteño, por eso, el año pasado, la Legislatura aprobó un pedido de informes para actualizar los números pero el Ejecutivo nunca lo contestó.
Para Rubén Berguier, maestro de matemáticas y secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), la cifra de chicos sin vacantes va creciendo año a año, sobre todo a nivel inicial. “Los pocos jardines que construyeron no alcanzan ni resuelven las nuevas cifras, y la situación económica obliga a toda la familia a salir a trabajar y a depender de los jardines maternales”, afirmó el dirigente.
Con respecto al nivel primario, Berguier aseguró que “si bien el gobierno miente cuando dice que no faltan vacantes, lo que pasa es que hay menos falta porque el Estado pone entre 35 y 45 chicos por curso. Fundamentalmente en la zona Sur de la Ciudad y en barrios como Soldati, Barracas o Parque Patricios.
“Mientras, en la zona norte de la ciudad ponen entre 20 y 25 por curso. Y convierten los colegios en jornadas dobles. En la zona sur no promueven la jornada completa para diferenciar las vacantes de la mañana y de la tarde, y convierten escuelas primarias en secundarias nocturnas. Esta modalidad hace decaer la calidad de la educación”, subrayó el dirigente de UTE.
Mercedes Mayo Lasalle, de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) aseguró que en la ciudad “las desigualdades la atraviesan muchísimo, porque ya sabemos que el año pasado ya hubo 10.600 chicos sin vacantes en el nivel inicial, la mayor parte estaban en la zona Sur y eran pobres. En la Ciudad el desarrollo del nivel inicial está muy focalizado en la escuela privada, porque hay 471 jardines privados y 222 públicos, de acuerdo a los datos de 2010. Lo que significa que realmente la iniciativa del Estado siempre ha quedado muy atrás y el desarrollo de políticas públicas muy pobre, vinculada a la garantía del derecho a la educación y al crecimiento que tienen todos los niños en nuestro país. Y especialmente en nuestra Ciudad la Constitución garantiza este derecho”.
Mayo se refiere al artículo 23 de la Constitución porteña en el que se establece que el estado de la ciudad “asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo”.
“En Argentina nacen más o menos unos 650 mil chicos por año, no todos van a jardín maternal, pero hay una falta muy fuerte en jardines maternales y salas de 3 años, aunque ha crecido mucho la matrícula en los últimos años de las salas de 4 años, dado que ahora es obligatoria. La obligatoriedad siempre ayuda a que haya construcción de jardines, nuevos nombramientos de maestros y la posibilidad de que realmente se garantice el derecho a la educación desde la cuna, que es lo que dice la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y todas las leyes de protección de nuestro país”, agregó.
En ese sentido, explicó que la gestión macrista en la ciudad, tanto de Horacio Rodríguez Larreta como de Mauricio Macri, incentivan el crecimiento del sector privado a través de los Centros de Primera Infancia (CPI) que están supervisados y que están subvencionados a través del área de Desarrollo Social y Hábitat, y no del área de Educación.
“Estos CPI están operados por organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles y privados, por supuesto que no ofrecen lo mismo que los jardines maternales que dependen del área educativa, dado que no garantizan con plenitud el derecho a la educación, sino simplemente el cuidado del niño pequeño”, precisó.
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