Interrupción legal del embarazo

Por: Olivia Sohr.

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

• A pesar de ser ley, ciertos grupos se oponen a algunos contenidos.
• Una escuela no puede no dictar las clases ni dar los temas que establece el Ministerio de Educación.
• Especialistas advierten que un cambio en la normativa puede significar un retroceso.

En los últimos meses se discutió sobre la educación sexual integral y lo que se debe enseñar a niños y jóvenes en todas las escuelas del país. Durante el debate del aborto el tema fue mencionado tanto por quienes apoyaban la legalización, que además de la legalización reclaman una educación sexual efectiva; como por quienes se opusieron, que la presentaron como una alternativa frente al aborto.

Luego de la discusión sobre la interrupción legal del embarazo, que terminó con el rechazo por parte del Senado por 31 votos a favor y 38 en contra, hubo un proyecto de ley que llegó a tener dictamen de comisión en Diputados para reforzar la obligatoriedad de la educación sexual integral.

Hoy, la ley establece que la Educación Sexual Integral (ESI) incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Es decir que no se trata sólo de conocimiento sobre cuestiones reproductivas, sino que comprende el respeto por la diversidad, por ejemplo.

La ley dice que es obligatorio impartirla, y también que “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

Esto no implica que una escuela pueda no dictar las clases ni dar los contenidos que el Ministerio de Educación nacional establece como obligatorios. Sin embargo, en muchos casos ocurre. “Se genera alguna tensión porque muchas instituciones confesionales lo que hacen es decir que trabajan la Educación Sexual Integral (ESI) y lo presentan como educación en valores, educación en amor, pero lo que hacen en la práctica es sesgar la información o dar información incompleta”, explicó a Chequeado Cecilia Valeriano, coordinadora del Programa de Movilización Social y Redes de la Fundación Huésped.

El nuevo proyecto que tiene dictamen de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, para hacerlo más explícito, dice que los contenidos deberán “incluirse en la currícula y modalidad de todos los niveles educativos de forma obligatoria, constituyéndose en disposiciones de orden público, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de cada institución educativa, sea de gestión pública o privada”. Y aclara que sólo se podrán enfatizar ciertos contenidos cuando “ello no entre en contradicción o implique el desconocimiento de los objetivos de la presente o de los contenidos considerados prioritarios por el Consejo Federal de Educación”.

A pesar de que el proyecto es más explícito respecto de la obligatoriedad de la ESI, hay muchos especialistas que señalan que el problema actual no es la ley, que ya la establece, sino su implementación. Dado que hay muchos actores involucrados en el sistema de educación -el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal, que establece las directivas de los contenidos, las provincias que tienen a cargo el sistema educativo, las direcciones generales de escuelas y las escuelas, entre otros- el proceso es complejo y especialistas como Valeriano apuntan a la falta de voluntad política para implementarla.

En la misma línea, Eleonor Faur, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) e investigadora de relaciones de género, familias y políticas públicas, señaló: “La ley es suficientemente buena y no diría que los cuellos de botella estén ahí. Abrir el debate en este momento podría generar una cantidad de controversias y podríamos retroceder en lo que ya tenemos”.

Al darse la discusión en el Congreso por el posible cambio de la ley, se vio una fuerte oposición de grupos que no están de acuerdo con los contenidos que se dan en las clases de educación sexual integral.

Desde la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina, por ejemplo, señalan que no tienen problemas con los contenidos actuales pero sí con la noción de género, y que es necesaria la participación de los padres en los programas. Christian Hooft, miembro de su Consejo Directivo, señaló a Chequeado que es importante que “se respete la patria potestad de los padres de velar por el interés general del niño” por lo que se debe tener una “mirada participativa de los padres y del colegio”.

Otro de los puntos resistidos es la noción de género. “Con mis hijos no te metas”, una agrupación con presencia en varios países de América Latina, se opone a que se enseñe que el género no es una cuestión biológica sino social.

“El concepto del género es una creencia, de que yo no soy hombre o mujer por los cromosomas que tengo, sino que es una construcción. Ese concepto no es algo que yo comparta, pero admito que otro la pueda tener. El problema es cuando esa creencia la intentan imponer, y en este caso lo hace el Estado, y deja de ser un Estado laico equidistante de cualquier creencia, para transformarse en un Estado adoctrinador”, explicó a Chequeado Nadia Marquez, referente del movimiento.

Esta oposición es la que preocupa a especialistas como Faur, que teme si se intenta avanzar con un cambio en la ley pueda significar un retroceso en lo que ya está establecido.

Mientras tanto, en 2018, el Ministerio de Educación nacional publicó una resolución que actualiza los contenidos que deben darse.

Fuente del artículo: https://chequeado.com/el-explicador/educacion-sexual-cual-es-la-situacion-y-quienes-se-oponen/