Este jueves comenzaron los dos días de paro universitario en la Universidad Nacional de La Plata y como primera medida de fuerza, los docentes marcharon en el centro de la ciudad platense.
Esta semana, la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (ADULP)comenzaron distintas jornadas de lucha a modo de protesta por laley de financiamiento universitario. En ese marco, este jueves 26 de septiembre comenzaron con el paro de 48 horas que afectará a todas las facultades de la ciudad. En la primera jornada de paro, también se llevó a cabo una movilización por el centro de la ciudad de La Plata.
Dentro de las distintas jornadas de lucha se realizaron clases públicas, pintadas de banderas y murales, abrazos simbólicos y volanteadas. La decisión de llevar a cabo una nueva movilización en la ciudad, fue tomada a través de la Asamblea General Extraordinaria que reunió a representantes del gremio docente.
En la movilización, se pudieron ver carteles que resaltaban la frase “sin universidad pública no hay futuro”, entre otros. También, en las calles se pudo ver a los docentes de los colegios de enseñanza preuniversitaria de la UNLP, otros gremios y organizaciones estudiantiles que apoyan los reclamos docentes.
Miles de trabajadores del sector público venezolano se han movilizado este 1 de mayo en diferentes ciudades del país para exigir mejoras salariales, condiciones laborales dignas y el respeto a sus derechos humanos.
Las protestas, que se han desarrollado en medio de un clima de tensión, han sido convocadas por diversas organizaciones sindicales y gremiales.
Lara
Con motivo del Día Internacional del Trabajador, gremios y sindicatos del estado Lara se movilizaron este miércoles en las calles de Barquisimeto para exigir salarios justos y el respeto de sus derechos laborales.
La jornada, marcada por la unidad y la determinación de los trabajadores, inició con una misa en la Iglesia San Francisco y culminará durante la mañana de este miércoles con una marcha hacia la Plaza Altagracia.
Naudy Torres, presidenta del Sindicato de Obreros Educacionales de Lara, manifestó que, en este Día del Trabajador, «no hay nada que celebrar, pero sí mucho que reclamar». Torres subrayó que los trabajadores seguirán en las calles, exigiendo un aumento salarial que les permita cubrir sus necesidades básicas.
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Carlos Giménez, presidente de FETRASINED SITE LARA, agregó que este Día del Trabajador es «quizás el más trascendental de los últimos años», ya que se encuentran «a pocos pasos de recuperar muchos derechos que se nos han conculcado».
Caracas
Centrales sindicales se concentran en Plaza Venezuela (Caracas, Distrito Capital) para exigir al Gobierno el cese de la persecución sindical y el aumento del salario mínimo en el Día Internacional del Trabajador. José Vicente Rivero, secretario general de la Central ASI Venezuela, recalca la constancia de la lucha de los sindicatos e insta a mantener las protestas.
Por su parte, la presidenta de la Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), Griselda Sánchez, exige en el Día del Trabajador la firma de un convenio colectivo para los trabajadores del sector educativo en torno a $600. «Sí es posible y sí es viable», asegura.
Anzoátegui
Trabajadores de la Coalición Sindical, movimiento de jubilados, dirigentes políticos y la sociedad civil del estado Anzoátegui se concentran en la plaza Bombón de Barcelona para conmemorar el Día del Trabajador con una marcha.
Los participantes exigirán, una vez más, que se lleve a cabo un ajuste salarial que tenga incidencia en la contratación colectiva y normativa laboral.
Los líderes solicitan que el sueldo se eleve a mínimo $200 y se brinden mejores condiciones laborales.
Se espera que como parte de la actividad, varios dirigentes tengan participación para dar a conocer las necesidades y solicitudes por cada sector.
Falcón
El dirigente gremial, profesor Oswaldo Reyes (Terri), Orador de orden en las actividades convocadas por la Coalision Intergremial del estado, en la plaza San Clemente de Coro, luego de la Eucaristía celebrada en la iglesia San Francisco, señaló, que hoy los trabajadores venezolanos luchan por sus justas reivindicaciones, por cuanto su calidad de vida está bastante menguada.
Asimismo Reyes puntualizó, que el salario es misero y el gobierno, como patrono no da visos para un aumento digno.
En lo referente a los bonos dijo que no están en contra, pero es una medida dacroniana del Gobierno nacional.
Consultado sobre la transición que podría darse en el país, luego de las elecciones del 28 de Julio para un cambio de gobierno, expresó que es necesaria para el país.
Yaracuy
En San Felipe, estado Yaracuy, se concentraron trabajadores en el centro de la ciudad, específicamente la Plaza José Joaquín Veroes, para manifestar su descontento por los b ajos ingresos salariales y la poca calidad de vida que enfrentan.
Están presentes trabajadores activos de salud, educación, abogados entre otros, también pensionados y jubilados.
De igual forma, están activistas y dirigentes de diversos partidos de oposición.
San Fernando de Apure
Trabajadores afiliados a la Federación de Trabajadores del estado Apure, Sindite, Sunep-Sass, Sutepss, Suma, marcharon en la mañana de este miércoles en el Paseo Libertador de San Fernando.
Sus reclamos coinciden no solo en exigir un importante salario mínimo que tenga como base los 200 dólares mensuales sino también que se restablezca la discusión de las convenciones colectivas de todos los sectores laborales
Zulia
Trabajadores públicos y pensionados zulianos protestan para exigir aumento salarial
Los trabajadores públicos y pensionados protestaron este miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador, para exigir un aumento salarial. Se concentraron a las 9.00 de la mañana en la Plazoleta de la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá desde donde partieron a la Plaza Bolívar de Maracaibo.
Henry González, presidente de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, seccional Zulia, declaró que todos los trabajadores a nivel nacional piden mejores condiciones laborales, el cese de la persecución y el libre ejercicio de la libertad sindical. “Pensar distinto no es un delito, protestar no es un delito, por el contrario es un derecho constitucional y hoy ejercemos ese derecho por nuestras mejoras salariales y nuestras mejoras contractuales”, aseguró.
Táchira
Centrales sindicales se concentraron en las inmediaciones del Mercado DIMO en San Cristóbal (estado Táchira) para exigir al Gobierno el aumento del salario mínimo y el cese a la persecución de dirigentes sindicales. Gladys Jaimes, presidenta de la seccional de la Central ASI Táchira, comentó que los trabajadores están sufriendo las malas políticas del estado venezolano, porque es de carácter público la corrupción que se ha generado en los últimos años sobre todo en PDVSA y que los trabajadores son los que están padeciendo por la crisis económica.
Por su parte, Douglas Barboza presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes, denunció que la tabla de la Onapre solo les quita los derechos contractuales a los trabajadores.
Santiago de Chile, 1 may (Prensa Latina) Los chilenos participarán hoy en la tradicional marcha por el Día de los Trabajadores, donde exigirán mejores salarios, más acceso a la salud, educación de calidad y reforma de pensiones, entre otras demandas.
En esta capital el desfile partirá desde la Plaza de los Héroes, pasará frente al Palacio de La Moneda, sede de la presidencia, y avanzará varias cuadras por la emblemática avenida de La Alameda. Similares demostraciones tendrán lugar en otras ciudades y comunas del país.
“Nos hemos venido preparando para tener un 1 de Mayo de unidad y movilización”, dijo a la prensa el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña.
Precisó que a las demandas históricas, este año se sumará la reforma previsional, la cual se aprobó en enero en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra estancada en el Senado.
El objetivo del proyecto es crear un sistema mixto que permita eliminar el monopolio de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales lucran con los ahorros de los asalariados y entregan retiros de miseria.
Según datos oficiales, en este país 72 por ciento de las jubilaciones son inferiores al salario mínimo y la cuarta parte están por debajo de la línea de pobreza.
Otra reivindicación de esta jornada es el aumento de sueldos porque, si bien se ha avanzado en mejores remuneraciones, aún no alcanza para llegar a fin de mes, dijo Acuña.
El líder sindical considera necesario una mayor distribución de las utilidades de las empresas.
Los trabajadores también exigirán el cumplimiento de la ley para la reducción paulatina de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, ante la reticencia de algunas empresas a acatar lo acordado.
Educación de calidad para todos, mayor financiamiento para el sector, vivienda digna, plan nacional de seguridad y reducción de las listas de espera en los hospitales, serán otras exigencias este 1 de Mayo.
Los días 27, 28 y 29 de febrero las y los docentes de la Comunidad de Madrid han convocado huelga en primaria, secundaria, bachillerato y FP. Se trata de una convocatoria impulsada desde la Asamblea Menos Lectivas, creado a finales del curso pasado y que ha ido organizando distintas movilizaciones e iniciativas.
Las y los profesores van a la huelga por el deterioro de la educación pública en Madrid y el aumento de las horas de clase y carga de trabajo que sufren desde hace años, debido a los constantes recortes de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de las medidas del ex ministro de educación Ignacio Wert, que durante todos estos años el gobierno del PSOE, Podemos y ahora Sumar se han negado a derogar.
De lo que se trata es de hacer cada vez más elitista de la educación, al servicio de los hijos de las familias ricas, al mismo tiempo que se convierte en una mina de oro para los empresarios. Mientras quienes más sufrimos este modelo educativo somos las hijas e hijos de la clase trabajadora. Es precisamente en los centros de los barrios obreros y populares donde los niveles de fracaso escolar, de aulas masificadas, de depresión y ansiedad del alumnado son más alarmantes.
La situación que vivimos las y los estudiantes tiene mucho que ver con lo que exige el profesorado en esta huelga, ya que los recortes, la falta de medios y la expulsión en los últimos años de más de 4000 docentes de la enseñanza pública no hace más que agravar las condiciones de la educación que recibimos. Los docentes exigen la vuelta a las 18 horas lectivas en secundaria y 23 en primaria, que se aumenten los presupuestos de educación, menos alumnos por aula y contratación fija de los miles de profesores. Sus demandas también son nuestras.
Un ejemplo de cómo afectan los ataques a la educación lo viven ahora cientos de estudiantes de FP sanitaria, a los cuales el gobierno de la Comunidad les niega sus prácticas obligatorias para concedérselas a los centros privados que pagan 300 euros por alumno para tener preferencia. Solamente cuando estxs estudiantes decidieron protestar y convocar varias semanas seguidas de huelga es cuando se han empezado a conceder algunas de estas prácticas.
Desde Contracorriente y Pan y Rosas llamamos a apoyar la huelga docente y su plan de movilizaciones porque son un paso para comenzar a plantar cara al neoliberalismo salvaje del gobierno de Ayuso y al Gobierno progresista que permita esta situación y que fue el garante de las distintas leyes y medidas que sostienen este modelo. No podemos olvidar que fue el PSOE de Felipe González el que abrió las puertas para despedazar la educación pública a través de los centros concertados o que fue durante el Gobierno de Zapatero que se aprobó el infame Plan Bolonia, o que el actual gobierno “progresista” mediante la Ley Iceta condena a la temporalidad a miles de trabajadores interinos, entre ellos profesores de la educación pública.
La juventud tiene que estar en primera fila en esta lucha, unir fuerza con las y los profesores y coordinarse entre los distintos sectores movilizados: estudiantes de FP, docentes, sanitarixs etc. No podemos permitir que vendan nuestro futuro y que transformen la escuela pública en un centro de adoctrinamiento para que aceptemos sin más ser carne de explotación y precariedad, mientras vemos avanzar las ideas más reaccionarias de la derecha, que no solo vulneran todos nuestros derechos, sino que también nos dicen que la solución a nuestros problemas es ser “nuestro propio jefe”. Una ideología de pijos y señoritos que pretende que nos creamos que nos tenemos que convertir en explotadores.
Es fundamental que aprovechemos esta huelga para que también las y los estudiantes comencemos a organizarnos y coordinarnos con los docentes y no docentes. Esta es la mejor manera para evitar la desmovilización que quieren las burocracias de los grandes sindicatos. Es especialmente vergonzoso el papel de CCOO que ha ido a los centros a tratar de desmoralizar y convencer a sus afiliados de que no secunden la huelga. No podemos confiar en quien termina haciéndole el juego a Ayuso y al Gobierno central.
Solo desarrollando la autoorganización seremos capaces de construir fuerza necesaria para imponer a las burocracias la convocatorio a una huelga general masiva de estudiantes y profesores que le doble el brazo a Ayuso y a todos los ataques que sufre la educación pública por parte del gobierno central y el autonómico.
Como parte de esta lucha, pondremos todos nuestros esfuerzos para levantar un movimiento estudiantil combativo que se organice en asambleas de estudiantes y trabajadores, que pueda hacer frente a este y el resto de los ataques que sufre la clase trabajadores. Es por eso por lo que estaremos en las manifestaciones que se convocan el martes 27 y saldremos todas las veces que hagan falta para derrotar a quienes nos quieren robar el futuro.
Esto fue expresado en un comunicado firmado por el Secretariado Ejecutivo de Ademu, con fecha del 10 de enero, en el que afirman que este paro se haría “con el fin de que la población en general conozca lo que está viviendo el Magisterio”, y reivindican “la defensa total e irrestricta” de los afiliados de Ademu al “uso legítimo de sus libertades sindicales”.
“Atentan contra nuestros derechos individuales y colectivos, porque atentan contra el significado de la ANEP [Administracipon Nacional de Educación Pública] y, por lo tanto, de la educación pública”, manifiestan en un pasaje del comunicado.
Asimismo, afirman que la sanción impuesta, que implicó una retención de haberes para las implicadas, “es una clara provocación que busca acallar las voces” de quienes denuncian “que esta reforma se impone desde el atropello y la violencia institucional, socavando la educación pública y dañando a las comunidades educativas que la sostienen”.
Los docentes de Primaria sindicalizados cuestionan el uso del concepto de “neutralidad” en la resolución de la ANEP, por considerarlo “perimido”.
A su vez, argumentan que “en ningún momento de la investigación y sumario se pudo demostrar una violación a la laicidad”. Para Ademu, “el contenido de la proclama leída no es de carácter proselitista, aspecto que queda ampliamente demostrado con los alegatos expresados por la defensa” de las maestras.
Por último, expresan su “rechazo total” a las “formas del proceso de resolución y comunicación”, que fue tomada el 11 de diciembre, pero comunicada el 8 de enero, según lo denunciado. “Este hecho no es inocente ya que obstaculiza la organización y convocatoria sindical”, afirman.
Por todos estos motivos, Ademu resolvió “recurrir la resolución” y “poner a consideración” de sus afiliados “medidas de luchas, incluyendo paro y movilización para la primera semana de inicio de clases”.
“Estas acciones evidencian un ataque planificado y sostenido al movimiento sindical, en un clima que no ayuda a la convivencia democrática”, concluye el comunicado.
El malestar cunde entre los profesores de educación indígena. De Baja California hasta Quintana Roo realizan concentraciones y protestas. El magisterio oaxaqueño convocó para este 16 de mayo a una movilización del nivel de educación de los pueblos originarios, en Palacio Nacional, a las 6 de la mañana. Poco después, a las 10, planean trasladarse al Palacio Legislativo de San Lázaro.
Su demanda central es muy sencilla: cancelar la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo Federal, para cambiar a la Dirección General de Educación Indígena Intercultural Bilingüe (Dgiib) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al Instituto Nacional de los Pueblos Indios (INPI).
El pasado 13 de abril, el presidente López Obrador presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica, en la que se incluye este cambio. También propone que el INPI absorba al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) (https://bit.ly/3IaoYsx).
La iniciativa busca dotar al INPI de facultades en materia de educación indígena, para consolidar y preservar la riqueza de las culturas indígenas. Según la exposición de motivos, es producto de consultas realizadas entre junio y julio de 2019, en 54 foros, efectuados en regiones indígenas de 27 entidades federativas, incluido uno dirigido a personas de origen afromexicano y otro a migrantes indígenas en Estados Unidos.
Aunque los recursos públicos destinados al sector son administrados directamente por la SEP sin duplicar funciones, la propuesta parte de consideraciones basadas en políticas de austeridad: necesidad de optimizar recursos, hacer eficiente el funcionamiento institucional de las autoridades competentes en la materia, y lograr el máximo beneficio de la educación indígena.
Para el magisterio indígena, la iniciativa es un grave retroceso. Ellos son ahora maestros federales que dependen de la SEP. Hace años, muchos de ellos o sus antecesores no: eran promotores educativos del Instituto Nacional Indigenista (INI), en 2003 convertido en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el antecedente del actual INPI. Para ser reconocidos como profesores de la SEP y no como promotores educativos, y contar con una base permanente y prestaciones laborales plenas, tuvieron que emprender grandes luchas en estados como Guerrero y Oaxaca. Volver a laborar para la agencia de desarrollo de los pueblos originarios, en lugar de hacerlo para la secretaría encargada de impartir la educación pública básica en el país, es regresar las manecillas del reloj de la historia muy muy atrás.
Ser traspasados al INPI implicará que los maestros indígenas dejen de pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Curiosamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es particularmente fuerte en estados con muchos profesores bilingües. Su traslado a la agencia de desarrollo neoindigenista significará la amputación de sus contingentes más consolidados y combativos.
Dígase lo que se diga, para los maestros del sector también representará un enorme descalabro en sus condiciones laborales. De entrada, quedan suspendidas. En su lugar, entran a un limbo legal. Si pasan al INPI, su traslado a otros niveles educativos dentro de la SEP será casi imposible. Y su cambio a centros de trabajo ubicados en otras regiones de sus estados se volverá mucho más complicado.
Si, finalmente, la educación indígena pasa al INPI, lejos de mejorar, va a empeorar. El instituto no tiene competencias ni experiencia educativa. Es una agencia estatal que se ha jibarizado. Su presupuesto, en lugar de ampliarse, se ha reducido significativamente. Sus funciones se han acotado. Su director fue desconocido por importantes sectores del movimiento indígena, que no le reconocen ninguna autoridad. Sus antiguas oficinas nacionales están tomadas.
Es una ilusión suponer que el instituto y su director pueden hacerse cargo de manejar algo tan complejo como la educación de los pueblos originarios. Más aún con los maestros en rebeldía. El INPI no dispone de la infraestructura, ni del aparato operativo, ni de la tradición, ni de la experiencia para hacerlo. Por muchos años, con aciertos y limitaciones, es la SEP la que ha hecho ese trabajo. Cercenarle esas funciones es una grave regresión.
Lo que podría suponerse es una acción afirmativa, en realidad es un acto que puede parecer racista. No hay en la medida ningún elemento que pueda considerarse un paso adelante en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos originarios. ¿Por qué segregar en una agencia de desarrollo su enseñanza ? ¿Por qué separarla del resto del sistema educativo nacional? ¿Por qué no convertir lo que hoy es la Dirección de Educación Indígena Intercultural Bilingüe en una subsecretaría dentro de la SEP?
Aunque la iniciativa señala que es resultado de 54 foros de 27 entidades federativas, los maestros indígenas lo niegan. Ni fueron convocados ni participaron en ellos. Más: en ninguna de las reuniones efectuadas en junio y julio de 2019 se estableció el traspaso de la Dgiib al INPI. Por eso, los docentes dicen que no en mi nombre en protestas en Mérida, San Cristóbal de las Casas, Felipe Carrillo Puerto, la Wixárica, en la Montaña de Guerrero y Ensenada.
Lejos de solucionar problemas, el traspaso de los profesores de educación indígena al INPI los provocará, curiosamente donde no existían.
Al son de las consignas ¡Fuera, Lasso, fuera! colectivos civiles llevan a cabo acciones de protesta en contra del mandatario ecuatoriano.
Miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) salieron el viernes a las calles de Quito, para exigir la destitución del presidente Guillermo Lasso por sus implicaciones con el narcotráfico y corrupción.
Isabel Vargas, presidenta de la UNE, declaró que el mandatario debe dar un paso al costado por su incapacidad para resolver los problemas del país, además de estar envuelto en actos ilícitos.
La dirigente solicitó a la Asamblea Nacional aplicar el artículo 129 de la Constitución, el cual permitiría abrir una causa de juicio político que obligue al actual gobernante a abandonar el cargo.
Vargas anunció que los educadores se sumarán a las movilizaciones previstas para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando diversas organizaciones aprovecharán para reivindicar políticas públicas en pro de los de los derechos de las féminas, y también prometió que volverán a manifestarse el día 14 del propio mes.
Al son de las consignas ¡Fuera, Lasso, fuera! los colectivos civiles llevan a cabo acciones de protesta en un contexto de crisis política al tiempo que el Legislativo prevé enjuiciar políticamente al mandatario por delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública.
Según fuentes gremiales, para el sábado se espera un pronunciamiento parlamentario sobre el tema, en un escenario en que las bancadas de Unión por la Esperanza, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y algunos miembros de Pachakutik ya apoyaron la censura y destitución del gobernante.
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