Los objetivos del desarrollo insostenible, una cuestión de género

Por: Eduardo Camín 

La crisis del Covid-19 ha tenido un impacto desproporcionado fundamentalmente en las mujeres, lo que está exacerbando las desigualdades de género existentes. Y, para reconstruir mejor y de forma más justa las políticas de ocupación deben situar la igualdad de genero en el centro de los esfuerzos de recuperación, al tiempo que se debe reforzar las medidas y los datos de género para cuantificar adecuadamente los retos a los que se enfrenta el mundo.


Desde hace más de un siglo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ocupa de cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo. Por ello, ha sido elegida organismo custodio de 14 indicadores relacionados con el trabajo decente en el marco de 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.  Y hoy se ocupa de esta situación.

La OIT mantiene activamente una serie de modelos econométricos que se utilizan para producir estimaciones de los indicadores del mercado laboral en los países. Sin embargo, la conmoción sin precedentes del mercado de trabajo creada por la pandemia del COVID-19 hace difícil de evaluar con los datos históricos.

Por ello, la mayoría de las series del conjunto de datos de las estimaciones y proyecciones modelizadas de OIT terminan ahora en 2019 (el último año para el que se disponía de datos de la encuesta anual de población activa en el momento de elaborar las estimaciones).

En el caso de algunos indicadores, se utiliza un modelo de previsión actual para proporcionar las estimaciones de 2020 y un nuevo modelo de proyección para prever las estimaciones de 2021. Dada la situación excepcional, incluida la escasez de datos pertinentes, las estimaciones para 2020-21 están sujetas a una gran incertidumbre.

Un reciente informe dos expertas de la OIT -Vipasana Karkee (estadística y Marie-Claire Sodergren ,economista, ambas de la Unidad de Producción y Análisis de Datos del Departamento de Estadística), sostiene que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas establecen una visión compartida para acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático para 2030.

No obstante, se interpelan a la vez, si las consecuencias de la pandemia invertirá los avances en la promoción del trabajo decente para todos, tal y como establece el Objetivo 8. Parece probable, al menos para las mujeres.  Incluso antes del inicio de la pandemia, la igualdad de genero en el lugar del trabajo seguía siendo difícil de alcanzar.

Ahora las mujeres están en primera línea de la crisis del Covid-19, ya que constituyen el grueso de los trabajadores esenciales, incluido el 70% del personal sanitario. Sin embargo, en todo el mundo y en todas las regiones y grupos de ingresos, la pandemia ha afectado más a las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral.

 Es probable que esto revierta algunos de los progresos realizados en el marco del Objetivo 8, que pretende «promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, la plena y productiva ocupación y el trabajo decente para todos».

La perturbación del mercado laboral en 2020 supero con creces el impacto de la crisis financiera mundial de 2009. Las pérdidas no sólo no tuvieron precedentes, sino que fueron más pronunciadas para las mujeres (5,0%) que para los hombres (3,9%). Además, dado que el cierre de las escuelas debido a los cierres requiere una mayor supervisión de los niños en el hogar, las mujeres son mucho mas propensas a abandonar la fuerza de trabajo que los hombres para poder prestar esa atención.

 Esto está aumentando aún más las antiguas brechas de género en las tasas de participación en la fuerza laboral. En 2019, antes de que comenzara la pandemia, la participación en la fuerza de trabajo de los hombres en edad avanzada era del 93,5%, en comparación con sólo el 62,1% de las mujeres en edad avanzada. La tasa era aún mas baja para las mujeres en pareja con hijos pequeños.

La infrarrepresentación femenina en puestos directivos puede empeorar

La proporción de mujeres en puestos directivos en todo el mundo ha mostrado un lento progreso en las dos últimas décadas. Aumentó menos de tres puntos porcentuales desde el año 2000. En 2019, aunque las mujeres representaban casi el 39% de la población activa mundial, solo ocupaban el 28% de los puestos directivos.

 Esto sugiere que el techo de cristal sigue muy presente, ya que los hombres siguen dominando los puestos de toma de decisiones, como los de director general, altos funcionarios y legisladores, ocupando casi tres cuartas partes de estas ocupaciones.

Mientras tanto, el impacto desproporcionado de la pandemia en las mujeres amenaza con hacer retroceder los escasos avances logrados estas últimas décadas. La proporción de mujeres en puestos directivos disminuyó, a veces significativamente, del cuarto trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2020 en más de la mitad de los 47 países con datos disponibles.

Las cifras trimestrales estaban disponibles sobre todo para los países de ingresos altos. No obstante, es probable que este patrón se mantenga en los países de ingresos más bajos, donde a menudo más de la mitad de las mujeres directivas trabajan por cuenta propia.

Las medidas de distanciamiento social, los cierres y la distorsión de las cadenas de suministro y los mercados han exacerbado las desigualdades estructurales y los retos que suelen impedir el rendimiento y el crecimiento de las empresas propiedad de mujeres, y han provocado el cierre de muchas de ellas.

Gran porcentaje de mujeres jóvenes no recibe educación ni formación

En todo el mundo, la proporción de jóvenes que no cursan estudios, ocupación ni reciben formación (NEET, por sus siglas en inglés) no ha mostrado signos significativos de mejora en más de una década, mientras éstas siguieron viéndose afectadas de forma desproporcionada en comparación con sus homólogos masculinos. En 2019, las mujeres jóvenes tenían más del doble de probabilidades que los hombres jóvenes de estar desempleadas y sin educación ni formación.

Aunque todavía no se dispone de cifras globales para el conjunto de 2020, las cifras trimestrales muestran que la tasa de Ni-nis fue mayor en el segundo trimestre de 2020 que el año anterior en 45 de los 50 países con datos disponibles. Esto no es sorprendente, ya que las medidas de cierre por la pandemia de Covid-19 causaron pérdidas sin precedentes en ocupación en 2020, con mayores pérdidas para los  jóvenes (8,7%) que para los mayores (3,7%).

Mientras tanto, tanto la educación técnica y profesional como la formación en el puesto de trabajo sufrieron una interrupción masiva, obligando a muchos a abandonar sus estudios. El empeoramiento de la situación de los jóvenes debido a la crisis Covid-19 es especialmente preocupante para las mujeres jóvenes. Casi un tercio de las mujeres jóvenes de todo el mundo ya no cursaban estudios, ocupación o formación en 2019.

Trabajadores de la economía informal y mujeres, en sectores de alto riesgo

Se calcula que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal -es decir, el 76% de los trabajadores informales de todo el mundo- se vieron muy afectados por las medidas de cierre y/o trabajaban en los sectores más afectados, como los servicios de alojamiento y alimentación.  Entre ellos, las mujeres estaban sobrerrepresentadas en los sectores de alto riesgo: El 42% de las mujeres trabajaban en esos sectores, frente al 32% de los hombres.
Mientras que el sector informal ocupación tiende a aumentar durante las crisis, actuando a menudo como una opción «por defecto» para sobrevivir o mantener los ingresos, las limitaciones a la circulación de personas y bienes durante la pandemia de COVID-19 han restringido este tipo de mecanismo de supervivencia.

Esto, a su vez, ha dejado a los trabajadores informales y a sus familias en una posición muy precaria, expuestos a pérdidas repentinas de ingresos y enfrentándose a mayores riesgos de caer en la pobreza.

La ausencia de un debate dialécticamente serio

Los datos que se desprenden del informe muestran que la división sexual del trabajo es una realidad. Esto no sólo supone la especialización de la mujer en ciertas tareas sociales (la mayoría de las veces más reproductivas), sino que demuestra que los efectos de la crisis y de la política económica se sufren de diferente modo.

De hecho, si tenemos en cuenta que el 88’5% de las mujeres ocupadas lo están en el sector servicios y que ocupan el 70% de empleo público podemos deducir cómo las políticas de recortes, las reformas laborales que facilitan el despido en los empleos con menos grado de protección y precariedad (como el sector servicios) y de privatización (con el empeoramiento de condiciones laborales) afectan de manera más severa a las mujeres.

Es decir, recortar y privatizar servicios públicos afecta más a las mujeres trabajadoras dado que son sectores feminizados.

El empeoramiento en las condiciones de vida, la precariedad laboral y todos los elementos que deterioran las condiciones del ideal de la familia burguesa hacen que sobre la mujer recaiga la mayor parte de responsabilidad doméstica. Las presiones y las frustraciones provocadas por la imposibilidad de mejorar y ascender en el sistema capitalista por parte de los trabajadores acaban siendo pagadas por las mujeres y las niñas(os).

La mujer, miembro familiar que cumple el papel de sustento doméstico y en muchos casos emocional, sufre de más violencia en períodos de crisis económica en la familia. Además, los recortes y la falta de fondos en ayudas a mujeres en situación de violencia machista suponen una desprotección total hacia las víctimas y la imposibilidad de una salida material por parte del Estado que permita la emancipación de estas mujeres.

Un simple vistazo al mercado laboral muestra cómo la mujer vuelve a estar discriminada en multitud de aspectos. A nivel salarial, las mujeres sufren discriminación “vertical” (acceden a muchos menos puestos de responsabilidad), “horizontal” (realizando el mismo trabajo obtienen una menor retribución y/o una menor categoría profesional) y por embarazo, siendo aún frecuente el despido o la no contratación de mujeres embarazadas. Todo ello se traduce en que el salario de las ocupadas es de media un 22% menor que el de los ocupados.

Las mujeres trabajadoras sufren la opresión patriarcal además de la material, por lo que resulta imposible encontrar la fórmula de acabar con el patriarcado de manera separada al método para acabar con el capitalismo y, por lo tanto, no marcar como básica la necesidad de analizar a la clase trabajadora también como sujeto de cambio para acabar con la opresión de género.

La opresión de género está profundamente  ligada con el sistema capitalista y, por tanto, la única posibilidad de acabar con esta opresión es construyendo una nueva sociedad donde estas bases materiales no existan, donde no sea posible que nadie se beneficie a costa de ningún tipo de desigualdad, y esto significa irremediablemente acabar con el sistema capitalista.

Día a día, en nuestras vidas cotidianas, en nuestros centros de trabajo y de estudio, en nuestras casas, en la calle, en la televisión, etc., las mujeres ven sus libertades coartadas, sus vidas ninguneadas y sus condiciones de vida cada día más precarias. Mientras, una sinfonía de informes oculta el verdadero debate.


Fuente: https://estrategia.la/2021/04/11/los-objetivos-del-desarrollo-insostenible-una-cuestion-de-genero-impacto-del-covid-19-discriminacion-de-la-mujer/

*Sobre el autor: Periodista uruguayo acreditado en ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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UNESCO: Chile implementará SAGA para disminuir su brecha de género en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y mátemáticas

01 Agosto 2019/UNESCO

Del 17 al 19 de julio se llevó a cabo en Santiago de Chile el taller de capacitación de la UNESCO en las herramientas del proyecto SAGA (STEM And Gender Advancement) para la reducción de la brecha de género en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El evento fue organizado por el Programa de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, conjuntamente con la División de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile y el CONICYT de Chile.

Dirigido a analistas de agencias públicas, la actividad tuvo por objetivo realizar la transferencia de competencias a los equipos técnicos de las instituciones públicas chilenas que van a trabajar en la implementación de este proyecto en dicho país. Durante la jornada inaugural, Mariana Krause, Presidenta de CONICYT, destacó que “para poder eliminar las brechas en un futuro, ojalá cercano, se necesitan datos de importancia, datos en los cuales podamos confiar, y esto es lo que nos aporta la metodología SAGA”.

Guillermo Anlló, especialista regional a cargo del Programa de Políticas CTI, por su parte declaró: “Es importante que se visualice la riqueza que el país se está perdiendo del conocimiento de la mujer chilena involucrándola en estos procesos. Con SAGA buscamos una mayor incorporación de las mujeres científicas, pero en un esquema de mayor crecimiento de las ciencias”.

La capacitación incluyó la presentación de indicadores globales de CTI y género, así como el análisis de las políticas e instrumentos nacionales disponibles para afrontar la realidad chilena en este tema. A lo largo del taller se profundizó en opciones específicas de reducción de la brecha en CTI en Chile a través de la implementación de SAGA, a partir de diversas experiencias de implementaciones previas en diferentes contextos, así como también identificando posibles ejes de cambio y barreras existentes en las carreras de ciencia e ingeniería chilenas.

¿Qué es SAGA?

SAGA (STEM and Gender Advancement) es un proyecto global de UNESCO que contribuye a la promoción de mujeres y niñas en STEM, apoyando a las principales partes interesadas en el diseño e implementación de políticas de CTI para la igualdad de género. También proporciona formas de desarrollar y acceder a evidencias para poder evaluar las políticas de CTI utilizando datos desagregados por sexo y recopilando nueva información sobre impulsores y barreras en STEM.

La metodología y sus herramientas han sido transmitidas a través de talleres nacionales en Argentina, Gambia, Haití, Jamaica, Lebanon, Sudan, Tailandia, Uruguay, así como también en la provincia de Quebec, en Canadá. A través de dos talleres subregionales se incorporaron 8 países de África (Benín, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Togo), 11 Estados Árabes (Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Catar, Arabia Saudita, Sudan, Siria y Túnez). Actualmente, el proyecto cuenta con el apoyo de 19 organismos internacionales y más de 300 hacedores de política y actores clave en todo el mundo (75% de los cuales son mujeres) capacitados para utilizar dicha metodología.

¿Por qué el proyecto SAGA de la UNESCO es necesario en la región de América Latina y el Caribe?

La igualdad de género en STEM es la base para alcanzar cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. La educación STEM es también clave para preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo, permitiendo la entrada en las carreras del mañana.
Al respecto, un dato debería llamarnos a la acción inmediata: el escaso número de mujeres investigadoras en todo el mundo en el ámbito de la ciencia. Según el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS), en junio de 2018 solo el 28,8% de los investigadores del mundo eran mujeres.

A pesar de que con más del 45% de mujeres investigadoras, América Latina y el Caribe es una de las dos regiones del mundo que ha alcanzado la paridad, los esfuerzos que se han realizado no resuelven eficazmente todas las barreras institucionales y socioculturales; la segregación horizontal y vertical sigue siendo elevada según el área del conocimiento que se trate. Las mujeres investigadoras siguen estando sub-representadas en los niveles más altos de la carrera profesional y siguen siendo una minoría en muchos campos de la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por su sigla en inglés) en la mayoría de los países de la región.

El 33% en Uruguay, el 29% en Argentina, el 23% en México o el 32% en Brasil son sólo algunos ejemplos de la participación laboral de las mujeres con respecto al número total de trabajadores en esta área (UNESCO, 2018). Más y mejor ciencia, implica mayor igualdad en todas la áreas y niveles.

Fuente: https://es.unesco.org/news/chile-implementara-saga-disminuir-su-brecha-genero-carreras-ciencia-tecnologia-ingenieria-y

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Declaración de la III Conferencia Regional de la Educación Superior

Declaración de la III Conferencia Regional de la Educación Superior

 

  1. Preámbulo

Mujeres y hombres de nuestra América, los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis nos convocan, a luchar por un cambio radical por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sustentable.

Hace un siglo, los estudiantes reformistas proclamaron que “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan” y no podemos olvidarlo, porque aún quedan y son muchos, porque aún no se apagan en la región la pobreza, la desigualdad, la marginación, la injusticia y la violencia social.

Los universitarios de hoy, como los de hace un siglo, nos pronunciamos a favor de la ciencia desde el humanismo y la tecnología con justicia, por el bien común y los derechos para todas y todos.

La III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, refrenda los acuerdos alcanzados en las Declaraciones de la Reunión de la Habana (Cuba) de 1996, la Conferencia Mundial de Educación Superior de París (Francia) de 1998, y de la Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) en 2008, y reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los Estados. Estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña.

Reivindicamos la autonomía que permite a la universidad ejercer su papel crítico y propositivo frente a la sociedad sin que existan límites impuestos por los gobiernos de turno, creencias religiosas,  el mercado o  intereses particulares. La defensa de la autonomía universitaria es una responsabilidad ineludible y de gran actualidad en América Latina y el Caribe y es, al mismo tiempo, una defensa del compromiso social de la universidad.

La educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser así un medio para la libertad y la igualdad, garantizándolas  sin distinción social, género, etnia, religión ni edad.

Pensar que las tecnologías y las ciencias resolverán los problemas acuciantes de la humanidad es importante pero no suficiente. El diálogo de saberes para ser universal ha de ser plural e igualitario, para posibilitar el diálogo de las culturas.

Las diferencias económicas, tecnológicas y sociales entre el norte y el sur y las brechas internas entre los Estados no han desaparecido sino que han aumentado. El sistema internacional promueve el libre intercambio de mercancías, pero aplica excluyentes regulaciones migratorias. La alta migración de la población latinoamericana y caribeña muestra otra cara de la falta de oportunidades y la desigualdad que afecta, sobre todo, a las poblaciones más jóvenes. La desigualdad de género se manifiesta en la brecha salarial, la discriminación en el mercado laboral y en el acceso a cargos de decisión en el Estado o en las empresas. Las mujeres de poblaciones originarias y afrodescendientes son las que muestran los peores indicadores de pobreza y marginación.

La ciencia, las artes y la tecnología deben constituirse en pilares de una cooperación para el desarrollo equitativo y solidario de la región, basadas en procesos de consolidación de un bloque económicamente independiente y políticamente soberano.

Las débiles regulaciones de la oferta extranjera han profundizado los procesos de transnacionalización y la visión mercantilizada de la educación superior, impidiendo cuando no cercenando, en muchos casos, el efectivo derecho social a la educación. Es fundamental revertir esta tendencia e instamos a los Estados de América Latina y el Caribe a establecer rigurosos sistemas de regulación de la educación superior y de otros niveles del sistema educativo.

Frente a las presiones por hacer de la Educación Superior una actividad lucrativa es imprescindible que los Estados asuman el compromiso irrenunciable de regular a las instituciones públicas y privadas, cualquiera sea su modalidad y promoviendo la diversidad institucional, para hacer efectivo el acceso universal, la permanencia y la titulación de la educación superior, atendiendo a una formación de calidad con inclusión, diversidad y pertinencia local y regional.

De manera similar al año 1918, actualmente “la rebeldía estalla” en América Latina y el Caribe, y en un mundo donde el sistema financiero internacional concentran a las minorías poderosas, y empuja a las grandes mayorías a los márgenes de la exclusión, la precariedad social y laboral.

Con todo y los enormes logros que se han alcanzado en el desarrollo de los conocimientos, la investigación y los saberes de las universidades y de los pueblos, un sector importante de la población latinoamericana, caribeña y mundial, se encuentra sin acceso a los derechos sociales básicos, al empleo, a la salud, al agua potable o a la educación. En pleno siglo XXI millones de niños, jóvenes, adultos y ancianos, están excluidos del actual progreso social, cultural, económico y tecnológico. Aún más, la desigualdad regional y mundial es tan pronunciada, que en muchas situaciones y contextos existen comunidades que no tienen acceso a la educación superior, porque ésta aún sigue siendo un privilegio y no un derecho, como anhelaron los jóvenes en 1918.

En el Centenario de la Reforma, no somos ajenos al sufrimiento humano ni al mandato de la historia. No podemos seguir indiferentes al devenir del orden colectivo, a la lucha por la verdad heroica y al anhelo trascendente de la libertad humana. La Educación Superior debe constituirse desde los liderazgos locales, estatales, nacionales e internacionales, tal y como ahora están aquí representados plenamente.

Desde estos posicionamientos, será posible llevar a cabo una nueva e histórica transformación de la educación superior desde el compromiso y responsabilidad social, para garantizar el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública, gratuita y de amplio acceso.

En consonancia con el cuarto Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda de Desarrollo adoptada por la UNESCO (2030), instamos a los Estados a promover una vigorosa política de ampliación de la oferta de educación superior, la revisión en profundidad de los procedimientos de acceso al sistema, la generación de políticas de acción afirmativas —con base en género, etnia, clase y capacidades diferentes— para lograr el acceso universal, la permanencia y la titulación.

En este contexto, los sistemas de educación superior deben pintarse de muchos colores, reconociendo la interculturalidad de nuestros países y comunidades, para que la educación superior sea un medio de igualación y de ascenso social y no un ámbito de reproducción de privilegios. No podemos callarnos frente a las carencias y dolores del hombre y de la mujer, como sostuvo Mario Benedetti con vehemencia, “hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio”.

Hace un siglo los estudiantes Reformistas denunciaron con firmeza que en una Córdoba y en un mundo injusto y tiránico, las universidades se habían convertido en el “fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”. Ha pasado el tiempo y ese mensaje cargado de futuro nos interpela y nos atraviesa como una flecha ética, para cuestionar nuestras prácticas. ¿Qué aportamos para la edificación de un orden justo, la igualdad social, la armonía entre las Naciones y la impostergable emancipación humana?; ¿Cómo contribuimos a la superación del atraso científico y tecnológico de las estructuras productivas?; ¿Cuál es nuestro aporte a la forja de la identidad de los pueblos, a la integridad humana, a la igualdad de género y al libre debate de las ideas para garantizar la fortaleza de nuestras culturas locales, nacionales y regionales?

Es por eso que creemos fehacientemente que nuestras instituciones deben comprometerse activamente con la transformación social, cultural, política, artística, económica y tecnológica que es hoy imperiosa e indispensable. Debemos educar a los dirigentes del mañana con conciencia social y con vocación de hermandad latinoamericana. Forjemos comunidades de trabajo donde el anhelo de aprender y la construcción dialógica y crítica del saber entre docentes y estudiantes sea la norma. Construyamos ambientes democráticos de aprendizaje, donde se desenvuelvan las manifestaciones vitales de la personalidad y se expresen sin límites las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.

La educación superior a construir debe ejercer su vocación cultural y ética con la más plena autonomía y libertad, contribuyendo a generar definiciones políticas y prácticas que influyan en los necesarios y anhelados cambios de nuestras comunidades. La educación superior debe ser la institución emblemática de la conciencia crítica nacional de nuestra América.

Las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un un papel preponderante en la promoción y fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región. Expresamos nuestra solidaridad con las juventudes, de nuestra América y del mundo, cuya vida celebramos, y reconocemos, en sus luchas y anhelos, nuestras propias aspiraciones a favor de la transformación social, política y cultural.

La tarea no es simple, pero es grande la causa e ilumina el resplandor de su verdad. Se trata, como profetizó el Manifiesto Liminar, de mantener alto el “sentido de un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema por la libertad”.

Mujeres y hombres del continente, miremos hacia el futuro y trabajemos sin pausa en la reforma educacional permanente, en el renacer de la cultura y de la vida de nuestras sociedades y pueblos.

Presentada en la asamblea de la III Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en la Universidad Nacional de Córdoba, a los 14 días del mes de junio de 2018.

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