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Periodistas

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Israel y Gaza: guerra de la información y periodistas en el punto de mira

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Por: Paco Audije

La FIP cifra en casi un centenar el número de reporteros asesinados este año en todo el mundo. Tres cuartas partes de ellos han muerto cubriendo el asedio en la Franja

Al menos, sesenta y tres periodistas y trabajadores de los medios han muerto en Oriente Medio desde que empezara la última guerra de Gaza, hace poco más de dos meses.

Son algo más que un daño colateral. En buena parte, si no en la mayoría de los casos, esos periodistas –todos palestinos– no fueron bajas casuales de la guerra, como otras víctimas civiles palestinas, sino objetivo preciso y predeterminado de los ataques de Israel.

Varios más han desaparecido y un número impreciso resultó herido. Son cifras que surgen de un meticuloso recuento de la Federación Internacional de Periodistas (FIP/IFJ, International Federation of Journalists).

A esa siniestra estadística, debemos sumar los nombres de tres periodistas muertos en Líbano, entre ellos Issam Abdallah, de la agencia Reuters. El 13 de octubre se encontraba con otros seis colegas –de la cadena Al Jazeera y de la agencia francesa AFP– cuando dos impactos de las fuerzas israelíes los alcanzaron de lleno. Estaban en Alma Al-Chaab,una localidad situada a poco más de un kilómetro de la frontera líbanoisraelí. Resultado del bombardeo repentino: un muerto (el mismo Issam Abadallah) y seis heridos, entre ellos la fotorreportera libanesa Christina Assi, a quien después los médicos tuvieron que amputar una pierna.

“Amnistía Internacional ha investigado directamente en Líbano, donde hemos interrogado a nueve testigos de la escena: los propios periodistas afectados y otras personas que se encontraban en las inmediaciones”, ha declarado Marija Ristic, coautora del informe de Amnistía Internacional, quien insiste en decir que, a la vista de los vídeos disponibles (57 exactamente), “se ve claramente a los periodistas vistiendo chalecos con la palabra press, lo mismo que alguno de sus vehículos”.

Las fuerzas israelíes tuvieron tiempo para comprobar que se trataba de un grupo de periodistas

Según ha declarado Ristic al diario La Libre Belgique, “las imágenes y las grabaciones sonoras señalan que varios helicópteros y un dron israelí sobrevolaron el grupo durante 46 minutos antes del ataque”.

De modo que las fuerzas israelíes tuvieron tiempo para comprobar que se trataba de un grupo de periodistas. Otro elemento que destaca el citado informe es que hubo dos disparos de obús distanciados entre sí 37 segundos. “No se dispara contra alguien dos veces si no lo consideras un objetivo”, apunta Marija Ristic. No hay error posible, según ella, que define el ataque como “dos lanzamientos deliberados”.

Tres investigaciones, la mencionada de Amnistía Internacional, así como otras de la agencia AFP y del colectivo Airwars explican con claridad cómo sucedió y el origen israelí de los dos obuses. No había ningún objetivo militar posible en el entorno. Ni casas cercanas. Y los choques militares de ese día por allí acontecieron a un kilómetro y medio de distancia.

En este punto, antes de continuar la lectura, invito al lector a repasar el vídeo de Airwars que recrea las circunstancias.

Es sólo un ejemplo de la estrategia bélica de Israel contra los periodistas. En ese diario belga ya citado, Anthony Bellanger, secretario general de la FIP, lo analiza así:

“Incluso durante la guerra de Irak, que produjo numerosas víctimas entre el colectivo de la prensa, no pudimos ver esa manera de apuntar tan sistemáticamente [a los periodistas]. Empezó a ser así desde 2011, durante la guerra de Siria y con el desarrollo de las redes sociales, cuando Facebook, Twitter y otras redes similares, dieron acceso múltiple a la ciudadanía. Todo cambió. Desde entonces, los autócratas y los beligerantes quieren asumir por sí mismos la comunicación vía las redes sociales. No les gusta que haya otras fuentes en su lugar”.

En otros conflictos, los periodistas y la población pueden –en determinadas circunstancias– huir del frente de batalla. Eso no es posible en Gaza, donde desaparecen día a día los suministros y las reservas de agua, electricidad, medicinas y alimentos.

El estado de Israel –y al sur Egipto, no lo olvidemos– controla las puertas para entrar y salir. El secretario general de la FIP resume así el valor de la información y el riesgo diario que corren los periodistas palestinos en Gaza:

“Todos los civiles, incluidos los periodistas, están enjaulados en una cárcel a cielo abierto que se va transformando en una fosa común”.

Y además, ningún reportero del exterior ha sido autorizado a trabajar allí.

Todos los civiles, incluidos los periodistas, están enjaulados en una cárcel a cielo abierto

Así que la cobertura informativa sólo es posible para los mismos periodistas que son –a la vez– víctimas fáciles del conflicto armado. Una parte ha muerto en –digamos– acciones bélicas normales. Porque se encontraban en el momento y lugar no deseados, mientras ejercían su oficio. En otros casos, bastantes, hay más que indicios que apuntan hacia la responsabilidad israelí por medio de ataques intencionados, contra ellos y contra sus oficinas y domicilios familiares. Anthony Bellanger pone varios ejemplos que se refieren a ese modus operandi deliberado. Lo precisan las imágenes de Al Jazeera en el ataque contra la oficina de la AFP en Gaza.

“Se ve cómo un proyectil atraviesa la oficina destruyéndolo todo, pero sin afectar al resto del edificio. Israel utiliza la inteligencia artificial para identificar a los miembros de Hamás. Funciona igual para los periodistas. Cualquiera que cuente lo que pasa es [para los responsables] un enemigo potencial, fácilmente identificable”, concluye Bellanger.

En menor medida, lo que sucede en Gaza acontece en cierto modo en Cisjordania. Israel controla esa parte de Palestina con mano de hierro, aún más desde el 7 de octubre.

En territorio israelí, los corresponsales acreditados saben que en cualquier momento su acreditación puede ser cancelada y que entonces dispondrán de un plazo breve para salir del país. En algunas ocasiones, las autoridades israelíes utilizan simples pretextos administrativos, según Anthony Bellanger, quien subraya que llevar un chaleco con la mención press puede también convertir al periodista en un objetivo claro. “Un riesgo doble –reitera Bellanger– porque se asume [el peligro de] situarse en la zona y simultáneamente el de ponerse en el punto de mira” [con el uso de un chaleco en el que está escrito press].

En Gaza, la estadística de víctimas mortales de la guerra se aproxima a las veinte mil, la mayoría mujeres y menores de dieciocho años. Los gazatíes que sobreviven lo hacen en condiciones humanitarias execrables, lo más cerca que pueden de la (cerrada) frontera con Egipto. El 85% de los palestinos de Gaza está desplazado de su lugar de origen en un territorio reducido y estrecho, convertido en un gran trampa mortífera.

Ahora, no hay negociaciones para liberar más rehenes, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU debate de nuevo la situación, tras el veto estadounidense favorable a Israel.

Los reporteros palestinos que siguen vivos y continúan ejerciendo su oficio de periodistas ayudan a mantener informada a la opinión pública del planeta. Son los ojos que nos ayudan a ser conscientes de cómo la inmensa prisión a cielo abierto (Gaza) se va convirtiendo día a día en un gran cementerio.

La FIP cifra en casi un centenar el número de periodistas asesinados este año en todo el mundo. Tres cuartas partes de ellos eran periodistas y reporteros que vivían y trabajaban en Gaza. Quienes sobreviven allí, siguen en el punto de mira de Israel.

Fuente de la información e imagen:  https://ctxt.es/es

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De nuevo en peligro la libertad de expresión

Tercera Información

Por: Alberto García

La imposición de una sanción al letrado Aránguez por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada por criticar la actuación del juez Piñar daña la libertad de expresión de la abogacía. Ahora ese mismo perjuicio se extiende también a los periodistas cuando se les investiga en causa penal por informar a la ciudadanía de asuntos judiciales de interés público.

De entrada tengo que confesar que no soy un hombre con las ideas claras, ni el juicio firme. Cuando alguien me pregunta si me gusta la tortilla de patatas con o sin cebolla, dudo, no lo tengo claro, acabo balbuceando y es que me gustan las dos. Cosas del poco carácter, que también se manifiesta ante similar pregunta en relación a los ingredientes de la paella: vacilo, me avergüenzo un poco ante la posición tajante de quien me inquiere…y agachando la cabeza, respondo que me apetece de cualquiera de las maneras. Por poner sólo dos ejemplos.

Esta indecisión me aparece a la hora de analizar la actuación del juez Piñar, tildado por algunos de personaje agropecuario (no en su actuación judicial, por Dios, no se me acuse como antiguamente de desacato, sino en sus expresiones públicas), cuando decía entre otras frases felicísimas, aquello del «hijo de puta» refiriéndose al que calificaba—supongo que con conocimiento cabal—como novio de Marlaska, según indicaba el periódico Diario 16 o tachaba de basura al Tribunal Supremo, y sin embargo, en sus razonamientos en sede judicial parecía bordear la estética decadente más escabrosa, como si su sensibilidad estuviera próxima a la de Charles Baudelaire en «Las Flores del Mal«, cuando según el Diario.es, bajo la firma de Ruth Toledano, señalaba: «Los medios recordaron que hace unos años dictó una sentencia que rebajaba la indemnización que pedía una joven de Granada tras un accidente con argumentos tan perversos como que la cicatriz, en una chica tan atractiva, podía ser un aliciente sexual».  De la arruga es bella en el prêt-à-porter de Adolfo Domínguez a la libidinosa cicatriz en la piel.

¿Prevalece en nuestro personaje el perfil  bronco, pedestre, o por el contrario es próximo al esteticismo más decadente?…No lo tengo claro, ya les he advertido desde el principio que soy un tipo confuso.

El periódico «Granada Digital» nos comentaba el martes pasado que el Juzgado de Instrucción nº 5 de Granada tras admitir a trámite la querella presentada por Piñar contra el abogado de Juana Rivas, ha acordado mediante resolución judicial, «que la Policía Nacional investigue si Carlos Aránguez creó el 15 de marzo de 2019 un grupo en la red social WhatsApp denominado «Periodistas Aránguez Abog», donde tenía agregados a 103 profesionales de la información, cuya identidad y medio para el que prestaban servicios deberán especificarse en el referido informe», concretando que la  «identificación y medio para el que prestan servicios también deberán reflejarse en el informe en cada uno de los casos». Una investigación que a buen seguro causará preocupación, molestias, tal vez temor en aquellos periodistas que se habían limitado, en el legítimo deber de informar,  a recibir noticias  del abogado de un caso que ya venía arrastrando un gran protagonismo en los medios de comunicación, por lo que estaba sujeto a debate público.

De la misma manera que la imposición de una sanción al letrado Aránguez por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada por criticar la actuación del juez Piñar daña la libertad de expresión de la abogacía, ahora ese mismo perjuicio se extiende también a los periodistas cuando desde el Juzgado se les investiga en causa penal por informar a la ciudadanía de asuntos judiciales de interés público.

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión», artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Según el diario Granada Hoy, el juez instructor dice que su diligencia no tiene como objetivo «investigar la labor de los periodistas» que han informado sobre el caso de la madre de Maracena, cuando con anterioridad había ordenado indagarlos por formar junto con el Letrado Carlos Aránguez un grupo de whatsapp. Un chat que estamos seguros no tenía como objeto que sus participantes se divirtieran con los chistes narrados por este, que la verdad, además, no parece precisamente un tipo tan gracioso.

Ya ven, una confusión.

Sin duda la misma que me manifestaba un amigo al decirme que no encontraba lógico que instruyera este asunto un señor no solo de la misma profesión de Piñar, como ha de serlo forzosamente, sino incluso de posible proximidad personal al compartir ambos la justicia penal en una ciudad no demasiado extensa, donde ocurren sucesos tan extraordinarios.

Aquella  pregunta sobre quien juzga a quienes nos juzgan vuelve a aparecer, tal vez no demasiado bien resuelta en nuestra legislación.

Los comentarios del abogado de Juana Rivas habrían desencadenado la querella de Piñar y ahora admitida a trámite junto con la adopción de severas diligencias por parte del Juez instructor.

Qué respuesta tan  distinta, con qué diferente temple el Presidente de la Sala de lo Penal del Supremo Manuel Marchena, y el instructor de la causa contra Puigdemont, también magistrado del alto tribunal Pablo Llarena, han encajado las críticas más contundentes que les han dirigido con motivo de su actividad jurisdiccional, comprendiendo que es el tributo que se paga ante el bien superior de la libertad de expresión.

Puede que la querella y la instrucción que comentamos queden en nada, pero el daño moral y el temor de Aránguez y el de los periodistas investigados perdurarán. Si finalmente el asunto se archiva, por muy errónea que fuere su tramitación, no comportará, casi con toda probabilidad, la menor responsabilidad ni para el querellante, ni para el instructor, dadas las enormes dificultades existentes para exigir responsabilidad a los jueces en los supuestos de actuación profesional irregular o deficiente.

Uno de los ejemplos más extremos de esta ausencia de responsabilidad de estos funcionarios públicos que imparten justicia tuvimos ocasión de constatarlo en relación al juez Ruiz Hermida, del también juez Varón Cobos en el caso «Bardellino».

Resulta que el tal Ruiz Hermida, magistrado, a instancia de la conocida mujer de fortuna llamada La Pepa, percibiendo previamente la cantidad de diez millones de las antiguas pesetas, consiguió que el magistrado de la Audiencia Nacional Varón Cobos dejara en libertad al mafioso italiano Antonio Bardellino, en prisión en España y pendiente de extradición a su país para responder de la acusación de haber cometido la friolera de  más de 70 asesinatos, que tras ser excarcelado, puso pies en polvorosa.

El asunto se las traía, y provocó incluso un incidente diplomático con el gobierno italiano, que protestó enérgicamente. Pues bien, según informaba El País, «el Pleno del Tribunal Supremo acordó anoche readmitir en la carrera judicial  al magistrado Ricardo Varón Cobos… Estos dos jueces estuvieron implicados en la irregular puesta en libertad del jefe de la Camorra napolitana Antonio Bardellino en enero del 84, pero fueron absueltos por la Sala Segunda del TS  en el proceso que se siguió contra ellos. Fue el Consejo General del Poder Judicial el que en mayo del 86 acordó por unanimidad la expulsión de ambos de la carrera judicial… Ricardo Varón podrá por tanto reintegrarse a la carrera judicial… además le deberán ser abonados todos los haberes no percibidos desde que fue suspendido en el ejercicio de su cargo hasta la actualidad», y siguió poniendo tranquilamente sentencias hasta su jubilación.

Otro ejemplo que ilustra «la responsabilidad judicial» en nuestro país es el caso del juez José Antonio Martín, que asesoraba al abogado del narcotraficante Rafael Bornia ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, presidida por el mismo Martín, que fue declarado inocente por el Tribunal Supremo, según informaba Cristóbal García Vera el en el periódico  Rebelión, y el propio diario El País pese a que los hechos probados no dejaban lugar a dudas del auxilio prestado al delincuente.

Por eso queda uno tan confuso. No puedo tener ideas claras.

Máxime cuando se sabe, como todos los ligados al mundo del derecho que lean estas líneas, que no hay mejor test para conocer el tremendo grado de arbitrio judicial que existe en España, que cuando un abogado conversa con otro sobre algún asunto y sus perspectivas, no se preguntan tanto sobre cuáles sean los hechos o los fundamentos jurídicos que van a esgrimir, sino algo mucho más pedestre, a saber, ¿con qué juez te ha caído el juicio?, sabedores ambos que esta circunstancia es mucho más decisiva que la enjundia de los argumentos que se barajen. Como Piñar ponía de manifiesto por escrito, para dictar sentencias «primero resuelvo con sentido común, y luego busco adaptarlo a la Ley».

Claro que para seguir justificando mi confusión, el mismo ahora nos cuenta que alguien -¿tal vez un Bildu etarra?- usurpa en Internet su personalidad desde Irún.

Parece ser que esta forma de actuación basada en «el sentido común» puede ser más general de lo que parece en el ámbito judicial, de ahí que lo importante para el éxito o  no de un juicio, dependa más del juez con el que «te toque» que de la razón que te asista.

Frente a ello se arguye que esta es la esencia de la independencia judicial, que cada uno de ellos juzga «en conciencia», y por tanto, puede ser distinto de lo que juzgue otro. Lo que ocurre es que en nuestro país esto se produce con tanta frecuencia, que bien pudiera contraargumentarse que no es lógica tamaña disparidad, dada la regulación común existente tanto sobre la valoración de los medios de prueba, como de las normas jurídicas aplicables.

Podría alguien pensar, adaptando a nuestro caso aquella frase  ya célebre de  Rodrigo Rato,  «es la ideología amigo».

Es una pena que este asunto también se escapara a los autores de nuestra tan alabada Transición.

Menudo lío. Para que vean que no es posible tener las ideas claras.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tercerainformacion.es
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Que no decidan por ti

Tercera Información

Por: Juan Chambe

Decía Malcolm X que «si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido». Es una reflexión que debemos tener muy presente, especialmente en estos tiempos en los que la mayor parte de la información está controlada por un puñado de empresas privadas. Estos medios quieren parecer plurales, imparciales, exentos de cualquier atisbo de sectarismo o coerción. Sin embargo, tras esa máscara de objetividad se encuentra una realidad bien diferente.

Repasemos algunos ejemplos recientes: el 17 de febrero varios medios, incluían en su portada alguna reseña de los disturbios que se vivieron en Madrid y en Barcelona tras las protestas por la detención de Pablo Hasél. Dos meses después veíamos como las portadas de esos medios silenciaban el ataque con artefactos explosivos que sufrió la sede de Podemos en Cartagena. En mayo del año pasado, pudimos ver algún artículo refiriéndose a una manifestación por la sanidad pública en Moratalaz como “convocatoria ultraizquierdista” mientras que cuando se ve a unos neonazis acosando a un Vicepresidente del Gobierno se tilda de “jarabe democrático”. Hemos visto también a varios medios llevar en sus portadas ruidosos titulares sobre causas abiertas por supuesta financiación irregular de Podemos; que casualidad que esas mismas portadas se quedan sin espacio cuando se trata de publicar el archivo de dichas causas. Por último, pero no menos importante, asistimos cada mañana a debates donde participan mentirosos profesionales, repetidamente condenados, sin que eso ponga en cuestión la veracidad de lo que se dice.

Evidentemente hay muchos más ejemplos, pero creo que los expuestos son suficientes para encontrar un patrón. Por un lado, hay numerosos programas que dan veracidad a periodistas que mienten sistemáticamente, y por ende, el debate que se genera es completamente estéril desde el punto de vista informativo. Y por otro lado, vemos que esas mentiras, medias verdades, titulares capciosos o sencillamente falsos tienen siempre la misma dirección. Los errores no tienen una dirección predilecta, las mentiras sí. Y si esos medios no sólo permiten que se mienta en sus programas, sino que además tienen permanentemente a los mentirosos en sus platós, es porque lo que se pretende es atacar al enemigo político de las elites que controlan dichos medios.

En este periodo electoral que se abre hasta el 4 de mayo vamos a ver recrudecida esta tendencia, de hecho, ya lo estamos viendo. El discurso de Ayuso se está reduciendo en generar miedo hacía el adversario, especialmente Podemos. Ese es su lema, sin propuestas. Pero detrás de Ayuso hay todo un ejército de periodistas, opinólogos, pseudoexpertos y palmeros que se están encargando de dar sustancia a ese mensaje. De ahí que en TVE ayer no viésemos el pronóstico alcista de Podemos en el CIS, sino sólo que Pablo Iglesias era el líder peor valorado. Los programas líderes de las mañanas dedican largos debates al caso Neurona, sobre el que no hay sentencia alguna, mientras ignoran informaciones clave como que Ayuso no medicalizó las residencias de ancianos durante la primera ola y que además mintió cuando fue preguntada sobre el asunto. Pero todo esto recubierto de pluralidad e imparcialidad, que si no se nota mucho.

La Comunidad de Madrid ha supuesto durante más de 20 años la simbiosis perfecta entre el Gobierno Regional y constructoras, inmobiliarias, grupos privados de salud y un largo etcétera de empresas que, gracias a esa colaboración público-privada, han obtenido grandes beneficios a costa del erario público. El Hospital Isabel Zendal es sólo el último capítulo de un libro muy largo.En las elecciones del 4 de mayo nos jugamos mucho, y las élites lo saben. Y de no tener una mirada crítica hacia los medios de comunicación corremos el riesgo de no decidir quién nos va gobernar los próximos dos años, sino que serán los medios, y las élites que los controlan, quienes lo decidan por nosotros.

Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es/opinion/06/04/2021/que-no-decidan-por-ti/

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Al menos ocho ambientalistas fueron asesinados en México en 2020

Noticias
Redacción de Desinformémonos

Al menos ocho defensores del medio ambiente fueron asesinados del 23 de marzo a octubre de 2020 en Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Baja California y San Luis Potosí, señala el informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”.

De acuerdo con el documento, además de los asesinatos se registró un aumento de las amenazas y campañas de desprestigio contra los defensores de la tierra y el territorio, así como se agudizaron las agresiones contra los defensores privados de su libertad.

«Preocupa al alto peligro en el que se encuentran las personas defensoras privadas de libertad y las consecuencias de imposible reparación que ha significado el uso de la tortura y falta de atención adecuada en salud en centros penitenciarios de Oaxaca, condiciones que son agravadas en el contexto de la pandemia», indica el informe.

Entre los defensores detenidos ilegalmente, el informe destacó los casos del indígena zapoteco Fredy García, vocero del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI); del defensor Librado Baños Rodríguez, quien permaneció poco más de 5 años en el penal de Ixcotel, Oaxaca; y del zapoteco Pablo López Alavez, defensor de los derechos de los pueblos indígenas.

El documento fue realizado por Espacio OSC, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHMX) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las organizaciones también denunciaron los casos de violencia contra los defensores de los derechos de los migrantes, mujeres defensoras, periodistas, familiares de víctimas de desaparición y defensores de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Trangéneros, Transexuales, Intersexuales, Queer y Asexuales.

Consulta y descarga el informe completo aquí:

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/al-menos-ocho-ambientalistas-fueron-asesinados-en-mexico-en-2020/

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Investigación: Las periodistas en Ecuador enfrentan precariedad y violencia de género

Noticias

Una investigación de Chicas Poderosas Ecuador revela que 4 de cada 10 mujeres que trabajan en medios en Ecuador perciben menos de 500 dólares mensuales y trabajan más de 40 horas a la semana. Concluye, además, que el acoso está presente en diferentes momentos de la carrera de las periodistas.

“Un presentador reconocido me agarró la pierna en un camerino, mientras nos maquillaban: ‘con esas piernas usted no necesita nada más para triunfar’, me dijo”, es el testimonio de una periodista ecuatoriana, cuya experiencia se recoge —de manera anónima— en el estudio Así Hacemos Periodismo. Se trata de una investigación desarrollada por la organización Chicas Poderosas Ecuador que exploró las condiciones laborales de las mujeres en los medios de comunicación en el país.

La investigación se centró en cinco temas principales: Empleo, Diversidad, Crecimiento laboral, Maternidad, Espacios seguros.

En cuanto al empleo, uno de los principales hallazgos es que los y las periodistas trabajan más de 40 horas semanales, incluso quienes tienen contratos a medio tiempo. Las personas entre 26 y 45 años son las que más tiempo dedican al ejercicio profesional. 4 de cada 10 mujeres que trabajan este número de horas a la semana percibe menos de 500 dólares al mes.

Isabel González, embajadora de Chicas Poderosas Ecuador, asegura que el estudio permitió reconocer que existen muchas personas haciendo periodismo en condiciones de mucha precariedad en Ecuador.

Sobre la diversidad, en cambio, se concluye que la participación de personas de orientación sexual y origen étnico diverso es escasa tanto en los entornos laborales como en las coberturas periodísticas. “Incluso en los (medios) más nuevos y digitales, donde la presencia de personas indígenas o personas racializadas aún es casi nula”, afirma González.

Violencia sexual

El acoso y la violencia sexual que enfrentan las periodistas es una de las cosas que más llama la atención de esta investigación.  “Mi exjefe me citó fuera de horario laboral y me llevó a un hotel donde quiso abusar de mí a cambio de ayuda laboral y económica”, contó otra de las periodistas citadas en el documento.

Según los resultados, por lo menos 2 de cada 10 mujeres encuestadas han sido víctimas de contacto físico no deseado en sus lugares de trabajo. “El acoso comienza con bromas que son normalizadas, y que varían de acuerdo a la edad y la posición laboral de la periodista”, concluye el informe.

Otra de las participantes de los grupos focales contó que: “Había un productor que cada vez que pasaba al lado mío comenzaba a jadear como perro y nadie decía nada”.

Asimismo, el 13% de las periodistas ha recibido más de una vez ofertas laborales o promesas a partir de un acercamiento inapropiado, provocado por un colega hombre en una posición superior. Sin embargo, muy pocas veces estas situaciones son denunciadas, ya que no existen canales o políticas claras de denuncia en los medios de comunicación. Ante ello, el 62% de las mujeres encuestadas afirmó que los medios deben contar con protocolos de actuación y cambios en la cultura organizacional en torno a la violencia y el acoso.

Falta de datos

Isabel González, embajadora de Chicas Poderosas Ecuador, explica que la investigación partió con la idea de recolectar datos de situaciones que “sabíamos que existían, pero sobre las que no había datos concretos y por lo tanto evidencia para enfrentarlas”.

Obtener esta data, representa así, la “posibilidad de ejercer nuestro oficio en condiciones dignas económicamente y seguras para las mujeres y personas de las disidencias sexuales”, continúa González. Sin embargo, dice que el reto es continuar con la medición y seguir estableciendo contrastes entre los géneros. Esto, porque, aún no hay datos suficientes para hablar sobre las personas de las disidencias sexuales ejerciendo esta profesión.

La metodología

La investigación se realizó, en el inicio con una encuesta online, cuya recolección y difusión ocurrió entre el 4 de agosto al 7 de septiembre de 2020.

La encuesta fue anónima y estuvo dirigida a mujeres, personas de disidencias sexuales, y hombres mayores de 18 años, trabajadores en medios de comunicación en el país. Se obtuvo una muestra de 236 encuestas. “Sin embargo, no alcanzamos el equilibrio de participación entre géneros, por lo cual insistimos en la necesidad de continuar midiendo”, dice el sitio web de Así hacemos periodismo. Adicionalmente, se realizaron dos grupos focales y ocho entrevistas a profundidad.

Chicas Poderosas es una comunidad global que impulsa el cambio inspirando y desarrollando a las mujeres en los medios. La organización está presente en 17 países, y en Ecuador desde 2019.

Fuente: https://rebelion.org/las-periodistas-en-ecuador-enfrentan-precariedad-y-violencia-de-genero/

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México: Eliminación de fideicomisos vulneraría a víctimas, personas defensoras y periodistas: Espacio OSC

Noticias
Redacción de Desinformémonos

La aprobación del dictamen que desaparecería 109 fondos y fideicomisos públicos vulneraría «a víctimas, personas defensoras y periodistas en riesgo, dado que la operación quedará supedita a prioridades y criterios políticos», alertó el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Explicaron que dentro del paquete de fondos a desaparecer se encuentran el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. «Su desaparición implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México», añadieron.

Las organizaciones y activistas firmaron un pronunciamiento en el que llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión a desistir en la eliminación de los fideicomisos y a detener cualquier acción que ponga en mayor riesgo a estas poblaciones.

A continuación el comunicado completo:

El acceso a la verdad, memoria, justicia y reparación, así como la vida e integridad de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran en grave peligro.

México es el segundo país del mundo con el mayor número de personas defensoras y periodistas asesinadas. Tan solo en lo que va del año 2020, ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos y organizaciones han señalado al menos 4 casos de periodistas asesinados. Además, existe un claro discurso desde el poder ejecutivo que criminaliza y estigmatiza la labor de defensa de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad, así como la libertad de expresión.

Hoy, este amplio grupo de personas enfrentan un desafío mayor: el riesgo de que su vida se ponga en peligro debido a que las medidas que garantizan su seguridad podrían verse afectadas tras la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. El primero sirve exclusivamente para costear las medidas de protección designadas para salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias; el segundo para brindar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delitos y de  violaciones a los derechos humanos, todos ellos elementos importantes para que puedan salvaguardar su integridad personal y las víctimas accedan a la justicia.

La desaparición de ambos fideicomisos fue contemplada dentro del paquete de 109 fideicomisos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 29 de septiembre y que hoy, 1 de octubre se pretende votar y aprobar en el pleno de la Cámara. Su desaparición implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México. La eliminación implicaría:

  • Incapacidad para adoptar medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas con la urgencia que las situaciones de peligro exigen, así como financiar su costo y acceder a los recursos con la inmediatez que se requiere.
  • Obstáculos para el desarrollo de las acciones de protección, como el incremento de trámites administrativos y pérdida de flexibilidad en la adopción e implementación de medidas ante situaciones inminentes de riesgo.
  • Eliminación de los candados que evitaban que los recursos se puedan utilizar para otros fines que no sean las medidas de protección o atención a víctimas. Al pasar a manos de SEGOB, queda abierta la puerta al uso arbitrario de los recursos y, por lo tanto, a la opacidad y corrupción.
  • Vulneración a víctimas, personas defensoras y periodistas en riesgo dado que la operación quedará supedita a prioridades y criterios políticos.

La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha señalado que la eliminación del Fideicomiso tendrá impactos negativos en el desarrollo de las acciones de protección para las 1304 personas —418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos— a las que actualmente brinda medidas de protección. El fideicomiso es el principal instrumento financiero para la implementación de las medidas urgentes para su protección, es decir, significa salvar vidas.

Además, es necesario señalar que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de 2018 a 2019 ha tenido un incremento de gastos para la atención a víctimas, mientras que la dotación de recursos al Fondo ha disminuido en 2019, 2020 y lo proyectado a 2021. La eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral implica que no haya un recurso económico destinado exclusivamente para atender las necesidades específicas de las víctimas y repararles los daños, por ejemplo medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, entre otros. Además, delegar el pago de las reparaciones del daño derivado del presupuesto total designado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las Comisiones estatales, implica que no hayan suficientes recursos para atender tal fin.

Frente al desafío que el Estado enfrenta para garantizar la vida e integridad de víctimas, personas defensoras y periodistas, consideramos inadmisible que se pretenda desproteger la vida de quienes se encuentran en riesgo con la eliminación del Fideicomiso y el Fondo. La eliminación de la corrupción no se logra borrando el trabajo que durante años se ha articulado para garantizar la protección y la vida. Combatir la corrupción no se logra extinguiendo fideicomisos y fondos, se logra creando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La decisión de extinguir un fideicomiso no solo debe tomar en consideración elementos de carácter financiero, sino debe considerar la utilidad y fin que tienen, así como las personas a quienes se dirigen

Rechazamos que se use la pandemia de COVID-19 como argumento para su eliminación. En el contexto actual de violencia y pandemia, el Estado mexicano tiene el deber reforzado de proteger y garantizar la vida y los derechos de quienes han sido víctimas de violencia, desplazamiento, y violaciones de derechos humanos.

Hoy, organizaciones sociales nacionales e internacionales, víctimas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos hacemos un llamado urgente al Congreso de la Unión, en especial a la Cámara de Diputados, así como al Titular del Ejecutivo, a desistir en la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y el Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Hacemos un llamado a detener cualquier acción que ponga en mayor riesgo a estas poblaciones y que han sido producto de las demandas legítimas de los movimientos sociales, víctimas, personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Personas víctimas, defensoras derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil firmantes

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Amnistía Internacional Sección Mexicana.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH), (Pachuca, Hgo.), Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

Personas, medios, colectivos y organizaciones de la sociedad civil: 

Alberto Athié.
Amnistía Internacional México.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL).
Borde Político.
Casa del Migrante Saltillo.
Cauce Ciudadano A.C.
Centro de Derecho Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan».
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Red de Feminismos Descoloniales.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Chinampa Voces del Mundo.
CIESAS.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A. C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.
Colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia en el Estado de Guanajuato
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.
Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).
Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Consultoría Técnica Comunitaria A.C.
Data Cívica.
Desaparecidos Justos A.C. Queretaro
Documenta desde Abajo.
Elementa DDHH.
Familiares en Búsqueda María Herrera.
Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A.C.
Frontera con Justocia A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Grupo de Investigaciones en Antropologia Social y Forense.
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.
Hacia la vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo A.C.
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Impunidad Cero.
Inclusión Ciudadana A.C.
Instituto de Ecología A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
Melel Xojobal A.C.
Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
Mujeres Libres COLEM A.C
Nancy Camacho Díaz.
Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas.
Observatorio Designaciones Públicas.
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Red de Desaparecidos en Tamaulipas (REDETAM).
Red de Enlaces Nacionales.
Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí.
Red en Defensa de la Democracia .
REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México.
Revista Espejo.
Ruta Cívica.

Fuente: https://desinformemonos.org/eliminacion-de-fideicomisos-vulneraria-a-victimas-personas-defensoras-y-periodistas-espacio-osc/

Imagen: Yuri Cortez/Agence France-Presse — Getty Images

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El Salvador: PDDH registra 200 casos de abusos de autoridad

Noticias

América Central/El Salvador/31-03-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com

Procurador adjunto explicó que en la mayoría de casos se trata de personas detenidas por incumplir la cuarentena.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registró hasta el viernes anterior cerca de 200 denuncias de personas que dicen haber sufrido abuso de autoridad en el marco de las medidas de restricción implementadas por el Gobierno para limitar la libre circulación ciudadana para contener la propagación del coronavirus.

El procurador adjunto, Julio Bendek, manifestó el sábado que la mayoría de denuncias tiene que ver con detenciones realizadas por agentes de seguridad pública cuando los afectados transitaban en la vía pública, en algunos casos, para ir en buscar de alimentos.

DENUNCIAS DE PERIODISTAS

Entre las denuncias recibidas por la entidad están las de varios periodistas, quienes señalan que los funcionarios se niegan a responder preguntas sobre la situación del coronavirus. El procurador realtó que un periodista fue detenido en un retén en Morazán y los agentes le borraron las imágenes.

El caso más grave, dijo, es el de un ciudadano que fue vapuleado y detenido por policías en Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana, por no cumplir la cuarentena. Por la misma razón, en Tepecoyo, La Libertad, unos policías pusieron a unas personas a hacer flexiones. Ambos casos fueron conocidos por vídeos difundidos en redes sociales.

“No estamos en guerra, estamos frenta a un virus; entonces las medidas tienen que ser consecuentes. Y si no nos ponemos vigilantes se pueden volver un despropósito en sí mismas y el miedo ya no va a ser un contagio sino el abuso de la autoridad”, expresó Bendek.

El funcionario recordó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó el viernes liberar a las personas que fueron detenidas desde el fin de semana anterior, porque habrían incumplido la cuarentena domiciliar, pero que aún están en las sedes policiales y no han sido llevadas a centros de resguardo.

Otra denuncia que se ha hecho frecuente, según el procurador adjunto, es la falta de información que están recibiendo de las autoridades las personas contagiadas de la enfermedad o que están hospitalizadas bajo observación así como sus familiares. En el hospital Nacional José Antonio Saldaña también hay quejas de pacientes portadores del virus que están mezclados con quienes están ahí por otror padecimientos.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/pddh-coronavirus/700775/2020/

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