Precarización Docente

La precaria situación de los maestros en Puerto Rico, los peores pagados en Estados Unidos

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Pese a que Rosa Ferrer tiene un trabajo estable como maestra en Puerto Rico hace 16 años, para llegar a fin de mes y pagar sus deudas ha tenido que vender galletas, cupcakes, ofrecer tutorías y hasta cursos cortos de fotoperiodismo.

En verano, aunque es su periodo de vacaciones, busca trabajos temporeros.

Durante el semestre escolar, suele comenzar su jornada mucho antes del inicio de clases, pero no termina hasta la noche, cuando el material académico de los próximos días está preparado.

María Elena Gutiérrez, por su parte, divide sus días entre la enseñanza del inglés en el aula y el trabajo como cajera en un supermercado.

Ella cuenta con seis años de experiencia como maestra, en los que siempre ha necesitado un segundo empleo para enfrentar el ascendente costo de vida en el archipiélago caribeño.

Viven, coinciden ambas, exhaustas

«Yo vivo en un completo cansancio. Me levanto con fuerza, porque en verdad amo lo que decidí estudiar, pero estoy cansada», sostiene Rosa en entrevista con BBC Mundo.

«Uno tiene que tener un segundo trabajo», agrega. «Porque un sueldo no es suficiente».

Protesta de maestros en San Juan, Puerto Rico.

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Pie de foto,Durante el mes de febrero, miles de maestros salieron a protestar en Puerto Rico para exigir un salario justo y mejores condiciones de trabajo.

Su realidad también la comparten miles de maestros boricuas, quienes durante los pasados meses han salido a las calles, junto a otros trabajadores públicos, para exigir mejores salarios y condiciones laborales.

Hay casos de educadores que necesitan hasta tres trabajos para subsistir. Uno de ellos falleció hace unas semanas en un accidente de auto cuando salió de madrugada de su tercer empleo como guardia de seguridad.

Y es que en el territorio estadounidense el sueldo base del magisterio es $US21.000 anuales.

De acuerdo con datos de la legislatura local, el promedio gana US$28.000 al año.

La Asociación Nacional de Educación de Estados Unidos dice que entre los 50 estados de Estados Unidos, Mississippi es el que tiene el salario promedio más bajo para los educadores, cifra que entre 2017 y 2018 suponía $US 44.926 anuales.

Para 2020, los servicios en Puerto Rico costaban un 60% por encima del promedio de Estados Unidos, según informes de la prensa local. En aquel momento, en el renglón de artículos de supermercado, el territorio ocupaba el puesto 24 en toda la nación.

Rosa, maestra del método Montessori en una escuela pública de San Juan, comenta que nunca quiso lanzarse a protestar «bajo sol y lluvia» ni «dejar a mis estudiantes sin clases» .

Pero afirma que no tuvo otra opción tras años de escuchar promesas incumplidas, la precariedad y observar casos de corrupción en el sistema educativo.

«Estamos buscando tener una mejor calidad de vida. No quiero ser rica, quiero estar estable. Tener mi propia casa, eventualmente formar una familia y cada vez lo veo más lejos», afirma María Elena.

Sueños frustrados y un futuro incierto

Fue cuando nació su hijo que Rosa se dio cuenta que el dinero no era suficiente. Todavía vivía con su antigua pareja y aun así tuvo que comenzar a trabajar extra.

«No me daba y empecé a hacer las galletas. Tenía que compensar porque había que comprar pañales , comprar leche», sostuvo.

Tras más de una década en el sistema educativo público, una licenciatura y un postgrado, su salario en la actualidad es cerca de $US 23.000 anuales, previo al descuento de impuestos.

Ahora, para dividir gastos, vive con su madre. Dice ser «aventajada» en comparación con otros colegas, pero no esconde que se siente desmoralizada.

Maestros protestan en San Juan, Puerto Rico.

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«A mi edad, me siento mal. Aunque soy independiente, no tengo privacidad. No me siento realizada por esa parte de no tener una casa que es mía y para dejarle algo al nene», cuenta a BBC Mundo esta maestra de 38 años.

María Elena, quien percibe un salario base y continúa estudios en educación con préstamos estudiantiles, dice que su futuro no lo ve en Puerto Rico. Sobre todo por la incertidumbre que le provoca una nueva política sobre las pensiones de los maestros.

El territorio estadounidense, asediado por una inmensa deuda pública, negoció recientemente su salida de la bancarrota en los tribunales. Como parte de la reestructuración de la deuda, los maestros que se jubilen en un futuro recibirán una pensión sustancialmente menor que los retirados actuales. Además el sistema de retiro cambió de ser uno vitalicio, de beneficios definidos, a cuentas individuales parecidas a las de empresas privadas.

Asimismo, previo a la decisión del tribunal, un educador del archipiélago se retiraba a los 55 años, ahora no podrá hacerlo hasta los 63.

«Sí, estoy pensando irme», dice seca y cortante la joven de 29 años.

«He pasado semanas de llorar y de frustración«, sostiene, por su parte, Rosa.

El salón: un golpe al bolsillo

La difícil situación económica de Puerto Rico, que en los pasados años se recrudeció tras varios huracanes y un terremoto, afecta directamente los suministros e infraestructura escolar.

Para palear la falta de recursos educativos, los maestros incurren en gastos todos los años, pese a que el Departamento de Educación es la agencia con la mayor tajada del presupuesto del archipiélago, con más de $US 3.000 millones en fondos provenientes del gobierno local y federal estadounidense.

escuela derrumbada en Puerto Rico

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Pie de foto,Escuela de Puerto Rico afectada por el terremoto que impactó la isla en enero de 2021.

«Estuve un tiempo sin sillas y tuve que conseguir cajas de leche y comprarle unos cojines a los nenes«, sostuvo Rosa.

Su salón, que requiere varios elementos específicos por ser parte de una escuela Montessori, ha sido adecuado por ella y los padres de los alumnos. En ocasiones los progenitores donan dinero para comprar materiales, también le ayudan a pintar las instalaciones.

«He construido un salón Montessori, he invertido mucho dinero y tiempo. Eso no se recompensa. Pintura, material de cartulina, yo hago dos back to school (compras de regreso a clases), hago el de mi hijo y el de mi salón. Y en septiembre, tengo que cerrar mis gastos, porque luego viene mi cumpleaños y el de mi hijo, y entonces no me da el dinero», relata Rosa.

La experiencia es igual para María Elena, quien ofrece cursos a 150 estudiantes. La fotocopiadora de la escuela está dañada, así que le toca pagar para imprimir fuera los documentos. Si necesitaba usar internet en medio de una clase, hasta hace poco tenía que conectar su propio celular.

«Todos los años, cuando empezamos las clases, me gasto $US200 a $US300 en artículos para ambientar el salón», dice.

Las protestas y la respuesta del gobierno

La situación salarial de los maestros, así como de otros trabajadores públicos de la isla, provocó protestas masivas durante el mes de febrero en el territorio.

El gobernador, Pedro Pierluisi, anunció que a partir de julio se incrementaría $1.000 al salario base de estos trabajadores. Sin embargo, el dinero proviene de fondos no recurrentes otorgados por el gobierno federal de Estados Unidos, que vencen en 2024.

Este martes la propuesta se convirtió en ley y establece que el alza será permanente, aún cuando acaben los fondos federales. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, le dijo a BBC Mundo que aunque el presupuesto de la agencia varía año tras año, el gobierno deberá identificar las partidas por tratarse de salarios protegidos por una legislación.

«Habría que analizar las demás partidas antes de impactar la nómina. Sobre todo, salvaguardar el debido proceso de ley», sostuvo.

Agregó, además, que «el dinero está dentro de las proyecciones del Departamento de Hacienda».

Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico.

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Pie de foto,Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico.

Sobre el retiro, aunque indicó que continúa el diálogo con los educadores para identificar soluciones, sostuvo que la administración de Pierluisi evalúa aumentar las aportaciones a las cuentas de jubilación de un grupo de maestros que se ve más afectado por las nuevas disposiciones.

Y a cerca del problema de recursos en los salones de clase, declaró que han asignado un presupuesto mayor a las escuelas para que puedan adquirir los equipos necesarios.

Y, además, contemplan entregar tarjetas de compra a los directores escolares para agilizar la llegada de materiales.

Ramos agregó que espera que para el verano se apruebe un plan para la transferencia de fondos de Estados Unidos que corresponden a las ayudas avaladas por el Congreso tras el paso del huracán María hace casi seis años.

Expresiones incendiarias

Ante las manifestaciones, Pierluisi dijo ser solidario con los reclamos del magisterio.

«Me solidarizo con todos. Tienen todos el derecho de protestar, mientras no hayan recibido los aumentos que han reclamado tienen todo el derecho de marchar. Aquí vivimos en una democracia y nos distingue esa libertad», dijo el mandatario en febrero.

Pero parte de sus expresiones también incendiaron las protestas. Pierluisi, tras los reclamos de funcionarios, les exhortó a cambiar de trabajo si no estaban contentos con sus salarios.

Imagen del Capitolio de Puerto Rico

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Pie de foto,Los legisladores evalúan elevar a rango de ley la legislación, aunque no hay fuente para subsidiarla.

«Nadie está obligado a ser policía ni bombero. Pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa responsabilidad, y si por alguna razón cuestiona si debe seguir haciéndolo, porque la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición», comentó en aquel momento.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60501717

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Precarización docente, educación superior y neoliberalismo

Noticias

Por: Pablo Hernández Jaime

1. Retraso en el pago a profesores de la UNAM y paros virtuales

Amediados de marzo del año en curso, cientos de profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)[1] no habían recibido su sueldo correspondiente, cuando menos, al semestre agosto-noviembre de 2020 y muchos de los que sí recibieron algún pago, lo recibieron incompleto. La situación había llegado a su límite. Los profesores, la gran mayoría de tiempo parcial, se movilizaron. Y como resultado, para el 23 de marzo, al menos 20 facultades de la UNAM ya estaban en paro virtual[2].

Las denuncias y protestas ayudaron a visibilizar el problema. La UNAM reconoció su falta, anunció que realizaría los pagos pendientes y para fines de mes reportó que ya estaba al corriente con 98% de su planta docente; esto, sin embargo, suponía que aún había profesores sin recibir su sueldo. De manera que el problema sigue sin solución definitiva, aunque con la promesa de que los pagos terminarán de realizarse durante abril[3].

Sobre las causas del problema, la UNAM informó que fueron el resultado de “complicaciones de carácter administrativo” derivadas del “confinamiento obligado del personal por la emergencia sanitaria.”[4]

La respuesta es verosímil, aunque poco satisfactoria. Es cierto que el problema de pagos a profesores, al menos con esta magnitud, no es frecuente. Sin embargo, tampoco es un problema absolutamente nuevo. En una nota publicada por el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) se puede leer el testimonio de José Padilla, un ayudante de profesor de la Facultad de Ciencias, quien a finales de 2020 identificó irregularidades con su pago de nómina, por lo que empezó una serie de aclaraciones[5].

“«A mí me dieron de febrero a septiembre (…) ocho mil pesos, yo me quedé en shock, metí aclaraciones, me puse a leer todos los contratos colectivos del trabajo y metí la declaración y me devolvieron 15 mil pesos. La dirección general de personal dice que si ya pasó un año ya no puedes aclarar, entonces eso es un problema porque yo tengo problemas desde 2016, 2017 y 2018 y al intentar aclarar me dicen que ya perdí ese dinero, que ya lo intente para la próxima (…) Este problema lleva ocurriendo en mi caso en particular desde 2016 y hay casos de compañeros con estos problemas desde 2009…»”

Ahora bien, es claro que los casos particulares no hacen tendencia y que un testimonio no permite hacer generalizaciones; sin embargo, no es el único dato anecdótico al respecto[6] [7].

Pero la cuestión central es otra. El problema del retraso en pagos a profesores, la gran mayoría (si no es que la totalidad) de tiempo parcial, no nos habla solo de la coyuntura, sino de la vulnerabilidad estructural en que se encuentra un gran número de docentes universitarios.

2. Precarización docente y profesores de tiempo parcial

Hablamos de un problema de precariedad laboral en la labor docente. Los profesores de tiempo parcial son profesores con contratos temporales, con dificultades (o de plano imposibilitados) para acceder a prestaciones, antigüedad, definitividad y estímulos[8]. Son profesores que trabajan “a destajo” y que, para completar sus ingresos, muchas veces deben tener dos o más empleos, pues las horas que pueden llegar a conseguir en una institución, muy probablemente, no serán suficientes para adquirir siquiera la canasta alimentaria recomendada, tal y como ocurre en la UNAM, donde, si eres profesor de asignatura nivel A necesitas conseguir al menos 21 horas a la semana para poder adquirir la canasta alimentaria recomendada, y si eres ayudante de profesor de asignatura nivel B entonces necesitas al menos 25 horas.[9]

La cuestión es grave. 25 horas frente a grupo son, en promedio, 5 horas diarias durante la semana laboral. Pero por cada hora de clase se necesita tiempo adicional para preparar contenido y atender evaluaciones. De manera que el tiempo real destinado a la labor docente es mayor a las horas frente a grupo. Y, sin embargo, se necesitan al menos 21 o 25 horas para alcanzar la canasta alimentaria recomendada. Esta canasta, de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, “se encuentra conformada por 40 alimentos, sin incluir los gastos que requieren su preparación, ni tampoco el pago de renta en vivienda, el transporte, vestido, calzado, aseo personal y muchos otros bienes y servicios que entran dentro del consumo de una familia (…) de 4 personas (2 adultos, un/a joven y un/a niño/a)” [10]. De manera que ni teniendo la suerte de conseguir 21 o 25 horas a la semana, los profesores de tiempo parcial en la UNAM estarían en condiciones de obtener un salario digno.

Sin embargo, este no es un problema exclusivo de los profesores de la UNAM. La condición de profesor de tiempo parcial se ha vuelto una generalidad en el subsistema de educación superior mexicano. De acuerdo con las Dras. Angélica Buendía y Abril Acosta, en México, durante “2019, aproximadamente el 75% del total de profesores que atienden la educación superior eran de tiempo parcial; 59% contratados en las públicas y 85% en las privadas.” [11] [12] En otras palabras, uno de cada cuatro profesores universitarios en México es profesor de tiempo parcial, lo que supone una situación laboral bajo un esquema de contratación temporal y, más o menos, todo lo que ya se mencionó antes.

3. ¿Un problema de asignación interna o un problema estructural del sistema educativo?

Demos un paso atrás para analizar una cuestión adicional. El problema que nos convocó fue el adeudo de pagos a profesores de la UNAM. Y fue la denuncia de este problema lo que puso el tema de la precariedad sobre la mesa. Y, como es lógico, fue así como también empezó la búsqueda de explicaciones.

La UNAM, por su parte, se limitó a decir que sencillamente todo había sido un problema administrativo derivado del confinamiento. Sin embargo, sabemos que, aunque no ocurría con esta magnitud, el problema en realidad tampoco es nuevo. La discusión, entonces, se trasladó a la precariedad docente. Pero aquí también hay puntos de vista diferentes. Por un lado, están las investigadoras, como Angélica Buendía y Abril Acosta, que presentan el problema de manera estructural y transversal al subsistema de educación superior. Y, por otro lado, están los que consideran que el problema es de pura y llana distribución interna del presupuesto; de manera que, si hay precarización docente, no es tanto por problemas más generales como la restricción presupuestal, sino por la corrupción o por la existencia de una “casta dorada” de burócratas e investigadores que, acaparando recursos, mantienen en carencia a los profesores de tiempo parcial[13].

El problema con este último punto de vista, sin embargo, es que resulta bastante unilateral. Incluso resulta conveniente si el objetivo del análisis es no llegar a la raíz del problema. Pero vamos por partes. Es cierto que allí donde hay corrupción hay un uso ineficiente de los recursos; de manera que, si se elimina la corrupción, los recursos rendirán mejor. Aquí no hay secreto. Asimismo, es verdad que allí donde hay distribución desigual de recursos, unos terminarán favoreciéndose en detrimento de otros. Acá tampoco hay secreto. Por lo tanto, quienes argumentan que eliminando la corrupción de la UNAM y acabando con las élites se solucionará la precariedad docente, están diciendo algo que es intuitivo y, hasta cierto punto, plausible, pero que no explica satisfactoriamente la transversalidad del problema en el subsistema de educación superior.

¿Acaso la corrupción y las “élites burocráticas universitarias” explican que tres de cada cuatro profesores universitarios en México estén contratados bajo un esquema de tiempo parcial? ¿Quiere esto decir que las universidades privadas, donde hay una mayor contratación de este tipo, hay también más corrupción y elitismo? ¿Podemos decir, entonces, que la asignación presupuestal del Estado mexicano a educación superior es suficiente y que, en cambio, son las instituciones las que están haciendo un mal uso de estos recursos, dando como resultado la precarización docente? Para tener más claro el problema, veamos una perspectiva un poco más amplia.

4. Una conjetura sobre política educativa y precariedad docente

Para entender la precariedad docente, que es transversal a la educación superior, hay que entender el problema a nivel estructural. Y para comprender la configuración actual del problema, hay que observar su proceso de conformación.

La organización actual de la educación superior en México es resultado de las decisiones políticas de los últimos 40 años. Tras la crisis de la deuda, las políticas económica y social de México fueron reorientadas bajo un esquema de neo-liberalización. La receta, básicamente, consistía en lo siguiente. Primero, promover la estabilidad macroeconómica, manteniendo controladas la deuda pública, la inflación y la balanza comercial; segundo, desregular la economía, “promoviendo la libre competencia”, lo que supone no solo garantizar un estado de derecho para proteger la propiedad y dar certidumbre a la inversión, sino la promoción de beneficios fiscales, el establecimiento de políticas de flexibilización laboral para atraer inversión, la privatización de empresas paraestatales y el establecimiento de acuerdos y tratados de libre comercio; y, finalmente, mantener controlado el gasto público, tanto de inversión como social, esto último, con el objetivo de que el Estado no acapare posibles áreas de inversión privada, como la vivienda, la salud y la educación, todo, bajo el supuesto de que, al estar bajo un esquema de libre competencia, las empresas proveedoras tenderán a elevar la calidad y reducir los precios. En términos generales estas han sido las reglas de nuestra política económica y social desde 1982.

Bajo este contexto, la educación superior se enfrentaba a un dilema. Por un lado, la sociedad, siguiendo la promesa de movilidad social, demandaba mayor cobertura y acceso a las universidades. Mas, por otro lado, se imponían restricciones al gasto público derivadas de la construcción de un nuevo modelo económico; y las decisiones de política educativa se ajustaron a esta tendencia. Así, por ejemplo, comenzó un proceso de desregulación de la educación superior privada; de manera que, tan solo entre 1990 y 2015, el número de unidades privadas de educación superior pasó de 464 a 2,619[14]. Otra medida fue la diversificación del financiamiento institucional[15]; en otras palabras, se buscaba que las instituciones de educación superior se hicieran cargo, al menos parcialmente, de la obtención de sus propios ingresos, lo que ha llevado, entre otras cosas, al aumento de cuotas de inscripción en algunas universidades.

Pero lo que impactó directamente en la labor docente fue, en primer lugar, la desregulación institucional de “los términos y procedimientos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico”[16] en las universidades. Y segundo, el establecimiento de programas de estímulos por competencias y bajo criterios de productividad, como el Sistema Nacional de Investigadores: “por primera vez se daría paso a una política que aportaría ingresos adicionales, no salariales, a profesores universitarios que, como resultado de una evaluación específica, obtendrían reconocimiento y estímulo por la calidad de sus productos y actividades.”[17]

En pocas palabras, la política del periodo neoliberal en materia de educación superior ha consistido en abrir el camino a las instituciones privadas y restringir el presupuesto a las públicas, exigiendo a estas últimas cubrir parte del financiamiento y dándoles facilidades para manejar sus propios esquemas de contratación, al tiempo que ha creado políticas de estímulos no salariales para incentivar la competencia y la productividad entre investigadores. Y por si esto fuera poco, habría que considerar dos aspectos adicionales que solo contribuyen a agravar el problema: el primero es la constante, aunque relativamente lenta, expansión de la educación superior pública y, el segundo, es la reducción real del presupuesto y de los salarios debido a la inflación, todo lo cuál solo contribuye a aumentar las restricciones económicas de instituciones y profesores.

De manera que las universidades en México, unas buscando maximizar su ganancia y otras tratando de ajustarse a las restricciones presupuestales, cuentan con todos los incentivos y facilidades para promover, sistemáticamente, esquemas de contratación de profesores a tiempo parcial. Por supuesto, esto no excluye la posibilidad de que al interior de las universidades haya corrupción y privilegios; sin embargo, el problema de fondo no es ese, sino la configuración general del subsistema de educación superior en los marcos del neoliberalismo.

5. Orientaciones mínimas para un cambio

Todo empezó con el adeudo de sueldos a profesores de la UNAM. La discusión de este problema nos llevó a considerar la precariedad docente y sus explicaciones. Unos se han centrado en denunciar la corrupción y la desigualdad al interior de la UNAM. Sin embargo, el problema resulta ser estructural. La precarización docente es tan solo un resultado de la forma en que se han configurado las políticas y el subsistema de educación superior en los marcos de un proyecto de neo-liberalización. El problema es, entonces, más profundo. Y las soluciones posibles solo podrán llegar a realizarse si se aborda el problema en sus dimensiones reales. No es que la corrupción y las elites burocráticas de esta o aquella institución no sean un problema. Es que no son el único problema y acaso tampoco son el principal, al menos en cuanto a precarización docente se refiere. Para pensar, siquiera, en solucionar estos problemas, es necesario un cambio de lógica en las políticas económica y social. Es necesario pasar a esquemas de tributación progresiva y aumento en el gasto social. Es necesario promover la protección laboral de los trabajadores en general y de los trabajadores de la educación en particular. Pero como esto no ha ocurrido y no parece que vaya a ocurrir por la sola voluntad de los gobiernos, es entonces necesario que estudiantes y profesores se organicen para exigir políticas orientadas a realizar estos cambios. De lo contrario, la precariedad y la vulnerabilidad seguirán presentes.

Pablo Hernández Jaime es Maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

[1] https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/15/la-unam-explico-las-razones-detras-de-la-falta-de-pago-a-profesores-durante-la-pandemia-de-covid-19/

[2] https://www.animalpolitico.com/2021/03/unam-no-paga-paro-facultades-adeudos-maestros/

[3] https://aristeguinoticias.com/0604/mexico/pagos-atrasados-a-profesores-y-ayudantes-se-haran-en-este-mes-unam/

[4] https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/15/la-unam-explico-las-razones-detras-de-la-falta-de-pago-a-profesores-durante-la-pandemia-de-covid-19/

[5] https://noticias.imer.mx/blog/pago-inmediato-para-volver-a-clases-demandan-profesores-y-adjuntos-de-la-unam/

[6] “… circuló el video de una junta a distancia en la que una profesora desvía el tema para expresar que desde 2019 no ha recibido su pago.” (https://aristeguinoticias.com/2303/mexico/protestan-en-la-unam-por-falta-de-pago-a-profesores-de-asignatura/)

[7] “… la maestra en literatura mexicana e iberoamericana de la Preparatoria 9, Libertad Estrada expuso que desde 2019 no le han pagado, a pesar de que participa en todo lo que se le pide.” (https://lasillarota.com/metropoli/rezago-en-contratos-y-falta-de-pago-denuncian-docentes-de-la-unam/487065)

[8] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662019000100015

[9] https://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-especial-135-el-poder-adquisitivo-del-salario-de-las-profesoras-y-los-profesores-en-la-unam-2001-2021/

[10] Ibid.

[11] “Entre las primeras (públicas), en el ámbito federal contrastan la UNAM con el 85.3%, el IPN con el 32.5%, la UAM con 11.6% y Chapingo (con) el 6.4%. En el ámbito estatal, la UAQro con el 78.3%, la UABCS el 77.5%, la UdeG un 51.3%, la UV con el 40.3%, la UAGro con el 19.2%, la UAAAN el 2.4% y la UACM con el 1.34%.”

[12] https://www.eluniversal.com.mx/opinion/angelica-buendia/los-actores-invisibles-de-la-educacion-superior-en-tiempos-de-pandemia-i

[13] https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/04/05/los-mas-vulnerables-de-la-unam/

[14] Con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Para más detalles ver página 87 del siguiente reporte. https://cemeesorg.files.wordpress.com/2020/09/cemees-1.pdf

[15] Martínez Vilchis, J. (2007). Financiamiento y relación de la universidad pública con los congresos de la Unión y estatales. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 49(199). https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2007.199.42548

[16] Gil Antón, M. (2012). La educación superior en México entre 1990 y 2010. Una conjetura para comprender su transformación. Estudios Sociológicos, 30(89), 549–566. https://colmex.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/52COLMEX_INST/1265023780002716 (página 551).

[17] Ibid. Página 552.

Fuente de la información  e imagen: https://cemees.org

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“Quieren hacer del trabajo docente algo fácilmente sustituible”

Entrevistas

Uruguay / 24 de septiembre de 2017 / Autor: Juan Dal Maso / Fuente: La Izquierda Diario

Pablo Messina trabaja estrechamente con organizaciones sindicales del Uruguay en el análisis de presupuestos y problemas económicos. En esta entrevista abordamos algunos de los temas sobre los que viene investigando, relacionados con el avance de las reformas capitalistas en la educación pública.

¿Qué son las políticas de reforma educativa?

Hay una suerte de agenda neoconservadora a nivel global que va a por la educación pública. Siempre se presentan como salvadores de una crisis. El primer argumento es “la educación pública está en crisis”. Y esa educación pública en crisis va a ser “salvada” por estas propuestas de reforma, que en general tienen un fuerte componente mercantil y privatizador, conjugando una diversidad de propuestas de política según los distintos momentos de implementación.

Hablando de eso ¿se puede hacer una periodización de los distintos momentos por los que han transitado estas políticas?

La periodización que a mí más me convence es la que dentro de la agenda neoliberal distingue tres períodos. Uno de la década de los ’80 donde la reforma educativa es indisociable de los procesos de ajuste estructural típicos del advenimiento del neoliberalismo en el mundo. Otro período que abarca las reformas de los ’90 que son las que más se llamó neoliberales, pero no necesariamente van acompañadas de procesos de ajuste, hay diferencias según el lugar, y tienen dos ejes fundamentales. Uno es continuar con los avances mercantilizadores, a través de la descentralización y municipalización del gasto. Esto genera diferencias regionales muy fuertes. Por ejemplo si uno mira el gasto por matriculado en Neuquén, que es una zona vinculada con la extracción petrolera y lo compara con el gasto en matriculado en Jujuy, las diferencias son muy importantes. El otro eje es la “autonomía del centro” o sea que cada centro educativo sabe cuáles son sus prioridades y puede gestionar por sí mismo los recursos. Entonces las direcciones pasan a jugar un rol de administración y en vez de ser un compañero de trabajo con una responsabilidad diferencial, la idea es que el director sea alguien que pueda contratar docentes, calificar para despedir o recontratar, cambia drásticamente su rol. Y eso en los ’90 en general si bien se quiso hacer no logró avanzar, principalmente por la resistencia de los sindicatos docentes.

Uruguay venía de un proceso de ajuste muy fuerte desde la dictadura en el gasto educativo que casi no cambió en la reapertura democrática, siguió un proceso de descenso en la ejecución presupuestal hasta el año ’96 que es el año de instrumentación de la reforma educativa, conocida como la “Reforma Rama” y en realidad significó una inyección de recursos muy fuerte. Aunque hubo resistencia sindical, el principal actor uruguayo que intentó resistir la reforma en los ’90 fue el movimiento estudiantil. Esto es interesante, porque si bien uno puede pensar que en la medida en que degrada las condiciones docentes en el mediano y largo plazo podía significar ajuste la reforma, no necesariamente es así en su fase instrumental. Uruguay no es el único caso pero es un caso bien paradigmático.

Y la tercera fase, desde fines de los ’90 hasta ahora se caracteriza por un mayor énfasis en el cambio del rol docente. Los que presentan la reforma, dicen que “hay que cambiar la educación, hay que centrarla en el estudiante, los estudiantes no necesitan aprender determinadas cosas sino que tienen que aprender a aprender, tienen que aprender en un mundo que está en permanente cambio, tienen que aprender a navegar en la incertidumbre”. Eso en Argentina suena mucho pero en todos lados se dice más o menos parecido. Yo diría que su interés principal no son los estudiantes sino los docentes: cambiar el trabajo docente tal cual lo concebíamos, “proletarizándolo” de alguna forma, volviéndole cada vez más un aplicador de manuales de texto, un ejecutor de planes de estudio y de programas sin capacidad de elaboración propia ni de crítica, incluso volviéndole alguien fácilmente sustituible por talleristas. En Uruguay desde que el Banco Central cambió su carta orgánica y tiene la formación financiera como un eje central, cada vez es más común ver que a los estudiantes les suspendan las clases de matemática, historia o filosofía y que vengan unos talleristas vinculados a ONG o funcionarios del Banco Central a dar clases de educación financiera. Aunque todavía es algo marginal muestra el objetivo que persiguen.

¿Quiénes son los que promueven la reforma?

Hay vínculos muy fuertes entre algunos organismos internacionales como la OCDE – yo diría que es el más importante- y grupos empresariales o de poder económico como Pearson, una transnacional que genera contenidos educativos, es la que diseña las “pruebas PISA” y tiene alianzas empresariales a partir de las cuales fomenta ciertos colegios, por nombrar una de las más importantes. Hay instituciones muy metidas en la educación, en créditos estudiantiles, como el Banco Santander. Hay empresas creadas en Gran Bretaña que tienen redes internacionales de escuelas privadas de bajo costo, como las “escuelas garage” que en países como Argentina y Uruguay no tienen mucha manifestación, pero sí en el caso peruano, también tienen mucha presencia en la India o algunos países del África subsahariana. O sea que los que las promueven son organismos multilaterales de diversa índole y algunas empresas de las que destacaría Pearson y Banco Santander por ser las que tienen más incidencia en nuestro continente.

¿Qué rol jugaron los gobiernos posneoliberales latinoamericanos en relación con estas reformas?

Aprovechando un momento particular de bonanza, de aumento de las materias primas, implicaron aumentos presupuestales importantes incluyendo en general aumentos de salario docente o inversión en infraestructura.

Pero sea por acción o por omisión, la privatización de la educación, que venía de antes, continuó avanzando.

La excepción es Bolivia porque tuvo una expansión presupuestal y de la matricula muy fuerte, que no redujo la privada, pero ésta no se expandió tanto y se expandió más la pública. El caso chileno es un caso vidrioso porque había sido punta de lanza de las reformas neoliberales desde larga data y ha habido un mínimo retroceso.

En el caso argentino, la privatización tiene una trayectoria histórica muy fuerte, desde el año ’47 se subsidia a la educación privada, entonces tiene un peso muy importante, llegando a más del 50% de la matricula privada en Buenos Aires. Es algo anterior a la “era progresista” pero no ha retrocedido durante ésta de ninguna forma. Después hay casos donde el avance privatizador ha sido incremental pero constante como el caso brasilero en los últimos 20 o 25 años y en la era posneoliberal tampoco se modificó y así podríamos citar otros ejemplos.

Uruguay tiene una doble particularidad. La privatización educativa es menor al promedio del continente y menor a la argentina, pero su incremento tiene un carácter híbrido. Por un lado hay un fomento a la privatización de larga data, que viene de la Constitución del ’34, de la dictadura de Terra, que habilita no el subsidio pero sí la exoneración fiscal de todo tipo de impuestos a la educación privada. En los ’90 se la exonera además de los aportes patronales. Ese es un rasgo histórico del fomento a la educación privada en Uruguay, pero que tiene en los gobiernos progresistas algunos avances importantes. Muchos quedaron en el intento, por ejemplo la idea de pagar salarios por productividad que se quiso hacer de modo experimental con el Plan Pro-Mejora primero y después hubo intentos en 2015 de volver a poner en el convenio salarial los salarios por productividad, ambos frenados por la resistencia sindical.

Pero buena parte de las medidas que implican mayores avances privatizadores en la educación los últimos 20 o 25 años las tomó el gobierno de Mujica. Con la Ley de Presupuesto del año 2010 modifica una vieja ley de mecenazgo y donaciones especiales que podía usarse solamente para donar recursos a la educación pública, habilitando que se done a instituciones privadas. Esto implica que sobre todo a partir de 2011 empiezan a proliferar una serie de escuelas charter, escuelas públicas de gestión privada que cada vez son más y que tienen un gasto por matriculado de más del doble de la educación pública y el monto de las exoneraciones fiscales que financian eso también es bastante mayor que lo que se gasta por matriculado en la educación pública. Ahora hay una propuesta de la fundación Ceres para generar 136 liceos con 80.000 matriculados con esta modalidad, lo cual implicaría básicamente un 26 o 27% de la matricula en secundaria bajo escuelas públicas de gestión privada. Todavía no se instrumentó, hay experiencias más bien piloto que fueron alentadas y promovidas por el gobierno de Mujica en connivencia con grandes grupos de poder económico, que redobló la apuesta en 2013 habilitando que el monto de las donaciones que hacen las empresas sea mayor que lo dispuesto en 2010.

El otro elemento es la ley de participación público-privada de 2011 que habilita que la construcción de escuelas y liceos así como otras cuestiones de infraestructura pública se pueda hacer por constructoras privadas. En el período de Mujica esto se hizo solamente para la construcción de una cárcel. Pero a partir de 2015, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez empezaron a hacerse licitaciones para la construcción de escuelas y liceos bajo esta modalidad publico-privada que de hecho implica construcciones mucho más costosas, como dicen todos los analistas sobre casos donde ya se vienen implementando esta modalidad hace más de 30 años, como en Inglaterra. Pero además implica la tercerización o privatización de todo lo que se llama “servicios conexos”: portería, vigilancia, mantenimiento, limpieza, comedor, todo eso estaría por fuera del sistema educativo y pasa a ser tarea de la empresa constructora que recibe un canon que va desde los 20 a los 35 años. Por otro lado habilita a las empresas constructoras, en algunas licitaciones, a que haya horarios en que esa institución pública sea de gestión mixta, por ejemplo que pueda ponerse clases particulares después del horario escolar, todo pago y rentabilizando valor para el constructor. Por eso en Uruguay hay una suerte de consenso en los sindicatos de la educación en el balance de que los gobiernos progresistas han implicando aumentos en la privatización de la educación de Mujica hasta ahora.

Una cosa llamativa es que en los planes de estas reformas se incluyen muchos temas que de entrada parecen progresistas como la «doble escolaridad» o la «inclusión», así como la idea que se implementan por consenso ¿es así?

Llamar “progresista” a la doble escolaridad o la inclusión es opinable. La idea de “aumentar el tiempo pedagógico” (como dicen los reformadores) no es a priori necesariamente mala o buena. La discusión, desde una perspectiva crítica, radica en qué es lo que vas a hacer en ese tiempo extra. Pero incluso uno podría afirmar que hay muchas formas y lugares donde se aprende y la educación no sólo transita en la institución escuela. Por lo tanto querer centrar toda la esfera formativa de la vida en una sola institución puede ser al menos problemático. Con la inclusión también tiene mucho que ver en qué se los incluye, cómo se los incluye y cuánto tiene esa inclusión de segregación. Muchas veces la inclusión tiene un correlato de formación para pobres, escuela para pobres y para ricos que difícilmente se podrían considerar aceptables desde una perspectiva de izquierda. Esto es parte de los debates que siempre están detrás de la implementación de estas reformas y son parte de sus características.

Sobre lo otro, si bien en general se habilita cierta participación y consenso no en todos lados es así. Quizás el caso más paradigmático es el de México donde la reforma es una reforma manchada de sangre y la criminalización de los docentes y los estudiantes llega hasta el asesinato. Después hay casos donde la participación docente incluso la participación popular en términos más amplios es importante. Por poner un caso uruguayo, el Congreso Educativo del 2008 tuvo participación barrial, docente, estudiantil, sindical, fue muy fuerte la participación. El movimiento popular logró de alguna forma apropiarse del proceso de discusión, después lo que pasó es que no necesariamente se instrumentaron aquellas cosas que se proponían desde el campo popular.

¿Se puede pensar en un modelo de educación alternativo a los que promueven los gobiernos, las empresas y los organismos internacionales? Contame sobre las experiencias que se dieron en Uruguay en ese sentido…

Yo creo que sí se puede y que además es fundamental. En la década del ’60 si uno se ponía como defensor a ultranza de la educación pública y se definía de izquierda era visto a lo sumo como un socialdemócrata. Esto era porque se consideraba que la escuela pública en última instancia era una institución reproductora de las contradicciones sistémicas del capitalismo. Pero lo cierto es que con los avances mercantilizadores y privatizadores de los ’80 hasta hoy y más en América Latina donde la privatización de la educación es la más alta del mundo, la defensa a ultranza de la educación pública ha sido una seña identitaria de una política de izquierda y está bien que sea así. Pero desde una perspectiva transformadora habría que decir que uno tiene que defender la educación pública y al mismo tiempo ir transformándola. Y ahí el asunto es ¿cómo se transforma?

El movimiento pedagógico uruguayo de los ’40 fue un movimiento más reformista que revolucionario pero tiene algunos aspectos metodológicos que son bien interesantes, para pensar desde el campo popular un proyecto de reforma educativa.

En primer lugar, estaba liderado por las y los docentes. Ahí hay personajes múltiples como Julio Castro, Reina Reyes, Jesualdo Sosa y podríamos citar otros.

El segundo elemento es que tenían una consigna que ya venía de los ’30, que es muy fuerte y es común a toda la pedagogía crítica que es “la escuela sola no puede”. O sea, las instituciones escolares no pueden de ninguna forma resolver solas los problemas del mundo ni de la humanidad pero ni siquiera los problemas educativos. Por lo tanto es necesario un enfoque que vaya más allá de lo educativo reducido al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Los docentes que lideraban este proceso también generaban teoría pedagógica general, tomando distintas experiencias, corrientes de distinto tipo, algunos influenciados por el marxismo y la mayoría por el “escolanovismo” pero todos con un pensamiento propio, situado en el Uruguay.

El tercer elemento destacable es que generaron algunos movimientos como las “misiones pedagógicas” que trascendían a los docentes e involucraban a la comunidad y el estudiantado. Un movimiento que mostraba en los hechos que “la escuela sola no puede”, ampliando los sujetos en lucha para disputar el sentido de la educación y la sociedad en que se vive.

Por último, fueron punta de lanza de la denuncia de las condiciones de vida de los “pueblos de ratas”, de los rancheríos, Frente a un Uruguay que se creía la tacita de plata, ellos entraron a mostrar que ese Uruguay era meramente discursivo, existían contingentes muy importantes de la población viviendo en condiciones absolutamente deplorables. Y ese movimiento pedagógico, no es el único actor pero sí uno muy importante, que pelea por la reforma agraria, que pone en la agenda la reforma agraria.

Tal vez los temas no tengan que ser hoy todos los mismos, aunque muchos siguen vigentes, pero son esos cuatro elementos los que se pueden tomar para decir desde el punto de vista metodológico qué cosas deberíamos pensar para impulsar un movimiento pedagógico en la actualidad.

Fuente de la Entrevista:

https://laizquierdadiario.com/Quieren-hacer-del-trabajo-docente-algo-facilmente-sustituible

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Argentina: Kalyn aseguró que se está llevando a cabo un «Congreso pedagógico» pensando en octubre

Noticias

Argentina / 3 de septiembre de 2017 / Autor: Redacción / Fuente: Formosa Expres Diario

Cesar Kalyn, integrante de Tribuna Docente se refirió al «III Congreso Pedagógico» que se está desarrollando en Formosa e indicó que «como sucede desde 2013, el gobierno de la Provincia ha lanzado como parte de la campaña electoral otro Congreso Pedagógico Provincial» y que «como en años anteriores, este evento no es más que un gran montaje ritualizado para disciplinar y regimentar a la docencia provincial, y maniatarla electoralmente de cara a las elecciones de octubre». «Más allá de las loas sempiternas al gobierno provincial y la mención genuflexa hasta el hartazgo del Gobernador, en el plano específicamente pedagógico el Congreso apunta a difundir, con el verso de la ‘capacitación’, las líneas ideológicas que sostienen la política de destrucción de la educación pública», agregó.

Kalyn dijo que como ya han señalado desde Tribuna Docente, la política educativa provincial, alabada por el mismísimo ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, es una versión de las políticas ‘neoliberales’ recomendadas por el Banco Mundial. «En su núcleo, esta política apunta al vaciamiento de la educación pública, a su progresiva privatización y a reducir la educación a un mero entrenamiento básico de putativas destrezas laborales para un mercado de trabajo degradado y casi inexistente en la provincia. Es una política que apunta a destruir la educación y producir mano de obra barata y dócil», sentenció.

Y continuó: «lo que no se va discutir en este Congreso Pedagógico trucho es por qué los salarios docentes han sido sistemáticamente mantenidos por debajo de la inflación y ha empeorado la precarización del empleo en el ámbito educativo. No se indagará acerca del ataque brutal a la jubilación docente pergeñado por el gobierno provincial el año pasado. No se examinará el estado calamitoso de los edificios educativos. Tampoco se discernirá por qué el autoritarismo se ha profundizado en la provincia y está adquiriendo ribetes totalitarios. No se debatirá acerca de por qué se reprime violentamente a los estudiantes secundarios en los establecimientos educativos públicos. Ni siquiera estará en la agenda a discutir el tradicional manejo arbitrario y discrecional del acceso a los cargos y el quebrantamiento regular de las normas y leyes, ni por qué se recortan más aún las libertades democráticas consagradas por las normas anteriores –por ejemplo, se ha reducido al mínimo la representación docente en Juntas-«.

«Se dará por descontado que tenemos que trabajar en un ámbito donde son comunes persecuciones e intimidaciones. Nada de esto se ‘desnaturalizará’, digamos, para usar la verborrea seudo-progresista de los ‘expertos’ en aniquilamiento de la educación pública», expuso el docente.

«En síntesis, en este Congreso no se discutirá de educación ni de nada que interese a los estudiantes, a los docentes y al pueblo laborioso formoseño en general. Solo es una pantomima proselitista del PJ», disparó.

«Desde Tribuna Docente denunciamos a este supuesto Congreso Pedagógico como una farsa cínica y convocamos a los trabajadores docentes a organizarnos y luchar para detener el ajuste y el ataque a la educación pública orquestado por Gildo Insfrán y Macri. Organicemos un verdadero congreso docente de base de toda la provincia que discuta los verdaderos problemas que aquejan a la docencia y que elabore un plan de lucha en defensa de nuestro salario y de la educación», cerró Kalyn.

Fuente de la Noticia:

https://www.expresdiario.com.ar/index.php/locales/item/63795-kalyn-aseguro-que-se-esta-llevando-a-cabo-un-congreso-pedagogico-pensando-en-octubre

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