México: Un total de 9.6 millones de mujeres mayores de 12 años fue victima de alguna forma de ciberviolencia en el 2021

Por: Elda Montiel

Tipificar como delito la ciberviolencia en la Ley General de Acceso a las Mujeres, en Cámara de Diputados.

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo del 2023.- La diputada de Morena, Yessenia Leticia Olua González presentó una iniciativa para tipificar como delito la ciberviolencia en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y la coordinación entre todas las instancias del gobierno federal, estatal y municipal así como instancias de las mujeres  para la recuperación física, social y psicológica.

En los argumentos de la iniciativa enviada a la Comisión de Igualdad de Género, se específica que del total de mujeres usuarias de internet en el 2021, el 22.8 %, unos 9.6 millones de mujeres, fue víctima de alguna forma de ciberviolencia, el 60 por ciento entre las edades de 12 a 29 años.

Soló los estados de Baja California, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala contemplan la reparación del daño a las víctimas y víctimas indirectas y además de brindar atención psicológica al agresor también se considera a la víctima para recibirla. En Campeche, Chihuahua, Durango y Quintana Roo sólo al agresor.

La iniciativa considera que la ciberviolencia contra las mujeres es un hecho latente que, si  bien la reconocen diversas leyes estatales e instituciones, saben que existe y se trata de combatir, dicho concepto no está armonizado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a pesar de que hay una similitud con el término de violencia digital, dado que lo refiere como modalidades de violencia.

Se busca que la ciberviolencia esté tipificada como tipo de violencia contra la mujer y no quede únicamente como un modo, “debido a que la violencia existe y claramente está tipificado como delito en el Código Penal Federal”.

Se expone en la iniciativa que la ciberviolencia podrá constituirse en un tipo de delito que puede derivar en daños morales, psicológicos, económicos e incluso llevar al suicidio, y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

También, propone establecer coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los municipios, las instituciones impartidoras de justicia y los institutos o secretarías de la mujer, con el fin de lograr en la mujer una pronta recuperación física, social y psicológica del daño causado por la violencia familiar.

Enfatiza que los tres órdenes de gobierno y las fiscalías encargadas de la procuración de justicia en contra de la violencia familiar, deben velar por la reparación del daño y asesorar en todo momento a la mujer con el objetivo de salir adelante y superar la violencia sufrida.

Fuente de la información e imagen: https://www.semmexico.mx

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Los nueve derechos humanos vulnerados durante la pandemia del COVID-19 en El Salvador, según informe

América Central/El Salvador/27-09-2020/Autora: Liseth Alas/Fuente: www.elsalvador.com

Escasez de agua, negación a la salud, la falta de transparencia de datos y detenciones arbitrarias, entre otros, son parte de los derechos humanos fundamentales vulnerados durante la emergencia del coronavirus en El Salvador en el marco de las medidas aplicadas por el Gobierno, según los resultados de la Contraloría Social de la Gestión Pública de la Pandemia causada por el COVID-19 que desarrolló la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud y el Foro Nacional de Salud.

El informe fue presentado este martes en un evento en línea organizado por las instituciones, donde se expusieron los datos recopilados a través de una encuesta virtual en la que participaron los líderes de las comunidades, quienes se han mantenido vigilantes de las necesidades que ha atravesado la población de sus sectores durante la pandemia.

La muestra se recopiló con 253 personas y se desarrolló del 1 de mayo al 31 de julio en 60 municipios de nueve departamentos de El Salvador.

La contraloría concluyó que por lo menos nueve derechos humanos fundamentales han sido vulnerados en el país durante las medidas aplicadas por el Ejecutivo, algunos de estos pese a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que, según el análisis, fallaron a favor de la ciudadanía que se amparaba en esta al considerar que se tomaban decisiones arbitrarias que los afectaban.

“Qué significa, que estos derechos han sido transgredidos por la autoridad o por es Estado”, indicó el consultor Marcos Fermán, quien fue el encargado de la ponencia del documento.

De acuerdo con los resultados de la contraloría estos son los derechos humanos cuestionados a la gestión pública de la pandemia:

1. Derecho a participar en la toma de decisión en los asuntos públicos a nivel local

Ni el gobierno central ni las alcaldías han involucrado a las comunidades en sus planes de prevención y sobre todo en la fiscalización de los recursos financieros y sanitarios para la atención del COVID-19, explicó Fermán.

“Antes de la pandemia y hoy con la pandemia, todos los problemas y procesos se ven cuestionados... La participación ciudadana en su sentido estricto ha sido violentada”, agregó.

2. Derecho de acceso a recibir información pública

Este derecho es complementario al de participación, dijo el consultor, pues incluso está estipulado en el artículo 6 de la Constitución de la República y en la Ley de Acceso a la Información Pública. De acuerdo con el estudio, el 65% de los encuestados indicó no haber recibido información sobre cómo prevenir el COVID-19 por parte de ninguna entidad local o del gobierno central.

“El Salvador ha sido uno de los países un tanto más cuestionados, porque una de las disposiciones que se tomó en uno de los decretos fue cerrar todos los procesos administrativos y judiciales, el acceso a la información es un proceso administrativo y en la pandemia se cerró… Hay gente que aún ha solicitado información y no se la han entregado”, apuntó Fermán.

Lamentó que durante la pandemia “el Gobierno de El Salvador puso en cuarentena el acceso a la información, eso debe de quedarnos claro que estamos frente a un gobierno con poca vocación democrática”.

También cuestionó a los diputados: “Esta fue una ley de emergencia nacional y se les pasó, dejando de responder las solicitudes de información, donde se suspendían los procesos administrativos y judiciales”.

3. Derecho a la integridad personal

Esta vulneración se refirió a las atribuciones que el Gobierno otorgó a la Policía y Fuerza Armada y las retenciones que se desarrollaron por presuntamente violar la cuarentena, lo que provocó que ciudadanos se avocaran ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y esta determinó que no se debía restringir la circulación de personas.

Según datos de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) retomados en el informe, del 21 de marzo al 13 de abril se recibieron 471 denuncias “por acciones arbitrarias de diversa índole, principalmente detenciones abusivas sobre quienes infringían la norma de aislamiento”.

Centro de Contención en el Injuve de la colonia Zacamil. Muchos denunciaron hacinamiento, falta de pruebas y mucho tiempo retenidos. Foto EDH / archivo

“Quiero señalar que la restricción del derecho a la libre libertad de tránsito establecida en la Constitución de la República solo se puede establecer en los estados de excepción no en una emergencia, esa es una gran confusión que ha tenido el gobierno central”, afirmó el consultor del Foro Nacional de Salud en la ponencia.

Además, se refirió a otro error que, según él, se está cometiendo en la actualidad al exigir la prueba COVID-19 a los salvadoreños que ingresan al país. “Después rectificaron la plana y dicen que a quienes se les está exigiendo es a las aerolíneas… se siguen vulnerando derechos, muchos constitucionalistas ya se pronunciaron”.

4. Derecho a la seguridad personal y seguridad ciudadana

El 45% de los encuestados consideró que se descuidó la seguridad en las comunidades, el 30% percibió que no, mientras 10% dijo que no sabe y un 15% señaló que “la inseguridad se traduce en hechos de violencia contra las mujeres”.

5. Derecho a la salud

Un 37% de los participantes en la consultoría dijo que se les negó la atención a la salud “porque solo se atendían casos” relacionados al COVID-19. Manifestó que, incluso, hubo centros de salud que optaron por cerrar o suspendieron la consulta externa.

La consulta externa en el ISSS y hospitales públicos permaneció suspendida durante la emergencia. Foto/ Archivo

 “No han estado atendiendo las enfermedades crónicas, solo dan el medicamento y no le dan seguimiento de cómo es que va la salud, no hay promotores de salud en algunas comunidades”, señaló Yeni Jiménez, representante del equipo coordinador de la Mesa Nacional Territorial.

6. Derecho a la alimentación

El informe cuestiona las canastas de alimentos que entregó el Gobierno al considerar que lo hizo de forma desproporcional y que hubo personas de escasos recursos que no fueron beneficiarias ni del paquete de comida ni con el bono de $300. Además, critican “el tipo de comida” que se repartió que “no tiene un enfoque cultural”.

“Y yo recibí platanitos, pensaba ver huevos, frutas pero algo es algo no” escribió Carolina en su cuenta de Twitter junto a la foto de la primera bolsa de víveres que recibió.

“Quienes no tienen energía eléctrica no se vieron beneficiados con la canasta y los que intentaron obtenerla fue toda una odisea”, señaló Alba Villatoro, de la Mesa Territorial de Prevención de Violencia Social hacia la Mujer.

“Hubo mucha improvisación, falta de planificación y falta de participación de la gente en la toma de decisión”, dijo Fermán.

“La alimentación no se está regalando, al final pagamos el costo del alimento y del bono”, sostuvo Jiménez.

También, en el análisis se señala que no hubo control de precios de la canasta básica durante la emergencia.

7. Derecho a la educación y la cultura

“La pandemia expuso la brecha digital existente en la familia”, indicó Fermán. Agregó que maestros y padres de familiar han tenido que invertir en internet para continuar en línea las clases, incluso, tienen conocimiento, que hay quienes deben pagar por impresiones de las guías.

Edgardo recibe sus clases a través de canal 10. La nueva modalidad de envío de tareas por WhatsAPP les ha generado un gasto a su familia. Foto EDH/ Yessica Hompanera

“Esto significa que la educación ha dejado de ser pública y gratuita, porque hay muchos maestros y familias que han tenido que pagar internet y conseguir los dispositivos para las clases”, aseveró el consultor.

8. Derecho al acceso al agua

El 41% de los encuestados dice que desde siempre ha estado desabastecido de agua potable; un 26% afirmó que no contó con el servicio durante la pandemia, mientras un 31 % expresó que sí contó con el suministro y un 2% respondió que no sabe.

El informe criticó que los municipios más afectados por la escasez de agua son los que registran más contagios de COVID-19, entre estos San Salvador, Soyapango y Santa Tecla.

“El GOES y entidades de salud han enfatizado que el primer frente de defensa es el lavado de manos con agua y jabón”; no obstante en El Salvador, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019, “para ese año 131,918 hogares urbanos y 154,887 rurales no tenían un nivel de acceso básico y elemental al agua”.

“El tema del agua se ha evidenciado y colocado en la agenda pública durante la pandemia, pero siempre hemos estado desabastecidos de agua, siempre ha caído de manera irregular y siempre hemos tenido agua de mala calidad”, cuestionó Fermán.

9. Derecho a un vida libre de violencia para las mujeres

El 49% de los participantes en la encuesta respondió que sí tiene conocimiento de hechos de violencia contra la mujer en el marco de la pandemia, un 40% dijo que no y un 11% respondió que no sabe.

De los casos registrados, según los datos recopilados en el informe, solo un 9% (25 personas) se atrevió a denunciar, pero de estos solo 1% (3 personas) fue atendido.

A criterio del experto “la Policía descuidó la seguridad ciudadana y personal por atender la pandemia, eso no es malo, pero yo debo saber administrar los recursos para atender la pandemia, pero sin descuidar las otras atenciones o la realización de otros derechos”.

El confinamiento por la pandemia del COVID-19 se ha sumado a los patrones culturales ya existentes, como el caso del machismo, para que se repitan actos violentos contra centenares de salvadoreñas. Foto Referencia. Archivo

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nueve-derechos-humanos-vulnerados-pandemia-coronavirus/756151/2020/
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Sandra Campó: “Tenemos derecho a vivir una sexualidad libre de violencia”

Redacción: Wapa

Distintas mujeres fueron reconocidas por su labor en el empoderamientofemenino. Sandra Campó fue una de ellas.

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América Latina y su lucha contra los feminicidios

Redacción: Crónica Viva

Parte de un mural de manos ensangrentadas, con los nombres de algunas de las mujeres víctimas de feminicidio, durante una movilización en la capital de Argentina, bajo la consigna #NiUnaMenos. En las sociedades latinoamericanas crece la sensibilización contra estos crímenes machistas, mientras se promueven nuevas medidas para ponerle freno.

Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

Varias iniciativas buscan reforzar el combate contra los feminicidios en América Latina, una región dónde pese a la creciente movilización popular y a ser pionera en la legislación contra ese crimen de género, todavía se registran los peores índices del mundo de este genocidio silencioso, destaca ONU Mujeres.

“La normalización de la violencia contra las mujeres y las niñas, la falta de servicios integrales y de calidad que identifiquen patrones de violencia que podrían terminar en femicidio, la carencia de datos y las investigaciones sin perspectiva de género, son comunes a todos los países”, sintetizó la situación latinoamericana la directora regional de ONU Mujeres, Luiza Carvalho, en una entrevista exclusiva con IPS.

“Poner fin a la impunidad es fundamental. Hay países en la región donde la impunidad al feminicidio alcanza hasta 95 por ciento de todos los casos”, alertó Carvalho desde su sede en Ciudad de Panamá.

Una de las nuevas estrategias es la Iniciativa Spotlight, impulsada por la Unión Europea y las Naciones Unidas para la eliminación del feminicidio. De una inversión inicial de 500 millones de euros (562 millones de dólares), 55 millones serán destinados a América Latina.

Spotlight aborda el fenómeno de los asesinatos por razones de género en forma integral mediante seis pilares: la normativa por la igualdad de género, el fortalecimiento institucional, la prevención primaria, los servicios de calidad, la recolección de datos y el fortalecimiento del movimiento de mujeres.

La campaña que se lanzó en Argentina, el 21 de marzo incluye también a El Salvador, México, Guatemala y Honduras, que fue el primer país donde se lanzó a nivel mundial.

La selección de esos países, explicó Carvalho, responde a factores como la tasa de prevalencia del feminicidio, el compromiso de sus autoridades de implementar leyes y políticas nacionales para mejorar la situación de las víctimas, y el dinamismo de los movimientos de la sociedad civil.

En el caso de Argentina, “el movimiento #NiUnaMenos puso la atención sobre este fenómeno como una situación inadmisible, demostrando que tiene mucho que enseñarle a la región y al mundo”, destacó la alta funcionaria de nacionalidad brasileña, sobre la toma de las calles contra los feminicidios que se ha extendido por otros países de la región.

Desde 1994, la región cuenta con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en la ciudad brasileña de Belém do Pará, Brasil, que formalizó la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos.

Ese instrumento internacional suscrito por 32 países estableció por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de las mujeres en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como privado.

En 2013 se incluyó dentro de ella la figura penal del feminicidio/femicidio.

Según Carvalho con esa Convención, la región se convirtió en “pionera a nivel global en materia de legislación de violencia contra mujeres”.

El feminicidio está integrado al Código Penal en 12 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana y Uruguay). Otros seis lo tipifican en leyes ajenas a esos códigos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela).

Además, los 32 países participantes en la Convención tienen leyes que protegen los derechos de las mujeres y niñas que experimentan violencia doméstica o intrafamiliar.ra

Para avanzar en esos logros, el 15 de marzo, en Washington, ONU Mujeres, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (Mesecvi), lanzaron oficialmente una Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas.

También presentaron un Análisis de Legislación sobre Femicidio/Femicidio en América Latina y el Caribe e Insumos para una Ley Modelo sobre ese tipo de homicidio machista.

La ley modelo “busca servir de base para crear o actualizar la legislación sobre muerte violenta de mujeres en la región, así como fortalecer las acciones de prevención, protección, atención, investigación, persecución, sanción y reparación integral”, explicó Carvalho.

Un estudio de Small Arms Survey arroja que en América Latina están 14 de los 25 países con mayores tasas de feminicidios en el mundo por cada 100.000 mujeres, en un listado que encabezan El Salvador, Honduras y Guatemala.

Carvalho lo atribuyó a la inexistencia de medidas integrales “lo que provoca una brecha entre los derechos formales y el acceso efectivo a la justicia de las mujeres”.

“La convención de Pará fue clara en señalar que se necesita una mirada integral de la violencia contra las mujeres, es decir, además de penalizarla, los Estados deben desarrollar acciones de prevención, protección, investigación y reparación, tanto para las familias de las víctimas como para las sobrevivientes”, recordó.

Pero, criticó, “los Estados no manejan cifras de reparación, de mujeres desaparecidas, de datos genéticos que permitan la ubicación de las víctimas ni otros mecanismos que permitan garantizar sus derechos”.

“Necesitamos estadísticas comparables para analizar y comparar entre países lo que funciona y lo que no para erradicar el femicidio. Cuando disponemos de mejores estadísticas podemos ver los patrones y la gravedad de la situación y formular políticas bien fundamentadas”, puntualizó.

Además según la directora regional de ONU Mujeres en los códigos penales de la región persiste un “androcentrismo”, que se traduce “en un contexto normativo adverso para la adecuada tipificación de los tipos penales que sancionen las formas específicas de violencia hacia las mujeres”.

Un problema que se agrava, indicó, por “una doctrina penal que no ha integrado la perspectiva de género y opone resistencias”.

“Cuando las mujeres son asesinadas, estos casos deben investigarse de inmediato con la presunción de que el caso es un femicidio, como en México. Los casos deben investigarse adecuadamente sin estereotipos y prejuicios de género, y deben hacerse reparaciones”, exhortó Carvalho.

Según el Mesecvi, los Estados Parte destinan menos de uno por ciento de sus presupuestos totales a las acciones de lucha contra la violencia de género.

“Las leyes integrales necesitan de presupuestos para poder ser implementadas”, señaló Carvalho.

“También debemos poner un gran énfasis en la prevención porque, aunque metamos en la cárcel a todos los agresores, si no cambiamos las causas estructurales, las actitudes y las percepciones que originan la violencia contra las mujeres, nunca vamos a terminar con ella”, continuó.

Para Carvalho, “a pesar de algunos cambios prometedores, encabezados por los jóvenes de la región, la tolerancia social de la violencia contra las mujeres y las niñas se mantiene, y se necesita una modificación de las normas sociales para abordar las masculinidades dañiñas”.

La experta citó el ejemplo de Colombia, que en 2015 aprobó una ley que involucra al sector educativo en actividades de prevención.

“Entender que el femicidio es el acto último en una cadena de actos de violencia contra las mujeres, significa entender que el sector sanitario, los servicios sociales, la policía y el sistema judicial deben trabajar juntos”, opinó.

En esa dirección mencionó proyectos “exitosos” como uno Uruguay que integró los tribunales, la policía y el Instituto Nacional de Mujeres.

En una situación de riesgo un juez puede ordenar al agresor que use bandas electrónicas conectadas a un dispositivo que la mujer en riesgo lleva consigo. Si el agresor se acerca a ella, el dispositivo alerta automáticamente a la policía. Durante el programa ambos reciben también apoyo psicológico.

“Hasta ahora ninguna de las mujeres que forma parte de ese programa ha sido asesinada”, subrayó Carvalho esperanzada.

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/columna/america-latina-rearma-su-estrategia-contra-los-feminicidios/

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Costa Rica busca impulsar empoderamiento de niñas para vivir sin violencia

Costa Rica/04 de Diciembre de 2017/W Radio

Costa Rica busca impulsar el empoderamiento de las niñas como clave para romper la violencia y la discriminación, aunque enfrenta retos en el acceso a la salud sexual y reproductiva, informó hoy una fuente oficial.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Costa Rica conmemoraron hoy el Día Internacional de la Niña, que se celebra cada 11 de octubre, pero que en esta ocasión tuvo que ser trasladado debido a los estragos causados por la tormenta tropical Nate en el país.

En la actividad las autoridades resaltaron la importancia de empoderar a las niñas para evitar todo tipo de violencia o discriminación basada en su género, su origen, su discapacidad o condición de migrante.

La ONU indicó que busca asegurar que las niñas en situaciones de crisis sigan siendo una fuente de poder, energía y creatividad, pero al mismo tiempo evidenciar que se encuentra entre los grupos más frágiles.

«Las niñas y niños tienen los mismos derechos pero el acceso a las diferentes oportunidades no existen. Las niñas son las que más sufren los impactos de los desastre naturales o los conflictos generados por el hombre, son las que más sufren el abandono educativo por diferentes condiciones como el embarazo», afirmó a Efe el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Gordon Jonathan Lewis.

Datos oficiales indican que en 2014 uno de cada 13 nacimientos en Costa Rica se dio en mujeres menores de 18 años, y 5.183 de los nacimiento se dieron en adolescentes madres entre los 15 y 17 años. Mientras que 509 embarazos fueron en niñas de 14 años o menos.

Además, una de cada tres menores de 14 años no tuvo un control prenatal completo y de ellas 305 niñas no declararon quién es el padre.

Según el funcionario, Costa Rica enfrenta retos principalmente en el acceso a la salud sexual y reproductiva, y pese a tener un buen marco normativo en materia de derechos humanos debe implementar políticas complementadas con buenos presupuestos, financiación saludable y cambios en la perspectiva de la gente para mejorar la equidad entre los niños y niñas.

La vicepresidenta costarricense, Ana Helena Chacón, manifestó en su discurso que «ya es hora de construir una sociedad igualitaria, sin miedos, sin sufrimientos y sin exclusión. Debemos impulsar acciones que permitan alcanzar una efectiva participación de las niñas en las decisiones que las afectan».

El tema elegido para esta ocasión fue «EmPODERar a las niñas: planificación de la respuesta y resiliencia ante las emergencias», en donde se busca destacar que las niñas en situaciones de crisis se encuentran entre los grupos más vulnerables.

En el acto oficial participaron niñas y adolescentes quienes levantaron su voz para compartir sus experiencias en situaciones de vulnerabilidad como la maternidad adolescente, discapacitada, o pertenecer a una minoría usualmente discriminada como ser indígena o sexualmente diversa.

Fuente: http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/costa-rica-busca-impulsar-empoderamiento-de-ninas-para-vivir-sin-violencia/20171129/nota/3651522.aspx

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España: Invitan a imaginar «una sociedad sin violencia de género»

España/14 de Noviembre de 2016/Lanza Digital

La concejal de Mujer, Alicia Loro, acompañada de las técnicos del Centro de Mujer, ha presentado las actividades programadas por su delegación para conmemorar el Día internacional en contra de la Violencia de Género, que se celebra cada 25 de noviembre. Una programación que sumándose al lema del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ‘Imagina una sociedad sin violencia de género’, trae algunas novedades. Entre las  más destacada, el proyecto «Daimiel sumando esfuerzos» y el café-coloquio «La violencia de género desde diferentes perspectivas».

Loro ha hecho especial hincapié en que todas estas actividades pretenden concienciar y sensibilizar acerca de este problema, dirigiéndose sobre todo a dos colectivos concretos. Por un lado, los jóvenes, «que lamentablemente están reproduciendo ciertos estereotipos y un sexismo que parecían erradicados, así como a aquellas mujeres que han normalizado y cronificado situaciones de violencia de género», remarcaba la concejal.

De esta forma se trabajará la prevención en el ámbito que proporcionan los institutos educativos, que, como ha explicado la psicóloga del Centro de Mujer, Esther Gordillo, «se realizarán varias actividades para educar en igualdad y prevenir la aparición de la violencia de género». De esta forma, los alumnos de 1º de Bachillerato van a llevar a cabo una formación y unos talleres encaminados principalmente a prevenir la violencia sexual, «incidiendo en el principio ético que supone el consentimiento en torno a las relaciones sexuales», puntualizaba Gordillo.

Una formación que se llevará a cabo en el IES Ojos del Guadiana el lunes 14 de noviembre y en el Juan D’Opazo el miércoles 16. Pero además, se ha enviado material dirigido a todos los cursos de la ESO y Bachillerato, «con los que se trabajará en torno a la violencia de género a través de un corto, unas preguntas de reflexión y unos documentos referidos a los derechos sexuales de las personas».

Asimismo, de nuevo Daimiel será una de las sedes que acogerán el espectáculo musical contra la violencia de género promovido por la Diputación de Ciudad Real, que se desarrollará el jueves 24 de noviembre en el Pabellón de Deportes y que está dirigido a jóvenes de 1º y 2º de la ESO de los institutos locales. Para finalizar, de nuevo se lanza el Concurso de Eslóganes para jóvenes y cuya resolución será el viernes 25 de noviembre dentro de los actos centrales contra la violencia de género en el día que se conmemora esta efeméride.

Fuente: http://www.lanzadigital.com/news/show/sociedad/invitan-a-imaginar-una-sociedad-sin-violencia-de-genero/106928

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Venezuela: Con talleres y jornadas educativas Iremujeres lucha contra violencia de género

Venezuela/Septiembre de 2016/La Región

La violencia de género es una problemática que se encuentra presente de manera constante en la sociedad actual. Un gran número de mujeres son maltratadas física y verbalmente. Incluso se han registrado infinidades de casos en los que algunas féminas han sido asesinadas por sus parejas o familiares; esto se conoce como feminicidio. Este término se refiere al homicidio de una mujer por motivos de género.

El Instituto Regional de Mujeres del estado Miranda es una fundación autónoma impulsada por la gobernación del estado. La misión de este centro es orientar a las mujeres de la entidad sobre sus derechos y de igual forma promoverlos.

En la conocida Casa de la Mujer se atienden diversos casos que tienen que ver con el sexo femenino directamente y la problemática que representan las parejas abusivas. Hay asistencia psicológica y organismos de denuncia, y a su vez programas de planificación familiar y planes sociales de emprendimiento.

Según Deliana Torres, directora general de la institución, se atiende a un aproximado de 15 mujeres al día que asisten al sitio por distintos motivos. También a un estimado de seis hombres que pertenecen a programas de transgresores.

“Somos los únicos en Miranda que ofrecemos programas educativos para los maltratadores”, comentó

Torres sostuvo que las principales causas de muerte de mujeres víctimas de violencia se presentan en el ámbito familiar o en su entorno social; pueden ser por parte de algún novio, esposo o hasta expareja; se han presentado casos en los que los maltratos son por parte de los hijos hacia las madres.

–La parte económica influye cuando las mujeres son dependientes del hombre en este aspecto. Por otro lado, hay algunas que aguantan agravios de sus parejas para no tener que separarse, ya que estos hombres son los padres de sus hijos.

El instituto le ofrece atención integral directa a la víctima y además se ofrecen programas de prevención que buscan disminuir las cifras. “Pretendemos promover el empoderamiento, la independencia económica y el crecimiento personal; queremos que ellas sepan que deciden sobre su cuerpo y no deben estar forzadas a mantener relaciones sexuales”, aseguró.

En Iremujeres se les brinda el acceso a la salud física y mental; cuentan con un grupo de psicólogos, trabajadores sociales y orientadores. También apoyan en el área de salud sexual, en la que ofrecen orientación sobre diversos métodos anticonceptivos y hasta esterilización.

Para el primer trimestre del presente año se registraron 1.442 casos pertenecientes a varias zonas del estado Miranda atendidos en el instituto. En el segundo ya existía un total general de 1.096 casos atendidos. Se han realizado varias jornadas de difusión y charlas.

Asimismo, cuentan con un departamento de asesoría legal. La directora asevera que si la mujer en cuestión está viviendo una situación hostil, en Iremujeres se le ayuda e intenta impulsar para que busque los entes correspondientes para salir de esa situación. “No dictamos medidas pero sí damos la asesoría”, dijo.

Existen 21 tipos de violencia en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; entre ellos psicológica, laboral y el acceso carnal violento.

La doctora Milagros Belisario, consultora jurídica del instituto, expresó que todos estos delitos están penados por la ley y que el grado de la pena o medidas varían dependiendo del nivel de la agresión. “Algunas transgresiones pueden terminar hasta en 30 años de prisión”, manifestó.

–Desde acá las remitimos a las dependencias correspondientes para que tomen medidas al respecto. Tanto la fiscalía como el Cicpc y la policía tienen el deber de atender estos casos.

Ambas profesionales mencionaron que ninguna mujer debería ser maltratada y que cualquiera que sea víctima de violencia puede acercarse al instituto ubicado en la calle 19 de abril de Los Teques para ser orientada sobre este tema o comunicarse al 0212 323 28 52.gf

Fuente: http://www.diariolaregion.net/2016/09/06/con-talleres-y-jornadas-educativas-iremujeres-lucha-contra-violencia-de-genero/

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