A vuelto a suceder en todos los medios al referirse a los cuatro violadores que actuaron en la provincia de Alicante en 2019 como “la manada de Callosa”.
Llamar “manadas” a las violaciones grupales es hacer un homenaje y un reconocimiento a los cinco violadores que llevaron a cabo su agresión bajo esta denominación en los sanfermines de 2016, y darle carta de naturaleza a su estrategia de ataque sexual grupal qué otros hombres han imitado de ellos y del “reconocimiento” mediático obtenido, hasta el punto de que uno de esos grupos en Tenerife se denominó a sí mismo como “la nueva manada”.
Pero además del reconocimiento a los violadores de Pamplona, referirse a estas agresiones como “manadas” tiene otras consecuencias en la práctica:
Llamar “manada” a un grupo de hombres los presenta como “animales o bestias”, lo cual puede parecer muy gráfico como calificativo, pero de ese modo se crea la imagen de que su conducta forma parte de la brutalidad animal, no de la racionalidad humana que lleva a planificar la agresión sexual, y a actuar en consecuencia adoptando todos los mecanismos de protección que eviten las consecuencias negativas para quien la ejecuta, como se comprueba en las sentencias judiciales al describir los “hechos probados”.
Por otra parte, se genera la sensación de que la manada aparece de forma espontánea con el propósito de delinquir y llevar a cabo la violación, y se crea la imagen de que ese grupo de hombres, antes y después de ser “la manada” de turno, son hombres ajenos a ella que sólo forman parte de la misma en una especie de trasmutación. La realidad es justo la contraria, son esos hombres normales que trabajan, se relacionan y divierten en circunstancias muy diferentes los que deciden realizar la violación, y para ello se juntan con el objeto de actuar según su decisión.
La singularización del grupo de hombres como “manada” facilita que cada uno de sus integrantes se difumine entre el conjunto perdiendo protagonismo y responsabilidad, como si no hubiera determinación individual y todo fuera consecuencia de una decisión superior impuesta por ese “sujeto” presentado como “la manada”.
Y no son manadas, son hombres. Hombres que violan como el resto de los hombres que deciden llevar a cabo agresiones sexuales, unos solos, otros en compañía,pero todos juntos hacen que aproximadamente el 13% de las mujeres de la Unión Europea hayan sido víctimas de violencia sexual, bien en las relaciones de pareja (7%), o fuera de ellas (6%), tal y como recoge el Informe de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA, 2014).
La referencia al grupo como organización criminal al asociar “manada” con “grupo de hombres que violan”, tiene un efecto similar a llamar a un número de delincuentes “banda criminal”, como, por ejemplo, cuando se habla de “banda terrorista”, “banda armada” o de “banda de narcotráfico”. Esta situación genera dos consecuencias añadidas:
La primera, sitúa las acciones criminales como un problema de determinadas organizaciones, algo que en el caso de la banda criminal tiene sentido, puesto que actúa contra las referencias del orden dado, pero no en “las manadas”, porque en este caso se trata de un problema social y estructural integrado en la violencia de género, el cual parte de todos los mitos y estereotipos creados por la cultura para justificar la violación. Mitos que culpabilizan de lo ocurrido a la propia víctima o a las circunstancias, tal y como recogen los estudios, entre ellos el del CIS de julio de 2017. En él se aprecia que un 72’2% de la población piensa que cuando una mujer es violada se debe a que ella provoca la agresión (“coquetea”, invita a copas, tipo ropa que viste…), y un 8’5% cree que ella tiene la culpa (andar sola, estar bebida, ir con desconocidos…)
Y en segundo lugar, hace creer que sólo son criminales o sólo violan los que forman parte de la banda o de la manada, lo cual vuelve a tener sentido para una organización criminal, pero no para un grupo de hombres que se divierten y utilizan las circunstancias para violar. Esa posición que identifica la violencia sexual con el grupo hace creer que el resto de los hombres no delinquen o no violan, cuando en realidad pueden hacerlo, solos o en compañía, si así lo deciden, tal y como reflejan las estadísticas.
Todo empezó con la “manada de Pamplona”, pero después los medios y las redes han continuado su historia al referirse a otras violaciones grupales como la “manada de Manresa”, la “manada de Tenerife”, la “manada de Azuqueca de Henares”, la “manada de Collado Villalba”, la “manada de Mataró”, la “manada de Sabadell”… más de 36 manadas hasta la última de estos días atrás, la “manada de Callosa”, que ha cobrado actualidad con la celebración del juicio.
No son manadas, son hombres que violan.Ni siquiera son hombres juntos que violan, sino hombres que se juntan para violar.
Si no llamamos a las cosas por su nombre y a los hombres por sus hechos,estaremos hablando de realidades diferentes y dejando en el lado oculto a la violencia de género en sus distintas expresiones. Y al mismo tiempo sacaremos a la luz a los agresores y les haremos un reconocimiento al llamarlos con el nombre que ellos mismos se dieron, y por el que se les identifica popularmente.
Una petición o ruego, no usemos más el nombre de “manada” para referirnos a los hombres que actúan en grupo para violar.
América del Sur/Colombia/16-05-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
De acuerdo a la REDFIC, a los 12 casos de agresión sexual reportados por Temblores en el país, se les suma 14 más registrados en el Suroccidente.
La Red de de Derechos Humanos del Suroccidente de Colombia «Francisco Isaías Cifuentes» (REDFIC), publicó este sábado un informe que detalla los casos de agresión sexual contra las mujeres en el marco de las constantes denuncias de represión de la fuerza pública contra los manifestantes en Colombia.
En el documento, la Red de Derechos Humanos asevera que desde el 28 de abril hasta el 14 de mayo la región del Suroccidente registra 11 casos de agresión sexual contra mujeres en el departamento del Valle del Cauca y tres más en la ciudad de Popayán (departamento del Cauca), por lo que la cifra de 12 de la ONG Temblores, aumenta a 26 casos a nivel nacional.
«No obstante, es indispensable señalar que, desde el 28 de abril hasta el 13 de mayo, hemos podido registrar en la REDFIC que de un total de – Informe Especial 2021 de 209 personas capturas, 52 han sido mujeres, otras 19 han resultado heridas y 15 aún continúan desaparecidas», detalla el informe.
El documento revela que organizaciones feministas han denunciado a miembros de la Policía que amedrentan a las mujeres que participan en las marchas con acciones como tocamientos sexuales, acto sexual abusivo, insultos, acceso carnal violento, tratos crueles y degradantes
«Las mujeres y los cuerpos feminizados padecen otras múltiples violaciones de DD.HH. en razón de la identidad de género y de sus prácticas sexuales que, sin embargo, difícilmente son registradas. Esto sucede, precisamente porque otro aspecto de esta violencia policial expresada en prácticas e imaginarios machistas, niega y violenta de manera específica la existencia de personas con sexualidades y géneros diversas», acota la Red Isaías Cifuentes.
Frente a los hechos suscitados, la REDFIC aclara que no solamente las mujeres son víctimas de la violencia policial, sino también adolescentes que participan masivamente en las concentraciones contra las políticas de Iván Duque, «esta violencia policial es diferencial y golpea de manera específica a mujeres, niñas, niños y personas en diversidades de sexo y género, invisibilizadas», añaden.
Pese a los casos de represión perpetrados por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios y miembros del Ejército, los colombianos completan 18 días movilizados en todas la regiones exigiendo un cambio de modelo sociopolítico, el cual permita cesar la violencia y disminuir la profunda desigualdad social.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-reportan-mas-casos-agresion-sexual-mujeres-manifestaciones-20210515-0019.html
América del Norte/México/30-04-2021/Autora: Laura Gómez Flores /Fuente: www.jornada.com.mx
Ciudad de México. Los delitos, cuyas principales víctimas suelen ser mujeres, como la violación y violencia familiar siguen en aumento, pues durante el primer trimestre del año se iniciaron 489 y 8 mil 183 carpetas de investigación, respectivamente, aunque en este último se llegó a su máximo histórico, informó el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.
Durante la presentación de los resultados de su estudio de incidencia delictiva destacó que la violencia familiar registró un crecimiento de 46.25 por ciento respecto a igual periodo del año pasado, es decir cada 16 minutos se inicia una indagatoria.
A un año del confinamiento, la violencia familiar y de género sigue aumentando, pese a las llamadas de alerta y del posible efecto que la pandemia tendría en estos ilícitos, ante la ausencia de una política de prevención para contener este fenómeno.
La Ciudad de México ocupó el segundo lugar a nivel nacional de violencia familiar con una tasa del doble que el resto del país, de acuerdo con los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia.
Ello significa que hay nueve carpetas más al día, que el primer trimestre 2020, lo cual “se veía venir en la medida en la que los ciudadanos nos hemos resguardado en nuestras casas, pues evidentemente el espacio privado se ha vuelto más complicado”, dijo.
Mientras, en violación se iniciaron 321 carpetas, cifra 227 por ciento superior a la reportada de enero a marzo del año pasado, cuando sumaron 98, lo cual representa el 80 por ciento de las indagatorias iniciadas desde 1963, destacó.
La Magdalena Contreras se ubicó en el primer sitio donde se comete el delito de violencia familiar; mientras Cuauhtémoc lo hizo en violación, extorsión, narcomenudeo, robo en transporte público y trata de personas.
Las carpetas de investigación iniciadas por feminicidio en este lapso sumaron 18; en tanto, los accidentes vehiculares disminuyeron, pero se registra un aumento significativo del homicidio culposo.
Ante ello, se requiere que la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana pongan atención de que no sea efecto de la violencia derivada de otros delitos, dijo.
El homicidio doloso, por otra parte, se ha mantenido a la baja y es un ejemplo del buen trabajo que pueden hacer las autoridades; aunque aún la capital ocupa el primer lugar en robo a transeúnte, en transporte público y a negocio.
Así como el segundo lugar a nivel nacional en robo con violencia y violencia familiar; y el décimo en trata de personas, lo que significa que cada 21 minutos se inicia una carpeta de investigación por robo con violencia y cada 20, por robo a transeúnte.
Cada hora en promedio se inicia una indagatoria por robo de vehículo; y cada dos horas por lesiones dolosas, narcomenudeo, robo a casa habitación y negocio, y a transporte público; y cada cuatro horas, por violación, señaló.
Por homicidio doloso, de acuerdo con la información proporcionada por ambos entes, donde existen algunas inconsistencias de datos, pese a contar con la misma fuente, detalló que cada ocho horas se inicia una carpeta y por homicidio culposo es cada 1horas.
Comentó que, en la madrugada se tiene la mayor concentración homicidios culposos y violaciones; en la noche se registran más homicidios dolosos, lesiones dolosas y robo de vehículo; y en el resto de la mañana y el día, se cometen los delitos más comunes.
Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/author/laura-gomez-flores.html
Stevens tenía nueve años cuando su madre lo entregó a una familia que lo esclavizó como sirviente. Rachel cayó en una red de explotación sexual para turistas. Más de 50.000 niños cruzan cada año hacia la República Dominicana como víctimas del tráfico infantil.
Quince pasos da Stevens Guerrier hacia su madre para fundirse en un abrazo. Ella lo estruja por toda la espalda, mesurando la delgadez de su retoño y palpando las cicatrices de sus brazos y rostro.
Son prácticas largamente denunciadas, pero no resueltas: desde la explotación laboral hasta la prostitución y la servidumbre, miles de menores haitianos han sido vendidos con oscuros propósitos
—¿Dónde has estado? ¿Por qué has tardado tanto en venir? —le riñe cariñosamente Nathalie, ahogada en sollozos.
—No sé, tenía ganas de verte —repite el niño de 12 años ruborizado, sin soltarle la mano.
Se acaban de reencontrar después de más de tres años sin verse y sin saber nada uno del otro. Un jueves de mayo del 2017, Nathalie Pierre vendía en el mercado binacional de la frontera de Belladère, entre Haití y República Dominicana, cuando entregó a su pequeño a un hombre dominicano. La promesa de ofrecerle una vida digna en un hogar adoptivo terminó en pesadilla.
“Cuidaba el ganado, me obligaban a hacer muchos trabajos. No querían enviarme a la escuela. Estaba en la miseria. No querían comprarme ropa y dormía en la cocina. Me sentía muy maltratado”, cuenta el menor con la mirada gacha. Malvivió como criado para una familia de Santiago. Aprendió a hablar castellano, pero se niega a utilizarlo debido al trauma.
Stevens Guerrier imaginó cada noche la manera de fugarse de esa prisión. Cada noche pensaba en “volver al regazo” de su madre, explica, pero si sus dueños se hubiesen enterado de que quería escapar, lo habrían detenido. Su situación alertó a un vecino que le ayudó a huir en motocicleta hasta la frontera.
Las autoridades lo hallaron en el mismo cruce del centro del país donde fue abandonado y lo llevaron con la fundación Zanmi Timoun, encargada de acoger a menores supervivientes de trata y reunirlos con sus familias. Tardaron un par de días en encontrar a su madre en una remota comunidad, Capemte, a media hora en coche hacia los arrabales de Belladère. Luego, el par de voluntarios y el niño caminaron más de una hora por un sendero que atraviesa marchitas bananeras labradas por bueyes. Las viviendas de hormigón y varillas desnudas dan paso a chabolas de madera y adobe.
Los obligan a prostituirse, mendigar, y ahora hemos detectado que también para luchar en combates clandestinos
JUNIOR NOISETTE, TRABAJADOR DE ZANMI TIMOUN
“Hice lo mejor para llevar a mis hijos a la escuela, pero tenía muchos problemas. No tenía nada para alimentarlos y estuve resignada a entregarlos”, justifica Nathalie. Meses antes de despedirse de Stevens, ya había regalado a su hijo mayor, del que todavía no ha sabido nada. Esta ama de casa de 28 años tuvo que dejar la venta ambulante para cuidar a su marido, enfermo del riñón e incapacitado para trabajar en la cosecha. Comen lo poco que crece en su terraplén. El matrimonio y sus otros cuatro hijos habitan en un cuchitril de unos 15 metros cuadrados de tablones y techo de latón.
“Allí los obligan a todo tipo de trabajos: prostitución, como lustrabotas, en el campo, mendigando por las calles y recientemente hemos detectado que están siendo utilizados para luchar en combates callejeros con apuestas en Dajabón (ciudad fronteriza dominicana) y en zonas de la costa”, señala Junior Noisette, trabajador de Zanmi Timoun. Han recibido al menos una docena de chicos “con heridas en la cara”, quienes relataron que les habían forzado a pelear por dinero y algunos detallaron que las luchas tenían lugar en la playa. Esta nueva práctica de explotación infantil fue confirmada por la Fundación Lumos y la red Jano Siksé.
Noisette recorre el paso oficial y las trochas ilegales de Belladère, por donde calcula que cruzan de 50 a 100 menores a diario. En agosto interceptaron a una pareja con seis niños de tres a nueve años sin ninguna relación de parentesco. Las familias biológicas admitieron haber pagado a los tratantes de 100 a 200 euros, bajo la promesa de llevarlos a un buen hogar adoptivo.
El fatal mercado fronterizo
Un gentío con enormes bultos en la cabeza, carretillas que se abren paso a empujones y vehículos motorizados repletos de plátanos y sillas abarrotan cada lunes y jueves el paso fronterizo de Ouanaminthe, en el norte del país. Son los días del mercado binacional. A las puertas del puente del río Massacre, varios agentes haitianos (Polifront) blanden sus látigos y ramas para intimidar a la muchedumbre o los sacuden en sus pantorrillas. En el bullicioso trasiego resulta muy complicado identificar a contrabandistas o a menores no acompañados. Pese a ello, la policía halló a dos hermanos abandonados esa mañana del 3 de noviembre, después de que su traficante saliese corriendo al toparse con los patrulleros. El niño de unos seis años y la niña de cuatro aguardan en las oficinas del Instituto de Bienestar Social (IBESR), que rechaza conceder una entrevista solicitada durante un mes.
Los militares dominicanos cobran de 500 a 2.000 pesos (7 a 30 euros) por dejar pasar a traficantes de niños
SYLVESTRE FILS, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE TRATA
Algunos niños deambulan de aquí para allá vendiendo dulces o limpiando zapatos. Un grupo de adolescentes en minifalda y top coquetea con los agentes para evitar hacer la interminable hilera de medio kilómetro. Un joven con un niño también se salta la fila y atraviesa el portón tras un leve saludo de cabeza a un soldado dominicano, ataviado con casco de combate y fusil.
Ninguna autoridad solicita documentación a los viandantes. “No hay ningún control migratorio, por tanto, ninguna posibilidad ni intención de combatir el tráfico infantil o cualquier forma de trata”, asegura Sylvestre Fils, director del Observatorio de la Migración y la Trata Transfronteriza, creado hace un año como respuesta a la negligencia de ambos países.
Los observadores se mimetizan entre el vaivén de los comerciantes. Han detectado el cobro de sobornos por parte de las Fuerzas Armadas dominicanas para hacer la vista gorda tanto en el cruce de mercancías como de seres humanos. “Los militares no son muy exigentes, piden 500, 1.000, 2.000 pesos (de 7 a 30 euros). Depende de la cantidad de personas que lleve el traficante, pero no hay un monto fijo, es algo muy informal. La red de tráfico funciona permanentemente, por lo que ellos (los contrabandistas) desarrollan una relación con los militares”, asegura Fils.
Explotadas para el turismo sexual
Por esa turbia frontera, un lunes, ingresó Rachel Saint-Jean. Tiene 15 años. Cuando era niña sus padres la abandonaron y creció en las calles de Cabo Haitiano (norte), donde subsistía con algunas amigas. Su novio la convenció para enviarla a estudiar al país vecino, porque en Haití ya no podía permitirse pagar la Secundaria. Le organizó el viaje para verse con el traficante en Dajabón, ciudad limítrofe con Ouanaminthe.
“El señor [traficante] me llevó a su casa, pero estaba llena de gente. Entonces me mudaron a casa de una mujer con otras chicas. Ella solo quería escogerme hombres para que tuviese una historia de amor y me fuese a sus casas”, relata la adolescente, que todavía usa una cadena, regalo del novio que, al parecer, la vendió a una red de explotación sexual.
—¿Los hombres que te escogían eran blancos?
—Sí, blancos.
Varios agentes amenazan con sus látigos a la multitud agolpada en el puente del río Massacre, en la frontera norte de Ouanaminthe, a la espera de cruzar al mercado binacional del lado dominicano. Pincha en la imagen para ver la fotogalería.AITOR SÁEZ
Rachel Saint-Jean llegó hasta Santiago y de ahí hacia algún punto de la costa norte, una zona turística, por lo que probablemente esos clientes “blancos” eran extranjeros. En las principales avenidas de los destinos más concurridos es habitual encontrar mujeres haitianas, algunas menores, ofreciendo sus servicios por menos de 10 euros.
“Fuimos [con el traficante] a una fiesta juntos y me puse muy ebria. No sé cómo, no recuerdo qué sucedió. Cuando me levanté… [hace una larga pausa] Vi que se había servido él mismo”, dice literalmente la joven para referirse al abuso sexual. Después de cuatro meses secuestrada logró escapar, o bien, la soltaron por su férrea resistencia a intimar con desconocidos: “No estaba de acuerdo, yo solo quería ir a la escuela. El señor me dijo que me dejaría en la calle si no aceptaba”.
Sin capacidad para combatir la trata
Tras regresar a la frontera de Ouanaminthe, el IBESR trasladó a Rachel al albergue de la congregación San Juan Evangelista, que cada año acoge a medio millar de niños y niñas supervivientes de trata. Su directora, la colombiana Alexandra Bonilla, aterrizó en esos confines de Haití tras el terremoto de enero del 2010. A los pocos días de la catástrofe, la detención de una decena de baptistas estadounidenses que intentaban llevarse a 33 infantes de Puerto Príncipe encendió las alarmas. El entonces primer ministro, Jean-Max Bellerive, aseveró que el tráfico infantil era “uno de los mayores problemas” y reconoció la existencia de “tráfico de órganos para niños”.
La hermana Bonilla levantó en esta década un espacioso centro transitorio, prueba de que el inhumano contrabando persiste. “Desde que estoy aquí no he visto que se haya reducido el tráfico de niños. Se mantiene igual o incluso ha aumentado. (…) El Gobierno no tienen los recursos para atajar este problema y sus causas”, lamenta la monja.
Encabezaremos las adopciones para evitar excesos como la pedofilia y el tráfico de órganos
ARIELLE VILLEDROUIN, DIRECTORA DEL IBESR
En 2016, Haití era el octavo país del mundo con mayor índice de esclavitud moderna, sobre todo debido a la enorme trata humana. En el último lustro, se han dado algunos pasos para la persecución del delito y la capacitación de funcionarios fronterizos, como evalúa el Departamento de Estado de EE UU en su último informe anual. Sin embargo, subraya que “el Gobierno no asignó fondos suficientes y no implementó procedimientos para la identificación de víctimas”.
En la práctica, parte de los funcionarios del IBESR mantienen una huelga desde hace tiempo, mientras que la creación del Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (CNLTP) se quedó en eso, en el nombre, completamente disfuncional sin presupuesto ni oficinas.
Los orfanatos, primer eslabón del tráfico infantil
El desamparo institucional ha favorecido la consolidación de un vasto entramado de orfanatos que operan como captadores de menores. Tan solo 50 de 750 de estos centros cuentan con licencia para funcionar, según datos oficiales. Un 80% de los más de 32.000 internados no son huérfanos. Para Bonilla, “la mayoría son un negocio y tienen a los niños para atraer donaciones a beneficio de los propietarios”.
Tras el terremoto del 2010, el número de orfanatos se duplicó y, pese a que el Gobierno ha clausurado 150, se siguen abriendo a un ritmo superior, motivados por el ingente lucro que generan. Tan solo un tercio de estas guarderías en Haití recibe unos 60 millones de euros anuales en donaciones, revela un informe de la Fundación Lumos. En contraste, el IBESR, ente nacional para la protección de la infancia, cuenta con un presupuesto de menos de un millón.
El centro Sourire d’Amour es una pocilga. En la entrada hay varios niños de tres a seis años sin pantalones, cubiertos de polvo, sin nada que hacer ni jugar. Las colchonetas de las literas están mugrientas y, muchas, rajadas. Ni hablar de una sábana. Las puertas de los armarios destartaladas dejan ver unas pocas prendas de ropa, seguro insuficientes para los 15 huérfanos. La cochambrosa cocina tan solo cuenta con un asador de carbón y sus estantes están vacíos, al igual que una jaula para guardar la comida. Las empleadas aseguran que la despensa se encuentra almacenada bajo llave en una habitación, pero rehúsan mostrarla.
La hermana Bonilla, junto a algunos de los niños que acoge en el centro de la congregación San Juan Evangelista, en la ciudad fronteriza de Ouanaminthe, en Haití. Pincha en la imagen para ver la fotogalería. AITOR SÁEZ
Su propietaria, Inesse Joseph, pastora de una iglesia con el mismo nombre del orfanato, estuvo envuelta en un escándalo en 2007, cuando arrebató de sus familias a 47 chiquillos de comunidades rurales al extremo oeste del país, con la expectativa de que serían adoptados por extranjeros. “¡Demasiadas personas se enriquecen de los pobres! ¡Los encontramos en un estado terrible! ¡Debemos dejar de vender niños!”, vociferó desencajado un representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), instantes después del rescate de los pequeños, de dos a siete años, a quienes tuvieron que llevar al hospital por su deteriorado estado de salud.
El orfanato sigue funcionando sin acreditación a la salida de Pétion-Ville, el barrio menos desdichado de Puerto Príncipe. En ese mismo distrito, en febrero del pasado año, murieron 15 niños y niñas en el incendio de un orfanato, también irregular, gestionado por un grupo de estadounidenses miembros de la Iglesia de la Comprensión Bíblica, que nos niegan el ingreso a otro de sus centros. El fuego se produjo por alguna de las velas que se usaban para iluminarse, debido a la carencia de electricidad. Las instalaciones no cumplían con los estándares básicos. “Estaban realmente muy descuidadas (…) Todo lo que vemos son niños viviendo como animales”, destacó la jueza del caso sobre un panorama que, a tenor de las imágenes, se asemeja bastante al Sourire d’Amour.
Además, en muchos de los internados “sufren violencia” y en algunos casos “abusos sexuales y muertes evitables”, según el estudio de Lumos, cuya conclusión es que los orfanatos actúan como tratantes. A fin de restringir el tráfico transfronterizo por parte de estos centros, la Administración haitiana endureció los requisitos para la tramitación de adopciones. “Encabezaremos los procesos (de adopción), lo que evita algunos excesos, porque se ha hablado de pedofilia y tráfico de órganos”, mencionó la directora del IBESR, Arielle Jeanty Villedrouin a comienzos del pasado año.
Impunidad criminal
Por la porosa frontera de 370 kilómetros que divide La Española se contrabandean desde animales hasta drogas y armas. Alexis Alphonse camina a diario más de una hora por un prado de Ferrier, a las afueras de Ouanaminthe, para sentarse toda la mañana bajo un sauce próximo al arroyo que separa a Haití de República Dominicana. Tan solo una piedra amarilla indica que se trata de una frontera.
Algunos transeúntes se arremangan los pantalones para vadear el riachuelo sin mojarse. Alexis los anota con una rayita sobre un portapapeles, testigo de dos décadas de cruces irregulares registrados para la Red Fronteriza Janó Siksé, desplegada en decenas de puntos a ambos márgenes.
Los traficantes son el tercer grupo más rico del país
ALEXIS ALPHONSE, COORDINADOR RED FRONTERIZA JANO SIKSÉ
“Los pequeños traficantes pasan por aquí, con niños, sin preocupación. Cuando los paro, incluso se identifican como traficantes. Desconocen que están cometiendo un crimen, que hay una ley que los puede meter en la cárcel”, exclama. Los contrabandistas son a veces familiares de la víctima o conocidos de la comunidad, donde a menudo son vistos como salvadores por, teóricamente, sacar a sus hijos de la penuria. Se considera como otro empleo cualquiera, aunque “los tratantes conforman el tercer grupo más rico del país”, según Alphonse.
Haití tardó hasta 2014 para aprobar una ley contra la trata humana, que prevé sanciones de hasta 15 años de cárcel y 14.000 euros de multa. No obstante, la Patrulla Fronteriza (Polifront) apenas detuvo a 51 individuos sospechosos en 31 casos de tráfico desde abril del 2019 hasta el mismo mes del pasado año, según el informe de Washington. Ningún expediente llegó a condena. La justicia haitiana solo ha sentenciado seis casos en 2019 y uno en 2017.
La persecución de la trata infantil tampoco mejora en la otra mitad de la isla. La Fiscalía dominicana aumentó las investigaciones respecto a años anteriores, pero redujo considerablemente las sentencias. Tan solo condenó a cinco acusados. La escasa judicialización se debe en gran medida a la complicidad de las autoridades en las redes de trata, desde funcionarios de la Fiscalía hasta policías, como enfatiza el Departamento de Estado de EE UU, que rebajó la calificación de República Dominicana al nivel de Haití.
Servidumbre, la extendida forma de esclavitud infantil
Los coloridos atuendos escolares, que por las tardes inundan alegres las polvorientas calles, disfrazan la desgracia para 1 de cada 15 pequeños. Alrededor de 407.000 niños y sobre todo niñas trabajan como empleadas domésticas. Unos 286.000 tienen menos de 15 años.
Los “niños sirvientes” son conocidos como restavek (quedarse con) y suelen provenir de familias humildes de zonas rurales, vendidos o entregados a hogares con mayor poder adquisitivo. En su mayoría no reciben retribución y soportan condiciones inhumanas y maltratos, tal y como denuncia Unicef, que tacha esta práctica como una forma de esclavitud moderna, socialmente tolerada en Haití.
Nathalie junto a su hijo Stevens, momentos después de reencontrarse. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa. AITOR SÁEZ
Fue otra de las alternativas que Nathalie se planteó ante la imposibilidad de cuidar a Stevens. “Pensé en dárselo a alguna vecina que lo pudiese mantener, pero aquí somos todos muy pobres. Además, aquí hubiese pasado las mismas dificultades, siempre se cree que con los españoles [como llaman a menudo a los dominicanos] tendrán mejor vida”. Nada más lejos de la realidad.
Haití registra unas 59.000 personas viviendo como esclavas y República Dominicana, 42.000; ambos entre los tres países de Latinoamérica con mayor tasa de esclavitud, solo por detrás de Venezuela, según el Global Slavery Index de 2018, que estima en un 70% la población haitiana en riesgo de sufrir esclavitud.
El primer país de América Latina en independizarse, gracias a la única revuelta de esclavos exitosa en la historia humana, padece todavía los estragos de una multimillonaria multa impuesta por Francia por haber perdido su perla del Caribe, sumado al prolongado bloqueo diplomático y comercial del resto aplicado por el resto de naciones como escarmiento. Haití jamás se repuso del saqueo colonial y del alto precio por su libertad.
“¿Qué otra opción tenía?”, se pregunta a menudo Nathalie. ¿Qué otra opción tenía si quería dar de comer a Stevens y a sus otros cuatro hijos en un país donde la mitad de menores sufre malnutrición? ¿Qué otra opción tenía para que su hijo siguiese estudiando, si apenas dos de cada diez adolescentes pueden cursar Secundaria?
En el lugar más pobre del hemisferio occidental la salvación pasa por arriesgar la vida al azar. El abismo en Haití está a 15 pasos, los que tardó Nathalie en perder de vista a Stevens hace tres años. “Cuando se marchó, cayeron lágrimas de mis ojos. Me arrepentí de inmediato, pero me quedé paralizada. Cuando volví a reaccionar, ya era tarde, había desaparecido entre la muchedumbre. Pensé que jamás lo volvería a ver”. No puede dejar de achuchar a su pequeño para creérselo. 15 pasos entre el milagro y el infierno.
Nancy, una mujer trans de 57 años de edad, narra su difícil experiencia en tiempo de la guerra debido a su identidad de género. La comunidad LGBTI sigue la lucha porque sus derechos humanos sean respetados.
Nancy tiene 57 años en un país donde la esperanza de vida para una mujer trans es de 33 años, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una sobreviviente. Uno de los grandes logros es no haber muerto durante los 12 años, tres meses y un día que duró el conflicto armado.
“No recuerdo cuántas veces fui abusada por los cuerpos de seguridad. Creo que como seis veces fui a parar detenida por la Policía Nacional y llevada a la “Media Luna”. Así le decían a una bartolina que estaba en el Castillo de la Policía. No había delito, solo me decían «vaya vos culero, subite que te vamos a detener». Nosotras preguntábamos por qué y solo a reír se ponían”, cuanta Nancy de sus mala experiencias durante la guerra civil.
Para 1975, Nancy tenía 11 años y fue cuando aceptó, con seguridad, cuál es su identidad de género. La reacción de su mamá fue llevarla a una cita con el psiquiatra, pero como la progenitora no obtuvo el resultado que esperaba, la echó de la casa.
Nancy encontró en la calle una familia adoptiva; otras mujeres trans con destinos similares. La falta de educación y de dinero la obligaban a prostituirse y también sufrir violencia sexual.
“En aquellos días no existían los derechos humanos. No había respeto alguno y menos para nosotras, nuestra palabra no existía”, recuerda Nancy 46 años después de que decidiera ser quien ella quería, sin importarle recibir el castigo por sobrepasar las normas y las construcciones sociales.
En 1979 inició la guerra en El Salvador que dejó 75 mil muertos y desaparecidos e incontables violaciones a los derechos humanos por parte de ambos bandos que no figuran en el Informe de la Comisión de la Verdad, los de la violencia sexual, es uno de esos delitos que no se han esclarecido ni judicializado.
Nancy tiene 57 años y es una emprendedora que ha logrado sacar adelante a su familia. Foto EDH / Jessica Orellana
“Aunque acá en San Salvador no fue tan fuerte la guerra sí sufrían los toques de queda. De repente, había enfrentamientos en los que podías perder la vida. Y ahí si no importaba quien eras”, explica.
Los soldados y oficiales podían ser amigos, pero también enemigos de las trans en esa época. Cuando no las violentaban, les pagaban por sexo.
“Los mismos militares nos contaban cómo había casos donde no perdonaban la vida de nadie. Yo fui testigo de cuántas mujeres trans fueron desaparecidas y asesinadas con crueldad, porque no solo es que las mataban, las desfiguraban con un odio horrible para que nadie las identificará”.
Nancy gozaba de una figura que destaca entre otras trans. Foto EDH.
Una realidad que no cambió con la firma de los Acuerdos de Paz
En El Salvador no existen cifras oficiales sobre los crímenes de odio basados en la identidad y expresión de género o en la orientación sexual de las personas.
El único caso que se ha judicializado en el país como crimen de odio es el asesinato de Camila Díaz, tres policías la mataron a golpes. El crimen fue calificado como homicidio motivado por el odio a la identidad de género. En julio de 2020, los autores fueron condenados a 20 años de prisión cada uno, un hecho histórico para la justicia salvadoreña.
Hasta diciembre de 2019, el Observatorio de Estadísticas de Género, que depende de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía, reportó por vez primera en su boletín semestral, con cifras de 2015 a junio de 2019, un apartado con data de hechos de violencia contra la población LGBTI.
Sus estadísticas contabilizaron para ese entonces 692 casos de violencia. Cabe destacar que estos solo corresponden a las denuncias recibidas en el sector justicia, Isdemu, sector salud, Ciudad Mujer y otras instituciones públicas. De estos casos, 29 proceden de denuncias de organizaciones de la sociedad civil.
Nancy sabe que ser trans en este país es de ir contracorriente. Ella cree que haberse trazado un propósito en la vida le ha ayudado a salir de la prostitución, porque sabía que ejerciendo esa profesión podía ser también asesinada.
La oenegé Aspidh Arcoiris Trans Trans ha registrado al menos 600 homicidios de personas LGBTI en El Salvador desde 1992, año en que se firmaron los Acuerdos de paz.
De estas personas, las mujeres trans son la cara más visible de las disidencias sexuales por lo que están más expuestas a todo tipo de violencia, de discriminación e inclusive la a extorsión de las pandillas. Y de las denuncias que existen, la mayoría de agresores son integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo con informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Tener acceso a la justicia para ellas es una marcha cuesta arriba.
Nancy conoció varias mujeres trans que perdieron la vida durante el conflicto armado. Foto EDH / Jessica Orellana
Una lucha reciente
Durante la guerra no existían organizaciones que velarán por sus derechos de la comunidad LGBTI. Así lo explica Camila Portillo, activista por los derechos de las mujeres trans. Tampoco estaban organizadas. Con la firma de los Acuerdos de paz y llegaron cambios y comenzaron a dar los primeros pasos para constituir una oenegé que las representará en 1994.
En ese contexto, Nancy pudo encontrar una opción distinta al trabajo sexual y se convirtió en defensora de derechos humanos LGBTI. Entró en un proceso de perdón y sanación que le permite ayudar a las nuevas generaciones trans.
“Hoy los jóvenes tienen más oportunidades para decidir quiénes son, oportunidades que yo hubiera querido tener en aquel entonces; aunque si me preguntan, no me arrepiento de lo que me tocó vivir porque me ha hecho ser quien soy”.
Pero la tolerancia no vino junto a los Acuerdos de Paz. Las garantías para respetar los derechos humanos no tenían la misma lectura para las personas LGBTI. No las reunificó con una sociedad que no estaba preparada ni educada.
“Siempre seguimos asediadas, violentadas y matadas”, reflexiona Nancy, aunque confiesa que ha percibido un poco más de respeto durante la última década.
“Antes yo no podía estar en la calle porque te levantaban y muchas veces no volvías y no porque yo me lo esté inventando sino porque yo lo viví, aunque a veces las cosas no son como quisiéramos, pero debemos conmemorar los Acuerdos de Paz y seguir luchando cada uno para garantizar nuestros derechos y no olvidar la historia”.
Los efectos de la pandemia actual por la covid-19 afectan de manera desigual a la población y aquellas personas que se encuentran en las intersecciones de diferentes desigualdades (género, pobreza, etnia u orientación sexual) son las que se están viendo más perjudicadas.
Tal y como desgraciadamente ha ocurrido en momentos de crisis a lo largo de la historia, están creciendo los casos de violencia de género, la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, los embarazos en adolescentes y los matrimonios infantiles, aumentando así la discriminación de género.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas , durante períodos de confinamiento la violencia de género aumenta mundialmente de media un 20%. Esto significa que después de seis meses de confinamiento han tenido lugar 31 millones de casos adicionales de violencia de género.
Las medidas de confinamiento así como el cierre de las escuelas han significado que muchas niñas se vieran obligadas a volver a casa de sus padres, un lugar que no siempre es un espacio seguro. En Sierra Leona, distintas ONG como Save the Children pusieron en marcha un programa para dar de comer a niñas vulnerables que viven en asentamientos informales en las zonas más pobres del país.
Pretendían así evitar el aumento de embarazos de adolescentes que se produjo durante la pandemia del Ébola en 2014. En aquel momento el número de embarazos en menores aumentó un 65% respecto a años anteriores y la mayoría de estas niñas habían sido forzadas a tener sexo transaccional a cambio de cubrir sus necesidades básicas alimentarias.
En Uganda y Kenia, los expertos se han hecho eco de los embarazos de adolescentes derivados de la convivencia de las niñas con personas que han abusado de ellas o han utilizado las relaciones sexuales como moneda de cambio para cubrir sus necesidades básicas. En el caso de Uganda, para aminorar esta situación, se ha creado un Comité de Protección Infantil con la colaboración de organismos internacionales como World Vision en áreas con una mayor incidencia.
En el África Subsahariana central y oeste se encuentran 6 de los 10 países donde esta práctica tiene una mayor prevalencia: 4 de cada 10 niñas se casan antes de los 18 años. Níger es el país del mundo con una mayor prevalencia de matrimonios infantiles: 3 de cada 4 niñas se casan antes de los 18 años y 1 de cada 3 antes de los 15 años.
Una práctica arraigada a la desigualdad de género
Esta práctica está arraigada en la desigualdad de género y las estructuras patriarcales, así como a factores de pobreza, falta de nivel educativo e inseguridades económicas que se exacerban durante periodos de crisis. Además, cabe mencionar que en muchas zonas de África aún se practica la mutilación genital a las niñas antes de casarlas.
Etiopía es el decimoquinto país del mundo con el índice de matrimonios infantiles más elevado. Aunque su Código Penal criminaliza el matrimonio infantil, el país cuenta con un total de 15 millones de niñas casadas. Aunque en las últimas dos décadas había disminuido el número de matrimonios infantiles del 60% al 40%, actualmente estos avances se están perdiendo debido al confinamiento y al cierre de las escuelas. Los centros educativos realizaban rastreos de casos y mediaban con la legalidad nacional.
En Kenia, el cierre de las escuelas significó para muchas niñas la clausura de sus espacios seguros donde habían escapado de la ablación o de matrimonios forzados. Varios centros escolares han expresado su inquietud por el posible no retorno de muchas niñas y adolescentes a la escuela cuando estas reabran.
Campañas de sensibilización durante el confinamiento
Con el fin de revertir esta situación, varios grupos de mujeres activistas han estado haciendo campañas de sensibilización durante el confinamiento en diferentes zonas con alta incidencia de matrimonios infantiles y embarazos en adolescentes.
En estas campañas han recalcado la importancia de la educación para las niñas y han desmitificado rumores de ciertos sectores de la población que dicen que estas se deben casar antes de que termine la pandemia. Se han dado situaciones donde las niñas se han visto obligadas a casarse por falta de sostén económico en casa y a la espera que el marido pague los gastos escolares.
Es necesario, sobre todo en épocas de crisis como la actual, proteger los derechos de las niñas asegurando un espacio seguro para su buen desarrollo. Esto implica, necesariamente, disfrutar de la educación primaria y secundaria completa y no ser forzadas directa o indirectamente a tener relaciones sexuales o a casarse. Hay que acabar con el ciclo de pobreza que la maternidad infantil implica y asegurar a estas niñas sus derechos fundamentales.
A Shabnam, una joven del estado de Haryana, en el norte de India, le faltan dos años para terminar derecho, después de ser víctima de una violación grupal, en la que ve paralelos con la joven dalit de 19 años violada brutalmente y torturada hasta la muerte por varios hombres de una casta “superior”, en el vecino estado de Uttar Pradesh, en un caso que por una vez desencadenó protestas en todo el país.
«Ella era de tradición ‘valmiki’ como nosotros, de una familia pobre y sin tierra como la nuestra. La violaron, la torturaron y cuando murió, quemaron su cuerpo sin el consentimiento de su familia. E incluso después de todo eso, amenazaron a su familia para que se callase y no hablase de ello”, dijo Shabnam, un nombre falso a su pedido para protegerla.
En una conversación con IPS en hindi, contó que “eso es exactamente lo que yo y mi familia hemos sufrido y lo que seguimos pasando. La única diferencia es que yo todavía estoy viva».
La joven de 19 años muerta por las brutales heridas pertenecía, al igual que Shabnam, a la casta de los dalits, la comunidad más marginada y oprimida de India, conocida anteriormente como «intocables».
La muerte de la joven centró la atención en la violencia sexual que enfrentan las mujeres dalits en India, donde suman unos 100 millones según un documento de la Red Internacional de Solidaridad Dalit y otras dos organizaciones.
El informe destaca que las mujeres dalits son sometidas a «violencia y tratos inhumanos, como agresiones sexuales, violaciones y el forzado desfile desnudas», como mecanismo para mantener su posición de subordinación en la sociedad.
Shabnam tenía 17 años cuando en 2013 fue violada por 12 hombres que se turnaron para agredirla sexualmente. Durante los últimos siete años, incluso cuando su caso llegó a juicio, recibió ataques y amenazas contra su vida de tal calibre que tuvieron que ponerle protección judicial.
«La gente piensa que la violación es un solo crimen. Pero para las víctimas dalit de agresión sexual es solo el comienzo de una cadena de delitos y luchas de que duran toda la vida”, dijo a IPS la abogada Manisha Mishaal, defensora de los derechos de las mujeres dalits.
Esta abogada, que ha ayudado a Shabnam y muchas otras jóvenes en situación similar en su batalla por obtener justicia, dijo que las que sobreviven a la violación, muchas veces en grupo, enfrentan después “abuso mental, miedo, intimidación, amenazas, negación de los derechos básicos, negación de la educación y un medio de vida digno”.
“La lista es muy larga”, afirmó Mishaal antes de asegurar que “de hecho, una vez que eres violada, sigues siendo una víctima durante toda tu vida».
Las cifras detrás de la violencia contra las dalits
Según el la Oficina Nacional de Registros de Delitos (NCRB, en inglés) de India los casos de agresiones físicas a mujeres han ido en aumento en este país de 1300 millones de personas.
Solo en 2019, dice el último informe de la NCRB, hubo más de 405 861 casos de agresiones a mujeres, un siete por ciento más que en 2018. Los delitos incluyen golpizas, desnudos forzados públicos, secuestro y violaciones individuales o grupales.
De estos, 13 273 agresiones sexuales, incluidos 3486 casos de violación, fueron contra mujeres de comunidades dalits.
Jacqui Hunt, directora para Europa y Eurasia de la organización mundial Equality Now y quien ha estudiado la violencia sexual contra las mujeres dalits en el estado de Haryana, achaca a la generalizada e intencionada falta de información y a los problemas para denunciar las agresiones sexuales a la policía que las cifras oficiales escondan un gran subregistro.
Mujeres dalits venden hierba al borde de la carretera cerca de Yamuna Nagar, en Haryana, en el norte de India. Según el último censo agrícola, 85 por ciento de los dalits de este estado no posee tierras. Foto: Stella Paul / IPS
«Como consecuencia de las desigualdades de género, casta y clase, las mujeres y niñas dalits están sujetas a múltiples formas de subyugación, explotación y opresión. La violencia sexual, incluidas las violaciones individuales y grupales ha sido perpetrada contra ellas por hombres de castas dominantes, como mecanismo que refuerza las jerarquías estructurales profundamente arraigadas de India”, aseguró Hunt a IPS.
A su juicio, “los cuerpos de las mujeres se utilizan como campo de batalla para afirmar la supremacía de casta y mantener ‘en su lugar’ a las mujeres”.
La abogada Mishaal cree que casi 80 por ciento de las mujeres dalits que son violadas no denuncian debido a la presión política y social, ya que las mujeres y sus familias suelen ser amenazadas por los agresores.
Además, aseguró, la mayoría de las sobrevivientes de violencia sexual y basada en el género (SGBV, en inglés) son niñas dalits, pero los registros de NCRB sobre la violación infantil no diferencian según la casta.
Un espacio seguro para las dalits
Para ayudar a romper el ciclo de silencio sobre los delitos contra mujeres y niñas dalits, en 2013 Mashaal fundó la Sociedad Swabhiman, una organización benéfica que brinda diversos servicios, incluido el apoyo legal y psicológico a las dalits sobrevivientes a la SGBV.
«Actualmente tenemos 25 mujeres que trabajan con nosotras de manera no fija y este es un lugar seguro para cientos de mujeres que han sido estigmatizadas, maltratadas y, pese a eso, no tienen a nadie más a quien acudir», dijo la abogada.
Mashaal inició la sociedad porque notó que pocas organizaciones estaban ayudando a los sobrevivientes dalits víctimas de violencia sexual basada en el género y que había una falta de conocimiento y conciencia entre ellas y sus comunidades sobre sus derechos legales o los procedimientos a seguir para obtener justicia.
En varios casos, el Khap Panchayat, una poderosa y tradicional asamblea comunitaria dirigida por grupos de terratenientes, les obligaba a quedarse fuera de la reunión cuando decidía sobre las denuncias en las aldeas de las víctimas y sus familias.
Sus disposiciones son muy controvertidas y se consideran contrarias a los dalits, pero pocos se atreven a contradecirlas por temor a represalias.
Mamta, otra mujer a la que representa también Mishaal, era menor de edad cuando en 2012 fue violada en grupo por hombres de la casta «dominante». Entonces, la Khap Panchayat ordenó que se casase con uno de sus violadores y su padre, un jornalero, estaba demasiado asustado para oponerse.
Durante meses, Mamta, otro nombre ficticio para su protección, estuvo encerrada en una pequeña habitación y violada repetidamente tanto por su forzado marido como por sus amigos y familiares.
«Era como una jaula. Vivía en una habitación pequeña. Mi esposo cerraba la puerta con llave desde afuera. Como era dalit no me tocaba, salvo para tener relaciones sexuales forzadas cuando quería. Todos los días traía otros hombres y también me violaban, contó a IPS en hindi.
«Yo era como una mosca atrapada en el lodo, no podía vivir y tampoco podía volar», dijo Mamta, que ahora tiene 26 años.
Finalmente, logró escapar y descubrió la Sociedad Swabhiman. Allí conoció a muchas otras mujeres que también habían experimentado abusos y brutalidades similares. Juntas han recibido asesoramiento y formación y concienciación sobre las leyes sobre violación y agresión sexual contra mujeres.
Pero lo más importante de todo, han reunido el coraje para exigir justicia ante los tribunales.
La propiedad de la tierra o la falta de ella son factores que perpetúan las vulnerabilidades y la violencia, Según Hunt, de Equality Now, una organización internacional que defiende el acceso a los derechos de las mujeres en el mundo.
Las mujeres dalits carecen de poder económico y, a menudo, dependen de las castas dominantes para su sustento.
Cuando las sobrevivientes de agresión sexual o sus familias dependen para trabajar y obtener ingresos de alguien que pertenece a la misma casta que el agresor, o el agresor mismo es también su empleador, acceder a justicia por la violencia sexual sufrida se vuelve aún más problemático.
«Los culpables y sus cómplices y amigos a menudo ejercen su poder económico para silenciar a las sobrevivientes y testigos, lo que incluye coaccionar a las sobrevivientes o a los familiares de las víctimas para que resuelvan los casos fuera de los tribunales, llegando a acosarles en su aldea o su propio hogar”, explicó.
«Nuestro próximo informe da una indicación de cuán común es este problema. En casi 60 por ciento de los casos que estudiamos, los sobrevivientes se vieron obligados a comprometerse con algún agresor u otro hombre establecido, muchas veces debido a amenazas de represalias económicas», dijo Hunt.
Según datos del último Censo de India, 71 por ciento de los dalits carecen de tierra y laboran como jornaleros o fijos en tierras de otros.
Según el censo agrícola, en las zonas rurales, 58,4 por ciento de los hogares dalits no poseen tierras en absoluto. Esto se vuelve más sombrío en los estados dominados con mayor población de esta casta de parias, como Haryana, Punjab y Bihar, donde 85 por ciento no posee tierras.
«Esta es la razón por la que hay continuas y horribles agresiones sexuales contra las mujeres dalits porque son tres veces vulnerables. Primero, por su casta, segundo, por su género y tercero, por su condición de sin tierra», dijo Mashaal.
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