Los funcionarios de la escuela dicen que el monitoreo fue para mantener a los estudiantes seguros, no para castigarlos. Pero los críticos dicen que amplió el papel de la policía en las escuelas y aumentó la vigilancia de los niños.

En enero de 2017, después de que un analista de redes sociales de las Escuelas Públicas de Chicago revisó el perfil de Facebook de un estudiante de Roosevelt High School y comenzó a sospechar que podría estar en una pandilla, un oficial de policía fue convocado a la escuela para realizar una intervención. No hubo ninguna amenaza inminente de violencia, pero el oficial y un oficial de seguridad del distrito escolar se reunieron con el estudiante. Le preguntaron si estaba en una pandilla.

«Ese es mi negocio», respondió el estudiante, según un informe de la intervención.

El oficial, miembro del Equipo de Seguridad Escolar de Pandillas del Departamento de Policía de Chicago, le dijo al estudiante que debía ser más respetuoso. El estudiante dijo que no estaba en una pandilla, pero sí se mantuvo cerca de los pandilleros.

El oficial les pidió sus nombres, pero el estudiante no los dio. El oficial preguntó si el estudiante estaba considerando unirse a una pandilla. Dijo que no estaba seguro. El estudiante, concluye el informe, «parecía no estar motivado y proporcionó respuestas muy cortas».

En los últimos cuatro años escolares, más de 700 estudiantes de CPS han sido llamados a intervenciones como esta basadas en actividades de redes sociales que apuntan a su posible participación en pandillas. Las intervenciones son un resultado de un premio de $ 2.2 millones que el distrito recibió en 2014 a través de la Iniciativa de Seguridad Escolar Integral del Departamento de Justicia de los EE. UU. , Que otorga subvenciones para los esfuerzos de prevención de la violencia.

La subvención cubrió los salarios de dos analistas de inteligencia y el software de monitoreo de redes sociales para analizar las conversaciones en línea de los estudiantes, aunque los funcionarios dejaron de usar el software en 2017. Jadine Chou, la jefa de seguridad del distrito escolar, dijo que los analistas usaron búsquedas de palabras clave para encontrar amenazas en las escuelas objetivo del programa, en lugar de ingresar los nombres de los estudiantes individuales.

La financiación para el programa se agotó después de 2018, pero las autoridades del distrito dijeron que planean continuar de alguna manera, diciendo que mantiene a los niños seguros y les brinda el apoyo que tanto necesitan.

«Es un programa del que estamos muy orgullosos», dijo Chou. «Nuestro objetivo principal es redirigir a los estudiantes a un camino positivo».

Pero el enfoque ha generado inquietudes, en parte porque a la mayoría de los estudiantes y padres no se les informó sobre el programa o porque los funcionarios escolares estarían asumiendo un papel más importante en el monitoreo de la vida de los estudiantes. Y amplió el rol del Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas, una pequeña unidad de policía creada en 2008 con una misión un tanto estrecha: intervenir después de que un joven reciba un disparo. Después de un tiroteo, los oficiales se presentan en la escuela de la víctima, buscando aliviar las tensiones y evitar las represalias. Con el programa, los oficiales fueron a las escuelas antes de que estallara la violencia.

El monitoreo puede salvar vidas si se hace bien, dijo Desmond Patton, profesor asociado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Columbia que estudia las redes sociales y la violencia de pandillas en Chicago. Pero también puede aventurarse en una vigilancia excesiva, lo que Patton describe como una especie de parada y registro virtual que se dirige de manera desproporcionada a las personas de color.

«A menudo, cuando hablamos de amenazas, violencia y trauma, realmente estamos hablando de comunidades negras y marrones», dijo Patton. «Por lo tanto, no estamos enfocándonos en los jóvenes de Jones College Prep o Walter Payton o Northside», las mejores escuelas secundarias de Chicago con más estudiantes blancos que negros.

De las 24 escuelas en el programa de monitoreo a partir del año pasado, 16 son mayoritariamente negras y cinco son mayoritariamente hispanas. La mayoría están en los lados sur o oeste. El cuarenta y seis por ciento de todas las escuelas de CPS son mayoritariamente negras, según los últimos datos disponibles.

«Se siente como una sorprendente invasión de la privacidad», dijo Carisa Parker, cuya hija es estudiante de primer año en Morgan Park High School, una de las escuelas objetivo. Aunque no tiene ninguna indicación de que las actividades de medios sociales de su hija hayan sido monitoreadas, dijo que el distrito se lo debe a los padres para explicar cómo y por qué se eligió a su escuela Far Southwest Side y las demás.

«A estos oficiales solo les importa mucho»

Sabiendo que la violencia entre los estudiantes a menudo se puede rastrear en publicaciones de redes sociales, los funcionarios de CPS persiguieron la subvención como una forma de evitarla. Algunos directores dicen que tales publicaciones desempeñan un papel en más del 90 por ciento de las peleas entre estudiantes, según un informe sobre el programa del Laboratorio de Delitos de la Universidad de Chicago, que ayuda a las ciudades a estudiar los esfuerzos de reducción de la violencia.

En 2015, el distrito comenzó la prueba piloto, conocida como » Conectar y redirigir para respetar «, en 16 escuelas primarias y secundarias para monitorear las redes sociales públicas de los estudiantes. Eventualmente creció a 24 escuelas, cubriendo a unos 25,000 estudiantes, según el Laboratorio de Crimen. Si se descubriera que los estudiantes han publicado material relacionado con pandillas, entonces los especialistas de seguridad del distrito y los administradores escolares se reunirían con el estudiante y los vincularían con mentores, consejeros y trabajos de medio tiempo o de verano.

En los casos en que el estudiante posó con una pistola o parecía amenazar con violencia, trajeron a los oficiales del Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas. Los oficiales también estuvieron presentes en algunos casos donde no había armas involucradas, según los informes de incidentes, y no se les llamó Cada vez que había un arma.

Una revisión de más de 400 informes de incidentes de los años escolares 2016-17 y 2017-18 por ProPublica Illinois y WBEZ muestra que un oficial de policía fue llevado o informado al menos 87 veces. En docenas de otros casos, los registros del distrito no ofrecen una indicación clara de si un oficial intervino.

Las intervenciones típicamente ocurrieron de la misma manera. Primero, un analista encontró una publicación o recibió una sugerencia sobre una publicación, la mayoría de las veces en Facebook, que mostraba a un estudiante mostrando señales de pandillas o sosteniendo lo que parecía ser un arma. El analista le dijo al especialista de seguridad del distrito, quien inició una intervención, a veces con un oficial de policía presente, y casi siempre con un decano o director de la escuela en la sala.

Se le preguntó al estudiante sobre los lazos entre pandillas, se le advirtió sobre los peligros de publicar contenido relacionado con pandillas en las redes sociales y se le alentó a eliminar las publicaciones relevantes mientras los adultos observaban.

En muchos casos, el estudiante negó estar en una pandilla e insistió en que las armas en las fotos eran pistolas o juguetes BB, según la revisión de los informes de incidentes.

Algunas veces, los estudiantes expresaron su incomodidad por la presencia de la policía. En un caso, un estudiante de la Escuela Secundaria Sullivan, en el extremo norte, vio a dos oficiales de policía en la sala y exclamó: «¡No me gusta la policía!»

En otro caso en la Escuela Secundaria Taft, en el Extremo Noroeste, el Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas y un oficial de la policía con sede en la escuela se reunieron con un estudiante que había visto signos de pandillas en Facebook. El estudiante primero se negó a responder preguntas y luego llamó a su madre, quien les dijo a los funcionarios que hablaran con su abogado.

Pero el enfoque tenía sentido, dijo Chou, porque los objetivos no eran punitivos.

«A estos oficiales solo les importa mucho, y creo que los estudiantes sienten eso», dijo. «No es un método de ‘Oye, es mejor que hagas esto o puedo encerrarte’. Es: ‘Como oficial de policía, te digo que me preocupa tu seguridad’ ”.

La revisión de los más de 400 informes de incidentes sugiere que el distrito evitó en su mayoría castigar a los estudiantes. Parece que solo un puñado de incidentes provocó arrestos, que fueron peleas físicas derivadas de disputas en línea, y las intervenciones se produjeron más tarde, y los informes rara vez indican que los estudiantes fueron disciplinados por sus publicaciones, aunque los administradores a veces amenazaron con la disciplina si las publicaciones continuaban.

Algunos incidentes se elevaron a niveles de emergencia. Al menos cuatro veces, se llamó al Equipo de Seguridad Escolar de Pandillas para investigar las amenazas de disparos escolares en las redes sociales, y los oficiales hicieron visitas fuera del horario laboral a las casas de los estudiantes para informarles a los padres y asegurarse de que no tuvieran acceso a un arma. En un caso, un estudiante fue disciplinado por publicar un anuncio a través de Facebook como un «Tirador de la escuela», promocionándose a sí mismo como un «apuntador muy talentoso con gran habilidad con las armas». Pero el CPS fue alertado de esas amenazas a través de consejos, en lugar de ser monitoreado por el Analistas, muestran los informes de incidentes.

Frank Cabrera, un presidente sénior y de clase en Steinmetz College Prep en el lado noroeste, dijo que imagina que los funcionarios del distrito implementaron el programa con «buenos deseos», pero desea que a él y sus compañeros les dijeran que su escuela era parte de él. Chou dijo que los funcionarios escolares mencionaron a los padres en las reuniones comunitarias que el distrito monitorea las redes sociales en busca de amenazas, pero ProPublica Illinois y WBEZ descubrieron que muchos estudiantes y padres en las escuelas objetivo no estaban al tanto.

«La comunicación es clave entre todos», dijo Cabrera. «Simplemente me sorprende que no lo supiéramos».

Preguntas sobre la transparencia

A los grupos de defensa como la Unión Americana de Libertades Civiles de Illinois les resulta difícil justificar la ampliación de la función de la policía en las comunidades que, según dicen, ya están demasiado vigiladas.

«Si van a monitorear, es necesario que los estudiantes y los padres notifiquen qué sitios se están monitoreando, cómo se están monitoreando … y qué van a hacer con toda esa información», dijo Rebecca Glenberg. Un abogado senior para el grupo.

La política del distrito dice que los funcionarios escolares solo deben llamar a la policía por una de dos razones : para buscar ayuda en una «situación de emergencia» o para notificarles un crimen. En los documentos sobre el programa de monitoreo, los funcionarios de CPS dijeron que las publicaciones en las redes sociales que indican afiliaciones a pandillas no justifican una llamada a la policía, a menos que también haya un arma involucrada o una amenaza de violencia.

En casos que no sean de emergencia, se supone que los administradores deben hacer «esfuerzos razonables» para comunicarse con un padre o tutor antes de llamar a la policía. Ese contacto es obligatorio en los casos con estudiantes de escuela primaria y se recomienda en aquellos con estudiantes de secundaria. Pero los informes de incidentes, como el del estudiante de Taft que llamó a su madre, sugieren que el esfuerzo no siempre se hace.

Incluso cuando no se realizan arrestos, los defensores temen que la información recopilada por la policía tenga consecuencias negativas para los estudiantes, especialmente dado que algunas intervenciones incluyen oficiales que los presionan para que admitan sus afiliaciones de pandillas. Glenberg se preguntó si los nombres de los estudiantes se agregarán a la controvertida base de datos de pandillas del departamento .

«La policía ha sido completamente no transparente», dijo Glenberg. «Entonces, si no conocemos los criterios para llegar allí, si hay alguno, y no sabemos qué está sucediendo con todos los datos que se recopilan con el monitoreo de las redes sociales, entonces creo que todo está sobre la mesa». . ”

Chou, el jefe de seguridad del distrito, dijo que no hay que preocuparse de que un estudiante identificado a través del programa termine en la base de datos de pandillas. Pero un comandante de policía que supervisa el Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas fue menos inequívoco.

«Creo que cualquier cosa podría progresar», dijo el comandante. Christopher Kennedy de la División de Investigaciones de Pandillas, que incluye al Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas. «No me gustaría decir: ‘No, absolutamente no, nunca’, porque cualquier escenario podría construirse. Pero en circunstancias generales, no estamos usando esto como un medio para ingresar como un expediente para mantener a nadie «.

Sargento Gus Vasilopoulos, del Equipo de Seguridad Escolar de Gang, dijo que la policía a menudo crea su propia documentación de las intervenciones. El distrito escolar no tiene un acuerdo por escrito con el Departamento de Policía que prohíba a la unidad documentar las interacciones con los estudiantes o incluso agregarlos a la base de datos de pandillas.

«Hay tantos que no documentamos todo, [pero] si hablamos con el niño, documentamos y hacemos algún tipo de investigación de pandillas» informe complementario, dijo Vasilopoulos.

La falta de transparencia sobre el programa en sí también ha generado escepticismo. El distrito escolar aparentemente implementó el monitoreo sin avisar a los estudiantes y padres.

Esto no solo es problemático sino que también es una oportunidad perdida, dijo Parker, el padre de Morgan Park, que tenía dos hijos mayores graduados de la escuela. Ella dijo que nunca querría a su hijo en una habitación con la policía sin un padre allí, y que también querría saber acerca de un mensaje perturbador para poder hablar con su hijo al respecto.

Chou dijo que hay una diferencia en la política del distrito entre “intervenciones”, donde un padre no necesita estar presente, y “reuniones”, donde los padres deben participar.

«No son reuniones», dijo Chou sobre el programa. «Hacemos intervenciones».

Incluso a algunos funcionarios escolares no se les dijo que sus estudiantes estaban siendo monitoreados. En agosto de 2016, cuando Crime Lab realizó entrevistas con 26 administradores, “solo unos pocos” en las escuelas objetivo conocían la existencia del programa. Los administradores de las escuelas que Crime Lab usó como controles para medir los resultados dijeron que el concepto los hizo sentir incómodos.

«Cuando describimos el programa a las escuelas de control, algunos no querían el programa porque sentían que podría ser una invasión de la privacidad de los estudiantes», escribió Crime Lab en un informe de progreso.

Chou enfatizó que los analistas de inteligencia solo miran publicaciones públicas o capturas de pantalla de publicaciones compartidas con ellos. No envían solicitudes de amistad para evadir las configuraciones de privacidad, dijo, y reconoció que el software que dejaron de usar en 2017 no solo resultó ineficaz, sino que también la hizo sentir incómoda.

«Ese modelo general, la sociedad ha hablado de eso», dijo Chou. «Hemos determinado que no es la respuesta correcta para nosotros».

Aún así, las tres cuartas partes de los administradores entrevistados por el Laboratorio de Delitos dijeron que sus escuelas monitoreaban las redes sociales por su cuenta, por lo general al tener a un miembro del personal como amigos en Facebook y revisar sus publicaciones en la noche y los fines de semana.

«Es cómo hacemos negocios»

Con parte del dinero de la subvención del Departamento de Justicia, CPS contrató a los dos analistas para revisar las redes sociales de los estudiantes que se pueden buscar públicamente, incluidas las publicaciones realizadas fuera del campus y después de la escuela. Ambos analistas trabajaron anteriormente como oficiales de seguridad para el distrito, según los currículos obtenidos por ProPublica Illinois y WBEZ.

La subvención también subsidió el uso del distrito de un software de vigilancia llamado Dunami, que fue comprado en el pasado por el FBI y el Departamento de Defensa y ayuda a los usuarios a identificar figuras influyentes y trazar redes humanas basadas en la actividad de los medios sociales. El distrito usó la herramienta hasta 2017, cuando los funcionarios decidieron que otros métodos, como las búsquedas manuales de palabras clave por parte de los analistas y el seguimiento de las sugerencias del personal y los miembros de la comunidad, fueron más efectivos y menos intrusivos.

Para medir los efectos del programa, Crime Lab comparó los datos de las víctimas con disparos en escuelas objetivo con datos de escuelas con características demográficas similares.

En un informe final publicado a fines de enero, el laboratorio dijo que los estudiantes en las escuelas objetivo experimentaron casi un 30% menos de incidentes con disparos fuera de la escuela que los estudiantes en las escuelas de control, aunque el Laboratorio de Delitos dijo que este resultado no era estadísticamente significativo porque la muestra era demasiado pequeña.

El informe encontró caídas estadísticamente significativas en incidentes de mala conducta y suspensiones fuera de la escuela en las escuelas objetivo en comparación con las escuelas de control. En general, Crime Lab dijo que los datos apuntaban a «la promesa de este enfoque innovador».

Ahora, con el financiamiento para la beca vencida, los funcionarios escolares reconocieron en un memorando de diciembre al Departamento de Justicia que la cantidad de estudiantes identificados a través de las búsquedas en las redes sociales disminuiría «drásticamente». Pero Chou dijo que un analista de inteligencia permanece en el personal. El monitoreo de las redes sociales va a continuar.

«Esto realmente ya no es un programa, en el sentido de que así es como mantenemos a los niños seguros», dijo. «Así es como hacemos negocios».