FAQ: la reforma educativa xalapeña

México / 25 de febrero de 2018 / Autor: Wenceslao Vargas / Fuente: Plumas Libres

La reforma educativa no ha tenido tropiezos desde el oficialismo desde que nació en 2013, pero a fines de enero de 2018 recibió de parte del PRI veracruzano la embestida de una iniciativa legal para reformarla a nivel constitucional eliminando la evaluación docente para permanecer en el empleo. Abordaremos el tema a la manera de las preguntas que se hacen frecuentemente (Frequently asked questionsFAQ).

¿Ha defendido el PRI a la reforma educativa y ahora quiere revertirla? El PRI, como gobierno y como partido, ha defendido la reforma educativa tal y como la construyó con ayuda del PAN y del PRD en los años 2012 y 2013. La defendió hasta los días 25 y 31 de enero del año en curso. El jueves 25 la bancada del PRI en la legislatura veracruzana propuso, y el pleno aprobó por unanimidad, el miércoles 31, remitir al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que pretende modificar el artículo tercero constitucional para eliminar por siempre la evaluación del desempeño docente, pieza fundamental en la reforma educativa tal como el discurso oficial la presentó. Revertir en esa área la reforma de 2013 es crear una especie de reforma educativa xalapeña.  

¿Qué dice el párrafo pertinente en el artículo tercero por modificar? Lo que hay que modificar –inicialmente- es el párrafo tercero del artículo 3º. de la Constitución. Dice lo siguiente, con comillas externas y comillas internas en el párrafo para llamar la atención al lector sobre las palabras a modificar: “La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la “evaluación obligatoria” para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la “permanencia” en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”. Así, la evaluación docente para permanencia es obligatoria en el nivel constitucional.

¿Se pueden o no modificar estas palabras a como lo propone el PRI desde la legislatura veracruzana? Técnicamente es posible. Nosotros, en nota previa, decíamos que sí puede lograrlo el PRI, y nos sostenemos en la respuesta. Partimos del supuesto de que, el haber sido apoyado en Veracruz por todos los partidos políticos representados en la legislatura (PAN, PRD, Morena, Panal, independientes), garantiza que en el altiplano estarían en la misma postura de respaldo al PRI. Suena descabellado pero así es.

¿Qué hace falta para modificar la constitución y darle gusto a la bancada local del PRI veracruzano? Necesita el apoyo de los demás partidos y ya lo logró, muy extrañamente, de parte de todos. Hace falta también que al llegar la iniciativa a la Cámara de Diputados se entregue en la Comisión de Educación, que pase después al pleno y la aprueben dos terceras partes de los diputados y dos terceras partes de los senadores. Luego se necesita que la aprueben 17 legislaturas locales; la de Veracruz se da por hecho.

¿Tendrán tiempo para desahogar la reforma educativa xalapeña en los noventa días que le quedan a la legislatura federal? Nosotros aventuramos la idea de que sí, sosteniendo nuestra respuesta con los mismos argumentos que decíamos en respuesta a pregunta anterior: todos los partidos en Veracruz están de acuerdo. Lo reiteramos, pero si no fuese así estaríamos frente a una broma.

¿Qué le espera a la iniciativa en la Cámara de Diputados? Siguiendo el mismo razonamiento de las respuestas previas, el destino de la iniciativa de reforma deberá ser halagüeño. Es difícil pensar que en la Legislatura federal 63 le exijan que se forme en la cola pues le acompaña el apoyo unánime de los partidos representados en la legislatura veracruzana, que son los mismos que en la federal, aunque le anteceden 4 mil 500 iniciativas pendientes de dictamen. La fuente de esta cifra es un portal especializado (Expansión CNN; bit.ly/2EEiVKI). ¿Qué dicen de la iniciativa la SEP y el INEE? Extrañamente nada dicen, no han salido a atajar la iniciativa que ya ha agotado las etapas iniciales que son las dos más sencillas; nada dicen, quizá porque saben que es una broma electoral. Otra opción es que saben que la iniciativa va en serio y es mejor guardar silencio, por ahora, y demostrar sorpresa -y aceptación- en el momento oportuno. Llama la atención la ausencia del apellido Meade en el proceso, en el caso de que vaya en serio.

El PRI jarocho debe lograr la reforma constitucional en los noventa días (primero de febrero a 30 de abril) que le quedan a la legislatura federal 63 en su último periodo ordinario para que no se le tome a broma. Después de eso noventa días se instala la Comisión Permanente y a partir del primero de julio ya habrá nuevos diputados. Dicho de otra forma, ésta iniciativa de reforma constitucional tiene poco tiempo y no debe tener reversa política. En medio del camino se hallan dos reuniones magisteriales: la de Morena y su simpatizantes magisteriales en Zacatecas el sábado 10 de febrero para tocar el tema, precisamente, el de la desaparición de la reforma educativa entera y, dos días después, el SNTE ortodoxo el lunes 12 en Jalisco para su proceso electoral nacional. En ambos el tema es fundamental.

Si al final del día no se prosigue el proceso legislativo lanzado a fines de enero por el PRI jarocho, la iniciativa, con un costo político anexo para todos sus candidatos, habría quedado como broma. Cabrá entonces plantear la pregunta de quién tuvo la idea de comenzarla.

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FAQ: la reforma educativa xalapeña

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La reforma educativa contra la pared

México / 1 de febrero de 2018 / Autor: Wenceslao Vargas Márquez / Fuente: Profelandia

En un artículo periodístico del día 26 de enero, el titular de la SEP, Otto Granados Roldán, “articulista invitado”, defendía con todo lo que podía la reforma educativa en un medio de comunicación nacional (bit.ly/2Ehtxz2). Hacía su trabajo. El artículo seguramente debió redactarlo el día jueves 25. Quizá no sabía el secretario, seguramente se enteró después, que el mismo día y a la misma en que él afanosamente redactaba para defender la reforma educativa, correligionarios suyos del mismo PRI torpedeaban desde Xalapa, Veracruz, la capacitación y la evaluación a los docentes, vale decir, torpedeaban la reforma hasta sus cimientos.

Dijo el secretario Granados, algo malhumorado, replicándole principalmente al precandidato Ricardo Anaya y al PAN: “Que en la pulsión de la coyuntura se use el griterío electoral para vituperar una reforma muy buena para los niños de México no sólo es una impúdica metáfora de los alcances de la ansiedad, sino también nos recuerda por qué una mejor educación (…) era y es urgente para muchos”. Quizá el enterarse que la impúdica metáfora y la ansiedad y el griterío electoral vienen también de legisladores de su propio partido habría incomodado más al secretario. Los diputados veracruzanos del PRI en Xalapa (más lo del PAN, PRD y Morena, que nos están al tanto de lo que están haciendo al subirse a la batea de la camioneta electoral del PRI) criticaron agriamente la capacitación docente el día 25 de enero en la legislatura.

Al día siguiente, el 26, parece que el secretario les contestó a esos diputados extrañamente rebeldes. Dijo Otto Granados en un mensaje que parece remitido a PRI, Domicilio Conocido, Xalapa: “Entonces ¿hubo o no formación y capacitación para nuestros maestros? Más aún: su impacto parece ya reflejarse en una cierta mejora de los resultados históricos obtenidos en las evaluaciones aplicadas a los participantes en evaluaciones para promoción y desempeño el año pasado”.

Nosotros ya nos propusimos dos posibles explicaciones: o la iniciativa del PRI jarocho es un rollo mareador electorero para sorprender al que se deje en favor del aspirante Yunes Zorrilla, o es una estrategia para suspender (legalmente o no) la evaluación docente para la permanencia con la idea de contener la sangría de votos magisteriales que fluye permanentemente hacia Morena por su oferta electoral en la materia. Cuando decimos “legalmente o no” queremos decir que las suspensión de la evaluación docente para permanencia puede hacerse, al menos provisionalmente, sin modificación del tercer párrafo del tercero constitucional y sin modificación de la secundaria ley del servicio docente. De hecho algo así se ha hecho en dos ocasiones. Una vez se hizo en la última semana de mayo de 2015 cuando Chuayffet la suspendió por “motivos políticos”, así dijo, y que eran la circunstancia electoral de las elecciones federales intermedias. La otra vez al año siguiente, en agosto de 2016, cuando el INEE la declaró, unilateralmente, que la evaluación sería voluntaria (eluni.mx/2rOrvnv) y sin consecuencias jurídicas para quien no se evaluara. En ese año sólo fue obligatoria para los “reprobados” del 2015.

Cuando la exdirigente del PRI, Gordillo, logró su prisión domiciliaria el 16 de diciembre, nueve de cada diez comentaristas dijeron que salía por un contubernio con el PRI para que apoyar al PRI en las elecciones. Desde el primer minuto dijimos aquí que esa afirmación no se sostenía con los elementos de juicio a la vista de los que todos disponíamos pero que nos daba flojera ponernos a refutar a los sospechosistas. Tuvimos la razón. Ahora que los diputados del PRI jarocho se ponen rebeldes, nueve de cada diez opinadores dicen, sin reservas, que la propuesta de suspender o eliminar la evaluación docente es electorera y está destinada al fracaso porque el presidente de la república, el anterior y el actual titular de la SEP defienden con todo a la reforma y a la evaluación.

Nosotros, sin negar que pueda ser electorera, añadimos la variable de la posibilidad de un esfuerzo de último minuto de parte del PRI (más los personajes que van en la batea de la camioneta y que no están al tanto de lo que están haciendo) para contener la fuga de votos magisteriales hacia el PAN-PRD y Morena por la vía de suspender la evaluación docente obligatoria mediante una modificación legal, o por la vía administrativa, vía esta última mediante la cual ya se ha hecho en dos ocasiones en los últimos tres años. Pronto sabremos la realidad. Mientras, el día 25 de cada uno de los meses venideros estaremos haciendo un balance mensual de por dónde va el proceso legislativo iniciado en Xalapa a despecho de la postura oficial de la SEP.

La corrupción, la impunidad y, sorpresa, la reforma educativa, son los tres principales temas de las discusión política rumbo a las elecciones presidenciales de julio de 2018. La reforma educativa es un tema de disputa enconada entre los tres principales frentes electorales del país. Por un lado el PAN-PRD-MC con Ricardo Anaya y por otro Morena y López Obrador. Ya se les sumó el PRI de Veracruz. Quizá pronto se sume el PRI nacional y el sindicato magisterial mayoritario que tiene dos congresos jarochos el viernes 2 y uno electoral nacional diez días después, el 12 de febrero, escenarios ideales para proseguir con el ya lanzado cronograma cuyo objetivo ignoramos.

Si los tres frentes electorales más importantes del 2018 apuntan sus baterías contra la reforma educativa algo podemos concluir apoyados en Pero Grullo, nuestro filósofo de cabecera: la reforma educativa, la estrella más rutilante de las reformas estructurales, por motivos electorales se halla herida de muerte, recargando un hombro herido sobre la rasposa y áspera pared.

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La reforma educativa contra la pared

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La reforma educativa en Xalapa

México / 1 de febrero de 2018 / Autor: Wenceslao Vargas Márquez / Fuente: Profelandia

Cuando el Pacto por México echó a andar la reforma educativa a fines del año 2012 (con el PRI a la cabeza y el PAN y el PRD a remolque) muy probablemente no tuvo en la cabeza que esa variable, la reforma educativa, sería un factor fundamental y definitorio de la sucesión presidencial de seis años después. Hoy la reforma educativa está en la mesa de discusiones dentro de la disputa del partido en el poder (PRI) y el candidato de izquierda que en todas las encuestas serias cuenta con más posibilidades de ganar la presidencia de la república.

¿Cuál es el problema del magisterio con la reforma educativa? Trataremos de decirlo de nuevo a como lo hemos hecho en otros momentos. Quizá el único problema del magisterio con la reforma educativa radica en el tema de la evaluación docente obligatoria para el personal antiguo, es decir, para el personal ya contratado antes del año 2013 en que entró en vigor la reforma. ¿Por qué el magisterio se resiste? Se resiste porque lo que se presenta como evaluación docente es un proceso administrativo que deja fuera dos cosas, deja fuera la valoración del trabajo diario conocida como Informe de Responsabilidades Profesionales (puntualidad, asistencia, plan de clases, compromiso social, etc.) y deja fuera la observación del docente en el aula. ¿Cómo puede una evaluación llamarse evaluación sin estos dos elementos?

Contra esta evaluación y su manera de aplicarla es que está en contra el magisterio. Ni pedagogos, ni el INEE, ni los políticos, ni los investigadores, ni nadie, ha hecho posible que la SEP comprenda que esta manera de evaluar es un despropósito. Pero quien no se evalúe está cesado según la ley, un despropósito mayor. ¿Quién firma el cese? Los gobernadores de los estados, de quienes depende el magisterio nacional desde el acuerdo SEP-SNTE del año 1992 y que no están lo suficientemente limpios en ética y moral como para firmar ceses. Desde que entró en vigor la ley el magisterio estuvo en desacuerdo que se midiera así su capacidad para permanecer en el empleo.

La revista Nexos, recién en el enero 2018 en curso, publicó una nota de un colaborador suyo titulada Algunas pistas para seguir el debate educativo del 2018 (bit.ly/2mQ8Brx). Lo firma B. Naranjo, quien da algunas razones para el análisis. Luego dice: “Por estas razones, mi primera invitación es que los actores educativos no centren su debate en la ‘reforma educativa’ en general. Sería más preciso y prudente definir en todo momento el programa o acción específica al emitir sus opiniones. En cuanto a la discusión actual, parece pertinente acotarla a la conveniencia o no de mantener la “evaluación de permanencia” y  –en su caso– de las modificaciones necesarias a la misma; de esa manera no se pone en la misma discusión la asignación de plazas docentes y ascensos por concursos de oposición, como lo establece la LSPD”.

Lo repito: la conveniencia o no de mantener la (obligatoria) evaluación de permanencia y de la realización de modificaciones necesarias. ¿Cuáles son las modificaciones necesarias y suficientes para el caso? La propuesta nuestra es modificar el artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente para que la evaluación de la permanencia, únicamente para el personal antiguo, no sea obligatoria sino optativa, y la planteamos en junio-julio de 2016 (“Ley docente y trece palabras”).

Al articulista de la revista Nexos se le puede sumar la postura del PRI de Veracruz que este jueves 25 de enero, en voz de un diputado suyo, ex dirigente del SNTE, propuso en la legislatura local eliminar la evaluación docente para efectos de permanencia. Eso es precisamente lo único que incomoda al docente de banquillo en todo lo que es la reforma educativa. Ahora se sabe con más claridad que el aspirante López Obrador está llevando hacia su causa a la mayor parte del magisterio nacional precisamente por el tema de la evaluación docente obligatoria para efectos de permanencia y urge ponerle un contrapeso que frene la sangría de votos hacia su causa. El PRI está urgido de ello porque las encuestas apuntan hacia una derrota tanto en lo nacional como en lo veracruzano.

Especulemos. ¿No será esta iniciativa el principio de una medida política de alto calado y profundidad del PRI para frenar a la izquierda puntera en las elecciones? Revertir sólo un aspecto de la reforma educativa permitiría al PRI decir que la reforma educativa sigue en pie. El único aspecto que lastima al magisterio, que es permanecer o no en el empleo con base en una evaluación, puede modificarse legalmente sin efusión de sangre ni efusión de dinero y contribuiría a quitarle votos al puntero electoral. Si el PRI está dispuesto a todo, a todo, para retener el poder, esta medida legislativa es fundamental e indolora. Ya el gobierno lo hizo en las elecciones intermedias federales de 2015 cuando Chuayffet (SEP) suspendió las evaluaciones docentes de entonces.

Recordemos también que dentro de tres semanas se renovará la dirigencia nacional del SNTE y esta iniciativa podría presentarse en aquél escenario de Puerto Vallarta, Jalisco, como un triunfo salido de un profesor diputado del SNTE para desalentar a las Redes Sociales Progresistas (RSP) que se inclinan por Morena. Una observación adicional es que, en realidad, la iniciativa debería (mejor) ser presentada por un diputado federal en el lugar donde se debe, que es en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, y no en Xalapa, legislatura que no tiene competencia al respecto.

Pronto veremos si esta propuesta del PRI de Veracruz se quedó en sólo nota mediática de un día para intentar sorprender al elector docente jarocho en favor de Yunes Zorrilla, o realmente es el principio de una operación política nacional de largo alcance de la que se quiere dejar la impresión que “viene de abajo”, de un diputado docente. En el supuesto de que fuese una embestida legislativa nacional de largo aliento de parte del PRI, los diputados locales del PAN, PRD y Morena que se sumaron a la iniciativa realmente no saben qué están haciendo. En el caso de que prosperara habrían votado por algo que capitalizaría el PRI para sus candidatos. Pero por supuesto.

Se verían ingenuos, se verían somnolientos compañeros de viaje dormitando en la batea de la camioneta electoral del PRI.

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La reforma educativa en Xalapa

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Jueces otorgan suspensiones a maestros contra reforma educativa

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