¿Volver a las aulas?

 

Sí, porque es en el aula, laboratorio, biblioteca, centro de prácticas, patio, comunidad donde el docente conoce a sus estudiantes y su evolución académica de manera objetiva, y donde el niño, niña, joven puede socializar bajo el espacio educativo.

Sin embargo, las preguntas deberían ser: ¿qué condiciones y garantías necesitamos para volver a las aulas? ¿Con qué propuesta educativa y pedagógica vamos a retornar? ¿Con qué capacitación docente? ¿Qué asistencia deben desarrollar los establecimientos educativos luego de un periodo de dislocación? ¿Cuál es la propuesta de reinserción educativa para quienes salieron del sistema educativo?

Necesitamos mirar al Sistema Nacional de Educación de manera global. Según datos oficiales de MinEduc, durante el año lectivo 2018-2019, el número de estudiantes fue de 4’581.835, de los cuales el 24% estaba matriculado en instituciones educativas del área rural; mientras el número de docentes dentro del Sistema Nacional de Educación fue de 217.748, de los cuales 169.559 docentes corresponden a la educación pública o fiscomisional. La distribución de los docentes por área geográfica demuestra que 7 de cada 10 trabajan en instituciones educativas del área urbana. Mientras el número de establecimientos educativos representó 16.301 instituciones entre todos los sostenimientos, de las cuales el 46% está ubicado en zonas rurales.

Por ahí se ha iniciado el retorno, mediante un grupo de instituciones ubicadas en el área rural; un segundo grupo más reducido son los establecimientos particulares que comienzan a enfrentar posibles casos de contagios en el interior del plantel. La realidad demanda al Gobierno asumir la educación como responsabilidad central del Estado, eso significa: articulación entre los distintos sistemas, destinar presupuesto con eficiencia y eficacia, vincular y fortalecer al sistema de salud y educación pública, promover un sistema educativo que responda a las necesidades sociales en sus diversos aspectos y que ubique a la tecnología al servicio de la pedagogía, ya que también se ha demostrado que la enseñanza telemática versus enseñanza presencial está siendo utilizada para ocultar los problemas estructurales de nuestro sistema educativo. No podemos seguir alabando desde el discurso la enseñanza telemática, eso en los hechos ha significado empobrecer aún más nuestro modelo educativo. Mientras no se pueda volver a las aulas por la pandemia, es urgente dotar a los estudiantes de los sectores populares con las herramientas tecnológicas necesarias e internet gratuito para cerrar la brecha digital.

Es menester señalar que cuando se esgrime desde la autoridad el supuesto derecho de madres o padres para decidir el retorno a las aulas, así sea bajo un plan piloto, se está falseando el debate. Ya que la única elección posible está entre regresar y no regresar. Dejando en segundo plano qué garantías se necesitan y quién es el responsable de darlas, o si es el momento oportuno. Por ahí debería partir una decisión científica y técnica, vinculados el anhelo y necesidad de volver a las aulas. (O)

 

Enlace original:

https://www.eluniverso.com/opinion/2020/11/27/nota/8063164/volver-aulas/

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¿Volver a las aulas?

Sí, porque es en el aula, laboratorio, biblioteca, centro de prácticas, patio, comunidad donde el docente conoce a sus estudiantes y su evolución académica de manera objetiva, y donde el niño, niña, joven puede socializar bajo el espacio educativo.

Sin embargo, las preguntas deberían ser: ¿qué condiciones y garantías necesitamos para volver a las aulas? ¿Con qué propuesta educativa y pedagógica vamos a retornar? ¿Con qué capacitación docente? ¿Qué asistencia deben desarrollar los establecimientos educativos luego de un periodo de dislocación? ¿Cuál es la propuesta de reinserción educativa para quienes salieron del sistema educativo?

Necesitamos mirar al Sistema Nacional de Educación de manera global. Según datos oficiales de MinEduc, durante el año lectivo 2018-2019, el número de estudiantes fue de 4’581.835, de los cuales el 24% estaba matriculado en instituciones educativas del área rural; mientras el número de docentes dentro del Sistema Nacional de Educación fue de 217.748, de los cuales 169.559 docentes corresponden a la educación pública o fiscomisional. La distribución de los docentes por área geográfica demuestra que 7 de cada 10 trabajan en instituciones educativas del área urbana. Mientras el número de establecimientos educativos representó 16.301 instituciones entre todos los sostenimientos, de las cuales el 46% está ubicado en zonas rurales.

Por ahí se ha iniciado el retorno, mediante un grupo de instituciones ubicadas en el área rural; un segundo grupo más reducido son los establecimientos particulares que comienzan a enfrentar posibles casos de contagios en el interior del plantel. La realidad demanda al Gobierno asumir la educación como responsabilidad central del Estado, eso significa: articulación entre los distintos sistemas, destinar presupuesto con eficiencia y eficacia, vincular y fortalecer al sistema de salud y educación pública, promover un sistema educativo que responda a las necesidades sociales en sus diversos aspectos y que ubique a la tecnología al servicio de la pedagogía, ya que también se ha demostrado que la enseñanza telemática versus enseñanza presencial está siendo utilizada para ocultar los problemas estructurales de nuestro sistema educativo. No podemos seguir alabando desde el discurso la enseñanza telemática, eso en los hechos ha significado empobrecer aún más nuestro modelo educativo. Mientras no se pueda volver a las aulas por la pandemia, es urgente dotar a los estudiantes de los sectores populares con las herramientas tecnológicas necesarias e internet gratuito para cerrar la brecha digital.

Es menester señalar que cuando se esgrime desde la autoridad el supuesto derecho de madres o padres para decidir el retorno a las aulas, así sea bajo un plan piloto, se está falseando el debate. Ya que la única elección posible está entre regresar y no regresar. Dejando en segundo plano qué garantías se necesitan y quién es el responsable de darlas, o si es el momento oportuno. Por ahí debería partir una decisión científica y técnica, vinculados el anhelo y necesidad de volver a las aulas. (O)

Fuente: https://www.eluniverso.com/opinion/2020/11/27/nota/8063164/volver-aulas

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A 100 años del Manifiesto Preliminar de Córdoba

Por  Andrés Quishpe

Este 21 de junio se cumplen 100 años del Manifiesto Preliminar de Córdoba. Documento que mantiene plena vigencia, su trascendencia es histórica y su contenido sigue inspirando varias luchas. En Córdoba los estudiantes se alzaron y llamaron a las cosas por su nombre, enfrentando a un régimen universitario autoritario, vertical y tradicional, que no permitía el desarrollo científico y académico. La lucha por la reforma consiguió importantes logros para la universidad, como el cogobierno estudiantil, la eliminación de los dogmas, la libertad y la periodicidad de las cátedras y de asistencia, el ingreso a los sectores populares, elección democrática de autoridades, etc. Pero sobre todo la revuelta de Córdoba afirmó que la lucha por la reforma universitaria no puede ser comprendida como simples parches a modelo educativo alguno, debe ser todo un movimiento de ruptura, de cuestionamiento a la estructura académica, política de la universidad, es decir, cuestionar a las estructuras económicas y sociales que dominan a la universidad.

Al cumplirse un centenario del Manifiesto de Córdoba es menester reflexionar cómo en nuestro país varios de sus logros y postulados durante la década del correísmo fueron descontextualizados bajo conceptos como autonomía “responsable”, que sirvió para ubicar a la educación superior a los objetivos y planificación de Alianza PAIS, con organismos de dirección estructurados por el régimen y no por las instituciones de educación superior. La calidad educativa se redujo a simples datos; se obligó a que los principales esfuerzos de los docentes se orienten al cumplimiento de trámites administrativos y no pedagógicos; se confundió altas notas con inteligencia y, lo que es peor, la homogeneización de la educación se impuso para atender la diversidad cultural de pueblos y nacionalidades del Ecuador.

La década correísta concibió a la universidad como un objeto inerte, sin palabra, pensamiento y decisión, donde un grupo privilegiado de tecnócratas determinó lo que suponía era lo más conveniente en materia educativa; la categorización fue utilizada como arma psicológica porque buscó desmoralizar, mecanizar la razón y obligar a la comunidad universitaria a que acepte para sí su propio fracaso. Camuflándose en un discurso de izquierda se recortaron derechos como la elección de decanos y directores de carrera mediante el voto universal de los actores universitarios; se negó el acceso a miles de jóvenes de sectores populares; se recortaron y limitaron las acciones del cogobierno y su composición.

La realidad expresa que la mejor forma de revivir el Manifiesto Preliminar de Córdoba es cambiar esta realidad. Las reformas realizadas a la LOES son un primer paso. Pero la universidad ecuatoriana demanda recuperar derechos de fondo y no solo de forma; demanda analizar y transformar su modelo educativo y concepción que dejó el correísmo. Necesitamos una universidad que fomente una formación intelectual, democrática y de calidad, nutrida de contenidos del acervo cultural de nuestros pueblos, apegada al desarrollo de la ciencia y tecnología, así como del dominio de las herramientas para adquirirlos y fomentarlos. Una universidad con contenidos críticos, emancipadores como base necesaria para comprender el mundo en el que vivimos y participar en su mejora. (O)

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/leandro-cahn-500-nuevos-casos-vih-ano-sabemos-prevenirlo-fallando_0_HJ0mJdpem.html

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