Chile / www.entornointeligente.com / 5 de Abril de 2017
El Consejo Nacional de Educación (CNED) es el organismo autónomo que se encarga, actualmente, de supervisar a las universidades en el período en que están recién formándose. Además, debe aprobar las reformas curriculares y visa el cierre de las instituciones de educación superior. Su presidente, Pedro Montt, conversó con La Tercera sobre los cambios que ya están andando y los que se están planificando en materia educacional.
Años atrás, los plazos de la Jornada Escolar Completa tuvieron que ser modificados y, ahora, el cambio que amplía la enseñanza media a seis años, también. ¿Por qué pasa esto?
Cada caso tiene su particularidad y no se puede generalizar. Son dos reformas estructurales. La Jornada Escolar Completa enfrentó una serie de obstáculos prácticos. Por ejemplo, establecimientos que no tenían capacidad de crecimiento en el lugar donde estaban y moverlos resultaba extremadamente complejo. El modificar el sistema a uno con seis años de enseñanza básica y seis de media es un cambio en la estructura curricular, que se piensa básicamente por la necesidad de profesores especialistas. Para tomarse en serio el cambio, se tendría que haber abordado una serie de condiciones que aseguraran su factibilidad.
¿Y eso no se hizo?
Había que revisar un conjunto de condiciones y no se actuó. No es culpa de este gobierno, sino de esta administración y también de la anterior. Primero, en un principio no se revisó ni catastró adecuadamente qué se requería en infraestructura. Este cambio no significaba que los establecimientos de enseñanza básica debían reducir infraestructura y tendrían salas vacías, mientras que los de media tenían que aumentar dos años y necesitaban más aulas. Podría ser una de las soluciones, pero puede tener múltiples más. Ese problema había que cuantificarlo. También había que preparar el cambio desde el punto de vista financiero, porque la subvención escolar de enseñanza media es superior a la de básica. En tercer lugar y, probablemente, lo más importante: había que pensar qué hacer para especializar a los profesores de básica y también cómo formar más especialistas. Sistémicamente, había que preparar una serie de condiciones y lo único que se hizo fue la reforma curricular, lo más fácil, porque fue dejar en papel los nuevos objetivos de aprendizaje.
¿Es partidario de aplazar el 6×6 (seis años de enseñanza básica y seis de enseñanza media) una década?
Es irresponsable decir que puede partir el próximo año, porque no se crearon las condiciones para ello. El gobierno no tiene salida en eso. El punto es si es necesario aplazarlo tanto. Los parlamentarios están discutiendo con el gobierno posibles sistemas de monitoreo, para ir cumpliendo los pasos previos para lograr el cambio de estructura. Profesores especializados logran mejores resultados, por eso no es bueno aplazarlo tanto.
¿Tenemos un sistema articulado con los cambios de las últimas décadas, como la jornada completa, los cambios curriculares, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y la Ley de Inclusión?
Es que hay demasiados cambios en el ambiente. Se han hecho cambios sobre los cambios y sin mucha maduración de las modificaciones.
Hay candidatos presidenciales que han dicho que van a reformar las reformas…
Países exitosos en educación han logrado continuidad en sus reformas. Si tenemos un sistema que pasa de un cambio de gran envergadura a otro, lo que genera incertidumbre, no es positivo. Las modificaciones se van evaluando para perfeccionarlas y mejorarlas, pero requieren tiempo. Por eso mismo es tan importante en educación lograr acuerdo antes de reformar algo, para que la educación se convierta en una política de Estado. Esta es la única manera de estabilizar los cambios en el largo plazo, si no, cómo sabes si algo que decidiste funciona o no, si lo cambiaste cuando estaba recién comenzando a operar.
¿Cree que salga la reforma a la educación superior sin acuerdo?
No tengo idea. No soy pitoniso.
¿Cree que es urgente aprobarla?
No cabe duda de que la reforma a la educación superior es urgente, pero ha habido muchos intentos de legislar en esta materia que no han sido exitosos. Casi todo se ha legislado en la Ley de Presupuestos, beneficios estudiantiles, cambios en estas materias, etc. Esto ocurre porque es un sector extremadamente difícil, entre otras cosas, debido a que existen fuertes disputas de intereses corporativos que provocan que las reformas terminen entrampadas. Falta una visión que trascienda a eso y ponga metas que todos compartan, porque finalmente terminan discutiendo cuál va a ser el financiamiento para uno y cuál para otro, qué me va a tocar a mí, y así no se avanza.
Los últimos cambios conocidos para la reforma apuntan a dividir a las instituciones en estatales, no estatales del Cruch y privadas fuera del Cruch. ¿Cómo ve eso?
Tiene connotaciones históricas. Todos los gobiernos pueden tratar de definir esto, pero se chocan con realidades políticas y tienen que navegar en esas condiciones para poder hacer viables las reformas. Lo importante es que el sistema se piense como es, no artificialmente recogiendo una parte de las instituciones. Hay que pensar en la mayoría de los alumnos.
Si tuviera que priorizar un aspecto de la reforma a la educación superior para acelerar su tramitación, ¿cuál sería?
Los mecanismos de control, fiscalización y alerta temprana del riesgo de instituciones son muy precarios. Sin duda se requiere de un sistema de alerta temprana robusto para detectar riesgos de las universidades y resguardar los derechos de las instituciones. En eso la figura de la Superintendencia de Educación Superior es central, y tiene que, a su vez, permitir la autonomía de los planteles.
¿Cree que puedan repetirse casos como el de la Universidad del Mar o la Universidad Arcis?
No son comparables. El caso de la U. del Mar es extremadamente anómalo. No hay ninguno similar, porque ni siquiera tenía registros curriculares. Eso en la U. Arcis no pasa, se sabe cuántos estudiantes están estudiando qué carrera. Desde 1993 a la fecha han cerrado 56 instituciones y ninguna causó tanto impacto como la U. del Mar. Eso sí, la reforma sitúa a las instituciones en un escenario con nuevas exigencias en torno a la regulación al lucro, donde entran a competir con la variable gratuidad y, además, con nuevas exigencias en acreditación. Es posible que se produzcan más cierres. Eso no es anómalo.
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