Pertinacia del gobierno en reforma a la educación superior

Diario La Tercera

Es irresponsable que el Ejecutivo intente a toda costa dejar aprobado un proyecto que ha sido objeto de transversales cuestionamientos.

Tras un año y medio de discusión, el proyecto de ley sobre educación superior entró en su fase decisiva en el Senado. Presentadas alrededor de 700 indicaciones -que buscan modificar diversas partes del cuerpo legal-, y a tres semanas del receso legislativo, aprobar el proyecto tras un estudio responsable de cada una de las propuestas de modificación enviadas por el mismo gobierno y los parlamentarios parece difícil.

Definido desde el comienzo por la actual administración como una de sus iniciativas emblemáticas, cuesta entender que la urgencia no haya existido a la hora de elaborar el proyecto -que ingresó cuando ya habían transcurrido más de dos años desde su instalación- o durante el año y medio que lleva en el Congreso.

Si bien el gobierno se ha allanado a ciertas mejoras solicitadas por los distintos actores, por ejemplo, en áreas como la posibilidad que existan contratos entre entes relacionados -tal como se aprobó en el ámbito escolar- y las indicaciones pretenden mejorar ciertos aspectos del sistema de acreditación, de todas formas dista de ser un marco regulatorio moderno, respetuoso de la autonomía de las instituciones y que potencia la diversidad de proyectos educativos.

Asimismo, mantiene los aspectos más polémicos como la gratuidad universal, el sistema único de acceso y elementos que se desprenden de dichas políticas: la fijación estatal de precios tanto para alumnos que son beneficiarios de la gratuidad como para el resto de los estudiantes y del número de vacantes, lo que en último término significa que el Estado tiene un control total sobre cada una de las instituciones de educación superior. O la idea de ampliar el Consejo de Rectores de Chile (Cruch) -en lugar de eliminar los privilegios arbitrarios de los que gozan ciertas instituciones, avanzando hacia una relación meritocrática entre todas las instituciones sin importar su calidad jurídica, año de fundación o adhesión a políticas voluntarias como la gratuidad. Todos estos son planteamientos equivocados y que tendrán profundos y negativos impactos en el sistema de educación superior.

Con todo, el gobierno, al tener mayoría en ambas cámaras puede utilizarla para aprobar, contra el tiempo, una reforma que sigue siendo objeto de cuestionamientos transversales. Si persistiese en esa idea, no debiera descartarse la posibilidad de aprobar separadamente aspectos puntuales de la ley en donde existan coincidencias con la administración entrante. Por ejemplo, en una Superintendencia para el sector, proyecto que presentó en su momento el gobierno de Sebastián Piñera, dejando de lado aspectos más discutidos.

En caso de que el gobierno renuncie a buscar consensos, y apruebe íntegramente el proyecto tal cual está, se producirá el sinsentido de que la nueva administración tenga la obligación de implementar políticas que van en directa contradicción con su programa de gobierno o bien de rectificar leyes recientemente aprobadas. Evidentemente un escenario como el descrito no ayuda en nada a consolidar un sistema de educación superior que dé mayores oportunidades a los alumnos y a la generación de bienes públicos.

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