Los desafíos de la educación chilena en el actual proceso constituyente

Por: Irina Bustamante Centellas

El proceso constituyente que se vive actualmente en Chile es el resultado del pueblo movilizado en las calles y es la gran oportunidad que tiene el país para resguardar constitucionalmente la educación como un derecho social garantizado por el Estado, al cual todas y todos deben tener acceso sin ningún tipo de discriminación, dejando atrás definitivamente las políticas neoliberales aplicadas a la educación en dictadura y profundizadas en los posteriores gobiernos de la social democracia; políticas que han generado segregación escolar producto del cuasi-mercado educativo que promueve la competencia entre escuelas y empobrece el rol formativo de las instituciones escolares.

La educación en Chile es reconocida por ser altamente segregadora y desigual, en donde las oportunidades de desarrollo están estrechamente vinculadas con las condiciones de origen de niñas, niños y jóvenes; esto producto de las lógicas de mercado que genera la competencia, el incentivo monetario, el ranking y la rendición de cuentas basadas en pruebas estandarizadas. Esto ha provocado que las escuelas se concentren principalmente en lo administrativo y en la recolección de evidencias, postergando su labor esencial: lo pedagógico. De esta manera, destinan gran parte de su tiempo en “adiestrar” a sus estudiantes y el profesorado es considerado como un mero ejecutor de políticas definidas centralmente, que son ajenas a las comunidades y que no dialogan con las diversas culturas escolares.

Todo esto es lo que Chile tiene la oportunidad de dejar atrás con el actual proceso constituyente y enfrentar el desafío de pensar en la posibilidad real de una educación democrática, pluricultural y emancipadora para la justicia social.

Con el actual proceso constituyente, el pueblo chileno tiene la oportunidad de dialogar y decidir sobre educación. Es la oportunidad de reconstruir la educación chilena como un proceso formativo integral que se desarrolla a lo largo y ancho de toda la vida, y se construye basado en los principios de la inclusión y la solidaridad, con un profundo respeto y valoración por los derechos humanos y los pueblos originarios. En esta nueva educación chilena -gratuita, laica, no sexista, multicultural y de calidad para todos y todas- la participación de las y los sujetos pedagógicos, de la comunidad local, de los sindicatos y de los movimientos sociales por la educación debe ser prioritaria y estar garantizada constitucionalmente.

La educación pública debe ser el pilar fundamental de este nuevo sistema educacional, en todos sus niveles y con presencia en todo el territorio nacional. La educación pública que construyamos será reflejo de la sociedad que queremos construir, por lo que la escuela pública debe ser una experiencia comunitaria de democracia y de justicia social, garantizada por un Estado Social y Democrático de Derechos, que ponga fin al modelo neoliberal y al Estado Subsidiario.

Esto, sin duda, nos exige pensar en un proyecto pedagógico de educación pública y popular inspirado en las luchas de los movimientos sociales por la educación, en los pueblos originarios y sus culturas ancestrales y en las pedagogías críticas y emancipadoras de Latinoamérica. Entonces, la invitación es que las escuelas públicas chilenas se transformen durante este período de definición de la carta fundamental, en escuelas constituyentes abiertas a la comunidad local, en donde construyan la educación que sueñan y proyecten la sociedad en que quieren vivir.