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Nigeria: La intensificación de los ataques contra niños y niñas hace peligrar el derecho a la educación

Por: Amnistia Internacional 

  • Más de 61 niños y niñas siguen cautivos meses después de un secuestro masivo a manos de bandidos
  • Más de 780 niños y niñas han sido secuestrados en 2021 para pedir rescate
  • Muchas escuelas cierran de forma indefinida ante la inseguridad creciente

Las autoridades de Nigeria están fallando a los niños y niñas, pues al menos 61 siguen cautivos en el norte del país meses después de que unos bandidos los secuestrasen durante ataques masivos a escuelas que también interrumpieron la educación de miles de escolares, y los sometiesen a un trato horrible y degradante durante su cautiverio, manifestó hoy Amnistía Internacional Nigeria.

Con frecuencia se secuestra a niños y niñas en orfanatos, escuelas y lugares de culto y se los mantiene cautivos durante semanas, —que a veces se convierten en meses en función de si se satisfacen —o de cuando se satisfacen— las demandas de sus secuestradores. A veces se les tienden emboscadas durante su trayecto a la escuela en autobús o a pie, y se los secuestra para pedir rescate.

Ningún menor debería pasa por lo que estos niños y niñas están pasando ahora en Nigeria. La educación no debe ser algo que pueda costarle la vida a nadie. Nigeria está fallando de nuevo a estos niños y niñas de un modo horrible.

Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.

En algunas zonas del norte de Nigeria, la población escolar corre peligro de muerte o secuestro de forma permanente. Desde febrero de 2021 han sido secuestrados más de 780 niños y niñas para pedir rescate en ataques en masa a escuelas o instituciones religiosas en los que algunos han muerto. A veces se obliga a los padres o madres de los menores secuestrados o a las autoridades escolares a suministrar alimentos y ropa para los menores cautivos”, aseguró Osai Ojigho.

El futuro de miles de escolares del norte de Nigeria continúa siendo desolador, pues en algunos Estados centenares de escuelas han cerrado indefinidamente a causa del aumento de la inseguridad. Muchos niños y niñas han abandonado la educación debido al trauma psicológico de presenciar ataques violentos o vivir en cautividad.

Un maestro de la comunidad en la que el 26 de febrero de 2017 fueron secuestrados 317 escolares en la zona de gobierno local de Jangebe (estado de Zamfara) contó a Amnistía Internacional que la inseguridad había reducido drásticamente la asistencia al colegio, pues los niños y niñas tienen miedo a ir aunque los obliguen sus padres.

Un niño de 15 años que sufrió lesiones cuando escapaba de un secuestro masivo en su escuela contó a Amnistía Internacional que no regresaría a la escuela tras su reapertura.

“Si la escuela vuelve a abrir, no volveré al internado. Prefiero matricularme como alumno externo en otro centro. Cada vez que recuerdo lo que pasa me entra miedo; es perturbador. Quiero que se rescate a todos los niños y niñas, especialmente a mis primos”.

“Cuando se atacan instituciones educativas, los daños y las consecuencias pueden ser importantes y de gran alcance. Es esencial proteger la vida de los niños y niñas, y las autoridades de Nigeria tienen el deber de garantizar que el sector educativo del país no se ve de nuevo amenazado por los secuestros, la intimidación y los homicidios de escolares.”

La sección 27 de la Ley de Derechos de la Infancia prohíbe el secuestro de niños y niñas. Nigeria, que ha ratificado la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación de tomar las medidas apropiadas para impedir el secuestro de niños y niñas y garantizar su derecho a la educación.

Muerte bajo cautiverio o durante un ataque 

Dos niñas y un niño secuestrados en el Instituto Público Federal de Birnin Yauri (estado de Kebbi) el 17 de junio de 2021 fueron hallados muertos unos días después del secuestro. A dos de ellos les habían disparado en las piernas, y se sospechaba que el tercero había muerto a causa de su mal estado de salud.

El 6 de junio de 2021, se encontró a unos pocos kilómetros de Tegina (estado de Níger) el cuerpo de un niño de tres años secuestrado en la Escuela Islámica Salihu Tanko; otros cinco niños y niñas secuestrados durante el asalto también murieron bajo cautiverio. Al menos 136 niños y niñas de entre 3 y 15 años fueron secuestrados durante el asalto y liberados el 26 de agosto después de pasar meses cautivos.

El 17 de febrero, Benjamin Doma murió cuando intentaba escapar de un asalto a su centro escolar, el Instituto Público de Ciencias de Kagara (estado de Níger), durante el que se secuestró a 27 escolares.

El 19 de septiembre, Edeh Donald, alumno de la Academia General Marista de Uturu (estado de Abia) murió cuando unos hombres armados atacaron su autobús escolar en la carretera de Ihube, en la zona de gobierno local de Okigwe, cuando regresaba de una excursión con sus compañeros.

Los grupos armados están atacando deliberadamente a niños y niñas. El uso de menores como escudo o baza para la negociación es inaceptable y debe cesar. El gobierno de Nigeria debe investigar estos ataques como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Osa Ojigho

Niños y niñas cautivos

Muchos niños y niñas secuestrados han sido liberados tras negociaciones, pero aún hay más de 61 menores cautivos meses después de su secuestro. El menos 56 niños y niñas del Instituto Público Federal de Birnin Yauri (estado de Kebbi) continúan cautivos cuando han transcurrido 167 días desde su secuestro el 17 de junio de 2021. Durante el asalto se secuestró también a 102 personas entre las que, además de escolares, había ocho miembros del personal académico y no académico.

En Kaduna, tres estudiantes secuestrados en el Instituto Baptista Bethel el 5 de julio de 2021 llevan 149 días cautivos. Al menos 121 niños y niñas de entre 10 y 15 años fueron secuestrados durante el asalto en la zona de gobierno local de Chikun.

Entre las 66 personas que permanecen cautivas tras su secuestro el 31 de octubre de 2021 en la Iglesia Baptista Emmanuel, en la zona de gobierno local de Chikun (estado de Kaduna), hay niños y niñas, incluido un bebé. “Los ataques a escuelas, los secuestros y los homicidios de escolares demuestran un desprecio absoluto por el derecho a la vida y el derecho a la educación. Las autoridades de Nigeria deben ofrecer protección a las escuelas y a los niños y niñas. Los ataques a escuelas violan el derecho internacional, y las autoridades deben garantizar que se investigan adecuadamente y se lleva a los presuntos responsables ante la justicia en juicios con las debidas garantías en los que no se recurra a la pena de muerte”, expresó Osai Ojigho.

Nigeria: La intensificación de los ataques contra niños y niñas hace peligrar el derecho a la educación

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Amnistía Internacional denuncia graves violaciones a los derechos humanos contra manifestantes en Colombia

Publicación original: Amnistía Internacional

Las prácticas evidenciadas en el nuevo informe Cali: En el epicentro de la represión —que incluyen uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas— son un reflejo de cientos de denuncias hechas por manifestantes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país, dijo Amnistía Internacional hoy.

“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida. Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, se encuentra en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno y donde proliferan los actores armados diversos que continúan dejando miles de personas desplazadas y asesinadas. Es la segunda ciudad con mayor población Afrodescendiente en Latinoamérica y se caracteriza por la desigualdad, la exclusión y el racismo estructural. Este contexto ha sido el detonante de que Cali concentre el mayor número de protestas, pero también de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión.

Desde el 28 de abril, se han presentado manifestaciones multitudinarias en Cali, en el marco del “Paro Nacional”. En esta ciudad se concentran las más graves denuncias de la represión violenta sufrida por jóvenes manifestantes a manos de la fuerza pública y de grupos de civiles armados, y las autoridades continúan restringiendo el derecho a la protesta pacífica hasta la fecha.

«Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas».

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional realizó una exhaustiva verificación digital de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Asimismo, la organización documentó actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos.

El informe analiza tres acontecimientos específicos que acumularon diversos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Cali. El primero ocurrió el 3 de mayo, cuando, en una incursión denominada “Operación Siloé”, agentes de Policía Nacional, en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), usaron armas letales, como fusiles Tavor 5.56 mm, contra manifestantes pacíficos. Esa noche se registraron al menos tres muertes por herida de arma de fuego, incluyendo la del joven Kevin Agudelo, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias.

El segundo evento analizado fue el ataque contra la Minga Indígena, llevado a cabo por civiles armados, en presencia de agentes de la Policía Nacional el 9 de mayo. Ese día resultaron heridas 11 personas indígenas, entre ellas la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto.

Por último, se presentan los hechos ocurridos el 28 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional usaron fuerza excesiva en coordinación con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. Ese día una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal.

En el caso de Siloé, se recurrió de forma ilegítima y excesiva al uso de gases lacrimógenos – incluso contra manifestantes pacíficos que no tenían por donde dispersarse, a través de Venom, un sistema inapropiado para ser usado en operaciones de mantenimiento del orden público.

Los hechos documentados no fueron aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas, quienes han respondido a la protesta con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización. Cuando el presidente Iván Duque decretó la militarización de varias ciudades del país, incluyendo Cali, el 28 de mayo, lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas al mandar a las calles cuerpos militares con más de seis décadas de formación para el conflicto armado.

Ante el anuncio de movilizaciones para el 20 de julio y la celebración de la Asamblea Nacional Popular, integrada por personas, colectivos y movimientos del Paro Nacional, en diferentes ciudades del país, incluyendo Cali, la Gobernación del Valle del Cauca dictó medidas restrictivas de movilidad de transporte y/o personas para ingresar al departamento del 16 al 22 de julio, limitando así el derecho a la protesta pacífica.

El informe destaca las recientes observaciones de la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llama al Estado a cumplir con sus recomendaciones, así como a cooperar con y no obstaculizar la labor del recientemente creado Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia de la CIDH.

El informe insta a las autoridades colombianas a dar con prontitud una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. Esto incluye la interdicción del uso de armas letales como medio de dispersión de multitudes y el uso de gases lacrimógenos contra reuniones pacíficas y/o de forma que implique un riesgo de causar daños excesivos e injustificados —de acuerdo con las 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley que Amnistía Internacional publicó esta semana.

«En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas».

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Asimismo, se deben iniciar investigaciones diligentes, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente, en la ciudad de Cali y los casos presentados en el informe, tomando en cuenta todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la fuerza pública, así como en la participación de personas civiles armadas con su tolerancia. No debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos.

El 12 de julio Amnistía Internacional solicitó información sobre los tres casos documentados en el informe al Ministro de Defensa, al Director General de la Policía Nacional y al Fiscal General de la Nación, a fin de recibir sus comentarios en un plazo de diez días e incluirlos en el informe. El 23 de julio el Juez 158 de Instrucción Penal Militar envío su respuesta con información sobre investigaciones iniciadas bajo esa jurisdicción. Al 23 de julio, fecha de cierre del informe, no se ha recibido respuesta de las demás autoridades.

El 19 de julio el presidente Duque presentó públicamente “el proceso de transformación integral de la Policía Nacional” que, según indicó, tiene como sus pilares la priorización del enfoque de derechos humanos. A pesar de este anuncio, el 20 de julio Amnistía Internacional recibió reportes de agentes del ESMAD haciendo uso ilegal de la fuerza durante las protestas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, resultando en varias personas manifestantes heridas.

“En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas”, dijo Erika Guevara Rosas.

Cali: En el epicentro de la represión, violaciones a los derechos humanos durante el paro nacional 2021 en Cali, Colombia (Investigación. 30 de julio de 2021)

Sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley (Investigación, 30 de julio de 2021)

30 reglas para el uso de sustancias químicas en la aplicación de la ley (Investigación, 30 de julio de 2021)

Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones(Noticias, 4 de mayo de 2021)

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Informe PDF: Amnistía Internacional la Educación en Derechos Humanos En 2020

Por: Amnistía Internacional 

El año 2020 se caracterizó por la alteración. En todo el mundo, la gente se enfrentó al miedo, la incertidumbre y la convulsión conforme la COVID-19asolaba sus países. Los gobiernos introdujeron medidas de confinamiento
y de otros tipos para ralentizar y controlar la propagación de la COVID-19. El personal sanitario y otros trabajadores y trabajadoras de primera línea trabajaron incansablemente y poniendo con demasiada frecuencia en grave peligro su salud, y hasta su libertad cuando expresaban su preocupación por la seguridad. Incluso con el resurgimiento de la esperanza de la vacuna, los países más pobres se han encontrado de nuevo al final de la cola porque los países más ricos acapararon las vacunas para sí mismos. Las consecuencias sociales, económicas y para la salud de la pandemia han agravado la profunda desigualdad y discriminación y han puesto aún más de relieve la magnitud del cambio en materia de derechos humanos necesario para construir un mundo justo y equitativo para todas las personas.

Amnistía Internacional y su personal no se salvaron del trastorno causado por la COVID-19 y el informe sobre educación en derechos humanos (EDH) de este año es ante todo testimonio, y celebración, de la resiliencia, flexibilidad y adaptabilidad de la red de educadores y educadoras enderechos humanos de Amnistía. Los proyectos en curso se adaptaron rápidamente a los nuevos contextos y realidades haciendo uso de herramientas alternativas digitales y también analógicas, como talleres virtuales o alianzas con emisoras de radio comunitarias. Los proyectos nuevos abordaron las necesidades en materia de derechos humanos provocadas y complicadas por la pandemia. En este informe se destaca sólo una pequeña parte del trabajo realizado en todo el mundo y presenta una instantánea del panorama general.

La pandemia ha puesto de manifiesto y agravado las amenazas existentes contra los derechos humanos como, por ejemplo, a la salud, a la libertad de expresión y de reunión, a la intimidad, a la educación y los derechos de las mujeres. Conforme el mundo sigue abordando la amenaza sanitaria directa de la pandemia y avanzamos —como es de esperar— hacia un mundo pos-COVID-19, hay que afrontar con resolución estas amenazas para los derechos humanos.

La EDH desempeña un papel clave en el empoderamiento de la sociedad civil y ayuda a poner unos cimientos sólidos de defensa de los derechoshumanos. Aunque seguimos enfrentando grandes dificultades, este informe es un importante recordatorio de la valiosa y pertinente labor de EDH que tiene lugar en todo el mundo, una labor que también podemos aprovechar, reforzar y mejorar mientras avanzamos conjuntamente.

Descarga el informe completo aquí: Amnistía Internacional la Educcaion en Derechos Humanos en 2020

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Oriente Medio y Norte de África: La violencia de género sigue destrozando la vida de las mujeres en la región

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional ha resaltado cómo, a pesar de las limitadas reformas acometidas, las mujeres de la región de Oriente Medio y Norte de África siguen soportando una arraigada discriminación y sufriendo actos de violencia a diario, mientras, lamentablemente, los gobiernos se abstienen de tomar medidas para acabar con las detenciones arbitrarias, los secuestros, los asesinatos, los llamados homicidios “en nombre del honor” y otras formas de violencia de género.

Últimamente, tras el estallido de la pandemia de COVID-19 algunos países han informado de un incremento en el número de casos de violencia de género intrafamiliar y de llamadas a líneas de asistencia telefónica, debido a los prolongados encierros domiciliarios que han llevado consigo los confinamientos y los toques de queda.

“En la región de Oriente Medio y Norte de África, las mujeres y las niñas siguen viendo sus vidas destrozadas por la realidad diaria de la violencia, tanto en el hogar como en la calle. La violencia de género era ya motivo de preocupación constante en toda la región, pero el marcado aumento de la violencia de género en el ámbito familiar durante los confinamientos de la COVID-19 ha tenido consecuencias desastrosas”, afirma Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“A lo largo de los últimos años, aunque las personas que defienden los derechos de las mujeres en la región han ganado importantes batallas que se han traducido en tímidos avances en los derechos de las mujeres —sobre todo, reformas legislativas, con la derogación de leyes discriminatorias—, ese progreso se ha visto ensombrecido por la actuación de los gobiernos, que contribuyen a la violencia de género o, como mínimo, la toleran, lo cual sigue teniendo un efecto devastador sobre la vida de las mujeres”.

En la región de Oriente Medio y Norte de África, las mujeres y las niñas siguen viendo sus vidas destrozadas por la realidad diaria de la violencia, tanto en el hogar como en la calle.
Heba Morayef, Amnistía Internacional

En 2020, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado los ya graves peligros a los que se enfrentaban las mujeres de la región, con lo que en algunos países —como Argelia, Irak, Jordania, Marruecos y Túnez— las organizaciones de derechos de las mujeres, las líneas de asistencia telefónica y los refugios para sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar han constatado un aumento en el número de llamadas de socorro o de casos de violencia de género registrados.

En Argelia, el Centro de Información sobre los Derechos de la Mujer y la Infancia registró, al menos, 39 casos de asesinato o de “agresión y palizas deliberadas” con resultado de muerte durante el confinamiento de la COVID-19, aunque los grupos de derechos de las mujeres aseguran que la cifra real es, probablemente, superior.

La violencia de género sigue siendo endémica

Durante los últimos años, algunos países de Oriente Medio y Norte de África han experimentado tímidos avances legislativos e institucionales en relación con los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en Arabia Saudí se ha reformado, con mucho retraso, el discriminatorio sistema de tutela masculina y se ha revocado la prohibición de conducir para las mujeres, mientras que en Túnez se ha establecido un mecanismo de denuncia para sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar, y en Jordania se ha abierto un refugio para las mujeres amenazadas de los conocidos como “delitos en nombre del honor”.

En el Magreb, se han aprobado disposiciones jurídicas para combatir la violencia contra las mujeres, incluida una emblemática ley aprobada en 2017 en Túnez para proteger a las mujeres contra toda forma de violencia de género.

Sin embargo, estos avances se han visto ensombrecidos por la violencia y la discriminación que sufren constantemente las mujeres —sobre todo en cuestiones de matrimonio, herencia y custodia de hijos e hijas—, y han sido menoscabados, además, por la deficiente aplicación de las reformas y por la continua negación de participación activa a las mujeres.

Se han seguido registrando los conocidos como “homicidios en nombre del honor” en Irak, Irán, Jordania, Kuwait y las comunidades palestinas de Israel y Palestina, donde las autoridades se han abstenido de procesar a los perpetradores y de abordar las discriminatorias leyes y normas de género subyacentes, que permiten que esa violencia prolifere. En varios países, las defensoras de los derechos humanos han sido amenazadas —de violación, entre otras cosas—, intimidadas, limitadas en sus desplazamientos o, incluso, agredidas y asesinadas por agentes estatales y no estatales, que han intentado silenciarlas así.

En Libia, las mujeres y las niñas han sufrido agresiones físicas, secuestros, asesinatos y violencia sexual, así como campañas de desprestigio y abusos online, a manos de milicias y grupos armados. Recientemente, en noviembre de 2020, la abogada libia Hanan al-Barassi murió abatida a tiros en Bengasi tras haber criticado la corrupción de ciertas personas vinculadas a grupos armados del este de Libia.

Asimismo, en Irak, hombres armados mataron a tiros a Reham Yacoub, activista conocida por haber organizado actos de protesta en Basora en agosto de 2020.

En Egipto, gracias a una campaña online contra el acoso y la violencia sexual realizada por una serie de jóvenes feministas, varios hombres acusados de violación fueron detenidos en agosto de 2020. Sin embargo, pese a haber aprobado las autoridades egipcias una disposición legal que permite a la fiscalía garantizar el anonimato a las sobrevivientes de violencia sexual, se ha seguido deteniendo y procesando a sobrevivientes y testigos que han declarado en causas judiciales similares o que han denunciado la violencia sexual.

En 2020, al menos nueve influencers de las redes sociales fueron procesadas, acusadas de “violar principios familiares” debido a unos vídeos publicados en TikTok. Además, los medios de comunicación progubernamentales han llevado a cabo una agresiva campaña de desprestigio contra las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y quienes las apoyan.

En Irán, la policía “de la moral” ha seguido imponiendo el cumplimiento de discriminatorias y degradantes leyes de uso obligatorio del velo, y sometiendo a diario a las mujeres y las niñas a acoso y agresiones.

Los derechos de las sobrevivientes, vulnerados

Las mujeres que dan el paso de denunciar abusos se encuentran con grandes obstáculos a la hora de acceder a la justicia. En Libia, pueden ser detenidas por “adulterio” y, entre la población refugiada y migrante, las mujeres no se atreven a acercarse a la policía, por temor a ser detenidas y deportadas. En Jordania, algunas mujeres han manifestado su temor a ser recluidas en albergues si denuncian actos de violencia en su contra. Pese a las reformas, en Arabia Saudí el sistema de tutela masculina continúa permitiendo a los varones tutores perpetuar la violencia contra las mujeres, que no están protegidas frente a la violencia sexual y física. Por ejemplo, las mujeres que sufren violencia en el ámbito familiar siguen necesitando el permiso del varón tutor para salir de los albergues.

Aunque algunos países han revocado disposiciones jurídicas que permitían a los violadores evitar ser procesados si se casaban con sus víctimas, ese tipo de leyes se mantienen en varios países de la región de Oriente Medio y Norte de África.

“La pasividad de los gobiernos a la hora de proteger de manera adecuada a las mujeres contra la violencia de género y de combatir la impunidad ha perpetuado esa forma de abuso. Para empezar, las autoridades deben condenar públicamente todas las formas de violencia de género y desmantelar las estructuras que facilitan esos abusos, tales como la tutela masculina,” asegura Heba Morayef.

“Además, deben garantizar la protección de los derechos de las sobrevivientes, que éstas puedan acceder de manera segura a la justicia y que los perpetradores rindan cuentas. Es preciso que las sobrevivientes puedan acceder a albergues, asistencia psicosocial y servicios jurídicos y de otros tipos adecuados”.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/03/mena-gender-based-violence-continues-to-devastate-lives-of-women-across-region/

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Amnistía Internacional lanza app de aprendizaje de derechos humanos para la próxima generación de activistas

Por: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha lanzado Academia de Amnistía, aplicación gratuita de aprendizaje de derechos humanos, que tiene por objeto impartir a la próxima generación de defensores y defensoras de los derechos humanos educación sobre un conjunto de temas entre los que figuran la libertad de expresión, la seguridad digital y los derechos de los pueblos indígenas.

Contiene cursos de entre 15 minutos y 15 horas, a los que podrán acceder personas de todo mundo, pues se imparten en más de 20 idiomas, entre ellos el urdu, el bengalí, el húngaro, el coreano, el ruso, el tailandés, el checo y el turco. La aplicación, disponible para dispositivos iOS y Android, permite descargarse todos los cursos para hacer el aprendizaje sin necesidad de conectarse a Internet.

“Esta aplicación se ha concebido con el fin de que cualquier persona, viva donde viva, pueda adquirir conocimientos sobre los derechos humanos y de animarla a hacerlo. Compartir el conocimiento es una manera esencial de defender nuestros propios derechos y los de las demás personas, así como de luchar por la justicia y la igualdad en todo el mundo”, ha manifestado Julie Verhaar, secretaria general en funciones de Amnistía Internacional.

Esta aplicación se ha concebido con el fin de que cualquier persona, viva donde viva, pueda adquirir conocimientos sobre los derechos humanos y de animarla a hacerlo. Compartir el conocimiento es una manera esencial de defender nuestros propios derechos y los de las demás personas, así como de luchar por la justicia y la igualdad en todo el mundo.
Julie Verhaar, secretaria general en funciones de Amnistía Internacional

Una de las principales características de Academia de Amnistía es la aplicación de un enfoque flexible y personalizado del aprendizaje, que permite comenzar los cursos cómo y cuándo se desee. Las personas que hagan algunos de los cursos más largos recibirán un certificado oficial de finalización del curso, firmado por la secretaria general de Amnistía Internacional.

Los cursos disponibles en Academia de Amnistía se han preparado y perfeccionado a lo largo de los tres últimos años en el marco del sitio web de aprendizaje de derechos humanos. Ahora se han mejorado también para poder realizarlos a través del teléfono móvil, para hacer así que el aprendizaje de los derechos humanos sea más accesible aún.

“La educación en derechos humanos es la base del trabajo de Amnistía. Nuestro objetivo general es garantizar que, en todo el mundo, las personas conozcan sus derechos humanos y puedan reclamarlos. La aplicación Academia de Amnistía nos ayuda a alcanzar este objetivo por medio de una plataforma sencilla y accesible, que permite a millones de personas recibir educación en derechos humanos de calidad”, ha afirmado Krittika Vishwanath, directora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Academia de Amnistía se actualizará periódicamente para facilitar el aprendizaje en muchos más idiomas y con nuevos cursos que se irán ofreciendo en los meses venideros y a lo largo de los próximos años.

Enlace para iOS

Enlace para Android

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/10/amnesty-launches-human-rights-learning-app-to-equip-next-generation-of-activists/

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Conoce a las mujeres que hicieron universales los derechos humanos

Tras la Segunda Guerra Mundial y para evitar que un conflicto de este calado volviera a repetirse, líderes de todo el mundo se sentaron a negociar y redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La carta magna de la humanidad, que recoge los derechos que tienen todas las personas en el mundo sin distinción alguna de sexo, nacionalidad o clase social, fue aprobada el 10 de diciembre de 1948.

Las mujeres fueron minoría en este proceso de elaboración. Eso sí, las aportaciones de Eleanor Roosvelt, Hansa Mehta, Minerva Bernardino o Bodil Begtrup garantizaron que el texto fuera universal y que se incluyeran los derechos de las mujeres en una norma que ponía en valor las libertades y la dignidad humana. Gracias a ellas el mundo es más justo e igualitario.

Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt. Foto ONU

Eleanor Roosvelt, la fuerza impulsora

La escritora y ex primera dama estadounidense jugó un papel fundamental en la elaboración y aprobación del texto. Fue activista, firme defensora de los derechos humanos y pionera del movimiento feminista. Pero antes de eso, Eleanor participó en la Liga de las Mujeres Votantes, en la Liga de Mujeres de la Unión de Comercio y en la División de Mujeres del Partido Demócrata.

En 1946 fue nombrada delegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en ocupar este cargo. Fue presidenta del Comité encargado de la redacción de esta Declaración. En sus memorias relata que trabajó día y noche durante dos años analizando y debatiendo palabra por palabra el texto al que ella bautizó como “La carta magna de la humanidad”. 

Esta Declaración iba a ser denominada “de los Derechos del Hombre”, pero Eleanor Roosevelt, consideró que el término excluía a las mujeres y logró que se titulara “de los Derechos Humanos”.

Hansa Mehta

Hansa Mehta. Foto ONU

Hansa Mehta, por una declaración universal

Esta activista, educadora social, escritora y política defendió que el texto incluyera un lenguaje inclusivo. De hecho, a ella se atribuye el logro de cambiar en el artículo 1, la frase «Todos los hombres nacen libres e iguales» por «Todos los seres humanos nacen libres e iguales«.

Hansa Mehta fue una gran defensora de los derechos de las mujeres en la India. A ella se le atribuye la aprobación de la ley que abolió el matrimonio infantil. En 1946 presidió la organización All India Women’s Conference, fundada para promover la educación de las mujeres y niñas. Dos años más tarde fue nombrada delegada de la India en la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Bodil Begtrup

Bodil Begtrup. Foto ONU

Bodil Begtrup, la importancia del lenguaje

También sobre la importancia del lenguaje incidió la activista danesa Bodil Begtrup al conseguir que se cambiara el “todos los hombres” por “toda persona” o “todos” a la hora de referirse en el texto a las personas titulares de los derechos.

Bodil propuso también incluir los derechos de las minorías en el artículo 26 sobre el derecho a la educación, pero finalmente sus ideas no fueron tenidas en cuenta.

En 1946 fue una de las principales promotoras de la creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Además, de 1946 a 1949 fue presidenta del Consejo de Mujeres de Dinamarca.

Minerva Bernardino

Minerva Bernardino. Foto ONU

Minerva Bernardino, la lucha por la igualdad

Varios hitos son los que se le atribuyen a esta diplomática dominicana y defensora de los derechos de las mujeres de América Latina y el Caribe. A Minerva se le debe la inclusión de “la igualdad entre hombres y mujeres en el preámbulo de la Declaración. Además, sus aportaciones fueron esenciales para no olvidar en la Carta de las Naciones Unidas la mención de los derechos de la mujer y la no discriminación sexual.

Por otro lado, Minerva recogió la voz del continente latinoamericano en el documento y luchó por la incorporación de la idea de que los derechos humanos no hacen «distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión«.

Marie-Hélène Lefaucheux

Marie-Hélène Lefaucheux. Foto ONU

Marie-Hélène Lefaucheux y la no discriminación sexual

A esta activista francesa debemos agradecer la mención a la no discriminación sexual, clave en la lucha por la igualdad, en el artículo 2 de la Declaración:

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Marie-Hélène fue una de las principales activistas de derechos humanos en Francia durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra entró a formar parte de la delegación francesa ante la ONU y ayudó a fundar la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de esta institución, de la que fue presidenta desde 1948 a 1953.

Evdokia Uralova

Evdokia Uralova. Foto ONU

Evdokia Uralova y la igualdad salarial

También en el artículo 2 Evdokia Uralova, de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, junto con Fryderyka Kalinowska y Elizavieta Popova, hizo hincapié en los derechos de las personas que viven en territorios no autónomos:

No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Pero, sin duda, la mayor lucha de Evdokia fue por la igualdad de salarios para mujeres y hombres por el mismo trabajo. Un derecho, que gracias a ella, se incluye en el artículo 23:

Toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. (…) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

Evdokia, defensora de los derechos de las mujeres, política y profesora de historia, fue la relatora de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ante la Comisión de Derechos Humanos en 1947.

Begum Shaista

Begum Shaista. Foto ONU

Begum Shaista y la igualdad de derechos en el matrimonio

En su legado está la incorporación del artículo 16 que versa sobre la igualdad de derechos en el matrimonio con el objetivo de acabar con el matrimonio infantil y forzado:

  1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
  2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

Esta política y diplomática de Pakistán fue delegada de la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de la Asamblea General de la ONU. Examinó el proyecto de la Declaración durante más de 80 reuniones.

Lakshmi Menon

Lakshmi Menon. Foto ONU

Lakshmi Menon y la universalidad de los derechos

Delegada de la India ante al Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU en 1948, defendió la universalidad de los derechos humanos en oposición al “relativismo colonial”. Esta última propuesta negaba derechos a las personas que vivían en países sometidos a dominación colonial. Lakshmi defendía que si las mujeres y las personas sometidas a esta dominación colonial no se mencionaban de una forma expresa en el texto, no se podrían considerar representadas en la expresión “toda persona”.

Además, Lakshmitrabajó para que la Declaración incluyera la no discriminación basada en el sexo a lo largo de todo el documento. También apoyó que el preámbulo del mismo incluyera la mención de “la igualdad de derechos de hombres y mujeres” como defendía Minerva Bernardino.

Un imborrable legado

Desde entonces continúa la lucha por el reconocimiento de las mujeres como grupo social determinado y la vulneración de los derechos humanos por razón de género. Para que la violencia y la persecución de género –desde la mutilación genital femenina hasta el matrimonio infantil– sean razones claras para el derecho de asilo y refugio. Para que en los conflictos armados la sexualidad no sea motivo de extorsión y las mujeres usadas como botín de guerra. Para acabar contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral. Para avanzar en los derechos económicos sociales y culturales y en la igualdad en todas sus vertientes.

Fuente: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/conoce-a-las-mujeres-que-hicieron-universales-los-derechos-humanos/

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Reprobamos a Facebook y Google, pero todavía las necesitamos Ése es el problema.

Noticia/27 Noviembre 2019/Amnistía Internacional

A las comercializadoras se les presentan todo tipo de problemas en su actividad, pero estar en una plataforma basada en abusos contra los derechos humanos no suele ser uno de ellos.

Sin embargo, es justo esto lo que le ha ocurrido a un sector dependiente de Facebook y Google con la publicación del último informe de Amnistía Internacional, Surveillance Giants. (“Gigantes de la vigilancia”).

Se supone que estas plataformas permiten a la gente acceder a ellas gratuitamente, pero lo que hacen es que, en vez de cobrarle una tarifa, la obligan a ceder sus datos personales. Estos datos se analizan entonces para crear grupos de personas y hacer predicciones sobre sus intereses y características, fundamentalmente de manera que se puedan utilizar estas apreciaciones para generar ingresos publicitarios. En el informe se determina que la magnitud de la recopilación y monetización de datos personales de estas plataformas es incompatible con el derecho a la privacidad.

Aunque los llamamientos principales que se hacen en él van dirigidos a los gobiernos para que consideren cómo deben regular el sector, todas las organizaciones tenemos también el deber de ver qué papel desempeñamos.

En Amnistía somos tan dependientes de estas plataformas como las grandes empresas, los partidos políticos y los comercios locales para llegar a nuestro público, animarlo a participar y aumentarlo. Es el poder omnipresente de estas plataformas lo que ha llevado a Amnistía a publicar un informe sobre ellas.

¿Qué opciones tenemos? No podemos prescindir de ellas. Ya no son sólo la plaza pública. Son la calle mayor y el distrito de negocios. Podrían convertirse en nuestro consultorio médico y en nuestro banco. Son la ciudad y el pueblo enteros, ¡vaya!

Sacar ahora mismo nuestro trabajo de Facebook y Google sería contraproducente, por tanto, para los derechos humanos y nos restaría capacidad para difundir nuestro mensaje. Sencillamente, no hay otra alternativa viable para llegar al público.

De momento, pues, lo más ético que podemos hacer es explicar abiertamente nuestro dilema y lo que hacemos al respecto. Seguiremos hablando con nuestro público sobre ello.

He oído decir a gente del sector publicitario que la hegemonía de Facebook y Google no permite ninguna alternativa. Pero esta opinión no tiene en cuenta que Silicon Valley está basada en el romanticismo de personas emprendedoras que empiezan en sus garajes. En los próximos meses y años bien podría surgir algo más, especialmente si el gobierno crea el entorno adecuado para ello.

Debería incitar a las grandes empresas tecnológicas a efectuar reformas. Una vez sirvieron de catalizador para la libertad, desempeñando importantes funciones en el derrocamiento de dictadores. Sacaron provecho de esta facultad incipiente durante mucho tiempo. Ahora parecen parte de un nexo de grandes intereses empresariales y políticos. Esto aportará ingresos a corto plazo, pero abre también la posibilidad a nuevos participantes.

Habrá muchas entidades como Amnistía a las que se les plantee también esta difícil situación. Estamos intentando lograr el difícil equilibrio de cumplir con nuestro deber de difundir el mensaje de los derechos humanos y gastar a la vez dinero en empresas que se benefician de una vigilancia problemática. Los riesgos para la reputación aumentan con cada escándalo.

Hay muchos intereses creados en el modo en que las grandes empresas tecnológicas funcionan en la actualidad. Dado que también realizan grandes esfuerzos de cabildeo con los mismos gobiernos que deben tomar medidas sobre ellas, es del todo razonable pensar que no pueden autorregularse. Es por ello que hemos establecido también un grupo de trabajo para ver qué opciones futuras puede haber para llegar a las comunidades y hacerlas participar. Queremos hablar con gente de todo el sector para pensar a lo grande. Contáctanos si crees que puedes ayudar.

Es una pendiente difícil de escalar. Subimos tapándonos la nariz con una mano y con un cartel en la otra para pedir reformas.

Nos gustaría saber lo que piensas: ¿qué futuro tendrá la participación pública en los próximos años?

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/we-called-out-facebook-and-google-but-need-them/

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