Saltar al contenido principal
Page 1 of 11
1 2 3 11

Haití: Niños y niñas soldado. ¿dónde queda la infancia en un conflicto armado?

Por Ana Sánchez Moncayo, activista del Equipo de Infancia de Amnistía Internacional España

A pesar de los compromisos y esfuerzos de los gobiernos a la hora de proteger a los niños y niñas en conflictos armados, el reclutamiento de estos como soldados por las fuerzas y grupos armados sigue representando un problema enorme.

Lejos queda el cumplimiento de la meta número 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobada en el año 2015 por Naciones Unidas que alienta a la comunidad internacional a “adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

Por eso, como cada 12 de febrero, Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado –también conocido como el Día de las Manos Rojas– se quiere poner el foco en cómo la infancia se ha convertido en un objetivo de primera línea en los conflictos armados de todo el mundo y por qué las guerras afectan directamente a los niños y niñas, convirtiéndose en sus primeras víctimas.

Según el informe del Representante Especial del Secretario General sobre niños y los conflictos armados, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 2023 la violencia contra la infancia en los conflictos armados alcanzó niveles extremos, tras registrarse un impactante aumento del 21% en las violaciones graves, alcanzando el máximo nivel desde que Naciones Unidas comenzara sus registros. Factores como el género, la edad, la etnia, la raza y la discapacidad fueron factores determinantes en la vulnerabilidad de los derechos de los niños y niñas, afectando a un total de 22.557 niños y niñas, siendo los varones los que más frecuentemente fueron objeto de reclutamiento y utilización, asesinato y mutilación, y secuestro; mientras que las niñas sufrieron una incidencia desproporcionadamente mayor de la violencia sexual.

Los datos más recientes ofrecen un panorama desolador, pues en los últimos 30 años, casi se ha duplicado la proporción de niños y niñas que viven en zonas de conflicto en todo el mundo; al mismo tiempo, que ha aumentado de forma drástica en estas últimas décadas el número de niños y niñas que viven cerca de un conflicto.

A pesar de que resulta difícil conocer la cifra exacta de niños y niñas soldado que hay en el mundo, cada día cientos de miles de niños y niñas participan en conflictos armados, siendo las regiones más afectadas Oriente Medio y especialmente África, pues es en este último continente el que presenta mayor número de niños y niñas que se ven afectadas de forma directa por los conflictos.

La silueta de perfil de una niña soldado

Muchas niñas vinculadas a fuerzas o grupos armados sufren habitualmente violencia sexual. © UNICEF/NYHQ2012-0883/Sokol

Proliferación de grupos armados en la República Democrática del Congo

Si no se hace nada, lo peor todavía puede estar por venir para la población de esa zona de la República Democrática del Congo, y también para la que se encuentra más allá de las fronteras”, advirtió Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó una gran preocupación por la escalada de violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ya que “nunca había sido tan alto”. Condenó todas las violaciones y abusos cometidos y alertó del riesgo de que el conflicto se extienda a las naciones vecinas.

Desde principios de este año, el grupo armado M23, apoyado por Rwanda, ha intensificado su ofensiva en las provincias del este del país, Kivu del Norte y Kivu del Sur, ricas en minerales y caracterizadas durante décadas por la inestabilidad provocada por una proliferación de grupos armados que han desplazado a cientos de miles de personas.

En este contexto, la representante especial y jefa de la misión de paz de la ONU en el país –Bintou Keita– denunció el reclutamiento forzado de los niños y niñas, así como el peligro de ciertos grupos que se han convertido en objetivo. Agregó que el personal de la ONU está verificando múltiples denuncias de violación en grupo y esclavitud sexual en las zonas de conflicto del este de la República Democrática del Congo. Pero no solo se condena este tipo de abusos, sino también los secuestros, las desapariciones forzadas, los trabajos forzados, los ataques selectivos y el bombardeo de lugares de desplazados, hospitales y escuelas.

Los jóvenes son reclutados por la fuerza y los defensores de derechos humanos, activistas de la sociedad civil y periodistas se han convertido en una población en riesgo”,declaró Bintou Keita.

Las guerras de Sudán y Sudán del Sur: alistamiento de niños y niñas como medio de supervivencia

Dos niños soldados de espaldas

Niños reclutados por fuerzas o grupos armados. © UNICEF/UN0202141/Rich

El reclutamiento de niños y niñas soldado se está acelerando también en las guerras de Sudán y Sudán del Sur.

El conflicto en Sudán comenzó en la capital de Jartum el 15 de abril de 2023, y se ha transformado con el tiempo en un importante campo de batalla desde que comenzó la guerra civil entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) – una fuerza paramilitar independiente-, sin embargo, el conflicto no tardó en extenderse rápidamente por todo el país a zonas como Darfur, Kordofán del Norte y el estado de Gezira.

Sin duda, una de las naciones más castigadas de todo el continente africano es Sudan del Sur, no solo por los conflictos armados sino también por los grandes contrastes climáticos al estar ubicada en pleno centro del África Subsahariana. Ahí se está dando uno de los conflictos más largos de todo el África ya que ha vivido más de 12 años de guerra civil desde que se independizara en el año 2011.

En ambos conflictos, el reclutamiento de niños y niñas se está generalizando y convirtiendo en algo sistemático. El deterioro de la situación humanitaria y la falta de acceso a alimentos y otros servicios básicos convierten a los niños y niñas – especialmente a los no acompañados y separados de sus familias en las calles- en objetivos fáciles para el reclutamiento por parte de los grupos armados, quienes los utilizan especialmente en funciones de combate, así como para hacer funciones de apoyo como porteadores, cocineros u operadores de radio.

Algunos de los niños y niñas reclutados pertenecen asimismo a las tribus de las que proceden la mayoría de los soldados de las FAR y son reclutados a partir de los 14 años, en ocasiones a través de sus familias o bien para vengar a familiares muertos. También existen casos en los que se alista a niños y niñas que han sido detenidos de forma arbitraria o desaparecidos a la fuerza, pues el reclutamiento y uso de niños y niñas soldado también está siendo empleado por las partes gubernamentales con fines propagandísticos.

Sin embargo, son muchos de estos niños y niñas que se alistan al ver en los grupos armados un medio de supervivencia para poder cubrir sus necesidades más básicas.

Haití: el conflicto olvidado

Haití

En Haití, el reclutamiento de niños y niñas por grupos armados ha aumentado un 70%. © Siffroy Clarens/SIPA

Desde que asesinaron al presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021, la violencia de las bandas criminales no ha dejado de aumentar, hasta alcanzar cotas sin precedentes en 2024. Ahora las bandas criminales controlan la mayor parte de la capital (Puerto Príncipe), lo que ha provocado una crisis humanitaria de gran alcance y ha llevado al Consejo de Seguridad de la ONU a autorizar una misión multinacional de apoyo a la seguridad.

Amnistía Internacional ha documentado el impacto de la violencia de las bandas criminales sobre la población infantil mediante una investigación desarrollada entre mayo y octubre de 2024, incluida una investigación sobre el terreno llevada a cabo en Puerto Príncipe en septiembre. Las experiencias de de los niños y niñas entrevistadas durante la investigación, cuyos nombres e identidades no se dan a conocer por motivos de seguridad y privacidad, reflejan las de muchos niños, niñas y adolescentes que viven inmersos en el caos que provocan las bandas criminales.

En Haití se ha disparado en un 70% el número de niños y niñas reclutados por grupos armados y la violencia sexual contra ellos en un 1.000% en el plazo de un año.

Según las últimas estimaciones de UNICEF, los grupos armados controlan ahora el 85% de Puerto Príncipe –siendo hasta la mitad de los miembros de estos grupos niños, niñas y adolescentes– y 1,2 millones de niños y niñas viven expuestos a numerosas amenazas, entre ellas a la violencia armada.

En Haití, los niños y las niñas quedan atrapados en un círculo vicioso al ser reclutados por los mismos grupos armados que alimentan su desesperación, pues el incremento de los casos de reclutamiento se ve fomentado no solo por la creciente violencia sino también por la pobreza generalizada, la falta de acceso a la educación, el colapso casi total de las infraestructuras y los servicios sociales. Como en Sudán y en Sudán del Sur, a menudo los niños y niñas se ven obligados a alistarse en estos grupos como medio para sostener a sus familias o cuando su seguridad se ve amenazada. Muchos de ellos también se alistan tras haber sido separados de sus cuidadores, como una manera de sobrevivir y estar protegidos.

Las agresiones sexuales y las violaciones se han generalizado y el número de niñas y niños expuestos a la violencia sexual se ha multiplicado por diez en este último año. El aumento de la violencia sexual en el país no representa solo un ataque para los niños y niñas, sino que, además, el dolor se extiende a las familias, pues destroza las comunidades y deja cicatrices en la sociedad en su conjunto.

Amnistía Internacional ha documentado los casos de 18 niñas que fueron violadas y sometidas a otras formas de violencia sexual por miembros de bandas criminales. Algunas de ellas fueron atacadas más de una vez. En 10 casos, las niñas fueron sometidas a violación colectiva y, en 9 casos, secuestradas. El derecho internacional exige a los Estados que protejan a los menores frente a la explotación y los abusos sexuales, incluida la prostitución.

Entretanto, los niños y las niñas que viven en las zonas no controladas por los grupos armados –cada vez más escasas– suelen ser vistos con recelo y corren el riesgo de ser considerados espías o incluso ser asesinados por movimientos de autodefensa. Si huyen o se niegan a participar en actos de violencia, sus vidas y su seguridad se ven inmediatamente amenazadas.

Demasiados niños y niñas en Haití están viendo su vida destrozada, y no tienen donde acudir para obtener protección o justicia. Sufren persecución y, en ocasiones, homicidio a manos de grupos de autodefensa, mientras las autoridades los detienen arbitrariamente. Les están robando la infancia”, afirma Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Los parques, las escuelas y los hogares se han convertido en campos de batalla, obligando a muchas familias a huir, con más de 500.000 niños, niñas y adolescentes desplazados. Asimismo, se calcula que tres millones necesitarán ayuda humanitaria urgente este año.

La situación en Haití es crítica tras el aumento de los abusos y el reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos armados, por lo que asombra la escasa cobertura que han recibido estas espantosas estadísticas.

Los niños y las niñas asociados con bandas criminales son ante todo víctimas. Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional, incluidos los donantes, que trabaje con las autoridades y la sociedad civil de Haití para diseñar una hoja de ruta encaminada a introducir cambios que traigan consigo soluciones duraderas basadas en los derechos humanos, y a prevenir ciclos futuros de violencia. Los programas para desmovilizar y reintegrar de forma efectiva a los niños y niñas asociados a bandas criminales, y a proporcionar asistencia médica y jurídica completa a quienes sobreviven a la violencia sexual, son una prioridad.

Los niños y niñas tanto de Haití, como del resto de países en situación de conflicto armado son los más afectados por una serie de crisis que ellos no han creado. Por eso se insta a todas las partes involucradas a que cesen inmediatamente las hostilidades y pongan fin a las violaciones de los derechos de los niños y niñas, incluido el reclutamiento por parte de grupos armados y todas las formas de violencia sexual. También que adopten de inmediato medidas de prevención y mitigación para evitar y minimizar los daños y proteger mejor a los niños y niñas, así como a proteger las infraestructuras civiles, especialmente las escuelas y hospitales, y a que faciliten el acceso seguro de la ayuda humanitaria para garantizar su asistencia vital.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/ninos-y-ninas-soldado-donde-queda-la-infancia-en-un-conflicto-armado/

Comparte este contenido:

Rusia atenta contra el derecho a la educación de niños y niñas en las zonas ocupadas en Ucrania

Por Equipo de Infancia de Amnistía Internacional España

Rusia ha transformado la educación en una máquina de propaganda para el adoctrinamiento de niños y niñas, incluso mediante la tergiversación de la historia y el intento de erradicar la cultura, el patrimonio y la identidad de Ucrania. Así se desprende de las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional.

El 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión rusa a gran escala de Ucrania, causando el desplazamiento, la búsqueda de refugio, la destrucción de los hogares y la pérdida de vidas.

En el momento cumbre de su ofensiva antes de tener que retroceder, las fuerzas rusas llegaron a ocupar un cuarto del territorio ucraniano. Al cabo de dos años, muchas zonas permanecen bajo el control de las fuerzas rusas, como ya lo estaban Crimea y parte del Donbas desde 2014, lo que equivale aproximadamente a una quinta parte del país.

Escuela destruida en Ucrania. la máquina de propaganda rusa en la educación ucraniana

Escuela dañada por un ataque ruso con drones. © Pavlo_Bagmut / Avalon

Dentro de la larga lista de consecuencias de esta invasión a la que la población ucraniana tiene que enfrentarse, se encuentra la extendida y sistemática violación del derecho a la educación de niños y niñas en las zonas ocupadas.

Como lamentablemente sigue ocurriendo en los conflictos armados, las escuelas y otras instalaciones educativas, igual que numerosos objetivos civiles, fueron atacadas: según datos del Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania, más de 3000 centros escolares sufrieron daños y 440 de ellos fueron destruidos.

Para afrontar el cierre de las escuelas, se optó por la enseñanza en línea. Sin embargo, esta alternativa, sin ser la más adecuada forma de enseñanza, tampoco fue posible debido a los intencionados ataques rusos contra infraestructuras energéticas, que dejaron sin electricidad muchas poblaciones durante prolongados periodos de tiempo, especialmente durante el otoño e invierno de 2022-2023.

“No hubo clases de ningún tipo desde el 24 de febrero hasta finales de mayo (…) No tuvimos electricidad, calefacción ni Internet desde el 10 de marzo de 2022 hasta mediados de abril. La ciudad estuvo bajo bombardeo y asedio las 24 horas del día. Mi hijo no sabía si sus profesores y sus amigos de la escuela estaban vivos”

Natalia (de Chernihiv), madre de un chico de 18 años.

Escuela en Ucrania. Adoctrinamiento infantil por parte de Rusia en las escuelas de la Ucrania ocupada

Profesorado y alumnado en un aula instalada en el metro de Kharkiv, al noreste de Ucrania, © Vyacheslav Madiyevskyy / Avalon

Pero aún hay más. El derecho a la educación de niños y niñas que viven en las poblaciones ocupadas se ve amenazado por el adoctrinamiento en las escuelas reabiertas por las autoridades rusas y porque, en caso de intentar continuar con la educación ucraniana, estos niños y niñas, el profesorado y sus familias se enfrentan al riesgo de fuertes represalias tales como que niños y niñas sean llevados a instituciones de “reeducación” o ser adoptados en Rusia si no son inscritos en las escuelas reabiertas.

Según datos del Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania, al comienzo del año académico 2022-2023 las autoridades rusas llevaron a cabo una masiva reapertura de escuelas en las zonas ocupadas; alrededor de 918 centros escolares para estudiantes entre 6 y 17 años fueron ubicados en esas áreas.

En la práctica, esto significa la adopción total del plan de estudios nacional ruso y, para que lo enseñen, se ha incorporado al antiguo profesorado en muchos casos mediante coacción. Gran parte del plan de estudios se basa manifiestamente en el adoctrinamiento.

En agosto de 2023, Rusia presentó un nuevo libro de texto de historia para el último año de la escuela secundaria, obligatorio para todo el territorio ruso y los territorios ucranianos que ocupaba. El libro de texto estaba lleno de clichés de propaganda oficial rusa, incluida la reivindicación de la anexión de Crimea en 2014 y la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, de la que se afirma que fue un acto de autodefensa. Además, se tergiversaba la historia del pueblo ucraniano y se difundía la opinión de que no era digno de un Estado nacional, atacando los derechos del pueblo ucraniano al patrimonio cultural y a la identidad.

Amnistía Internacional denuncia la instrumentalización de la educación por Rusia en la Ucrania ocupada

Una niña y un niño permanecen fuera de un bloque de apartamentos cuyas ventanas fueron derribadas por la onda expansiva durante un ataque ruso con misiles en Lviv en Ucrania occidental. © Anastasiia Smolienko / Avalon

“Toda mi vida he enseñado la historia de Ucrania, la historia real, no las mentiras que cuenta Rusia. ¿Cómo voy a mirar a mis estudiantes a los ojos y decirles que todo lo que sabíamos era un error? También temo que los rusos me arresten porque soy profesora de historia de Ucrania. He sabido de casos similares en las zonas ocupadas”

Oleana, profesora de historia de Ucrania en la región de Kharkiv (Ucrania) que sobrevivió a ocho meses de ocupación, en una entrevista concedida a Amnistía Internacional el 30 de mayo de 2023.

Niños y niñas que vivían bajo ocupación rusa fueron matriculados, a menudo por la fuerza, en estas escuelas donde se practica el adoctrinamiento, se les obliga a estudiar en ruso y reciben una escolarización de mala calidad porque los centros carecen de personal cualificado suficiente y donde, con frecuencia, hay personal ruso armado con funciones de control.

A pesar de los riesgos que ello comportaba, Amnistía Internacional ha podido comprobar mediante entrevistas que las familias, el personal docente y los propios niños y niñas, han hecho todo lo posible por conservar o seguir accediendo a la educación ucraniana en las zonas ocupadas por Rusia.

“La seguridad física de los niños era y es una prioridad. La calidad de la educación pasa ahora a un segundo plano. Esta es la realidad y la tragedia: estamos perdiendo nuestro principal recurso: una generación educada y cualificada. No sabemos quiénes serán los profesores, médicos e ingenieros dentro de 10 o 15 años. Las actuales brechas en la educación tendrán consecuencias duraderas en las próximas décadas”

Andriy, director de una escuela en la región de Odesa, en una entrevista para Amnistía Internacional el 30 de agosto de 2023, en Bilozerka (Ucrania).

En distintas poblaciones, familias y profesorado han organizado clases en casas particulares, han procurado tener conectividad para poder seguir las enseñanzas en línea, han sacado a escondidas los libros necesarios de las bibliotecas, han organizado clases en línea por las tardes para quienes asistían en las mañanas a la escuela rusa, etc. Todas estas acciones se han llevado a cabo de forma secreta y con el miedo constante de ser descubiertos y tener que enfrentar graves consecuencias.

La falta de acceso a la educación, la atmósfera de miedo y persecución son perjudiciales para el desarrollo de la personalidad y las capacidades físicas y mentales de niños y niñas. Si a ello le sumamos los efectos de la propaganda y el adoctrinamiento y la negación de la identidad cultural y nacional de niños y niñas, podemos aventurar que el efecto negativo en la sociedad ucraniana en su conjunto será profundo y duradero.

De acuerdo con el derecho internacional, Rusia, como potencia ocupante, está obligada a “facilitar el funcionamiento adecuado de todas las instituciones dedicadas al cuidado y la educación de los niños”.

Rusia debe respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, entre los que se incluye respetar las obligaciones y derechos de padres y madres de impartir la orientación apropiada e inculcar a niñas y niños el respeto de “su propia identidad cultural, su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en el que vive, el país del que sea originario y de las civilizaciones diferentes de la suya propia”.

Juegos infantiles. Crisis educativa en la Ucrania ocupada

Unas niñas y un niño juegan en el espacio seguro «Spilno», en la estación central de ferrocarril de Dnipro en Ucrania oriental. © Mykola Myakshykov / Avalon

En virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), del que Ucrania y Rusia también son Estados partes, las familias tienen derecho a elegir escuelas para sus hijas e hijos distintas de las establecidas por las autoridades públicas, y a garantizar el respeto de las religiones. y educación moral de sus hijos e hijas de acuerdo con sus propias convicciones.

La guerra debe finalizar pero, mientras tanto, las autoridades ocupantes rusas deben poner fin de inmediato a las desmedidas prácticas de intimidación, represión y discriminación contra niños, niñas, docentes y familias. El profesorado debería poder elegir libremente si regresa a las escuelas recién abiertas en la Ucrania ocupada así como ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la libertad académica, incluso en relación con los contenidos del programa y en cuestiones tales como historia, identidad nacional, lengua y cultura.

Se debe proteger a los niños, las niñas y sus familias de amenazas, violencia y otras represalias, y se debe respetar plenamente su derecho a elegir el modo de estudio y el idioma de educación, incluida la opción de asistir a la escuela ucraniana en línea.

Todas las personas supuestamente responsables de intimidación, abuso psicológico y otros abusos contra niños y niñas deben ser investigados y deben rendir cuentas en procedimientos judiciales justos.

En definitiva, la educación debe ser de libre acceso y proporcionarse de conformidad con el derecho y las normas internacionales, incluida una calidad adecuada y libre de adoctrinamiento.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/rusia-contra-el-derecho-a-la-educacion-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania/

Comparte este contenido:

Nigeria: La intensificación de los ataques contra niños y niñas hace peligrar el derecho a la educación

Por: Amnistia Internacional 

  • Más de 61 niños y niñas siguen cautivos meses después de un secuestro masivo a manos de bandidos
  • Más de 780 niños y niñas han sido secuestrados en 2021 para pedir rescate
  • Muchas escuelas cierran de forma indefinida ante la inseguridad creciente

Las autoridades de Nigeria están fallando a los niños y niñas, pues al menos 61 siguen cautivos en el norte del país meses después de que unos bandidos los secuestrasen durante ataques masivos a escuelas que también interrumpieron la educación de miles de escolares, y los sometiesen a un trato horrible y degradante durante su cautiverio, manifestó hoy Amnistía Internacional Nigeria.

Con frecuencia se secuestra a niños y niñas en orfanatos, escuelas y lugares de culto y se los mantiene cautivos durante semanas, —que a veces se convierten en meses en función de si se satisfacen —o de cuando se satisfacen— las demandas de sus secuestradores. A veces se les tienden emboscadas durante su trayecto a la escuela en autobús o a pie, y se los secuestra para pedir rescate.

Ningún menor debería pasa por lo que estos niños y niñas están pasando ahora en Nigeria. La educación no debe ser algo que pueda costarle la vida a nadie. Nigeria está fallando de nuevo a estos niños y niñas de un modo horrible.

Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.

En algunas zonas del norte de Nigeria, la población escolar corre peligro de muerte o secuestro de forma permanente. Desde febrero de 2021 han sido secuestrados más de 780 niños y niñas para pedir rescate en ataques en masa a escuelas o instituciones religiosas en los que algunos han muerto. A veces se obliga a los padres o madres de los menores secuestrados o a las autoridades escolares a suministrar alimentos y ropa para los menores cautivos”, aseguró Osai Ojigho.

El futuro de miles de escolares del norte de Nigeria continúa siendo desolador, pues en algunos Estados centenares de escuelas han cerrado indefinidamente a causa del aumento de la inseguridad. Muchos niños y niñas han abandonado la educación debido al trauma psicológico de presenciar ataques violentos o vivir en cautividad.

Un maestro de la comunidad en la que el 26 de febrero de 2017 fueron secuestrados 317 escolares en la zona de gobierno local de Jangebe (estado de Zamfara) contó a Amnistía Internacional que la inseguridad había reducido drásticamente la asistencia al colegio, pues los niños y niñas tienen miedo a ir aunque los obliguen sus padres.

Un niño de 15 años que sufrió lesiones cuando escapaba de un secuestro masivo en su escuela contó a Amnistía Internacional que no regresaría a la escuela tras su reapertura.

“Si la escuela vuelve a abrir, no volveré al internado. Prefiero matricularme como alumno externo en otro centro. Cada vez que recuerdo lo que pasa me entra miedo; es perturbador. Quiero que se rescate a todos los niños y niñas, especialmente a mis primos”.

“Cuando se atacan instituciones educativas, los daños y las consecuencias pueden ser importantes y de gran alcance. Es esencial proteger la vida de los niños y niñas, y las autoridades de Nigeria tienen el deber de garantizar que el sector educativo del país no se ve de nuevo amenazado por los secuestros, la intimidación y los homicidios de escolares.”

La sección 27 de la Ley de Derechos de la Infancia prohíbe el secuestro de niños y niñas. Nigeria, que ha ratificado la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación de tomar las medidas apropiadas para impedir el secuestro de niños y niñas y garantizar su derecho a la educación.

Muerte bajo cautiverio o durante un ataque 

Dos niñas y un niño secuestrados en el Instituto Público Federal de Birnin Yauri (estado de Kebbi) el 17 de junio de 2021 fueron hallados muertos unos días después del secuestro. A dos de ellos les habían disparado en las piernas, y se sospechaba que el tercero había muerto a causa de su mal estado de salud.

El 6 de junio de 2021, se encontró a unos pocos kilómetros de Tegina (estado de Níger) el cuerpo de un niño de tres años secuestrado en la Escuela Islámica Salihu Tanko; otros cinco niños y niñas secuestrados durante el asalto también murieron bajo cautiverio. Al menos 136 niños y niñas de entre 3 y 15 años fueron secuestrados durante el asalto y liberados el 26 de agosto después de pasar meses cautivos.

El 17 de febrero, Benjamin Doma murió cuando intentaba escapar de un asalto a su centro escolar, el Instituto Público de Ciencias de Kagara (estado de Níger), durante el que se secuestró a 27 escolares.

El 19 de septiembre, Edeh Donald, alumno de la Academia General Marista de Uturu (estado de Abia) murió cuando unos hombres armados atacaron su autobús escolar en la carretera de Ihube, en la zona de gobierno local de Okigwe, cuando regresaba de una excursión con sus compañeros.

Los grupos armados están atacando deliberadamente a niños y niñas. El uso de menores como escudo o baza para la negociación es inaceptable y debe cesar. El gobierno de Nigeria debe investigar estos ataques como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Osa Ojigho

Niños y niñas cautivos

Muchos niños y niñas secuestrados han sido liberados tras negociaciones, pero aún hay más de 61 menores cautivos meses después de su secuestro. El menos 56 niños y niñas del Instituto Público Federal de Birnin Yauri (estado de Kebbi) continúan cautivos cuando han transcurrido 167 días desde su secuestro el 17 de junio de 2021. Durante el asalto se secuestró también a 102 personas entre las que, además de escolares, había ocho miembros del personal académico y no académico.

En Kaduna, tres estudiantes secuestrados en el Instituto Baptista Bethel el 5 de julio de 2021 llevan 149 días cautivos. Al menos 121 niños y niñas de entre 10 y 15 años fueron secuestrados durante el asalto en la zona de gobierno local de Chikun.

Entre las 66 personas que permanecen cautivas tras su secuestro el 31 de octubre de 2021 en la Iglesia Baptista Emmanuel, en la zona de gobierno local de Chikun (estado de Kaduna), hay niños y niñas, incluido un bebé. “Los ataques a escuelas, los secuestros y los homicidios de escolares demuestran un desprecio absoluto por el derecho a la vida y el derecho a la educación. Las autoridades de Nigeria deben ofrecer protección a las escuelas y a los niños y niñas. Los ataques a escuelas violan el derecho internacional, y las autoridades deben garantizar que se investigan adecuadamente y se lleva a los presuntos responsables ante la justicia en juicios con las debidas garantías en los que no se recurra a la pena de muerte”, expresó Osai Ojigho.

Nigeria: La intensificación de los ataques contra niños y niñas hace peligrar el derecho a la educación

Comparte este contenido:

Amnistía Internacional denuncia graves violaciones a los derechos humanos contra manifestantes en Colombia

Publicación original: Amnistía Internacional

Las prácticas evidenciadas en el nuevo informe Cali: En el epicentro de la represión —que incluyen uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas— son un reflejo de cientos de denuncias hechas por manifestantes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país, dijo Amnistía Internacional hoy.

“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida. Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, se encuentra en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno y donde proliferan los actores armados diversos que continúan dejando miles de personas desplazadas y asesinadas. Es la segunda ciudad con mayor población Afrodescendiente en Latinoamérica y se caracteriza por la desigualdad, la exclusión y el racismo estructural. Este contexto ha sido el detonante de que Cali concentre el mayor número de protestas, pero también de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión.

Desde el 28 de abril, se han presentado manifestaciones multitudinarias en Cali, en el marco del “Paro Nacional”. En esta ciudad se concentran las más graves denuncias de la represión violenta sufrida por jóvenes manifestantes a manos de la fuerza pública y de grupos de civiles armados, y las autoridades continúan restringiendo el derecho a la protesta pacífica hasta la fecha.

«Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas».

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional realizó una exhaustiva verificación digital de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Asimismo, la organización documentó actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos.

El informe analiza tres acontecimientos específicos que acumularon diversos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Cali. El primero ocurrió el 3 de mayo, cuando, en una incursión denominada “Operación Siloé”, agentes de Policía Nacional, en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), usaron armas letales, como fusiles Tavor 5.56 mm, contra manifestantes pacíficos. Esa noche se registraron al menos tres muertes por herida de arma de fuego, incluyendo la del joven Kevin Agudelo, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias.

El segundo evento analizado fue el ataque contra la Minga Indígena, llevado a cabo por civiles armados, en presencia de agentes de la Policía Nacional el 9 de mayo. Ese día resultaron heridas 11 personas indígenas, entre ellas la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto.

Por último, se presentan los hechos ocurridos el 28 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional usaron fuerza excesiva en coordinación con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. Ese día una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal.

En el caso de Siloé, se recurrió de forma ilegítima y excesiva al uso de gases lacrimógenos – incluso contra manifestantes pacíficos que no tenían por donde dispersarse, a través de Venom, un sistema inapropiado para ser usado en operaciones de mantenimiento del orden público.

Los hechos documentados no fueron aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas, quienes han respondido a la protesta con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización. Cuando el presidente Iván Duque decretó la militarización de varias ciudades del país, incluyendo Cali, el 28 de mayo, lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas al mandar a las calles cuerpos militares con más de seis décadas de formación para el conflicto armado.

Ante el anuncio de movilizaciones para el 20 de julio y la celebración de la Asamblea Nacional Popular, integrada por personas, colectivos y movimientos del Paro Nacional, en diferentes ciudades del país, incluyendo Cali, la Gobernación del Valle del Cauca dictó medidas restrictivas de movilidad de transporte y/o personas para ingresar al departamento del 16 al 22 de julio, limitando así el derecho a la protesta pacífica.

El informe destaca las recientes observaciones de la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llama al Estado a cumplir con sus recomendaciones, así como a cooperar con y no obstaculizar la labor del recientemente creado Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia de la CIDH.

El informe insta a las autoridades colombianas a dar con prontitud una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. Esto incluye la interdicción del uso de armas letales como medio de dispersión de multitudes y el uso de gases lacrimógenos contra reuniones pacíficas y/o de forma que implique un riesgo de causar daños excesivos e injustificados —de acuerdo con las 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley que Amnistía Internacional publicó esta semana.

«En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas».

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Asimismo, se deben iniciar investigaciones diligentes, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente, en la ciudad de Cali y los casos presentados en el informe, tomando en cuenta todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la fuerza pública, así como en la participación de personas civiles armadas con su tolerancia. No debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos.

El 12 de julio Amnistía Internacional solicitó información sobre los tres casos documentados en el informe al Ministro de Defensa, al Director General de la Policía Nacional y al Fiscal General de la Nación, a fin de recibir sus comentarios en un plazo de diez días e incluirlos en el informe. El 23 de julio el Juez 158 de Instrucción Penal Militar envío su respuesta con información sobre investigaciones iniciadas bajo esa jurisdicción. Al 23 de julio, fecha de cierre del informe, no se ha recibido respuesta de las demás autoridades.

El 19 de julio el presidente Duque presentó públicamente “el proceso de transformación integral de la Policía Nacional” que, según indicó, tiene como sus pilares la priorización del enfoque de derechos humanos. A pesar de este anuncio, el 20 de julio Amnistía Internacional recibió reportes de agentes del ESMAD haciendo uso ilegal de la fuerza durante las protestas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, resultando en varias personas manifestantes heridas.

“En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas”, dijo Erika Guevara Rosas.

Cali: En el epicentro de la represión, violaciones a los derechos humanos durante el paro nacional 2021 en Cali, Colombia (Investigación. 30 de julio de 2021)

Sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley (Investigación, 30 de julio de 2021)

30 reglas para el uso de sustancias químicas en la aplicación de la ley (Investigación, 30 de julio de 2021)

Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones(Noticias, 4 de mayo de 2021)

Comparte este contenido:

Informe PDF: Amnistía Internacional la Educación en Derechos Humanos En 2020

Por: Amnistía Internacional 

El año 2020 se caracterizó por la alteración. En todo el mundo, la gente se enfrentó al miedo, la incertidumbre y la convulsión conforme la COVID-19asolaba sus países. Los gobiernos introdujeron medidas de confinamiento
y de otros tipos para ralentizar y controlar la propagación de la COVID-19. El personal sanitario y otros trabajadores y trabajadoras de primera línea trabajaron incansablemente y poniendo con demasiada frecuencia en grave peligro su salud, y hasta su libertad cuando expresaban su preocupación por la seguridad. Incluso con el resurgimiento de la esperanza de la vacuna, los países más pobres se han encontrado de nuevo al final de la cola porque los países más ricos acapararon las vacunas para sí mismos. Las consecuencias sociales, económicas y para la salud de la pandemia han agravado la profunda desigualdad y discriminación y han puesto aún más de relieve la magnitud del cambio en materia de derechos humanos necesario para construir un mundo justo y equitativo para todas las personas.

Amnistía Internacional y su personal no se salvaron del trastorno causado por la COVID-19 y el informe sobre educación en derechos humanos (EDH) de este año es ante todo testimonio, y celebración, de la resiliencia, flexibilidad y adaptabilidad de la red de educadores y educadoras enderechos humanos de Amnistía. Los proyectos en curso se adaptaron rápidamente a los nuevos contextos y realidades haciendo uso de herramientas alternativas digitales y también analógicas, como talleres virtuales o alianzas con emisoras de radio comunitarias. Los proyectos nuevos abordaron las necesidades en materia de derechos humanos provocadas y complicadas por la pandemia. En este informe se destaca sólo una pequeña parte del trabajo realizado en todo el mundo y presenta una instantánea del panorama general.

La pandemia ha puesto de manifiesto y agravado las amenazas existentes contra los derechos humanos como, por ejemplo, a la salud, a la libertad de expresión y de reunión, a la intimidad, a la educación y los derechos de las mujeres. Conforme el mundo sigue abordando la amenaza sanitaria directa de la pandemia y avanzamos —como es de esperar— hacia un mundo pos-COVID-19, hay que afrontar con resolución estas amenazas para los derechos humanos.

La EDH desempeña un papel clave en el empoderamiento de la sociedad civil y ayuda a poner unos cimientos sólidos de defensa de los derechoshumanos. Aunque seguimos enfrentando grandes dificultades, este informe es un importante recordatorio de la valiosa y pertinente labor de EDH que tiene lugar en todo el mundo, una labor que también podemos aprovechar, reforzar y mejorar mientras avanzamos conjuntamente.

Descarga el informe completo aquí: Amnistía Internacional la Educcaion en Derechos Humanos en 2020

Comparte este contenido:

Oriente Medio y Norte de África: La violencia de género sigue destrozando la vida de las mujeres en la región

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional ha resaltado cómo, a pesar de las limitadas reformas acometidas, las mujeres de la región de Oriente Medio y Norte de África siguen soportando una arraigada discriminación y sufriendo actos de violencia a diario, mientras, lamentablemente, los gobiernos se abstienen de tomar medidas para acabar con las detenciones arbitrarias, los secuestros, los asesinatos, los llamados homicidios “en nombre del honor” y otras formas de violencia de género.

Últimamente, tras el estallido de la pandemia de COVID-19 algunos países han informado de un incremento en el número de casos de violencia de género intrafamiliar y de llamadas a líneas de asistencia telefónica, debido a los prolongados encierros domiciliarios que han llevado consigo los confinamientos y los toques de queda.

“En la región de Oriente Medio y Norte de África, las mujeres y las niñas siguen viendo sus vidas destrozadas por la realidad diaria de la violencia, tanto en el hogar como en la calle. La violencia de género era ya motivo de preocupación constante en toda la región, pero el marcado aumento de la violencia de género en el ámbito familiar durante los confinamientos de la COVID-19 ha tenido consecuencias desastrosas”, afirma Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“A lo largo de los últimos años, aunque las personas que defienden los derechos de las mujeres en la región han ganado importantes batallas que se han traducido en tímidos avances en los derechos de las mujeres —sobre todo, reformas legislativas, con la derogación de leyes discriminatorias—, ese progreso se ha visto ensombrecido por la actuación de los gobiernos, que contribuyen a la violencia de género o, como mínimo, la toleran, lo cual sigue teniendo un efecto devastador sobre la vida de las mujeres”.

En la región de Oriente Medio y Norte de África, las mujeres y las niñas siguen viendo sus vidas destrozadas por la realidad diaria de la violencia, tanto en el hogar como en la calle.
Heba Morayef, Amnistía Internacional

En 2020, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado los ya graves peligros a los que se enfrentaban las mujeres de la región, con lo que en algunos países —como Argelia, Irak, Jordania, Marruecos y Túnez— las organizaciones de derechos de las mujeres, las líneas de asistencia telefónica y los refugios para sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar han constatado un aumento en el número de llamadas de socorro o de casos de violencia de género registrados.

En Argelia, el Centro de Información sobre los Derechos de la Mujer y la Infancia registró, al menos, 39 casos de asesinato o de “agresión y palizas deliberadas” con resultado de muerte durante el confinamiento de la COVID-19, aunque los grupos de derechos de las mujeres aseguran que la cifra real es, probablemente, superior.

La violencia de género sigue siendo endémica

Durante los últimos años, algunos países de Oriente Medio y Norte de África han experimentado tímidos avances legislativos e institucionales en relación con los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en Arabia Saudí se ha reformado, con mucho retraso, el discriminatorio sistema de tutela masculina y se ha revocado la prohibición de conducir para las mujeres, mientras que en Túnez se ha establecido un mecanismo de denuncia para sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar, y en Jordania se ha abierto un refugio para las mujeres amenazadas de los conocidos como “delitos en nombre del honor”.

En el Magreb, se han aprobado disposiciones jurídicas para combatir la violencia contra las mujeres, incluida una emblemática ley aprobada en 2017 en Túnez para proteger a las mujeres contra toda forma de violencia de género.

Sin embargo, estos avances se han visto ensombrecidos por la violencia y la discriminación que sufren constantemente las mujeres —sobre todo en cuestiones de matrimonio, herencia y custodia de hijos e hijas—, y han sido menoscabados, además, por la deficiente aplicación de las reformas y por la continua negación de participación activa a las mujeres.

Se han seguido registrando los conocidos como “homicidios en nombre del honor” en Irak, Irán, Jordania, Kuwait y las comunidades palestinas de Israel y Palestina, donde las autoridades se han abstenido de procesar a los perpetradores y de abordar las discriminatorias leyes y normas de género subyacentes, que permiten que esa violencia prolifere. En varios países, las defensoras de los derechos humanos han sido amenazadas —de violación, entre otras cosas—, intimidadas, limitadas en sus desplazamientos o, incluso, agredidas y asesinadas por agentes estatales y no estatales, que han intentado silenciarlas así.

En Libia, las mujeres y las niñas han sufrido agresiones físicas, secuestros, asesinatos y violencia sexual, así como campañas de desprestigio y abusos online, a manos de milicias y grupos armados. Recientemente, en noviembre de 2020, la abogada libia Hanan al-Barassi murió abatida a tiros en Bengasi tras haber criticado la corrupción de ciertas personas vinculadas a grupos armados del este de Libia.

Asimismo, en Irak, hombres armados mataron a tiros a Reham Yacoub, activista conocida por haber organizado actos de protesta en Basora en agosto de 2020.

En Egipto, gracias a una campaña online contra el acoso y la violencia sexual realizada por una serie de jóvenes feministas, varios hombres acusados de violación fueron detenidos en agosto de 2020. Sin embargo, pese a haber aprobado las autoridades egipcias una disposición legal que permite a la fiscalía garantizar el anonimato a las sobrevivientes de violencia sexual, se ha seguido deteniendo y procesando a sobrevivientes y testigos que han declarado en causas judiciales similares o que han denunciado la violencia sexual.

En 2020, al menos nueve influencers de las redes sociales fueron procesadas, acusadas de “violar principios familiares” debido a unos vídeos publicados en TikTok. Además, los medios de comunicación progubernamentales han llevado a cabo una agresiva campaña de desprestigio contra las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y quienes las apoyan.

En Irán, la policía “de la moral” ha seguido imponiendo el cumplimiento de discriminatorias y degradantes leyes de uso obligatorio del velo, y sometiendo a diario a las mujeres y las niñas a acoso y agresiones.

Los derechos de las sobrevivientes, vulnerados

Las mujeres que dan el paso de denunciar abusos se encuentran con grandes obstáculos a la hora de acceder a la justicia. En Libia, pueden ser detenidas por “adulterio” y, entre la población refugiada y migrante, las mujeres no se atreven a acercarse a la policía, por temor a ser detenidas y deportadas. En Jordania, algunas mujeres han manifestado su temor a ser recluidas en albergues si denuncian actos de violencia en su contra. Pese a las reformas, en Arabia Saudí el sistema de tutela masculina continúa permitiendo a los varones tutores perpetuar la violencia contra las mujeres, que no están protegidas frente a la violencia sexual y física. Por ejemplo, las mujeres que sufren violencia en el ámbito familiar siguen necesitando el permiso del varón tutor para salir de los albergues.

Aunque algunos países han revocado disposiciones jurídicas que permitían a los violadores evitar ser procesados si se casaban con sus víctimas, ese tipo de leyes se mantienen en varios países de la región de Oriente Medio y Norte de África.

“La pasividad de los gobiernos a la hora de proteger de manera adecuada a las mujeres contra la violencia de género y de combatir la impunidad ha perpetuado esa forma de abuso. Para empezar, las autoridades deben condenar públicamente todas las formas de violencia de género y desmantelar las estructuras que facilitan esos abusos, tales como la tutela masculina,” asegura Heba Morayef.

“Además, deben garantizar la protección de los derechos de las sobrevivientes, que éstas puedan acceder de manera segura a la justicia y que los perpetradores rindan cuentas. Es preciso que las sobrevivientes puedan acceder a albergues, asistencia psicosocial y servicios jurídicos y de otros tipos adecuados”.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/03/mena-gender-based-violence-continues-to-devastate-lives-of-women-across-region/

Comparte este contenido:

Amnistía Internacional lanza app de aprendizaje de derechos humanos para la próxima generación de activistas

Por: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha lanzado Academia de Amnistía, aplicación gratuita de aprendizaje de derechos humanos, que tiene por objeto impartir a la próxima generación de defensores y defensoras de los derechos humanos educación sobre un conjunto de temas entre los que figuran la libertad de expresión, la seguridad digital y los derechos de los pueblos indígenas.

Contiene cursos de entre 15 minutos y 15 horas, a los que podrán acceder personas de todo mundo, pues se imparten en más de 20 idiomas, entre ellos el urdu, el bengalí, el húngaro, el coreano, el ruso, el tailandés, el checo y el turco. La aplicación, disponible para dispositivos iOS y Android, permite descargarse todos los cursos para hacer el aprendizaje sin necesidad de conectarse a Internet.

“Esta aplicación se ha concebido con el fin de que cualquier persona, viva donde viva, pueda adquirir conocimientos sobre los derechos humanos y de animarla a hacerlo. Compartir el conocimiento es una manera esencial de defender nuestros propios derechos y los de las demás personas, así como de luchar por la justicia y la igualdad en todo el mundo”, ha manifestado Julie Verhaar, secretaria general en funciones de Amnistía Internacional.

Esta aplicación se ha concebido con el fin de que cualquier persona, viva donde viva, pueda adquirir conocimientos sobre los derechos humanos y de animarla a hacerlo. Compartir el conocimiento es una manera esencial de defender nuestros propios derechos y los de las demás personas, así como de luchar por la justicia y la igualdad en todo el mundo.
Julie Verhaar, secretaria general en funciones de Amnistía Internacional

Una de las principales características de Academia de Amnistía es la aplicación de un enfoque flexible y personalizado del aprendizaje, que permite comenzar los cursos cómo y cuándo se desee. Las personas que hagan algunos de los cursos más largos recibirán un certificado oficial de finalización del curso, firmado por la secretaria general de Amnistía Internacional.

Los cursos disponibles en Academia de Amnistía se han preparado y perfeccionado a lo largo de los tres últimos años en el marco del sitio web de aprendizaje de derechos humanos. Ahora se han mejorado también para poder realizarlos a través del teléfono móvil, para hacer así que el aprendizaje de los derechos humanos sea más accesible aún.

“La educación en derechos humanos es la base del trabajo de Amnistía. Nuestro objetivo general es garantizar que, en todo el mundo, las personas conozcan sus derechos humanos y puedan reclamarlos. La aplicación Academia de Amnistía nos ayuda a alcanzar este objetivo por medio de una plataforma sencilla y accesible, que permite a millones de personas recibir educación en derechos humanos de calidad”, ha afirmado Krittika Vishwanath, directora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Academia de Amnistía se actualizará periódicamente para facilitar el aprendizaje en muchos más idiomas y con nuevos cursos que se irán ofreciendo en los meses venideros y a lo largo de los próximos años.

Enlace para iOS

Enlace para Android

Amnistía Internacional lanza app de aprendizaje de derechos humanos para la próxima generación de activistas

Comparte este contenido:
Page 1 of 11
1 2 3 11
OtrasVocesenEducacion.org