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Reprobamos a Facebook y Google, pero todavía las necesitamos Ése es el problema.

Noticia/27 Noviembre 2019/Amnistía Internacional

A las comercializadoras se les presentan todo tipo de problemas en su actividad, pero estar en una plataforma basada en abusos contra los derechos humanos no suele ser uno de ellos.

Sin embargo, es justo esto lo que le ha ocurrido a un sector dependiente de Facebook y Google con la publicación del último informe de Amnistía Internacional, Surveillance Giants. (“Gigantes de la vigilancia”).

Se supone que estas plataformas permiten a la gente acceder a ellas gratuitamente, pero lo que hacen es que, en vez de cobrarle una tarifa, la obligan a ceder sus datos personales. Estos datos se analizan entonces para crear grupos de personas y hacer predicciones sobre sus intereses y características, fundamentalmente de manera que se puedan utilizar estas apreciaciones para generar ingresos publicitarios. En el informe se determina que la magnitud de la recopilación y monetización de datos personales de estas plataformas es incompatible con el derecho a la privacidad.

Aunque los llamamientos principales que se hacen en él van dirigidos a los gobiernos para que consideren cómo deben regular el sector, todas las organizaciones tenemos también el deber de ver qué papel desempeñamos.

En Amnistía somos tan dependientes de estas plataformas como las grandes empresas, los partidos políticos y los comercios locales para llegar a nuestro público, animarlo a participar y aumentarlo. Es el poder omnipresente de estas plataformas lo que ha llevado a Amnistía a publicar un informe sobre ellas.

¿Qué opciones tenemos? No podemos prescindir de ellas. Ya no son sólo la plaza pública. Son la calle mayor y el distrito de negocios. Podrían convertirse en nuestro consultorio médico y en nuestro banco. Son la ciudad y el pueblo enteros, ¡vaya!

Sacar ahora mismo nuestro trabajo de Facebook y Google sería contraproducente, por tanto, para los derechos humanos y nos restaría capacidad para difundir nuestro mensaje. Sencillamente, no hay otra alternativa viable para llegar al público.

De momento, pues, lo más ético que podemos hacer es explicar abiertamente nuestro dilema y lo que hacemos al respecto. Seguiremos hablando con nuestro público sobre ello.

He oído decir a gente del sector publicitario que la hegemonía de Facebook y Google no permite ninguna alternativa. Pero esta opinión no tiene en cuenta que Silicon Valley está basada en el romanticismo de personas emprendedoras que empiezan en sus garajes. En los próximos meses y años bien podría surgir algo más, especialmente si el gobierno crea el entorno adecuado para ello.

Debería incitar a las grandes empresas tecnológicas a efectuar reformas. Una vez sirvieron de catalizador para la libertad, desempeñando importantes funciones en el derrocamiento de dictadores. Sacaron provecho de esta facultad incipiente durante mucho tiempo. Ahora parecen parte de un nexo de grandes intereses empresariales y políticos. Esto aportará ingresos a corto plazo, pero abre también la posibilidad a nuevos participantes.

Habrá muchas entidades como Amnistía a las que se les plantee también esta difícil situación. Estamos intentando lograr el difícil equilibrio de cumplir con nuestro deber de difundir el mensaje de los derechos humanos y gastar a la vez dinero en empresas que se benefician de una vigilancia problemática. Los riesgos para la reputación aumentan con cada escándalo.

Hay muchos intereses creados en el modo en que las grandes empresas tecnológicas funcionan en la actualidad. Dado que también realizan grandes esfuerzos de cabildeo con los mismos gobiernos que deben tomar medidas sobre ellas, es del todo razonable pensar que no pueden autorregularse. Es por ello que hemos establecido también un grupo de trabajo para ver qué opciones futuras puede haber para llegar a las comunidades y hacerlas participar. Queremos hablar con gente de todo el sector para pensar a lo grande. Contáctanos si crees que puedes ayudar.

Es una pendiente difícil de escalar. Subimos tapándonos la nariz con una mano y con un cartel en la otra para pedir reformas.

Nos gustaría saber lo que piensas: ¿qué futuro tendrá la participación pública en los próximos años?

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/we-called-out-facebook-and-google-but-need-them/

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200 líderes y lideresas ambientales y de derechos humanos se comprometen a abordar juntos la emergencia climática

En una iniciativa sin precedentes, más de 200 representantes de los pueblos indígenas, la esfera laboral y el mundo académico, así como de grupos ambientalistas y de derechos humanos, aprobaron una declaración histórica en la que piden a gobiernos y grandes empresas que aborden con carácter de urgencia la emergencia climática para garantizar la supervivencia de la humanidad.

La lucha más urgente que libra el planeta necesita contar con el poder y la diversidad que puede darle el movimiento global de personas en favor de los derechos humanos. Aportamos a la lucha por la justicia climática energía, conocimientos y bases de apoyo fundamentales.

Su reunión en la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana tiene como objetivo generar aún más potencia, energía y recursos que impulsen un movimiento de masas conectado, diverso y orientado hacia la acción para vencer la crisis climática, poniendo en el centro de sus soluciones a las personas y los derechos humanos.

Estos líderes y lideresas y sus grupos tratan de presionar a gobiernos y grandes empresas para que incrementen sus compromisos en materia climática. Entre otras iniciativas, quieren emprender más litigios conjuntos por cuestiones climáticas, poner en el punto de mira el financiamiento de los combustibles fósiles por parte del sector financiero, utilizar de forma más eficaz los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos y coordinar más campañas de movilización de masas en el ámbito nacional y regional. También tienen previsto acordar la aplicación de planes de acción conexos en los próximos meses.

Craig Mokhiber, director de la Oficina en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha declarado:

“Para quienes lo sufren en primera línea, el cambio climático ya está erosionando los derechos a la alimentación, el agua y el saneamiento, la vivienda digna, la salud, la seguridad personal e incluso la vida. Muchas personas que viven en pequeños Estados insulares, comunidades costeras y zonas sometidas a la desertificación progresiva ven cómo se esfuma su derecho a la libre determinación. Los desplazamientos masivos por razones climáticas amenazan con obligar a millones de personas a emprender viajes de vulnerabilidad e incertidumbre. En definitiva, los efectos adversos del cambio climático desgarran la estructura misma de la sociedad humana. Cada país debe tomar medidas urgentes y significativas para abordar esta amenaza a los derechos humanos. Al agrupar las muchas vertientes del movimiento en pro de la justicia climática, tratamos de movilizar ya una acción por el clima transformadora, basada en los derechos e inclusiva.”

Jennifer Morgan, directora ejecutiva internacional de Greenpeace Internacional, ha declarado:

“La crisis climática es una crisis de derechos humanos. Las consecuencias humanas de las catástrofes meteorológicas extremas pueden ser sobrecogedoras, como demuestra la gran devastación y la destrucción que dejó el huracán Dorian tras de sí.

Esta declaración marca una nueva era en el activismo contra el cambio climático. Liderados por los jóvenes y junto con nuestros aliados, todos actuaremos y confrontaremos a los responsables. Los gobiernos débiles y el poder de las grandes empresas tóxicas tendrán que dar la cara cuando pongamos a la gente en el centro de nuestras exigencias y busquemos justicia climática para las comunidades menos responsables de esta emergencia climática, que son las más vulnerables ante ella.”

Carroll Muffett, presidenta y directora general del Centro de Derecho Ambiental Internacional, ha declarado:

El coste de la inacción constante ante la crisis climática se mide en términos de derechos humanos, vidas humanas y medios de vida. Como nos recuerda dolorosamente el huracán Dorian, este coste es real y cada vez mayor. La declaración de hoy refleja el compromiso común de la comunidad de derechos humanos de situar estos derechos en el centro de la crisis climática, disminuir progresivamente los combustibles fósiles que impulsan esa crisis y exigir responsabilidades a gobiernos y empresas cuando se interponen en el camino.”

Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, ha declarado:

“La lucha más urgente que libra el planeta necesita contar con el poder y la diversidad que puede darle el movimiento global de personas en favor de los derechos humanos. Aportamos a la lucha por la justicia climática energía, conocimientos y bases de apoyo fundamentales. Pero hasta ahora no hemos explotado ni mucho menos todo nuestro potencial.

“Amnistía se propone contribuir en la medida que le corresponde a cambiar esta situación. Queremos que la Cumbre ayude a activar el potencial del movimiento global de derechos humanos para proteger a las generaciones presentes y futuras. Si nos unimos, podemos.”

Craig Mokhiber, director de la Oficina en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha declarado:

“Para quienes lo sufren en primera línea, el cambio climático ya está erosionando los derechos a la alimentación, el agua y el saneamiento, la vivienda digna, la salud, la seguridad personal e incluso la vida. Muchas personas que viven en pequeños Estados insulares, comunidades costeras y zonas sometidas a la desertificación progresiva ven cómo se esfuma su derecho a la libre determinación. Los desplazamientos masivos por razones climáticas amenazan con obligar a millones de personas a emprender viajes de vulnerabilidad e incertidumbre. En definitiva, los efectos adversos del cambio climático desgarran la estructura misma de la sociedad humana. Cada país debe tomar medidas urgentes y significativas para abordar esta amenaza a los derechos humanos. Al agrupar las muchas vertientes del movimiento en pro de la justicia climática, tratamos de movilizar ya una acción por el clima transformadora, basada en los derechos e inclusiva.”

Jennifer Morgan, directora ejecutiva internacional de Greenpeace Internacional, ha declarado:

“La crisis climática es una crisis de derechos humanos. Las consecuencias humanas de las catástrofes meteorológicas extremas pueden ser sobrecogedoras, como demuestra la gran devastación y la destrucción que dejó el huracán Dorian tras de sí.

Esta declaración marca una nueva era en el activismo contra el cambio climático. Liderados por los jóvenes y junto con nuestros aliados, todos actuaremos y confrontaremos a los responsables. Los gobiernos débiles y el poder de las grandes empresas tóxicas tendrán que dar la cara cuando pongamos a la gente en el centro de nuestras exigencias y busquemos justicia climática para las comunidades menos responsables de esta emergencia climática, que son las más vulnerables ante ella.”

Ellen Dorsey, directora ejecutiva del Fondo Mundial Wallace, ha declarado:

“El sector y los movimientos de derechos humanos de todo el mundo están aportando al movimiento en favor del clima nuevos recursos, una poderosa base de apoyo global de simpatizantes y una singular labor de defensa de los derechos humanos, pidiendo que gobiernos y grandes empresas tomen medidas que sean proporcionales a la magnitud y la rapidez del cambio climático con el fin de garantizar la supervivencia de la humanidad.

Philip Alston, del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York, ha declarado:

“Se ha dicho que el cambio climático es una ‘falsa alarma’, pero es una alarma que acabará matando a muchos de nuestros hijos e hijas, y al menos a algunos de nosotros. A diario leemos noticias de muchas personas que mueren por exposición a altas temperaturas, se ahogan en inundaciones, perecen en incendios o simplemente se ven obligadas a abandonar sus hogares, pero nos engañamos pensando que eso no nos va a pasar a nosotros. Mientras la mayoría nos distraemos con las redes sociales o decidimos continuar con nuestra vida normal, los futuros desastres producto del cambio climático se van convirtiendo de posibilidades en en certezas. Los derechos humanos tal como los conocemos tendrán cada vez menos sentido si no actuamos inmediatamente.”

Fuente de la información: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/09/200-environmental-and-human-rights-leaders-pledge-to-tackle-climate-emergency-together/

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.Proyecto Diversxs en América Latina y el Caribe

Combatir la discriminación y empoderar a la comunidad LGBTIQ+ para defender sus derechos en América Latina y el Caribe

El proyecto Diversxs, puesto en marcha en 2018, se basa en el trabajo de educación en derechos humanos realizado con defensores y defensoras de los derechos humanos, pero centrándose en la comunidad LGBTIQ+. El proyecto promueve el empoderamiento y la movilización de las personas jóvenes menores de 25 años para defender los derechos de las comunidades LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe. El proyecto se ha implementado en Chile, Puerto Rico, Paraguay y Venezuela, y ha involucrado a más de 7.000 jóvenes. Está financiado por la Lotería de Códigos Postales sueca.

En América Latina y el Caribe, las personas y comunidades LGBTIQ+ sufren discriminación y violencia por su orientación sexual y su identidad o expresión de género. Las actitudes sociales en la región —alimentadas por el conservadurismo social (en algunos casos el fundamentalismo religioso) y la cultura machista— contribuyen significativamente a la discriminación. No obstante, varían considerablemente de un país a otro. En Puerto Rico y Chile las actitudes y las políticas son más liberales y hay más espacio para las actividades públicas de campaña. En Paraguay y Venezuela, las actitudes sociales son más conservadoras y es más difícil hacer valer los derechos.

El proyecto tiene como finalidad generar un cambio sostenible en materia de derechos humanos para las comunidades LGBTIQ+ de Chile, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela y, en general, de la región. Tiene dos objetivos principales: el primero es reducir la discriminación de las comunidades LGBTIQ+ en los ámbitos nacional y regional; el segundo, empoderar a activistas y grupos LGBTIQ+ para defender sus derechos. El proyecto apoya y trabaja con líderes y activistas LGBTIQ+, jóvenes LGBTIQ+ y no LGBTIQ+, organizaciones LGBTIQ y agentes estatales y no estatales mediante la educación en derechos humanos, el fomento de la capacidad y el trabajo de investigación y campaña. Además, llega a las comunidades LGBTIQ+ regionales y nacionales a través de las redes sociales. El proyecto se ha contextualizado teniendo en cuenta las necesidades y los marcos jurídicos específicos de cada uno de los cuatro países.

Por otro lado, Diversxs trabaja con activistas nuevxs, brindándoles apoyo para que se reúnan y conecten con otrxs jóvenes LGBTIQ+, se empoderen y movilicen a otras personas. La base del proyecto es la formación en materia de derechos LGBTIQ+ mediante un enfoque de formación de formadores: se forma a jóvenes para que transmitan sus conocimientos y capacidades, formando a su vez a otras personas de la comunidad. De esta manera, lxs jóvenes activistas pueden reproducir esos conocimientos y capacidades en otras personas jóvenes. Este método está ennraizado en el liderazgo juvenil y la interseccionalidad (la idea de que las personas se enfrentan a discriminación múltiple como consecuencia de las intersecciones de diferentes identidades). También guarda relación con otro trabajo que Amnistía Internacional está realizando actualmente sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ y los derechos sexuales y reproductivos, así como con campañas globales y regionales de Amnistía sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos y la seguridad.

El proyecto se basa en la participación y la movilización de la juventud, aunque las tácticas empleadas en cada país varían considerablemente de uno a otro. Pese a que la metodología se ha contextualizado en cada país, el proyecto contempla tres tipos principales de actividades: en primer lugar, fomentar la capacidad de jóvenes activistas mediante la creación de un programa regional de formación para el liderazgo LGBTIQ+ (un modelo de formación de formadores) en el que la gente joven dirige las actividades. En segundo lugar, crear alianzas estratégicas y realizar trabajo de campaña sobre derechos LGBTIQ+ mediante la creación de redes y alianzas con organizaciones, el desarrollo y la implementación de campañas y reuniones nacionales. Y en tercer lugar, realizar una difusión activa mediante la creación de una comunidad educativa digital y el intercambio (utilizando las redes sociales) para apoyar las actividades de movilización.

Todas las acciones realizadas por Diversxs han sido desarrolladas y gestionadas por jóvenes LGBTIQ+ y sus aliadxs jóvenes. Lxs activistas han asumido un papel de liderazgo a la hora de diseñar el proyecto y planificar e implementar acciones y actividades para terminar con la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad o expresión de género. Entre ellas hay talleres, foros, ferias y el proceso de encuesta y diseño de una campaña local que echará a andar en 2019.

Aunque el programa apenas está arrancando, ya ha generado comentarios y resultados positivos. En Puerto Rico, jóvenes activistas afirmaban que se sentían más empoderadxs para defender los derechos LGBTIQ+. En Chile, se observa que lxs activistas y las organizaciones asociadas están emprendiendo acciones para situar la educación como derecho humano transversal y garantizar la protección de los derechos humanos de la infancia y la juventud. “A través de Diversxs y de la información que compartimos entre nosotrxs, cada vez estamos más claros sobre nuestros derechos y nuestra postura y tenemos acceso a nuevos espacios de lucha.”

De la fuerza de Diversxs da testimonio la elevada motivación de lxs activistas involucradxs, aún cuando el clima social y político es adverso. Desde el inicio del proyecto, Venezuela ha estado sumida en una crisis política y económica que impone limitaciones de orden práctico a la movilización y la organización (p. ej. electricidad, sistemas de transporte, disponibilidad de alimentos). Es destacable que el proyecto haya progresado pese a ello, lo que subraya su importancia para las comunidades LGBTIQ+ incluso en un momento en que la gente tiene dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.

En Paraguay, donde la legislación garantiza las libertades de reunión y expresión, en la práctica lxs activistas LGBTIQ+ sufren diversas formas de persecución. Como un participante explica: “Teniendo en cuenta el contexto de la ciudad y lo que conlleva trabajar un tema muy controversial, sí siento mucho miedo a veces. Pero si yo no hago lo que estoy haciendo o si decido quedarme callado, no se van a mejorar las cosas. Si quiero cambiar algo o ser parte del cambio tengo que darle el paso. No me siento seguro haciendo lo que hago, sé que puede traer consecuencias en el nivel laboral, académico y social, pero me tranquiliza el hecho de saber que vale la pena luchar”.

El proyecto está suscitando un importante compromiso de la gente joven con el activismo, lo que indica, en gran medida, la importancia que reviste para la comunidad LGBTIQ+. Un resultado clave, hasta la fecha, es el impacto que ha tenido en lxs activistas el hecho de participar en el proyecto y, en particular, de entrar en contacto con otrxs activistas. El proyecto está creando redes nacionales y regionales de activistas, y está claro que la vinculación online a través de las redes sociales sigue desempeñando un papel cuya importancia va a más. “Me sorprendió el saber que existía un espacio de apoyo para personas como yo. Contaba con el apoyo de mis amistades, pero nunca había accedido a ese tipo de espacio donde se habla de los derechos de la comunidad y de cómo defenderlos.”

El  proyecto está comenzando a movilizar a activistas y redes LGBTIQ+ que, con el respaldo de Amnistía, están emprendiendo acciones que de otro modo no habrían llevado a cabo. En Paraguay, lxs activistas superaron desafíos significativos a la libertad de asociación. Un grupo de activistas LGBTIQ+ del país solicitó permiso para celebrar un acto. El alcalde les envió una carta formal en la que decía que no está permitido celebrar reuniones de ese tipo puesto que la ciudad tenía una postura “provida, profamilia”. Con el apoyo de Amnistía, lxs activistas respondieron al alcalde haciendo valer sus derechos y argumentando que el alcalde carecía de facultades para impedirles que se reuniesen. Luego celebraron el acto si permiso, lo que suscitó el interés de numerosos periodistas.

La creación de redes de apoyo mutuo ha sido un beneficio importante, y quizá inesperado, para lxs participantes. El establecimiento de contactos nacionales y regionales les ha permitido crear redes de apoyo personal, un elemento clave de la resiliencia. Las redes regionales agregan una dimensión adicional de apoyo y una perspectiva que les permite ver qué acciones están emprendiendo otras personas. Para algunxs, la participación en el proyecto ha tenido repercusiones materiales en su vida personal, como por ejemplo salir del armario (como gays, lesbianas, transgénero, etc.).

Por otro lado, puede conllevar riesgos personales, en particular en el caso de la gente joven que no ha salido del armario ante sus familias, compañerxs de clase o colegas. Tras evaluar la situación, se hizo patente que la seguridad personal era una prioridad para lxs activistas. Ahora el proyecto incluye un capítulo en la carpeta de materiales sobre los derechos LGBTIQ + con consejos para activistas sobre cómo cuidarse y cuidar a otras personas.

Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/es/latest/education/2019/07/diversxs-project-latin-america-the-carribean/

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Proyecto Diversxs en América Latina y el Caribe

Combatir la discriminación y empoderar a la comunidad LGBTIQ+ para defender sus derechos en América Latina y el Caribe

El proyecto Diversxs, puesto en marcha en 2018, se basa en el trabajo de educación en derechos humanos realizado con defensores y defensoras de los derechos humanos, pero centrándose en la comunidad LGBTIQ+. El proyecto promueve el empoderamiento y la movilización de las personas jóvenes menores de 25 años para defender los derechos de las comunidades LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe. El proyecto se ha implementado en Chile, Puerto Rico, Paraguay y Venezuela, y ha involucrado a más de 7.000 jóvenes. Está financiado por la Lotería de Códigos Postales sueca.

En América Latina y el Caribe, las personas y comunidades LGBTIQ+ sufren discriminación y violencia por su orientación sexual y su identidad o expresión de género. Las actitudes sociales en la región —alimentadas por el conservadurismo social (en algunos casos el fundamentalismo religioso) y la cultura machista— contribuyen significativamente a la discriminación. No obstante, varían considerablemente de un país a otro. En Puerto Rico y Chile las actitudes y las políticas son más liberales y hay más espacio para las actividades públicas de campaña. En Paraguay y Venezuela, las actitudes sociales son más conservadoras y es más difícil hacer valer los derechos.

El proyecto tiene como finalidad generar un cambio sostenible en materia de derechos humanos para las comunidades LGBTIQ+ de Chile, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela y, en general, de la región. Tiene dos objetivos principales: el primero es reducir la discriminación de las comunidades LGBTIQ+ en los ámbitos nacional y regional; el segundo, empoderar a activistas y grupos LGBTIQ+ para defender sus derechos. El proyecto apoya y trabaja con líderes y activistas LGBTIQ+, jóvenes LGBTIQ+ y no LGBTIQ+, organizaciones LGBTIQ y agentes estatales y no estatales mediante la educación en derechos humanos, el fomento de la capacidad y el trabajo de investigación y campaña. Además, llega a las comunidades LGBTIQ+ regionales y nacionales a través de las redes sociales. El proyecto se ha contextualizado teniendo en cuenta las necesidades y los marcos jurídicos específicos de cada uno de los cuatro países

Por otro lado, Diversxs trabaja con activistas nuevxs, brindándoles apoyo para que se reúnan y conecten con otrxs jóvenes LGBTIQ+, se empoderen y movilicen a otras personas. La base del proyecto es la formación en materia de derechos LGBTIQ+ mediante un enfoque de formación de formadores: se forma a jóvenes para que transmitan sus conocimientos y capacidades, formando a su vez a otras personas de la comunidad. De esta manera, lxs jóvenes activistas pueden reproducir esos conocimientos y capacidades en otras personas jóvenes. Este método está enraizado en el liderazgo juvenil y la interseccionalidad (la idea de que las personas se enfrentan a discriminación múltiple como consecuencia de las intersecciones de diferentes identidades). También guarda relación con otro trabajo que Amnistía Internacional está realizando actualmente sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ y los derechos sexuales y reproductivos, así como con campañas globales y regionales de Amnistía sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos y la seguridad.

El proyecto se basa en la participación y la movilización de la juventud, aunque las tácticas empleadas en cada país varían considerablemente de uno a otro. Pese a que la metodología se ha contextualizado en cada país, el proyecto contempla tres tipos principales de actividades: en primer lugar, fomentar la capacidad de jóvenes activistas mediante la creación de un programa regional de formación para el liderazgo LGBTIQ+ (un modelo de formación de formadores) en el que la gente joven dirige las actividades. En segundo lugar, crear alianzas estratégicas y realizar trabajo de campaña sobre derechos LGBTIQ+ mediante la creación de redes y alianzas con organizaciones, el desarrollo y la implementación de campañas y reuniones nacionales. Y en tercer lugar, realizar una difusión activa mediante la creación de una comunidad educativa digital y el intercambio (utilizando las redes sociales) para apoyar las actividades de movilización.

Todas las acciones realizadas por Diversxs han sido desarrolladas y gestionadas por jóvenes LGBTIQ+ y sus aliadxs jóvenes. Lxs activistas han asumido un papel de liderazgo a la hora de diseñar el proyecto y planificar e implementar acciones y actividades para terminar con la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad o expresión de género. Entre ellas hay talleres, foros, ferias y el proceso de encuesta y diseño de una campaña local que echará a andar en 2019.

Aunque el programa apenas está arrancando, ya ha generado comentarios y resultados positivos. En Puerto Rico, jóvenes activistas afirmaban que se sentían más empoderadxs para defender los derechos LGBTIQ+. En Chile, se observa que lxs activistas y las organizaciones asociadas están emprendiendo acciones para situar la educación como derecho humano transversal y garantizar la protección de los derechos humanos de la infancia y la juventud. “A través de Diversxs y de la información que compartimos entre nosotrxs, cada vez estamos más claros sobre nuestros derechos y nuestra postura y tenemos acceso a nuevos espacios de lucha.”

Aunque la introducción de la EDH en los currículos del sistema de educación formal no estaba entre los objetivos principales del proyecto, durante su primer de andadura en Chile se establecieron varias asociaciones con gobiernos locales y municipalidades así como programas municipales específicos. Amnistía Internacional Chile ha firmado un acuerdo de cooperación con la Municipalidad de Chile Lota (región de Bío-Bío). En el proyecto se ha contado con asesoría para revisar la implementación de legislación antidiscriminación en los casos de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad o la expresión de género.

De la fuerza de Diversxs da testimonio la elevada motivación de lxs activistas involucradxs, aún cuando el clima social y político es adverso. Desde el inicio del proyecto, Venezuela ha estado sumida en una crisis política y económica que impone limitaciones de orden práctico a la movilización y la organización (p. ej. electricidad, sistemas de transporte, disponibilidad de alimentos). Es destacable que el proyecto haya progresado pese a ello, lo que subraya su importancia para las comunidades LGBTIQ+ incluso en un momento en que la gente tiene dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.

En Paraguay, donde la legislación garantiza las libertades de reunión y expresión, en la práctica lxs activistas LGBTIQ+ sufren diversas formas de persecución. Como un participante explica: “Teniendo en cuenta el contexto de la ciudad y lo que conlleva trabajar un tema muy controversial, sí siento mucho miedo a veces. Pero si yo no hago lo que estoy haciendo o si decido quedarme callado, no se van a mejorar las cosas. Si quiero cambiar algo o ser parte del cambio tengo que darle el paso. No me siento seguro haciendo lo que hago, sé que puede traer consecuencias en el nivel laboral, académico y social, pero me tranquiliza el hecho de saber que vale la pena luchar”.

El proyecto está suscitando un importante compromiso de la gente joven con el activismo, lo que indica, en gran medida, la importancia que reviste para la comunidad LGBTIQ+. Un resultado clave, hasta la fecha, es el impacto que ha tenido en lxs activistas el hecho de participar en el proyecto y, en particular, de entrar en contacto con otrxs activistas. El proyecto está creando redes nacionales y regionales de activistas, y está claro que la vinculación online a través de las redes sociales sigue desempeñando un papel cuya importancia va a más. “Me sorprendió el saber que existía un espacio de apoyo para personas como yo. Contaba con el apoyo de mis amistades, pero nunca había accedido a ese tipo de espacio donde se habla de los derechos de la comunidad y de cómo defenderlos.”

El proyecto está comenzando a movilizar a activistas y redes LGBTIQ+ que, con el respaldo de Amnistía, están emprendiendo acciones que de otro modo no habrían llevado a cabo. En Paraguay, lxs activistas superaron desafíos significativos a la libertad de asociación. Un grupo de activistas LGBTIQ+ del país solicitó permiso para celebrar un acto. El alcalde les envió una carta formal en la que decía que no está permitido celebrar reuniones de ese tipo puesto que la ciudad tenía una postura “provida, profamilia”. Con el apoyo de Amnistía, lxs activistas respondieron al alcalde haciendo valer sus derechos y argumentando que el alcalde carecía de facultades para impedirles que se reuniesen. Luego celebraron el acto si permiso, lo que suscitó el interés de numerosos periodistas.

La creación de redes de apoyo mutuo ha sido un beneficio importante, y quizá inesperado, para lxs participantes. El establecimiento de contactos nacionales y regionales les ha permitido crear redes de apoyo personal, un elemento clave de la resiliencia. Las redes regionales agregan una dimensión adicional de apoyo y una perspectiva que les permite ver qué acciones están emprendiendo otras personas. Para algunxs, la participación en el proyecto ha tenido repercusiones materiales en su vida personal, como por ejemplo salir del armario (como gays, lesbianas, transgénero, etc.).

Por otro lado, la participación (especialmente el uso de las redes sociales) también puede conllevar riesgos personales, en particular en el caso de la gente joven que no ha salido del armario ante sus familias, compañerxs de clase o colegas. Tras evaluar la situación, se hizo patente que la seguridad personal era una prioridad para lxs activistas. Ahora el proyecto incluye un capítulo en la carpeta de materiales sobre los derechos LGBTIQ + con consejos para activistas sobre cómo cuidarse y cuidar a otras personas.

Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/es/latest/education/2019/07/diversxs-project-latin-america-the-carribean/

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Informe de Evolución de la EDH En 2018

Amnistía Internacional trabaja con su red mundial y a través de ella a fin de estimular y preparar a la juventud para que desempeñe un papel activo en favor de los derechos humanos. Cada año, el equipo de Educación en Derechos Humanos (EDH) de Amnistía Internacional a nivel global trabaja con sus compañeras y compañeros para informar sobre los logros de la educación en derechos humanos en todo el mundo. Este año, el informe revela una amplia variedad de impactos que se enmarcan en las actividades de EDH.

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Moldavia: La implementación de la Educación en Derechos Humanos en el currículo nacional

Moldavia está yendo más allá de los marcos establecidos para garantizar que se ofrece una Educación en Derechos Humanos de calidad mediante un programa escolar a nivel nacional.

Lo que se introdujo hace casi diez años como una materia extracurricular se ha hecho ya un lugar en el currículo nacional de Moldavia gracias a un constante trabajo de incidencia. A lo largo de los últimos diez años, Amnistía Internacional Moldavia (AI Moldavia) ha sido fundamental para apoyar el desarrollo y la implementación de la Educación en Derechos Humanos (EDH) en el sistema de educación formal de primaria y secundaria. Actualmente, la educación cívica es una asignatura obligatoria en Moldavia, y la EDH, una asignatura optativa.

AI Moldavia desarrolló el primer currículo de Educación en Derechos Humanos y los primeros materiales de esta asignatura en 2010. Entre 2013 y 2016, el currículo se revisó y se introdujeron nuevos módulos sobre no discriminación y desarrollo sostenible, que fueron aprobados por el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional sobre Planes de Estudio.

Ahora, diez años después, el mayor reto al que se enfrenta el país no es el currículo en sí, sino garantizar que quienes lo implementan tienen la capacidad y los recursos necesarios para hacerlo bien. Desde 2015, AI Moldavia está formando al profesorado y desarrollando su programa de Colegios Amigos de los Derechos Humanos en Moldavia. Sólo en 2018, recibieron formación aproximadamente 150 docentes.

Moldavia se independizó de la Unión Soviética en 1991, y el concepto de derechos humanos sigue estando en fase de desarrollo en la sociedad y en el sistema educativo moldavo. Por consiguiente, la EDH es una prioridad fundamental en el país. Moldavia se encuentra en un interesante contexto político. Por un lado, el ambiente político no es totalmente amistoso con los derechos humanos. Sigue habiendo importantes motivos de preocupación respecto a las libertades cívicas y el sistema de justicia, así como discriminación contra ciertos grupos (romaníes, LGBT+). La reducción del pluralismo de los medios de comunicación y el hostigamiento que sufren las ONG suponen obstáculos para los defensores y las defensoras de los derechos humanos.

Por otro lado existe una fuerte tendencia hacia el acercamiento —e incluso eventualmente la unión— a la Unión Europea. La EDH no es especialmente polémica a nivel nacional (comparada con cuestiones de derechos humanos más inmediatas) y el gobierno se ha comprometido a aplicar las recomendaciones del Consejo de Europa para que Moldavia se ajuste a las normas europeas de gobernanza democrática. Por tanto, la EDH goza de un apoyo relativamente bueno en las altas esferas, y AI Moldavia tiene un acuerdo con el Ministerio de Educación desde 2010.

No obstante, en la práctica el programa se enfrenta a problemas prácticos, especialmente en lo que respecta al profesorado y al sistema educativo. Muchos docentes realizaron su formación en la época soviética, cuando no se enseñaban los derechos humanos y las metodologías de enseñanza eran rígidas. En la actualidad, en Moldavia hay una gran rotación del profesorado, debido a una histórica falta de inversión, lo cual significa que los docentes que reciben formación un año puede que no estén trabajando el año siguiente.

En 2018, AI Moldavia se ha centrado en integrar la EDH en el sistema de educación formal. El trabajo que desarrolla AI Moldavia desde hace diez años ha supuesto una importante contribución para conseguir que la EDH pasara de ser una actividad extracurricular impartida en muy pocos centros de enseñanza a ser una asignatura que se ofrece como optativa en muchos centros de enseñanza secundaria y muy solicitada por el alumnado. En 2015, AI Moldavia firmó otro acuerdo con el Ministerio de Educación para incluir la colaboración en la formación del profesorado y en los Colegios Amigos de los Derechos Humanos. Además, ha trabajado junto con el Ministerio —en la práctica dirigiendo el proceso— en la elaboración del currículo de EDH.

Desde entonces, en colaboración con unos 20 colegios piloto, Amnistía Internacional ha desarrollado el currículo de EDH en rumano para cursos académicos concretos y ha incluido más asignaturas. En 2015, la EDH comenzó a ofrecerse como asignatura optativa en unos 100 colegios. En 2017, Amnistía comenzó a elaborar un currículo de EDH desde educación primaria hasta educación secundaria. Actualmente, el currículo de EDH abarca dos cursos académicos (14 y 15 años de edad), con una hora de clase a la semana.

Una profesora de primaria que participó en el ensayo piloto del currículo en 2018, afirmo que su visión del currículo normalizado había cambiado. Antes —señaló— consideraba que estaba enseñando al alumnado todas las asignaturas de forma exhaustiva. Pero tras realizar la formación en EDH para el profesorado, se dio cuenta de que hay muchas cosas que el alumnado necesita saber y que no están en el currículo normalizado. Antes de participar en el ensayo, esta profesora consideraba imposible enseñar derechos humanos a alumnos y alumnas de primaria.

Otros docentes indicaron que no se habían dado cuenta de la amplitud de los conceptos de derechos humanos, por ejemplo de que las emociones y los sentimientos forman parte de los derechos humanos. Como explica Neamțu Olga, profesora de primaria de Chisinau: “La EDH se basa en la formación de competencias para la vida, actitudes y valores; es la vida que vivimos día a día en diferentes grupos sociales. Es la resolución pacífica de conflictos, la comunicación asertiva y las decisiones objetivas que se toman. Para mí, el curso supuso crecimiento profesional y personal y experiencia, ya que sus frutos me han hecho comprender que una persona informada es una persona más protegida”.

Actualmente Amnistía Internacional Moldavia está aumentando su contribución al desarrollo del currículo de EDH a nivel nacional, además de apoyar su implementación mediante la formación del profesorado. El trabajo en el desarrollo y la implementación del currículo de EDH tiene mucha relación con el enfoque de Amnistía Internacional de Colegios Amigos de los Derechos Humanos AI Moldavia ha formado a más de 150 profesores y profesoras, y 50 de estos docentes se han hecho miembros de Amnistía Internacional. Actualmente más del 10% de los colegios ofrecen EDH como asignatura optativa, y cada año más de 2.000 alumnos y alumnas asisten al curso, participando en una hora semanal de clases de EDH. Una de las conclusiones del proyecto es que para conseguir buenos resultados es preciso un enfoque holístico: “No basta con tener actividades extracurriculares o grupos de alumnos y alumnas, y tampoco con que haya un currículo. Es necesario un enfoque holístico, que no consiste sólo en educar sobre los derechos humanos, sino en educar mediante los derechos humanos”, explica Violeta Terguță, coordinadora del Programa de EDH en AI Moldavia.

“Ha sido una gran oportunidad aprender sobre, mediante y para los derechos humanos y los derechos de los niños y las niñas en el marco de los cursos de formación, los cursos de verano y los intercambios de conocimientos de Amnistía. Podría intercambiar mis conocimientos y mi experiencia con colegas de todo el país. La labor que lleva a cabo AI Moldavia es fantástica, pues elaboran mucho material adecuado para los docentes, planes de clase, libros y guías, y todo esto puede utilizarse tanto para actividades escolares curriculares como extracurriculares”, explica Diana Galanton, profesora de secundaria en Bălți.

AI Moldavia organiza también otras actividades, como competiciones anuales de EDH que complementan la labor de los Colegios Amigos de los Derechos Humanos y de la educación formal y motivan más al alumnado para actuar y comprometerse a un nivel más elevado. Más de 100 alumnos y alumnas que asistieron al curso se hicieron miembros de AI Moldavia, formaron grupos escolares y participaron en actividades y campañas de Amnistía Internacional en general, así como en la promoción de los derechos humanos en su centro de estudios y su comunidad.

Daniel, alumno del Centro de Enseñanza Secundaria Olimp de Sîngerei, afirmó que el curso lo había ayudado a tener nuevos puntos de vista y opiniones: “Al asistir a las clases de derechos humanos descubrí que, desgraciadamente, tenía estereotipos. Ahora sé que todas las personas son diferentes, pero iguales. La gente debe ser tolerante y no discriminar”.[1] A Nicoleta, alumna del mismo centro, asistir al curso la ayudó a darse cuenta de las diversas formas en que podía defender los derechos humanos: “He aprendido que una persona, una firma puede cambiar el mundo. Todo el mundo debe implicarse, nadie debe limitarse a observar pasivamente. Voy a utilizar los conocimientos que adquirí durante las clases para defender a las personas cuyos derechos son violados y formular mis argumentos”.

A consecuencia de la demanda de los centros educativos que ya implementan el currículo de EDH, se ha producido un gran aumento en el número de alumnos y alumnas que participan en la maratón anual de envío de cartas de Amnistía Escribe por los Derechos, comparado con los que participaban hace 10 años. Ahora son los centros los que llaman a Amnistía para participar en la maratón, y no AI Moldavia la que tiene que llamar a los centros. Con los años, el número de cartas ha pasado de unas 700 a 40.000. Un motivo de este aumento son los cambios que se han ido produciendo con el tiempo en la calidad de las acciones, pues los alumnos y alumnas organizan los eventos de forma diferente y abordan las cuestiones con mayor profundidad.

Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/es/latest/education/2019/06/moldova-national-human-rights-curricula/

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Eslovenia: El poder de las pequeñas acciones

En 2018, estudiantes de Eslovenia escribieron o dibujaron más de 10.000 mensajes de solidaridad para la campaña Escribe por los Derechos

“Me gusta ayudar a la gente que lo necesita. Me encantaría que alguien me ayudara si me viera en la misma situación en la que se encuentran las personas en cuyo favor escribimos”. Esto es lo que dice un alumno de la Escuela Elemental Šempeter v Savinjski dolini cuando se le pregunta por su participación en Escribe por los Derechos. Es uno de los más de 7.000 estudiantes que participaron en la campaña el año pasado con un único objetivo: ayudar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En Eslovenia, el objetivo de introducir la campaña Escribe por los Derechos en los centros escolares es “concienciar sobre los derechos humanos, las violaciones de derechos humanos y los defensores y defensoras de los derechos humanos”, explica Simona Podobnikar, directora de Educación en Derechos Humanos en Eslovenia, “y también educar y empoderar a las personas que participan”. Los y las estudiantes de Eslovenia tienen unos conocimientos básicos de los derechos humanos como parte de la educación obligatoria, “pero no mucho más”, reconoce Podobnikar. “En muchos casos, el personal docente aprovecha las actividades de Escribe por los Derechos como oportunidad para ampliar las enseñanzas sobre cuestiones relativas a los derechos humanos”, dice.

La campaña Escribe por los Derechos ha tenido éxito en el país gracias en gran medida a la implementación de la campaña en las escuelas a través de la educación en derechos humanos. Gracias a la participación activa de docentes, administración, clubes escolares y alumnado en todo el país, los y las estudiantes no sólo pueden experimentar en primera persona el poder que tienen sus palabras sino que la campaña les permite también participar en la educación en derechos humanos de una manera muy tangible. El resultado es que miles de estudiantes de todo el país participan y hacen uso de su creatividad para causar impacto en las vidas de defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el planeta.

“Participé […] por cuarta vez este año. Creo que es noble que podamos ayudar a alguien sólo con nuestras palabras”, dice otro estudiante, “no dejamos de preguntar cada año al profesor cuando terminamos [la campaña] si alguien quedó en libertad. Somos felices cuanto esto ocurre”.

Más de 7.000 estudiantes de 63 centros escolares de todo el país participaron en la campaña Escribe por los Derechos en 2018, y en conjunto crearon más de 10.000 mensajes de solidaridad. Sus edades oscilan entre los 12 y los 19 años y pueden participar de la manera que deseen: escribiendo, dibujando, enviando correos electrónicos, incluso sólo firmando peticiones. “Decoramos el aula entera en nuestra clase de periodismo con carteles y pensamientos”, dice un estudiante de la Escuela Elemental Ivan Kavčič.

Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/es/latest/education/2019/05/slovenia-w4r-power-of-small-actions/

 

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