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El síndrome de Estocolmo

Por: Carolina Vásquez Araya

Para enfrentar los abusos, es preciso perder el miedo a combatirlos.

Se utiliza el término “síndrome de Estocolmo” para describir una experiencia psicológica paradójica en la cual se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores. A pesar de existir muchos estudios con respecto a sus características, los expertos parecen coincidir en el hecho de calificar el síndrome como una respuesta natural de supervivencia ante una situación en la cual la víctima no solo carece del control sobre su entorno, sino además intenta adaptarse a él. A nivel colectivo, se podría aplicar esta patología a ciertas naciones en las cuales se produce una situación de excesiva violencia desde el poder, contra una población incapaz de reaccionar para defender sus derechos, la cual incluso vuelve una y otra vez a otorgar el mando a quienes la someten.

Quizás el lazo afectivo sea algo que no se desarrolla en el marco de las relaciones pueblo-gobierno, pero sin duda se produce una forma de aceptación pasiva y resignada al comportamiento abusivo, discriminatorio y destructivo de quienes poseen las riendas del poder político-económico y cuyo desempeño en la gobernanza tiene todas las características de un secuestro: apoderarse de los mecanismos jurídicos para cometer toda clase de violaciones a los derechos de la ciudadanía, restándole a esta cualquier posibilidad de defenderlos mediante maniobras espurias y la aplicación de métodos represivos y trampas legales.

Las circunstancias que hacen posible la toma del poder político por parte de individuos corruptos y carentes de visión tienen mucho que ver con la manipulación de los recursos públicos con objetivos ilegales e ilegítimos; pero también con la infiltración de supuestas doctrinas religiosas, cuya misión es impedir el empoderamiento ciudadano y las cuales constituyen un poderoso aliado. De este modo, se consigue rebajar de manera sistemática las expectativas de desarrollo y supervivencia de grandes sectores de la población, quienes al final aceptan como algo natural otorgar no solo su aprobación sino también sus recursos económicos al sistema que coarta sus libertades y se apodera de sus riquezas. Como regalo adicional, alimentan el poder de sus captores con absoluta sumisión.

En sociedades con estas características –en donde predomina la actitud pasiva y resignada ante el abuso sistemático- resulta doblemente complicada la consolidación de movimientos colectivos organizados tendentes a desarticular los mecanismos opresores. Por un lado, por un temor arraigado e instalado en la conciencia colectiva sobre los riesgos implícitos en todo cuanto asemeje a la rebeldía y, por ende, a la destrucción del enemigo, sino también porque el sistema somete a la población a un régimen elemental de supervivencia. Por lo tanto, esta agradece cualquier concesión a sus necesidades, aun si esta no llega siquiera al mínimo establecido en leyes y tratados.

En la actualidad, con un escenario pavoroso de restricciones y pérdidas humanas provocadas por el ingreso de un virus mutante –cuyo origen aún es tema de controversia y manipulación informativa- son muchos los países de nuestro continente los sometidos a regímenes políticos cuyas autoridades se mueven en un terreno pantanoso y contrario a sus marcos institucionales. Ante esto, pocos son los ciudadanos comprometidos a ejercer un papel activo y de fiscalización, lo cual permite los excesos de organizaciones e individuos cuyos objetivos se enfocan en mantener un férreo control sobre pueblos y bienes públicos, ante la mirada cómplice de la comunidad internacional y de sus rehenes dentro de las fronteras.

Agachar la cabeza es una de nuestras peores falencias como sociedad.

Fuente e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com/el-sindrome-de-estocolmo/

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Basura bajo la alfombra

Por: Carolina Vásquez Araya

Una de las peores fallas de nuestras débiles democracias está en el secreto oficial.

En igual medida como el poder político y económico -consagrado por un sistema neoliberal capaz de arrinconar la voluntad popular- se fortalece, así también se debilita el derecho ciudadano a conocer los entretelones de las decisiones que le afectan y le incumben. En América Latina, nuestro castigado continente, esta manera de administrar las muy variadas formas de secretividad oficial ha sido institucionalizada de tal modo, que los pueblos ya ni siquiera intentan romper los candados. Es por medio del silencio y la mentira como nuestros países han sido despojados, paulatinamente, de riquezas y oportunidades.

El secreto oficial ha transitado desde los ámbitos de la seguridad nacional –algo relativamente sensato- hasta el uso de los fondos públicos, amparando así a quienes tienen la obligación absoluta de rendir cuentas de su administración. Es decir, lo que en un sistema democrático está supuesto a servir como parámetro para medir procedimientos enmarcados en la ética y la transparencia, hoy se encuentra bajo secreto de Estado en muchas de nuestras naciones, en donde campea la corrupción. Esto, sin duda sujeto a severas sanciones administrativas y judiciales cuando el caso lo amerite, se ha convertido en un mecanismo de protección ante las prácticas inconfesables de las sucesivas administraciones de gobierno.

Una de las causas de este descalabro en el seguimiento de las decisiones políticas se debe en gran parte al debilitamiento de los marcos institucionales, para lo cual ha servido de machete la abolición progresiva del servicio civil. Este ente, concebido para registrar y preservar el historial de la administración pública, eximiéndolo de convertirse en botín de deudas electorales, ha sido prácticamente eliminado en nuestros países. De ahí que la destrucción de archivos cada fin de administración y la sistemática eliminación de funcionarios de carrera en cada inicio, asemeje a la pésima idea de quitar las columnas de un edificio porque estorban la vista.

Esos vacíos en el ordenamiento administrativo, especialmente en países supuestos a responder a lineamientos democráticos, representan un retroceso monumental hacia sistemas abiertos al abuso y a la inveterada costumbre de esconder la basura bajo la alfombra para evitar sanciones y auditorías. El libertinaje propiciado por la eliminación de límites a la corrupción ha sido ya parte integral de sistemas que han derivado en el empobrecimiento de los pueblos y el enriquecimiento escandaloso de sus cuadros políticos y sus cúpulas empresariales. A ello es preciso añadir el detalle adicional de fuerzas del orden y ejércitos comprometidos con esos grupos de poder hasta el extremo de amparar y compartir sus delitos.

De todo esto devienen, naturalmente, las acciones de persecución, amedrentamiento y eliminación física de miembros de la prensa no comprometidos con el sistema corrupto imperante. Acciones estas que muchas veces se extienden hacia miembros del sistema judicial cuya integridad se traduce en sentencias contra los agresores. Esta es una de las consecuencias más peligrosas del debilitamiento de las estructuras institucionales de nuestros Estados, al romper parámetros fundamentales de la democracia, como la libertad de pensamiento y el derecho de los pueblos a conocer hasta los más ínfimos detalles de las gestiones de su gobierno. La dificultad reside hoy en la enorme tarea de reconstruir lo perdido y restaurar por lo menos un mínimo de confianza en el sistema por el cual se ha luchado durante más de un siglo.

Un Estado corrupto es como un edificio sin columnas de soporte.

Fuente e imagen: insurgenciamagisterial.com

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América Latina y el Caribe: Basura bajo la alfombra

Basura bajo la alfombra

Carolina Vásquez Araya

Un Estado corrupto es como un edificio sin columnas de soporte.

En igual medida como el poder político y económico -consagrado por un sistema neoliberal capaz de arrinconar la voluntad popular- se fortalece, así también se debilita el derecho ciudadano a conocer los entretelones de las decisiones que le afectan y le incumben. En América Latina, nuestro castigado continente, esta manera de administrar las muy variadas formas de secretividad oficial ha sido institucionalizada de tal modo, que los pueblos ya ni siquiera intentan romper los candados. Es por medio del silencio y la mentira como nuestros países han sido despojados, paulatinamente, de riquezas y oportunidades.

El secreto oficial ha transitado desde los ámbitos de la seguridad nacional –algo relativamente sensato- hasta el uso de los fondos públicos, amparando así a quienes tienen la obligación absoluta de rendir cuentas de su administración. Es decir, lo que en un sistema democrático está supuesto a servir como parámetro para medir procedimientos enmarcados en la ética y la transparencia, hoy se encuentra bajo secreto de Estado en muchas de nuestras naciones, en donde campea la corrupción. Esto, sin duda sujeto a severas sanciones administrativas y judiciales cuando el caso lo amerite, se ha convertido en un mecanismo de protección ante las prácticas inconfesables de las sucesivas administraciones de gobierno.

Una de las causas de este descalabro en el seguimiento de las decisiones políticas se debe en gran parte al debilitamiento de los marcos institucionales, para lo cual ha servido de machete la abolición progresiva del servicio civil. Este ente, concebido para registrar y preservar el historial de la administración pública, eximiéndolo de convertirse en botín de deudas electorales, ha sido prácticamente eliminado en nuestros países. De ahí que la destrucción de archivos cada fin de administración y la sistemática eliminación de funcionarios de carrera en cada inicio, asemeje a la pésima idea de quitar las columnas de un edificio porque estorban la vista.

Esos vacíos en el ordenamiento administrativo, especialmente en países supuestos a responder a lineamientos democráticos, representan un retroceso monumental hacia sistemas abiertos al abuso y a la inveterada costumbre de esconder la basura bajo la alfombra para evitar sanciones y auditorías. El libertinaje propiciado por la eliminación de límites a la corrupción ha sido ya parte integral de sistemas que han derivado en el empobrecimiento de los pueblos y el enriquecimiento escandaloso de sus cuadros políticos y sus cúpulas empresariales. A ello es preciso añadir el detalle adicional de fuerzas del orden y ejércitos comprometidos con esos grupos de poder hasta el extremo de amparar y compartir sus delitos.

De todo esto devienen, naturalmente, las acciones de persecución, amedrentamiento y eliminación física de miembros de la prensa no comprometidos con el sistema corrupto imperante. Acciones estas que muchas veces se extienden hacia miembros del sistema judicial cuya integridad se traduce en sentencias contra los agresores. Esta es una de las consecuencias más peligrosas del debilitamiento de las estructuras institucionales de nuestros Estados, al romper parámetros fundamentales de la democracia, como la libertad de pensamiento y el derecho de los pueblos a conocer hasta los más ínfimos detalles de las gestiones de su gobierno. La dificultad reside hoy en la enorme tarea de reconstruir lo perdido y restaurar por lo menos un mínimo de confianza en el sistema por el cual se ha luchado durante más de un siglo.

@carvasar

Fuente de la Información: https://rebelion.org/basura-bajo-la-alfombra/

 

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El valor del trabajo

Un aporte esencial para la comunidad, pocas veces apreciado como corresponde

Es importante vigilar de cerca las relaciones laborales bajo la pandemia.

La nueva forma de productividad ha venido a trastornar uno de los aspectos básicos de la vida humana: el trabajo. En este año y medio se ha producido un cambio profundo, no solo en el acceso al empleo –y todo lo que eso implica en términos de subsistencia- sino también en las relaciones laborales, ya desde siempre complicadas y frecuentemente rayanas en la injusticia; pero, sobre todo, en las estructuras sobre las cuales se sostienen la legalidad y legitimidad del trato entre las partes: es decir, entre quienes ofrecen su aporte en experiencia, conocimiento y esfuerzo físico, y quienes pagan por ello.

En estos meses ha quedado evidenciada la elasticidad de esos contratos. La necesidad de obtener los medios para subsistir ha llevado a millones de seres humanos a replantearse el valor de su aporte. De ahí surge un nuevo estilo de relación laboral, de acuerdo con el cual los nuevos métodos de trabajo en línea –gracias a las facilidades tecnológicas actuales- han sustituido, en algunos casos de manera definitiva, el esquema presencial al cual estábamos totalmente acostumbrados. Sin embargo, en esta nueva modalidad se establece una relación cuyas características vulneran el trato justo que debería primar entre las partes.

Se entiende de manera tácita que trabajar gratis y no pagar por el trabajo son dos extremos que se tocan. En ambos hace falta un elemento fundamental: la ética. Dado que el trabajo es una forma de intercambio a través del cual una persona entrega su energía, experiencia y conocimientos a cambio de una retribución económica, ofrecerlo sin ella por temor al despido, lo devalúa y traiciona la esencia del contrato. Esto sucede cada vez con mayor frecuencia en el nuevo esquema, al hacerse evidentes un par de elementos capaces de degradar la relación: el miedo a perder el empleo, por un lado; y la certeza sobre el poder para abusar, del otro.

Es importante reflexionar sobre la complejidad de esta relación productiva entre personas y entidades de diversa índole. Las actividades laborales, cualesquiera sean sus características, implican mucho más que el esfuerzo puntual para realizar una tarea. Detrás de ese acto hay tiempo invertido en la elaboración y transformación de los elementos indispensables para alcanzar un grado de desarrollo y eficiencia determinados; por ello, al dar ese esfuerzo de manera gratuita se cae en un acto de minusvaloración, aceptando que aquello que hacemos bien, no vale nada. Este esquema aplica de manera específica en los casos cada vez más numerosos del trabajo desde el hogar, para el cual la definición de horario laboral se pierde en una mezcla indeseable con el derecho a la privacidad doméstica, mezclándolo todo.

La obligación de ganarse la vida trabajando podría considerarse una maldición bíblica, sobre todo cuando –como sucede cada vez con mayor frecuencia- el esfuerzo es mucho mayor que la recompensa, o también cuando el trabajo incumple la premisa romántica de dignificar a quien lo realiza. O, para ir un poco más cerca de la realidad, cuando representa una forma de violación de ciertos derechos fundamentales de la persona. Esto último comienza a predominar e invadir espacios laborales antes regulados por un sistema de garantías legales, el cual en estos días comienza a perder su incidencia. La vigilancia de estas relaciones se percibe como una medida de urgencia durante la emergencia sanitaria, en donde la explotación laboral –incluido un desprecio injustificado por el esfuerzo de quienes aportan su experiencia y conocimientos- es la modalidad de los nuevos tiempos.

@carvasar

El valor del trabajo

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Los eternos marginados

Por: Carolina Vásquez Araya

Niñas, niños y adolescentes encajan el cambio sin derecho a opinar ni a elegir.

Si hay un segmento de la sociedad carente de autoridad sobre su vida es el de niñas, niños y adolescentes, las grandes mayorías en prácticamente todos los países de nuestra América. Somos sociedades jóvenes y en crecimiento; sin embargo, la visión imperante entre quienes recae la responsabilidad de propiciar un desarrollo basado en la justicia, equidad y el mejor aprovechamiento de todos los recursos, suele ir en contraposición con aquello que dicta la razón y cuya esencia plasmó el filósofo estadounidense Jhon Dewey: “La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma.”

La historia de nuestros pueblos nos ha enseñado que somos sobrevivientes de sistemas adversos, hostiles e incapaces de comprender el enorme potencial implícito en el cambio generacional. Vemos a la niñez y la juventud como una carga impuesta y no una oportunidad maravillosa para generar transformaciones de gran escala, lo cual debería conducir a una consolidación de valores con la misión de fortalecer el tejido social. Y todo ello, con la educación como leit motiv de cualquier sistema de gobierno. De modo automático, asumimos la autoridad del adulto como si esta fuera una forma válida de actuar sobre quienes dependen de nosotros en la línea familiar o social, y lo hacemos sin cuestionar la validez de una autoridad muchas veces impuesta de manera legal, aunque su aplicación resulte, en muchos casos, ilegítima.

Al observar los efectos de la situación excepcional en la cual estamos inmersos desde hace ya año y medio, es posible constatar la situación riesgosa en la cual viven niñas, niños y adolescentes al enfrentarse a una pérdida de sus vínculos sociales y, simultáneamente, a un encierro obligado con adultos poco preparados para ofrecer un ambiente seguro, enriquecedor y libre de violencia. El ser adulto a cargo de personas jóvenes cuya custodia nos ha sido confiada por ley, no significa de ningún modo que tengamos el derecho para imponer nuestra voluntad de manera arbitraria ni para descargar en ellas nuestras frustraciones, sino más bien nos da una oportunidad para reforzar lazos de conocimiento mutuo, respeto y colaboración.

Sin embargo, la violencia emocional generada por el forzoso cambio de hábitos y las limitaciones provocadas por las restricciones a la movilidad, al trabajo y al estudio, cobran sus mayores víctimas entre las nuevas generaciones, por estar estas sometidas a una situación sobre la cual no poseen voz ni voto. La impunidad imperante en casos de violencia doméstica es un elemento adicional, aunque poderoso, al trastorno psicológico ocasionado por la pérdida de lazos sociales, la falta de actividad lúdica y la tensión natural provocada por un fenómeno de alcance global sobre el cual no tenemos control.

En tanto no se recobre un cierto estado de normalidad, es imperativo aprovechar la ocasión para prestar atención a este enorme contingente de nuevas y nuevos ciudadanos, cuya vida y futuro dependen, en gran medida, de quienes están a cargo de su bienestar físico y emocional, así como de propiciarles una educación de calidad. El tema no es menor: la niñez y la juventud han sido los eternos marginados en nuestras sociedades y el impacto de esa agresión -naturalizada por un concepto equivocado de la autoridad de los adultos que les rodean- tiene secuelas de largo plazo en la pérdida de oportunidades de desarrollo, pero también en forma de abuso y marginación. No repitamos el cliché de que constituyen “el futuro de la patria” mientras no seamos capaces de honrar esa promesa.

La juventud tiene todo el potencial, pero de nosotros depende abrirles el camino.

Fuente : insurgenciamagisterial

Imagen:  La red 21

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Guatemala: Los eternos marginados

Los eternos marginados

Carolina Vásquez Araya

Niñas, niños y adolescentes encajan el cambio sin derecho a opinar ni a elegir.

Si hay un segmento de la sociedad carente de autoridad sobre su vida es el de niñas, niños y adolescentes, las grandes mayorías en prácticamente todos los países de nuestra América. Somos sociedades jóvenes y en crecimiento; sin embargo, la visión imperante entre quienes recae la responsabilidad de propiciar un desarrollo basado en la justicia, equidad y el mejor aprovechamiento de todos los recursos, suele ir en contraposición con aquello que dicta la razón y cuya esencia plasmó el filósofo estadounidense Jhon Dewey: “La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma.”

La historia de nuestros pueblos nos ha enseñado que somos sobrevivientes de sistemas adversos, hostiles e incapaces de comprender el enorme potencial implícito en el cambio generacional. Vemos a la niñez y la juventud como una carga impuesta y no una oportunidad maravillosa para generar transformaciones de gran escala, lo cual debería conducir a una consolidación de valores con la misión de fortalecer el tejido social. Y todo ello, con la educación como leit motiv de cualquier sistema de gobierno. De modo automático, asumimos la autoridad del adulto como si esta fuera una forma válida de actuar sobre quienes dependen de nosotros en la línea familiar o social, y lo hacemos sin cuestionar la validez de una autoridad muchas veces impuesta de manera legal, aunque su aplicación resulte, en muchos casos, ilegítima.

Al observar los efectos de la situación excepcional en la cual estamos inmersos desde hace ya año y medio, es posible constatar la situación riesgosa en la cual viven niñas, niños y adolescentes al enfrentarse a una pérdida de sus vínculos sociales y, simultáneamente, a un encierro obligado con adultos poco preparados para ofrecer un ambiente seguro, enriquecedor y libre de violencia. El ser adulto a cargo de personas jóvenes cuya custodia nos ha sido confiada por ley, no significa de ningún modo que tengamos el derecho para imponer nuestra voluntad de manera arbitraria ni para descargar en ellas nuestras frustraciones, sino más bien nos da una oportunidad para reforzar lazos de conocimiento mutuo, respeto y colaboración.

Sin embargo, la violencia emocional generada por el forzoso cambio de hábitos y las limitaciones provocadas por las restricciones a la movilidad, al trabajo y al estudio, cobran sus mayores víctimas entre las nuevas generaciones, por estar estas sometidas a una situación sobre la cual no poseen voz ni voto. La impunidad imperante en casos de violencia doméstica es un elemento adicional, aunque poderoso, al trastorno psicológico ocasionado por la pérdida de lazos sociales, la falta de actividad lúdica y la tensión natural provocada por un fenómeno de alcance global sobre el cual no tenemos control.

En tanto no se recobre un cierto estado de normalidad, es imperativo aprovechar la ocasión para prestar atención a este enorme contingente de nuevas y nuevos ciudadanos, cuya vida y futuro dependen, en gran medida, de quienes están a cargo de su bienestar físico y emocional, así como de propiciarles una educación de calidad. El tema no es menor: la niñez y la juventud han sido los eternos marginados en nuestras sociedades y el impacto de esa agresión -naturalizada por un concepto equivocado de la autoridad de los adultos que les rodean- tiene secuelas de largo plazo en la pérdida de oportunidades de desarrollo, pero también en forma de abuso y marginación. No repitamos el cliché de que constituyen “el futuro de la patria” mientras no seamos capaces de honrar esa promesa.

La juventud tiene todo el potencial, pero de nosotros depende abrirles el camino.

Audio:

Fuente de la Información: https://carolinavasquezaraya.com/2021/05/30/los-eternos-marginados/

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La máquina política nos pilló fuera de forma, desactualizados y desprevenidos

La máquina política nos pilló fuera de forma, desactualizados y desprevenidos

Por: Carolina Vásquez Araya

Convencidos de que las libertades ciudadanas estaban grabadas en piedra y eran inamovibles, hemos dado por hecho el goce de ese estatus ideal. Casi sin sentirlo, poquito a poco ha calado el desarrollo –sin pausas- de una ideología divorciada de los fundamentos de la democracia, con los falsos abalorios del bienestar económico y una reformulación de los entes políticos y económicos hacia la concentración casi absoluta del poder, con todo lo que ello significa en pérdida de derechos.

Hay que reconocer que la estrategia es brillante. Tanto es así, que aquellos partidos políticos de izquierda, tan poderosos a mediados del siglo pasado, se han transformado paulatinamente en clubes sociales en donde se juega el juego de la derecha; aunque no al extremo de perder del todo la identidad, sí lo suficiente para no alterar el marco hegemónico del sistema neoliberal. Este sistema, que amarra con sus recursos a los países dependientes gracias a organismos financieros expertos en el arte de la negociación artera y condicionan incluso sus políticas públicas, ha dirigido durante décadas a los gobiernos desde el anonimato corporativo.

El problema es el cambio solapado de la polaridad. El pueblo ya no manda en nuestros países. De hecho, los gobernantes de extrema derecha han declarado la guerra a la ciudadanía y, con lujo de fuerza y haciendo caso omiso de sus mandatos constitucionales, prohiben a la población manifestar su descontento por los actos de sus gobernantes. Para ello cuentan con la potencia de sus ejércitos y sus cuerpos de policía, entrenados a fondo y con equipo bélico, enviados a apagar de una vez y para siempre el fuego de la protesta ciudadana dejando muy en claro cuáles son las reglas. En esta contienda desigual, la juventud resulta doblemente sacrificada en aras de un nuevo orden de cosas, en donde actuar en conciencia es un delito penado por la ley.

En este escenario de retrocesos, otra de las libertades bajo la bota es la de prensa. La mayoría de medios de comunicación masivos, aquellos de carácter empresarial cuyos intereses se encuentran estrechamente vinculados a los poderes político y económico, callan ante los abusos y se doblegan ante las presiones del estatu quo al cual pertenecen. Ese silencio ha obligado a muchos periodistas éticos a abandonar las grandes salas de redacción para conformar sus propios espacios de comunicación alternativa, asumiendo el riesgo de trabajar bajo la presión de las amenazas, la persecución y los intentos de sacarlos de circulación por medios violentos. En nuestro continente, la cifra de reporteros asesinados por su trabajo investigativo es de terror.

Hoy, la consigna desde la cúpula del poder es mantener silenciado al pueblo, impedirle cualquier forma de ejercicio ciudadano y blindar a los centros de poder con la complicidad de sus aliados en prensa, instituciones religiosas y organizaciones empresariales. Al mismo tiempo, se alinean los canales oficiales para limitar el acceso a las fuentes de información. De ese modo, se cierran espacios con el propósito de conservar un ámbito hermético en donde cualquier acto de corrupción goce de impunidad garantizada y sea fácil cooptar a los entes institucionales. El panorama nos demuestra que nuestros países nunca serán libres en tanto sus instituciones políticas –los partidos, verdadera cocina de la democracia- sean el laboratorio en donde se cometen los peores actos de corrupción, discriminación y abuso, con el único fin de impedir la participación del pueblo en los asuntos de su competencia.

Hoy la consigna, desde la cúpula del poder, es aplastar al pueblo.

elquintopatio@gmail.com @carvasar

Fuente de la Información: https://www.aporrea.org/actualidad/a302406.html

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