Por: Daniel Arellano Gutiérrez
La opinión pública ensenadense (y probablemente, la opinión pública de todo el país) se ha dividido en dos polos opuestos, como suele ocurre en la mayoría de las problemáticas sociales y políticas más controversiales.
En el espectro social, la situación ha sido simplificada de la siguiente manera: o estás a favor, o estás en contra de los maestros y el movimiento magisterial de la CNTE. La situación es más que híper-compleja, lo que significa que cualquier persona con criterio sabrá de antemano que ninguno de los dos bandos está libre de culpa.
Los del bando en contra seguramente dirán “¡Los maestros heredan plazas, los líderes se enriquecen con los fondos del sindicato, bloquean las calles, impiden el comercio, dejan a los niños sin clases, dañan y roban los negocios!”, mientras que el bloque a favor de los docentes argumentará “¡el Estado está repitiendo Atenco, los maestros tienen derecho a la luchar por sus derechos, los grupos que delinquen son radicales y no pertenecen a la CNTE, la lucha de los maestros es por la educación!”.
Si hemos de ser justos, cada uno de los diferentes bandos seguro tendrá algo de razón. Sí, los policías federales utilizaron armas de fuego para repeler a los maestros el domingo pasado; sí, son varios los líderes sindicales corruptos; y sobretodo, sí, hay carencias educativas en el país. Y así, la lista de sís y nos seguramente será inmensa.
Sin embargo, el mexicano que desarrolle su discusión (y su reflexión) del tema sólo con los argumentos arriba expuestos, caerá en una perspectiva incompleta, parcial y superficial de la verdadera problemática, pues no son pocos los que parecen desatender el origen del estallido social que Oaxaca está viviendo en estos momentos: la reforma educativa, eje integral del proyecto neoliberal impulsado por EPN. Esto quiere decir que para atender y opinar sobre el problema de la CNTE, los mexicanos tenemos que darnos a la tarea de estudiar cuáles son los objetivo finales de la reforma educativa.
Por ello, y con el objetivo de que el lector profundice en las causas económicas, políticas, y sociales del tema, me he propuesto explicar, con el mayor rigor histórico y crítico que pueda, cómo la reforma laboral (digo, educativa) del presidente Enrique Peña Nieto es parte de un proyecto neoliberal de grandes proporciones, que busca terminar de privatizar a la nación, y que ha desembocado en la actual represión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 22.
Para ello, publicaré en este portal una serie de artículos a lo largo de la semana, donde analizaré con mirada crítica qué es la reforma educativa, cómo surgió, y cuáles son sus objetivos de fondo. En esta primera entrega vamos a realizar un pequeño viaje al pasado, para todos aquellos a quienes les falla la memoria, con el objetivo de brindar un panorama sobre los verdaderos intereses detrás de las reformas estructurales del presidente EPN. Para ello, analizaremos en este espacio la plataforma que catapultó la aprobación de las reformas en el congreso: el Pacto por México.
Si mucha de la información aquí presentada le parece desconocida al lector —como pueden ser nombres de políticos clave, corrientes económicas, términos del lenguaje político, etcétera—, entonces urge que se ponga a leer (ojo, no a ver videos en YouTube, ni memes, ni la televisión, a leer, que la política también se tiene que estudiar). Se avecinan tiempos históricos, y una población informada es indispensable para involucrarse en los movimientos sociales que, poco a poco, están despertando por todo el territorio nacional.
El pacto por México y las reformas estructurales: una historia de privatización
Un día después de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México (2 de Diciembre de 2012), y dos días después de la promulgación de la reforma laboral propuesta por Felipe Calderón, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, firmó con el PRI y el PAN un pacto que se venía acordando desde dos meses atrás, entre los más altos mandos políticos del país: el Pacto por México, el trampolín que serviría para impulsar el “nuevo” proyecto político-económico nacional del presidente electo.
Presentado oficialmente como un acuerdo entre las fuerzas políticas más fuertes del país (PRI, PAN y PRD), que buscaba sacar adelante a la nación a través de diferentes reformas “vanguardistas”, el Pacto por México fue la plataforma utilizada por EPN para dar el siguiente paso en la consolidación del proyecto neoliberal iniciado por Carlos Salinas de Gortari.
Cabe recordar que cuando mi generación apenas estaba aprendiendo a caminar, el presidente orejón se encontraba en plena aprobación del primer acuerdo internacional neoliberal, el Tratado de Libre Comercio (TLC), que le abriría las puertas al mercado global y permitiría el inicio de la explotación de los recursos nacionales, teniendo como consecuencia el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El tratado de Salinas fue el primer movimiento neoliberal del proyecto de apertura económica global, que como muchas ya sabemos, prometía modernizar el país, mejorar las condiciones socio-económicas de los mexicanos, generar empleos a diestra y siniestra, incrementar el bienestar nacional, entre otras mentiras más. Hoy por hoy, vemos que todas las supuestas promesas del TLC se quedaron (nuevamente) en el discurso, y al contrario de lo supuesto, lo que la apertura económica provocó en el país fue el incrementó de la pobreza, el desplome de la moneda nacional, el alza en los índices de trabajo informal, el asentamiento de la brecha de desigualdad en todo el territorio nacional, entre otras consecuencias desfavorables para la mayoría de los mexicanos.
Continuando con el plan de privatización total de la nación, los altos mandos del PRI tenían listas una serie de reformas estructurales que fuesen minando, poco a poco, los diferentes frentes sociales ganados con sangre durante el siglo pasado por los diferentes sectores laborales del país, entre ellos, la CNTE. Sin embargo, en 1997 (durante el gobierno de Ernesto Zedillo), el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, dividiendo (por primera vez en la historia nacional) las decisiones políticas en el país. La consecuente derrota del PRI en las elecciones presidenciales de inicio de milenio, y el avance de la oposición panista durante los siguientes períodos gubernamentales, terminaron por sentar un escenario donde se volvió imposible aprobar las reformas estructurales, ya perfiladas desde hace tiempo por la élite política priista.
Por ello, a mucho no les sorprendió la velocidad con la que EPN inicio al embate político que permaneció en pausa durante la última década del milenio pasado. Para continuar con el remate de los bienes nacionales y proseguir con la privatización del país orquestada por el Grupo Atlacomulco —élite política a la que pertenecen Peña Nieto, Luis Videgaray, Carlos Salinas, entre otras ratas más—, la oligarquía mexicana tenía que establecer un escenario político en las diferentes cámaras legislativas, que le permitiera sacar adelante un paquete de reformas que liberaran los diferentes sectores económicos del país: la educación, el campo, la energía (petróleo y electricidad), entre otros.
El dichoso pacto implicaba la aprobación de tres primeras reformas: la reforma educativa, la ley nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública, y la reforma de telecomunicaciones. Más adelante, entrarían en juego las otras 9 reformas, entre ellas: la reforma energética, la reforma político-electoral, y la reforma fiscal, que terminarían por consolidar el paquete completo de reestructuración político-económica del país.
La estructura esencial del Pacto por México (entiéndase, sus objetivos oficiales), estaba compuesta por tres ejes rectores: a) el fortalecimiento del Estado Mexicano, b) La democratización de la economía y la política, además de la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales, y c) La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas.
Hoy está más que demostrado el cinismo que representaron estos supuestos ejes. El ejemplo más reciente de que lo anterior fue sólo un discurso más de la parafernalia política es el rechazo de la iniciativa ciudadana Ley 3de3, que no hace menos de una semana fue rechazada y mutilada por los diputados del congreso. Ni hablar de la “participación ciudadana” en cuanto a aprobación de las reformas educativa y energética se refieren, pues ambas han sido desarrolladas e impuestas por la fuerza, y sin contar con el consentimiento general de la población.
¿Cómo pretendía funcionar el Pacto por México? Fácil, la idea era crear un Consejo Rector que fuese el encargado de sacar adelante los diferentes procesos políticos contemplados para el país, tales como negociaciones entre los diferentes partidos, definición de objetivos, elaboración de iniciativas de ley, etcétera. El dichoso consejo sería integrado por los siguientes actores: tres representantes seleccionados por Enrique Peña Nieto, y tres representantes de cada partido participante (PAN, PRI y PRD), dando un total de 12 representantes.
Pero ¿para qué necesitaba Peña Nieto y su partido firmar un pacto? ¿Cuáles eran los verdaderos motivos detrás del discurso oficialista de progreso? ¿Por qué entablar, pues, acuerdos con la “oposición” política?
Peña necesitaba del pacto para que el país no se le fuera de las manos mientras terminaba de establecer las diferentes jugadas políticas que le permitieran poner en venta los diferentes bienes y servicios del país. La estrategia era simple: mantener al PAN (la “alternancia”) controlado y jugando para su bando, que los movimientos sociales no estallasen, que el PRD no se le saliera de la bolsa, que el narco y la violencia no lo rebasasen, que la economía no se viera afectada por la inseguridad. En conclusión, Peña necesitaba del Pacto por México para generar las condiciones políticas necesarias para sacar adelante sus propios negocios.
Si bien el objetivo final del pacto ya lo mencionamos (continuar con el proyecto neoliberal iniciado por Salinas), los motivos del pacto eran múltiples. Un primer motiva era la pugna entre los diferentes grupos económicos del país. Los monopolios (Grupo Carso, Grupo Salinas) no querían competencia, ni nacional, ni extranjera. Los neopolítico-empresarios, encabezados por Peña Nieto y representados por el Grupo Atlacomulco, deseaban entrar a la competencia de ver quién era capaz de amasar una fortuna más grande en menos tiempo, disputándose los monopolios existentes y creando nuevos negocios.
Los político-empresarios aspiraban a ser la nueva oligarquía mexicana, y sabían que para ello tenían que enfrentarse primero a la oligarquía actual, y a los poderes informales y fácticos que la sostenían. Peña sabía que no podrían poner las diferentes fichas en el tablero sin ayuda. Fue entonces cuando la idea de un pacto con los otros partidos salió a flote, con la intención de repartirse las regalías de los contratos económicos que la transformación generaría.
Otra causa de la necesidad del pacto era que requerían reformar las leyes, para romper las barreras que les impedían hacer negocio con el país y agrandar sus riquezas: con la petroquímica básica, con la electricidad, con las telecomunicaciones (televisión, telefonía celular, televisión de paga, telefonía fija, internet, la radio), con el agua, con la educación, con las clínicas y hospitales, con los medicamentos, con las pensiones, con los penales, con las carreteras, con los puentes, ¡con todo! Requerían, pues, modificar las partes de la Constitución que les impedía invertir capital privado en las áreas exclusivas de la propiedad nacional.
Un tercer motivo fue el narco y la violencia. Después de seis años de guerra interna, de unos setenta mil muertos y desaparecidos (en aquel entonces), de grupos armados fortalecidos y engallados que pululaban en el país con una red comercial de distribución de droga efectiva, no podían decretar unilateralmente el cese del fuego y declararse vencedores, diciéndole “a los malos” que se fueran a sus casas porque la guerra ya había terminado. Si no desincentivaban el negocio, legalizando las drogas y controlando el lavado de dinero, tenían de dos sopas: o pactaban con ellos negociando, o los aniquilaban. Del 2012 a la fecha actual sobran las declaraciones de narcotraficantes que han expuesto los nexos entre el gobierno en turno, y la empresa del narcotráfico, lo que deja claro qué rumbo tomó esta cuestión; si bien los últimos tiempos han demostrado que las negociaciones son cada vez menos sólidas.
Un cuarto motivante para la firma del Pacto por México era la presión externa estadounidense (¿alguien dijo Hillary Clinton? ¿Quién mencionó el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica?), que deseaba (y desea) para sí el mercado mexicano, sus materias primas y jugosos negocios en infraestructura.
Sus planes de expansión requerían del sometimiento y la complicidad de sus gobernantes. Por ello, la oligarquía política optó por hacer una alianza interna que les permitiera enfrentarse a los intereses norteamericanos y quedarse con todo el pastel para ellos solos.
El Pacto por México incluía una lista de 95 compromisos, agrupados por iniciativa de ley y/o política pública, calendarizados con fechas de realización. El pacto tendría 2 instancias, un Consejo Rector y una Coordinación Técnica. Este grupo de notables tenía la responsabilidad de decidir que leyes hacían falta, y cuales sobraban en México. El Congreso de la Unión, Diputados y Senadores, solo avalarían lo que ellos decidiesen. Serían ellos quienes tendrían la libertad para proponer las nuevas reglas del juego para todos. El sistema de pesos y contra pesos para equilibrar el poder mediante las elecciones, de facto quedaba anulado.
Para blindar su Pacto, se estableció el compromiso 87 denominado “Gobiernos de Coalición”, el cual consistía en impulsar una reforma constitucional para otorgar al Presidente la facultad constitucional de optar por gobernar con minoría política (con los diputados de su partido únicamente) o gobernar a través de una coalición legislativa y de gobierno (que incluya a diputados de otros partidos). En este caso, el Presidente y su partido constituirían un acuerdo con una o varias de las fuerzas opositoras en el congreso, para conformar una mayoría estable para que ratificase su programa de gobierno y una agenda legislativa que se convirtiese en preferente por la fuerza mayoritaria de la coalición legislativa, además de fungir como soporte del programa de gobierno. Sería, pues, esta fuerza mayoritaria la que aprobará los presupuestos anualmente a Peña Nieto, entre otras cosas. Como premio a “los coaligados”, formaría con ellos un gabinete de coalición ejecutor de su programa de gobierno, otorgándoles puestos de directivos en las Secretarías de Estado. Esta ley fue concluida durante el segundo semestre del 2013.
Asegurar la gobernabilidad implicaba que: el Presidente eligiese a sus cómplices al principio del periodo de gobierno; tener el poder para reformar las reglas del juego, con el objetivo de imponer las que necesitasen sin entrar en los “chantajes” de diputados que verdaderamente les interesase el bienestar social. La reforma constitucional, pues, tenía como objetivo reforzar el presidencialismo concentrando el poder en el Ejecutivo, al tiempo que se compartiesen los beneficios del poder con quienes se alineasen a sus designios, con los fieles a sus intenciones. Como mencionamos anteriormente, el objetivo principal del pacto era uno: asegurar 6 años para concluir las reformas estructurales del neoliberalismo que les faltaban.
Perspectiva actual
¿En dónde se encuentra actualmente el dichoso Pacto por México? En los titulares de los periódicos no, eso es seguro. Si bien el acuerdo entre los diferentes partidos no duró lo estimado, y por consiguiente, muchas de las estrategias políticas aquí expuestas no se llevaron a cabo como lo había esperado la oligarquía mexicana, lo que sí hizo el Pacto por México fue facilitar la aprobación de las reformas estructurales fundamentales para la privatización del país. Así pues, cumplió con su objetivo principal: abrir el hueco legal que permitiese avanzar al proyecto peñista. La reforma educativa fue aprobada gracias a este pacto, sin atravesar ningún tipo de criterio o respaldo académico, intelectual, social y mucho menos popular. Como ya vimos, bastó que el sector empresarial/burócrata estuviera de acuerdo para que una reforma de esta envergadura fuese avalada por la vía rápida, sin analizar a profundidad lo propuesto y sus consecuencias.
El impacto del pacto, en términos partidistas, también tuvo múltiples repercusiones. El PRD desistió del acuerdo cuando la reforma energética comenzó a contemplar la privatización de PEMEX. Claro, lo ideal habría sido que desde un inicio la izquierda no le hubiera echado la mano a la derecha en su venta de garaje. El costo político del pacto fue inmenso para el PRD, pues lo dejó en una crisis de credibilidad e identidad, de la que hasta el momento no se ha recuperado.
Hay muchas cosas más que podrían decirse sobre el Pacto por México, pero confío en que, por ahora, al lector le hayan quedado claras las cuestiones descritas en este trabajo. En la siguiente entrega nos enfocaremos únicamente en una de las 12 reformas propuestas por EPN: la reforma educativa. Para ello, trataremos de responder algunas de las siguientes preguntas: ¿Por qué dicen que la reforma educativa es una reforma laboral y administrativa? ¿Cuáles son las implicaciones económicas y políticas de su implementación? ¿Quién está detrás de la reforma educativa? Además, le daremos una breve introducción al tema de la tercera entrega: ¿Qué es la CNTE, y por qué luchan los maestros sindicalizados?
Tomado de: http://insurgenciamagisterial.com/los-por-ques-del-movimiento-del-magisterio-en-mexico/
Fotografía: 4vientos
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