Las bases de una nueva educación pública

Chile / 27 de mayo de 2018 / Autor: Domingo Bazán Campos / Fuente: Cooperativa 93.3 FM

A comienzos de los años setenta –para incredulidad de los más jóvenes- quienes hacían su enseñanza básica en una escuela privada sólo aspiraban a terminar su educación media en un liceo público, como una forma de asegurar una educación de mejor calidad, plural, laica y progresista, como se ha dado en defender. A fines de esa misma década las cosas ya se estaban invirtiendo, levantándose la imagen de que el futuro laboral y académico de los jóvenes liceanos era relativamente incierto y que la educación privada aseguraba más y mejores aprendizajes.

Ese cambio en las representaciones sociales sobre la calidad de la educación no estuvo exento de conflictos ni fue resultado de consenso social alguno, al contrario, fue impuesto con brutalidad por el gobierno militar en un proceso mayor de transformaciones sociales y políticas marcado por un deterioro de lo público, cuyo ícono fue un Estado de Bienestar declarado ineficiente, costoso, obsoleto y hegemónico.

Desde entonces, lo privado y las leyes del mercado alcanzaron el status de proyecto social mesiánico que llevaría a Chile a las puertas del desarrollo, a la libertad, a la modernización pendiente. Esos cambios forzados significaron, por cierto, dejar violentamente atrás un modelo de sociedad donde el bien común y la solidaridad tenían la forma de un intento inédito de revolución socialista y democrática.

Este mes, cuando estamos conociendo una parte de la “buena nueva” de la reforma educacional que incluye, entre otras, pasos hacia la gratuidad de la educación pública básica y media (el fin del co-pago), creación de nuevas universidades públicas, la creación de una nueva institucionalidad para administrar la educación pública (des-municipalización) y la eliminación de los mecanismos de selección en el ingreso a la escuela (que operan por factores de status adscritos y no adquiridos), las reacciones de los sectores conservadores suenan destempladas y alarmantes: “que se pretende estatizar la educación”… “que se quita opciones y libertad a la clase media”… “que es regresivo volver al pasado”.

En rigor, nadie vuelve al pasado porque no es simple desmontar lo que se instaló a fuego y dolor en la historia de Chile. Porque en democracia no cabe imponer a la fuerza y sin argumentos una representación favorable del Estado y su función social y docente, una visión que la dictadura puso bajo tierra y que la propia Concertación no ha podido defender coherentemente en sus cuatro gobiernos anteriores.

En verdad, nadie que quiera vivir la vida presente y futura desea volver al pasado sin razones de fondo. La Nueva Mayoría las tiene y profundas, llegó al poder a través de un compromiso ético y político con la ciudadanía en orden a hacer de la educación un derecho social, recuperando la tradición republicana de ofrecer una educación pública de calidad, gratuita y sin fines de lucro, llevando a cabo los cambios estructurales necesarios para garantizar a cada chileno y chilena una educación moderna, democrática, inclusiva, justa y respetuosa de las diferencias.

En este contexto, retomar un cierto rumbo de convicciones éticas y políticas es siempre importante, es coherente. Volver a las raíces de un sistema educativo que armoniza el interés privado con el interés público pero que releva y valora fundamentalmente una educación pública fortalecida y renovada parece ser justamente la mejor opción de calidad educativa para la mayor parte de los chilenos.

Esto no es “estatizar”, ni necesariamente “involucionar”, ni un mero deseo de “volver al pasado”, es sencillamente lo que la mayor parte de los chilenos quieren y necesitan. Se equivoca la derecha chilena, de hecho, cuando desea mantener un sistema educativo segregado y segregador, cuando quiere ser parte de un selecto grupo de países exitosos pero sin asegurar igualdad de oportunidades a todos los habitantes de este país.

Ante la perplejidad de muchos, el gobierno ha dado un paso concreto en este desafío, esto es, en resignificar la educación de calidad desde lo público, poniendo algunos cimientos para que este país avance en la (re)construcción de una extraviada educación pública.

Visto, así, con optimismo y voluntad de cambio –y pese a los lamentos de la derecha, que recién empiezan- el segundo semestre de este año debiera concentrarse en el fin al lucro en la educación superior y en la construcción de una carrera docente orientada a formar y estimular la existencia de profesores autónomos y críticos.

Ambos tópicos son centrales en el mejoramiento de la calidad de la educación, pero sólo el segundo tema implica entrar en el terreno social y pedagógico en que esta discusión debiera prontamente centrarse.

En ese sentido, es menester avanzar hacia el establecimiento de un acuerdo nacional en torno a las razones y contenidos para educar a niños, niñas y jóvenes en nuestro país, así como en cambios de la escuela como institución domesticadora (su estructura y función) y, sobre todo, en propiciar una discusión amplia y participativa de la educación que queremos con categorías auténticamente pedagógicas.

El entusiasmo de la opinión pública, en este escenario de anuncios y compromisos, da para creer razonablemente en que estamos en la antesala de la requerida transformación educacional, permite acoger también la frase del Ministro del ramo, “espero que mi nieta estudie en una escuela pública”. Nosotros agregamos, “siempre y cuando queramos nietos y nietas críticos, democráticos y solidarios”.

Fuente del Artículo:

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/educacion/20140522120155/las-bases-de-una-nueva-educacion-publica/

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Un abogado a Educación: ¿desacierto o coherencia político-pedagógica?

Chile / 25 de febrero de 2018 / Autor: Domingo Bazán Campos / Fuente: La Nación

Cada vez que asume un nuevo gobierno, uno de los momentos más esperados, desde un punto de vista político y noticioso, corresponde a la designación de quienes acompañarán al Presidente electo en su mandato. Es decir, su gabinete, su equipo de confianza, esos más de 20 ciudadanos que asumirán la responsabilidad de la administración de la nación y de poner en marcha el valorado Programa de Gobierno.

En este contexto, más allá de las expectativas en torno a qué partidos de la coalición gobernante se favorece, es relevante observar el cumplimiento de una mínima coherencia entre los valores del Presidente y lo trazado en el Programa de Gobierno, por un lado, con los perfiles, competencias y experiencias previas de los designados, por otro lado, para ejecutar esas “partituras políticas” y asumir como ministros de Estado. En el caso de Educación, la opinión pública está manifestando sorpresa y desazón, resaltando la aparente baja experiencia en el campo educativo de Gerardo Varela junto a una relativa distancia del flamante ministro en relación a un determinado perfil exigido para ocupar esta cartera.

¿Qué sentido y validez posee esta desazón por el nombramiento de un abogado y directivo empresarial en el Ministerio de Educación? Si miramos desde un enfoque crítico y social, no debería ser sorpresa esta reciente designación, pero si miramos desde cierta superficialidad periodística, de la novedad, las expectativas rotas y la frustración podrían entenderse. Revisemos algunos argumentos que están detrás de esta novel frustración de una parte de la opinión pública:

a) Dime con quién andas y te diré quién eres: Como hemos sugerido, los ministros son hombres de confianza de su Presidente. De ellos, se espera “unidad, diálogo y calidad”, en el fondo, lealtad al Mandatario y su programa. No tiene sentido esperar un ministro que no esté dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Los partidos que lo avalan han asegurado previamente que cada nombre sugerido cumpla estos principios. En este contexto, si las intenciones del nuevo gobernante refieren a desmontar distintas leyes asociadas a gratuidad, lucro e inclusión, qué mejor que un abogado para ello, máxime si públicamente el designado ya se refirió negativamente a estas transformaciones de la Nueva Mayoría. Si, por otro lado, se concibe a la educación como un bien de consumo más que como un derecho, qué mejor que un experto líder empresarial para resignificar lo avanzado y girar hacia categorías más economicistas de la educación y la sociedad. En todo esto hay estricta coherencia política, la mejor y más eficiente de las coherencias. Los sorprendidos con esta designación, sorprenden.

b) Pastelero a tus pasteles: Esta premisa -ya fuerte en las redes sociales- supone que las carteras ministeriales deben ser ocupadas por expertos en los temas propios de cada cartera. Así, un economista a Hacienda; un artista a Cultura; un abogado a Justicia; un médico a Salud, en fin. Aunque esto se diluye en otras carteras, como Vivienda y Defensa, por ejemplo, persiste la representación social que sostiene que los educadores saben más de educación que otros. Lamentablemente, nunca ha sido comprendido así por quienes detentan el poder (pocas veces, en rigor, si recordamos a M. Aylwin o E. Schiefelbein). Bien sabemos que si algo caracteriza a nuestra sociedad es la gran importancia que le asigna a la educación, pero no a los educadores. Esta contradicción se explica por la connotación social, cultural, política y económica que tiene el fenómeno llamado educación, lo que lleva a pensar que debe ser administrada por otros profesionales, mas no por profesores. Así, la expectativa de un profesor para el Ministerio de Educación es una ilusión que no correlaciona con los valores de la sociedad chilena, con su ethos cultural, más allá del gobierno de turno. Nuevamente, los sorprendidos deben sorprenderse de su sorpresa.

c) En casa del herrero, cuchillo de palo: Supongamos ahora que alguna epifanía (o iluminación pedagógica freiriana) hubiese orientado a Piñera a designar un profesor en Educación. La algarabía en el Colegio de Profesores no duraría medio día, pues, no podría tratarse de un pedagogo cualquiera sino de uno que enfatice la racionalidad de la política pública chilena, más preocupada de los rendimientos que de lo que ocurre en el corazón y la mentes de niños y niñas, más centrada en el currículum prescrito que en la vida en las aulas, más obsesionada de enseñar que de aprender, más cuidadosa de la eficiencia que de la eficacia de fines pedagógicos construidos participativamente, más satisfecha de la homogeneidad en la escuela que de la heterogeneidad. En consecuencia, un profesor que llegue a Ministro de Educación debe asegurar la continuidad de la racionalidad instrumental por sobre los procesos de formación crítica y de transformación social. Por algo sonaba fuerte para esta cartera la ex ministra y profesora M. Aylwin, es decir, más de lo mismo. Que un abogado sea Ministro de Educación, no es sorpresa; que un profesor sea Ministro es una sorpresa, pero menor (siempre y cuando sea tecnócrata, eficientista y tenga un posgrado en economía). La verdadera sorpresa sería nombrar un pedagogo (estudioso de la educación), con formación fuerte en torno al sistema escolar (administración educacional o políticas educativas) y, todo ello, desde un enfoque crítico y social (pedagogía y didáctica crítica).

De acuerdo a esto, la designación de un abogado-empresario en Educación representa un acto político de estricta coherencia, así como un potencial desacierto si se subvalora la expresión popular, gremial y juvenil que desencadena. En efecto, pocas sorpresas nos trae 2018, pues, podemos anticipar ya los cambios que esta cartera tendrá en su accionar, tampoco debe sorprender las tempranas expresiones de descontento de una parte de la sociedad que no cree en la educación como un negocio ni en su instrumentalización para profundizar un sistema opresor, competitivo e individualista. Nada es sorpresa, entonces.

Fuente del Artículo:

http://lanacion.cl/2018/02/06/un-abogado-a-educacion-desacierto-o-coherencia-politico-pedagogica/

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