Anarcoeducación: ¿cómo es la educación que quiere Milei?

Por: Daniel Filmus

Desde el inicio del proceso de construcción del Estado Nacional, sobre fines del siglo XIX, todos los gobiernos que se sucedieron adjudicaron una función social trascendente al sistema educativo argentino. Por supuesto, esta función tuvo características muy diferentes de acuerdo al modelo socio-económico y político que se intentó implementar desde la conducción del Estado. Nos encontramos, por primera vez en la historia argentina, frente a una situación inédita: un gobierno que, a partir del intento de aplicación de las teorías de la escuela económica austríaca y del anarcocapitalismo, conceptualmente plantea que: a) el Estado no tiene que ser responsable de la gestión del sistema educativo y del acceso al derecho a la educación, ya que esto sería una responsabilidad de las familias y del mercado, y b) el modelo de desarrollo económico y de valores sociales no exige que la educación, la ciencia y la tecnología nacional jueguen un papel estratégico.

El Presidente Julio Argentino Roca promulgó en 1884 la Ley 1420 que estableció la obligatoriedad de la escuela primaria en Argentina. La función social que la Generación del ’80 concebía para la educación era muy precisa: construir la unidad cultural de una Nación que, tanto poblacional como territorialmente, era muy heterogénea. Hipólito Yirigoyen la concibió como una herramienta de democratización social, ampliando la escolaridad en todos los niveles, incluso el universitario a partir de la Reforma del 18. Más tarde, durante el proceso de sustitución de importaciones y el peronismo, se definió la función de la educación en dirección a satisfacer la formación de trabajadores y profesionales para atender las demandas de la industrialización que vivió el país a partir de la década del ’30. Las dictaduras posteriores vieron en la educación una política privilegiada para transmitir los valores que garantizaran el control ideológico, el orden y la disciplina. El sistema educativo se constituyó en una de las principales estrategias que debía posibilitar la aplicación y legitimación del terrorismo de Estado.

Cada gobierno que sucedió a la recuperación de la democracia también definió explícita o implícitamente la función social que concibió para la escuela, la universidad y la ciencia. Para el Presidente Raúl Alfonsín, la educación fue una herramienta fundamental para consolidar la democracia. Posteriormente, en los ’90, se intentó acompañar desde el sistema educativo el proceso de transformaciones neoliberales propuesto desde el modelo económico, transfiriendo los servicios educativos nacionales a las jurisdicciones y colocando como función principal de la educación la de formar para una economía de mercado.

El kirchnerismo, modificó fuertemente el modelo de desarrollo llevado adelante en la década anterior, para lo cual concibió la educación como una herramienta de integración social y desarrollo económico que privilegió la industria. Para ello aprobó un conjunto de leyes que conformaron un plexo normativo nuevo, revirtiendo las tendencias del período menemista. El gobierno de Mauricio Macri también propuso una función importante para el sistema educativo. Privilegió su papel en torno a difundir valores que consideró fundamentales para construir el orden social de mercado al que aspiraba, desarrollando valores que apuntalaban el individualismo, la competencia y el emprendedurismo. A su vez, el sistema educativo también desempeñó funciones importantes aun en los momentos en los que el país atravesó profundas crisis como las de la hiperinflación, la hiperdesocupación y la pandemia. En estos períodos el sistema educativo resintió su función pedagógica y se convirtió en un espacio de contención social y un “refugio” frente a una coyuntura que tendía fuertemente a la exclusión social.

Al contrario de lo hecho por los gobiernos anteriores, el proyecto que encabeza Javier Milei no plantea ninguna función definida para el sistema educativo. Ya en su campaña electoral, el actual presidente planteó que había que eliminar la educación obligatoria. No era una postura improvisada. Es la concepción que muchos de los economistas ultraliberales y de la escuela austríaca enuncian como dogma.

Esta concepción no prevé que la educación juegue un papel importante en la formación para el trabajo, la productividad o el desarrollo científico-tecnológico. Principalmente, porque el modelo propuesto no incluye una ampliación del mercado de trabajo, un proceso de industrialización o de creación de conocimiento y tecnologías propias. Siguiendo las teorías del Capital Humano, los anarcocapitalistas sostienen que la sociedad no debe invertir en formar trabajadores o profesionales que no se sabe si encontrarán puestos laborales para ejercer su carrera, ya que ello implicaría “sobreeducar”. Bajo su paradigma, esto implica realizar un gasto público por el que no se obtendría una tasa de retorno que justifique la inversión social. En otras palabras, ¿por qué la sociedad debería financiar los estudios de un futuro ingeniero que seguramente no podrá aplicar en el país los aprendizajes que obtuvo a lo largo años de estudio? Se trataría así de una inversión a riesgo que debería ser asumida por los particulares.

En una sociedad altamente polarizada como la que propone este modelo, los pocos empleos altamente calificados que requerirá una economía crecientemente concentrada pueden ser cubiertos por los circuitos educativos de élite o de alta calidad que pertenecen principalmente al sector de la enseñanza privada. La mayoría de la población, que tendrá trabajos poco calificados, no necesitará una educación de calidad. Por otra parte, considera que son los propios actores del mercado, y no el Estado, quienes en última instancia tienen la responsabilidad de formar su propia fuerza laboral, ya que son quienes se apropiarán de la renta diferencial que produce el trabajo calificado. En este punto, la experiencia muestra que en nuestro país la mayor cantidad de mano de obra ocupada pertenece a pequeñas y medianas empresas o se desempeña en el cuentapropismo o la economía informal. Se trata de sectores que, a diferencia de las grandes empresas, no están en condiciones de generar instancias propias de capacitación laboral.

Al mismo tiempo, el ataque permanente y las amenazas de desaparición del CONICET, la prédica respecto de la inutilidad del trabajo de los investigadores y la inclusión en el proyecto de ley de la autorización para privatizar algunas de las importantes empresas tecnológicas, como ARSAT, NASA, VENG, DIOXITEX, etc., deja en evidencia que el modelo propuesto no incluye el desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas nacionales, sino la dependencia de los centros mundiales de producción de conocimientos.

Sin embargo, más allá de todo lo expuesto, la característica particular del gobierno de Javier Milei es que no sólo no considera importante el sistema educativo para el modelo económico, sino que tampoco lo percibe como necesario para transmitir su ideología y sus valores. Al contrario que otros gobiernos, inclusive los que sostenían una perspectiva neoliberal o incluso autoritaria, no confía en la escuela, en los docentes y en el currículum escolar como posibles portadores de los valores culturales que quieren difundir.

Milei está convencido de que las redes le han ganado a la educación la supremacía en la capacidad de la construcción del imaginario social. Y es allí donde apuesta e invierte recursos para lograr una hegemonía ideológica en torno al individualismo, el liberalismo y la lógica del mercado. El fuerte impacto que ha tenido el actual presidente en su llegada a la juventud a través de las redes en la campaña electoral, lo fortalece en esta convicción.

Por otra parte, los defensores del anarcocapitalismo proponen que no hay que confundir educación con escolaridad; sostienen que hay que combatir la escolaridad porque es una herramienta del Estado para adoctrinar con ideas colectivistas o populistas a niños y jóvenes. Por lo tanto, la primera tarea es apartar al Estado de la educación. La educación, para la escuela austríaca, es una responsabilidad indelegable de las familias que deben adquirir, de acuerdo a su capacidad de consumo, igual que cualquier otro bien que se distribuye en el mercado. Uno de sus principales defensores, Nogalez Lozano sintetiza esta posición: “…para el anarcocapitalismo no cabe duda que una educación libre exige en todo momento separar la educación del Estado; apostar claramente por la implantación de los mercados privados en la enseñanza libre, mercados en los que no exista coacción alguna, ni en la forma ni en los contenidos educativos y en donde el total protagonismo de la enseñanza lo tengan oferentes y demandantes de la enseñanza…”

En sintonía con esta concepción, el Poder Ejecutivo incluyó en la primera versión del Proyecto de Ley Ómnibus un artículo en el que se permitiría que los niños desde los 9 años cursen sus estudios en sus casas sin ir a la escuela y sin seguir necesariamente los planes oficiales para el aprendizaje, legalizando el “home schooling” y el “unschooling”. La resistencia que provocó esta propuesta obligó a que en los borradores de la nueva versión del proyecto de Ley -hoy en suspenso- aparezca más diluida, sólo para actividades extracurriculares. Pero, aun así, como iniciativa para menores de 18 años y para la escuela primaria, continúa siendo discriminadora. Los principales factores de trabajo por la igualdad que tiene el sistema educativo son el ámbito de la institución escolar y la actividad presencial del docente.

Llama la atención de que a pesar de denostar la participación del Estado en la educación, en el proyecto de Ley Omnibus se amplía notoriamente su función de control y de evaluación del sistema y sus protagonistas. Entre otras, se incluyen nuevas instancias de pruebas para quienes egresan del nivel secundario y para los docentes. Ahora bien, ninguna de estas instancias aparece vinculada a estrategias pedagógicas que permitan subsanar los problemas de calidad de la educación que seguramente estas evaluaciones permitirán detectar. Ni siquiera están vinculadas a nuevas formas de promocionar. Si no es para mejorar o para promocionar, ¿para qué se pretende evaluar? Es evidente que el objetivo es favorecer la discriminación social. Por ejemplo, en un país donde 2 de cada 3 jóvenes termina la escuela media, ya no alcanza con este certificado para conseguir trabajo. Todas las investigaciones muestran que los empleadores, a la hora de incorporar personal, privilegian a aquellos trabajadores que egresan de los colegios o circuitos educativos a los que concurren sectores sociales más acomodados. Ahora tendrán un nuevo indicador para seleccionar a sus trabajadores: el resultado de la prueba al finalizar el ciclo medio. Como ya muestran las pruebas Aprender, el nivel socioeconómico de la familia es el principal predictor de la nota que obtienen los jóvenes. Nuevamente serán quienes provienen de los sectores más desfavorecidos los que corran el riesgo de una mayor discriminación, aún para aquellos trabajos que no requieren de los conocimientos adquiridos en la escuela.

Por último, el Presidente J. Milei y su Ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron que el mayor ajuste en el gasto público se efectuará en las transferencias a las provincias. Ello implica, no sólo dejar de cumplir con la inversión prevista en la Ley de Financiamiento de Educación, sino también profundizar las desigualdades entre las jurisdicciones que están en muy diferentes condiciones para hacerse cargo de los aportes que no enviará la Nación. Este proceso ya lo hemos vivido en los inicios de los ’90 a partir de las transferencias de instituciones educativas a las provincias sin los recursos correspondientes. Los resultados estuvieron a la vista: se profundizó el deterioro, la desarticulación y la desigualdad del sistema educativo. Los anuncios respecto de la intención de reemplazar el modelo actual por el financiamiento de la demanda o la aplicación de los vouchers, contribuiría aún más a ampliar las brechas sociales frente a la educación.

En síntesis, nos encontramos frente a un riesgo inédito en la historia de nuestro país. Una combinación particularmente peligrosa para el futuro educacional. Un gobierno que niega el papel del Estado en la regulación del funcionamiento de la sociedad y en particular de su participación en la distribución de conocimientos y valores a través del sistema educativo. Un proyecto económico que no demandará mayor capacitación para la mayoría de la fuerza laboral. Un modelo de construcción de hegemonía ideológica que prescinde del papel de la escuela para concentrarse principalmente en las redes sociales. Una política de ajuste económico que disminuirá drásticamente la inversión en educación, ciencia, y tecnología, y golpeará fuertemente el salario docente, profundizando la desigualdad y condicionando la posibilidad del inicio y continuidad del ciclo lectivo y la calidad de los aprendizajes escolares.

El anarcocapitalismo sólo nos puede llevar a la anarcoeducación. Estamos frente a la posibilidad de que, lejos de solucionarse los actuales problemas del sistema educativo, la aplicación de estas políticas lleve a un enorme aumento de la desarticulación interjurisdiccional, a la agudización de la desigualdad en el acceso y las oportunidades de niños y jóvenes, y a un descenso mayor aun en la calidad de la educación que brindan nuestras escuelas. Una verdadera anarquía educativa.

A pesar de estas intenciones del oficialismo, y como se vio en el debate del Proyecto de Ley Ómnibus, existe en las distintas fuerzas políticas, en la sociedad y, particularmente, en la comunidad educativa, una fuerte convicción de que la educación, la ciencia y la tecnología deben jugar un papel decisivo en la construcción de una Argentina que logre combinar un fuerte crecimiento económico con mejores condiciones de distribución del ingreso e igualdad social. También existe un fuerte consenso en que nuestro sistema educativo necesita de profundas transformaciones si se pretende colocar a la educación a la altura de este desafío. Que así como está, nuestra escuela no logra resolver exitosamente la función social que tiene encomendada respecto de la necesidad de garantizar una educación moderna y de calidad para todos. Hay coincidencia en que no se trata únicamente de “resistir” o de estar a la defensiva frente los intentos de aplicar la anarcoeducación. La urgencia del momento exige abrir el diálogo entre todos los sectores democráticos para avanzar en la formulación de una amplia coalición entre todos aquellos que valoran el insustituible papel de la educación, con el objetivo de elaborar en forma participativa las mejores propuestas de cambio y dar el debate y la lucha para que se implementen.

https://www.pagina12.com.ar/712019-anarcoeducacion-como-es-la-educacion-que-quiere-milei?

Comparte este contenido:

La larga sombra de la Noche de los Bastones Largos

Daniel Filmus

Se llamó Noche de los Bastones Largos a la represión del 29 de julio de 1966 contra profesores y estudiantes que resistían la intervención de la UBA y el fin de su autonomía

Es difícil tomar conciencia de la dimensión del daño que produjeron a la ciencia, la cultura y el desarrollo argentino los acontecimientos que tuvieron lugar en la Universidad de Buenos Aires hace 50 años. Pero estamos seguros de que las consecuencias de lo ocurrido la noche del 29 de julio de 1966 se extienden hasta hoy.

Un mes después de haber derrocado al gobierno democrático de Arturo Illia, la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía decidió terminar con la autonomía y el cogobierno universitario que habían permitido uno de los períodos más prolíficos de la Universidad Argentina. Unos años antes, el general Onganía como comandante en jefe del Ejército ya había planteado su limitada visión de la democracia: «El deber de obediencia al gobierno surgido de la soberanía popular habrá dejado de tener vigencia absoluta si se produce al amparo de ideologías exóticas».

Desde su perspectiva, en las universidades imperaban este tipo de ideas. Las había explicitado el rector reformista Risieri Frondizi al hacerse cargo de la conducción de la UBA: «…es necesario construir una Universidad para el pueblo, para todo el pueblo argentino, sin renunciar a las exigencias más rigurosas en el orden de la cultura y en el cultivo de la ciencia…». Esta posición se vio reflejada en el estatuto de la UBA, en el que se afirmaba que ésta no debía desentenderse de los problemas sociales, políticos e ideológicos y que era un instrumento de mejoramiento social al servicio de la Nación y de los ideales de la humanidad. Durante este período, entre otros avances,  se concursaron los cargos de profesores, se vinculó estrechamente la docencia con una investigación de alta calidad que tuvo un desarrollo sin precedentes, se crearon institutos científicos y nuevas carreras como Sociología y Psicología. También se fundó Eudeba que, bajo la dirección de Boris Spivakow, editó más de 12 millones de libros.

En este contexto, la acción del 29 de julio fue una decisión premeditada contra una Universidad cuyo Consejo Superior, el mismo día del golpe de Estado, había adherido a una declaración del rector Hilario Fernández Long: «En este día aciago en el que se ha quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución, el Rector de la Universidad de Buenos Aires hace un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que sigan defendiendo la autonomía universitaria, que no reconozcan otro gobierno universitario que el que ellos libremente han elegido de acuerdo con su propio Estatuto, y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia».

Era mucho más que lo que la dictadura podía permitir. El 29 de julio sancionó la Ley 16.912, que estableció la intervención de las universidades. Al mismo tiempo les dio a los decanos la oportunidad de que continuaran en sus cargos con la condición de que anularan el estatuto universitario. En un ejemplo de dignidad, las autoridades se negaron. Esa misma noche la policía cercó varias facultades. En la Manzana de las Luces, donde funcionaban las de Ciencias Exactas y Arquitectura, se habían concentrado más de 300 alumnos y profesores que fueron conminados a salir por los efectivos policiales. Años después, Manuel Sadosky, vice decano de Exactas en aquel momento, relató la represión: » …tratamos de salir como pudimos, con pañuelos blancos para mostrar que no íbamos a resistir, pero me llamó la atención cómo golpearon a Rolando García y a las mujeres. A mí me golpearon en la cara. A Carlos Varsaskyle abrieron una herida profunda. Rompían puertas y vidrios. Era una situación de enorme violencia…»

Mientras el Presidente Onganía ordenaba la quema de miles de libros de EUDEBA, se prohibieron los Centros de Estudiantes y la actividad política. La respuesta de la comunidad universitaria fue masiva.En agosto de 1966 renunció el 77,4% de los docentes de Ciencias Exactas y muchos otros del resto de las facultades. En total 1.378. Una parte importante de ellos (301) debió emigrar, 215 eran algunos de nuestros mejores científicos. Entre ellos los mencionados Risieri Frondizi, Rolando García y Manuel Sadosky, pero también Sergio Bagú, Gregorio Klimovsky, David Jacovkis, Tulio Halperín Donghi, Telma Reca, Mariana Weissmann y tantos otros.

La Noche de los Bastones Largos significó la puesta en práctica por parte de la dictadura de un modelo oscurantista y ultraconservador que se extendió a otras esferas de la sociedad y también implicó el inicio de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional. Pero desde el punto de vista del desarrollo nacional produjo el quiebre de un proceso de producción de conocimiento y de formación de profesionales y científicos destinados a fortalecer un crecimiento autónomo, sólidamente vinculado a las necesidades de las mayorías. Todos los indicadores muestran que fue éste el momento en que se inició el fuerte deterioro que sufrió un sistema educativo y científico-tecnológico del que estábamos orgullosos. Deterioro que luego fue profundizado en el tiempo por la dictadura que se inició en 1976 y posteriormente por los gobiernos neo-liberales que mandaron a «lavar los platos» a los científicos poniendo en evidencia que no jugaban ningún papel en el modelo de desarrollo que proponían. Los avances logrados en el gobierno de Raúl Alfonsín con la conducción del Conicet a cargo de Manuel Sadosky, y en los últimos 12 años de intento de transformación del paradigma de crecimiento hacia un modelo productivo basado en la ciencia y tecnología, muestran que Argentina tiene enormes potencialidades.

En momentos en que la comunidad universitaria y científica vuelve a manifestar su preocupación sobre la prioridad que tiene el financiamiento y el apoyo que reciben sus actividades, y cuestiona el modelo de apertura de mercado, ya que prescinde del aporte de la ciencia y tecnología nacional, es necesario recuperar la convicción de que las políticas educativas y científicas se deben concebir como políticas de Estado. Como hemos visto,todo se puede destruir en un día (o una noche) pero lleva décadas recuperar las capacidades perdidas.

Recordar la Noche de los Bastones Largos, honrar a quienes enfrentaron la violencia de la dictadura y pagaron con la exclusión y el exilio la dignidad de sus acciones, debe significar volver a poner en debate por qué la educación, la universidad, la ciencia y la tecnología deben jugar un papel central en la construcción de un proyecto de país con cada vez mayores niveles de autonomía, crecimiento, integración y justicia social.

 @FilmusDaniel

Parlamentario del Mercosur, profesor titular UBA, investigador Citra Conicet

Fuente del articulo:http://www.infobae.com/opinion/2016/07/29/la-larga-sombra-de-la-noche-de-los-bastones-largos/

Fuente de la imagen: http://2.bp.blogspot.com/-8TM2GrvsLBI/VZMw_4JjQOI/AAAAAAAAH_k/qxYFUfm6uXA/s640/represi%25C3%25B3n%2Bfrente%2Ba%2Bexactas%2Bhoy%2Bmanzanan%2Bde%2Blas%2Bluces%2Bcopia.jpg

Comparte este contenido:

La escuela, herramienta privilegiada para formar en valores democráticos

Los chicos no aprenden sólo de los textos y las clases sino principalmente de lo que transmiten nuestras conductas. La escuela es una institución responsable de transmitir saberes y valores.

Dibujo: Chachi Verona
Años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el filósofo alemán Theodor Adorno afirmó que el objetivo principal que se debía plantear la educación en el mundo era evitar que Auschwitz se repitiera. Retomando esta idea de Adorno, a 40 años del último golpe cívico militar en la Argentina, es posible plantear que el objetivo central de la escuela argentina debe ser educar niños, jóvenes y adultos formados con valores que impidan que se vuelva a instalar el terrorismo de Estado a partir de la interrupción de la institucionalidad democrática. Ello implica que, sin lugar a dudas, la escuela debe transmitir conocimientos y saberes que permitan a sus egresados incorporarse al mundo del trabajo y a la continuidad de los estudios. Pero que su fundamento principal es formar hombres y mujeres que sean profundamente respetuosos de los derechos humanos y de la convivencia democrática. La escuela es la institución responsable de trasmitir los saberes y valores que cada sociedad y generación deciden legar a las generaciones futuras. En la definición de qué es lo que se transmite a partir del accionar pedagógico, se puede percibir claramente cuáles son los valores en torno a los que se pretende construir el orden social. Por ello construir una sociedad democrática, especialmente después de la dramática situación que vivió la Argentina durante la dictadura, exige de una escuela que coloque en el centro de su preocupación el respeto por los derechos humanos, la paz, la convivencia, la diversidad, la participación y el pluralismo.

Con esta concepción, el gobierno de Raúl Alfonsín, que asumió el 10 de diciembre de 1983, rápidamente emprendió una profunda revisión de los contenidos escolares prescritos por la dictadura. También trabajó fuertemente en la modificación de las reglamentaciones autoritarias que regulaban el funcionamiento de las instituciones educativas. Si bien el cambio en los diseños curriculares se puede implementar con relativa rapidez, la llegada de los nuevos contenidos a las aulas es un proceso de mediano plazo porque está mediatizada, entre otros factores, por la edición de nuevos libros y la capacitación docente en los valores y saberes a transmitir. Respecto del funcionamiento democrático de las instituciones educativas, se trata de un proceso aún más extendido en el tiempo. No se trata únicamente de cambiar las reglamentaciones. Es necesario un cambio muy profundo en la cultura escolar, que estaba muy marcada por la impronta autoritaria de la dictadura. Como todos sabemos, el cambio de las actitudes de las personas es un proceso mucho más complejo que la modificación de los documentos. Exige políticas de Estado que trasciendan los períodos constitucionales y se legitimen en la vida cotidiana.

Es así que durante los años que sucedieron a estas primeras iniciativas, la democratización de contenidos y prácticas escolares fue avanzando con distintas intensidades de acuerdo a los diferentes contextos políticos que ocurrieron en el país. La preocupación por el papel de la educación respecto a la formación de ciudadanos con profunda vocación democrática y conciencia sobre el respeto integral a los derechos humanos volvió a cobrar fuerza a partir de las políticas llevadas adelante desde 2003. No fue una decisión particular de las autoridades educativas. Fue parte de una política más general llevada adelante por el gobierno que colocó la necesidad de recuperar los valores de Memoria, Verdad y Justicia como ejes de la voluntad del Estado de que esos crímenes no se repitieran. Y de una comunidad convencida de que el recuerdo de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado y el fin de la impunidad a quienes violaron los derechos humanos más elementales debían ser la base para construir una sociedad donde el Nunca Más se convirtiera en una realidad.

Programas. El cumplimiento de los 20 años de la recuperación de la democracia en el 2003 permitió comenzar a desarrollar un conjunto de programas educativos que produjeron materiales y capacitación docente para llegar a las escuelas de todos los niveles. La conformación de una comisión políticamente plural y de características multidisciplinarias garantizó que tanto contenidos como programas representaran el conjunto de problemáticas y perspectivas presentes en la temática de los derechos humanos. La concepción que se privilegió excedía la idea que la temática de los derechos humanos se circunscriba a las violaciones que ocurrieron durante el gobierno militar. Uno de los ejes centrales de los programas fue el trabajo de educar en la diversidad. Ello significó poner énfasis en que la escuela al mismo tiempo que debe igualar las condiciones socioeconómicas y educativas de los alumnos debe trabajar para promover y respetar la diversidad cultural. Se trabajó con el concepto de dejar de lado el histórico precepto de «crisol de razas» a partir de lo cual la educación debía transformar a quienes provenían de hogares con historias y culturas muy diferentes en «argentinos» uniformemente diseñados a partir de la cultura dominante. En la Argentina democrática hay que promover una escuela que dedique tanto esfuerzo en generar igualdad de oportunidades como preservar la diversidad cultural. En palabras de Emilia Ferreiro, «… Si el otro es diferente, tengo mucho para aprender de él…».

La creación del Canal Encuentro y posteriormente del Canal Paka Paka permitió contar con dos poderosas herramientas comunicacionales para que la educación escolar estuviera acompañada de múltiples mensajes multimediales. Un paso importante para institucionalizar el trabajo en memoria y derechos humanos fue la aprobación de la nueva ley nacional de educación. En el debate que precedió a su aprobación, en el cual participaron más de 4 millones de docentes, padres y alumnos, se acordó por unanimidad que los contenidos vinculados a la democracia y los derechos humanos debían estar obligatoriamente presentes en forma transversal en el conjunto de los niveles del sistema educativo. Ello quedó plasmado en el artículo 92 de la ley, que establece que los contenidos curriculares de todas las jurisdicciones deben incluir el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado. Los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley Nº 26.061; la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus derechos; además de los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos; completan los objetivos de la ley para generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos.

Como todos sabemos, que se haya incorporado en el texto de la ley es importante, pero no alcanza. Es necesario que estos contenidos y valores entren en las aulas y en la vida cotidiana de las escuelas de la mano de los aprendizajes que transmiten nuestros docentes a través de sus saberes y comportamiento cotidianos. Los chicos y jóvenes no aprenden sólo a partir de lo que enseñamos con los textos y las clases teóricas. Ellos aprenden principalmente por lo que transmitimos a través de nuestras conductas. No solo por lo que decimos sino por lo que hacemos. Por ello una escuela profundamente democrática y respetuosa de los derechos humanos y la no discriminación es aquella donde estos valores se viven cotidianamente.

Como señalamos anteriormente, esta construcción social requiere de políticas de Estado de mediano y largo plazo. No son patrimonio de un gobierno. Es mucho lo que se ha avanzado desde diciembre de 1983, pero es mucho más lo que aún resta por hacer. A 40 años del Golpe cívico militar, de la dictadura más trágica de nuestra historia, la escuela sigue siendo la principal herramienta para formar a los ciudadanos con los valores necesarios para que este tipo de atrocidad no vuelva a ocurrir y para construir una sociedad cada vez más integradora y justa.

publicado primeramente por: http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2016/03/19/noticia_0090.html

Comparte este contenido: