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Currículo humanizador e integral frente al currículo competencial

Por: Enrique Díez/Julio Rogero

  • La alternativa a la educación por competencias, que no es otra cosa que “educar para el mercado”, pasa por una educación integral, centrada en el desarrollo lo más completo posible del ser humano. Esto es, “educar para la vida”.

Los antecedentes del currículo competencial que actualmente se nos propone se encuentran en el más puro modelo de producción capitalista neoliberal, en el nuevo modelo de gestión empresarial y en las exigencias de eficiencia de la sociedad del rendimiento. Es un lenguaje ajeno a la educación, propio del mundo empresarial.

Su introducción en el mundo educativo ha ido de la mano de las empresas que, bajo los imperativos de competitividad y de rentabilidad, querían una formación que tuviera como referente las competencias para la empleabilidad y el emprendimiento. Lo central es la capacidad técnica del “saber hacer” y ser competente en la realización laboral de las tareas productivas para poder competir en el marco de la globalización neoliberal.

El tránsito del modelo de producción fordista, seguro, estable, jerarquizado, con cualificaciones y trayectorias muy definidas, al modelo de producción postfordista, flexible, más competitivo y desregularizado, genera la necesidad de un trabajador con una formación muy flexible, competitiva y adaptable. Este tránsito coincide con el paso de una sociedad industrial a una basada en el sector servicios, digitalizada y desregularizada en lo mercantil.

En este contexto, se sigue afianzando la idea de la crisis de los sistemas educativos porque son incapaces de dar respuesta a las nuevas necesidades de creación de valor y beneficios en el sistema económico abierto a la globalización. Surgen nuevos conceptos desde el mundo de la economía y la sociología como la sociedad del conocimiento, del saber y la información, las organizaciones inteligentes, la nueva economía, el capital humano, la nueva gestión empresarial, etc. Se comenzó a argumentar que la formación, sobre todo en tecnologías, es el elemento fundamental para las economías del futuro.

Así comienza, con la acusación de ineficacia, ineficiencia y falta de competitividad de los sistemas educativos, la propuesta de una urgente adaptación de estos a las demandas de la nueva economía, en la que ya estamos entrando, de la cuarta revolución industrial, y las economías del futuro. Es ahí donde los organismos internacionales a los que pertenece nuestro país, especialmente la OCDE y la Unión Europea, hacen una apuesta clara por las competencias, que se irán incorporando a nuestro sistema educativo a través de las diferentes reformas. En el preámbulo de la ley aprobada el pasado mes de diciembre se dice que “garantizar una formación adecuada pasa necesariamente por proporcionar una formación integral, que se centre en el desarrollo de las competencias…”.

El currículo competencial se liga a la respuesta que necesitan las economías para ser competitivas: eficiencia, utilidad, técnica, incremento del rendimiento y los resultados, capital humano, valor añadido, flexibilidad, adaptación constante… Proporcionar a la industria y a los servicios trabajadores adaptados a las exigencias de la producción moderna se ha convertido, con mucho, en la más importante de las funciones atribuidas a la enseñanza al cabo de los años. Con el argumento de que la educación debe atender a las demandas sociales, se hace una interpretación reduccionista de la sociedad, poniendo a la escuela al servicio de las empresas y centrando la formación en preparar el tipo de profesionales solicitados por éstas. Como dice Gimeno (2008, 57), las competencias son “solamente un nuevo lenguaje, una jerga, una técnica convertida en una ideología fácil de echar raíces en terrenos baldíos”, un remake de la pedagogía por objetivos.

El currículo competencial se liga a la respuesta que necesitan las economías para ser competitivas: eficiencia, flexibilidad y adaptación constante

La OCDE y la Unión Europea hacen suya la filosofía de las competencias y extienden la evaluación de los sistemas educativos desde esta perspectiva para hacer girar sus currículos hacia esta concepción. Los rankings internacionales (PISA, PIAAC, TALIS, PIRLS…) tienen como finalidad generar los ajustes necesarios en los currículos escolares para que el capital humano que necesita se ajuste a las necesidades de un sistema productivo y una economía en constante transformación. Las competencias definidas son las que el capitalismo digitalizado y de vigilancia necesita en sus trabajadores para seguir su carrera de crecimiento y acumulación de riqueza. Todo se tiñe de integralidad, creatividad, trabajo cooperativo, crecimiento sostenible, flexibilidad, afectividad, confianza e identificación, pero cuidándose muy bien de que nadie ponga en cuestión este sistema productivo brutal y deshumanizador.

Es importante saber cómo se traslada al sistema educativo toda la filosofía empresarial de las competencias, cómo se legitima y cómo se lleva al ámbito del currículo escolar de modo que se convierte en el modelo a seguir. Cómo llega al currículo escolar el enfoque de las competencias. Lo hace desde la gestión empresarial y el modelo de trabajador que demandan los departamentos de recursos humanos y que es asumido por los organismos internacionales a su servicio. Supone una pérdida de poder de las comunidades educativas vinculada a un intento de control externo de la educación, para homologarla, compararla y poder evaluar sus resultados con objetivos de rentabilidad.

Es verdad que dice contraponerse al modelo curricular academicista y transmisivo, pero no analiza críticamente a qué modelo de persona, de sociedad y de educación lleva el currículo competencial que se propone y a quién sirve el objetivo de la empleabilidad y el emprendimiento. Mucho nos tememos que esto se ha hecho sin un análisis crítico del marco global en el que se inserta la propuesta de las competencias.

Si lo que quiere decir es que hemos de desarrollar nuestras capacidades y potencialidades, que se diga y se utilice un lenguaje más humanizador, más integral, más ligado a las exigencias del proceso de desarrollo lo más completo posible del ser humano. En ese marco, el desarrollo de la preparación profesional no va dirigido a la sumisa empleabilidad de la vieja economía capitalista, sino para poder insertarse de forma creativa y cooperativa en la generación de una nueva economía para la vida. Por eso entendemos que la alternativa a la educación por competencias, que no es otra cosa que “educar para el mercado”, ha de ser una educación integral, centrada en el desarrollo lo más completo del ser humano, que es “educar para la vida”.

Más allá del currículo competencial: por un currículo humanizador e integral

El discurso idílico del currículo competencial sigue llevando en sí mismo la respuesta que demanda hoy el sistema productivo capitalista: flexibilidad, competitividad, emprendimiento, capitalismo verde, coaching emocional, mindfulness y pensamiento positivo para adaptarse al sistema, ensamblaje del aprendizaje-servicio como filantropía caritativa que acaba blanqueando un sistema radicalmente injusto. Un sistema que cuestiona todo lo que no favorezca el valor añadido del sistema educativo a la sociedad del rendimiento y de la cuantificación eficaz de los datos.

Lo que necesitamos realmente es un currículo que sea sensible a los conflictos sociales, a las desigualdades, las injusticias, las emergencias climáticas y, en general, a los desafíos que enfrenta la humanidad. Que ponga el énfasis en valores como la solidaridad, el decrecimiento, el apoyo mutuo y la cooperación. Que desarrolle la sensibilización, la empatía y la compasión ante el sufrimiento humano y el cumplimiento de los derechos humanos y sociales. Sin perder nunca el horizonte de la transformación, la emancipación y la justicia social.

Entendemos que a las administraciones educativas les corresponde fijar un marco curricular amplio y flexible, definiendo los saberes básicos imprescindibles, pero no les compete regular su implementación. Corresponde a los centros su desarrollo, adaptación y concreción, a través de proyectos, ejemplificaciones y metodologías, poniendo el foco en la educación integral y en la personalización del aprendizaje.

Debemos dejar de centrarnos tanto en el qué, los contenidos competenciales, dando más autonomía a las comunidades educativas y confiando más en el profesorado, y plantearnos el para qué. Los contenidos escolares deben estar al servicio de las finalidades educativas. Una sociedad democrática, participativa, laica, feminista, sostenible económica y medioambientalmente, con espíritu crítico, que respete la diversidad cultural y los derechos de todos y todas, exige un currículo compresivo, inclusivo, laico, intercultural, igualitario y ecologista que contribuya a formar personas autónomas y críticas para un desarrollo humano y ecológico mundial, justo y equilibrado. Solo desde este enfoque podemos replantear un currículum que se base en los problemas y desafíos reales y fundamentales que afectan a la vida en nuestra sociedad.

Necesitamos un currículum que atienda también las urgencias sociales, culturales, económicas y ecológico-ambientales, facilitando esquemas comprensivos que permitan interpretar y actuar sobre la realidad. De ahí la necesidad de un currículo ecosocial, feminista, antirracista, decolonial, democrático y antifascista, atento a la denuncia de todas las situaciones de precariedad que atentan contra el respeto y la dignidad de la vida y los derechos humanos. En este sentido, ha de ir incorporando tanto las experiencias cercanas del alumnado como las reivindicaciones de los colectivos y movimientos sociales.

Necesitamos un currículum que eduque para la vida desde una perspectiva crítica

Un currículum emancipador que incorpora la común y lo diverso. Que compagina el tratamiento y el respeto hacia las diversas identidades de los pueblos con la también necesaria fraternidad universal que se asienta en una sola comunidad con valores, derechos y deberes compartidos. Que integra lo local con lo global, así como la cooperación y la solidaridad con el entorno próximo y el lejano. Que promueve una convivencia pacífica, el apoyo y el cuidado mutuo y permite compartir experiencias y saberes. Un currículum que recoge la memoria histórica democrática, rescatando la verdad, la justicia, y la reparación de las víctimas.

Un currículum integrado y globalizado, que cuestiona radicalmente la lógica tradicional de la fragmentación curricular y apuesta por el diálogo y la integración de saberes y asignaturas que lo hacen más situado, relevante y profundo, interdisciplinar y transdisciplinar, vinculado a otros profesionales y agentes del territorio. Que promueve una educación pausada y reflexiva, sosegada y lenta, tanto para respetar la singularidad y el ritmo de cada persona, como para asimilar los conocimientos adquiridos.

En definitiva, un currículum que eduque en y para la vida. Pero desde un pensamiento crítico que interroga, repiensa y cuestiona el orden establecido, mediante el diálogo y la confrontación de puntos de vista, para la comprensión de un mundo complejo y cambiante. Incluso que despliega el derecho a la desobediencia como un derecho legítimo, que supone el incumplimiento de leyes y normas que se consideran injustas, abusivas o inútiles.

Todo esto excede y cuestiona el relato de las competencias, que ignora las mejores fuentes pedagógicas de la tradición educativa e invisibiliza el proyecto cultural y social de la escuela pública, asumiendo las doctrinas ideológicas, vendidas como técnicas, de los organismos internacionales y económicos. A pesar del despliegue mediático y político que difunde ese relato, desde el Foro de Sevilla seguiremos luchando por otro currículo posible y necesario, con la capacidad crítica de la inteligencia y el optimismo impenitente de la voluntad, parafraseando al filósofo Gramsci.

Currículo humanizador e integral frente al currículo competencial

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Enseñar a especular y erradicar el anticapitalismo: la nueva pedagogía neoliberal extrema

Por: Enrique Díez

El 5 de octubre, el “día de la educación financiera” (un “día” establecido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España), sale a la venta en León la colección Economía Práctica para niños (las niñas parece que no son aptas todavía), de la Fundación Maria Jesús Soto. Los bancos y financieras en todas partes ofrecen múltiples actividades: desde un “Escape Room financiero” de la Fundación Mapfre (y no es irónico), hasta “La salud financiera de los más vulnerables en tiempos de covid” de la Fundación Nantik Lum (esto sí que suena a irónico en estos tiempos).

Mientras, el gobierno británico exige a las escuelas de Inglaterra que no usen material anticapitalista en la enseñanza. El Ministerio de Educación de Gordon Brown califica el anticapitalismo como una «postura política extrema» y lo equipara con la oposición a la libertad de expresión, el antisemitismo y el apoyo a las actividades ilegales. No deben utilizarlo de ninguna forma, advierte la guía del Ministerio, incluso “si el material en sí no es extremo, ya que el uso del mismo podría implicar el respaldo o apoyo de la organización”. Exige que no sea utilizado como material educativo aquel que pretenda “eliminar o derrocar el capitalismo”, en una deriva del actual gobierno calificado como “creciente autoritarismo conservador extremo” que censura y persigue cada vez más la libertad de expresión y no quiere una población con educación crítica. “Es otro paso en la guerra cultural que hará ilegal referirse a grandes partes de la historia y la política británicas, incluyendo la historia del socialismo británico, el Partido Laborista y el sindicalismo, que en diferentes momentos han abogado por la abolición del capitalismo», declaraba recientemente el exportavoz de Economía de la oposición laborista, John McDonnell.

La pedagogía neoliberal no es sólo destructora de derechos, pretende ser también productora de un tipo de subjetividad determinada. Educar en el emprendimiento y la especulación financiera es mucho más que enseñar determinadas técnicas y conocimientos…, es aprender a tener muy claras las reglas del capitalismo para ser ganadores en este juego. La ideología neoliberal se ha convertido en la “razón instrumental” del capitalismo contemporáneo que estructura y organiza, no sólo la acción de los gobernantes, sino que éstos establecen que sea la que dirija también la conducta de los propios gobernados. Esto explica por qué a pesar de las consecuencias catastróficas a las que han llevado las políticas neoliberales, desde hace 30 años éstas estén cada vez más activas.

La Junta de Castilla y León quiere también implantar este modelo neoliberal en la escuela desde hace tiempo promocionando el libro inicial de esta Fundación, Mi primer libro de Economía. Ahorro e inversión (Fundación que tiene el nombre de su autora, Maria Jesús Soto). Soto es directora de una entidad financiera que tiene entre su accionariado a Bankia (entre otros Rodrigo Rato y otros imputados por falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida, que acaban de ser “absueltos”) o a la multinacional Indra Sistemas (empresa cuyo 27% de beneficios proviene de las ventas de armas). En la presentación del libro en la Bolsa de Madrid, manifestó que la finalidad de este libro era “ir extendiendo una cultura financiera desde edades tempranas”.

Efectivamente, este libro subtitulado ¡ahorro e inversión!, no va a enseñar a los niños y niñas a desentrañar las causas de esta crisis que pagamos el 99% de la ciudadanía para que pueda seguir enriqueciéndose ese 1% que se dedica a las finanzas especulativas. Este manual hecho por quienes han sido responsables del saqueo actual de la economía, de los millones de parados, de los suicidios por desahucios, de la pobreza que inunda nuestros barrios, no va a hablar de los responsables, ni de una economía al servicio del bien común. Parece que ya desde infantil se quiere enseñar a nuestros hijos e hijas a especular e invertir. Y para eso quién mejor que la directora de una entidad financiera especializada en productos de inversión.

Mediante estos libros no sólo explicará la economía desde los intereses de los banqueros y financieros, sino que tendrá ya futuros “clientes cautivos” adiestrados en fondos de inversión, rentas variables y aquellos productos que venden estas entidades de especulación. Aprenderán a conocer a la “prima de riesgo”, el funcionamiento de la bolsa, el ciclo de la inversión. Normalizarán así estos magníficos contenidos, estas extraordinarios destrezas, estas imprescindibles competencias y estos necesarios valores para adentrarse y ser un futuro tiburón financiero en el mundo de la especulación y el pelotazo bursátil. Negocio redondo para esta financiera y una gran inversión de futuro.
Porque, como explica la propia autora: “No existe ningún libro de estas características enfocado para niños, que llegue hasta el final del ciclo de la inversión”. Se expresa sin complejos: el objetivo no es otro que acercar la cultura financiera para que sea accesible a niños de entre cinco y ocho años de edad. Busca formar con una base sólida a los futuros consumidores y ahorradores. El subtítulo del libro es expresivo: Aprende a ser un inversor responsable, descifrando los enigmas de las finanzas. Por eso, el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León ha destacado este libro como una “excelente forma de introducir la economía en los más jovencitos”. “Es una gran idea y vengo a apoyarla”.

Esto se está haciendo en muchas comunidades autónomas. De esta forma los bancos, con largos historiales de fraude y denunciadas por malas prácticas, han empezado a impartir lecciones de educación financiera en los centros educativos. Las principales bancas españolas (BBVA, Santander, La Caixa, principalmente) están empeñadas en dar en las escuelas clases de educación financiera gratuitamente y… “por generosidad”. En ayudar a los estudiantes, que sacaron tan mala nota en el examen PISA de educación financiera de la OCDE (que con tanta insistencia el BBVA ayudó a financiar y a realizar). La banca, preocupada por el “analfabetismo financiero” en la educación, pretende que la ciudadanía crezca aprendiendo a conocer el mundo de sus productos financieros, no sea que les entre la tentación de volver a engañarles con acciones preferentes y con productos tóxicos, especialidades a las que se dedicaron durante tantos años. Estas entidades que abusaron de la población, que no les han devuelto el dinero de las cláusulas suelo y les obligan a acudir a la vía judicial para recuperar su dinero, es la que educa a nuestros hijos e hijas.

Está claro: con esta nueva cultura emprendedora con la que gobiernos conservadores y la banca quiere impregnar a las futuras generaciones desde la educación infantil hasta la universidad, llegaremos a la excelencia de la especulación. Los contenidos transversales que deben impregnar todas las asignaturas ya no son educación para la igualdad, o educación para la paz, o educación intercultural, no, ¿para qué? Ahora el contenido educativo estrella, para el que se destinan cientos de miles de euros en programas para desarrollarlo, en las comunidades autónomas gobernadas por gobiernos conservadores, es la introducción del espíritu empresarial y bursátil en nuestro sistema educativo. El consejero de Educación del PP de Murcia presentó con orgullo hace un tiempo un estudio según el cual la mitad del alumnado de la comunidad autónoma de la región de Murcia quisiera ser de mayor “empresario”.

La educación pública, pagada por todos y todas, tiene la obligación de dar una formación integral y promover valores ciudadanos y capacidad crítica. No se puede transmitir a los niños y niñas una visión falsa de cómo funciona la sociedad. ¿Qué sociedad pensamos construir si lo que enseñamos es el individualismo y la competitividad? ¿Quién defenderá los derechos de los trabajadores y trabajadoras si todo el mundo tiene que tener “mentalidad de empresario”? ¿No es esto un “adoctrinamiento” neoliberal en el sentido más literal de la palabra?

La enseñanza tiene que dar una visión global de los conocimientos, de la historia, de la ciencia y también de la economía, pero no un punto de vista sesgado desde una sola perspectiva financiera, individualista y competitiva. Lo más necesario es dar herramientas a nuestro alumnado, para que puedan defenderse como trabajadores y trabajadoras (que es el que serán la gran mayoría) ante los abusos de algunas patronales y ante la precariedad sistemática que está instaurando el capitalismo. La escuela no puede estar “al servicio de los bancos y las empresas” y mucho menos los bancos y las empresas tienen que dictar lo que se tiene que hacer en las escuelas. Es muy peligroso que se implanten objetivos y valores tan descaradamente al servicio de la ideología más neoliberal que es, precisamente, la que nos ha llevado a la actual crisis. Deberíamos volver a enseñar a los niños y niñas la economía real y analizar con ellos y explicarles cómo en esa economía un uno por ciento de la población explota al noventa y nueve por ciento restante. Esto, deberíamos aclarárselo, se llama capitalismo. Y su única solución, les tendríamos que explicar, es salir de él. Incluso podríamos enseñarles, de nuevo, que esto ya lo dijo un filósofo hace muchos años: se llamaba Carlos Marx.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/05/ensenar-a-especular-y-erradicar-el-anticapitalismo-la-nueva-pedagogia-neoliberal-extrema/

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Releer a Freire en tiempos de pandemia

Por: Enrique Díez

Dedicado a la profesora María Verdeja, de la Universidad de Oviedo, que tanto nos sigue enseñando sobre Paulo Freire

Decía Paulo Freire que «cuando la educación no es liberadora, el sueño de los oprimidos es ser el opresor», porque el oprimido lleva en su seno la imagen del opresor dado que de él recibió y recibe constantemente su educación, refrenda el profesor Miguel Barrigüete de la Universidad Complutense de Madrid.

Por eso nos tenemos que preguntar si la educación actual es y está siendo liberadora. No solo tiene que ver con los ejes fundamentales que debatimos actualmente: la financiación, la inclusión, el respeto a la libertad de conciencia, la vuelta a clase segura, la nueva ley de educación, etc. Sino que tiene que ver también con el sentido y la finalidad de la misma. Pues, a veces, en medio del análisis sobre el qué, el cómo y el con qué, cruciales ciertamente, se nos olvida el para qué.

Ahora que hasta septiembre hay plazo para hacer alegaciones a la nueva ley educativa y para planificar la vuelta a la escuela el próximo curso escolar, es más pertinente que nunca debatir sobre todos esos temas. No lo dudo. Pertinente reflexionar si es suficiente destinar 1.600 millones de euros a la educación pública, cuando se deberían destinar, al menos, 12.000 millones para alcanzar el 5% del PIB (los países más avanzados de la UE destinan el 7% del PIB) y, así, revertir así los recortes que hemos sufrido en educación. De esta forma se podrían recuperar los docentes suprimidos por los recortes del RD–L 14/2012 (32.821 de enero de 2012 a julio de 2013) y reducir las horas lectivas (lo cual requeriría 35.760 docentes más en infantil y primaria y 13.101 en ESO).

Esto permitiría, al menos inicialmente, aumentar las plantillas y las instalaciones educativas públicas lo suficiente para reducir las ratios de alumnado en las aulas y facilitaría una vuelta a la escuela más segura y, sobre todo, con posibilidad de diseñar una educación realmente inclusiva y con una atención mucho más personalizada al alumnado, como asegura la ministra de Educación que se debe hacer.

Debatir si debemos seguir destinando 4.866 millones de euros anuales de las arcas públicas a la Iglesia Católica para mantener una asignatura confesional en la escuela que no respeta la libertad de conciencia de los niños y las niñas y utiliza los espacios públicos escolares para difundir su ideario religioso (contrario en muchos aspectos incluso a principios básicos de derechos humanos y a la igualdad entre hombres y mujeres) o definitivamente denunciar unos acuerdos franquistas con el Vaticano, que se mantienen por falta de voluntad política en derogarlos.

Debatir, efectivamente, como plantea la ministra de Educación, si el sistema educativo debe avanzar hacia un enfoque más competencial, y si esto significa profundizar en un modelo educativo industrial y con una orientación centrada en el mercado. Si se deben repensar los temarios hipertrofiados y enciclopédicos de la LOMCE, controlados por las grandes editoriales y pasar a “nuclearlos en temas fundamentales”, como dice la ministra, estableciendo también tiempos y medios para que el profesorado pueda prescindir de los libros de texto y crear sus propios materiales. Si la “digitalización educativa plena” y la “alfabetización múltiple” que se propone tiene que ver más con un imperativo económico, para no invertir en profesorado y adecuación de instalaciones por la pandemia del coronavirus, que con una necesidad desde un planteamiento pedagógico o de mejora de la educación. O si todas estas medidas que se anuncian contribuirán realmente a una mayor equidad educativa como se pretende. Qué duda cabe que revertir la cultura de la repetición, la extensión de la educación infantil (si es pública), la modernización de la formación profesional (si se le destinan recursos) o el desarrollo del aprendizaje personalizado (que debe contar con recursos y ratios adecuados, como asegura la propia ministra), van encaminados en ese sentido.

Pero creo que también debe ser pertinente, con el mismo nivel de intensidad y dedicación, debatir el para qué de la educación. Porque si todas las reformas que se plantean se orientan y profundizan en una línea de educación al servicio del modelo neoliberal y capitalista de sociedad que nos ha conducido a esta situación, creo que hemos equivocado el camino.

Necesitamos repensar la educación desde un enfoque descolonizador de ese imaginario dominante que insiste una y otra vez en que “no hay alternativa”. Que este es el modelo único, o el menos malo, porque no hay otros posibles. Que el capitalismo depredador, extractivista, insostenible, desigual, colonialista, patriarcal, competitivo, segregador, excluyente, etc., es lo único posible. Que su relato neoliberal individualista es el único imaginable: que debemos entender que la educación es una inversión individual para obtener rentabilidad en el mercado laboral futuro, más que un derecho; que debemos competir por seleccionar un centro educativo lo más elitista posible para relacionarnos con la “gente adecuada” y tener así más ventajas competitivas de cara a ese futuro aspiracional; que el emprendimiento educativo al estilo empresarial debe ser uno de los objetivos fundamentales de la educación; que la competencia frente a los otros y la segregación de quien no puede son algo inevitable, etc.

Necesitamos, en definitiva, repensar si el sistema educativo actual está al servicio de un proyecto de liberación y justicia social, tanto personal como colectivo, o si se orienta cada vez más hacia una educación bancaria, que diría Freire, no problematizadora, puramente instrumental y al servicio de la ideología dominante. Por eso, nos tenemos que preguntar cómo es posible que tantas personas de barrios obreros de este país (también de la UE) hayan pasado por las aulas y en pleno siglo XXI defiendan postulados e ideologías ultraderechistas, patriarcales, fascistas, xenófobas, racistas, neoliberales y capitalistas (sistema basado en el egoísmo, la ética del más fuerte y la desigualdad).

Sabemos que no es responsabilidad exclusiva del sistema educativo. Que hoy en día tienen gran influencia en la socialización de la población los medios de comunicación masiva (las redes sociales, los videojuegos, Hollywood, la MTV, etc.), pero nos tenemos que preguntar si estamos haciendo lo suficiente desde la educación. Pues la mayor parte de la población pasa por el espacio escolar durante años de su vida. Y tras ver la “revuelta de los cayetanos”, el “auge de VOX”, la desigualdad rampante (el 26,1% de la población es vulnerable y más de la mitad tiene dificultades para llegar a fin de mes), el desastre ecológico del planeta, etc., nos tenemos que preguntar ¿para qué sirve la educación?

Como dicen Nichols & Berliner (2007): “Deberíamos ser el número uno en el mundo en porcentaje de jóvenes que están política y socialmente implicados. Mucho más importante que nuestras puntuaciones en matemáticas y nuestras puntuaciones en ciencia es la implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más justa para los que más la necesitan: los jóvenes, los enfermos, los ancianos, los parados, los desposeídos, los analfabetos, los hambrientos y los desamparados. Se deberían identificar los centros que no pueden producir ciudadanía políticamente activa y socialmente útil y divulgar sus tasas de fracaso en los periódicos”.

Y en esto no olvidemos que no podremos contar con la “buena voluntad” de quienes están disfrutando de los privilegios del sistema, pues como nos recuerda Freire: «Los opresores de ayer no se reconocen en el proceso de liberación. Por el contrario, se sentirán como si realmente estuviesen siendo oprimidos». No tenemos más que recordar las bochornosas imágenes de la “revuelta de los cayetanos”, cacerola en mano, pidiendo libertad en un régimen que denunciaban como dictatorial, asegurando que les tenía secuestrados, o de quienes evaden cientos de millones en paraísos fiscales mientras hacen “donativos” que lavan su imagen.

Paulo Freire decía que “la educación es siempre un quehacer político, en tanto quehacer humanista y liberador en lucha por la emancipación”. Durante la pandemia lo hemos comprobado: sin ayuda mutua, sin cooperación, sin solidaridad y justicia social estamos abocados a la extinción como especie y como planeta. No lo olvidemos.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/07/14/releer-a-freire-en-tiempos-de-pandemia/

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Bajar la ratio y aumentar la plantilla docente: plan de reconstrucción educativa

Por: Enrique Díez

Ambas medidas son las necesarias; aquellas en las que el Estado debería invertir ingentes cantidades de dinero para, de esa manera, hacer frente a la situación causada por la Covid-19 y, además, alcanzar el objetivo último de tener un sistema educativo inclusivo.

El inicio de curso escolar 2020-2021 se debe iniciar con una bajada de ratio en la educación pública en todos los niveles educativos, desde infantil hasta la universidad. Sin excusas, sin dilaciones. Con motivo de la necesaria distancia social impuesta para evitar la posibilidad de propagación del coronavirus, pero no por esa razón únicamente. Sino esencialmente para transformar la educación pública en lo que siempre ha debido ser: una educación inclusiva al servicio del bien común, para “que nadie, efectivamente, quede atrás”. Pasando de las declaraciones a los hechos. De las buenas intenciones a las dotaciones presupuestarias para poder llevar a cabo aquello que se pregona.

La auténtica revolución pendiente en la educación es la inclusión. Adaptar la educación a las necesidades de cada niño y cada niña a medida que va creciendo y desarrollándose. Una educación que ayude y acompañe a todos y cada uno a desarrollarse personalmente de la forma más plena posible, para que nadie quede atrás; y a desarrollarse socialmente, para que todos y cada uno de ellos y ellas sean capaces de contribuir a construir una sociedad más justa y mejor al servicio del bien común.

La revolución educativa pendiente no es tecnológica, sino inclusiva

Para ello el primer paso crucial es la reducción del número de alumnado en cada aula. Con clases abarrotadas no se puede atender a la diversidad, no se puede personalizar el aprendizaje. No se puede evaluar y orientar a cada alumno y alumna para detectar qué dificultades tiene e implementar medidas concretas que eviten el fracaso.

Con aulas atestadas lo único que se puede hacer habitualmente, sobre todo a medida que se va avanzando en edad, es poco más que repetir apresuradamente los contenidos de temarios sobrecargados, llamarles la atención continuamente porque se distraen y examinarles para controlar si han sido capaces de memorizarlos o no.

Cómo desarrollar una educación lenta y atenta al cuidado emocional de los menores, a las dificultades que tienen, a las señales de desmotivación o de desaliento que presentan; cómo ayudarles y plantearles alternativas para mejorar o corregir sus fallos, con clases saturadas con 25 o 30 chicos y chicas en cada aula, teniendo cada profesor o profesora que atender a numerosos grupos, cada vez más diversos, durante el curso.

Las razones pedagógicas para bajar la ratio

Se sabe que reducir las ratios redunda positivamente en la mejora de la enseñanza. Permite una atención más personalizada, dar respuesta a la diversidad, centrar el tiempo en el aprendizaje en vez de perderlo en imponer orden en aulas masificadas. La OCDE, organismo económico y poco pedagógico, reconoce que “un mayor tamaño de las clases parece estar asociado a un porcentaje más elevado de estudiantes con problemas de comportamientos y con la necesidad de dedicar más tiempo a mantener el orden, en vez de a la enseñanza y al aprendizaje”.

Gran parte de los estudios, pese a no ser concluyentes, apuntan a que la reducción de la ratio de alumnado por aula ayuda a disminuir la tasa de repetición y el abandono escolar, permite personalizar el proceso de aprendizaje, aumentando la eficacia docente y concuerdan en que los estudiantes que más se benefician de los grupos pequeños son aquellos que presentan dificultades de aprendizaje o requieren un mayor grado de seguimiento, intervención educativa y atención individualizada.

Pero, sobre todo, que debemos escuchar y atender a quienes conocen la realidad directamente y están trabajando en ella. El 85% de los profesores y directores de centros de primaria y secundaria españoles encuestados por la OCDE en los últimos cinco años (de un total de 7.407) consideran que reducir el número de alumnado por aula es la prioridad en educación. ¿Por qué no escuchamos de una vez a los profesionales que son los que realmente saben y conocen de primera mano la realidad?

Aumentar y estabilizar las plantillas de profesorado, pero no solo…

Por eso, para que sea posible y efectivo este cambio, esta auténtica revolución educativa inclusiva, es necesario duplicar el número de profesorado en la educación pública. Desde infantil a la universidad. Es cierto que también será necesario acondicionar y ampliar espacios. Pero lo fundamental, el elemento central, en todo proceso educativo es el factor humano. El profesorado. Si no hay más maestras, maestros, profesoras y profesores suficientes en todos los niveles educativos, no servirá de nada todos los esfuerzos que hagamos.

Ya ha dado indicaciones al respecto la Red Europea, pero no podemos olvidar lo que se prometió también con el Plan Bolonia en la Universidad, aunque nunca se cumpliera: reducir a 30 estudiantes como máximo por aula y que a partir de 38 supongan la formación de un segundo grupo.

Este aumento de plantilla, la reducción de ratio y el acondicionamiento de espacios, lógicamente, tiene que venir acompañado por una serie de cambios simultáneos: reducir la actual fragmentación del currículo en múltiples asignaturas, organizándolo de una forma transversal y más global; establecer tiempos para la coordinación y trabajo en equipo del profesorado reduciendo sus horas lectivas; impulsar una organización y una metodología más individualizada, cooperativa y realmente inclusiva; reducir sustancialmente el currículum enciclopédico seleccionando lo esencial y relevante; reducir la intensidad de la jornada escolar; ampliar la participación y colaboración con las familias; aumentar los profesionales y equipos de orientación; incrementar las horas de tutorías; una dirección más democrática y participativa; intensificar el papel de la inspección educativa como apoyo y asesoramiento; reducir la interinidad para dar continuidad a los proyectos educativos y estabilidad a los docentes; una formación inicial y permanente del profesorado en la inclusión; la incorporación de otros profesionales que colaboren con la comunidad educativa (de la educación social, de la mediación intercultural, etc.) y de personal de apoyo al profesorado; y unas políticas sociales de apoyo a la infancia y la juventud que apoyen y se sumen a la labor educativa.

Invertir en esta revolución educativa, si no es ahora ¿cuándo?

Se pueden aducir las razones que se quieran si no se ponen en práctica estas medidas pero, al final, la razón que prevalece sabremos que será, como siempre, una determinada razón ideológica: la neoliberal de ahorrar costes en el bien común, para poder así seguir manteniendo este sistema económico capitalista basado en que unos pocos acaparen mientras la mayoría pierde cada vez más derechos sociales y vitales. Recursos y medios sí que hay, pero se decide que se destinen a otras prioridades.

Se está destinando a gasto militar la escandalosa cifra de 1.917 billones de dólares en todo el mundo y 20.050 millones en España. Se aprobó en España la escandalosa cifra de 174.300 millones de euros en ayudas para la resolución de los problemas bancarios. Pero nunca hay cifras escandalosas para rescatar la sanidad pública, la educación pública, los servicios públicos. Es decir, para destinar al bien común, lo que es de todos y todas.

No es imprescindible rescatar bancos, ni mantener gastos militares o consentir paraísos fiscales. Son decisiones políticas. Aquellas que establecen que esa es la prioridad. España está entre los países que menos dinero destina a Educación. La decisión ha sido destinar en torno a un 4% del PIB. En cambio, Dinamarca dedica un 7%, Suecia, Bélgica o Finlandia más del 6% y Letonia y Portugal un 6%. No es casual que los países con mejor puntuación, según la OCDE sean los que tienen ratios de estudiantes por grupo más bajas y también presupuestos educativos más altos. ¿Por qué no invertimos de una vez en lo que importa? En 2017 Francia aprobó tener clases de 12 alumnos y alumnas en centros de difícil desempeño. Si se quiere, se puede.

Por eso, el inicio del próximo curso comprobaremos si, efectivamente, hay voluntad política de establecer como prioridad el bien común por parte de las administraciones educativas y se baja efectivamente la ratio de alumnado por aula y se aumenta “escandalosamente” el número de profesorado necesario para ello.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/06/02/bajar-la-ratio-y-aumentar-la-plantilla-docente-plan-de-reconstruccion-educativa/

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Educar para la solidaridad, la cooperación y la justicia social: ética post-coronavirus

“Solo juntos lo conseguiremos”. “Este virus lo paramos unidos”. “Es el momento de ayudarnos unos a otros”… Todos y todas hemos oído este tipo de mensajes, que se han repetido, desde el inicio de la crisis del coronavirus. ¿Aprenderemos la lección una vez que pase la crisis?

En la escuela, “educar para cooperar” es un principio básico, que se ha venido planteando y proponiendo desde infantil hasta la Universidad (hasta que llegó la LOMCE, con su “competencia estrella” del emprendimiento neoliberal).

Pero ¿y el resto de la sociedad? ¿Educa para cooperar? Puesto que “para educar se necesita a toda la tribu”, como ahora todo el mundo recuerda.

Lo cierto es que el mensaje que han recibido constantemente nuestros niños, niñas y jóvenes, ha sido, hasta ahora, el de la competencia individualista del modelo neoliberal. Un mantra ideológico, eje esencial del capitalismo. Un mantra constante y persistente que se repite en los medios de comunicación, se ensalza en el deporte, se induce en el trabajo, se insiste en la economía…

Sorprende este dogma tan extendido y difundido por la agenda mediática, política y económica, cuando los seres humanos preferimos cooperar a competir en nuestra vida diaria, especialmente cuando buscamos el bien común. Esto es lo que ha demostrado el estudio antropológico de la universidad de Oxford que ha encabezado titulares en todo el mundo por la universalidad de sus hallazgos (i).

Sorprende cuando incluso desde la biología, la prestigiosa académica Lynn Margullis, una de las principales figuras en el campo de la evolución biológica, muestra que todos los organismos mayores que las bacterias son, de manera intrínseca, comunidades. Cómo la tendencia es hacia el mutualismo y cómo “la vida no conquistó el planeta mediante combates, sino gracias a la cooperación” (ii). Cómo nuestra evolución no ha sido una competición continuada y sanguinaria entre individuos y especies. Sino que la vida conquistó el planeta no mediante combates, sino gracias a la cooperación. De hecho, los nuevos datos están descubriendo una naturaleza que cuestiona radicalmente la vieja biología: “de cooperación frente a competencia, de comunidades frente a individuos”, como concluye Sandin (iii). La tendencia fundamental en la dinámica de la vida, de toda clase de vida, por lo tanto, es la simbiosis mutualista, la cooperación universal (iv).

Estas investigaciones confirman lo que ha planteado uno de los grandes pensadores de la economía colaborativa: Kropotkin. Frente al darwinismo social, el anarquista ruso Kropotkin, demostraba que el apoyo mutuo, la cooperación, los mecanismos de solidaridad, el cuidado del otro y el compartir recursos son el fundamento de la evolución como especie del ser humano.

Esta realidad, que se nos vuelve obvia en momentos de crisis como ésta, contrasta con los principios y propuestas que rigen el núcleo y finalidad esencial del capitalismo neoliberal: el individualismo competitivo.

Apoyar al grupo, apoyarnos en la comunidad, contrasta con ese dogma de “libertad individual” al margen del bien común. La solidaridad, el no dejar a nadie atrás, choca con la competitividad que predica el neoliberalismo económico. El relato del “hombre” hecho a sí mismo, competitivo e individualista, que no le debe nada a nadie y que busca conseguir su “idea de éxito” para enriquecerse y olvidarse de las dificultades, suyas y de los demás. Mito difundido por el populismo empresarial norteamericano y que la ideología neoliberal y neoconservadora ha traducido en la escuela a través del mantra del emprendedor. Ideología que mantiene como dogma de fe esencial que la competencia por la riqueza y el poder es el único motor que mueve al ser humano.

Estamos comprendiendo, porque lo estamos comprobando y constatando con esta crisis, que esta ideología neoliberal, que reivindica regularnos mediante “la mano invisible del mercado” es una postverdad (v), una fábula, una invención que no tiene fundamento real. Que cuando vienen mal dadas, cuando nos jugamos lo vital y esencial de las sociedades, necesitamos el amparo del grupo, de la comunidad, de la solidaridad colectiva para superar las crisis.

Es entonces cuando nos lamentamos, tardíamente, de los recortes de miles de millones que se han hecho en la sanidad pública o en la educación pública. Nos arrepentimos de no haber invertido en suficientes residencias públicas de mayores (las privadas tienen como finalidad obtener beneficios). Nos damos cuenta del error que es no tener ya una banca pública que sostenga la economía y la inversión pública para generar nuevos empleos que sustituyan a los que los “temerosos mercados” van a destruir.

La ideología neoliberal siempre ha sido muy clara: aplicarse a sí mismos el capitalismo de “libre mercado” (subvencionado siempre) cuando obtienen beneficios, para repartírselos entre los accionistas. Pero reclamar el socialismo y la intervención del Estado para que se les rescate cuando tienen pérdidas (hemos rescatado a la banca con más de 60.000 millones de euros, a Florentino Pérez con el Castor, a las autopistas…). Es lo que hacen también ahora, con esta crisis. Aunque a algunos les sigue sorprendiendo todavía que estos “creyentes” exijan más medidas de rescate y de intervención del Estado, renegando de su fanático credo en el “libre mercado” y su “mano invisible”.

A ver si aprendemos por fin. Y superamos el dogma neoliberal y el sistema económico capitalista y avanzamos hacia un sistema económico e ideológico basado en el bien común, la cooperación, la justicia social, la equidad y la solidaridad.

Esperemos que la salida de esta crisis sea “una oportunidad” para ello. Que el “solo juntos lo conseguiremos” no se olvide tras ella. Y que, después del coronavirus, haya un auténtico Pacto de Estado, consensuado por todos, que blinde y destine cantidades escandalosas de nuestros presupuestos a la Sanidad Pública, a la Educación Pública, a los Servicios Sociales Públicos, a las Pensiones Públicas… Que aprendamos de una vez por todas que el capitalismo y la ideología neoliberal que lo sostiene es tóxico para la especie y el planeta. Y que, sin ayuda mutua, sin cooperación, sin solidaridad y justicia social estamos abocados a la extinción como especie y como planeta.

REFERENCIAS

i Scott Curry, O., Mullins, D. A., & Whitehouse, H. (2019). Is it good to cooperate? Current Anthropology, 60(1), 47-69.

ii Margulis, L. et al. (2002). Una revolución en la evolución. Valencia: Universitat de Valéncia.

iii Sandin, M. (2010). Pensando la evolución, pensando la vida. La biología más allá del darwinismo. Cauac: Nativa.

iv Puche, P. (2019). Hacia una nueva antropología, en un contexto de simbiosis generalizado en el mundo de la vida. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 147, 15-34.

v Vivero Pol, J.L. (2019). La España vacía está llena de bienes comunes. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 147, 85-97.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/20/educar-para-la-solidaridad-la-cooperacion-y-la-justicia-social-etica-post-coronavirus/

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La venta de la educación pública con los modelos híbridos de gestión público-privada

Por: Enrique Díez

El esfuerzo de los movimientos sociales, desde la plataforma Aturem la Llei Aragonés ha conseguido parar una legislación que quería externalizar hasta 250 servicios públicos gestionados por la administración.

La movilización social ha conseguido tumbar la “Ley Aragonés”. Toda la oposición en bloque ha rechazado el proyecto de privatización y liberalización de los servicios públicos básicos, como la educación, la sanidad y los servicios sociales, la denominada Ley Aragonés, por su promotor el vicepresidente del Govern catalán, Pere Aragonès, de ERC.

Un centenar de entidades y movimientos sociales y ciudadanos se habían unido en el rechazo frontal a esta normativa, que abría las puertas a la aún mayor privatización y mercantilización de los servicios públicos. La Federación de Madres y Padres (Fapac) ha sido una de las más activas, dentro de la plataforma Aturem la Llei Aragonés, denunciando que los servicios susceptibles de ser externalizados aumentaban a más de 250 (desde los comedores escolares hasta las tutorías, pasando por la educación infantil), muchos de los cuales hasta ahora están gestionados públicamente, en una Comunidad que tiene una política activa y constante de privatización o “externalización” de lo público (recordemos la Ley de Educación de Catalunya).

ERC vendía la ley asegurando que así «pararía los pies» a las grandes empresas del IBEX 35 y que «blindaba las entidades del tercer sector, ONG, cooperativas y empresas de economía social». Pero lo cierto es que, como han denunciado reiteradamente los movimientos sociales, esto no era más que un lavado de cara que encubría las masivas privatizaciones que no tienen ningún sentido desde el punto de vista del interés público.

La gestión de los servicios públicos debe ser pública. Debemos blindar los servicios que ya son de gestión directa y que retornen a la gestión directa lo que han sido externalizados. Porque solo la gestión pública directa garantiza que no interviene la finalidad de obtención de ningún beneficio económico, asegurando que el único objetivo es la prestación de un servicio de calidad.

Toda gestión privatizada o externalizada de los servicios a las personas no solo encarece la prestación, sino que deteriora el servicio porque se destinan recursos de forma directa al beneficio de los accionistas de la empresa o de forma indirecta a los sueldos y gestiones de quienes las dirigen, en vez de dedicarlos a la mejora del servicio. Además el Tribunal de Cuentas Europeo ha criticado duramente la participación privada en servicios públicos, dado que provoca “insuficiencias generalizadas, gastos ineficaces, falta de transparencia, retrasos y sobrecostes”.

A lo cual se suma que las condiciones de los profesionales titulados que prestan el servicio, que es el elemento crucial e imprescindible de todos los servicios a las personas, se deterioran porque sobre ellos recaen las medidas de recortes, presión por rendimiento y resultados cuantificados, recargo e intensificación del trabajo y de las jornadas laborales, contratos precarios y sin cualificación para reducir costes, salarios reducidos y mal pagados muchas veces, lo cual implica un deterioro de las condiciones en las que pueden prestar su labor, que las acaban sufriendo también quienes reciben la prestación del servicio.

La “ley Aragonés”, impulsada por el grupo republicano que gobierna Cataluña junto con el grupo conservador JxCat, pretendía privatizar (utilizando los términos “externalizar” o “liberalizar”, eufemismos habituales del lenguaje neoliberal) servicios como la educación infantil, la educación “especial”, servicios escolares “diversos”, la enseñanza para personas adultas, la “tutoría” y otros servicios de enseñanza (expresión con una ambigüedad intencionada, que deja la puerta abierta a la privatización de cualquier servicio educativo), en los que incluían los servicios de acogida, las actividades extraescolares y el tiempo de mediodía. Y así hasta más de 250 servicios públicos.

Lo que nos tenemos que preguntar es por qué hay que privatizar los servicios públicos. A qué se debe este afán por privatizar y mercantilizar lo público, lo común, lo de todos y todas. Y como en toda novela o película negra, preguntarnos “a quién beneficia el crimen”. E inmediatamente nos saltarán todas las alarmas: la educación mueve 6,5 billones de dólares anuales en todo el mundo (6,1 billones de euros), y se espera un fuerte crecimiento en los próximos años. Su privatización es un suculento negocio al que el mercado no están dispuesto a renunciar.

Este nuevo mercado no se asalta inmediatamente, sino mediante un proceso sutil y progresivo que va “externalizando” pequeñas partes del “pastel” (transporte, libros escolares, catering, evaluaciones estandarizadas, etc.), pero también a través de toda una narrativa, un “relato” de la bondad de los propósitos e intenciones, porque necesita seducir y convencer para ir avanzando, poco a poco. Este nuevo relato lo denominan la “colaboración público-privada”.

Estos modelos de “colaboración público-privada”, como la Ley Aragonés, nos quieren vender la hibridación y la gobernanza compartida, que Bill Gates denomina “capitalismo creativo” y que este multimillonario define como “enfoque donde los gobiernos, las empresas y las ONGs trabajan conjuntamente para ensanchar el alcance de las fuerzas del mercado”.

Pretenden “amazonizar” buena parte del actual sistema educativo, mediante la expansión de esa privatización educativa, amparados por organismos internacionales como el Banco Mundial y la Unesco, defensores de estas nuevas alianzas híbridas de gobernanza. Bancos y fondos buitres crean fundaciones y entidades del denominado “tercer sector” que se disfrazan como actores de la nueva economía social. Se impulsa el filantropocapitalismo educativo de grandes multinacionales que diseñan reformas educativas globales y publicitan premios al mejor “profesor emprendedor estrella”, olvidando que la educación es una construcción colectiva… Todo un entramado, un “enjambre-red” de relaciones de poder, difusas y complejas, que están definiendo las medidas que se plasman en normas, como esta Ley Aragonés.

El problema es que esta “teología neoliberal” es inquebrantable, en contra de todas las evidencias. Está asentada en una fe fanática y talibán que considera indiscutibles e intocables sus intereses y privilegios. Por lo que, mucho me temo, que volverán a intentarlo. Una y otra vez. Porque el negocio es demasiado jugoso para renunciar a él. Así que tendremos que estar atentos y atentas, si queremos defender el derecho de todos y todas a una educación pública para todos y todas.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2020/02/17/la-venta-de-la-educacion-publica-con-los-modelos-hibridos-de-gestion-publico-privada/

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La «Ley Aragonés»: radicalizar las políticas educativas neoliberales en Cataluña

Por: Enrique Díez

La Ley de Contratos de Servicios a la Personas catalana prevé la entrada de la gestión privada en algunos servicios educativos comoa educación infantil, la educación “especial”, servicios escolares “diversos”, la enseñanza para personas adultas, la “tutoría” y otros servicios de enseñanza y supone la continuación de un proceso privatizador comenzado con la LEC.

Conocí en Granada, donde participaba, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad, en un curso sobre neoliberalismo educativo, la denominada Ley Aragonés. No sabía nada al respecto, porque, al parecer, ha nacido y crecido en la sombra, en silencio y casi con nocturnidad y alevosía y sin que los medios de comunicación se hagan prácticamente eco de lo que supone. Pues bien, supe de ella, a través de otra ponente del curso, Belén Tascón, de Asociaciones Federadas de Familias de Alumnado de Cataluña (antigua FaPaC), que defienden una educación pública, de calidad, catalana, laica, equitativa, inclusiva, gratuita, democrática, coeducativa, ambientalmente sostenible y feminista.

Ella también participaba en el curso y explicó cómo esta Ley pretende “blindar la provisión de servicios desde el mercado. Es decir, la externalización de servicios públicos que ahora se prestan bajo la forma de gestión pública directa y, aquellos que ahora no son públicos, someterlos al régimen de contratación, creando así nuevos nichos de mercado y una demanda cautiva”. Servicios como la educación infantil, la educación “especial”, servicios escolares “diversos”, la enseñanza para personas adultas, la “tutoría” y otros servicios de enseñanza (expresión con una ambigüedad intencionada, que deja la puerta abierta a la privatización de cualquier servicio educativo). Donde se incluyen los servicios de acogida, las actividades extraescolares y el tiempo de mediodía que, como dice la FaPaC, pagan las propias familias y que ahora tendrán que seguir pagando a las empresas adjudicatarias, escogidas por la Administración Pública.

Esta “arma de destrucción masiva”, como la califica Javier Larrauri, llamada Ley de Contratos de Servicios a la Personas (LCSP) está impulsada por ERC (ahora Grupo Republicano, eliminado su primer término “Esquerra”-Izquierda- de su nombre) y el vice president y conseller d’Economia, Pere Aragonés, y es apoyada por casi todos los grupos, excepto la CUP y En Comú Podem.

Todas las críticas hacia la norma, hasta ahora, han sido contestadas alegando que quienes la cuestionan es porque “no se han leído la ley”. Dado que, según sus promotores, es una “Ley Anti-Florentino” que incorpora cláusulas sociales. Como si las empresas de Florentino Pérez fueran las únicas peligrosas a la hora de convertir en negocio los servicios públicos, como dice Larrauri, o como si no establecieran que cláusulas sociales, que son muy subjetivas, pueden ser no incluidas (pues no son obligatorias) o no cumplidas (pues no hay mecanismos de exigencia de las mismas). Pero el problema es que nada varían del fondo del asunto: que con esta Ley se privatiza y precariza la educación y los servicios.

Esta ley no es nada nuevo en el panorama catalán: continúa el proceso privatizador que se implantó en Cataluña, con la ya de por sí radicalmente neoliberal Ley de Educación de Catalunya (LEC). La LCSP lo que hace es profundizar, blindar, radicalizar y extender aún más todavía el carácter neoliberal a todos los servicios públicos. Esconde realmente un verdadero plan a gran escala de privatización de los servicios públicos que conlleva precariedad laboral y priorización del beneficio económico por encima de la atención y prestación del servicio.

Lo que nos tenemos que preguntar es por qué hay que privatizar los servicios públicos. A qué se debe este afán del grupo republicano, el partido socialista catalán y los grupos políticos de la derecha de Cataluña por privatizar y mercantilizar lo público, lo común, lo de todos y todas.

El modelo neoliberal parte de una premisa falsa y un dogma de fe recurrente: que, frente al servicio público, las empresas privadas ofrecen “buena calidad” y “bajos costes”. A pesar de que todas las evidencias y pruebas en las últimas décadas señalan justamente en sentido totalmente contrario. Así lo ha denunciado recientemente el Tribunal de Cuentas Europeo que ha criticado duramente la participación privada en infraestructuras y servicios públicos dado que provoca “insuficiencias generalizadas, gastos ineficaces, falta de transparencia, retrasos y sobrecostes”. Pero no tenemos más que echar un vistazo a la hemeroteca de la corrupción y el “pelotazo” en la prensa y los medios de comunicación, para apreciarlo por simple sentido común.

Cualquier servicio público educativo que acaba en manos privadas incluye el beneficio económico, beneficio que no opera cuando el servicio lo presta directamente la Administración Pública. Lo cual encarece el servicio y aparecen los copagos. También afecta a la calidad, porque mercantilizar un servicio público lo somete a la exigencia de “reducción de costes” por la ley de la competencia del mercado. Las grandes empresas tratan de convertirlo en “competitivo” recortando costes, mediante subcontrataciones a sub-empresas presionando más por abaratar (como Zara cuando externaliza su producción a las maquilas brasileñas), mediante la precarización de las condiciones y calidad de la prestación, con recortes de plantilla y despidos, con bajadas de salarios y contrataciones a tiempo parcial, es decir, con agudización de la ultra-precariedad, en detrimento de la calidad del servicio y de las condiciones laborales de los y de las trabajadoras y profesionales que los desempeñan.

Pero además, en educación, como explica Pedro Mercadé, es susceptible, como vemos en tantos conciertos educativos, a la discriminación en la contratación laboral por razón de origen, sexo, género, ideológico, sindical, etc. Y tampoco queda exento, igualmente, de prestarse con intenciones adoctrinadoras de tipo religioso, ideológico u otros. No hay más que constatar la profunda y constante intromisión de muchas fundaciones supuestamente «sin ánimo de lucro» de tipo religioso o de entidades bancarias y financieras en el mundo educativo (Geo Saura, 2016).

Pero la “teología neoliberal” es inquebrantable, en contra de todas las evidencias. Está asentada en una fe fanática y talibán que considera indiscutible e intocable. Y, a pesar de que proclamen que es una Ley Anti-Florentino, lo cierto es que, como hemos visto en la larga lista de episodios de corrupción en las últimas décadas por todo el territorio del Estado, lo que parece esconder en muchos casos son intereses muy ligados a los consejos de administración de las empresas afines a los mandatarios que predican esta nueva fe. Gestores públicos que han entrado en la política para legislar en pro de sus afines y patrocinadores, que luego les premian, mediante “puertas giratorias” con puestos en sus consejos de administración o acciones de sus empresas.

Aunque utilizan como excusa una directiva comunitaria, la 24/2014, esta “directiva” solo insta a que los gobiernos den un marco jurídico a la prestación de estos servicios directos a la ciudadanía, pero en ningún momento obliga a privatizarlos. De hecho, estipula taxativamente que «ninguna disposición de la presente Directiva obliga a los Estados miembros a subcontratar o externalizar la prestación de servicios que deseen prestar por ellos mismos…» y es una decisión política que corresponde a cada administración decidir si gestiona por sí misma o privatiza y subcontrata los servicios. Tampoco es cierto que estén obligados por “el Estado español”, a través de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, porque esta normativa estatal simplemente transpone la Directiva europea y, por tanto, deja que las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, elijan cómo prestar estos servicios.

Como explica Toni Barbará, este es un proyecto de Esquerra Republicana que está privatizando más de lo que había hecho en su momento la derecha, con el eufemismo ahora de la “colaboración público-privada”, que no es más que otro término, en neolenguaje neoliberal, de hablar de privatización y mercantilización de lo público, de lo común, de los bienes colectivos, al servicio de los beneficios y el negocio de unos pocos.

Por eso debemos apoyar, desde las mareas verdes y las mareas por la educación pública, desde los sindicatos de educación y las plataformas en defensa de la educación pública, desde los movimientos de renovación pedagógica y los colectivos educativos progresistas, que conforman “Redes por una nueva política educativa”, a los movimientos sociales catalanes, a la Plataforma “Aturem la Llei Aragonès” y a los partidos que están luchando contra la privatización de servicios públicos y este anteproyecto de ley y exigir una ley que garantice la gestión pública y directa de todos los servicios públicos con garantías y control social.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2020/01/09/la-ley-aragones-radicalizar-las-politicas-educativas-neoliberales-en-cataluna/

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